AGLI Recortes de Prensa   Jueves 26 Julio 2012

La confianza perdida
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 26 Julio 2012

La batalla de la confianza la ha perdido el Gobierno en siete meses. Los ciudadanos denuestan a los políticos y se dan arrimones con populismos reciclados, extremismos izquierdistas y baladronadas ultras. La ciudadanía española sigue, por lo visto teniendo un muy alto concepto de si misma, que es cosa que habría de mirarse, pero que hoy no toca. Hoy toca Gobierno.

Mariano Rajoy tiene ante si un horizonte mucho más pavoroso de lo que pudo imaginar nunca. Heredó una ruina, sin duda. Pero al intentar salvarla lo que le está sucediendo es que la casa se le está viniendo literalmente encima y amenaza con dejarlo enterrado bajo los cascotes. El problema adyacente, y no menor, es que sepultados quedamos todos los filisteos.

El presidente español tiene muchas razones para estar perplejo. Le dice a los españoles cual es la realidad de una situación límite pero todos parecen creer que basta con recortarle al vecino y nunca a ellos. Y claro todos son el vecino aunque ninguno quiera serlo. Pero aún más desconcertado está porque hace todo lo que le dicen que haga en Europa y una vez que lo ha hecho, con harto dolor y desgaste, le dan una palmadita y lo dejan tirado como a una colilla.

Y por ahí está el primer frente. El exterior. La batalla ha de librarse en Europa. A cara de perro y sin contemplaciones. Hay que hacer frente y plantar cara. Porque no es tolerable en absoluto ni lo que hacen Merkel y sus aliados ni lo que pretenden para el futuro. A pesar del acto fallido de ayer, desmentido obligatoriamente por el desliz de un bocazas que fue nuestro representante, ese rio lleva agua y el acuerdo Monti- Rajoy y Hollande debe obligar a la UE a cumplir los pactado, a respetar su propia palabra y a apoyar como debe a sus miembros. Don Tancredo Draghy debe ser amonestado y si es menester desalojado. ¿O es que resulta que el presidente del BCE es como un emperador intocable?. Ni España ni Italia pueden pagar esos intereses, ni deben, ni es justo, ni es de recibo que se de barra libre a los especuladores.

Pero para recuperar la confianza los pasos esenciales debe darlos Rajoy en el interior. En lo que le falta hacer y no parece ni el ni la clase política tener la decidida voluntad de lleva a cabo. Su propio ERE, el de los politicos, y la depuración de responsabilidades penales de los responsables del contubernio económico-político de las Cajas de Ahorro. Las comparecencias parlamentarias son pura filfa y esa bancarrota deben sustanciarla los tribunales. Y castigar a los culpables sin parar en mientes de cual es la sigla en la que se han cobijado.

Ello no es otra cosa que meterle mano a las Autonomías y al conjunto del Estado, al clientelismo, a la pléyade inmensa de “colocados, a todo rastro de privilegio y en suma a los 17 reinos de taifas en que se ha convertido España. Tan claro y tan difícil de hacer. Porque el gato, los gatos, no se ponen a si mismos el cascabel si no se lo ponemos nosotros.

Esa es la tarea. Que suena a imposible. Pero que resulta ser la única salida. Tampoco hay otra. No hay escape. Y desde luego no están los ánimos para que lo haya. Como tampoco para que por huir pretendan más sacrificios en todos. Los recortes sociales ya han tocado el techo, la carga impositiva a las gentes de a pie también y cualquier recorte que afecte al crecimiento y la perdida de energías productivas debe ser descartada. Los recursos que nos queden deben ser empelados sin demora en ello. Y para ello el presidente electo debe liderar esa verdadera y substancial reforma. Convocando a la oposición, poniendo al PSOE en la encrucijada de apoyar de verdad o no hacerlo esa reforma trascendental de estructura. Con todo encima de la mesa: Estado Central, Autonomias, Empresas Públicas, Diputacionesy Ayuntamientos y por supuesto traducida en reducción de escaños, asesores, contratados y enchufados. A retratarse todos.

PD. Resulta estremecedor que en la actual tesitura el Gobierno parezca resignado al fraude. Su repudiable amnistía fiscal, ineficaz encima, debe quedar suspendida. En vez de ello y en todos los tramos debe darse paso a una verdadera cruzada contra el fraude. Sin bula alguna. Por supuesto a los grandes defraudadores pero también a cualquiera que lo ejerza. Y sin inmunidad sindical alguna, que ahí tampoco es pequeña la bolsa.

Una nueva "gran estafa" se cierne sobre España: un Gobierno de Concentración
Francisco Rubiales Periodista Digital 26 Julio 2012

Han sido incapaces de unir sus esfuerzos en los momentos duros, cuando España los necesitaba, pero ahora, cuando ven en peligro su poder, los dos grandes partidos políticos españoles, el PSOE y el PP, expertos en trifulcas y en cuchilladas, hablan de unirse y de formar un gobierno de concentración. La verdad es que no se trata de un movimiento patriótico o de una conversión a la sensatez, sino de un intento de mantener el poder si España fuera intervenida. Los culpables del desastre quieren seguir en el poder también en el caos y el dolor que ellos mismos han provocado.

Asustados porque la economía sucumbe, la calle se inflama y la quiebra del Estado y la intervención internacional son cada día más probables, los dos grandes partidos políticos españoles preparan una nueva "gran estafa" a los ciudadanos españoles para perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios y ventajas incluso dentro del caos. Han empezado a hablar entre ellos y han dado órdenes a sus voceros y propagandistas para que planteen la necesidad de un "gobierno de Concentración", una fórmula de emergencia para conservar el poder, incluso cuando España sea intervenida y la furia popular estalle.

Algunos políticos y empresarios ya se reúnen en lugares apartados, lejos de las cámaras, para preparar ese futuro "gobierno de concentración", con el que los dos grandes partidos políticos culpables del desastre de España, el PSOE y el PP, pretenden mantenerse en el poder para conservar sus privilegios y seguir controlando a sus víctimas, incluso dentro de la rabia que se desate por el fracaso de una clase política que ha conducido al país hasta la pobreza, el fracaso y el dolor. Una de esas reuniones sospechosas se produjo el 19 de julio pasado, en el lujoso Hotel Wellington de Madrid, finalizada con un almuerzo en el que, según afirman, estuvieron José Bono, Eduardo Zaplana, Marcelino Oreja, Carlos Solchaga, Martin Villa, Fernando Suárez, Ángel Acebes, Fernando López Amor, Suárez Pertierra, etc...

Observen o escuchen las tertulias y descubrirán, a partir de ahora, como los "perros" al servicio del poder ya han recibido instrucciones para hablar en favor de ese futuro gobierno de concentración. Con esa fórmula, los partidos quieren evitar que la ira popular les condene a la desaparición, que los políticos culpables del desastre, como ha ocurrido en Grecia, sean penalizados por el pueblo indignado y que a España nunca llegue un Monti o un gobierno tecnócrata, libre de las trabas y compromisos de los partidos políticos, para encauzar la economía y enderezar el rumbo dramático de España.

El gobierno de concentración está siendo promocionado desde la trastienda, con sumo cuidado, como corresponde a un proyecto extremo de supervivencia, pero los dos grandes partidos quieren evitar por todos los medios que se sepa que es un proyecto de ellos mismos. Quieren presentarlo como una demanda popular, como una aspiración de los ciudadanos y para lograrlo han soltado a sus voceros. El 20 de julio, en una tertulia del medio dia en la Sexta, ya proclamaban las bondades de esa coalición de verdugos algunos servidores del poder, entre ellos uno que que fue alto cargo de la Junta de Andalucía y que goza de la plena confianza de un PSOE que quiere evitar por todos los medios que le ocurra como le ha ocurrido al PASOK griego, que ha quedado pulverizado como consecuencia de la furia ciudadana, que le culpa, con razón, del desastre económico, de la intervención, de las terribles penalidades que padece el pueblo y del fracaso general de Grecia.

El gran argumento que utilizarán los sometidos al servicio del poder para conseguir que los dos partidos que han hundido a España sigan mandando, pese a los estragos causados, es que un gobierno de concentración "es democrático" porque estaría respaldado y representa a la mayoría de los electores, mientras que una troika o un gobierno de tecnócratas es una imposición exterior. Pero el argumento olvida y oculta una realidad nueva y de enorme peso: los españoles, ante los daños causados por el PSOE y el PP, están tan indignados, cabreados y deseosos de cambio, que, con toda probabilidad, castigarían duramente a esos dos partidos en las urnas y apoyarían a partidos nuevos, sin responsabilidad en el desastre nacional, como ha ocurrido en Grecia. Es probable que, en una situación de fracaso e intervención externa de España, PSOE y PP juntos no consiguieran ni siquiera un 30 por ciento de los votos ciudadanos.

El gobierno de concentración es una artimaña de los grandes partidos para conservar su poder y sus privilegios, un truco para no tener que pagar los daños causados a la nación y para evitar el lógico y saludable castigo que merecen por sus errores, traiciones, corrupciones, arbitrariedades y estragos.

Lo lógico, si España es intervenida, es que los causantes del desastre, concretamente los dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y conducido a la nación hasta el despeñadero, asuman su responsabilidad, que el gobierno presente la dimisión y que dejen que los ciudadanos decidan en unas nuevas elecciones, que se convocarían cuando el desastre que ellos han provocado esté por lo menos frenado y en vías de solución. Un "gobierno de concentración" habría tenido sentido en 2008, cuando la crisis ya era demoledora y Zapatero la ocultaba miserablemente para no perder las elecciones y mantenerse en el poder. Entonces, el esfuerzo conjunto de los dos grandes partidos políticos habría sido un gesto patriótico y responsable, pero hoy es una nueva estafa, un movimiento más de engaño y manipulación que no tiene otro fin que mantener a los verdugos al frente de un poder que merecen perder por sus fracasos, mentiras, desvergüenzas y traiciones.

Voto en Blanco

¡Santiago y cierra España!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Julio 2012

Ya ni siquiera es festividad nacional el día del apóstol Santiago, icono de la reconquista y donde el magnífico templo catedral donde reposan supuestamente sus restos, es un lugar de peregrinación de la cristiandad desde hace siglos. Pero es que España ni es lo que era, ni los santos son ya de todos. Cada uno se apunta al suyo para diferenciarse de los demás. Cada Iglesia tiene apellidos coincidentes con las Autonomías secesionistas, en una pugna surrealista que solo es la patética imagen de la descomposición que afecta a toda España.

Lo que prima ahora es el día de la Comunidad, uno del calendario que cada cual se ha inventado en función de hechos históricos traídos a colación para justificar un sentimiento de festividad y clamor popular inexistentes. De hecho, el día de España se diluye en algo tan gastado como el día del descubrimiento de América o día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Porque si hay algún sentimiento contrario a España es precisamente el de la mayoría de los países hispano americanos, llamados Ibero americanos en un intento de distinguir la participación de lo que es ahora Portugal en aquella efemérides. Una distinción cateta que olvida que Hispania era todo el conjunto de la península Ibérica como provincia de Roma.

Pues tras esta breve introducción que solo quiere reivindicar la pérdida de los valores e iconos que han sido parte importante de la unidad de España, quiero hacer un llamamiento a mis conciudadanos para que no se dejen llevar por esta casta política por el camino que nos han trazado de la desunión, de la insolidaridad y del egoísmo provinciano. Un sistema que se inventaron los llamados “Padres de la Constitución”, uno de cuyos integrantes acaba de fallecer, D. Gregorio Peces Barba. El, junto a los ya fallecidos D. Manuel Fraga Iribarne, D. Gabriel Cisneros Laborda, D. Miguel Herrero y de Miñón y los aún supervivientes D.José Pérez-LLorca, D. Miguel Roca i Juvent y D. Jordi Solé Tura, son los auténticos responsables del monstruo que está llevando a España a una de sus peores etapas en la Historia.

Parece ya evidente que solo es la casta política corrupta y corruptora que domina todos los resortes del poder, la que sostiene que el sistema autonómico, que la Constitución definió, sigue siendo válido y lo que más conviene a los ciudadanos al acercar el poder a las necesidades que demandan dichos ciudadanos. Falso, en toda su exposición. Porque ni es el sistema que más conviene, al potenciar las exclusiones y fomentar el separatismo nacionalista, ni se ha logrado resolver los problemas de los ciudadanos, aunque sí los de casi 450.000 políticos, siempre dispuestos a vivir a costa de los impuestos sin aportar nada salvo la ocupación de una cuota de poder y de prebendas.

España necesita una reforma en profundidad de su estructura pública, y esta pasa ineludiblemente por el desmantelamiento de este sistema inviable de autonomías y de todos los tentáculos que salen de cada una de esas cabezas. Porque la estructura del Estado de España es una Hidra de diecisiete cabezas dispuestas a devorar todo lo que se le presente a su vista. Y la única forma de acabar con ella es atacar directamente su corazón, es decir, a su economía ya dramáticamente empobrecida. Y ese ataque persistirá hasta que se logre abatirla. Y sus verdugos serán aquellos que durante años se han dedicado a alimentarla y a permitir que creciera sin control. La propia UE.

Estamos en un periodo en el que nuestro futuro como Nación se decide desde fuera de nuestras fronteras, desde países que son competidores directos y no socios, en una economía global donde prima la deslealtad, el oportunismo y los objetivos individuales de cada país que busca sobrevivir a costa de lo que sea. Por ejemplo, no parece muy ético que el máximo responsable del BCE que pone tantos reparos a las ayudas a España, sea de la nacionalidad de un país intervenido y que no dudaría en que España sufriera la misma suerte e incluso se separase del euro.

No podemos creernos las buenas palabras si estas no van seguidas de hechos claros, porque el resultado puede ser catastrófico. Lo del frente común es solo un espejismo en un desesperado intento para hacer creer que se tiene una posición de fuerza a la hora de negociar. Los propios aludidos se han encargado de hacer ver que ese frente es inexistente. No sé si el Ministro de Economía va a sacar algo más que buenas palabras. Si eso de la Licencia bancaria, suena como a lo del límite de gasto de las autonomías que se cargó Zapatero y que nos ha llevado a esta situación. Lo que espero es que, por el bien de España, la UE no siga como si esto no le afectara y acabe de una vez con las especulaciones de los mercados.

Al final tendremos que invocar a nuestro Apóstol y decir aquello de ¡Santiago y cierra España!Lo malo es que al mirar atrás no parece que haya tropas a las que arengar, pues más parece el ejército de Pancho Villa.

¡San euro y cierra España!
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC  26 Julio 2012

España no dejó de expandirse y proyectarse mientras tuvo clara su identidad

DESDE que fuera milagrosamente «descubierto» el sepulcro de Santiago allá por el siglo IX, precisamente en la minúscula porción de territorio hispano liberado de la dominación musulmana -¡qué afortunada «casualidad»!- nada ni nadie real, simbólico o imaginario ha contribuido tanto a unificar esta Nación como ese Apóstol guerrero que aparecía providencialmente en medio las batallas libradas contra las huestes del Islam, montado en su caballo blanco, enarbolando el estandarte cristiano. ¡Santiago y cierra España! -gritaban los soldados antes de lanzarse al combate. Y el santo les escuchaba y les infundía coraje, con el feliz resultado de guiarles a la victoria.

España no dejó de expandirse y proyectarse mientras tuvo clara su identidad. Lo hizo a lo largo de casi un milenio, dejando tras de sí un legado imborrable en la Historia universal. Luego vino la caída del imperio, el pesimismo derivado de ese encogimiento imparable, la dictadura franquista, paradigma de pequeñez, y por último la Transición, repleta de luces y sombras. Alumbrada por el sol de la democracia, consolidada al fin tras varios intentos fallidos sobre los cimientos de una clase media tan mayoritaria como acostumbrada al trabajo, pero cubierta de nubarrones provocados por el funesto «café para todos.» Una amenaza que ha estallado hoy en la feroz tormenta que nos azota.

España corre el peligro de desaparecer, desangrada por esos diecisiete mini-estados autonómicos que han engordado a su costa a semejanza de las pulgas. Nacieron esos gobiernos territoriales con el presunto propósito de acercar la Administración al ciudadano y ofrecerle mejores servicios, pero el tiempo los ha convertido en parásitos insaciables. Unos más que otros, por supuesto. Tanto más dañinos cuanto mayor ha sido su ambición de acaparar competencias dotadas de los correspondientes recursos. Y sumamente gravosos para el contribuyente, a la par que destructivos, los que han dedicado gran parte de su dinero y el nuestro a sus políticas de «construcción nacional» (y consiguiente disolución de la única Nación que consagra la Constitución) consistentes en subvencionar la lengua vernácula en la cultura e imponerla en la educación a costa de discriminar al castellano y relegar el inglés a una «maría», abrir embajadas en el extranjero (unas cincuenta tiene Cataluña), dotarse de un remedo de Fuerzas Armadas en forma de policía autóctona, y demás disparates perpetrados mientras crecían por doquiera aeropuertos, palacios de congresos y trenes de alta velocidad innecesarios.

En menos de cincuenta años se ha multiplicado por tres el número de empleados públicos, sin que el beneficio resultante para el ciudadano se aproxime remotamente a su coste. Los partidos se han convertido, con alguna honrosa excepción individual, en maquinarias destinadas a conseguir o conservar el poder. Y dado que éste nunca resulta suficiente para colmar todos los anhelos, han ido multiplicándose los pesebres en los que alimentar a tanta gente sumisa ansiosa por ser premiada. Hasta llegar a donde estamos, con un pie en el precipicio y el otro asomándose a él.

La única baza que juega a nuestro favor es que para salvar al Euro es preciso rescatar de algún modo a España, tarea que a su vez implica someter a una voladura controlada todo este tinglado despilfarrador que es el Estado autonómico. El primer paso se ha dado con la petición formal de auxilio formulada por las autonomías quebradas. Tendrán que seguirle otros, a cargo de un gobierno central que va a necesitar coraje. Digamos todos a una:

¡San Euro y cierra España!

Siete medidas que eliminarán la prima de riesgo
José M. de la Viña El Confidencial 26 Julio 2012

Cuanto peor, mejor pontificamos hace un año. La primera parte del aserto ya llegó. A la segunda no se la espera. Duro empeño el demostrado en retrasar tal venturoso acontecimiento.

Falta una estrategia firme en España, algo más que pegarle la puntilla, dar palos de ciego. El tiempo se acaba. Empecemos:

- Un nuevo equipo de comunicación en el gobierno, que vocee de manera coordinada y con acierto, un uno por ciento de prima de riesgo. Plazo de implantación: un mes.

- Liposucción rigurosa del exceso demencial de grasa política, pesebres y caraduras. Ajustando el gasto social al tamaño de este encogido morral, aunque arda la calle; lo cual no pasará si se explica bien que, donde no hay, no se puede sacar. Un uno por ciento. Tres meses.

- Medidas contracíclicas en vez de cíclicas centradas en inversión productiva, reduciendo inútil gasto corriente, un uno por ciento. Seis meses.

- Armonización legislativa entre nacioncitas, coordinación burocrática entre ellas; un único mercado patrio algún día europeo, remar todos juntos y no a la contra, un uno por ciento. Plazo: un año.

- Creación de un estado de derecho, desmantelando el chiringuito existente al servicio exclusivo de lobbys y políticos, separando los tres poderes del Estado, un uno por ciento. Dos años.

- Estrategia específica para generar actividad productiva, nuevas industrias que puedan generar empleo respetuoso con el planeta, con nuestros semejantes, riqueza natural y no solo material. El resto de la prima de riesgo. Plazo: eterno.

- Lo más importante: dar la oportunidad de gobernar a gente inteligente, dura, valiente, sin acanallar, con saber y tenacidad, con sensatez y coraje. Los tarugos de siempre ya sabemos lo que dan de sí. Nos jugamos el futuro en ello.

La triple actuación…
El gobierno, además de una reformulación, debe formar dos grupos de trabajo transversales, ejecutivos, autónomos, dependientes de él y supervisados por quien pone el dinero. Es inevitable. Las juergas hay que pagarlas y la incompetencia de los democráticos gobernantes también, para eso los votamos.

El primero de la tijera inmisericorde, sin piedad con el gasto superfluo y delirante, salvaguardando la inversión productiva. Que actúe con especial intensidad con la corrupción, la burocracia redundante, autonomías, politiquillos y ayuntamientos. Con capacidad para desburocratizar a capón, para racionalizar tanta redundancia estúpida y paralizante; tanto gasto, social o no, insoportable.

En segundo lugar, un grupo que se dedique a la reconstrucción del país con los fondos liberados por los anteriores y la limosna europea. Creando una estrategia de crecimiento específica, respetuosa con el planeta, con la naturaleza, con todos los que en él habitan. Fomentando la reindustrialización de España, nuevos nichos de empleo, especialización; poniendo las bases de la competitividad futura mediante seriedad, innovación y rigor.

Creando un banco industrial bueno, sin hipotecas ladrilleras ni corruptelas a las espaldas. Como los de hace cien años. Que se dedique exclusivamente a financiar actividad especializada, a crear empleo. Una legislación unificada que fomente la productividad, la unidad de mercado; que restaure la confianza de nuestros socios, de los mercados, de todos nosotros.

Remando juntos partidos políticos, sindicatos, empresarios, ciudadanos. Si hay que traer gente de fuera para ayudarnos a corregir este desvarío, a controlar tanto desalmado, cargarse el tribalismo patrio, se hace. Para eso ponen dinero.

Mejorando, de paso, la comunicación del gobierno. Para que deje de hacer el primo. No se trata solo de hacer, sino de parecer que hace. De generar confianza. También en eso se fijan los mercados. Italia y Francia son expertos en vender motos igual de averiadas.

Si palpan incoherencia, cambios de tercio repentinos, duda, improvisación, atisbo de caos o chapuza en la información seguiremos pagando por ello un tanto por ciento elevado. Lo estamos comprobando.

…que nos libere de la trampa de la microeconomía…
De momento hacemos lo contrario. La elasticidad de la oferta y la demanda que propugna la microeconomía, nunca mejor denominada por su pequeñez científica, no se estila por aquí.

Retiramos mediante impuestos liquidez al ciudadano y se lo damos a la administración, de la cual ya conocemos su eficacia en gastarlo. Piensa que así recaudará más. A muy corto plazo será verdad. Qué ingenuidad a medio plazo.

Con ello hacemos la economía menos competitiva, desgraciamos la demanda, nos cargamos la oferta, lastramos a autónomos y pequeñas empresas, los únicos capaces de generar sueldos. Reducimos, pues, los ingresos de manera temeraria y torpe.

En vez de aumentar la eficacia de la administración, dejarla con cinturita de avispa, cerebro de halcón y protección razonable al ciudadano, sin hacerle cliente cautivo del partido, convertirlo en incívico barrigón, o indignado huevón huérfano de deber, pleno de derechos inalienables, aumentamos sus cartucheras al privar al sector privado de fondos que fomenten la innovación, el consumo responsable, la capacidad de inversión.

En vez de coger el toro por los cuernos para desmantelar la burocracia asfixiante, las legiones de caraduras que viven a su vera, no hablo de funcionarios, sino de los inoperantes cargos que abrevan, proporcionamos onerosas cataplasmas al inepto. Aumentamos, pues, los gastos de manera suicida.

…del indecoroso lastre del oligopolio amigo…
Toleramos expolíticos que viven a sueldo del oligopolio amigo, que devuelve el favor con prebendas. Prebendas que pagamos entre todos los españoles a costa de la eficiencia del país, de tarifas elevadas, de falta de competitividad, de profesionalidad, de decencia. De incompetencia en multitud de sectores, los servicios públicos de antes, que lo están al de unos pocos.

Si hubiese aquí investigadores, estudiosos o librepensadores se podría calcular el coste de tales aberraciones corporativas, comparando su funcionamiento con el de los existentes en lugares avanzados en eficacia y mayor competencia.

Tanto Urdangarín, Salgado o Acebes que vive por la cara de las multifacéticas telefónicas mal reguladas en todos los sectores. No solo por su sueldo en sí, sino a causa de las facturas devengadas a cambio de trato de excepción pasado o futuro, de anómalos beneficios recurrentes, de tolerancia hacia la floja gestión.

…que aligere tanta caspa, villanía y corrupción…
En España, por mandato de Alemania y mal aplicación nuestra, los ingresos están pasando de la economía real, poco productiva, a la economía estatal, generalmente ineficiente, destructora de competitividad futura, de riqueza presente: un nuevo comunismo pueril e imprudente.

La riqueza efectiva del país disminuirá con tanto impuesto al reducir la competitividad de aquellos que pueden revitalizarla, al drenar crédito a empresas y empresarios, liquidez al ciudadano. Estamos poniendo cada vez más zancadillas a la poca economía productiva que queda, que agoniza sin piedad.

La reducción del gasto, más allá de medidas cosméticas, se dedica a aniquilar inversión, apenas gasto corriente. Los pesebres siguen intactos. Lo que es peor, hacen que hacen lo que han hecho siempre: seguir engordando.

Tenemos cobrando más políticos que nadie. Buen lugar donde podar. Suelen ser los más ineptos. Los que valen para algo en España no se dedican a la política. Los buenos profesionales se niegan a taparse las narices del peloteo y la putrefacción, a pasar por el aro del mediocre líder del montón. Tienen dignidad, pundonor y algo de honor. Muchos independencia, algunos hasta decencia.

Se criminaliza a los funcionarios, da igual que sean sanitarios, docentes, soldados, policías, jueces, burócratas o parásitos. No todos son iguales. La mayoría cumplen, más que cumplen.

Hay que centrarse en los últimos, los que viven a costa ajena, los del tópico: vuelva usted mañana. En los encargados de inflar la horripilante burocracia, ineficiencias, duplicidades, las competencias multiplicadas. Hay que mandarlos a paseo, mejor que no hagan nada. ¿Aumentar su productividad? Tiemblo.

Es necesario disolver el oligopolio amigo, la subvención indiscriminada, al que se queja porque se queja, al jeta por el mero hecho de serlo y cobrar por ello.

…dedicando crédito a las empresas…
Dedicar los escasos fondos disponibles a fomentar la actividad productiva, el crédito a las empresas. Al empresario con imaginación y ganas, al joven con determinación y empuje, al viejo con oficio y agallas.

En volver a activar de nuevo la maquinaria industrial y productiva una vez hemos comprobado como las cartas ladrilleras a los Reyes Magos estaban marcadas; cómo la inflamación del consumo salvaje a base de crédito y deuda, piedra filosofal de políticos, tragedia de nuevos ricos, de druidas patrios y foráneos, no era tal.

Jubilando la hipocresía contable que destruye el medioambiente, tal y como la definíamos ayer, para acabar con la deslocalización, la injusticia y las guerras.

…que permita a España resurgir de las cenizas una vez más
El cachondeo ha terminado. Estamos quebrados. Es por incompetencia. Es por el crédito. Es por la corrupción. Más bien por codicia, por cochina felonía y podrida ambición. Evidentemente por insensatez, sobre todo por ignorancia. ¿De qué nos quejamos?

Señor Rajoy. Está todo por hacer. Acaba usted de empezar y ya se rinde. Espabile de una vez buen hombre.

Los milagros son posibles si a la heroica minoría esforzada, a la irreductible España genial, laboriosa y tenaz, la tercera España que siempre ha tirado del carro, le permiten por fin hacerlo.

Hasta septiembre con el agua al cuello, el pescuezo retorcido, el gaznate exprimido, el resuello estrujado y la resurrección de esta vieja piel de toro pendiente, una vez más, de encontrar quien la capitanee con seso, eficacia y honestidad, su maldita tragedia ancestral.

Autonomías: se acabó lo que se daba
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 26 Julio 2012

«E l Estado autonómico es un invento asombroso, pues las comunidades tienen una ventaja sobre las demás instituciones: gastan mucho, pero apenas recaudan impuestos». Tan jocosa, y certera, reflexión se la escuché hace años a Jordi Solé Tura, padre de la Constitución y hombre nada sospechoso de ser contrario a la descentralización: él fue, de hecho, uno de sus más decididos impulsores, aunque dudo que, si aún viviera, estuviera satisfecho del resultado final de aquel empeño.

Y ello porque el rescate de Cataluña, que se añade a los de Valencia y Murcia, no es solo el efecto de un delirante dispendio, sino también de otros dos factores que no deben olvidarse si queremos retomar la senda de la responsabilidad: un sistema de financiación sin semejanza en el mundo federal; y la patológica obsesión de las élites autonómicas por reproducir en sus territorios la estructura del Estado.

Sobre el despilfarro de nuevos ricos en ciudades de una cosa o de la otra, palacios y auditorios, estadios y circuitos, terminales y estaciones, nada diré, pues es de todos conocido: ni partidos ni comunidades pueden librarse de ese escándalo, que ahora al fin nos ha estallado entre las manos.

Pero este dispendio bochornoso no nace exclusivamente de la frivolidad de unos políticos carentes del sentido de lo público sino también de un sistema de financiación en el que las comunidades que gastan cientos de miles de millones apenas soportan el coste electoral de la recaudación fiscal, coste que recae sobre todo en el Estado. Gastar en las autonomías, ¡una bicoca!, ha equivalido durante años a disparar con pólvora del rey.

Es así como las comunidades, que no son vistas por el contribuyente como perceptoras de tributos sino principalmente como entes inversores y prestadores de servicios, acabaron por conformarse como Estados en pequeño, con una costosísima estructura (consejos de cuentas y consultivos, defensores del pueblo, embajadas y Administraciones hipertrofiadas), una eficiencia manifiestamente mejorable y un coste inasumible.

Poner coto a todo ello exige, por tanto, que los servidores públicos asuman la cultura del gasto responsable. Pero exige, paralelamente, establecer un auténtico sistema de corresponsabilidad fiscal que, compatible con la solidaridad territorial, haga visible el coste fiscal del gasto descentralizado. Y exige, en fin, redimensionar el tamaño institucional de las comunidades, que no podemos permitirnos una vez que se acabó lo que se daba por parte de un Estado casi en quiebra.

Entre tanto, la consecuencia del pasado frenesí gastador no deja de ser un poco chusco: el Gobierno nacionalista catalán, que venía amagando con pedir la independencia, ha terminado pidiendo? varios miles de millones al Estado para poder pagar sus gastos. ¡Qué esperpento!

España no es la Selección (y V)
César Vidal La Razón 26 Julio 2012

El último aspecto en el que España –por desgracia– se diferencia de la Selección de fútbol es la forma en que se enfrenta con esa circunstancia innegable de la vida humana que recibe el nombre de competitividad. Recuerdo que cuando estudiaba Griego en sexto de Bachiller, una persona afeó a mi profesor, el nunca suficientemente reconocido padre Arce, que obligara a competir a los alumnos preguntándoles a menudo y asignándoles un puesto. Arce – que era un hombre ilustrado y con conocimiento de lo que hablaba–respondió: «Deben acostumbrarse a hacerlo. A fin de cuentas, esta vida es un pugilato». Algunos pensarán que el escolapio helenista estaba más cerca de Adam Smith que de la doctrina social de la Iglesia católica. Pueden desbarrar lo que quieran. La verdad es que se trataba de una persona que sabía de lo que hablaba. No se trata de que se quiera o no competir, sino de que la competencia forma parte de la vida cotidiana y de que la competitividad es absolutamente necesaria.

Precisamente por ello, hay que aspirar a ser los mejores y además demostrarlo. Sin embargo, en España –salvo en términos deportivos– la competitividad es perseguida encarnizadamente por las peores instancias. Se aplasta con impuestos a los emprendedores hasta el punto de que España sufre la peor presión fiscal de Europa a excepción de Suecia –y en el caso de Cataluña, sin esa excepción– se multiplican las regulaciones para que abrir un simple comercio se convierta en una misión imposible que ni Tom Cruise superaría; se fragmenta el mercado en diecisiete taifas de tal manera que es más sencillo abrir una sucursal en Stuttgart o Glasgow que en Tarragona o San Sebastián; se enseña en las aulas que los emprendedores son seres perversos que sólo buscan la explotación despiadada de los inocentes; se carga a las empresas con la losa de los liberados sindicales que a nadie representan, pero que todos pagamos y, sobre todo, se sigue manteniendo un modelo de Estado inviable económicamente, pero que pagan los cada vez menos ciudadanos que crean riqueza en España.

Se mire como se mire, resulta imposible ser competitivos con ese trasfondo y por ello provoca verdadera admiración el que todavía haya quien se arriesgue a levantar un negocio y no deja de causar pesar, pero pesar que comprende, el que tantas empresas españolas echen el cierre en nuestro territorio patrio y lo levanten en otro solar bien lejano. Si los futbolistas se vieran aplastados por la misma saña fiscal, si se escupiera sobre ellos desde las aulas, si fueran objeto de continuos ataques políticos, si no pudieran pasar de un equipo a otro con libertad… acabarían marchándose de España y la Selección terminaría vistiendo la camiseta al equivalente de Toxo, Méndez, Rubalcaba o Artur Mas. En suma, que no llegaría a ganar ni el primer partido. Y es que España – siento decirlo – no es la Selección.

La lanza de Puchú
Alfonso Ussía La Razón 26 Julio 2012

Uno de los momentos más bellos –además de caro, como ahora se comprueba– de la reciente Historia de Cataluña y el resto de España, fue el de la entrega solemne del jefe Puchú de una lanza a Carod-Rovira en plena selva del Amazonas. No recuerdo bien la identidad de la etnia, y dudo una barbaridad que el jefe se llamara Puchú, pero me aburre acudir a consultar lo meramente anecdótico. Sitúo mi recuerdo en la grandeza de la imagen. Puchú entrega a Carod , como representante del pueblo de Cataluña, una hermosa y punzante lanza por él mismo modelada y Carod recibe el obsequio con las lágrimas a punto de cauce. Un momento emocionante, sin duda alguna. Carod-Rovira lleva un jersey negro, y ello ha admirado aún más a Puchú, por ser el primer jersey negro que ha visto en su vida. Nadie lleva al Amazonas jerseys negros. No repelen el calor. Un jersey negro en el trópico equivale a resfrescarse con cinco croquetas recién hechas. Sucedió que Puchú ignoraba que el negro es el color de los «progres» españoles. Recuerden el inmortal anuncio de la SER con todas sus figuras vestidas de negro-prisa, uniformadas de solidaridad tarjeta platino. Esos detalles no le fueron explicados a Puchú, que trabajó durante un mes para labrar de dulce la lanza, confiado en que sería entregada al «pueblo de Cataluña», y al cabo de un año seguía en un rincón de la casa de Carod-Rovira, que se apropió de ella de acuerdo a su más profunda convicción. Que el pueblo de Cataluña era él.

Aquella lanza le costó a los contribuyentes catalanes –y a los del resto de España–, algunas decenas de miles de euros, porque Carod-Rovira no se movía sólo ni atravesaba el Atlántico en piragua, sino en un comodísimo sillón de Clase Preferente y acompañado de un buen número de asesores en lanzas. Fue, sin duda, el pájaro migratorio más esforzado de la Generalidad del Tripartito, y abrió más embajaditas por el mundo, con pompa y boato, que el famoso duque de Osuna. La diferencia es que don Mariano Téllez-Girón, por mantener el prestigio de España ante la Corte del Zar, dilapidó su fortuna, la más grande del Reino, y Carod-Rovira lo que dilapidaba era el dinero de los contribuyentes. Sus «embajaditas», que no sirven absolutamente para nada, o sus «consuladitos», le cuestan a los catalanes 460 millones de euros cada año, sin contar la sangría que producen sus 38 centros de promoción económica, y sus institutos «Ramón Llull», destinados a la difusión del catalán en el extranjero, con escaso éxito hasta la fecha, en su objetivo de difundir la bellísima, culta y muy poco utilizada –en el mundo, me refiero–, lengua catalana.

La Televisión Autonómica de Cataluña, TV3, ha llegado a tener hasta ocho canales diferentes emitiendo a la vez. Lo del cine en catalán ha supuesto, además de un chasco, un negocio ruinoso. El dinero público se ha utilizado, en un alto porcentaje, para subvencionar las quimeras nacionalistas y los magnos proyectos de aldea. Y Cataluña se ha dejado llevar por el silencio de los catalanes hacia la proximidad de lo inconcebible. El nacionalismo catalán , como el vasco, ha discriminado a sus gentes de acuerdo a sus posiciones ideológicas y su identificación con el soberanismo, y el resultado de ello es particularmente humillante para quienes no han sabido administrar las que fueron, las más ricas, prósperas y desarrolladas provincias de España.

España, y el Estado, están para eso. Para ayudar a los suyos aunque sea España la más necesitada de ayuda. Una nación no se sostiene con diecisiete nacionzuelas y diecisiete reyezuelos. Pero España, y el Estado, tienen la obligación de exigir que se supriman todos los chocolates del loro, todo el derroche localista y los dispendios falsamente identitarios. En Cataluña, el País Vasco, Murcia, Andalucía y donde sea. Ayudar para que Puchú regale otra lanza al pueblo de Cataluña por decenas de miles de euros, mandaría huevos.

Rescate inminente
¿Por qué Cataluña está en quiebra?
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA www.gaceta.es 26 Julio 2012

Un gasto público desaforado ha llevado a Cataluña a llamar a la puerta de la insolvencia, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?
La que un día fue la región más próspera y exitosa de España en términos económicos, hoy solicita un rescate financiero para poder atender gastos corrientes como las nóminas de los cerca de 200.000 empleados que trabajan en la administración autonómica. La comunidad falla en todos los indicadores económicos, y, como en el caso del resto de España, no se atisba recuperación en el corto plazo.

Cataluña, famosa por sus emprendedores y por un dinamismo industrial desconocido en otras zonas de España, es hoy una intrincada maraña de administraciones, consorcios, fundaciones y empresas públicas. Hay, aparte de la delegación del Gobierno en Cataluña que emplea a unas 30.000 personas (funcionarios, policías y militares), cuatro diputaciones, 41 consejos comarcales y el aparato administrativo de la Generalidad. A esto habría que sumarle el personal de las universidades y el que presta servicio para las entidades metropolitanas.

Los políticos catalanes son unos consumados maestros en esconder gasto
Caso aparte son las empresas públicas. Los políticos catalanes son unos consumados maestros en esconder gasto dentro de ese capítulo tan difícilmente fiscalizable. Si ya eran muchas antes de que empezase la crisis, cuando esta llegó en 2008 el Gobierno del tripartito, lejos de poner coto a semejante sangría de fondos, la aumentó considerablemente. Entre 2008 y 2011 las sociedades mercantiles de titularidad pública crecieron un 71% dentro del Principado, una operación de maquillaje que permitía ocultar gasto falseando de este modo las cuentas regionales.

Déficit estructural, deuda inasumible
Unas cuentas que, en el caso de Cataluña, son las propias de un país en la bancarrota. La Generalidad gasta mucho más de lo que ingresa. Cataluña fue, en 2011 la sexta comunidad en déficit público y la primera en cuanto a deuda. El primero supera con creces el 3%, la segunda se encamina rauda hacia los 50.000 millones de euros. No es casualidad que las agencias de rating hayan ido rebajando paulatinamente la calificación de la región presidida por Artur Mas hasta ponerla al borde del bono basura.

La deuda de Cataluña es, hoy por hoy, inasumible para el Gobierno regional. Ha crecido de manera exponencial en los últimos años pasando de unos manejables 5.000 millones de euros a mediados de los 90 a los 48.000 millones actuales, es decir, dos veces el agujero de Bankia, estimado en unos 23.500 millones de euros. Llevado a una gráfica se entiende a la perfección qué ha pasado en Cataluña en los últimos tres lustros.

Como puede apreciarse el endeudamiento creció ligeramente durante las dos últimas legislaturas de Jordi Pujol. En 2003 ganó las elecciones Pasqual Maragall y, en sólo tres años, llevó la deuda regional a los 15.000 millones. Una minucia al lado de lo que estaba por venir. José Montilla tomó las riendas de la autonomía en 2006 y a partir de ahí el gasto se descontroló. En 2008 la curva se empina y desde entonces no ha remitido. Cataluña ha entrado en una espiral de deuda. La administración regional gasta mucho más de lo que ingresa y eso le ha terminado conduciendo a la quiebra.

El tripartito incrementó la deuda un 200%
En los años de Montilla Cataluña obtuvo, gracias a su privilegiada relación con Zapatero, una financiación muy favorable, “la mejor de la historia”, llegó a decir el entonces presidente de la Generalidad. Esa financiación tan conveniente no se tradujo en un aminoramiento de la deuda, sino en que ésta se incrementase un 200% durante los años del tripartito. Unos años en los que la deuda de las empresas públicas aumentó en 5.000 millones de euros, el mismo ritmo en el que la sociedad catalana se clientelizaba a una velocidad vertiginosa.

Los ruinosos "bonos patrióticos"
En 2010 la situación era ya de emergencia absoluta. El endeudamiento superaba el 20% sobre el PIB (frente a un 7% de Madrid o el País Vasco). El Gobierno regional decidió entonces lanzarse a la emisión de deuda, pero no en el mercado ordinario al que la Generalidad no tiene acceso, sino en la calle. Fueron los famosos “bonos patrióticos”. Un papel a corto plazo (uno y dos años) muy bien remunerado que se colocó a través de entidades de crédito y que daba entre un 4,5% y 5% de interés al tenedor y dejaba un 3% de comisión en las entidades colaboradoras. Una bicoca que se vendió como pan caliente, pero que suponía que el Gobierno autonómico se estaba endeudando al 7%.

El Gobierno autonómico se ha endeudado a un 7%
Las emisiones de bonos no se han detenido. En otoño de 2011 se emitieron bonos al 5,25% con un 2% adicional a modo de comisión para el colocador. Esta primavera Mas ha vuelto a emitir bonos al 5% a pesar de que ya todo el mundo descontaba el rescate inminente de la región. La última emisión ni siquiera se pudo colocar en su totalidad y los 2.300 millones captados se destinaron íntegramente a pagar con intereses una emisión de bonos del año anterior.

Tampoco han sido capaces de contener el déficit. Artur Mas, que puso en marcha en 2011 un ambicioso programa de recortes presupuestarios, fracasó al tratar de contener el déficit. Aunque la Generalidad gastó en 2011, 2.402 millones menos que en 2010, el déficit fue un 24% superior a lo previsto.

Entre el gasto desbocado, el déficit anclado por encima del 3% y las emisiones de deuda a particulares las cuentas de la Generalidad se han puesto al rojo vivo. En 2011 el segundo capítulo de gasto de la administración autonómica ha sido el de amortización de deuda, es decir, el Gobierno regional destina más dinero a la deuda que a la educación.

Tantos errores seguidos se terminan pagando. Cataluña tiene que devolver de aquí a fin de año casi 6.000 millones de euros, la mitad de ellos correspondientes a los bonos patrióticos que para lo único que sirvieron fue para prolongar la agonía dos años más. Ahora a sus gobernantes sólo les queda acogerse al fondo de liquidez autonómica para salir del paso. Luego tendrán que hacer algo que no han hecho en los últimos ocho años: cuadrar las cuentas.

El nacionalismo catalán quiere ensanchar más el embudo
EDITORIAL Libertad Digital 26 Julio 2012

Hace ahora veinte años Barcelona celebró los Juegos Olímpicos más brillantes organizados hasta ese momento, cuyo recuerdo permanece todavía en el mundo del deporte como un ejemplo de excelencia organizativa difícil de superar. España entera contribuyó a que Barcelona’ 92 fuera un éxito en todos los órdenes, a cuyo fin no se escatimaron ni dinero ni esfuerzos para remodelar infraestructuras, construir grandes instalaciones, mejorar las comunicaciones y, en definitiva, hacer que Barcelona se pusiera a la altura de cualquier gran capital europea con el objetivo de albergar dignamente un evento mundial de esa categoría.

Pues bien, veinte años después de aquel enorme esfuerzo que generosamente llevaron a cabo todos los españoles -no sólo los catalanes-, el nacionalismo catalán pone en cuestión precisamente ese mecanismo solidario, que permitió a Cataluña ser receptora de ingentes inversiones cuando las necesitó a despecho de otras comunidades que vieron de esa forma postergado su desarrollo.

Así hay que entender la reclamación de una Hacienda propia y un pacto fiscal "con el Estado" aprobada ayer por la mayoría del Parlamento de Cataluña, cuyo propósito indisimulado es aumentar las trasferencias de fondos del resto de España para que el nacionalismo en el poder pueda seguir financiando su actual tren de gastos.

El acuerdo adoptado ayer en el parlamento regional catalán no busca deshacer una injusticia histórica que esté perjudicando a la población catalana como interesadamente sostienen los líderes nacionalistas, al afirmar tramposamente que si Cataluña tuviese un pacto fiscal podrían mantener todos los servicios públicos sin subir impuestos ni pedir ayuda financiera al Gobierno. No. Las finanzas de Cataluña no están arruinadas por una diabólica conjunción de voluntades centralistas en contra de aquella noble tierra y sus gentes, sino por la penosa gestión de su clase política, con el tripartito y el actual Gobierno de Mas como los principales agentes destructores de riqueza que jamás ha debido soportar aquella región.

Lo que distingue a unas comunidades solventes de otras abocadas a la quiebra no son los mecanismos de financiación autonómica, por otra parte extraordinariamente ventajosos para Cataluña desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, sino la gestión de sus dirigentes y su capacidad para realizar economías en entornos financieros adversos. Baste el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que no sólo no goza de ningún concierto privilegiado sino que hasta el propio nacionalismo catalán la reconoce en sus peculiares estudios sobre supuestas balanzas fiscales como una autonomía financiadora neta del resto, cuyos indicadores económicos, incluso en momentos de gran adversidad como los actuales, siguen situados muy por encima del resto de regiones y especialmente la catalana, la más endeudada y la que más dificultades encuentra para obtener la financiación que permita mantener el funcionamiento de su administración disparatada.

Unas balanzas fiscales muy curiosas que, dicho sea de paso, el nacionalismo catalán jamás se aplica a sí mismo, de forma que resulta imposible saber qué provincias o veguerías catalanas aportan más a las finanzas autonómicas, dato que serviría para que sus autoridades locales o provinciales exigieran a su vez la compensación oportuna mediante un pacto fiscal con la Generalidad.

En todo caso, consumada la exigencia política del parlamento regional catalán en orden a su equiparación financiera con el anacrónico concierto vasco y foral navarro, ahora le toca al Gobierno de Mariano Rajoy actuar en consecuencia en un tema que, despojado del sentimentalismo que los nacionalistas imprimen a todos sus disparates, no podría ser más sencillo. La comunidad autónoma de Cataluña recibe la financiación que establece su muy generoso Estatuto de Autonomía y el resto de la legislación española en materia autonómica y no hay razón para aumentar el agravio que ya existe hacia el resto de ciudadanos de otras partes de España. Además de lo anterior, la solicitud de fondos adicionales al Gobierno efectuada por la Generalidad debe implicar necesariamente un mayor esfuerzo en la reducción de los gastos en que incurre la administración autonómica catalana, que el Gobierno de España habrá de cuantificar, fiscalizar y evaluar antes de efectuar nuevos desembolsos.

Es lo que recogen las leyes y dicta el sentido común, por más complejos que atenacen a la derecha a la hora de tratar las desbocadas aspiraciones que los nacionalistas ponen sobre el tapete sin cesar. Ahora además es que ni siquiera hay dinero para contentarlos. En raras ocasiones lo tendrá Rajoy más fácil para cumplir con su deber como presidente del Gobierno de todos los españoles.

Hacia la nueva Constitución
Amando de Miguel Libertad Digital 26 Julio 2012

El proteccionismo ha sido uno de esos acuerdos básicos (o de Estado) que son más constitucionales que la Constitución. Puede que el pacto proteccionista fuera necesario para la industrialización de España, un país con una población rala y mal dotada de recursos. Hoy el compromiso que se debe exigir requeriría más altos vuelos. Nada menos que tendría que cauterizar los desgarros secesionistas de vascos, catalanes y otros. Al tiempo habría que estudiar bien la necesidad de ceder soberanía para integrarnos en Europa. Tendría que ser una Europa con Rusia y, simbólicamente, con una sola embajada europea ante otros países. Tal pretensión resulta hoy risible cuando en España casi todas las regiones (con Cataluña a la cabeza) mantienen sus "embajaditas" particulares en muchas capitales e incluso en Madrid. Es solo una ilustración del despilfarro que significa nuestro invento autonómico.

Ese pacto de Estado (o como se llame) sobre la reorganización territorial exige que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos, PP y PSOE. Pero no son tan grandes como indica la cosecha de votos, pues hay un abanico de otros partidos, algunos de ellos de carácter regional. Pero sucede que el obstáculo básico es que los dirigentes de los dos grandes partidos no se hablan unos con otros; se odian.

Nos encontramos en el siglo de la Economía, de tal modo que imperan las razones de coste. Teóricamente el Estado de las autonomías de 1978 tendría que haber sido más barato que el centralista. La razón era que acercaba la Administración Pública a los contribuyentes (que ahora llaman "ciudadanos"; otro exceso retórico). Nada de eso. El Estado de las autonomías ha sido un factor que ha impulsado todavía más el derroche del dinero público, incluida la corrupción generalizada. Por otro lado, la integración en la Unión Europea tenía por objeto conseguir la gran ventaja de escala. No se ha logrado, excepto para los grandes países exportadores, como Alemania, Holanda o Finlandia. A los españoles la burocracia bruselense nos ha salido pesada, lenta y cara. Nos regalaron magnas subvenciones, pero ahora las devolvemos con intereses.

El argumento económico no es el primordial, aun en el caso de enunciarse en medio de una fatídica crisis. Importa más el desmantelamiento del Estado, la erosión del sentido nacional, la continua confusión entre Estado y nación. La voz "España" se ha reducido al ambiente militar y al fútbol. Es un consuelo.

Cabe aquí una autocrítica. Los que propugnamos un refuerzo del sentido nacional lo hemos hecho forzadamente frente al tirón secesionista, principalmente del País Vasco y de Cataluña. (No es tanto "independentista", pues esas dos regiones nunca fueron independientes, ni siquiera reinos medievales). Ese esfuerzo resulta sobremanera reactivo, por tanto, con mucho desgaste, con escasa eficiencia. No basta con "defender" a la nación española. Hay que pasar a "reconvertir" su forma de organización política, por lo menos para la próxima generación. No tiene mucho sentido que se pueda crear un nuevo nacionalismo español antinacionalista.

Una forma de superar ese negativismo es plantear abiertamente una nueva Constitución. Hay que tirar por elevación, pues el Estado de las autonomías no se puede alterar por sí solo. Quizá haya que recortar antes el sueño de "más Europa", que realmente significa más burocracia internacional poco eficiente. Los Estados europeos se encuentran muy hechos por siglos de Historia. Bastaría lograr que los europeos (incluidos los británicos y los rusos) confluyeran en instituciones económicas comunes, menos costosas que las actuales.

Si la pretensión de cambiar la ley fundamental pudiera parecer poco realista, estaría bien recordar la hazaña de los constituyentes de Cádiz hace 200 años. La España de entonces se encontraba verdaderamente intervenida, ocupada por los ejércitos de Francia y de Inglaterra. Ambos se disputaban la hegemonía europea en el terreno ibérico. Se llevaron un buen botín y destruyeron todo lo que pudieron. Menos mal que la Guerra Peninsular para nosotros es la Guerra de Independencia. A pesar de los pesares, los patriotas de Cádiz redactaron la Constitución más influente (dentro y fuera de España) de toda nuestra Historia.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Prepara 'su' reforma universitaria
Mas quiere "incentivar la excelencia" universitaria nombrando a los rectores 'a dedo'
Los nacionalistas ya han iniciado los trámites en el Congreso para tener el visto bueno de los cambios en los centros universitarios
Redacción Cataluña. Periodista Digital 26 Julio 2012

Sin elecciones y un patronato nombrado por la Generalidad que controle las universidades. Los nacionalistas quieren aprovechar las reformas y ajustes presupuestarios para colar de rondón la eliminación de los procesos electorales en la universidad.

La Generalidad de Cataluña está preparando una reforma de la gestión de las universidades. En el borrador de la misma queda establecido que los rectores y los decanos serían nombrados a dedo por nuevos órganos de gobierno, en los que el Gobierno autonómico tendría una presencia mayoritaria.

La comisión para el estudio de la gobernanza universitaria trabaja con un borrador elaborado por un grupo de diez expertos nombrados por el secretario de Universidades, Antoni Castellà (CiU), en el que propone cambiar de arriba abajo las universidades.

El documento, según publicó El País este miércoles --25 de julio de 2012--, busca modificar el sistema en cuanto a contenido, encaminando a las universidades de Cataluña hacia la especialización, ya que "un sistema uniforme como el actual no incentiva la excelencia".

SUPRESIÓN DE LAS ELECCIONES
Sin embargo, el punto más polémico es el de la supresión de los actuales órganos de los centros, como el consejo social, el consejo de gobierno y el claustro, por otros nuevos como un patronato, un consejo ejecutivo y un senado.

El patronato sería el encargado de tomar las decisiones importantes en la universidad. Fijaría la estrategia, aprobaría el presupuesto y nombraría al rector. Este órgano estaría formado por quince miembros, la mitad designados por la Generalidad. Por lo que las decisiones por mayoría simple estaría controladas (o bloqueadas) por el Gobierno autonómico.

El nuevo rector presidiría el consejo ejecutivo, que se encargaría de ejecutar las directrices marcadas por el patronato. Este consejo estaría formado también por 15 miembros, entre ellos vicerrectores, gerentes y decanos. Sería un órgano de gestión pero no de decisión.

Por último, el senado. Sería un órgano de carácter consultivo, parecido al actual claustro. Tendría alrededor de un centenar de miembros (70%, profesores; 20%, alumnos; y 10%, personal administrativo). Solo en este órgano habría representación estudiantil.

MENOS FACULTADES Y CON FINANCIACIÓN PRIVADA
Otro aspecto que cambiaría sería la estructura interna, que se organiza en facultades y departamentos. Se reduciría el número de facultades, cuyos decanos estarían nombrados por el rector y no por elecciones como ahora.

De la misma manera, se controlarían los campus para que estos "rindan cuentas", tanto en el tema financiero como en el de los "resultados contrastables" en la docencia y la investigación.

El texto señala, igualmente, que las universidades deberán buscar, por su cuenta, fuentes de financiación que no sean públicas. Y se apunta a una reducción de plazas de profesores funcionarios, en favor de los contratos laborales y de los docentes asociados.

CRÍTICAS MODERADAS
Dídac Ramírez, rector de la Universidad de Barcelona, rechazó la reforma en estos términos y defendió el sistema actual. "El sufragio universal da al rector legitimidad y le otorga autoridad", señaló al diario del Grupo Prisa. Para este rector, CiU quiere acabar con posibles directores universitarios críticos con la Generalidad.

Para el rector de la Universidad Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, la reforma no apunta a más autonomía --como aseguran desde el partido nacionalista-- ya que, desde su punto de vista, la pretensión de CiU es decirles "cómo tenemos que hacer las cosas".

El Consejo de Estudiantes de las Universidades Catalanas también rechazó el texto del borrador que maneja CiU, ya que "los alumnos, el colectivo más numeroso, quedan expulsados de los órganos de gobierno".

POR TRÁMITE EN CORTES GENERALES
La Generalidad espera poder tener listo el documento final en septiembre. Desde el departamento que dirige Castellà no se esperan grandes cambios hasta entonces y presentar el texto en octubre a nivel nacional.

Algunas de las modificaciones requieren de cambios en las Cortes Generales, como la elección del rector, por lo que CiU en el Congreso ya ha iniciado los trámites para que se puedan llevar a cabo las reformas legales para que la Generalidad tenga su modelo de universidades.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Reparar la injusticia
editorial El Correo 26 Julio 2012

El propósito del ministro de Interior, Jorge Fernández Diaz, de promover los cambios legislativos que restituyan a las personas que se vieron obligadas a trasladarse fuera del País Vasco y Navarra a causa de la persecución etarra el derecho a voto en dichas circunscripciones forma parte de las medidas que deben acompañar al final definitivo de la amenaza terrorista para que no se convierta en una concesión victoriosa de la barbarie. La iniciativa entraña una complejidad jurídico-legal que los poderes constitucionales deberán solventar para preservar el carácter democrático del principio de participación política.

Pero la exclusión por coacción de ciudadanos y de familias que se vieron conminados a abandonar Euskadi o Navarra como parte de una estrategia deliberada de depuración sectaria no puede pasar desapercibida. La conquista de la paz frente a los liberticidas precisa de la reparación de todas y cada una de las injusticias cometidas bajo amenaza. A las instituciones competentes corresponde restituir con rigor el derecho al voto a aquellos ciudadanos que deseen ejercerlo en las demarcaciones de las que se vieron obligados a exiliarse. La izquierda abertzale y sus aliados están emplazados a admitir tal reparación evitando el cinismo de declaraciones que consagran la violencia de persecución.


Inaplazable acto de justicia
Editorial La Razón 26 Julio 2012

El equipo de expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a quien el Ministerio del Interior ha consultado sobre el encaje constitucional de la reforma de la Ley Electoral –para que puedan ejercer su derecho a votar en el País Vasco y Navarra aquellos ciudadanos que se vieron obligados a exiliarse por el terrorismo de ETA–, ha dado una respuesta clara y diáfana, no sólo amparada en la jurisprudencia sino, también, en el sentido común. Así, parten de un hecho incontrovertible: que la violencia asesina etarra fue causa de una «diáspora vasca» que produjo, en consecuencia, una alteración del censo electoral en determinadas localidades del País Vasco y Navarra, puesto que de él fueron excluidos todos los que tuvieron que abandonar su domicilio «por causas no voluntarias, sino por la coacción del entorno etarra».

A partir de esta aseveración, los redactores del informe plantean que es de justicia reparar el daño y advierten de que «sólo desde un formalismo extremo, cuya sensibilidad hacia las víctimas resulta incompatible con el debido respeto a las mismas, podría objetarse que la pérdida del derecho al sufragio en el lugar de residencia obedece exclusivamente al traslado de domicilio y, por tanto, nada hay que reparar». La encuesta de NC Report, que hoy publica LA RAZÓN, sobre la influencia del voto de los exiliados en las próximas elecciones autonómicas vascas revela que se produciría un reajuste en el panorama electoral, pero sin suponer un cambio telúrico en el equilibrio de fuerzas actualmente existente en el País Vasco. El Partido Popular, cuyos simpatizantes fueron perseguidos con saña por los asesinos, ganaría dos escaños más, a los que habría que sumar el que le otorgan las últimas encuestas de intención de voto; el PSE no sufriría alteraciones, y Bildu y PNV perderían un escaño cada uno.

Un panorama muy alejado del que presenta la furibunda reacción de los partidos nacionalistas, que hablan de «colonización a distancia», «marcha verde» y «aberración democrática», pero que nunca alzaron la voz cuando los vascos que pensaban diferente eran obligados a hacer la maleta bajo amenaza de muerte. Frente a estas muestras de sectarismo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha expresado su deseo de llegar al mayor consenso posible ante una reforma que afecta al sistema electoral. Su postura es loable, como procede en un hombre de profundas convicciones democráticas.

Hay que reconocer que es difícil. Los que ejercieron el terror, lo ampararon, lo justificaron o miraron para otro lado nunca reconocerán su responsabilidad y el daño causado a tantas miles de personas. Lo que se impone es reparar una injusticia y hacerlo con la mayor celeridad posible. Desde luego, hay que intentar que sea antes de las próximas elecciones.

Menos digestión y mejor gestión
e. rodríguez marchante ABC Cataluña 26 Julio 2012

DESDE sus ensoñaciones de Insula Barataria, y desde esa ola mutua que se hacen la prensa y la política catalanas, se llega a la conclusión, más sanchesca que quijotesca, de que si se hubieran gestionado los propios impuestos no se tendría el déficit fiscal actual y no se necesitaría ninguna ayuda; lo cual, tras una década de elefantíasis tripartita y de una actitud tan próxima al rigor (mortis) en la gestión de los activos y de las «prioridades», empuja a pensar que si estos, o los casi estos, hubieran gestionado el «todo» con la misma cabeza que han gestionado la «parte», a su rescate no hubiera podido venir el FLA, sino que se hubiera necesitado la llegada en tromba del Séptimo de Caballería.

Y da algo cercano a la ternura lo que opinan del asunto entelequias como el Ómnium Cultural, que animan a esas posturas toreras de brindarle al sol porque saben que en el FLA hay poca grasa para untarse. Ahora el plan no es tanto el de un pacto fiscal como el de un pacto entre Jekyll y Hyde, el decir una cosa y su contraria, eso de que Cataluña no tiene otro banco que el Gobierno de España y lo de que es un dinero que han pagado los catalanes y que necesitamos que nos devuelvan… Un pacto que armonice la necesidad de que haya una televisión pública catalana y en catalán, y de que haya siete en un plan de acoso y derribo; un pacto que contenga el punto necesario de sensatez entre que haya una oficina de turismo en ciertas capitales del mundo y la horterada de una «embajada» en el Rockefeller Center; de centrarse sólo en los grandes complejos en vez de en los complejitos, porque poner una Casa en Perpignan o una delegación de Govern en Madrid no tiene que ser como poner una pica en Flandes. Al Gobierno catalán no le ha temblado el pulso para dar los mayores tijeretazos a los lugares más blandos, ahora le queda coger las tijeras de trinchar y aplicar el mismo método a lo duro, lo difícil... Exactamente igual que le ocurre al Gobierno de Rajoy, que tiene que voltear las tijeras ciento ochenta grados.

Entrevista a Alfredo Grimaldos, periodista de investigación
“La ‘modélica’ Transición nos dejó un bipartidismo corrupto"
"Este sistema está completamente podrido"
Redacción. Periodista Digital 26 Julio 2012

"Gran parte de lo que tenemos ahora encima, además de lo que nos corresponde por pertenecer al sistema bancario europeo y mundial, es producto de la gran estafa que fue la “sacrosanta” Transición, que sólo sirvió para adecuar el franquismo a los nuevos tiempos". Así de alto y claro habla el periodista de investigación Alfredo Grimaldos, autor de los libros Esperanza Aguirre. La lidereS.A. y Zaplana. El brazo incorrupto del PP. Reproducimos con la autorización de la editorial AKAL parte de la entrevista que le realizó Elvira de Miguel.

Elvira de Miguel. - El Gobierno valenciano, del que Eduardo Zaplana fue "molt honorable president" hace unos años, cifra hoy en 3.500 millones sus necesidades de liquidez. ¿Qué responsabilidades tienen en esta situación políticos como Zaplana o Camps, sus dos últimos presidentes antes de Fabra?

Alfredo Grimaldos. - Todas. A la política de derroche presupuestario característica de Eduardo Zaplana al frente de la Comunidad Valenciana, que trituró ingentes cantidades de dinero público en beneficio privado, se unió la relación de Zaplana, sin el menor recato, con los grandes magnates inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, como Andrés Ballester, beneficiado por la política de recalificaciones de terrenos desarrollada por Zaplana en ese territorio.

Cuando Zaplana llega a Madrid de ministro, sigue por el mismo carril: uno de sus más íntimos colegas es nada menos que Francisco Hernández, "El Pocero". En las nuevas operaciones coincide también con José Bono. Bipartidismo recaudador. Lo de Camps y sus "amiguitos del alma" lo tenemos más reciente y está claro.

E. M. - Dice usted en su libro Zaplana. El brazo incorrupto del PP que Zaplana representa a un sector de políticos que carecen de grandes planteamientos ideológicos de fondo, no se encuadran en ninguna corriente de pensamiento derechista tradicional por más que se definan una y otra vez como liberales, y su meta exclusivamente es el poder y el dinero. En su opinión, ¿abunda este tipo de político en España?

A. G. - Por supuesto. A un lado y a otro, suponiendo que sean diferentes orillas. En todos los partidos. Volviendo a Zaplana, no tiene consistencia intelectual ni cultural. Acabó la carrera de Derecho después de mil años, tras empezar sus estudios en Valencia. Consiguió por fin el título -aunque no se ha dedicado a ejercer la abogacía- cuando se inauguró una nueva universidad en Alicante, donde su suegro Miguel Barceló tenía enorme influencia. Pero eso también se da mucho en el PSOE: sólo hay que ver la trayectoria y la formación de personajes del supuesto otro bando, como Leire Pajín o José Blanco.

E. M. - El periodista Javier Ortiz, en el prólogo que escribió para su libro sobre Zaplana, afirmaba ya en el año 2007 que la principal virtud que debe adornar a un buen estafador es parecer un hombre honrado. Y añadía: "¿Cómo va a ser un buen estafador alguien que tiene aspecto de estafador?". Tanto Zaplana como Camps han sido grabados telefónicamente en conversaciones muy comprometidas. Usted reproduce en su libro Zaplana. El brazo incorrupto del PP la transcripción completa de la conversación entre Eduardo Zaplana y Salvador Palop extraída del sumario del caso Naseiro. ¿Por qué las instituciones públicas y muchos medios de comunicación han mirado durante todos estos años para otro lado a pesar de las obviedades sobre todo tipo de prácticas irregulares de los políticos? ¿Qué explicación encuentra a que muchos ciudadanos sigan votando a los partidos que les albergan?

A. G.- Cuando iniciaba su carrera política, buscando salir del ámbito local de Benidorm, donde fue alcalde, Zaplana es "cazado", de rebote, por el juez Manglano, que investigaba un asunto de drogas. En una de las conversaciones telefónicas que le grabaron entonces, Eduardo Zaplana se retrata perfectamente.

Dice: "Me tengo que hacer rico... Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir...". Y en otra de las cintas, que recoge un diálogo entre él y otro miembro del PP, Salvador Palop, en el que están tratando sobre la recalificación de un solar, añade: "Y entonces le dices... bueno, yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres. Lo que te dé, y me das a mí la mitad bajo mano".

La conclusión es que los ciudadanos más lúcidos de este país, los que piensan que el mundo de la política profesional es muy miserable y está llena de individuos que sólo pretenden enriquecerse con ella, tienen toda la razón del mundo. Este sistema está completamente podrido. Hay mucha mayor cercanía entre los políticos profesionales del PP y del PSOE que entre ellos y sus respectivos votantes.

Un político no muerde nunca a otro. Vociferan mucho, pero siempre están de acuerdo en impedir la más mínima transparencia sobre su gestión. La podredumbre de unos se tapa con un dossier con la corruptelas de los otros. "Yo te saco Gürtel". "Pues yo a ti los EREs". Y al final todo se diluye. La Transición fue una gran mentira: no hubo ruptura democrática y se montó un tinglado que sirve para que los ciudadanos estén cada día más desinformados y no tengan la más mínima capacidad de decisión sobre cualquier problema. Y encima hay insensatos bienintencionados que están convencidos de que esto es una democracia.

E. M . - A usted y a la editorial Foca, donde publicó el libro sobre Zaplana, les han denunciado y llevado a dos juicios por contar estos hechos: uno por difamación y otro por calumnias. ¿Cuál ha sido el veredicto de la justicia? ¿Tiene pendientes otros juicios relacionados con su trabajo como periodista de investigación?

A. G.- Volviendo al nivel intelectual y a la formación académica de Zaplana, en mi libro recordaba, de pasada y un poco en broma, que él hizo el bachillerato en un colegio de Benidorm llamado Lope de Vega. En opinión bastante generalizada entre la comunidad docente del País Valenciano, era un centro al que acudían los hijos de familias "bien" para que los jóvenes poco estudiosos se titularan a cambio del sustancioso pago de fin de mes, y popularmente era conocido como el "Lope de vagos".

Instigados por Zaplana, los responsables del centro me pusieron una querella y, para el acto de conciliación previo al inicio del procedimiento, pedían 600.000 euros y la retirada del libro de la circulación. Como ese día yo no tenía dinero suelto, no pude acudir a conciliarme. El caso es que de ellos ya nunca más se supo.

Zaplana, en persona, también interpuso una querella contra la editorial y contra mí, por injurias y calumnias, que perdió. Lo del periodismo de investigación está cada vez más complicado. Yo, que soy muy aficionado al flamenco, me acuerdo de una letra, con la que me identifico mucho, que cantaba José Menese por seguiriyas, en 1967, cuando aquí quedaba "bicho" para rato, en la que se refería a un hombre acosado por la Justicia. En ella, Pepe decía: "Golpesitos en la puerta, / ca vez que dan golpesitos en la puerta, papelitos que me entregan. / Si saben los jueces de toas mis fatigas, / doy por seguro que no me empapelan".

Ahora, el pleito que tengo vigente es una demanda de protección al derecho del honor que interpuso contra mí la familia Rosón, por las alusiones que yo hacía al primer presidente de la Xunta de Galicia, Antonio Rosón, en mi libro La sombra de Franco en la Transición.

Él fue jefe militar de una zona de la provincia de Lugo en la que se produjeron numerosas matanzas de republicanos en el verano del 36. Ya he perdido los tres primeros asaltos judiciales, y el asunto está ahora en el Tribunal Constitucional. Todo es un disparate, porque en la sentencia no se entra a dilucidar si lo que cuento es cierto o no, sino que eso ya se juzgó hace más de treinta años y entonces se condenó a la revista Interviú por el asunto.

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