AGLI Recortes de Prensa   Sábado 28 Julio 2012

El proceso constituyente está en marcha
Amando de Miguel Libertad Digital 28 Julio 2012

El proceso constituyente está en marcha como lo estuvo el de la Transición en el último decenio del franquismo. La nueva Constitución debe ser redactada en poco tiempo por un grupo amplio de profesionales, no solo juristas, y, a ser posible, que no hayan sido altos cargos. Deben ser personas que defiendan los intereses del conjunto de la nación española. No será difícil encontrarlas. Más ardua es la labor pedagógica de convencer a la población de la necesidad de reconstruir el Estado.

Habría que fijar algunos supuestos en términos de probabilidad para la próxima generación: (1) No se va a conseguir una federación europea en sentido estricto. (2) La economía europea (y desde luego la española) de los próximos decenios no va a experimentar tasas de crecimiento del producto económico superiores al 2% anual. Es decir, vamos hacia una sociedad económicamente estable o estacionaria, salvo, quizá, en el avance del conocimiento. (3) Debe descartarse el sueño (o la pesadilla) de la secesión de algunas regiones españolas. Nos llevaría a una guerra balcánica. (4) En cambio, sí se puede replantear la vieja aspiración de la confederación de España y Portugal. Como es natural, esos supuestos son perfectamente discutibles. Es más, puede que de momento no sean muy populares y hasta parecerán utópicos.

Antes de entrar a precisar las reformas convenientes, se precisa advertir que debemos evitar la tentación, tan española, del arbitrismo. Consiste en proponer soluciones un tanto miríficas para los problemas colectivos sin atender al coste que representan o las opciones que caben. Así pues, las propuestas que figuran a continuación son más bien problemas que soluciones. Serán los técnicos y los políticos quienes tengan que diseñar las soluciones. Aun así, no se espere ningún efecto taumatúrgico de los cambios legales. La verdadera Constitución es la que no está escrita, la que expresa los usos interiorizados. En su virtud, la auténtica reforma política de un país pasa por el sosegado cruce de opiniones de sus habitantes. Es corriente hablar de "las políticas" en plural difuso, pero la política es singular. Otra cosa es que luego se traduzca en decisiones, medidas o leyes varias y cambiantes. Un detalle léxico más. Otra manifestación del actual lenguaje es hablar de "actuaciones" de los políticos, más que de "acciones". Esa transmutación supone un fuerte componente teatrero, retórico; el típico de una sociedad que todo lo convierte en espectáculo, en motivo de campaña publicitaria.

Como consecuencia de las premisas dichas, se impone una burocracia pública más reducida que la actual y la abolición de los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra. Ni que decir tiene que sería un disparate extender esos privilegios a Cataluña. En el Parlamento nacional (mejor sería una sola cámara, a poder ser con menos de 100 diputados) no deberían caber los partidos totalitarios. Tampoco se aceptarían los que representan objetivos estrictamente regionales. Esos últimos sí podrían estar representados en las respectivas instituciones regionales. Ninguna lengua debe ser declarada como oficial. Basta el reconocimiento de la realidad lingüística. Por tanto, en toda España debe haber centros públicos de enseñanza obligatoria en español. Ni que decir tiene que todas esas propuestas son para ser ampliamente debatidas.

Respecto a la irresoluble cuestión de la ley electoral, lo mejor es que la Constitución se atenga solo a algunos principios. Por ejemplo, se impone hoy un nuevo derecho, todavía muy discutido. Es el de que, en los comicios, los padres tengan tantos votos como hijos menores, naturalmente, repartidos entre los dos progenitores. La novedad es lógica, pues el voto repercute en el bienestar que pueda afectar a los menores. Parece un buen progreso democrático, muy discutible todavía por ser una novedad. Pero también lo fue en su día el voto de las mujeres y antes el de los negros, los esclavos o simplemente los pobres. Todo eso se superó.

La nueva Constitución debe reconocer el derecho de huelga, pero siempre como último recurso cuando no se llegue a un acuerdo entre los sindicatos y los empleadores. Por tanto, no debe haber huelgas legítimas como protesta contra medidas políticas. Como es lógico, una decisión de ese estilo va a irritar a los dos "sindicatos siameses" (UGT y CCOO), hasta ahora hegemónicos y subvencionados. Pero ambos tendrán que reconocer que ha pasado su tiempo corporativista. El Estado no debe conceder ninguna subvención a los sindicatos, asociaciones empresariales o partidos políticos. Sería muy conveniente que se redujera al máximo el número de empresas públicas, no digamos las que son una simple tapadera para el clientelismo.

Es evidente que esa gavilla de propuestas va a tropezar con la enemiga de las fuerzas sindicales o nacionalistas. Claro que, si no se presentara esa oposición, las reformas serían inanes. Las reformas dichas deben considerarse como un necesario punto de partida para replantear la organización del Estado. Tómense más bien como ilustraciones, como estímulos para poder hablar. Hemos de volver a centrarnos en la idea basal de la nación española. Lo cual significa, por de pronto, acabar con la confusión de que lo nacional aparece como lo "estatal" o lo "interterritorial".

Insisto en que las propuestas anteriores son harto discutibles y son solo una muestra de lo que cabe debatir. Se apoyan en la presunción de que recibirían el apoyo de una buena parte de los españoles. Esperemos que pueda ser pronto una mayoría. Para eso hace falta una gran labor de ilustración nacional. El coste alternativo de no plantearlas sería mucho más gravoso.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

CCAA
La carrera de la casta en busca del Cupo
Pablo Molina Libertad Digital

La resolución del Parlamento catalán sobre la necesidad de un nuevo pacto fiscal con el "Estado español" la hubieran suscrito todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, así que tampoco hay que escandalizarse demasiado salvo por el tono utilizado, por otra parte el habitual cuando los nacionalistas se ponen exigentes. Lo que ha hecho la Generalidad de Cataluña ha sido expresar oficialmente un deseo compartido por las catorce autonomías que todavía están lejos de acceder a ese Shangri-La presupuestario, donde el dinero surge a borbotones para ser dilapidado en proyectos identitarios de toda laya y condición.

La casta autonómica quiere un "cupo" como el vasco y navarro o un "acuerdo fiscal" como el que finalmente disfrutará el nacionalismo catalán, no por una razón de eficiencia fiscal, sino porque de sobra saben que el sistema de cupos encierra una enorme trampa a favor de las autonomías que disfrutan de ese modelo, cuyo importe a favor de la casta se cifra en torno a 1.000 euros por habitante que las autonomías con este régimen ingresan de más.

Pero dado que España todavía es una nación indisoluble, patria común e indivisible de todos los españoles según reza la Constitución, el problema de extender el modelo del cupo para que cada autonomía gaste lo que recauda en su territorio, salvo una pequeña compensación enteramente ficticia, es que entonces no habría dinero suficiente ni para las autonomías deficitarias ni, menos aún, para el gobierno central. La clave por tanto está no sólo en alcanzar ese pacto privilegiado, sino en impedir que el resto de autonomías acceda a él.

A mil euros por habitante de trinque autonómico deficitario que nos sale el concierto vasco y navarro, con un cupo generalizado faltarían 46.000 millones de euros. Mientras el timo se quede en tres comunidades el resto puede financiarlo, pero su extensión a todo el territorio nacional haría saltar por los aires la hacienda pública española.

Sin capacidad para recaudar impuestos nacionales, que esa es la clave de los conciertos y los cupos, el gobierno del reino de España no podría financiar nuestra defensa, la política exterior, el orden público o, lo que ya resultaría letal, ni siquiera el cine español, desastre sin precedentes no sólo para los españoles sino para la propia cultura occidental ante el que el nacionalismo no es capaz de mostrar la menor sensibilidad. Rarísimo que la brigada de la ceja no haya montado ya sus barricadas en la plaza de San Jaime.

España y su crisis en el contexto mundial
Ricardo Chamorro El Semanal Digital 28 Julio 2012

En España desde antes de la muerte de Franco, una serie de poderes internacionales operan por el control de nuestra nación.

La página económica de la comunidad financiera Rankia describe en su artículo ´La Batalla por el control de España´ http://www.rankia.com/blog/optinver/1391329-batalla-por-control-espana los distintos poderes que juegan actualmente en torno a la crisis española. El articulo describe esos poderes como 1) Oligarquía norteamericana 2) Poderes europeos 3) Políticos españoles 4) Oligarquía nacional.

Lo cierto es que, tal y como describe el artículo, España está sufriendo una ofensiva real por poderes internacionales, llámense mercados, que se han cansado de mediar con la oligarquía nacional y con los políticos españoles. Una oligarquía nacional que se ha preocupado única y exclusivamente de sus intereses individuales, así como unos políticos que se han preocupado más de dar satisfacción a esas oligarquías en su forma local a través de un Estado de las Autonomías dando lugar a una nación cuarteada en su soberanía y puesta en bandeja para que finalmente seamos arroyados por poderes extranjeros.

La fricción entre distintos poderes internacionales puede ser la causa de que la convulsa segunda legislatura de Aznar terminara como terminó, algo no cuadraba en determinados planes ante la posición que buscó Aznar para España internamente y sobre todo a nivel internacional.

El fallecido Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Eustaquio Galán Gutiérrez, señalaba en un artículo de 14 febrero de 1981 lo siguiente en relación a las autonomías y los poderes extranjeros:

´El concepto de Estado de las Autonomías que se está manejando en España corresponde, en realidad, a la idea del separatismo y de la aniquilación de España, es decir, al designo de hostigar los sentimientos regionalistas, connaturales a cualquiera de las varias naciones occidentales, a cualquier compositum político, e hipostatizar artificialmente como naciones las regiones componentes de la Nación, para organizarlas como Estados diferentes´...´No se trata solo de que España atraviese por una fase de mal gobierno. Ha tenido otras, y España no pereció. De lo que se trata es de que una fuerza real impresionante ataca la existencia de España por su posición estratégica en el planisferio, desde el punto de vista del Imperium Mundi, o dominio del mundo…El triunfo de esa fuerza significaría el perecimiento de España como cuerpo histórico. En la España actual se decide el destino del mundo´.

Evidentemente este señor fue tachado, como mínimo, de malvado facha en sus tiempos.

Hoy comunidades financieras hablan de manera trasparente de los poderes que quieren lanzarse de manera definitiva sobre España, lo que pocos dicen es que el sistema autonómico es el que nos muestra hoy debilitados, divididos y en bandeja frente al exterior. Y es que la oligarquía nacional y los políticos han sido coparticipes del engaño autonómico y en ello perderán sus prebendas y todos los españoles nuestra libertad soberana.

Nos ha pasado como en el cuento de Hansel y Gretel, nos han dejado engordar amablemente en una casita de chocolate y ahora nos quieren comer.

Se oyen rumores de un gran gobierno de concentración del que buscan entendimiento Rodolfo Martin Villa, José Bono, Eduardo Zaplana, Abel Matutes… creo que es tarde para enredos y ya no cuentan con padrinos internacionales como en los ochenta.

Hoy España necesita políticos con principios que levanten la bandera de la verdad y una sociedad civil que por convencimiento patriótico apoye a un gobierno que fortaleciera el proyecto común de España frente a los espejismos autonómicos artificiales que solo nos han dividido y finalmente arruinado. Ha llegado la hora de la verdad para España o tratamos de recuperar las riendas de nuestro destino echando lastre autonómico y saldando deudas con los mercados de manera unida o terminamos definitivamente siendo una caricatura de lo que deberíamos ser en el contexto de occidente. Si Rajoy no toma esa bandera de manera inmediata, que es para lo que le hemos votado, el futuro de España se presentará incierto.
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La "chusmificación" de las instituciones
Eduardo Arroyo El Semanal Digital 28 Julio 2012

¿Qué puede pensarse de la sentencia del Tribunal Constitucional que permitirá a Bildu presentarse a las próximas elecciones vascas?

Esto es, el Tribunal Constitucional ha hecho posible que los responsables de más de mil vidas segadas tengan respaldo institucional y fondos públicos que pagamos todos. ¿De verdad piensan que muchos exiliados van a poner su nombre y domicilio en algún censo, después de tener que largarse de su tierra por las amenazas de unos sanguinarios parecidos al célebre psicópata de la matanza de Texas? Al fin y al cabo, esa banda, ahora dentro de la ley por obra y gracia de nuestro Tribunal Constitucional, puede acceder, también gracias al citado tribunal, a ese censo de exiliados. ¿Es exigible a todo el mundo el valor? Nos tememos que no siempre. Pero sí es exigible a las instituciones públicas que cumplan con su deber.

Un caso similar es el del juez Javier Gómez Bermúdez. Según informó el pasado día 24 de julio el diario El Mundo, la hija del empresario asesinado Publio Cordón, María Cordón, ha asegurado que la Guardia Civil les había transmitido que tenían "pruebas suficientes" que demuestran que los dos miembros de los GRAPO a los que el juez impuso una fianza "participaron en la unidad de la célula de captura y en custodia y que participaron activamente cuando entregamos el rescate en París". Según parece, María Cordón dice que el juez "entiende las duras declaraciones que hemos hecho contra él, pero no ha encontrado en el sumario pruebas suficientes para mantenerlos en la cárcel. Sin embargo dice que no quiere dejar escapar nada y que quiere indagar en la verdad". Ya. ¿De verdad nuestras leyes son tan desastrosas como para que asesinos de la crueldad de los citados grapos se vayan solo con una fianza? Si la investigación policial encuentra "suficientes pruebas", ¿no las encuentra el juez Bermúdez? O la ley, o el procedimiento, o el juez Bermúdez o la Guardia Civil no están diciendo la verdad pero mucho nos tememos que no es la Guardia Civil quién está fallando en todo esto.

En nuestro país hemos visto a asesinos pederastas quedar libres porque dos juzgados que están puerta con puerta no se coordinaban. Hemos visto a un asesino en serie escenificar una huelga de hambre y largarse a un país de la UE, habiendo cumplido menos de un año por víctima. Hemos visto a asesinos organizados quedar libre porque pasó un plazo y nadie se percató. Hemos asistido al espectáculo de unos "pipiolos", igualmente asesinos, marear a las instituciones del Estado en busca de un cadáver que nunca aparece y que presumiblemente está en media docena de sitios. Hemos visto a un criminal horriblemente sádico, capaz de quemar y apalear a una joven, vivir sin demasiados problemas –fuera de los que él mismo ocasiona- a costa del erario público cerca de Madrid. Y no es el primero, ni el segundo, ni el tercer caso en el que se advierte que sin duda reincidirá. Pero, ¡oh, casualidad!, siempre hay un "juez" o un "colectivo", preocupado por los "derechos humanos", que salva al criminal a costa de la víctima o que simplemente hace jugar el beneficio de la duda en contra de la víctima.

¿Por qué nadie es igual de garantista con las víctimas? Parece como si cada vez el ser un asesino de la peor especie saliera más barato socialmente. La abundancia de casos similares hace que, en perspectiva, el ciudadano perciba un mal funcionamiento del sistema en su conjunto. Se aducirá que hay jueces que cumplen con su obligación, quizás porque los políticos, en conjunto, no cumplen con su obligación en absoluto. Esto sin duda es cierto. Pero no quita ni un ápice de realidad al hecho de que el "juez" que interpreta la ley a favor del criminal es cada vez más frecuente, ante la mirada impávida del político de uno u otro signo. ¿Cómo llamar a la categoría moral que provoca un desenlace desastroso –la libertad de criminales- amparados en unos medios deficientes o, cuando menos, discutibles –unas leyes acaso mal hechas-? El hecho es que estas decisiones las toman seres humanos, libres y sin coacción, presumo. Son decisiones intrínsecamente perversas fruto de un proceso de encanallamiento de la clase dirigente, de la cual el poder judicial no es el menos importante.

Por desgracia el asunto no se circunscribe a nuestras fronteras: el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha censurado a España el recurso a la "doctrina Parot" como medio de evitar que un asesino en serie salga a la calle pasados escasamente diez años. Buen ejemplo de cómo, en consonancia con Spinoza y toda la lógica formal, las ideas falsas se siguen unas a otras como las ideas verdaderas. No está, por tanto, el citado Tribunal, al margen del proceso de encanallamiento y "chusmificación" moral.

Tampoco se limita este proceso al ámbito de la justicia, algo de por sí ya preocupante. Hace solo un par de días hemos visto como Mario Draghi, con una mísera declaración, ha hecho caer la prima de riesgo que pesa sobre España como una losa, casi 100 puntos. Tan solo una semana antes, el día 21, Draghi hundía las expectativas de países como España e Italia declarando que su institución (el BCE) no tiene como función resolver los problemas financieros de los Estados, añadiendo que "nuestra función consiste en asegurar la estabilidad de los precios y contribuir a la estabilidad del sistema financiero con una completa independencia". Draghi, haciendo afirmaciones como si la acuciante necesidad de dinero de los Estados y la consecuencias de dicha carencia no fuera con él, positivamente miente y él lo sabe. Su actitud solo puede deberse a la incompetencia o a la complicidad, razones ambas por las que habría que pedir su cese inmediato y exigirle responsabilidades. Ocurre, además, que incompetencia y complicidad son, en un cargo como el suyo, profundamente inmorales.

Su actitud no es diferente de la de Nicholas Hastings, columnista de The Wall Street Journal, que ha escrito hace apenas unas horas un falaz y cínico artículo titulado Draghi May Be Doing the Euro A Disservice (Draghi puede estar haciendo un perjuicio al Euro), donde incurre en flagrante mentira cuando dice que "incluso sin debatir si la monetización efectiva de la deuda (si, es decir, imprimir dinero) está dentro del mandato del BCE, queda el problema de que por hacer demasiado, demasiado pronto para ayudar a abaratar los costos de los préstamos, el BCE estaría relajando la presión sobre los gobiernos para introducir reformas fiscales y recortar el déficit". Contrariamente a la creencia de Hastings, no hay nada que debatir: basta mirar los estatutos para saber que imprimir dinero sí está dentro de las atribuciones del BCE. Primer embuste. El segundo podría ser pretender que el déficit y las "reformas fiscales" son la causa de la falta de financiación y no al revés. Hastings soslaya que, recorte tras recorte y medida fiscal tras medida fiscal, en Grecia, España o Italia, ni una sola de estas medidas ha hecho otra cosa que hundir más y más a estos países. Por el contrario, el mero anuncio de una compra de deuda soberana por parte del BCE dispara la bolsa y la actividad económica sube. Hastings es un ignorante o un mentiroso y su presencia en un medio, teóricamente "de información", como The Wall Street Journal constituiría un problema moral si no fuera porque ese medio sirve a otros intereses de los que pregona.

El balance global es que las clases responsables de impartir justicia y de "informar" a la gente poco a poco van contribuyendo a la desmoralización progresiva y al condicionamiento ideológico, todo ello bajo la mirada fría y frívola de nuestros políticos. Ni los medios, ni los jueces ni la clase financiera sirve los intereses de los pueblos. No estaría de más plantearse por qué debemos de participar en un sistema que es cada vez más suyo y menos nuestro. Todos ellos están inmersos en un profundo proceso de encanallamiento, de "chusmificación". Por eso hay razones muy importantes para plantearse, por ejemplo, por qué es bueno estar dentro del Euro y de una Unión Europea que solo sirve a los intereses del capital global. Pero esto es ya otra historia.

El pestañeo de Draghi y el drama de la EPA
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 28 Julio 2012

Pestañeó Don Tancredo Draghi y hasta hizo un guiño, más para su Italia que para nosotros y bajo la prima de riesgo. Alegría, alegría por el gesto del señor del BCE que, como la figura taurina, ha hecho de la inmovilidad y el estatismo su seña de identidad mientras el morlaco nos cose a los demás a cornadas. Y si hablaba lo hacia para despreciar esfuerzos y minusvalorar sacrificios lo que reventaba cualquier avance. Pero sonrió al euro y hubo alborozo. Pero claro era como alegrarse de un chaparrón después de meses resecos. Porque la bolsa anda por los 6.600 , la prima por 535 y el bono lamiendo un interes del 7. O sea que de humedad poca. Alivio si y esperemos que sea un punto de inflexión. Esperemos.
Porque enseguida la EPA nos puso en nuestro sitio y ante nuestro más tangible y verdadero drama, casi 5,7 millones de parados. Subió poquito este trimestre, algo más de 50.000, pero es que son a añadir a esa inmensidad de desempleo. 1,7 millones de hogares con todos en paro. Esa es nuestra gran losa, el plomo que pesa sobre todo y sobre todos.

Y con todo los datos “solo” fueron malos, y al menos no fueron pésimos. Cogía un mes negativo, abril, otro de empate, mayo, y uno favorable, junio. Pinchó la agricultura (-44.000)y no pudo enjugarse (+ 42.000) con los servicios. Veremos el que viene, con ese septiembre temible de fin de temporada turística. Acechan los seis millones.
Pero al menos hubo algún agua y también hay que alegrarse. De algo está sirviendo estar en la batalla europea, aunque nos hayamos quedado sin voces que nos defiendan (desde luego no será Almunia, a quien el resentimiento se le nota un poco más cada día) y darla como se dio en la Cumbre de Roma o intentar que se ejecute, como hizo Guindos en Berlín y Paris. En ello hay que seguir. Porque está claro que nuestro futuro depende de ello.

Pero esta el frente interior y en este cada día se hace más urgente el paquete de medidas del ERE político. Algunas se van tomando, la rebaja de subvenciones a partidos y sindicatos, el menor número de concejales, el rebaje de parlamentarios autonómicos que Madrid, Galicia y otros pretenden, la desaparición de algunos privilegios a los diputados y senadores nacionales. Si. Pero todo ello debe adquirir un carácter global y ejemplar. Presentarlo en un gran paquete que abarque a Gobierno e Instituciones Nacionales, Comunidades, Diputaciones, Mancomunidades. Ayuntamiento, Empresas Publicas y en suma a esos miles, cientos de miles, de muchos miles de enchufes y “colocados” varios. Poner a dieta rigurosa el mamotrético aparato del Estado.

Embridar el gasto autonómico y los dispendios de los reinos de Taifas si que parece que se está haciendo y es el momento de hacerlo en lo económico y en lo que de revertebrar estado se refiere también. Claro que mientras hay quien piensa que es al revés. Y así mientras piden árnica reclaman la independencia. La fiscal la primera. Otros como Andalucía se sueltan el pelo con la deuda histórica, la de Boabdil, supongo. Excusas de mal pagador que despilfarra.

Eso si, resulta sorprendente algún mensaje. Por ejemplo sobre la reducción de cargos y representantes. IU y UpyD ponen el grito en el cielo y el PSOE se opone con sordina porque sabe que el personal lo demanda y lo requiere. Pero en la practica se niega. Tanto en Madrid como en Galicia no quieren ni oír hablar de rebaja de escaños. Y de asesores. Porque habrá que decirle a la estupenda señora Díez, que tanto predica y tanto olvida de que es el vivo ejemplo de vivir toda su vida en y de la política, que su parlamentario en Asturias, el decisivo para dar el poder al PSOE, ha constituido todo un grupo. Porque en el pacto estuvo que entraba el y ¡ocho asesores!. Y cobrando, por supuesto.

Y es que en esto como en todo estamos con lo siempre. Cuando llega el recorte la respuesta es .”No. este no, que me afecta, que es el chocolate del loro, que sea en otro sitio, que sea en las Diputaciones”. Pues también en las diputaciones. Pero eso también y no a cambio. Que son un millón de loros, hombre.

Estuvieron por el Parlamento los mandamases de Banco de España, Cajas y hasta Elena Salgado, que dijo que le había soplado por lo bajinis a Rajoy que no hiciera caso a lo que aseveraba solemnemente en sede parlamentaria y en todos los medios de comunicación. Que lo que valía es lo que le “chivaba” de estrangis. Que como íbamos a hacerle caso, vamos Pero lo de la Salgado fue una más. Porque la conclusión, de dar crédito a todos los que pasaron, Campa, Mafo, Ganoso y Rato, venía a ser que ellos pobres lo hicieron todo bien, que fue el destino y ninguna responsabilidad. O sea, que la culpa al final la van a tener los viejecitos a los que les dieron el “tocomocho” con las preferentes.

Por ahí fue la semana, tan intensa que aún a pesar de intentarlo Garzón no ocupó las portadas. Se ha pasado a “defensor” y el primero es, la cosa es que tenga fama mundial, Assange, el filtrador y fundador Wikileaks. No le arriendo las ganancias. Le puede caer la mancha del macho pero Garzón ganará aún más fama. Eso sí la herencia del ex juez en España es preocupante. El capo Oubiña se ha librado de seguir en la cárcel por blanqueo de capitales del narcotráfico por otra de las “cositas” del justiciero. Escuchas no legales. ¿A que les suena? ¿Y a que ese va a ser el principal agarradero de los pájaros del la Gurtel? En resumen , que te tocara Garzón de juez instructor no era nada malo, si eras un sinvergüenza de posibles. Pero no se yo ahora si no va a ser igual si en vez de ser quien te acuse sea quien te defienda. Yo que el australiano me lo miraba.

Asesores
Alfonso Ussía La Razón 28 Julio 2012

El régimen de adelgazar del Estado no se culmina con la desaparición de los asesores. Pero se rebajan mucho los michelines

La demanda principal de los ciudadanos, la exigencia fundamental de la mayoría de los españoles, es la de someter al Estado a un régimen de adelgazamiento urgente. Se habla de los sindicatos, de los funcionarios, de las subvenciones, de los infumables gastos autonómicos, de las ayudas a los amigos y muchas verdades más. Pero no hay que olvidar a los asesores. El asesor de confianza de un ministro tiene asimismo otro asesor de confianza que, a su vez, es asesorado por un asesor del tercer escalón. Existen, pues, tres categorías de asesores. La primera categoría, es decir, los participantes en la «championlí» de la asesoría, son los asesores de confianza de los gobernantes. La segunda categoría la componen los asesores de confianza de los asesores de confianza de los gobernantes. Y la tercera categoría, los asesores de confianza de los asesores de confianza de los asesores de confianza de los gobernantes. ¿A qué te dedicas? -Soy asesor-. Entiéndase por gobernante a todo aquel que tenga una responsabilidad de gobierno. Gobierno de la Nación, Gobierno de una autonomía, Gobierno de un partido político, Gobierno de un sindicato o Gobierno de una patronal, sin olvidar a los que gobiernan en la empresa pública. A los probos, esforzados y en ocasiones maltratados funcionarios del Estado se les ha arrinconado en sus mesas de despacho para ser sustituidos por los asesores de confianza, que no precisan de exámenes ni oposiciones. «Me marcho este fin de semana a las cataratas del Niágara con mi asesora de confianza especializada en aguas radicalmente descendentes». Y se van.

El funcionario ingresa en la Administración del Estado por abajo. El funcionario autonómico entra en la Administración por donde le sale del güito a su jefe inmediato, y el asesor de confianza lo hace por la azotea. De tal modo, que hemos alcanzado un número de asesores de confianza ingresados por las azoteas que no hay manera de pagarlos. Existe un asesor de confianza de categoría especial. Se trata de ese típico personaje con fama adquirida de ofrecer buenos consejos, que no se sabe por qué, y aunque no haya acertado ni una sola vez en su vida, es tenido muy en cuenta por los poderosos. Este tipo de asesor de confianza de categoría especial acostumbra a terminar su carrera en la empresa privada, preferentemente en el Consejo de Administración de un Banco poderoso, porque también sabe engañar a los banqueros. La sugerencia la hace siempre un asesor de confianza del Presidente del Banco. «Sería muy interesante que incorporásemos al Consejo a Fulano de Tal, que se lleva muy bien con los socialistas y con los populares, y, además, a su abuelo paterno lo fusilaron los nacionales y al materno los republicanos». Y el asesor público pasa a asesor privado y se ríe de lo privado como antaño lo hizo de lo público.

El asesor de asesores no lo tiene tan fácil. Cuando un ministro o un presidente autonómico mete la pata –lo cual es habitual–, el primero en caer es el asesor de confianza A, que, a su vez, arrastra en la caída a los asesores de confianza B, y estos, para no ser menos, culpan a sus propios asesores consiguiendo una toña descomunal de decenas de personas. Toña descomunal y agradecida con una indemnización lo suficientemente generosa como para silenciar hechos, evidencias y trapicheos. -Si yo te contara...

Un gobernante no puede permitirse el lujo que pagan los contribuyentes de rodearse de asesores. Se supone que el buen funcionario es un servidor del Estado, gobierne quien gobierne. Si el funcionario es desleal, se le expedienta , se le ordena contar moscas y aquí paz y después gloria. Pero nos sale mucho más barato el contador de moscas que los cien asesores que llegan con cada gobernante. El régimen de adelgazar del Estado no se culmina con la desaparición de los asesores. Pero se rebajan mucho los michelines.

Funcionarios
Privilegios incomprendidos
José T. Raga Libertad Digital 28 Julio 2012

No quisiera irme de vacaciones sin compartir con los lectores un tema que vengo asumiendo con cierto estoicismo, pero que está a punto de desbordar el vaso de la paciencia de cualquier ciudadano. La cuestión me interpela, por cuanto se asienta en un principio, difícilmente aceptable, cual es el culto a la desigualdad en los derechos que asisten a todos y cada uno de los miembros de esta comunidad política que llamamos España.

Una comunidad cuya convivencia se dificulta por el agravio que provocan los privilegios de unos, frente a la desconsideración y privación de otros. Más aún cuando, frente al silencioso anonimato de estos últimos –los que sufren– el protagonismo de los primeros se manifiesta con agravios y reivindicaciones, pese a que su situación se considera, por los más, como claramente privilegiada.

Me refiero, y quisiera que se me interpretara con justeza en lo que quiero decir y hasta donde quiero decir, a los empleados públicos –funcionarios y personal contratado, incluidos altos cargos– que se presentan ante la sociedad como mártires de las decisiones del Gobierno y, en general, de los poderes públicos. Frente a su posición, el sector privado, supuestamente al margen de las veleidades del poder, disfrutaría de una vida cómoda y elevado bienestar, ajeno al sufrimiento de aquellos servidores públicos, sobre los que gravita una crisis que no les corresponde. Por ello cortan calles, promueven algaradas y hacen la vida más difícil de lo que ya sería sin sus actuaciones.

Es cierto que se les ha reducido el salario y que se les va a suprimir la paga extraordinaria de fin de año; medida indiferenciada que no me parece adecuada, pues, si sobran empleados públicos, rescíndanse los contratos de los más ineficientes, pero no se penalice, sin diferenciación, a buenos y malos. Entiendo, pues, que no les guste la disminución de rentas, pero su martirio, aún con ello, nada tiene que ver con el del sector privado que pierde el empleo, por despido o cierre empresarial. A estos no les han bajado un cinco por ciento, sino un ciento por ciento.

Si los empleados públicos, duplicados en apenas diez años, asalariados con cargo al Presupuesto, alegan no tener nada que ver con la situación, ¿qué tendrían que alegar empresarios y trabajadores privados, ante la negación del más esencial derecho, como trabajadores –el derecho al trabajo–, porque un desmedido gasto público, en parte para pagar los salarios de sus hinchadas plantillas, ha absorbido los recursos financieros disponibles, impidiendo el crédito a empresas y familias? ¿Se puede decir que los empleados públicos son los que en mayor medida sufren la crisis? ¿Por qué el déficit público se financia con cargo a los créditos que deberían financiar la producción del sector privado? Sólo faltaría que las Administraciones Públicas se quejaran también por las dificultades que sufren en la actual crisis.

Sólo el egoísmo de quienes, pese a todo, son los privilegiados, explica sus sonoras y perturbadoras reivindicaciones.

Duplicidades y gastos superfluos
El FMI insta a Mariano Rajoy a poner coto de una vez al gasto autonómico
El Fondo estima que stamos en una recesión que se puede alargar hasta comienzos de 2014
Periodista Digital 28 Julio 2012

En su informe anual sobre España, el FMI pide al Gobierno de Rajoy que emplee 'mano dura' con las autonomías. Recomienda que Hacienda intervenga las cuentas de las comunidades que no cumplan sus objetivos, tras hacerlas responsables de las dos terceras partes del 8,9% de déficit del año pasado.

Estima que la economía decrecerá el ejercicio que viene un 1,2% y calcula que el PIB de 2007 no se recuperará hasta 2017.

En conclusión, el FMI cree que estamos en una recesión que se puede alargar hasta comienzos de 2014, año en el que la economía volvería a una senda de recuperación.

Estas perspectivas son desalentadoras y muestran la profundidad de la crisis.

Por ello precisamente tiene sentido que el FMI inste al Gobierno a controlar el desbocado gasto autonómico en unos momentos en los que siete u ocho comunidades están a punto de acogerse al nuevo fondo de rescate de 18.000 millones de euros.

Ese dinero debe entregarse a cambio de condiciones, pero, sobre todo, es esencial que Rajoy aborde la reforma del modelo para evitar duplicidades y gastos superfluos de las comunidades.

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El camino trazado por PP PSOE hasta 2015
Galo Mateos. El Confidencial 28 Julio 2012

“La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia” (A. Einstein)

La crisis española parece definitivamente tipificada y etiquetada: una avería en el sistema financiero internacional, con especial incidencia en lo inmobiliario interno, cuyo desenlace se viene aplazando en tanto se termina de transferir al sector financiero el importe del deterioro de balances producido, para evitar así su quiebra; desestimándose cualquier apoyo al resto de los sectores productivos, y reduciendo testimonialmente (solo a efectos de enunciado frente a los acreedores) el tamaño del Estado del Bienestar, las inversiones del Estado, el tamaño de las administraciones y el nivel de disfrute de la clase política.

Mientas se termina esa transferencia al sector financiero, por el deterioro sufrido, no se podrá dar por finalizada la crisis; momento en el que otros sectores comenzarían a recibir la financiación y atención que precisan, pudiendo ofrecer la economía síntomas de recuperación general. El endeudamiento de las empresas del IBEX, Pymes y autónomos, pasa por ser el mayor de toda Europa, por lo que sin disponibilidad de crédito, no se pueden acometer nuevos proyectos ni planes de expansión internacional. Una potencial expansión para la que habría que buscar un nuevo modelo, como comentamos en nuestro post anterior, pues siguiendo a The Economist, desde el año 75 solo una nueva empresa de la zona euro se incluyó en las 500 primeras del Forbes, Inditex, frente a 26 de California.

La salida de la crisis, significa en términos de quienes gestionan nuestra economía, no otra cosa que generar la capacidad de cubrir las renovaciones y nuevas emisiones para pagar los intereses de la Deuda, a costa de incrementar el principal, evitando cualquier desgaste sobre la clase política y sorteando cualquier responsabilidad penal que pudiera atribuírseles a los gestores políticos y financieros hasta el presente. Siendo común el argumento de que la política es un reflejo de la sociedad, por lo que no les sería exigible ejemplaridad alguna. Y para los que no les guste el camino trazado, de no provocarse unas nuevas elecciones y tener a quien encomendar algo distinto, o disponer de un técnico al frente de un nuevo gobierno, que pudiese coincidir en tesis más asumibles para la población crítica, tocaría agachar la cabeza o emigrar.

En este perfil de ‘aplazamiento’ hasta encontrar el equilibrio en los balances del sector financiero, no cabe esperar ninguna prioridad en posibles mejoras del funcionamiento de la democracia, ni recortes profundos en las administraciones, ni en los niveles de disfrute político de los cargos electos y allegados. Arbitrándose programas bajo distintas denominaciones –como maniobra distractiva- sobre la suma total de deuda acumulada por la autonomías, principalmente, en las que incumplir el presupuesto, no conlleva castigo alguno, sino la opción -hoy ilimitada- de una financiación más barata para sus deudas, cuyo control escapa a las mismas instituciones que lo prestan. Obteniéndose toda posible mejora, no a través de recortes, sino de mayores recaudaciones, vía incremento de tipos, ya que la economía se encuentra en recesión técnica y no puede aportar el volumen exigido a los tipos anteriores.

Se trata, en todo caso, de evitar desde el poder las experiencias de otras naciones cuya economía se intervino desde instancias europeas, en las que se procedió a nuevas elecciones o a la sugerencia de un gestor técnico cuya independencia política y rigor, se antepusiese a los intereses de partidos y grupos de presión.

Desde la izquierda, se baraja la opción de un nuevo gobierno de concentración, que redujese la tensión de una posible reforma, apenas iniciada, y que garantizase a los círculos políticos establecidos, su permanencia y ventajas adquiridas.

Obvio, que una parte de la población, más informada, desearía que se aprovechase esta crisis de gobierno para convocar nuevas elecciones, que pudieran poner punto final a la acción padecida hasta la fecha, bajo las siglas PP y PSOE; o bien, que se pudiese optar por la sugerencia de un técnico independiente, de la personalidad de Alberto Recarte, Manuel Pizarro, etc., que hubiese seguido de cerca la evolución económica de los últimos años y no se sintiese presionado por ninguno de los partidos principales y grupos de presión.

La creencia más generalizada, es que entre el gobierno español –con mayoría reciente- y el de la UE, se llegará a un pacto para la financiación completa del sistema hasta lograr ese punto de equilibrio -antes de iniciar amortizaciones de principal- que nos ponga en línea de salida.

Paralelamente en este tiempo, tendría lugar el desenlace de la cuestión terrorista y autonómica, desarrollando el pacto existente entre PP y PSOE sobre violencia en Euskadi. Pacto visiblemente testimoniado al evitarse cualquier alusión a ETA en juicios como los del 11M, o la dilatación en el tiempo del proceso del bar Faisán. Todo, oportunamente secundado por los jueces designados, siguiendo los consejos de los asesores suizos y noruegos, sobre la inviabilidad de otra alternativa, como ellos mismos demostraron en el caso irlandés, ya apaciguado. El punto de partida, consistía en la integración en la vida política de las antiguas formaciones de apoyo al terrorismo en las instituciones, ya logrado. Todo el proceso debería desembocar en un emotivo adiós de las asociaciones de víctimas a los familiares perdidos, y una oferta de reconciliación nacional y ampliación de compensaciones. Se percibirán pocas divergencias entre los partidos principales en ese área y seguiremos viendo excarcelaciones por la omisión acordada de la doctrina Parot, concentración de presos en las cercanías del País Vasco para avanzar en el régimen abierto, reducciones de condena, exilio alternativo, etc.

El problema final vasco y catalán, se resolvería mediante un estatuto simétrico de estado libre asociado, modelo entre Baviera y Puerto Rico, con acuerdos en la soberanía, impuestos y caja de pensiones, y detalles de representación internacional, que como vemos es compatible con la permanencia de las embajadas creadas por estas dos autonomías. Otros acuerdos, identificativos de su grado de soberanía estarían en negociación, como selecciones deportivas, banderas, lenguas vehiculares, independencia judicial y fiscal, descriptor de país en internet, matriculas, pasaportes, DNI, etc. Las autonomías de carácter histórico, principalmente la gallega, serían compensadas económicamente por no participar de esas presuntas ventajas, y el mapa autonómico quedaría reducido a 5 nuevas autonomías, por agrupación las autonomías existentes, y a unos 2.000 ayuntamientos. O se planta cara con una alternativa eficiente, o nos callamos y asumimos el castigo de seguir trabajando cada día con menores rendimientos familiares, para comodidad de una oligarquía político-financiera que ha logrado someternos durante mas de 30 años

La potencialmente remota expulsión del poder de estos dos partidos, acabaría con esos planes de independencia ya convenidos, a falta de trazar algunos detalles del camino, cuando la presión financiera remitiese. En el Gobierno, existe una confianza, por el momento infundada, de alcanzar un cierto equilibrio presupuestario, y que ese momento pueda coincidir con una recuperación de la economía internacional que nos ayude a salir de la recesión actual. Ya que se considera desde el Gobierno, que cualquier iniciativa alternativa, sin capital suficiente, resultaría corta de alcance y quedaría muy expuesta al fracaso.

Hacia este panorama nos dirigimos con los mismos protagonistas de la crisis al timón, y se pretende alcanzar ese hito de mayor tranquilidad, con el apoyo de la UE, BCE y FMI, sin derramar sangre ni lágrimas y con la mínima inquietud entre sus filas. Y si algún esfuerzo adicional resultase necesario, una vez casi al 50% de carga fiscal (seríamos líderes en Europa por tributación y de los colistas por salario medio) se iniciarían, como opción de refuerzo, recortes más sustantivos en prestaciones sociales y pensiones.

Para los beneficiarios del sistema y para quienes dan su voto a esas siglas sin más análisis de alternativas, este itinerario les vale. Y para los que no les guste el camino trazado, de no provocarse unas nuevas elecciones y tener a quien encomendar algo distinto, o disponer de un técnico al frente de un nuevo gobierno, que pudiese coincidir en tesis más asumibles para la población crítica, tocaría agachar la cabeza o emigrar.

Quienes tienen asido el poder, no van a soltarlo por atender un artículo de dos páginas ni por la emigración de una parte de la población nativa (setenta mil personas al año actualmente formalizan su censo de salida), que es vista como un alivio de las tensiones en el interior. Tensiones, para las que los incrementos de las estadísticas de desocupados y hambrientos, son ya un paisaje habitual que no genera la menor polémica entre la órbita de satisfechos creada y mantenida desde el poder.

Así, o se planta cara con una alternativa eficiente, o nos callamos y asumimos el castigo de seguir trabajando cada día con menores rendimientos familiares, para comodidad de una oligarquía político-financiera que ha logrado someternos durante mas de 30 años, sin que -gracias a su control de los medios- pudiese aparecer como una situación injusta.

Cada cual habrá de valorar si la estrategia visible y oculta (cada día mas perceptible a través de hechos y silencios coincidentes en ambos partidos), ejercida con los votos mayoritarios de su país, es la más conveniente o tal vez deba incorporase a algún movimiento crítico desde el que promover cambios. En todo caso, estamos ante unas urnas dominadas por gente mayor, satisfecha y tolerante, que recela de lo desconocido, más atenta a esquivar las consecuencias personales del problema, que a participar en la promoción de posibles soluciones. De momento, vamos en la línea de que esto o algo muy parecido, suceda.

Resultaría muy tentador irnos adentrando en ese inmediato futuro, en el que habríamos de dar una respuesta única en lo político y económico, con los que hoy son menores de 30 años. Pero pertenecemos a un país, en el que la incompetencia profesional -más allá del corto plazo- y moral, se ha hecho cargo de su destino, bloqueando el acceso al poder de otros distintos y tirando las llaves al mar.


Losantos: 'Los sardás, roures y buenafuentes se forran al servicio de los invasores'
El locutor señala que "ciertos cómicos catalanes trincan de las telecadenas del Ruinoso Imperio Español para allanar la independencia"
 www.lavozlibre.com  28 Julio 2012

Madrid.- Federico Jiménez Losantos da la vuelta en su columna de este viernes del diario ‘El Mundo’ a la frase que sostienen los nacionalistas catalanes, ‘Espanya ens roba’, transformándola en ‘Catalunya ens roba’, que da título a un artículo en el que señala que “el maquis catalá ha ocupado el sector audiovisual del Ruinoso Imperio Español (RIE) durante décadas, hasta arruinarlo”.

“La frase más genuinamente transversal, compartida por todas las fuerzas políticas que en Cataluña fan i desfán es ésta: «Espanya ens roba». Desde Laporta a Duran i Lleida, pasando por Chacón, el mandamás del mes en ERC y Artur Mas, todos, con la magra excepción de Ciudadanos y la ausencia del PPC, tocan la misma partitura, desde las orquestas políticas a los orfeones juveniles, desde el Palacio de los Deportes al Palau por antonomasia: España le roba a Cataluña. ¿Qué le roba? Absolutamente todo. Así lo ha recordado la historiadora Rosa María Sardá proclamando a Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía «territorios conquistados» y desde «hace muchísimos años». No dice cuántos pero el conquistador está identificado: España”, comenta.

Así, Jiménez Losantos añade: “Ahora bien, los sardás, roures, buenafuentes y la infinita cantera de La Masía de TV3 y sus siete Enanitos se forran al servicio de los invasores. Es raro. Pétain colaboró gratis con Hitler para evitar a Francia una durísima guerra contra Alemania, pero ciertos cómicos catalanes han hecho algo más arriesgado: trincar de las telecadenas del Ruinoso Imperio Español (RIE) para fortalecer la sociedad civil catalana y allanar la independencia. El éxito es total: el maquis catalá ha ocupado el sector audiovisual del RIE durante décadas, hasta arruinarlo.”

“No es muy original: desde hace un siglo largo, sobre todo desde el arancel Cambó, la industria política catalana ha hecho comprar a toda España productos peores y más caros que los de fuera. Rara conquista ésta, en favor de los conquistados. Pero el saqueo de fondos públicos de los ocupantes en beneficio privado de los ocupados es la verdadera revolución antropológica: los neandertales ladrones entregan sus bienes a los sapiens Cataloniae. Pero los sapiens se quejan: «Espanya ens roba»”, apunta.

Por último, el director de ‘Es la mañana de Federico’ (Es Radio) argumenta: “Mas-Colell dice en la BBC -prefiere el buzón habitual de la ETA a su TV3- que pedirán a Madrit el rescate, pero que no es rescate, qué va. España es un banco y está para eso: para ir a sacar lo que es suyo. La Generalidad precisa: es como un crédito ICO. Y Mas, tras instar a la rebelión de todas las autonomías, exige una fiscalidad independiente, pero después de que España pague los fastos y gastos del Estat Catalá. Ni hablar. Diguem no. Sería la trampa vil, la sempiterna estafa; y España debe dejar de robar. O sea, no pagarles más”.

Avaricia
miquel porta perales ABC Cataluña 28 Julio 2012

El rescate de Cataluña era previsible. Al respecto, los datos son inapelables: una deuda de 42.000 millones de euros -¡6.000 euros per cápita!- que supone el 21% del PIB regional, un déficit del 3,6%, unos intereses que pagar de 1.500 millones anuales, unos vencimientos pendientes para este año de 6.000 millones. A eso, hay que añadir la necesidad de nuevo endeudamiento. La economía de la Generalitat, como se dice ahora, resulta insostenible. Como resulta insostenible el incremento de funcionarios de los últimos años así como las 113 empresas públicas existentes en Cataluña. De ahí -de ese magma- el rescate. El rescate -una intervención que supondrá la supervisión de las cuentas de la Generalitat: lean ustedes una política de austeridad que se traducirá en nuevos recortes- no solo servirá para dar oxigeno a la Gerneralitat, sino para que el Govern marque perfil nacional.

Noten la paradoja: la petición de rescate al Estado coincide en el tiempo con la reivindicación de la soberanía fiscal para Cataluña a través de la petición del pacto fiscal en la línea del concierto. Se trata, sin duda, de una casualidad buscada. El Govern nos está transmitiendo la siguiente idea: con el pacto fiscal -yo me quedo la llave de la caja y administro el dinero-, la Generalitat no tendría déficit. En definitiva, el pacto fiscal acabaría con el expolio que -a decir del nacionalismo catalán- padecerían Cataluña y los catalanes. Y, por si ello fuera poco, ataríamos los perros con longanizas. Más allá de la economía, la simbiosis entre el pacto fiscal y el rescate supone un paso -otro paso más- en la confrontación política -buscada- que se vive en Cataluña. Un paso más en la transición nacional de la que habla el nacionalismo catalán. Pero, el nacionalismo está jugando con fuego. Por partida doble: el pacto fiscal, al ser inviable, podría desprestigiar al Govern y la Generalitat; el rescate puede traducirse finalmente -lo hará- en una pérdida de autonomía. La avaricia rompe el saco.

La inconstitucionalidad de la nueva imagen corporativa del Ayuntamiento de Barcelona
www.vozbcn.com  28 Julio 2012

‘Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procedimientos de inconstitucionalidad tienen valor de cosa juzgada, no cabe recurso alguno contra ellas y tienen plenos efectos frente a todos (artículo 164 de la Constitución). En este sentido dichas sentencias tienen carácter vinculante (artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) y son de obligado cumplimiento por parte de los poderes públicos (artículo 87 de la LOTC) sean estas centrales, autonómicos o locales, generando su incumplimiento las correspondientes responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran deslindarse. Como es sabido, frente a las sentencias se podrá discrepar, pero se deben acatar y aplicar en su totalidad’.
José Carlos Remotti Carbonell, profesor de Derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su libro: El Estatuto de Autonomía de Cataluña y su interpretación por el Tribunal Constitucional, Barcelona, 2011.

El pasado martes 24 de julio de 2012, con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona, se celebró en la ciudad condal, dentro de la gira de preparación preolímpica, el partido de baloncesto entre las selecciones nacionales de EEUU y España. En los paneles correspondientes a los patrocinadores, se podía leer ‘Ajuntament de Barcelona’, exclusivamente en una de las lenguas oficiales en Cataluña, utilizando ya la nueva imagen corporativa del municipio.

Sin embargo, esta normativa es contraria al Estatuto de Autonomía de Cataluña en su interpretación dada por el Tribunal Constitucional (TC) que, resumiendo, viene a establecer que la utilización de la lengua catalana por parte de la administración autonómica y local y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y las empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios a que refiere el artículo 50.5 del Estatuto, será constitucional en cuanto se entienda que no impide ni restringe el uso con plena normalidad del castellano, y sin que pueda implicar preferencia alguna por ninguna de las dos lenguas oficiales.

En el mismo sentido, la sentencia 316/2012, de 23 de mayo de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula e interpreta determinados artículos del Reglamento sobre el uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado por el plenario del Consejo Municipal, en sesión de 5 de febrero de 2010, establece que:

‘No son aceptables […] los preceptos que desequilibren la paridad en la posición jurídica de ambas lenguas oficiales; esto es, las que configuren una posición de prevalencia o preferencia del catalán sobre el castellano o viceversa […]. El uso exhaustivo del catalán en las actuaciones internas no resulta necesariamente ilegal en la medida que esta previsión no excluye en si mismo el uso paralelo y normalizado del castellano. La paridad jurídica de ambas lenguas a la que se refiere el Tribunal Constitucional comporta que cuando más intensa es la regulación del uso de la lengua catalana, más intensidad habrá de recibir también la otra. Si no fuese así estaríamos en una situación de uso preferente de una de las lenguas, situación que el Tribunal descarta. De la misma forma sería igualmente admisible una regulación en los mismos términos referida a la lengua castellana’.

A partir de lo anterior, cabe deducir que la única denominación ajustada a derecho que debe emplearse desde la administración municipal es la bilingüe, es decir: ‘Ayuntamiento de Barcelona – Ajuntament de Barcelona’; y cualquier otra debe ser considerada nula. Es por ello que la nueva imagen corporativa que recientemente se ha implementado por parte de los responsables municipales debe ser corregida introduciendo en la misma la denominación en castellano.

Por poner ejemplos plenamente respetuosos, en España, de lo que indico referentes a CCAA con más de una lengua oficial, sirvan el Ayuntamiento de San Sebastián, o el de La Coruña. Observen la diferencia con la web de Ayuntamiento de Barcelona donde sólo se admite la denominación en catalán aunque se opte por la opción castellana que se ofrece.

¿Alguien se sorprende porque la denominación oficial de las Naciones Unidas sea la correspondiente a sus seis lenguas oficiales: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español? ¿No es lo normal que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se presente en sus dos nombres, correspondiente a sus dos idiomas oficiales, el francés y el inglés? ¿No es uno de los signos más característicos de la Unión Europea su denominación oficial en cualquiera de las 23 lenguas oficiales: alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco?

Como señala Remotti, en el libro indicado: ‘El Estatuto y las distintas sentencias que han examinado su constitucionalidad dejan de ser entidades diferenciadas y pasan a convertirse en una unidad. Jurídicamente hablando no se puede leer el Estatuto sin las sentencias, y menos aplicarlo sin ellas, o contra ellas’.

Mientras desde el nivel político de la administración municipal barcelonesa, controlada actualmente por el nacionalismo conservador que representa CiU, no se respete el derecho vigente (Estatuto, más sentencias del TC que conforman una unidad), ejecutando en sus justos términos, como tiene obligación, la jurisprudencia constitucional, los ciudadanos, en general, y muy especialmente los empleados públicos del consistorio tienen la obligación moral de revelarse, denunciando la actitud criminal de sus responsables.


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