AGLI Recortes de Prensa   Lunes 23 Julio 2012

La recta final: España ya no puede financiarse
@Roberto Centeno. El Confidencial 23 Julio 2012

Me decía mi amigo Camilo José Cela que la forma más estúpida de perder el tiempo “es tratar de convencer a los que no pueden ser convencidos”, y que uno “jamás debe responder a chorradas”. La “respuesta” a mi artículo del lunes “Rajoy no tiene derecho a llevar a la miseria a millones de españoles” por parte del Sr. García, entra de lleno en ambos supuestos, así que no voy a perder ni mi tiempo ni el de Uds. en responderle, algo que además hicieron mucho mejor de lo que yo podría mas de cien lectores que enviaron comentarios al mismo.

Lo trascendente hoy es que hasta aquí hemos llegado. Rajoy, cuya gestión es una auténtica tragedia, ha culminado en apenas siete meses el desastre ZP. En enero todas las cifras y hechos de la catástrofe estaban claras: las CCAA y el sistema financiero estaban quebrados, la economía de nuevo en recesión y la deuda creciendo exponencialmente. En lugar de pedir el procesamiento de los responsables, empezando por Zapatero -que además ha destruido España como nación-, Solbes y MAFO, de varios presidentes autonómicos y directivos de Cajas de Ahorro, y a continuación intervenir todas las CCAA insolventes y cerrar los bancos inviables, realizó la peor de las locuras posibles: premiar a los culpables y a los corruptos, entregar ríos de dinero sin control a CCAA y cajas, y para financiar tal despropósito expoliar a la economía productiva y a las familias, cuya riqueza está siendo aniquilada, y mantener intacta la improductiva.

Hoy, con la prima superando los 600, Valencia pidiendo ser rescatada y un Gobierno sin liderazgo que ha perdido completamente el control, esto se ha acabado: España ya no se puede financiar. Los tipos de interés pagados el jueves hacen insostenible la situación. Son los mismos que obligaron al rescate de Grecia, Irlanda y Portugal. Los bonos a cinco años tuvieron que pagar un interés récord del 6,4 % y con una demanda insuficiente. Para que se den una idea del disparate pagado para financiar el despilfarro de la casta política, Francia pagó el mismo día por el mismo tipo bonos y el mismo vencimiento un 0,86 %, la mitad que un mes antes, e Irlanda y Portugal pagan ya menos que España.

Estos niveles son inasumibles. Lo único que no sabemos es cuánto daño adicional está dispuesto a infligir este gobierno de irresponsables y cobardes a los españoles de hoy y a las generaciones futuras antes de reconocer la realidad, entrar con la motosierra en las CCAA y pedir el rescate más una importante quita de una deuda ya imposible de devolver. La obligación de España –algo conocido desde el principio y que el gobierno había ocultado - de responder de los 100.000 millones a la banca, lo que une deuda bancaria y déficit público, ha sido la guinda del pastel.

Crecen los partidarios de dejarnos caer
Empiezo por Valencia. El rescate que ha pedido supone, en opinión del Ministerio de Economía, de los mercados y de cualquier ser racional, que hoy lunes Alberto Fabra y el Consell en bloque deben presentar su dimisión y la Comunidad pasar a ser dirigida por el Estado. ¿Piensan esto Fabra y el Consell? Para nada. Según su inaudito punto de vista esto solo significa que recibirán la pasta –ya han obtenido casi 3.000 millones del ICO desde enero que jamás podrán devolver- que necesiten, a un tipo de interés de amigo y a correr. Y esta me temo será también la opinión de Montoro, que literalmente ha enloquecido, de un Rajoy completamente sonado y una señora Cospedal que, a punto de ser intervenida, no quiere perder su poder. Pues bien, Sr. Rajoy, Sr. Montoro y Sra. Cospedal, si cometen tal insensatez el bono a diez años estará por encima del 10% en semanas. El Gobierno no solo debe, es que tiene la obligación grave de dejar suspender pagos a Valencia y a cualquier otra CCAA en sus condiciones, si los culpables se niegan a dimitir y ceder sus competencias.

“El Sr. Rajoy parece no entender que para los mercados las regiones son la parte esencial del problema, y mientras no actúe con decisión en ese punto les da igual lo que haga”, me dirían proféticamente en Washington. El gobierno dice no entender lo que pasa, ¡pues eso es lo que pasa Sr. Rajoy, que Ud ha decidido a mantener el “statu quo” autonómico a cualquier precio! Rajoy perdió tal vez nuestra última oportunidad de una intervención razonable hace unas semanas, cuando a raíz del rescate bancario se le dijo que eso era insuficiente y que pidiera el rescate total. Este insensato, a quien solo interesa el poder aunque no sea capaz de utilizarlo, se negó en redondo, porque ningún gobierno sobrevive a un rescate, así que decidió seguir con lo suyo: más impuestos, más recortes sociales, más recortes salariales y los españoles… “que se jodan”. Para el WSJ “la situación financiera de España está cayendo en espiral fuera de control” y las nuevas medidas “solo servirán para dañar una economía cada vez mas debilitada”.

Octubre es el límite. Ese mes vencen casi 60.000 millones entre el Tesoro; CCAA, o sea el Tesoro, y deuda bancaria avalada en parte por el Tesoro. Ni el milagro de los panes y los peces harían posible refinanciar esos vencimientos. El mercado estima que las agencias rebajaran el rating del Reino de España a bono basura, y eso sería el punto de no retorno: España tendrá que pedir la intervención o suspender pagos. Draghi le dijo a Rajoy “menos impuestos y más reformas”, este le ignoró y ahora se rasgan las vestiduras cuando afirma lógicamente que el BCE “no está para resolver los problemas de los Estados”, y menos el de 17 miniestados innecesarios y fuera de control. Me consta que ese es su punto de vista.

Algunos catastrofistas llevamos meses pidiendo la intervención, porque es la opción menos mala antes que suspender pagos o salir del euro. Pero después de la subasta del jueves, ya nadie pone en duda en los mercados –algo que muestra dramáticamente una curva de interés casi plana, pagan el 7% desde el bono a 2 años hasta el de 10- que en cuestión de semanas España tendrá que pedir la intervención y una fuerte quita de su deuda. Pero cuando esto ocurra hay dos posibilidades, que nos rescaten o que nos dejen caer, y cada vez son más las personas influyentes que se decantan por la segunda opción y eso sería el apocalipsis. Según los análisis de Credit Suisse y UBS, si nos dejan caer y España saliera del euro, perderíamos el 50% del PIB en los 12-18 meses siguientes. Las familias perderían la mitad del valor de sus ahorros y sus activos. Por comparación, en tres años de Guerra Civil el PIB cayó un 23 %.

Pero es que ya no es solo el sector público, son las grandes empresas y de nuevo el sistema financiero cuyo acceso a los mercados está cerrado. El Ibex es el índice bursátil mas apalancado del mundo y la mitad de sus empresas están técnicamente quebradas. Telefónica es una de las empresas mas endeudadas del mundo, y todo eso ni siquiera está considerado en los balances del sistema financiero, no hay provisionado ni un euro para unas deudas terroríficas con estas grandes empresas, varias de las cuales jamás podrán devolver, por no hablar de la deuda soberana y de CCAA y Ayuntamientos cuyo valor de mercado es casi 100.000 millones menos de lo que figura en los balances. ¿Cuántos bancos creen que podrán sobrevivir cuando esto ocurra? El problema es que las necesidades de rescate de España superan las disponibilidades de los mecanismos europeos de intervención. El tamaño de la economía española, les recuerdo, es el doble de las de Irlanda, Grecia y Portugal juntas.

La dimensión es tal que Alemania simplemente no puede resolverlo, de ahí el mensaje central transmitido implícitamente por el presidente del Bundesbank a los empresarios alemanes. El gobierno español ha engañado en todo, ha mentido sin tregua y no ha hecho sus deberes, la burbuja de deuda pública y privada -400% del PIB-, es ya demasiado grande para que España pueda ser salvada. Y esta es la idea que empieza a extenderse, pues piensan que es mejor perder lo que han prestado porque seguir financiándonos les llevaría a pérdidas muy superiores: “what cannot be, will not be”. Cada vez es más difícil que metan su dinero en algo que consideran con toda razón un pozo sin fondo. Y no solo los europeos: los más “listos” o malvados de la casta política, que se dan cuenta que se les acaba el chollo porque ya no hay dinero, empiezan a hablar de salir del euro… Les da igual la ruina que supondría para España: solo piensan que esa salida pondría en sus manos la máquina de hacer billetes y con eso piensan que mantendrían sus prebendas.

La miseria moral de la casta
Seis comunidades se plantean pedir el rescate, o sea más dinero, pero ninguna la dimisión de sus gestores y su sustitución por profesionales. El despilfarro de dinero público resulta inaudito. En solo ocho meses han destinado 16.500 millones a CAM (decisión consensuada ZP-Rajoy) en lugar de cerrarla; 6.000 millones al FROB; 23.000 a Bankia; 15.000 para tapar la quiebra de las CCAA; 28.000 más para pagar proveedores… ¡Un robo de 88.500 millones a los españoles y tirado a la basura! Y además las CCAA necesitan 30.000 millones más de aquí a fin de año: 15.000 para refinanciar vencimientos y otros 15.000 como mínimo para cubrir el déficit porque siguen gastando sin freno.

El gasto público en 2012 será de 470.000 millones, más lo que haya debajo de la mesa, algo que alcaldes y presidentes de CCAA, oposición y sindicalistas comisionistas exigen que se mantenga. Y los ingresos, extrapolando la tendencia a mayo (-4,6 %) más la subida de impuestos en septiembre, unos 370.000. Resultado: 100.000 + x millones de déficit. ¿Querrían vuesas mercedes, Mas, Griñán, Cospedal, Monago, Barberá, Aguirre, etc dignarse a explicar a nosotros, el pueblo, al que expolian sin contemplaciones, de dónde piensan sacar un 10% del PIB anualmente para seguir financiando sus lujos, sus chiringuitos y su inmensa corte de correligionarios, parientes, amigos, asesores, lacayos y titiriteros? ¿Y los más de 250.000 millones para vencimientos de deuda del Estado, autonómica y bancaria avalada, en 2013 y 2014? Y en 2013, después de las medidas, gastaremos aún 80.000 millones de más. La conclusión es sencilla: o acabamos con esta casta o ellos acabarán con nosotros.

PD: Lo que ya es el colmo de la indecencia y de la obscenidad es que Méndez y Toxo, responsables con Zapatero, Solbes y MAFO de la ruina de España, que reciben aún 8.000 millones de subvenciones, chollos y exenciones de impuestos a las que no piensan renunciar, estén encabezando las manifestaciones de protesta.

El balance
¿Por qué sube la prima?
Manuel Llamas Libertad Digital 23 Julio 2012

La incompetencia del PP en materia económica está siendo, simplemente, supina. Muchos aún se preguntan cómo es posible que la prima de riesgo siga un ascenso imparable si, al fin y al cabo, Rajoy y su equipo de acólitos acaban de anunciar el "mayor recorte" presupuestario de la democracia. Y la respuesta es sencilla. En primer lugar, no se trata de un "recorte" sino de un ajuste fiscal que incluye una nueva subida brutal de impuestos combinada con una reducción de gasto público, casi a partes iguales, con el fin de reducir la brecha de las cuentas públicas en cerca de 65.000 millones de euros extra en dos años y medio.

Las dudas a este respecto son evidentes: por un lado, resulta ingenuo pensar que el Estado logrará recaudar todo lo que prevé con una economía nuevamente en recesión y con los bolsillos del contribuyente medio vacíos; por otro, aun cumpliéndose las hinchadas estimaciones recaudatorias de Montoro, ajustar 65.000 millones en dos años y medio cuando el país está al mismísimo borde de la quiebra sabe a muy poco y, lo que es peor, denota la escasa voluntad del Gobierno de reducir el elefantiásico tamaño del Estado español; por último, lo más grave de dicho plan radica, sin duda, es la filosofía puramente socialista que impera en el equipo liderado por Rajoy, ya que el problema del déficit no es de falta de ingresos, tal y como asevera Hacienda, sino de exceso de gastos.

En segundo lugar, el PP, con sus continuas y sustanciales subidas fiscales, está asfixiando hasta la extenuación al sector privado, la única tabla de salvación con la que cuenta el país para volver a crear riqueza y empleo a medio y largo plazo. Dicho de otro modo, Rajoy, al igual que hizo Zapatero en su día, solo que con mayor vehemencia, está expropiando unos recursos valiosísimos a empresas y familias para seguir sosteniendo a toda costa el gasto desbocado de unas administraciones públicas que, al igual que el sector inmobiliario durante los pasados años del boom, han experimentado una histórica burbuja que, ahora, los políticos de todos los colores se resisten con uñas y dientes a pinchar.

Una de las primeras medidas aprobadas por Rajoy tras su llegada al poder fue subir el IRPF, sobre las rentas y el capital (ahorro), situando a España a la cabeza de Europa en materia de impuestos directos. Sin embargo, lejos de rectificar este sangrante sablazo a los españoles, el plan recién aprobado incluye un aumento fiscal extra sobre las rentas (IRPF), las empresas (Impuesto de Sociedades), el trabajo (cotizaciones sociales), el consumo (IVA), así como toda una retahíla de impuestos indirectos (tasas, tabaco, eléctricas...). A esto no se le llama política fiscal sino, pura y llanamente, cleptocracia. Rajoy se está cargando la economía productiva de España, enterrando cualquier atisbo de posible recuperación con su particular deriva socialista. Ésta y no otra –subir impuestos y recortar poco el gasto– fue la senda emprendida por Grecia, y ahí están los resultados.

En tercer lugar, si bien es cierto que la intervención externa de España tras la solicitud de rescate bancario ha obligado al Gobierno a reducir partidas de gasto que en ningún caso contemplaba –como la paga extra a los funcionarios, dependencia o la prestación de desempleo, entre otras–, el listado de recortes impuesto por la troika aún no ha sido adoptado en su totalidad, de modo que Rajoy ha optado por retrasar algunas de las medidas más impopulares para después del verano –pensiones o despido de empleados públicos, por ejemplo–, en una nueva prueba de irresponsabilidad política, incompetencia económica y, si cabe, incluso cobardía personal. La intervención de España por políticos extranjeros es positiva siempre y cuando el Gobierno cumpla al milímetro todas las recomendaciones tendentes a reducir el gasto y la estructura estatal, al tiempo que se resiste panza arriba a subir impuestos, tal y como acertadamente hizo Irlanda negándose a elevar su provechoso y atractivo Impuesto de Sociedades –uno de los más bajos de la OCDE–.

En resumen, muchos más impuestos y escasos recortes constituyen una combinación explosiva que acaba deteriorando aún más la solvencia del país, lo cual se refleja en una prima de riesgo creciente. Por si fuera poco, una de las medidas estrella aprobadas igualmente por el Ejecutivo consiste en el rescate indiscriminado de CCAA quebradas a través de la creación de un nuevo Fondo de Liquidez que, como consecuencia directa e inmediata, disparará la deuda pública del Estado en otros 18.000 millones de euros, como mínimo. Y ello, bajo la simple –e ingenua– promesa de que los gobiernos regionales cumplirán con el objetivo de déficit y devolverán puntualmente el dinero que ahora adelantan, forzosamente, todos los contribuyentes del país. Un nuevo gasto, del todo innecesario y enormemente contraproducente, que, en gran medida, ha acabado por contrarrestar los positivos, aunque escasos, recortes que establece el plan de ajuste. ¿Y aún se preguntan en Moncloa por qué sube la prima de riesgo? Ver para creer.

Crisis
La patata caliente del ajuste
Emilio J. González Libertad Digital 23 Julio 2012

El Gobierno se ha embarcado en un pulso muy peligroso con la Unión Europea. Mientras los mercados acorralan a España, el Ejecutivo pide al Banco Central Europeo que intervenga en los mercados de deuda para frenar la escalada de la prima de riesgo, pero éste no se muestra por la labor porque dice, respaldado por Alemania, que esa no es su función y le recomienda al Gabinete que acuda al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que se creó, entre otras razones para eso. Pero acudir a dicho mecanismo implica tener que aceptar un plan de ajuste y saneamiento de la economía española, cosa a la que el Gobierno se niega. Así es que uno y otro siguen sin ceder en sus posiciones, a ver quién es el que más aguanta, si el Ejecutivo español, tratando de llevar la situación a un límite que obligue al BCE a intervenir, o el banco, que insiste una y otra vez en sus argumentos. Y, por ahora, parece que es el Gabinete el que va perdiendo la partida.

Rajoy, es cierto, ha presentado este mes unas medidas de ajuste muy duras, pero los mercados no se las creen. Es más, los mercados entienden que mientras no se meta mano a las administraciones periféricas, aquí no hay nada que hacer en términos de ajuste, pero como el presidente del Gobierno sigue insistiendo en que las autonomías no se tocan, los mercados siguen desconfiando plenamente de España. Este es el verdadero quid de la cuestión. Los analistas internacionales valoran de forma positiva la estabilidad institucional que hay en España, derivada de la mayoría absoluta del PP en el Parlamento. Sin embargo, lo que perciben es que el PP no está empleando esa mayoría absoluta conforme a lo que cabría esperar y con lo que se encuentran es con un Gobierno que no quiere asumir la responsabilidad de forzar a las autonomías a cerrar organismos y empresas públicas, universidades, hospitales, a despedir a los contratados laborales, a acabar con muchas partidas de gasto innecesarias y a poner fin a los privilegios de la clase política. Por el contrario, lo que entienden es que el Ejecutivo no quiere quemarse con este tipo de operaciones y pretende que sean las autonomías las que asuman el coste político de tomar estas medidas, a lo cual se niegan. Y mientras unos y otros tratan de pasarse la patata caliente, aquí las cosas siguen sin resolverse. Es más, hasta las autonomías del PP se rebelan contra el Gobierno, como vimos en el último consejo de política fiscal, en contra de los ajustes que éste pretende imponerles, lo cual pone de manifiesto la incapacidad del Ejecutivo para manejar la situación. Esto es lo que perciben los mercados, esto es también lo que se aprecia en Europa y, por tanto, el BCE se niega a intervenir en los mercados de deuda y le dice al Gobierno español que acuda al MEDE, sabiendo como sabe que el MEDE le va a obligar a meter mano a las autonomías.

En estas circunstancias, la estrategia del Gobierno parece ser la de pasar el mes de agosto como buenamente pueda, tratando de resistir todo lo posible, a la espera de que se tranquilicen las cosas. Sin embargo, no creo que vaya a cambiar nada, salvo que el Ejecutivo meta mano de una vez por todas a las autonomías, intervenga todas las comunidades que tenga que intervenir y, a más largo plazo, redefina el modelo de Estado. No hay otro camino para salir de la crisis. La cuestión es si lo vamos a tomar porque así lo decida el Gobierno o porque nos venga impuesto desde Europa, con los costes que ello acarrearía. Solo Rajoy tiene la respuesta.

Hay que repensar los rescates
EDITORIAL www.gaceta.es 23 Julio 2012

Valencia ha pedido el rescate, Murcia marea la perdiz. ¿Y Cataluña?

El Estado de las autonomías español es un modelo de organización política y económica claramente fallido. La esperada descentralización territorial que acercara la Administración a los ciudadanos se ha terminado convirtiendo en una excusa para que las diversas castas autonómicas inflen el tamaño del sector público y coloquen en puestos bien remunerados a millares de amigos y hombres de partido. Toda una ruina cuyo pecado original emanaba de una esquizofrénica característica cual era el que los políticos autonómicos fueran quienes gastaran y los políticos del Estado central quienes recaudaran.

Así, siendo responsables de la zanahoria pero no del palo, fue tremendamente sencillo para los virreyes autonómicos el dilapidar a manos llenas el dinero de todos los españoles que desde Madrid generosamente se les entregaba. Un modelo donde se incentivaba la irresponsabilidad en las finanzas públicas, que, como no podía ser de otro modo, ha terminado colapsando tan pronto como el dinero que supuestamente debía transferir el Gobierno central se ha agotado con la crisis económica. Ante tal escenario, los mandatarios regionales no sólo han tenido que empezar a aplicar la amarga medicina de subir impuestos –llevando en muchas comunidades autónomas a que, por ejemplo, el tipo máximo del IRPF ascienda al 56%–, sino que se han visto forzados a hacer aquello que jamás se les pasó por la cabeza que tendrían que hacer: recortar el gasto público y comenzar a destejer la redes clientelares que con mimo habían creado previamente.

Claro que tal ejercicio implicaba desatar una guerra intestina dentro de la Administración y del partido en el Gobierno que todos los políticos regionales han tratado de minimizar en la medida de lo posible. La consecuencia de tal renuencia y dilación a la hora de adelgazar sus propias Administraciones las ha llevado a que, en los últimos cuatro años, su endeudamiento se haya disparado hasta unos extremos que, simple y llanamente, ningún inversor serio considera sostenibles. El resultado ha sido, cómo no, que se les han cerrado los mercados financieros y que casi todas ellas se ven incapaces de atender sus gigantescos compromisos de gasto.

La respuesta obvia ante tal descalabro en las cuentas públicas sería que de golpe y porrazo hicieran aquello que tan poquito han practicado desde que comenzó la crisis: recortar todos sus gastos extraordinarios para cuadrarlos con los ingresos. La voluntad política sería aquí escasamente relevante, pues quien no puede financiar su deuda tiene forzosamente que suspender pagos primero y equilibrar sus gastos después. Pero el PP ha optado por proporcionar un nuevo balón de oxígeno a las autonomías incumplidoras autorizando cuantos planes de rescate sean necesarios para que los manirrotos Gobiernos regionales refinancien su deuda.

Un error que sólo llevará a demorar unos cuantos meses más el inevitable ajuste, a que se siga gastando aquello que no se tiene y a que la ya muy tocada solvencia del Gobierno central se deteriore todavía más. Valencia no será la única en solicitar el rescate: Murcia marea la perdiz y los expertos coinciden en que tarde o temprano todas solicitarán auxilio. Pero ¿cómo va a poder rescatar un país al borde del rescate europeo a sus partes más pródigas? Una cuadratura del círculo que sólo pretende obviar la fundamental reforma del Estado autonómico y que, por ello, sólo acrecentará el sufrimiento de todos los españoles.

España no es la Selección (IV)
César Vidal La Razón 23 Julio 2012

Una de las diferencias más notables que he apreciado entre la Selección española y nuestra asendereada nación es el objetivo. La Selección desea ganar. Así de claro. Se tratará de una copa o de otra, de un trofeo o de otro, pero su finalidad es triunfar. Lamento decir que ese objetivo de conseguir que España gane brilla por su ausencia. De entrada, los nacionalistas catalanes y vascos persiguen exactamente todo lo contrario. A decir verdad, tan sólo ansían que España se hunda en el descrédito y en el fracaso para poder avanzar en sus canijas ambiciones. La manera en que reaccionan al respecto pertenece a eso que mi madre denominaba las «venganzas pobres». Lo mismo niegan a los contribuyentes una pantalla para ver los partidos de fútbol que se dedican a insultar a España pasando por alto la parte esencial que representan en su ruina. Es como si entre los jugadores dirigidos por Del Bosque hubiera tres o cuatro que, por sistema, entregaran el balón al adversario para, acto seguido, poner de chupa de dómine a sus compañeros y encima pretender cobrar más.

Pero los nacionalistas no son los únicos culpables. La izquierda tiene no poca responsabilidad en el actual desastre. En lugar de buscar la grandeza de España, se ha dedicado a llevar a cabo la formación de clientelas que mantuvieran las riendas del control en sus manos. Es como si los delanteros hubieran decidido no meter un solo gol, pero, para seguir en el equipo, hubieran decidido defender a las limpiadoras que dejan sucios los vestuarios, a los acomodadores que no saben encontrar una localidad o a los iluminadores que sumen el estadio en la oscuridad. Bien no han hecho ninguno, pero sí han logrado que sectores enteros de holgazanes y parásitos los vean como sus más seguros valedores.

Por añadidura, esa izquierda ha decidido convertir en imposible la vida de los mejores jugadores. Finalmente, una parte de la derecha –no toda, por desgracia– es el único sector de la política que tiene una idea de lo que significa el progreso de esta nación y de lo que implica meter goles, pero los complejos y las malas costumbres aprendidas invalidan no pocas veces esa visión más acertada. Es como si decidieran que –siguiendo el ejemplo de antes– hay que mantener a los empleados haraganes para que no les llamen «fascistas» o hay que ocultar la labor de zapa de los que, desde dentro, socavan la acción del equipo para que no los tilden de «centralistas». Al final, ciertos segmentos de la vida española no tienen el menor interés en ganar sino, más bien, en obtener otros beneficios aunque impliquen una derrota más escandalosa que la sufrida por Italia ante España. Naturalmente, si los que tienen que jugar persiguiendo la victoria, se dedican a otras ocupaciones… ¿cómo va a ganar esta nación?

La batallona cuestión de las autonomías
Amando de Miguel Libertad Digital 23 Julio 2012

Me piden algunos libertarios que reproduzca aquí el texto de mi intervención en la Escuela de Verano de Denaes. Lo dividiré en varias entregas. Corregiré y añadiré o quitaré lo que sea menester. Mis escritos son siempre un palimpsesto.

En los amenes del franquismo muchos españoles de mi generación compartimos la esperanza de que el nuevo diseño regional fuera un avance sustancial para la convivencia de todos los españoles. El experimento se ganó el pretencioso marbete de "Estado de las autonomías". Ahora vemos que fue una ingenuidad, una esperanza frustrada o, si se prefiere, un fracaso colectivo. Nos podíamos haber imaginado que la originalidad debe pagar un precio. Creíamos que el Estado de las autonomías iba a contener los avances secesionistas de las regiones bilingües. La melancólica realidad es que las ha alentado todavía más, hasta el punto de que muchos nacionalistas propugnan el monolingüismo, se entiende, de su lengua particular. Es decir, se trata no solo de conseguir una secesión política sino cultural, que es peor para todos. Solo con la independencia de Filipinas se produjo algo parecido; no con la de Cuba, ni siquiera con la de Puerto Rico. A principios del siglo XIX las repúblicas americanas se desgajaron de los virreinatos, pero declararon al español como idioma oficial, cuando no lo era en España. No lo fue hasta la II República en 1931 y luego en la Constitución de 1978. Esa declaración nos ha traído muchos problemas. Por ejemplo, el disparate de la "lengua propia".

En su día no nos percatamos de la trampa léxica. La verdadera "autonomía" es la de la nación española al darse un Estado. Ha sido un laborioso proceso histórico. Al aplicar ese término de "autonomías" (en extraño plural) a las regiones, el sistema político se nos ha hecho cada vez más confuso. No se sabe bien si el "Estado de las autonomías" es un oxímoron o un pleonasmo, tan engañoso aparece. Lo de menos es ya que las llamadas autonomías sean muy onerosas, aunque ese dato agrava la actual crisis económica. Lo verdaderamente preocupante es la disolución de la nación española. No era la intención de los constituyentes de 1978, pero ese ha sido el resultado. The proof of the cake is in the eating, dicen los ingleses, que algo saben de tartas. En nuestro caso el pastel autonómico se encuentra revenido.

Tal es el desaguisado autonómico que se impone plantear una nueva Constitución, precisamente en la celebración de los 200 años de la Constitución de Cádiz. Añádase los 800 años desde las Navas de Tolosa. Precisamente esa fue la batalla decisiva de la Reconquista. Fue la primera vez que lucharon juntas las mesnadas de todos los reinos de la Península, incluido el de Portugal. Quizá fue el primer momento en el que esos combatientes se llamaron a sí mismos "españoles" con plena intención política. Seguramente era para distinguirse de algunos caballeros transpirenaicos que se unieron a la cruzada hispana contra los moros.

Un texto constitucional solo alcanza pleno valor para el lapso de una generación, sobre todo si no admite enmiendas fáciles. Esa rigidez ha sido la tradición de las leyes fundamentales españolas. Así que ha llegado el momento de plantear una nueva Constitución. Debe quedar claro de una vez (aunque no por todas) la cuestión batallona de la organización territorial. La dificultad del empeño está en un hecho paradójico. España se constituyó en el primer Estado moderno y sus distintas partes han conservado su lozanía histórica. Lo que pudo ser una ventaja cultural ha acabado siendo un centón ingobernable cinco siglos después. Lo paradójico del asunto es que el tirón secesionista se agudiza no en las regiones económicamente atrasadas sino en las adelantadas: País Vasco y Cataluña. El desarrollo económico de esas dos regiones se ha debido a la política proteccionista, que ha sido común a todos los Gobiernos desde Cánovas a la fecha. Es decir, se ha hecho con el obligado sacrificio del resto de los españoles. Lo curioso es que la protesta no procede ahora de los sacrificados sino de los privilegiados, que encima se consideran víctimas.

Rajoy y el fracaso de la derecha política para dar una salida a la crisis de España
Jesús Cacho http://vozpopuli.com 23 Julio 2012

Dicen que el tiburón solo enseña la aleta cuando, a toda velocidad, va derecho hacia su objetivo, seguro de clavar sus dientes de sierra en la indefensa presa. Mariano Rajoy le ha visto ya la aleta al escualo que se dispone a devorar el futuro de España. Lo decía la cara descompuesta de Sáenz de Santamaría el viernes cuando, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, contemplaba perpleja cómo los periodistas, a modo de introducción a sus preguntas, le iban relatando la escalada de la prima de riesgo por encima de la cota de los 600 pb. “Señora vicepresidenta, ahora que la prima está ya en 606, querría preguntarle…” Y la señora vicepresidenta dudaba y se trabucaba a la hora de responder, porque su cabeza estaba en otro mundo, tal vez en el paraíso perdido de una derecha que parecía llamada a sacar a España del atolladero en el que se encuentra y que ha fracasado en esta su cita con la Historia, apenas siete meses después de haber llegado al poder.

El fiasco de la derecha española otorga a la crisis política una dimensión particularmente preocupante. Los dos grandes partidos, los pilares del sistema salido de la Transición, PSOE y PP, se han mostrado incapaces de insuflar nueva vida al mismo y, más que salvadores, parecen llamados a oficiar de enterradores. Tras la demoledora experiencia de los casi ocho años de presidencia de Zapatero, un tipo que, en su extrema liviandad, no solo se mostró incapaz de embridar una burbuja que ya venía lanzada desde 2002, sino que echó leña al fuego de la crisis tirando de gasto público y engordando la deuda, la llegada del PP al poder fue imaginada por millones de ciudadanos, incluso por muchos que no le votaron, como la última oportunidad de darle la vuelta a la tortilla económica y, una vez puesto rumbo al crecimiento, pilotar la regeneración política y social que España necesita. El fracaso de la opción derechista parece rotundo.

Nadie ha respondido todavía al interrogante de en qué ocupó Rajoy y su equipo los casi dos años –al menos desde el 10 de mayo de 2010- en que estuvo claro que, con mayoría o sin ella, el PP iba a tener que pechar con el Gobierno de la nación. Todo parece haber sorprendido a estas nobles gentes. Ni hoja de ruta, ni plan concreto, ni proyecto armado con los consiguientes Decretos-ley listos para publicar. Apenas esa idea vaga y evanescente del “sé lo que hay que hacer, y lo vamos a hacer”, escuálido equipaje para abordar la crisis más importante vivida por España desde el final de la Guerra Civil. La tarea de gobernar les sorprendió sin el homework hecho y, lo que es peor, dispuestos a hacer justo lo contrario de lo que pregonaba su programa electoral.

De haberse mantenido fiel a sus principios, el Gobierno Rajoy tendría que haber subido –en todo caso- impuestos indirectos
El alma mater del mismo, Cristóbal Montoro, lo había edificado sobre la piedra angular de la “curva de Laffer”, según la cual es un error subir impuestos cuando un Gobierno pretende aumentar los ingresos, porque, a cuenta del castigo a la actividad que ello conlleva, se logra el efecto contrario. Pues bien, la primera medida relevante del nuevo Gobierno fue una espectacular subida del IRPF. Después ha venido la subida del IVA y muchas otras decisiones más, casi todas forzadas por la presión de los mercados, tardías y sin criterio. Dice el prontuario del economista ortodoxo que para que un ajuste fiscal funcione es obligado que bascule en un 70% sobre los gastos, dejando a los ingresos el 30% restante. Justo lo contrario de lo que ha sucedido aquí. De haberse mantenido fiel a sus principios, el Gobierno Rajoy tendría que haber subido –en todo caso- impuestos indirectos, y acometido un radical ajuste del gasto vía reforma del nuestras Administraciones Públicas, para reducir el tamaño y consiguiente coste de mantenimiento del Estado, un tema tabú para nuestra clase política.

El abandono de los principios ha sido una constante de la derecha política española antes y después del cambio de régimen operado en 1975. El estatismo, el desprecio a los principios y la falta de confianza en el protagonismo de la sociedad civil ha ido en la derecha española del brazo del abandono de la cultura, un terreno virgen que ya en la última parte del franquismo se dejó en manos de una izquierda imbuida de un fuerte componente gramsciano. Carente de un modelo que proponer a la muerte de Franco, la Transición fue posible porque esa derecha, junto a amplios sectores de la Iglesia, depuso sus banderas y efectuó concesiones esenciales en aras al pacto de convivencia pacífica y estable que significó el cambio de régimen.

Del famoso harakiri franquista surgió un sistema cuya parte del león se repartieron la derecha conservadora (travestida de pronto de partido centrista, la UCD), el partido socialista y los nacionalismos de derechas catalán y vasco a los que había que integrar en el invento para asegurar, se pensó, la estabilidad de un pastel en cuya cúspide se colocó de nuevo a la familia Borbón como clave del arco de la Constitución del 78. Los políticos conservadores, sin embargo, nunca osaron reivindicar a la derecha como verdadera artífice de la reforma política. Antes al contrario, han sido presa del complejo de culpa derivado de haber colaborado con el régimen que ellos dinamitaron desde dentro para traer la democracia, un complejo que explica también el hecho de que hayan dejado la iniciativa cultural y social en manos de la izquierda.

Un sistema ahogado por una corrupción galopante
Los “padres de la patria” pretendieron aliviar el estatismo heredado de Franco con la descentralización del Estado en un sistema autonómico que ha terminado convertido en un monstruo devorador de recursos, solo financiable en la fase expansiva del ciclo. Ello unido a la politización de la Justicia, el excesivo peso de los sindicatos, la ausencia real de separación de poderes y un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, entre otras cosas, ha terminado por ahogar en una corrupción galopante –cuyo origen empezó en la propia jefatura del Estado, con la corrupción real-, un sistema que ya a principios de los noventa reclamaba a gritos una vuelta de tuerca democratizadora. En el fondo, la experiencia española ha vuelto a demostrar la extrema dificultad que supone intentar construir una democracia sin demócratas y sin liberales, sin ciudadanos habituados al dialogo civilizado y al respeto a quien piensa diferente.

La década larga de crecimiento que se inició en 1996, con abundante dinerito en la calle, sirvió para enmascarar y posponer una solución democrática a los males que ya entonces exhibía el sistema y que ahora la crisis, como esas mareas que, al retirarse, dejan flotando sobre la ría las inmundicias arrastradas por la crecida, ha puesto dramáticamente en evidencia. La perversión del régimen salido de la Transición ha radicado, con todo, en el desmesurado poder alcanzado por los partidos políticos mayoritarios que, a imagen y semejanza del viejo turno Cánovas-Sagasta, se reparten el uso y disfrute del aparato del Estado al margen de los intereses del país a largo plazo. Los males del sistema, en efecto, tienen su origen en la falsificación de la representación política llevada a cabo por unos partidos poco o nada democráticos, convertidos en rígidas estructuras de poder donde medra una jerarquía reacia a cualquier viento de cambio.

Reinan las cúpulas y su legión de resignados servants quienes, caso de los diputados, ni siquiera pueden emitir opinión contraria al pensamiento oficial
Es un sistema de representación podrido, que reserva al ciudadano la gracia de poder depositar la papeleta de voto en una urna cada cuatro años. Reinan las cúpulas y su legión de resignados servants quienes, caso de los diputados, ni siquiera pueden emitir opinión contraria al pensamiento oficial, todos pendientes del último gesto de quien detenta la facultad de poner y quitar nombres de las listas electorales. Esa cúpula suele cooptar no a los más inteligentes y laboriosos, sino a los más fieles y sumisos. A gente que nunca ha gestionado una cuenta de resultados. El divorcio con la sociedad es total. Ello ha venido unido a un progresivo deterioro de la capacidad intelectual y las dotes de liderazgo de los jefes de ambos partidos, elegidos a dedo –el dedo torcido de Franquito Aznar-, o mediante una conspiración jacobina urdida en las zahúrdas de un Congreso, proceso que alcanzó su cenit con Zapatero, una auténtica desgracia para todos como responsable no ya de la crisis económica, sino de la más grave y desintegradora deriva de España como Estado nación.

Para quienes hemos ansiado siempre poder votar a una derecha democrática de corte liberal, la deriva del PP hacia ese modelo de partido estatista y conservador, ajeno a la cultura, siempre dispuesto a empeñar los principios en el altar de las circunstancias cambiantes, no puede sino llenarnos de amargura. Mariano Rajoy es el clásico conservador español -tipo honrado a carta cabal, ajeno a las pompas y vanidades del capitalismo castizo madrileño-, cuyo objetivo fundamental radica en mantener el statu quo político a cualquier precio. Un alto funcionario, un servidor del Estado sin ideología y sin discurso, fácil presa del ala socialdemócrata –en realidad, socialcristiana y opusdeista- que hoy controla partido y Gobierno, y en la que militan Arenas, Montoro, Báñez, Gallardón, Villalobos, Feijó, Lasalle, la propia vicepresidenta Soyara y gente tan cercana al presidente como Arriola, entre otros muchos. Ha sido y es otro de los elementos definitorios de la derecha política hispana: su incapacidad para romper con el consenso socialdemócrata que rige en Europa desde el final de la II Guerra Mundial.

Tras otro auténtico viernes de dolores, con la Bolsa cediendo casi un 6%, la prima de riesgo escalando hasta los 612 puntos y el bono a 10 años por encima del 7%, la suerte de España parece echada, salvo que Alemania, que es quien manda en el BCE, decida a última hora echarnos un cable, cosa que a estas alturas parece muy improbable. La intervención es cuestión de tiempo, poco, y con ello la certificación del fracaso de la derecha española a la hora de dar una salida política al país. Con Rajoy ha fallado ese supuesto según el cual la derecha es el taller de reparaciones al que acude el Estado cada vez que el socialismo pasa por el poder. Para, en este momento crítico, romper la columna vertebral de un sistema corrompido desde la raíz, esta derecha de políticos mediocres, altos funcionarios y malos gestores, hubiera necesitado un Churchill en toda su plenitud. En su lugar, se ha topado con un Chamberlain.

La crisis terminal de la propia Corona
Declaración de impotencia absoluta. Es probable que, de haber hecho bien su trabajo, sin torpes cálculos electoralistas –¡Ay, Andalucía!- y sin traición a los principios, el Gobierno Rajoy se hubiera igualmente visto sometido a la humillación de la intervención por parte de la troica (CE, BCE y FMI), porque cualquier plan de saneamiento de las cuentas públicas españolas pasaba por la condición sine qua non de poder financiar ese ajuste a un coste razonable en los mercados de capitales, pero la forma en que parece a punto de entregar la cuchara no puede ser más deshonrosa. Sin barcos y sin honra. Y ello con mayoría absoluta y con la mayor cuota de poder territorial que jamás haya tenido partido alguno en nuestra dizque democracia.

Para ejemplarizar mejor que nada la crisis del Sistema, la no menos terminal de la Corona
El estropicio es fenomenal. Todo está en crisis, desde la Economía a la última de las instituciones, pasando por toda suerte de valores morales y éticos. Para ejemplarizar mejor que nada la crisis del Sistema, la no menos terminal de la propia Corona, con un rey Juan Carlos muy debilitado tras innumerables escándalos financieros y de faldas, y ello en un momento en que su función de árbitro hubiera sido más necesaria que nunca –naturalmente en el caso haber mantenido su prestigio intacto-. Sus gestos recientes tratando de recuperar imagen más que sorprender mueven a la piedad, en tanto en cuanto implican expresa renuncia a la Maiestas inherente a su condición de persona inviolable, para tratar de igualarse con el común de los mortales. Así resulta que el Rey “curra” como todo hijo de vecino y, además, se rebaja el sueldo un 7%, como cualquier humilde funcionario. Señor mío: es usted un hombre muy rico, ergo renuncie al estipendio que le otorga el pueblo, vía PGE, durante el tiempo que sea menester y compórtese.

Acompañando el desmoronamiento de la Corona, unos partidos nacionalistas decididos a ahondar en el proceso de secesión al grito de “España nos lleva al desastre”. Con un PSOE abrasado, el fracaso de la derecha nos aboca a un cambio de Régimen, vía fallo renal agudo, con apertura de un proceso constituyente del que debería salir un país más justo, más vivible, más sanamente democrático, con un sistema democrático equiparable al de los países más ricos de nuestro entorno. Ahora mismo, sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta qué rumbo tomarán los acontecimientos. Es más que probable que Mariano Rajoy intente tomar aire con un cambio de Gobierno más o menos inminente, operación de libro, de la que ya se está hablando, que difícilmente conseguirá evitar la implosión desde dentro del propio Partido Popular a corto/medio plazo. Es el momento de los aventureros. Incluso dentro de las filas de la propia derecha.

El Estado subvencional
IGNACIO CAMACHO ABC  23 Julio 2012

Si el Estado recortase de verdad sus estructuras, las protestas sociales se oirían en la cara oculta de la luna

SI el Gobierno central y los autonómicos escuchasen el clamor de las encuestas y procedieran a un recorte masivo de sus estructuras administrativas, las protestas sociales se oirían en la cara oculta de la luna. La gente que pide la reducción del aparato oficial lo hace pensando en los coches de protocolo y los ipads de los altos cargos, en los asesores de confianza, en los gastos suntuarios de la casta política. Pero con eso no se alivia ni el 1 por ciento del déficit; aunque se trata de un imprescindible gesto de pedagogía que es menester llevar a cabo para equilibrar moralmente el sacrificio de las clases contribuyentes, su montante total es una gota en el océano de deuda del Estado. El verdadero combustible de la máquina de gastar lo forma -si descontamos intocables como las pensiones, el desempleo y los intereses de deuda- el salario de los empleados públicos y el tejido de subvenciones y ayudas de los presupuestos. Y ahí ya estamos hablando de un recorte que afecta a personas y familias, una poda que amputa modos de vida, una cirugía financiera que hace daño y deja secuelas. ¿De verdad está dispuesto a aceptarla todo el que pide en las encuestas y en las redes sociales que se jibarice el tamaño de las administraciones?

Seamos serios. Disminuir el Estado -las autonomías también lo son- significa despedir a miles de trabajadores contratados por organismos y empresas prescindibles. Y cortar de raíz las subvenciones de toda clase que figuran en todas las partidas presupuestarias: promoción cultural o turística, acceso a la vivienda, rehabilitación y obras, consumo, cooperación, pymes. En España se subvenciona el transporte, la energía, el desarrollo industrial, el comercio, la minería, la agricultura  y en ese tejido de ayudas a menudo improductivas se desparraman decenas de miles de millones de euros que riegan la actividad de cientos de miles de ciudadanos. Simplificar el Estado, aligerarlo, implica prescindir de una enorme cantidad de estructuras dedicadas a implementar y gestionar ese magma subvencional, con su correspondiente dotación de funcionarios y empleados. Una tarea acaso imprescindible para repartir los costes del ajuste y aliviar la carga sobre las clases medias que lo soportan en sus impuestos y salarios. ¿Pero queremos o no queremos meter ahí la tijera?

Si la respuesta es sí -y debería serlo en justicia-, adelante: a presionar todos juntos al Gobierno y a las autonomías para que ejecuten su harakiri burocrático. Pero que nadie se llame a engaño: ese recorte sustancial y prioritario dejará muchas víctimas a corto plazo. Y no vale manifestarse y cortar calles pidiendo que empiece por otro lado. Porque el bucle ficticio de nuestra opinión pública está basado en la creencia indolora, lógica pero falsa, de que siempre son los demás quienes han de asumir los costes del desaguisado. .

Crisis: Cuando la izquierda siendo responsable sale victoriosa
Ricardo Chamorro El Semanal Digital 23 Julio 2012

Son tiempos de hacer política con mayúsculas

En esta nación, aun llamada España, es difícil comprender los difíciles vericuetos que dan lugar al absurdo político que inocula en la sociedad la impresión de que todos los males de esta nación los tiene la derecha, cuando el PP ha gobernado, de manera real, únicamente ocho años desde 1978.

Las últimas declaraciones de UGT y Comisiones obreras diciendo unos que estamos en estado de guerra y los otros pidiendo elecciones anticipadas y referéndum, se unen a las declaraciones de los nacionalistas como Artur Mas u Otegi que exponen el fracaso económico y social de España divisando una alternativa independiente al estado de cosas que ellos, entre otros, han provocado. Ello unido a la crisis financiera mundial que no da créditos a nadie y no deja fluir la liquidez aboca necesariamente a España a un precipicio de proporciones noventayochistas.
El progresismo en la picota

Lo que no deja de sorprender a cualquier persona que reflexione un poco, es que la ideología de izquierda o del progresismo indefinido posterior al 68, que ha presidido la mayoría de las decisiones que nos han llevado actualmente al caos, sigue teniendo una legitimidad incomprensible.

Muchos intelectuales pos-izquierdistas se afanan en defender, desde su escepticismo, que el problema es que realmente los que dicen ser de izquierdas no lo son y que si se aplicaran realmente verdaderas políticas de izquierda esto no hubiera ocurrido. Lo cierto es que en España desde hace 34 años de democracia, de los que el PSOE ha gobernado 23, es el progresismo como ideología el que ha monopolizado el devenir de nuestra nación, da igual que ese progresismo lo haya encarnado un presidente de caja de ahorro, un sindicalista, un miembro de la CEOE, un minero, un socialista, un talibán del centrismo o un nacionalista vasco o catalán de mocasín o coctel molotov.

Yo afirmo que si hay que buscar culpables de la situación caótica nacional es la ideología progresista su máximo exponente pues su progresismo insostenible, su concepción anárquica del capitalismo, su relativismo continuo y su alianza con aquellos que discuten permanente la unidad histórica de España ha sido constante.

Manuel Fraga fundador de AP y presidente de honor del PP señaló en su ensayo ´El socialismo ha muerto´ lo siguiente: ´Lo que está claro es que decir socialismo, como decir izquierda, no es hablar sin mas de libertad, igualdad, generosidad, progreso y bienestar; sino, en realidad, de vagos planteamientos de envidia social, improvisación administrativa , de penuria productiva y de menor nivel real de libertades; todo ello envuelto en una máxima ambigüedad en los planteamientos´
Romper con el progresismo

Quizás el problema es que buscamos respuestas tratando de hablar el mismo lenguaje que el progresista y claro en esa conversación siempre ganan ellos que dominan el idioma ¿Y si cambiáramos de dialecto?

José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura del actual gobierno definió perfectamente el progresismo: ´El problema que tiene la izquierda es que vive instalada en la incertidumbre por el desmoronamiento de sus mitos. Y, por otro lado, está el fenómeno del resentimiento. Como el mundo en el que viven no les gusta, pero no tienen la capacidad de análisis ni de acción necesaria para transformarlo, viven en ese rencor inconsciente que deja la impotencia´.

Ciertamente hay gente que viene de la izquierda o que pulula por esa ideología que son grandes políticos, patriotas, disidentes de la izquierda oficial, o reprimidos en sus partidos y que deben contribuir con su apoyo al cambio de las cosas en España pero en eso estará el talento del político que sepa discernir cualitativamente este extremo.

No obstante tener conciencia social no es patrimonio en absoluto de la izquierda, sino que le pregunten al sindicalista polaco Lech Walesa.

Esperanza Aguirre lo dice claramente´¿Cómo puede la izquierda creerse moralmente superior dejando más de 5 millones de parados?´.

La realidad es que parte del PP se cree que hay que justificarse frente a la izquierda asintiendo con los hechos ante esa falsa superioridad moral. Quizás es una reminiscencia franquista el creerse con la obligación de tratar de mimetizarse con la izquierda para demostrar ese crepúsculo ideológico que se anunciaba a finales de los 70, lo cierto es que hoy en el siglo XXI si el centro-derecha pretende limitarse a la gestión tecnocrática y el caer bien políticamente a la izquierda y a los nacionalistas se disolverá como un azucarillo en el magma político que se vislumbra en España.

Sarkozy lo dijo en su discurso de Bercy en 2007, a pesar de que cuando tuvo responsabilidad se dedico a otras cosas, ´…la política retorna. Retorna por todas partes en el mundo. La caída del Muro de Berlín pareció anunciar el fin de la Historia y la disolución de la política en el mercado. Dieciocho años después, todo el mundo sabe que la Historia no ha terminado, que siempre es trágica y que la política no puede desaparecer porque los hombres de hoy sienten una necesidad de política, un deseo de política como rara vez se había visto desde el fin de la segunda guerra mundial´
Hacer política fuera de los dogmas progresistas

El gran reto político del gobierno de Rajoy es claramente la reforma del Estado Autonómico, un Estado elefantiásico como dice Amando de Miguel que está asfixiando a los españoles con el aplauso entusiasta de los nacionalistas.

El pasado fin de semana se estuvo debatiendo sobre este hecho en la Escuela de la Fundación DENAES en Santander
http://www.nacionespanola.org/esp.php?articulo4768. Bajo el titulo ´El estado autonómico a debate. La organización del estado al servicio de la nación; o la nación al servicio de la administración» grandes intelectuales pudieron debatir sobre este asunto concluyendo todos lo irracional que sería dar la patada hacia delante y no meter mano en este asunto que aplicó a nuestro sistema administrativo las tesis del progresismo indefinido e ilimitado y en parte la improvisación, sin tener en cuenta el futuro de todos.

Son tiempos de hacer política con mayúsculas pues no tiene sentido limitarse a gestionar una nave esquelética que se dirige irremediablemente a la deriva.

La izquierda ha tirado para adelante golpeando, pues como dice el refrán el que golpea primero golpea dos veces y por eso quieren incendiar la calle. Los dirigentes de centro-derecha serian muy torpes si no les recordaran a la izquierda su clara responsabilidad y lo que es más importante sería necesario cambiar el ritmo de la música para encauzar tanto desaguisado en esta España monopolizada por el progresismo mas extremo de los que existen en Europa.
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Mucha improvisación y poco análisis: los 180 días que Rajoy ha tirado por la borda
S. McCoy. El Confidencial 23 Julio 2012

El curso de los acontecimientos ha puesto la magnitud del mayor error que ha cometido Rajoy en su carrera política y que, paradójicamente, no se circunscribe a su tarea actual de gobierno sino que se produce en los meses inmediatamente anteriores a su aterrizaje en La Moncloa. De hecho, es en el periodo que media entre la victoria aplastante de las elecciones regionales de mayo del año pasado y las generales el 20 de noviembre donde se fragua -por incapacidad, dejación o una mezcla de ambas, solo el tiempo dirá- buena parte del fiasco que ha acompañado la acción de gobierno de los populares en el medio año que llevamos de legislatura. Un mundo parece ya.

Debimos quedar avisados con las primeras decisiones del gallego, subida sorpresa de impuestos incluida: no se habían hecho los deberes, no se habían previsto los peores escenarios ni medidas para su corrección, y España quedaba, por tanto, expuesta al mismo grado de improvisación que con Zapatero, pese al mayor lustre del nuevo gabinete. Si desastrosas habían sido las consecuencias de esta actitud con el socialismo en el poder, confiar en que los mercados se iban a comportar de manera distinta con el cambio de signo político implicaba un ingenuo desconocimiento de su dinámica. El castigo estaba servido. Y ha llegado con toda su crudeza.

Durante esos seis meses, cualquier dirigente con un poquito de sentido de estado habría analizado exhaustivamente las causas de la caída de Grecia, Irlanda y Portugal a fin de evitar sus mismos errores; se habría empapado de las cuentas de la Administración, con especial interés en las regionales y locales, las más problemáticas dado su modelo de financiación; habría mantenido contactos constantes con personas cercanas al Banco de España y al sistema bancario para delimitar la magnitud real, sin paños calientes, de su problema; habría dedicado todo el tiempo que fuera necesario a establecer un plan estratégico 2011-2015 para España, S.A. que fijara las prioridades y dotara de coherencia a la acción de gobierno; tendría decidido un ejecutivo en la sombra con las personas claves centradas en las áreas esenciales susceptibles de reforma o potenciación. En definitiva: hubiera sido consciente de la magnitud del reto y se habría puesto con antelación suficiente a prepararse para superarlo con nota.

Y, sin embargo, fueron casi 180 días tirados por la borda en un momento en el que esa acción preventiva se antojaba crítica. Prueba de ello, y siguiendo el orden de la enumeración no exhaustiva que acabamos de realizar, a España le han matado: la falta de credibilidad a la griega de sus cuentas públicas –con sucesivos aumentos de la cifra de déficit y unos planes irreales de corrección-, un agujero del sector financiero progresivamente aumentado al más puro estilo irlandés; y una elefantiasis de lo público que es una de las causas de la falta crónica de competitividad y dinamismo económico de los portugueses. Pese a estar avisados, hemos incurrido exactamente en las mismas causas de desconfianza, primero, e intervención, después. No solo eso, el hecho de que las primeras regiones en pedir un rescate –Valencia y ¿Murcia?- sean de gobierno histórico del PP y que la marea que ha dejado a la banca en pelotas se llame Bankia, el gran proyecto de los conservadores, pone de manifiesto hasta qué punto Rajoy o no sabía, mal, o no quería saber, peor, o se la han metido sistemáticamente doblada, el desastre.

Rajoy dilapida el intangible 'esperanza'...
Es evidente que buena parte de la tregua que la prima de riesgo concedió a España tras la victoria de Rajoy en las elecciones generales se basaba en la creencia de que el modelo de gestión español había cambiado y que alguien que tanto había repetido por activa y por pasiva que sabía lo que España necesitaba no iba a decepcionar. Había un intangible ‘esperanza’ de difícil cuantificación pero extraordinariamente receptivo al sacrificio y la reconducción política y económica de los excesos de nuestra incipiente democracia. Tanto dentro como fuera de España si nos atenemos a cómo reaccionaron los inversores internacionales con nuestra deuda. El diferencial de rentabilidad con Alemania cayó 150 puntos del tirón.

De hecho, si se hubiera acometido ese trabajo previo y se hubiera salido a la palestra con una descripción clara y crítica de la realidad, una enumeración de las verdaderas necesidades financieras del país, pecando por exceso y no por defecto, una batería de medidas destinadas a su corrección, incluida la propuesta de un nuevo esquema administrativo a debatir, o una cuantificación realista del problema de la banca y los mecanismos para remediarlo, los ciudadanos y los inversores, con casi toda seguridad, habrían aceptado los números, por grandes que fueran, como parte del comienzo de una nueva etapa que rompía con el oscurantismo pasado, tiraba por elevación en la cuantía necesaria e incorporaba un cierto colchón de seguridad. Me temo que nunca lo sabremos pero apostaría a que en ese supuesto habría habido financiación foránea y margen de maniobra interno.

Sin embargo se decidió incurrir en la condescendencia, no pisar callos con objeto de pagar favores pasados, en la procrastinación, retraso innecesario de los problemas a ver si se resuelven solos, y en conveniencia, paralizar un trabajo ya deslavazado pero con algunos gestos importantes, como la reforma laboral, con fines electoralistas. Un ejemplo. La misma tarde del medicamentazo, estando reunidos parte del equipo de El Confidencial con uno de los ministros más importantes del gabinete actual, a un servidor se le ocurrió preguntar el porqué no mejor una vez rojo que ciento ‘colorao’ a la hora de acometer las reformas. ‘Porque si las hiciéramos de una vez perderían fuerza política’ fue su lacónica respuesta. Boquiabierto me quedé. Ese día comprendí de modo definitivo el modo de pensar de la casta y cómo el rescate era seguro inevitable.

... y nos conduce a un rescate no necesariamente peor
Un rescate que, en contra de lo opinado por Daniel Lacalle en su columna de este fin de semana, no ha de ser necesariamente malo para España. La última oportunidad que teníamos de reconducir al país por la senda de la sostenibilidad por nuestros propios medios se ha quemado con la traición de Rajoy no solo a su electorado sino al conjunto de los españoles. La brecha entre gobernantes y gobernados es ahora abisal. El sistema está tan podrido, el cruce de intereses particulares es tan ingente que lo que venga de fuera, por malo que sea, al menos tendrá esa dosis de objetividad, de realismo sobre nuestras posibilidades, que tanta falta hace.

¿Peor que lo que tenemos? Miren una cosa: si me dan a elegir entre las ‘pastillas del doctor gustín’ que ofrecen nuestros políticos al más puro estilo gatopardiano, que todo cambie para que siga exactamente igual… para ellos, y un electro shock que reanime de una vez los órganos vitales de una economía colapsada como la nuestra, me quedo con lo segundo. No quiero seguir ni un minuto más en la ensoñación de quien aún cree que cobrará las pensiones o que el estado del bienestar es gratuito cuando se trata de un derecho de imposición, pagado con los impuestos de quienes declaran. Estoy harto. Prefiero saber la verdad, acomodarla a mi modo de vida, trabajar sobre ese escenario y luchar por un futuro que, si no se desvela hoy, será peor mañana. Con cinco hijos, el mayor de 11 años, la indolencia es un lujo que no me puedo permitir.

Buena semana a todos.

Crisis
La Generación de 2012 y la reforma de España
Pedro de Tena Libertad Digital 23 Julio 2012

Tal vez haya nacido ya, o no, pero en todo caso debería nacer la Generación de 2012, una generación de ciudadanos con valor y valores que se rebelará contra el modo de interpretar y practicar la democracia que se ha impuesto en España desde la transición. Es una generación que tiene que sustentarse, históricamente, en dos antecedentes: 1212, fecha de la decisión de constituirnos en nación y Estado y de inscribirnos en la Europa entonces moldeada por los valores cristianos, y 1812, fecha del protagonismo de los ciudadanos y de sus instituciones fundadas en el espíritu liberal. 2012 es la fecha en la que una gran cantidad de ciudadanos españoles percibimos el peligro de un hundimiento económico, político, cultural y moral de la nación. De la combinación, cuando menos, de estos tres impulsos debe surgir la Generación de 2012, la generación que, como la del 98, siente de nuevo el sufrimiento de los españoles y se fragua para reformar lo que a las claras ha estado mal hecho. La reforma –las revoluciones, como anticipó Ortega, son inútiles porque generan reacciones que devuelven el movimiento, debilitado, al punto de partida–, de España que debe proponerse esta Generación tiene que afectar, como mínimo, a la economía, a la administración pública y la organización del Estado, a la educación, a la justicia y a la moral pública.

La economía española debe caminar más en el sentido de la libertad de la sociedad y de sus ciudadanos que en el de la preponderancia del Estado y es preciso recuperar la unidad de mercado y derechos y deberes de todo el territorio nacional. La administración pública debe orientarse por la neutralidad política, la máxima profesionalización y por la gestión austera y eficiente de los recursos. La organización del Estado debe impedir toda duplicidad de servicios y funciones y tiene que sustentarse en un pacto social y político que evite el privilegio de las grandes organizaciones sociales y la consolidación de una partitocracia alimentada por los dineros del Estado. La educación, que debe incorporar los valores comúnmente alcanzados, tiene que encaminarse a la excelencia y la exigencia en todos sus niveles, promoviendo el espíritu científico e investigador relacionado con el bienestar económico, y el cultivo de las disciplinas humanísticas como modo de ser nacional en la historia. La Justicia debe recuperar la tradición montesquieuana para ser independiente de todos los demás poderes, autocontrolada y eficaz, esto es, rápida y certera. La moral pública debe fundamentarse en la veracidad, la libertad y la igualdad de oportunidades. Todo esto conlleva, naturalmente, un movimiento por la reforma constitucional pero debe llegar más allá, al debate nacional y ciudadano.

Desde la época del Cid los españoles nos lamentamos de que seríamos buenos vasallos si oviessen buenos señores. Pero la experiencia dicta que sólo habrá buenos señores si los buenos ciudadanos, esto es, los de buena voluntad, somos capaces de organizar la sociedad para mejor proveernos de bienestar en libertad y defendernos de los señores, incluso de los que libremente elegimos, como atinó Popper. Por ello y para ello, nos hace mucha, muchísima falta la Generación de 2012.

‘PODRÍAMOS CONVERTIRNOS EN ARGENTINA’
Rallo: 'España se encamina hacia el abismo'
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA www.gaceta.es 23 Julio 2012

El director del Instituto Juan de Mariana es pesimista con la situación económica. O el Gobierno cambia el paradigma o vamos directos a la quiebra.

Juan Ramón Rallo, castellonense del 84, es tal vez el economista por debajo de los treinta más famoso de España y uno de los que mayor proyección internacional tiene. Escribe para el Wall Street Journal y para el Cato Institute. A pesar de su juventud ha publicado varios libros, unos en la privilegiada compañía de Carlos Rodríguez Braun y otros en solitario.

Para Rallo, recientemente nombrado director del Instituto Juan de Mariana, la situación actual es de una gravedad extrema. Este verano es un auténtico cruce de caminos. Dependiendo del que tome nuestro Gobierno tendremos una España parecida a Alemania o parecida a Argentina.

Acaba de ser nombrado director del Instituto Juan de Mariana. Pero, ¿qué es exactamente el Instituto Juan de Mariana?

El Instituto Juan de Mariana es un think tank cuyo propósito básico es estudiar y divulgar los ideales del liberalismo, tanto en política como en economía. Desconfiamos profundamente de los políticos y de los Estados gigantescos, pues pensamos que es la sociedad la que, a través de sus individuos y asociaciones, debe llevar la voz cantante dentro de un marco institucional en el que se respete la propiedad privada y los contratos voluntarios.

Recientemente, acabamos de celebrar nuestra VII Universidad de Verano en Lanzarote y la verdad es que ha sido todo un éxito del que estamos muy satisfechos. Animo a todo aquel que quiera conocernos a que se acerque a nuestra sede de Madrid.

¿Cuáles han sido los errores de Rajoy?

El error fundamental ha sido querer convertirse en un digno sucesor de Zapatero, a saber, en un socialdemócrata al que se le ha acabado el dinero y que, en lugar de adelgazar enormemente el sector público para permitir una expansión de la economía privada, ha optado por machacar a impuestos a un cada vez más raquítico sector privado para minimizar los imprescindibles recortes sobre un hipertrofiado y sobredimensionado sector público.

El error de Rajoy ha sido querer convertirse en un digno sucesor de Zapatero

Supongo que será una cuestión de prioridades: Rajoy, como político que es, opta por maximizar su poder y el de los suyos a costa de aquellos que sí generan riqueza para una sociedad: familias y empresarios.

El panorama económico pinta muy negro para España, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

La situación actual de España es fruto de tres burbujas que fueron gestándose de manera sucesiva. La primera fue la burbuja financiera, creada por el sistema bancario europeo bajo la dirección de ese monopolio público que es el banco central. La burbuja financiera rebajó artificialmente los tipos de interés en la economía, propiciando un sobreendeudamiento de familias y empresas para adquirir y construir viviendas, lo que generó la burbuja inmobiliaria: la economía española fue escorándose cada vez más hacia el ladrillo, concentrando en ese burbujístico sector gran parte de su capacidad productiva.

Y, por último, los ingresos fiscales extraordinarios a que dio lugar la burbuja inmobiliaria engendraron la burbuja del sector público: los políticos comenzaron a gastar sin freno toda esa milmillonaria recaudación tributaria extraordinaria y no recurrente, consolidando un nivel de gastos que años después se mostraría insostenible. Hoy las tres burbujas han pinchado, pero tanto banqueros, como promotores y políticos tratan de trasladarles al resto de ciudadanos y empresas eficientes el coste de sus errores. Por eso España se encamina al abismo.

Se echa la culpa de la depresión económica al capitalismo, ¿hay algo de cierto en ello?

Es narrativa estatista y liberticida en su máxima expresión. El origen de todo está en la burbuja financiera y las finanzas es uno de los sectores más intervenidos, privilegiados y protegidos por el poder político. Fíjese que la moneda la emite un monopolio estatal como es el banco central. Además, ese monopolio tiene prácticamente las manos libres para imprimir cuanto desee: antes el dinero era convertible en oro y eso ponía límites al expansionismo monetario; ahora no existe ninguna restricción.

Esto no es capitalismo, es socialismo para ricos.

Fueron los bancos centrales quienes, a base de darle a la manivela del crédito barato, manipularon a la baja los tipos de interés a partir de 2002, y generaron, a través de sus correas de transmisión que son los bancos privados, una de las mayores burbujas productivas de la historia de la humanidad. Y, para más inri, cuando quebraron los bancos que transmitieron ese torrente de crédito barato de los bancos centrales, los Estados acudieron al rescate para evitar que probaran su amarga medicina.

¿Qué libre mercado existe aquí? Ni libre competencia en la emisión de moneda, ni asunción de las pérdidas provocadas. Esto no es capitalismo, es socialismo para ricos.

La prima por encima de los 600 puntos, el mercado a punto de cerrarse, todos pidiendo que intervenga el BCE, ¿estamos ya en la recta final antes de la suspensión de pagos?

La situación es sin duda inmanejable tal como estamos ahora mismo. El Gobierno ha consumido toda su credibilidad y nada de lo que haga garantiza que se vaya a reconducir la situación. Probablemente sólo existan tres salidas: o una intervención exterior; o una monetización masiva del BCE; o una salida del euro. Ninguna de las tres es positiva, pero las dos últimas serían especialmente nefastas, por cuanto darían más cuerda a nuestra casta política para que siguieran endeudándonos, despilfarrando a manos llenas y saqueándonos a impuestos.

La solución pasa por una transformación de nuestro modelo de Estado

La solución real pasa por una transformación de nuestro modelo de Estado que lo someta a una profunda liposucción y por una apertura total de los mercados. ¿Se quiere hacer? No: entonces sólo nos queda dolor por delante.

Si terminamos quebrando y saliendo el euro, ¿qué nos espera a los españoles?

Terminar de convertirnos en Argentina. En el menos malo de los casos, una devaluación del 40% de nuestra divisa, una elevada inflación, un incremento sustancial del poder político y del gasto público y una progresiva reactivación de la economía a partir de sectores de nulo valor añadido y de salarios de miseria. Sería renunciar por al menos 20 años a transformarnos en un país serio, donde se acumulara capital de manera sana, creciéramos sosteniblemente y fuéramos mejorando en términos reales nuestro nivel de vida.

Vamos, sería renunciar por dos décadas a convertirnos en una Alemania, Austria o Suiza. Probablemente, viendo las ideas e intereses de nuestra casta política y de gran parte de nuestra ciudadanía no quede otro remedio, pero no dejaría de ser algo del todo lamentable y criticable.

¿Si usted fuese presidente qué reformas abordaría antes de fin de año?

Lo primero es someter a un electroshock al paciente: demostrar a todos los inversores nacionales y extranjeros que no vamos a suspender pagos y que, por tanto, pueden confiar en invertir tranquilamente en España sin riesgos de salida del euro y devaluación.

Habría que reducir el número de empleados públicos y recortar transferencias sociales.

Para ello habría que reducir el número de empleados públicos, recortar transferencias sociales, eliminar todas las subvenciones, controlar el gasto en subsidios de desempleo y privatizar todas las empresas y activos públicos. Asimismo, sería necesario que el rescate a la banca español no recaiga sobre los hombros de los contribuyentes sino sobre los hombros de los acreedores de la banca (lo que se conoce como bail-in o capitalización de deuda).

Una vez logrado esto, ya sería el momento de comenzar con las reformas estructurales: una auténtica liberalización del mercado laboral, energético e inmobiliario, una progresiva apertura al mercado del sistema educativo, una supresión de todas las barreras a la empresarialidad, una rebaja general de impuestos, sobre todo de aquellos que afectan al ahorro y una privatización de toda la red de transportes. En suma, se trata de convertir a este país en un destino muy atractivo para la inversión nacional y extranjera: justo lo contrario de lo que es ahora mismo.

Las autonomías, desde Móstoles
http://federicoysart.com Periodista Digital 23 Julio 2012

Con desplantes como el del nacionalista Mas en la cámara catalana incitando a sus congéneres a la rebelión frente a los dictados del Gobierno, y la respuesta que habían adelantado los socialistas vasco y andaluz, López y Griñán, el canario irredento y algún popular más atento a lo suyo que a lo de todos ¿necesitarán más los veedores y analistas, acreedores, prestamistas y demás interesados en nuestra ruina para mandarnos a paseo definitivamente?

Los gobiernos regionales nacidos de la Constitución, alimentados por las arcas generales del Estado y crecidos a golpes de complejos identitarios están poniendo el sistema en berlina. No resulta fácil de aventurar cuánto tardarán en intervenir nuestros asuntos internos las panzerdivisionen comunitarias como antes lo hicieron los Cien mil hijos de San Luis.

Parecería que eso es lo que están buscando, una muerte heroica a manos del invasor/inversor extranjero. O tal vez, los más aguerridos, alzarse desde cada esquina frente a los hombres de negro como las Juntas lo hicieron contra las tropas de Napoleón; hagamos la guerrilla por nuestra cuenta, que Agustinas, Palafoxes y curas Merino tampoco habrían hoy de escasear.

¿Echarán en falta la voz de mando de alguien que, como aquellos dos alcaldes en Móstoles, avisaron el 4 de mayo del peligro que la nación corría y pidieron movilizaciones pues “no hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente como los españoles lo son”?

Nada es ya como era. Aquel pueblo a la salida de la capital hacia Extremadura apenas tenía unos centenares de habitantes en 1808; hoy, integrado en el Área Metropolitana madrileña, cuenta más de doscientos mil. No muy lejos, el palacio de La Moncloa era entonces una finca rústica que acababa de comprar Carlos IV a una duquesa de Alba para ensanchar el llamado Real Sitio de la Florida; hoy alberga la presidencia de un gobierno que no reclama la asistencia de los españoles si no es para sacar de sus bolsillos lo preciso para seguir alimentando una obsoleta maquinaria estatal; la añosa del Estado y la manirrota de los diecisiete enanitos.

La tradición ha adornado aquel bando de la Independencia con algo que nadie escribió ni dijo desde Móstoles, aquello de que “la Patria está en peligro, acudamos a salvarla”. Ese era el sentido del mensaje que las postas difundieron por toda España, y su cumplimiento devolvió la independencia a la nación entonces intervenida por las armas. Lástima no oír un toque a rebato semejante en las presentes circunstancias. Tal vez acortara la distancia que aleja de los intereses generales de la nación el irresponsable proceder de los rectores de algunas comunidades.

Las mega-mezquitas: “La construcción de un Islam francés”
Soeren Kern. Minuto Digital 23 Julio 2012

La nueva mezquita, ubicada en el suburbio de Cergy-Pontoise, al norte de París, no sólo es amplia en sus dimensiones, también es muy visible y simbólica: su altísimo minarete, que ha sido deliberadamente diseñado para cambiar el horizonte del barrio residencial siendo más alto que cualquier aguja de iglesia en la vecindad, se hace “el nuevo símbolo del Islam en Francia.”

La cúpula azul también tiene una importante dimensión política. El presidente francés, François Hollande, debe su victoria electoral del 6 de mayo a la gran participación de los votantes musulmanes, que emitieron los votos decisivos que impulsaron a Hollande al Palacio del Elíseo. Ahora es el momento de recuperación política, y la mezquita en Cergy es una de, al menos, 150 nuevos proyectos de mezquita que el gobierno socialista se ha comprometido a apoyar.

Hablando en nombre del Presidente Hollande en la ceremonia de inauguración de la mezquita en Cergy, el ministro el Interior francés, Manuel Valls, articula la política del Gobierno socialista frente a la construcción de nuevas mezquitas en Francia. Declaró: “Una mezquita, cuando se erige en la ciudad, dice una cosa simple: El Islam tiene su lugar en Francia”.

La mega mezquita, de 2.000 metros cuadrados, tres pisos, con capacidad para 1.500 fieles, tiene dos salas de oración principal (uno para hombres y otro para mujeres), salas de abluciones, dos cocinas, un salón de té, un apartamento y la oficina del imán, una sala funeraria, aulas y un salón de usos múltiples.

La oficina del alcalde en Cergy, que es controlada por el Partido Socialista, ha tratado de restar importancia a las preocupaciones locales sobre el tamaño de la mezquita, que tiene un precio de 3,7 millones de euros. Ha justificado el proyecto con el argumento de que la mezquita se financia exclusivamente a través de donaciones locales (muchas, si no la mayoría de las mezquitas más importantes de Francia y otros países europeos, son financiadas por gobiernos extranjeros, como Marruecos y Arabia Saudita).

Sin embargo, el alcalde socialista de Cergy, Dominique Lefebvre, ha trabajado activamente para hacer que el proyecto de la mezquita sea una realidad, eludiendo las leyes francesas sobre la laicidad. Bajo su liderazgo, el Ayuntamiento acordó proporcionar a la mezquita un contrato de arrendamiento de la tierra, en alquiler muy bajo, por un período de 99 años. El ayuntamiento también acordó proporcionar a la mezquita una garantía bancaria por lo que podría obtener un préstamo de 2,5 millones de euros para su construcción.

Lefebvre ha justificado sus esfuerzos en favor de la mezquita diciendo que quiere ” garantizar el ejercicio libre de la religión . ” Sin embargo, en la ceremonia de inauguración de la mezquita, también bromeó : “A menudo me preguntan si el minarete es más alto que el campanario de la iglesia.”

Por otra parte, un tribunal de apelaciones francés ha concedido el permiso para la construcción de una mega mezquita en la ciudad sureña de Marsella , el hogar de la mayor comunidad musulmana en Francia.

La sentencia, que revoca una decisión de octubre 2011 por un tribunal inferior para anular el permiso de construcción de la mezquita, representa una gran victoria para los defensores de la mezquita, durante mucho tiempo considerado como el símbolo más grande y más potente de su lugar de crecimiento del Islam en Francia.

El proyecto de 22 millones de euros que tendría la Gran Mezquita , que cuenta con un minarete de 25 metros de alza (82 pies) de alto, y espacio para hasta 7.000 fieles en una inmensa sala de oración – construido en el lado norte del puerto viejo de Marsella en el distrito de Saint-Louis, , un barrio de mezcla étnica que sufre de pobreza y alto desempleo .

Tras varias décadas en la planificación, al proyecto se le concedió un permiso de construcción en noviembre de 2009. En ese momento, funcionarios de la ciudad dijeron que la nueva mezquita ayudaría a la comunidad musulmana a integrarse mejor en la corriente principal y fomentar una forma más moderada del Islam.

La primera piedra angular de los 8.300 metros cuadrados del proyecto fue colocada en mayo de 2010. La elaborada ceremonia de colocación de la piedra contó con la presencia de líderes religiosos musulmanes y políticos locales, así como más de una docena de diplomáticos de países musulmanes.

La construcción de la Gran Mezquita – que incluirá una escuela coránica y una biblioteca, así como un restaurante y salón de té – estaba programado para comenzar en febrero de 2012. Pero el proyecto ha enfrentado una dura oposición de los residentes y negocios locales. Quienes se oponen a la Gran Mezquita, han argumentado que estaría fuera de armonía con el tejido económico y social del barrio. El fallo del tribunal de apelación, de fecha 19 de junio, significa que la construcción de la mezquita puede continuar sin obstáculos.

En octubre de 2011, el periódico francés La Marsellesa publicó extractos de un informe de inteligencia filtrado sobre el surgimiento del Islam en Marsella, que es ahora el hogar de unos 250.000 musulmanes.

La confidencialidad de siete páginas del documento, elaborado por la inteligencia doméstica en la región francesa de Bouches-du-Rhône en marzo de 2011, advierte en contra de la construcción de la gran mezquita: “Este edificio dominaría toda una parte de la ciudad … sería visible desde la mayoría de las principales carreteras que rodean la mezquita … la mezquita es considerada agresiva hasta el punto que en un referéndum local sobre el asunto daría resultados al menos equivalentes, y tal vez más pronunciados que la votación organizada en la Confederación Suiza el año pasado [el voto suizo para prohibir los minaretes ]. ”

El informe también señala que aunque “el número de personas [en Marsella] que se han radicalizado hasta el punto de apoyar a los yihadistas es relativamente baja, el fundamentalismo islámico ha progresado hasta el punto en el que se ha ganado a la mayoría de la población musulmana.”

El informe describe a la población musulmana de Marsella como una población “marginada y mal informada, inculta y con un entendimiento limitado, incluso de su propia religión, al encontrarse en manos de los autoproclamados imanes que no son más competentes que sus rebaños, pero lo suficientemente carismáticos para obtener su obediencia. ”

El documento concluye con la afirmación de que los musulmanes en Francia parece que quieren que el Estado intervenga en los asuntos religiosos: “Es interesante observar que la mayoría de los musulmanes les resulta natural para el estado para organizar la práctica religiosa, incluso por la fuerza si es necesario, y que muchos de ellos incluso declaran que no entienden la neutralidad de Francia en esta materia “.

Lo mismo podría decirse del Partido Socialista francés, que, gracias a la ideología y la conveniencia política, se inclina cada vez más para dar cabida a las demandas musulmanas. Durante su campaña electoral, Hollande ofreció una amnistía a todos los cerca de 400.000 inmigrantes ilegales musulmanes en la actualidad en Francia. También se comprometió a cambiar las leyes electorales franceses para que los residentes musulmanes sin la nacionalidad francesa se les permita votar en las elecciones municipales a partir de 2014.

Estas medidas, de aplicarse, permitirían al Partido Socialista reforzar su control sobre el poder político, tanto a nivel regional y nacional. A medida que la población musulmana políticamente activa en Francia continúa creciendo, y como la mayoría de los musulmanes en el país votan a los partidos socialistas y de izquierda, los partidos conservadores encuentran cada vez más difícil ganar las futuras elecciones en Francia.

Uno de los resultados previsibles de esta política será la construcción de más mezquitas patrocinadas por el gobierno de Francia, todo en nombre del multiculturalismo, por supuesto.

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O eliminamos las autonomías o ellas nos hunden
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 23 Julio 2012

Seguimos avanzando hacia el precipicio, pero la casta política se niega a retroceder.

El Gobierno de Rajoy ha presentado su último plan para tratar de sacarnos de la crisis económica (en la que no hay que olvidar la culpa de ZParo, como pretende ahora la izquierda).

Las medidas, ya las conocéis porque las vais a sufrir: supresión de una paga extra a los funcionarios, reducción del subsidio a los parados, subida del IVA... Sin embargo, los mercados, el juez supremo de nuestra vida en este mundo, no se ha fiado del nuevo plan, de modo que la deuda pública supera el 7% (sus principales compradores son los bancos españoles, incluso los intervenidos, lo que es demencial), la prima de riesgo se dispara y la bolsa de desploma.

¿Qué ocurre? Que el plan de Rajoy actúa sobre los ingresos y los gastos corrientes más simples. Los ingresos, como demuestra las recaudaciones de Hacienda (IVA, IRPF, Impuesto de Matriculación, ITP, Combustibles...), se han reducido. Y ocurrirá lo mismo en los siguientes meses. Porque la gente tiene miedo y NO GASTA: prefiere no consumir y guardar. ¿Qué van a hacer los funcionarios sin su paga extra de Navidad, que antes se dedicaba a consumo? Recudir su gasto.

Pero el Gobierno del PP no ha tocado las CAUSAS DEL GASTO, que se resumen en el Estado autonómico y partitocrático establecido por la Constitución de 1978. No se van a eliminar cientos de municipios (hay ahora más que cuando murió Franco), no se van a suprimir diputaciones, no se van a despedir a los 14 defensores del pueblo regionales, no se van suprimir las embajaditas, no se van a cerrar las televisiones autonómicas (ni la nacional), no se va a suspender la construcción de más líneas de AVE (9.500 millones de euros el Valladolid-Galicia), no se han suprimido todas las subvenciones a las ONG de marras, tanto estatales como autonómicas, no se han cortado las subvenciones a CCOO, UGT, ELA-STV, CEOE y los partidos políticos, no se han eliminado las misiones de paz en el extranjero...

Añadamos: coches oficiales (con su gasto en ITV, seguros, combustible y chófer o chóferes); asesores, aeropuertos sin tráfico abiertos; pensiones a todo tipo de expresidentes, exlendakaris, exministros, exconsejeros, exparlamentarios; subvenciones a las energías renovables y a traducciones al euskera, al gallego y al catalán...

Los funcionarios de Bruselas y del Estado alemán, así como los empleados de las agencias de calificación ven los planes de Rajoy y que nada de lo anterior se ha suprimido, que un demagogo como Artur Mas llama a la sublevación contra el Estado para mantener su cacho de Presupuesto; y saben, como sabemos nosotros, que el pozo se seguirá agrandando. Entonces, ¿para qué prestar dinero a un país que se acerca a la quiebra por su arquitectura estatal y el egoísmo de su casta política?

Estamos ante la mayor crisis del régimen, ni el 23-F, ni el 11-M, ni el 14-M (felicitemos a los que votaron al PSOE; ¡cuánto les debemos!), y es de difícil solución, porque es externa por causas internas. Es decir, no nos queda otra que obligar a la casta política a cortar su derroche, pero ésta no quiere hacerlo, y hasta que no lo haga, la Unión Europea y el BCE no se volverán a fiar de nosotros.

Mi esperanza es pensar que los palos que estamos recibiendo desde el extranjero son para forzar a Rajoy, a Rubalcaba, a Mas, a Griñán, a Urkullu, a Feijóo, a Patxi y a toda la clase política a ponerse de acuerdo en que tienen que reducir sus despachos.

¡Fueron más patriotas los procuradores de las últimas Cortes del franquismo cuando aprobaron la Ley para la reforma Política! Y encima no cobraban pensionazos.

EJEMPLOS DE DERROCHE CRIMINAL
1) El País publica hoy un excelente artículo sobre ese bodrio que es la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), fundada en 1989 por una Generalitat socialista y arruinada por el PP local. Tiene 1.300 millones de euros y va a echar a 1.295 empleados. Un millón de deuda por empleado. Pero aquí se expone la barbaridad de esas televisioncitas:

Juli Esteve, coordinador de los servicios informativos desde la inauguración hasta la llegada del PP, asegura que fue importante ver, como símbolo, a alguien informando en valenciano con la Casa Blanca de fondo.

¿Por qué los españoles hemos de pagar estas cretineces que algunos llaman símbolos? ¿POR QUÉ? El paleto nazionalista que quiera excitarse, que lo haga con Viagra, en vez de con corresponsales falando en euskera o catalá desde Nueva York.

2) El pufo de Bankia:
Según fuentes financieras, el grupo catalán, que invirtió 100 millones de euros a petición del Gobierno para salvar la colocación, está detrás de la oleada de ventas protagonizada en los dos últimos meses por Morgan Stanley.

Así que el Gobierno de ZParo y Elena Salgado le pide a Caixabank que meta 100 millones de euros en Bankia... ¿A cambio de qué? ¿De Endesa?, ¿de prorrogar las concesiones de autopistas de Abertis?

3)El Grupo Godó aplica un ERE en su planta de impresión pese a haber recibido una subvención para ella de 5,5 millones de la Generalitat catalana.

Estalla la burbuja autonómica: el Gobierno rescatará en agosto a la mayoría de CCAA
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial  23 Julio 2012

Según fuentes del Banco de España, a lo largo del mes de agosto, el Gobierno rescatará e intervendrá a la mayoría de las comunidades autónomas en los términos previstos en el Real Decreto Ley 21/2012 de 13 de julio de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero. A las solicitudes de Valencia y de Murcia, ambas ya anunciadas aunque pendientes de formalización según las previsiones de esta disposición, podrían añadirse en breve las de Castilla-La Mancha y las dos grandes –al margen de Madrid-: Andalucía y, sobre todo, Cataluña. El rescate debe ser solicitado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma necesitada y aprobado, después de determinados trámites y fiscalizaciones, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si la autonomía peticionaria cumple los requisitos que le sean impuestos de acuerdo con el Decreto Ley de 13 de julio, dispondrá de una parte de los 18.000 millones de euros de que está dotado el Fondo de Liquidez que será gestionado por el ICO y que estará engrosado en parte por un préstamo ad hoc del Organismo y de Apuestas y Loterías del Estado (6.000 millones).

La intervención de las autonomías a través de este mecanismo –que es temporal, hasta tanto se agote su dotación— implicaría que el Gobierno, a través de Hacienda, impone unas condiciones (descritas en el capítulo segundo de Decreto Ley) tanto financieras como fiscales, así como de información y seguimiento por Hacienda que, de hecho, neutralizan las facultades de orden económico financiero de la autonomía intervenida. La ley que regula el Fondo de Liquidez Autonómico se remite a los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria en los que se contempla el incumplimiento de las condiciones y, como consecuencia, la suspensión de la autonomía por acuerdo de la mayoría absoluta del Senado según el artículo 155 de la Constitución. La suspensión es la máxima medida coercitiva contra una Comunidad Autónoma prevista en nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, las autonomías si se adhieren al Fondo de Liquidez saben que están intervenidas; que si no cumplen las condiciones del préstamo, pueden ser suspendidas y que si, aun no disponiendo de recursos, se resisten a adherirse a este sistema de liquidez, incurrirían en default con consecuencias impredecibles. En todo caso, entrar en esta vía excepcional de pagos de los vencimientos de deuda comporta un plan de ajuste, otro de tesorería, un sistema de aprobación de cualquier acuerdo autonómico de gasto no corriente y el control in situ de los hombres de negro de Hacienda.

A nadie se le escapa que la generalización del rescate de las autonomías constituye, de hecho, una desactivación de las facultades esenciales de las comunidades y, en consecuencia, una suspensión temporal pero efectiva del funcionamiento del modelo de Estado que viene inspirando una enorme desconfianza a los mercados, recibe constantes advertencias de la troika y plantea graves problemas de coherencia al Gobierno en el manejo de la crisis como se pudo comprobar en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera durante el cual Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña votaron en contra de la fijación del déficit autonómico para 2012 y sucesivos, y se abstuvieron Castilla y León y Extremadura –ambas regidas por el PP--, en tanto que Galicia emitía un sí crítico a la previsión de Cristóbal Montoro. Esta actitud –que fue alentada la semana pasada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, llamando a un plante autonómico— ha desatado todas las alarmas en el Ejecutivo porque se considera que es un pésimo mensaje a los potenciales financiadores de la deuda soberana española que ya la han situado en 612 puntos básicos y a un interés superior al 7% para los bonos a 10 años.

Cataluña, pese a los esfuerzos del presidente Mas, no parece pueda librarse de adherirse al Fondo de Liquidez. El Gobierno catalán –también el andaluz— ha tenido que recurrir a créditos puente para pagar la nómina de julio a los empleados públicos autonómicos y ha suspendido los pagos a determinados proveedores este mes por falta de liquidez que atribuye a retrasos en las transferencias desde la Administración del Estado que ésta niega. Cataluña, además, es la comunidad autónoma más endeudada: de los 11.000 millones de euros en vencimientos en los próximos meses, Cataluña es la principal deudora. El presidente Mas, cuya federación, CiU, no ha apoyado el ajuste gubernamental la pasada semana, se plantea seriamente convocar elecciones anticipadas si, finalmente, debe pasar por someterse a las condiciones que impone la disposición de recursos del Fondo de Liquidez Autonómico. En rigor, las únicas autonomías que no estarían en el trance de default serían Madrid y las forales: el País Vasco y Navarra. Pero “ninguna otra”, subrayan fuentes del Banco de España. De ahí que el vicepresidente de la Junta andaluza, Diego Valderas, considere que entrar en el mecanismo de FLA implique “dar un paso atrás de 32 años”. Javier Fernández, presidente asturiano, ha aducido que antes que pedir fondos a Montoro prefiere “solicitarlos a la banca”. En estas declaraciones late la certeza de que la intervención es, en cierto modo, el estallido de la burbuja autonómica y, seguramente, el inicio de un camino que, antes o después, llevará a la reformulación del modelo de Estado.

Sin embargo, ni cuando se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria ni cuando se convalidó el real Decreto Ley que establecía el Fondo de Liquidez Autonómica, los partidos hicieron hincapié en que estaban habilitando al Gobierno central con facultades muy poderosas para provocar un cortocircuito en el modelo de Estado. Y aunque desde los aledaños de la Moncloa no se quiera hacer esa formulación, lo cierto es que a propósito de la crisis, el sistema autonómico va a quedar desarbolado. Está por ver que esta medida de rescate autonómico generalizado y una posible crisis de gobierno –especialmente en el área económica— sea medida apreciada por los mercados para aflojar su acoso, luego que el BCE ya ha dicho que no va a intervenir en solucionar nuestra crisis de deuda soberana. El Ejecutivo no se plantea nuevos recortes ni ajustes –salvo los de la redimensión de las administraciones públicas, especialmente autonómicas y de sus empresas y fundaciones— ante la dura respuesta de la calle que atribuye a las autonomías buena parte de la responsabilidad en los desequilibrios financieros generales, desconociendo, quizá, que el sistema en sí mismo fallaba de base porque unos gastaban con escasos controles (las Comunidades Autónomas) y otro recaudaba y transfería (la Administración General del Estado). El sistema, ahora, ha colapsado.

FRENTE AUTONÓMICO CONTRA EL PP
Editorial ABC  23 Julio 2012

La opinión pública clama contra los excesos y disparates cometidos en nombre de una clase dirigente instalada en la reivindicación permanente e incapaz de arrimar el hombro

LA emergencia económica que vive España exige un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los dirigentes políticos para dar prioridad al interés general sobre las ventajas partidistas o territoriales. Sin embargo, se percibe desde hace meses la formación de un «frente» político antigubernamental que agrupa, cada una a su manera, a varias comunidades autónomas gobernadas por los socialistas y los nacionalistas. Mientras Cataluña necesita al Estado para llegar a fin de mes, Artur Mas continúa con la monserga del pacto fiscal y se atreve a pedir un plante de todas las comunidades contra Mariano Rajoy. El presidente de la Generalitat prefiere ignorar que CiU aprobó los presupuestos en el parlamento autonómico gracias al PP y que -salvo disolución anticipada- seguirá necesitando ese apoyo a corto plazo. Por su parte, Patxi López apura sus últimos meses en el Ejecutivo vasco encabezando una especie de «cruzada» contra el Gobierno al anunciar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra todas las medidas adoptadas para luchar contra la crisis. También Andalucía sigue un camino similar, porque José Antonio Griñán ha decidido huir hacia adelante para disimular su extrema debilidad política. Incluso Canarias se apunta a este juego peligroso que pone en cuestión los fundamentos del sistema autonómico diseñado por la Constitución.

La Comunidad Valenciana y la de Murcia han pedido ya adherirse al fondo de liquidez y todo parece indicar que otras autonomías -incluida Cataluña- lo van a solicitar en breve. En lugar de actuar con lealtad institucional, ciertos mandatarios autonómicos se empeñan en convertirse en arietes en contra del interés nacional, y por eso, y por las circunstancias tan delicadas que atraviesa el país, ha llegado la hora de actuar con determinación política. Mariano Rajoy cuenta, como presidente elegido por una aplastante mayoría en las urnas, con toda la legitimidad para plantear una renovación a fondo del modelo territorial en términos de solidaridad y eficiencia frente al egoísmo localista que nos ha conducido al borde del abismo. Así no podemos seguir, y la opinión pública clama contra los excesos y disparates cometidos en nombre de una clase dirigente instalada en la reivindicación permanente e incapaz de arrimar el hombro cuando hace falta, y cuando los ciudadanos llevan ya tiempo haciéndolo. El futuro de España exige medidas rápidas y eficaces contra el despilfarro y la insolidaridad.

La quiebra del Estado de las autonomías
Jorge de Esteban. El Mundo  23 Julio 2012

El autor sostiene que ha llegado el momento de revisar la Constitución tras el fracaso del título VIII. El regateo de competencias y el poder de los partidos nacionalistas han provocado la crisis del sistema.

Ya no cabe que disimulemos lo obvio, ni que miremos para otro lado, debemos afrontar la realidad tal como es, porque no podemos seguir corriendo tras los hechos para intentar alcanzarlos. No hay más remedio que pararse y aceptar lo que tenemos delante, con el fin de resolver el embrollo que nos envuelve, reconociendo de una vez que el Estado de las autonomías, que surgió de la Constitución de 1978, ha fracasado rotundamente, convirtiéndose más bien en el Estado de las anomalías.

Ahora bien, es conveniente no sólo hacer el diagnóstico de esta aberración constitucional que padecemos, sino también conviene explicar las causas por las que se creó. Las razones, sin que nos remontemos al siglo XIX, que es la fecha de donde partió el problema que todavía nos acecha, fueron cuatro en los inicios de nuestra actual democracia. En primer lugar, se trataba de resolver la cuestión de las reivindicaciones de los vascos y catalanes, algo que el propio Rey, en el discurso de su proclamación el 22 de noviembre de 1975, había ya sugerido. En segundo lugar, tras la llegada del presidente Tarradellas a Madrid en el año 1977, y de la restauración de la Generalitat de Cataluña, se intentó generalizar las autonomías para evitar la susceptibilidad de los medios más conservadores del régimen franquista, todavía en pie, a través de las llamadas preautonomías, antecedente de lo que vendría más tarde. Sin embargo, hay que señalar que además de estas dos primeras razones, había dos más que eran defendibles desde una perspectiva meramente democrática. En efecto, en tercer lugar, la adopción de las autonomías tenía la pretensión de acercar la administración a los administrados, mediante la descentralización del poder. Y, por último, también cabía defenderlas en razón de que podían ser un instrumento válido para acortar las diferencias económicas entre las regiones españolas, sacando a algunas del subdesarrollo económico y cultural en que se encontraban secularmente.

Pues bien, ninguna de estas razones se ha cumplido satisfactoriamente, salvo si acaso la última, pues no cabe duda de que regiones como Extremadura o Canarias, por poner algún ejemplo, se han beneficiado en cierto sentido del Estado de las autonomías. Pero dicho lo cual, no hay más remedio que afirmar que en su conjunto el Estado autonómico, ha fracasado, como, por ejemplo, se acaba de poner de manifiesto en un curso de la Fundación Denaes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en el que yo he participado. Pero, los testimonios de este fracaso nos lo ofrecen todos los días los periódicos y, en especial, la opinión pública de los españoles, que por fin se han dado cuenta de dónde procede la mayor parte de su desastrosa situación económica y de la senda que nos lleva al temido «rescate».

Conviene, por tanto, que entremos ahora en el diagnóstico de las razones de por qué ha fracasado un modelo de Estado descentralizado, que era bastante viable, y hasta beneficioso, si se hubiera regulado su diseño de forma racional y estable. La primera de las razones de su fracaso es la que se refiere, como digo, a su insuficiente regulación en el título VIII de la Constitución. Ciertamente, los constituyentes podían haber optado por un modelo concreto de los que ya existían en Europa para descentralizar el Estado, como podía ser el portugués, con dos regiones autónomas y el resto del territorio peninsular descentralizado administrativamente; el italiano, con 20 regiones autónomas, pero cinco de ellas con más competencias que las demás; y, por último, el alemán, en donde todos los Estados miembros tienen parecidas competencias. Sin embargo, no se siguió ninguno de esos tres modelos, sino que siguiendo el funesto ejemplo de la II República, se decidió crear un Estado descentralizado a trompicones y de manera desigual. Las consecuencias de ese sistema abierto, progresivo y nunca terminado, ha contribuido definitivamente a llevarnos a la situación actual. Porque, además, en segundo lugar, la concurrencia de ese sistema continuo de regateo competencial de las comunidades autónomas creadas, se agudizó al máximo, por permitir en nuestro sistema electoral la existencia de partidos nacionalistas, en las Cortes Generales, que es una característica anómala en los Estados federales que funcionan.

En tercer término, cabe afirmar que en la dialéctica que es propia de todo Estado federal, entre las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas, el ideal radica en la búsqueda de un equilibrio armónico entre ambas tendencias. Ahora bien, en España ha existido un elemento distorsionador que ha favorecido absurdamente el centrifuguismo, que paradójicamente no ha sido otro que el propio Tribunal Constitucional, cuyas muchas sentencias, especialmente la que se refiere al Estatuto de Cataluña, y a las legalizaciones de los partidos pro-ETA, Bildu y Sortu, no han hecho más que perturbar la lealtad federal o constitucional, que es necesaria en los Estados de este tipo.

Pero no sólo eso, sino que la diversidad de las competencias que han asumido las diferentes comunidades autónomas, han comportado, en cuarto lugar, que se haya establecido una situación de confusión en el funcionamiento general del Estado, dejando al Gobierno Central prácticamente sin competencias, o, dicho de otro modo, convirtiendo al Estado-aparato en un cascarón vacío. Como era de esperar, en quinto lugar, la reivindicación permanente de competencias, llevaba aparejada el aumento continuo de las clases políticas regionales, que han convertido a España en el país europeo con mayor número de políticos por metro cuadrado. Además, se ha ido fomentando la creación de empresas públicas, de televisiones autonómicas y organismos inoperantes, la mayor parte de los cuales con la única finalidad de emplear a simpatizantes, amigos y parientes.

Todo ello, en sexto lugar, fue favorecido por la modificación de la ley de las cajas de ahorro, que fueron invadidas por los políticos y sindicalistas locales, conllevando la corrupción y el despilfarro. La consecuencia ha sido que nuestras comunidades autónomas se han convertido en la mayor fábrica de déficit del Estado, hasta el punto de que ya no podemos continuar con este sistema de autonomías, de las que se ha perdido todo control, como se demuestra por el intento de rebelión encabezado por Cataluña en los momentos actuales, sin que ni siquiera nadie haya aludido al artículo 155 de la Constitución, que se hizo para algo. Semejante situación -y eso es lo peor- la conocen ya perfectamente las instituciones europeas, el Gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y, especialmente, lo que se llama metafóricamente los mercados. De ahí que mientras que no se resuelva este galimatías, España no saldrá de la recesión, por muchos parches que ponga el confuso Gobierno actual.

Sin embargo, nada de esto habría ocurrido si la Constitución hubiese establecido con claridad cuáles eran las comunidades autónomas, sus respectivas competencias, y las propias del Estado. Por el contrario, no sucedió así, dando comienzo una carrera hacia el desguace del Estado. Muchos, sin embargo, desde el primer momento afirmamos la necesidad de que se acabase el diseño del Estado. En mi caso, por ejemplo, siendo subdirector del Centro de Estudios Constitucionales, sugerí al ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas, la conveniencia de llevar a cabo una ley que estableciese el diseño final del Estado, puesto que la reforma de la Constitución en aquellos momentos no era viable. De este modo, Calvo-Sotelo cayó en la cuenta y se redactó la llamada Loapa, que trataba de llevar a cabo ese cometido en algún sentido. Pero los nacionalistas vascos y catalanes recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, y éste en una de sus desafortunadas sentencias, siempre influidas por los partidos nacionalistas, anuló varios artículos de la misma. Si esa ley, o incluso otra parecida, se hubiera impuesto, junto con el acuerdo de los dos grandes partidos, España hubiese podido tener un Estado descentralizado que habría sido beneficioso para el país. Pero no fue así.

De este modo, hemos llegado irremediablemente a la actual situación, en que después de los ocho años de Gobierno del presidente Zapatero, las cosas se degradaron al máximo. La esperanza que se había depositado en el presidente Rajoy, en el Partido Popular, por el momento han defraudado ampliamente a todos los españoles. Nos encontramos en una situación cada vez peor, pero no sólo desde el punto de vista económico, sino también psicológico. Los españoles ya no confían en nadie o, mejor dicho desconfían de todo y de todos, y, a su vez, nadie fuera de España confía en nosotros. El Gobierno tenía que haber elegido entre reorganizar o desmantelar el Estado de las autonomías, o reducir cada vez más, con recortes y subida de impuestos, el Estado de Bienestar, en perjuicio de los españoles más necesitados. Pues bien, fatalmente eligió la segunda opción, que nos lleva claramente al abismo. Pero, se quiera o no, el Estado de las autonomías ha fracasado ya estrepitosamente, y será necesario reorganizarlo en profundidad, o incluso suprimirlo, si nos lo exigen nuestros deudores y socios europeos, porque la soberanía nacional es ya una entelequia jurídica. Sea lo que fuere, o entramos en un momento constituyente para revisar nuestra Constitución o depositamos a ésta en el almacén de los objetos perdidos.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Lenguas en la UVI
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 23 Julio 2012

La National Geographic Society y el Living Tongues Institute for Endangered Languages, de Salem, dieron una noticia y formularon un pronóstico aparentemente apocalípticos: cada dos semanas muere una lengua y de los 7.000 idiomas que aún se hablan, casi la mitad se halla en peligro de extinción y será muy difícil que sobreviva más allá de este siglo (La Vanguardia, 22/9/2007, y El País, 11/4/2012). Pero... ¿es esto bueno o malo?

Vestigios del pasado
Los nacionalistas secesionistas, que viven obsesionados por la supervivencia de los vestigios del pasado, ya provengan estos del Cro-Magnon o de los fueros feudales, ponen el grito en el cielo, y equiparan este fenómeno con la desaparición de las riquezas culturales heredadas de pueblos primitivos. Si el fenómeno es producto de la legislación encaminada a asegurar la educación, comunicación y movilidad de los ciudadanos en aras del progreso compartido, estos reaccionarios nostálgicos del pasado desempolvan las acusaciones de genocidio. Es sintomático que una parte importante de la progresía comparta esta argumentación involucionista. Los nacionalistas secesionistas y sus compadres progres tachan de "jacobino" el afán de asegurar a partir de la infancia el dominio perfecto de la lengua mayoritaria. Añoran el mapa lingüístico de la Francia borbónica, mapa que Eric Hobsbawm, tan racional cuando desenmascara el nacionalismo como irracional cuando defiende su ideología comunista, describe así (Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, 1997):

En este sentido el francés fue esencial para el concepto de Francia, aun cuando en 1789 el 50 por 100 de los franceses no lo hablaran en absoluto y sólo entre el 12 y el 13 por 100 lo hablasen "correctamente"; y, de hecho, fuera de la región central no se hablaba de forma habitual ni siquiera en la región de la langue d´oui, excepto en las poblaciones, y no siempre en los barrios periféricos de éstas. En el norte y el sur de Francia virtualmente nadie hablaba francés.

El ideal de estos retrógrados hostiles a lo que ellos catalogan como jacobinismo francés podría ser Bolivia, donde, si se excluye el catellano, existen 17 unidades genéticas, o familias lingüísticas, subdivididas en 36 lenguas. O podría ser México, que cuenta con 11 familias lingüísticas, 68 lenguas y 364 variedades dialectales. Antonio Saldívar, investigador del Colegio de la Frontera Sur, un centro de investigación relacionado con aspectos indígenas en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), afirma que allí conoció

a jóvenes que han llegado a las universidades procedentes de comunidades indígenas que tienen problemas para leer y escribir en castellano. Existen algunos centros universitarios bilingües (multiculturales, los llaman) pero sus titulaciones suelen estar limitadas al área del turismo sostenible, la agricultura o la lengua (El País, 2).

Enigmática cosmovisión
Hobsbawm refuta sin ambigüedades las falacias inmovilistas e involucionistas del pasado y del presente, en todos los ámbitos geográficos, y también las denuncias de "genocidio" cultural:

En América Latina, los que presionan para que en la escuela se enseñe en alguna lengua vernácula de los indios, una lengua que no se escriba, no son los propios indios, sino los intelectuales indigenistas (...) El declive de lenguas localizadas o de poca circulación que existen junto a las lenguas principales no necesita explicarse recurriendo a la hipótesis de la opresión lingüística nacional. Al contrario, los esfuerzos admirables y sistemáticos por mantenerlas, a menudo gastando muchísimo dinero, no han hecho más que demorar la retirada del vendo, el retorromano (romanche/ladino) o el gaélico escocés. A pesar de los recuerdos amargos de intelectuales vernáculos a quienes pedagogos poco imaginativos prohibían usar su dialecto local o lengua donde las clases se impartían en inglés o en francés, no hay pruebas de que el grueso de los padres de los alumnos hubiera preferido una educación exclusiva en su propia lengua.

Los experimentos de ingeniería social que los ideólogos radicales ejecutan con algunas tribus para mantener la ficción de que las lenguas ingresadas en la UVI tienen futuro, se ensañan con niños segregados coactivamente de nuestra civilización. El zápara es la lengua de la tribu así llamada, que habita en la Amazonia ecuatoriana. Sólo cinco ancianos la hablan, pero la están trasmitiendo a 20 niños y a un lingüista de Quito, que la recogen en magnetófonos. Se entiende lo del estudioso, sobre todo porque la Unesco, obedeciendo a su enigmática cosmovisión, designó a la etnia zápara y su cultura, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, pero, ¿a santo de qué complican a esos niños en una empresa que no les reportará ningún beneficio intelectual ni material? Y al escribir esto pienso también en las criaturas condenadas a estudiar en aranés, sólo para institucionalizar una endogamia anacrónica.

Un código secreto
Periódicamente la prensa informa de la muerte del último hablante de una lengua exótica. Al morir Boa Sr, de 85 años, última hablante de bo, uno de los idiomas nativos de las Andamán, un remoto archipiélago indio, nos enteramos de que allí sobreviven tres idiomas, de los diez originales, y que una de las tribus, la de los sentinelis, sigue anclada en la edad de piedra, sin ningún contacto con la civilización, de la que se defiende con arcos y flechas (LV, 13/2/2002). Y junto con Yang Huanyi, de 98 años, desapareció la última conocedora del nushu, un código secreto de escritura que las mujeres chinas utilizaban para comunicarse exclusivamente entre ellas desde hacía 3.000 años (LV, 12/5/2009).

El profesor Claude Hagège es un acérrimo defensor de la supervivencia de las lenguas, e incluso de la resurrección de estas después de muertas, aunque reconoce (No a la muerte de las lenguas, Paidós, 2002) que:

La lucha por la vida, tal y como la concebía Darwin en zoología, puede transponerse a las ciencias humanas, y de manera singular a la lingüística. Como los animales y las plantas, las lenguas compiten para mantenerse vivas, y sólo lo consiguen en detrimento de otras (...) La muerte, podríamos decir, forma, en el ámbito del ser vivo, parte de la vida. Y esto también es verdad en el ámbito de las lenguas (...) Frente al concierto de voces que advierten de los peligros, se ha manifestado otra opinión casi contraria y que probablemente no está aislada. Según tal opinión (...) se considera paternalista el hecho de pretender que vuelvan a emplear sus lenguas aquellos hablantes que tomaron la decisión de alejarse de ellas, y no compete a los lingüistas oponerse a las decisiones de los hablantes.

Casinos indios
Hagège no imaginó que una breve digresión de su discurso podría aplicarse sin esfuerzo a la actualidad política catalana. Veamos lo que escribe Hagège:

He oído a los adversarios de lenguas indias de Estados Unidos, a los que no puedo llamar por su nombre pues se trataba de anónimos encontrados en viaje o en misión, sostener que las tribus que fingen promover estas lenguas, de las que ya no se sirven, tienen motivaciones distintas de las puramente culturales. La exigencia de restauración lingüística no sería, pues sincera. Se trataría en realidad de un noble estandarte, detrás del cual se daría cobijo a reivindicaciones económicas, como la posesión de un territorio cuyo subsuelo oculta abundantes recursos. O bien la defensa de la lengua escondería objetivos políticos, como la autonomía administrativa de una región habitada por tal o cual etnia.

Greg Harris, cacique electo de la tribu miwok pomo, ratificó con pelos y señales lo que informantes anónimos habían transmitido a Hagège, a saber, que el presidente Bill Clinton había firmado una ley que devolvía a los 600 miwok su identidad (aunque sólo 36 hablaran su lengua) y sus tierras, y que los autorizaba a abrir un casino. Un excelente negocio, porque, como le confesó Greg Harris a Lluís Amiguet (LV, 10/1/2003):

Los 384 casinos indios de Estados Unidos mueven más dinero que toda la industria del cine y la televisión (...) Eso mejorará nuestro nivel de vida porque hoy mi gente es pobre e ignorante, sólo el 8 por ciento acaba el bachillerato y más de la mitad son alcohólicos y muchos son diabéticos.

Y ya estamos en Cataluña, donde no hay lenguas en la UVI, pero sí una élite secesionista empeñada en secuestrar la cultura y en convertir la administración y la escuela en centros de catequización monolingües. El conseller de esta cultura beligerante, Ferran Mascarell, reveló sus objetivos balcanizadores en un artículo (LV, 16/7) que Francesc de Carreras contestó con unos razonamientos impecables (LV, 19/7):

Lo que sorprende a los visitantes es quizás otra cosa: que aun cuando el catalán es sólo la lengua materna del 31,6 % de los ciudadanos y el castellano la del 55%, la primera, a pesar de ser menos utilizada, tenga tanta vitalidad y presencia pública, esté tan protegida por las leyes, tanto autonómicas como estatales (...) Las falsedades victimistas del conseller tienen un objetivo: justificar la independencia politizando la lengua.

A nuestros caciques, la lengua les importa un pimiento. Sólo ambicionan conquistar la independencia. Y, si fuera posible, también un casino.

Huelga general o revolución
Xurde Rocamundi www.lavozlibre.com 23 Julio 2012

Empresario y fundador no militante de Ciutadans

Permítanme un inciso. Iba a seguir hablando del pacto fiscal, pero dados los últimos muy graves acontecimientos, por importancia, éste pasa a un segundo plano. Y me refiero naturalmente a los nuevos recortes del Gobierno del Sr. Rajoy, un atentado más a las libertades y los derechos de los ciudadanos.

Muy posiblemente y a nuestro pesar, los tijeretazos y las subidas impositivas, sean necesarios puesto que las arcas del Estado están bajo mínimos. Dicho esto, lo injusto es en quién recaen estas medidas atroces. Siempre pagamos los mismos.

El problema real de España es que nunca ha habido una revolución. Es decir, nuestra casta política (incluyo a todos los partidos), ¡no tiene miedo!

Sí, se encuentran a salvo hagan lo que hagan. Nadie les va a juzgar. Han dilapidado dinero público en obras inútiles y descomunales (aeropuertos, complejos de ocio, etc. con sus consecuentes comisiones). Han robado a manos llenas de las arcas de todas y cada una de las administraciones. Miles de estudios estúpidos encargados a empresas fantasma con adjudicaciones a dedo (por ser cuantías menores de 12.000€). Duplicidades y triplicidades en varios organismos (altos cargos a los que no se accede por oposición, sino por amiguismo). Han mangoneado las cajas de ahorro a placer, sentando en sus Consejos de Administración a compañeros de partido (los cuales, seguro que no saben ni la simple fórmula del 'carrete' para calcular los tipos de interés), practicando la vista gorda en las infames concesiones de hipotecas y otras barbaridades (a cambio de préstamos para las campañas electorales que son condonados más tarde). Viajes de todo tipo en bussines y hoteles de 5 estrellas tirando de visas costeadas por todos, sueldos desmesurados y varioscargos públicos a la vez (si eres presidente de una comunidad determinada, aparte de cobrar casi el doble del sueldo asignado al Presidente del Gobierno, tu parienta (tu mujer) puede llegar a tener más de 14 cargos entre públicos, empresas o asociaciones subvencionadas)... podríamos poner tantos y tantos ejemplos...

Millet, Montull, Camps, Fabra, Chaves, Griñán, Mas, etc. Financiaciones ilegales de los partidos, tráfico de influencias, cohechos, 3% (y más), ERES, construcciones ilegales pasándose por el forro todas las normas urbanísticas, etc.

De los grandes partidos, de momento solo se libran IU e UPyD, pero no por honradez, no, sino porque no tienen acceso al poder. El ejemplo más claro lo tenemos en Andalucía, para una vez que Izquierda Unida forma parte de la Junta, paraliza la investigación judicial de los ERE a cambio de una investigación parlamentaria (¡Terminarán en nada! Ah, y ya se han dado casos de 'reparto' de atribuciones entre familiares).

¡Ay, qué diferencia con Francia!, a un mes de abandonar el Elíseo, el Sr. Sarkozy ha pasado por la humillación del registro de su casa y despacho por el presunto fraude de financiación de su partido político.

Sin embargo aquí, ante la apabullante cantidad de casos de corruptelas y similares, ya no solo no pasan por los juzgados, sino que encima ¡no dimite nadie! (y si lo hace es porque las circunstancias tan descaradas le obligan, le otorgan otro puesto: Senado, Europa o una gran empresa)

Esto, señores míos, ya no es una cuestión de si gobierne un partido u otro, los mal llamados conservadores o progresistas, de derechas o de izquierdas. El problema intrínseco de nuestra democracia es que falla todo el sistema.

Una de las pocas buenas noticias es en el tema de las entidades locales. Se reducen un 30% el número de concejales (aunque la repercusión económica es una menudencia), y yo me pregunto:¿Por qué no se va más allá?.

Un ejemplo: el Parlamento de Cataluña tiene 139 escaños, ¿debido a qué?¿Cuál es la base de dicho número? La desconozco: Cuento las ciudades, los pueblos y por último las comarcas. Ningún número me cuadra...

Como no podemos suprimir el Estado Autonómico porque eso provocaría una Guerra Civil, ya se encargarían de ello catalanes y vascos (las aristocracias, no confundir con los ciudadanos de tan maravillosas comunidades). ¿Por qué no se les obliga a todas las Autonomías a reducir su contingente parlamentario? Un escaño por cada comarca o concejo (por ejemplo) sería más que razonable (claro, se debería cambiar la infame Ley Electoral).Menudo ahorro en sueldos (y despachos, secretariados, coches oficiales, viajes, dietas, ordenadores, visas, teléfonos, etc).

Como ya dije anteriormente, salvando las distancias, en España no ha habido algo comparable a una Revolución Francesa (les cortaron la cabeza a todos los vividores de la nobleza) o más recientemente la Revolución Rusa (los fusilaron).

Tuvimos una ejemplarizante transición. En el contexto de aquella época, llego al convencimiento de que para evitar males mayores, fue lo justo y necesario. Eso sí, todo el mundo salió impune, nadie purgó sus culpas, y esa impunidad es la misma de la que gozan nuestros actuales líderes.

En todos estos años, aprovechándose de la buena fe de los ciudadanos de a pie, la Constitución no se ha revisado en profundidad, no se ha ido adaptando a los nuevos tiempos.

La casta política y los grandes capitales viven en su nube, apartados de la realidad social. Nos concedieron, como si de una limosna se tratara, unas libertades y derechos, que ahora nos cercenan porque ven peligrar su status quo.

Éramos muchos, demasiado iguales: si todo el mundo maneja más o menos dinero, ¿cuál es el sentido de este? Pierde todo su valor. Todavía existen clases...

Las ideologías ya no existen, todos y cada uno de ellos viven por y para el capital (lo denominan 'los mercados', sí, qué abstracto, a mi me lo expliquen). No se libra nadie. Incluso elRey. Durante muchos años ha ejercido su papel envidiablemente, pero ya pasó su época, el venerable anciano ya chochea en su afán de no aceptar su senectud (caza de elefantes y princesa escandinava de 40 años), y eso sin hacer mención de los desmanes de su yerno.

¿Y los sindicatos? ¿A quién no le da grima ver en televisión al cara mono barbudo y al bigotes cano, sabiéndolos vendidos a la subvención y dependiendo de quién gobierne te lían una huelga o no?¿Quien se fía ya de ellos lo más mínimo?

Suenan los tambores, las manifestaciones, nos invade la sombra de la huelga general, ¿para qué sirve? Os lo digo yo: para nada. Un día paralizando por medio de piquetes agresivos la poca actividad industrial, ¿y el día después? ¿Cambiará algo? ¿Rectificará el Gobierno las medidas adoptadas? ¡por favor!

Negro panorama tenemos. Sin embargo hay solución antes de llenar las calles de gente inútilmente:

Solo es una cuestión de números, a saber: 5.600.000 parados, 3.000.000 de funcionarios (incluyendo policías, esos de la porra en las manifestaciones, los cuales también se ven afectados por las bajadas de sueldo y se quedan sin paga de Navidad), 8.000.000 de jubilados, 2.000.000 de autónomos (pequeños empresarios, comercios, etc).

Con estos datos en la mano se realiza el siguiente paso:

Un grupo de intelectuales de trayectoria intachable redacta un manifiesto con las exigencias adecuadas del pueblo llano a nuestros líderes políticos. Podrían ser nombres tales comoFernando Savater, Javier Nart, Arcadi Espada, José Domingo, Fernando Ónega, Pérez Reverte, Leguina, Julio Anguita, Rodriguez Ibarra, Luis del Olmo, Gustavo Bueno... (muchos, sino todos, tienen implicaciones políticas de todo tipo. Por cierto, ya hay un documento parecido, muy light, el cual no ha tenido repercusión mediática alguna, y antes de las Elecciones Generales, circulaban videos anticipándose a los hechos.

Y para rematar se busca la rúbrica de personajes públicos de mucho tirón, tanto en el ámbito deportivo como artístico, que aunque en la distancia y sin pasar por penurias económicas (y varios de ellos 'coticen' en paraísos fiscales), ven con preocupación todo lo que pasa en nuestro país, como por ejemplo Fernando Alonso, Pau Gasol, Rafa Nadal, Antonio Banderas, los Bardem, Iker Casillas, Indurain o Julio Iglesias.

Por último, con tan ilustres padrinos, el documento se publica en los medios y se distribuye por la red en busca del apoyo masivo de la población en general. No bastan unos miles de firmas, ni siquiera cientos de miles, sino millones. Una vez conseguido se entrega a los destinatarios.

Para surtir el efecto deseado la misiva ha de tener unos acuerdos mínimos, ha de ser coherente, escueta, concisa y sin ambages, algo así como:

Estimados señores Rajoy y Rubalcaba:

Estando de acuerdo en que la situación es de emergencia nacional, y aún no gustándonos en absoluto las medidas adoptadas pero aceptándolas de manera temporal hasta capear el temporal por la urgencia de los mercados. Pedimos compartir la carga portodos los estratos sociales y bajo el convencimiento de que ustedes son servidores públicos, y el principio de la democracia es de abajo hacia arriba, y habiendo dejado atrás en el tiempo las 'dos Españas', siendo como es un país de ciudadabnos iguales:

Los abajo firmantes les exijimos bajo la autoridad que nos confiere el ingente número de declarantes lo siguiente:

1.- Que en el plazo de un mes a partir de hoy PP y PSOE se ponga de acuerdo y formen un Gobierno de Concentración o Emergencia para poner los medios necesarios para salir de la actual crisis. Como es una cuestión de consenso tendrán en cuenta las opiniones e ideas de los líderes de los otros partidos de ámbito nacional, es decir, llamen a consulta al señor Cayo Lara (IU)y la señora Rosa Díez (UPyD).

2.- Que las Administraciones sean reducidas a tres: Estado, Autonomías y Ayuntamientos.

2.a.- Se concretarán de forma definitiva las competencias que correspondan y asuman cada Administración. Exteriores, Defensa, Educación y Sanidad, serán competencia exclusiva del Estado, así como todas aquellas de carácter genérico y que afecten al total de la población o puedan representar algún tipo de desigualdad entre ciudadanos de distintas Comunidades.

2.b.- El número de escaños en los Parlamentos Autonómicos será igual al de comarcas o concejos de que estén dotadas las divisiones territoriales de cada Comunidad.

2.c.- Se reducirá el número de Ayuntamientos, siendo 5.000 habitantes el número mínimo para denominarlo como tal y dotarlo de alcalde.

2.d.- Si no es efectiva su desaparición, el Senado al ser una Cámara Territorial, el número de Senadores será el equiparable al número de territorios que representa, es decir 17.

3.- Separación real de los tres poderes. Serán los mismos órganos del Poder Judicial quien designará a sus representantes en los altos Tribunales, primando el historial y la profesionalidad sin implicaciones políticas.

4.- Las Cajas y Bancos intervenidos por el Estado no podrán ejecutar, desalojar y/o desahuciar las viviendas por hipotecas impagadas por un periodo de 24 meses, ya que sanean sus activos tóxicos del ladrillo con dinero público.

4.a.- De manera cautelar a todos los miembros de las Juntas de Administración de las citadas entidades intervenidas se les retendrán sus cuentas corrientes, devolverán las indemnizaciones percibidas y se les investigará la mala gestión de los últimos 5 años por medios de auditorías. En caso de contemplar delito será efectiva la prisión preventiva.

5.- Todos aquellos políticos presuntos implicados, implicados o recaigan sospechas en delitos varios como: prevaricación, favores, asignaciones a dedo, ERE, cohecho, financiación ilegal del partido, etc, serán apartados de toda función pública sin excepción y suspendidos de empleo y sueldo hasta la resolución judicial.

6.- Los sueldos públicos tendrán como base reguladora el del Presidente del Gobierno, en proporción a las responsabilidades y al número de personas en que influyan sus decisiones.

7.- Cambio de Ley Electoral. Circunscripción única, doble vuelta, un máximo de 2 legislaturas. Los votos en blanco serán computables con escaños vacíos. No podrán acudir a las Generales aquellos partidos cuyo ámbito no sea estatal.

8.- Abdicación de Don Juan Carlos I en favor de Don Felipe de Borbón.

9.- Todos los comicios se realizarán en la misma jornada, tanto Elecciones Generales, Autonómicas como Locales.

10.- Una vez concluido el periodo de crisis de los mercados y recuperada la economía española, se disolverán las Cortes y se procederá a unas nuevas Elecciones aplicando la nueva Ley Electoral.

Post: En caso de no acceder a nuestras peticiones, nos reservamos el derecho de actuar en consecuencia y ustedes serán los culpables de cuanto ocurra, siendo juzgados a posteriori cuando todo esto acabe.

Y si no cumplen en el plazo establecido después de recibir la carta, entonces sí se actúa: entonces es el momento de la huelga general indefinida. Paralizar el país entero sea al coste que sea, de llamar a los mineros astures, de ponerse en contacto con el movimiento 15M, con los radicales de un extremo y otro, es el tiempo de los cócteles molotov, de quemar cajeros, de asaltar los Parlamentos, el Congreso, de armarse con palos, de sacar el dinero de los bancos dejando las cuentas corrientes vacías, de pegarse con la policía, de atracar todos los grandes centros comerciales, a la fin, de sembrar el caos ¡el día de la Revolución!

Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno. A tiempos duros, música dura. A grandes males, grandes remedios. Será muy duro para nosotros, mucho, pero saldremos adelante. Las clases dirigentes, Europa y los mercados adquirían conciencia del serio aviso: en una democracia, la soberanía recae en el pueblo.


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