AGLI Recortes de Prensa   Domingo 29 Julio 2012

El hundimiento de un barco
Mario Conde www.gaceta.es 29 Julio 2012

La medidas de ajuste procíclicas se demuestra que incrementan la recesión.

Una declaración de un señor llamado Draghi ha provocado un ascenso de la Bolsa –que sigue hundida– y un descenso de la prima, que sigue instalada en lugares intolerables. Ha dicho que va a ayudar al euro. Todos interpretaron que eso equivale a asegurar compra de deuda pública española. Así que está claro: la forma de apuntalar –o intentarlo– la moneda única es auxiliar a los gravísimos problemas de liquidez de España. Somos el problema europeo.

Draghi no actúa solo, sino que por detrás se encuentra Alemania, lo que ha provocado una violenta reacción en sectores influyentes en su país. Lo curioso es que, con la experiencia que tenemos de cómo funciona la UE, unas breves palabras de un funcionario cualificado provoquen este resultado. Y más curioso aún: nuestro Gobierno habla, promete, dice y no soluciona nada. Un señor como Draghi dice algo y ya está todo solucionado. ¿Quién gobierna en España? ¿Draghi? ¿Le hemos votado?
España tiene problemas graves de liquidez, pero también de crecimiento. En mitad de esta falsa pseudoeuforia, la realidad: máximo histórico del paro. Y lo que es peor: no sólo continuamos en recesión este año, sino que, incluso, se pronostica una caída superior al 1%. Sin crecimiento, no salimos. Las medidas de ajuste procíclicas se demuestra que incrementan recesión.

Ayer me decía un hombre inteligente: es como si un barco recibe un torpedo de babor, se inunda parcialmente y para ponerlo derecho, se abre otro boquete en estribor. El barco se adriza, pero se hunde perfectamente adrizado. Buen símil. Necesitamos liquidez imperiosamente. Tenemos que apelar al BCA porque no tenemos soberanía monetaria. Curioso: parece que los bancos pueden prestar a un fondo destinado a financiar excesos autonómicos, pero no tienen dinero para pymes. Me temo que en la economía real, nos estamos hundiendo perfectamente adrizados.

El rescate y la salida del euro
Juan Fco. Martín Seco www.republica.com 29 Julio 2012

Entre los aspectos ocultos del rescate bancario (ocultos para los españoles, pero no para los parlamentarios alemanes a los que se les ha facilitado toda la documentación al respecto), se halla el compromiso del Estado español de devolver el crédito en euros, aun en el supuesto de que España se encontrase fuera de la Eurozona. Por lo visto, en la Unión Europea se empieza a considerar como posible que el euro desaparezca o, al menos, que algunos países como España tengan que abandonar la Unión Monetaria. ¿Podemos extrañarnos entonces de que los mercados desconfíen y de que la prima de riesgo se eleve progresivamente?

La desaparición del euro o la eventualidad de que algunos Estados deban retornar a las monedas nacionales son posibilidades que todo el mundo niega en las declaraciones oficiales, pero que, según parece, en Bruselas, Frankfurt o Berlín no se descartan en absoluto. Más aún, existe la sospecha bien fundada de que todos los pasos que se están dando desde Europa tienen como objeto cubrirse ante esta contingencia. A ello se orientan sin lugar a dudas los rescates. No han ido, no, a salvar a los países rescatados -que, a la vista está, se hunden más y más en el abismo-, sino a reducir el riesgo que los grandes bancos, alemanes, franceses, etc. tenían en deuda pública de países que, si desapareciese el euro, deberían devaluar y como corolario a transferir ese riesgo a todos los contribuyentes europeos y no solo a los alemanes, tal como de manera falaz se quiere dar a entender. Concretamente, la exposición de las entidades financieras alemanas a la deuda pública griega es hoy mucho más reducida que al comienzo de la crisis.

El rescate a los bancos españoles tiene también una finalidad muy clara: salvar a los acreedores extranjeros que sanean sus activos frente a determinados bancos españoles en situación de práctica insolvencia. La contrapartida radica en que los contribuyentes asumen 100.000 millones de euros de deuda, con la obligación añadida de devolverlos en euros pase lo que pase, y aun cuando España abandonase la Eurozona y devaluase su moneda. No es de extrañar el empeño que Alemania, EE.UU. y las autoridades comunitarias tenían en el rescate y que forzaran al Gobierno español a solicitarlo.

En apariencia, las autoridades españolas presentaron alguna resistencia pero, por lo visto, no sirvió para mucho. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiesen amenazado con dejar caer a los bancos y a las cajas insolventes? ¿Por qué tienen que pagar los contribuyentes españoles a los acreedores extranjeros? La reacción de los mercados es la prueba evidente de que el rescate bancario no beneficia a la economía española, sino que arroja sobre ella una losa de 100.000 millones de euros, losa que puede ser tremendamente pesada si mañana desaparece el euro o España termina saliendo de la Eurozona. Este es el razonamiento que se están haciendo los mercados y, me atrevería a decir, también el Banco Central Europeo cuando se niega a intervenir comprando deuda italiana y española.

Solo en España nos negamos a considerar la hipótesis de la salida del euro. Es comprensible. Es una situación económica sin precedentes, al igual que no tenía precedentes la constitución de la Unión Monetaria. Nos da vértigo. Pero haríamos mal en seguir la política del avestruz y no querer contemplar la realidad. No cabe ocultar las dificultades y los problemas que se presentarían; pero, más razón para que estemos preparados y sobre todo para que ante cada paso que vayamos a dar nos preguntemos cómo afectaría a nuestra situación en el caso de que abandonáramos la Eurozona. Por ejemplo, deberíamos plantearnos cómo influiría en esta hipótesis el rescate bancario que acabamos de solicitar o las medidas de ajuste y reformas que estamos adoptando en estos días.

Me da la impresión de que algunos países se encuentran en una situación similar a la de un paciente al que se le prescribe la necesidad de someterse a una operación dura y difícil, pero ante el terror que le produce el quirófano, y las complicaciones que sin duda van a seguirse de ella, la va posponiendo con la esperanza de sustituirla por parches y medicamentos. Cuando al fin la afronta, lo hace en peores condiciones y con anemia. El caso de Grecia me parece sintomático. ¿No debería haber abandonado la Eurozona hace ya varios años? No creo que se encontrase en una situación mucho peor que en la que ahora se halla, y al menos vislumbraría la salida al final del túnel, cosa que ahora no le ocurre. Además, es muy posible que antes o después tenga que enfrentarse con la temida ruptura y en condiciones peores y más delicadas. Y en el caso de España, ¿no ha llegado el momento de preguntarse si antes que ir a un rescate total, que lejos de solucionar, empeoraría la situación, no sería preferible retornar a la peseta?

Italia nos roba
Luis del Pino Libertad Digital 29 Julio 2012

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 28/7/2012

A principios de la década de 1990, el sistema político italiano hizo crisis. La corrupción generalizada había terminado dando lugar a un esquema de reparto del poder y del dinero público al que los italianos denominaron Tangentópolis, "la ciudad de las comisiones". Media docena de partidos italianos, incluyendo la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, se habían estado repartiendo de forma sistemática durante décadas los ministerios, las concesiones, los puestos en las empresas públicas y las subvenciones, convirtiendo Italia en un estercolero democrático, en el que resultaba difícil decir dónde empezaban los partidos y dónde terminaba la mafia.

El 17 de febrero de 1992, el juez Antonio di Pietro ordenaba el arresto del socialista Mario Chiesa por recibir comisiones de una empresa de limpiezas, dando el pistoletazo de salida de una macro-operación a nivel nacional contra la corrupción, operación a la que se denominaría Mani Pulite, "manos limpias".

En los años sucesivos, decenas de políticos de todas las tendencias serían arrestados y sometidos a juicio, y los partidos que habían estado gobernando Italia desde la Segunda Guerra Mundial se vinieron abajo como un castillo de naipes, siendo sustituidos por otros de nueva creación.

La renovación de la clase política fue, en realidad, más aparente que real, en un nuevo ejemplo de la famosa frase de la novela El Gatopardo: "Es preciso que todo cambie para que todo siga igual". Y quien se terminó consolidando como nuevo peso pesado de la política italiana, al frente de un partido de centro-derecha denominado Forza Italia, fue Silvio Berlusconi, un empresario que había construido su imperio en el sector de los medios de comunicación al amparo del corrupto Partido Socialista dirigido por el corrupto Bettino Craxi.

Pero en quien me quiero fijar hoy es en otra de las formaciones que surgió para ocupar el hueco que los partidos tradicionales habían dejado. Me refiero a la Liga Norte, dirigida por Umberto Bossi, un partido de marcado carácter populista que creció propalando la idea de que el norte de Italia estaba siendo expoliado por los vagos italianos del sur y que lo que tenía que hacer el norte de Italia era independizarse. El eslogan fundamental de la Liga Norte era "Roma, ladrona". Es decir, "Italia nos roba".

El pasado mes de abril - 20 años después de aquella operación Manos Limpias que posibilitó el surgimiento de la Liga Norte - Umberto Bossi, el tesorero de la formación y otros colaboradores próximos se veían obligados a abandonar su puesto en el partido y sus cargos públicos, al destaparse que habrían estado desviando el dinero del partido a cuentas en Suiza, para luego repartírselo. Entre otras cosas, ese dinero habría servido para pagar gastos personales del hijo de Umberto Bossi, que ya había iniciado una carrera política en el partido liderado por su padre. El hijo se vio también forzado, por supuesto, a abandonar su cargo como diputado regional en Lombardía.

Es decir, que aquel partido que basaba su propia existencia en la perpetua explotación del lema "Italia nos roba" era, en realidad, una cueva de ladrones.

Esta semana, el Parlamento catalán aprobó una moción, con el único voto en contra de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, para reclamar la adopción de un pacto fiscal para Cataluña, similar a los cupos vasco y navarro. Se trata de un movimiento más dentro de una campaña sistemática que lleva años desarrollándose, y que pretende trasladar a la opinión pública catalana la idea de que "España roba a Cataluña". Una campaña que está basada en falacias, pero que no por eso deja de calar entre la población, porque en ella participan gustosos casi todos los partidos de ámbito catalán, sin que ningún gobierno central se moleste en intentar contrarrestarla de manera seria y constante.

Sin embargo, el destino o la situación política han querido que esa reclamación del Parlamento catalán coincida en el tiempo con las investigaciones acerca de la trama de corrupción tejida en Cataluña en torno a las estaciones de ITV. Trama de corrupción conectada con la Operación Campeón y en la que estarían presuntamente involucrados tanto el hijo como la nuera de Jordi Pujol.

El escándalo de las ITV viene a sumarse a otros escándalos conocidos en los últimos tiempos, como el caso Palau y la Operación Pretoria, en los que aparecen involucrados miembros de distintos partidos políticos catalanes, que habrían venido repartiéndose el dinero público de una manera perfectamente transversal y negociada.

Como la Liga Norte italiana, hay partidos en Cataluña que han hecho del "España nos roba" su modo de vida, su razón de ser. Han venido utilizando esa aseveración falaz para garantizarse el acceso a los puestos políticos donde se decide el reparto del dinero de los catalanes. Y, como sucedió con la Liga Norte, los hechos están demostrando que quienes más alto gritan el "España nos roba" suelen ser, precisamente, los más ladrones. Y las cosas han ido ya demasiado lejos.

Los ciudadanos catalanes tienen toda la razón del mundo cuando se quejan de que les roban, porque es verdad que les han estado robando a manos llenas. Les han estado esquilmando de la forma más descarada e impune desde hace décadas. Han estado saqueando sus bolsillos sin ningún pudor.

Pero no es España quien les roba, sino una casta nacionalista corrupta que señala hacia Madrid con la mano derecha mientras vacía la caja con la izquierda, para beneficio suyo y de sus dinastías familiares.

Una casta corrupta que a quien más daño hace es, precisamente, a Cataluña. Y a la que ya es hora de jubilar con alguna operación Mani Pulite que ponga fin a la Tangentópolis catalana.

Autonomías en apuros
EDITORIAL El Correo 29 Julio 2012

El modelo de Estado está fuera de cuestión, pero han de primar la eficiencia y la austeridad

La fuerte asimetría entre las comunidades autónomas, acentuada por la última reforma estatutaria de algunas de ellas, ha puesto en riesgo con la crisis la estabilidad del sistema; de un modelo en el que las autonomías, que gestionan más de un tercio del gasto público, no recaudan la mayor parte de sus ingresos, sino que los reciben del Estado. Lógicamente, el descontrol fiscal, que fue relativamente manejable en la época de las vacas gordas, ha requerido medidas correctivas al sobrevenir la escasez.

La principal, la reforma de la Carta Magna que constitucionaliza la estabilidad presupuestaria, aprobada con el consenso PP-PSOE (el PSOE no apoyó, sin embargo, la ley de estabilidad presupuestaria que la desarrolla, aunque sí lo hizo CiU), que permite al Gobierno poner límites al gasto de las regiones, con el acuerdo del Tribunal Constitucional, que avaló tal control. La herramienta para llevar a cabo ese control es el Fondo de Liquidez Autonómica (el FLA), que permitirá a las autonomías disponer de hasta 18.000 millones de euros, naturalmente con una estricta condicionalidad, muy semejante a la que impone Bruselas en los rescates (incluso en la línea de crédito acordada para la recapitalización de la banca española).

Las autonomías -en especial, la catalana- hubieran preferido los 'hispanobonos' pero, curiosamente, Montoro se ha negado a otorgarlos porque no es partidario de la mutualización de la deuda (el mismo argumento con el que Merkel niega a España los eurobonos). El FLA, que embridará el gasto autonómico, deberá ser prorrogado en 2013 con más recursos y habrá de conducir hacia un acuerdo de armonización autonómica en materia fiscal, que limite el gasto y permita al Estado en su conjunto cumplir los compromisos de convergencia que Europa nos impone. Sería absurdo que la periferia considerara humillante el control estatal y, en cambio, constructivo y moderno el que impone Bruselas.

En definitiva, este país tiene que caminar hacia fronteras federales, hacia un modelo más eficiente y austero en que los ámbitos estatal, autonómico y local se coordinen en un bien engrasado sistema institucional generosamente descentralizado pero con la debida cohesión y con una bien definida coherencia interna.

Sistema institucional generosamente descerebrado
Nota del Editor 29 Julio 2012

Cualquier persona con un poquito de sentido común, cuyos ingresos no dependan del tinglado autonómico, podrá manifestar que el editorialista de El Correo se ha equivocado y ha
querido decir sistema institucional generosamente descerebrado, y así nos va. Ahora nos vienen con un gran pacto nacional entre los dos partidos mayoritarios, los trileros del PSOE y los inútiles de PP, como si el problema no lo hubiesen creado ellos. Lo que sobran son los profesionales de la política  y sus partidos políticos. No queremos ni oír hablar de élites políticas, es una aberración conceptual.

Los políticos deben ser servidores a título gratuito de sus conciudadanos lo mismo que los presidentes de las comunidades de vecinos. No se debería permitir a nadie sin un trabajo al que volver, entrar en política, y aun mejor, sin perder dinero para que tenga prisa en arreglar asuntos e irse de vuelta con los bolsillos vacíos a su trabajo mejor remunerado y tranquilo.

Nueva fase: la UE quiere ‘sangre autonómica’

«Ojalá se rebelen incluso las nuestras, porque hacen falta argumentos políticos para poder intervenir alguna, que es lo que nos están pidiendo», ironiza un miembro del Gobierno en vísperas de la reunión que mantendrá mañana Mariano Rajoy con los barones autonómicos del Partido Popular. El euro ha entrado en una nueva fase tras las parole magiche del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, sobre que hará «todo lo necesario» para defender la moneda, pero pinta mal para las comunidades autónomas. Después de su gira por Berlín y París de esta semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, está pasando el mensaje a los barones de que continúa el escándalo europeo por el descontrol autonómico. La perspectiva de que este año, y una vez más, incumplan el objetivo de déficit en más de 10.000 millones de euros y de que tengan que acudir en masa al fondo autonómico de rescate, porque necesitan liquidez por valor de 26.376 millones para llegar a final de año, impacienta en Bruselas.

Nueva fase: la UE quiere 'sangre autonómica'
CARLOS SEGOVIA El Mundo  29 Julio 2012

«Ojalá se rebelen incluso las nuestras, porque hacen falta argumentos políticos para poder intervenir alguna, que es lo que nos están pidiendo», ironiza un miembro del Gobierno en vísperas de la reunión que mantendrá mañana Mariano Rajoy con los barones autonómicos del Partido Popular. El euro ha entrado en una nueva fase tras las parole magiche del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, sobre que hará «todo lo necesario» para defender la moneda, pero pinta mal para las comunidades autónomas. Después de su gira por Berlín y París de esta semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, está pasando el mensaje a los barones de que continúa el escándalo europeo por el descontrol autonómico. La perspectiva de que este año, y una vez más, incumplan el objetivo de déficit en más de 10.000 millones de euros y de que tengan que acudir en masa al fondo autonómico de rescate, porque necesitan liquidez por valor de 26.376 millones para llegar a final de año, impacienta en Bruselas.

Angela Merkel y François Hollande han acordado que no hay el billón largo de euros para rescatar a España e Italia, pero que tampoco conviene desintegrar la Eurozona más allá, si es inevitable, de Grecia. Por tanto, hay que poner en marcha un Plan B alternativo al actual de la cascada de rescates a la portuguesa. Merkel no ganaría unas elecciones ya el año que viene pidiendo a su Parlamento 400.000 millones para Mariano y otros 700.000 para Mario. Así que adiós a ese tipo de rescates.

Pero tampoco las ganaría si el fondo europeo de estabilidad y el BCE compran deuda sureña y ayudan a Mario&Mariano gratis, by the face, sin que hagan más aún de lo que ya están haciendo. Si en su momento el Eurogrupo reclamaba una señal de contundencia en el sector bancario español como la nacionalización de Bankia -aunque la querían menos atropellada- ahora piden sangre autonómica. Reclaman menos palabras mágicas de Cristóbal Montoro sobre que se van a enterar las autonomías y van a ser intervenidas para pasar de una vez a los hechos.

En Bruselas no ha pasado inadvertido que la solemnidad con la que el ministro afirmó el pasado 12 de julio que se iniciaban los trámites de intervención, al haberse detectado que «varias comunidades» presentaban el riesgo de «desvío en el déficit» se convirtió días después en un «simple chequeo» de cifras con una decena de regiones con «conclusión positiva». Es fuerte sacar tarjeta amarilla a Cataluña y amenazarla con multa e intervención. También es duro actuar con nada menos que Castilla-La Mancha, que preside la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Son las típicas decisiones que dan alergia a Rajoy.

Por cierto, que mucha exigencia catalana de pacto fiscal y, según las entregas a cuenta para 2013, Esperanza Aguirre recibe 4.000 millones menos del sistema de financiación que Artur Mas, lo que es proporcionalmente muy discriminatorio. Pero el conflicto inmediato para Rajoy es otro: intervenir autonomías y no sólo por Merkel, el BCE o los mercados. Que pregunten al presidente de Seopan, Baldomero Falcones, o de Unesa, Eduardo Montes, sobre qué piensan sus constructoras o eléctricas -destacados acreedores de las autonomías- sobre si conviene dar ya algún escarmiento para dar credibilidad al sistema. Y más desde que los barones tienen el tupé de decir que pedir rescate al fondo de rescate no significa pedir rescate.

El problema es que, si no hay sangre autonómica o incluso aunque la haya, Rajoy puede verse obligado a otra humillación tras la del rescate bancario y es requerir oficialmente ayuda a la UE para que se adquiera deuda española en las difíciles subastas del otoño. Monti también, y con más motivo, de ahí la trascendencia de la visita del italiano a Moncloa este jueves para intentar cerrar filas ante el norte. Mario&Mariano no deben perder de vista que cualquier duda nos devolvería al miércoles, en el que la prima de riesgo tocó el récord de los 650 puntos básicos.

Atención, por ejemplo, a la dura intervención del chief economist de CEOE, José Luis Feito, ante la patronal el pasado día 19. Asustó al asegurar que Montoro llevaba este año el déficit «¡camino del 8%!» frente al 6,3% que permite ya como máximo la UE. Dijo que hay inexplicables desvíos presupuestarios y lamentó que el Gobierno se haya apoyado «una vez más» en subidas de impuestos, en vez de en recorte de gastos, y siga sin recuperar la confianza perdida por Zapatero.

También fue significativa la reunión del consejo de gobierno de Farmaindustria del martes, que no sólo agrupa a los presidentes de las principales empresas farmacéuticas españolas, como Jorge Ramentol, Jorge Gallardo o Antoni Esteve, sino a los de filiales de multinacionales de la talla de Roche, Novartis o Pfizer. Se felicitaron de que Montoro había logrado con el fondo de proveedores que cobraran los ¡6.300 millones! adeudados al sector, pero que el futuro no estaba garantizado y que, al contrario, había que ir estudiando, «por si acaso», el impacto en los precios de los fármacos de la devaluación que supondría la salida de España del euro. Por eso mismo hay economistas que sostienen que tras un rescate no conviene salir del euro. En todo caso, antes porque lo que se adeuda al Eurogrupo se devuelve en euros y las nuevas pesetas valdrían, al menos, un 40% menos. Por tanto, los 100.000 millones por la banca se convertirían ya en casi el doble en pelas. No, hay que seguir en el club y ojalá Draghi asegure, queridos lectores, un verano sin infartos añadidos.

carlos.segovia@elmundo.es

Europa maniobra para dinamitar el sistema autonómico español. La UE prepara un informe para exigirle al Gobierno la supresión inmediata de 2.700 organismos públicos regionales
ECD Política El Confidencial 29 Julio 2012

El macro-ajuste anunciado por Mariano Rajoy hace tres semanas ha sido bien recibido por Bruselas pero no es suficiente. La Comisión Europea considera que es necesario aplicar recortes en una dirección: las Autonomías. La UE va a exigir al Gobierno la supresión de 2.700 organismos regionales.

Según ha sabido El Confidencial Digital, la Comisión Europea está redactando en estos momentos un informe con nuevas ‘sugerencias’ al Gobierno de Mariano Rajoy, que será presentado en la próxima cumbre de Bruselas y que recogerá una serie de medidas a aplicar para reducir el gasto, ahora dirigidas específicamente a las comunidades autónomas.

Un alto cargo del Parlamento Europeo ha confirmado a ECD que las autoridades europeas están especialmente preocupadas “por los anuncios de rescate de regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana”, por lo que “reclamarán a España un duro plan de ajuste para controlar esos agujeros en las autonomías”.

En este sentido, añade, desde Bruselas consideran que medidas como la subida del IVA o la supresión de la paga extra a los funcionarios eran imprescindibles para salvar la situación a corto plazo, pero “una reducción del déficit hasta alcanzar el objetivo del 3% en 2014 exige cambios estructurales que supongan un ahorro definitivo”.

España debe eliminar ya 2.700 organismos autonómicos
Las mismas fuentes explican que la medida más urgente para la Comisión Europea es muy concreta: la supresión de 2.700 organismos autonómicos por parte del Gobierno central, que deberá especificar a cada región qué entes debe eliminar.

Y Europa realiza una advertencia: esta exigencia fue una de las primeras que recibió Mariano Rajoy nada más llegar a La Moncloa hace siete meses y, sin embargo, en todo este periodo “España sólo ha eliminado 5 de esas corporaciones”. De ahí que Bruselas haya decidido dar un paso más e incluir esa medida como imprescindible en el próximo informe de la Comisión.

Según los datos que maneja Bruselas, en España hay más de 5.000 organismos regionales que suponen gastos de miles de millones. “La optimización de esa estructura es vital –advierten de la UE- para el cumplimiento del déficit”.

Entre las corporaciones a las que la Unión Europea califica como “prescindibles”, destacan las televisiones autonómicas, las embajadas regionales en el exterior, y todas las empresas públicas locales que sirven de soporte a ayuntamientos, consejerías, y diputaciones.

Partidos y sindicatos, también en el punto de mira
Otra de las exigencias que incluirá Bruselas en el informe que va a presentar en la próxima cumbre europea será una nueva reducción de la financiación a los partidos, sindicatos, y organizaciones de cooperación no gubernamentales.

Para la Comisión Europea, el recorte del 20 por ciento de las subvenciones a estas organizaciones llevado a cabo no es suficiente: “España es el país con más políticos y sindicatos por habitante de toda la Unión, y eso molesta mucho en Bruselas, que pide menos privilegios para ellos”, insisten desde la Comisión.

Además, “también se reclamará la reducción del gasto para la cooperación, en la que España ha invertido 805 millones de euros el año pasado”.

En España hay más de 30.000 coches oficiales
¿Necesita un diputado tener seis asistentes a cuenta del erario público?
Las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV
Periodista Digital 29 Julio 2012

¿Sabe usted cómo llama el país donde el gasto de los políticos de la administración local en asesores personales pasó de 153 millones de euros en 2005 y a 316 millones en 2008?

No se devane los sesos: se trata de España.
Por asombroso que resulte, en sólo tres años, los gestores de lo municipal, sin diferencia de color político o localización geográfica, duplicaron lo que se gastan en gente de confianza a cuenta del erario público. Y siguen.

Afirma Roberto Centeno en su blog 'El Disparate Económico' que la alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal.

El alcalde de Washington, al igual que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a su trabajo.

Escribe Centeno:
"Cuando le expliqué a mi amigo norteamericano que en España hay más de 30.000 coches oficiales, que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos a dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer".

No estamos ahora en condiciones de diseccionar los datos y explicarles la naturaleza, origen, vinculación familiar y partidaria que los bendencidos con la 'mamandurria' tienen, pero es fácil de imaginar.

El diario 'El Mundo' desvela este 29 de julio de 2012 en su suplemento Crónica algunas cifras que llaman la atención sobre el coste que supone para los contribuyentes el personal de confianza de diputados del Congreso, senadores, diputados regionales, alcaldes y concejales.

Incluso UPyD, partido que aboga por la regeneración de la vida política, abusa de los asesores y el diputado en Asturias, Ignacio Prendes, cuenta con seis.
La proliferación de estos ayudantes supone un sumidero por donde se va mucho dinero público: los 17.000 asesores cuestan unos 850 millones de euros al año.

En el redimensionamiento de la clase política, el Gobierno debe asegurar con la ley una drástica reducción del número de asesores.
La plaga de los asistentes nombrados a dedo cuesta a España 850 millones.

Solo el 13% defiende el modelo actual
El 81% de los españoles cree que las CCAA han ido "demasiado lejos"
El dato es abrumador: la inmensa mayoría de los ciudadanos cree que el modelo autonómico no sirve. Se pide reorganizar competencias.
Libertad Digital  29 Julio 2012

Los españoles piden a gritos una reforma del modelo autonómico. Consideran que las comunidades han ido "demasiado lejos" y es preciso "reorganizar su funcionamiento y sus competencias". Así lo piensa un abrumador 81% de los encuestados por Metroscopia, ante la necesidad de algunas regiones de acogerse a ayuda financiera por parte del Estado para hacer frente a sus deudas.

Las conclusiones son demoledoras. Mientras un 6% no sabe o no contesta, tan sólo un 13% cree que la crisis autonómica sea "circunstancial" o "pasajera", y que no debe ponerse en cuestión el modelo. Los datos, que El País no lleva ni al titular ni al desarrollo de la información, cobran especial relevancia a las puertas de una semana clave en este sentido, con una reunión de Mariano Rajoy con los barones autonómicos del PP y una nueva cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera este mismo lunes.

Ese 81% de los ciudadanos no solo insta a reorganizar el Estado, cosa a la que se compromete el Ejecutivo -en declaraciones a Libertad Digital, Soraya Sáenz de Santamaría habla "de un país de administraciones y ciudadanos responsables"-, sino que pide abrir el melón de las competencias. Voces muy destacadas ya se han pronunciado a favor, desde el expresidente José María Aznar a Esperanza Aguirre, que reclaman un debate sosegado pero profundo. El último fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, para quien la Justicia debería de ser competencia exclusiva del Estado.

Por lo demás, el sondeo nos deja una radiografía de la realidad ya conocida; que la crisis está pasando factura al Ejecutivo. Según el barómetro del mes de julio, los populares volverían a ganar las elecciones, pero esta vez con mayoría simple y una diferencia de sólo 5,3 puntos, que en la anterior encuesta era de 13,9. El PP tendría el 30% de los votos, perdiendo 14,6 puntos en sólo ocho meses: un récord y una caída sin precedentes.

Al PSOE tampoco le van bien las cosas. Más bien, todo lo contrario. Los socialistas sólo suben 1,6 puntos desde el anterior sondeo, confirmando que su oposición no gusta a la ciudadanía. Un 76% de los ciudadanos desaprueba la gestión de Alfredo Pérez Rubalcaba, peor valorado que el presidente -que se queda en un 69%-.

La encuesta atestigua el desánimo de los españoles ante las últimas medidas aprobadas por el Gobierno. Así, incluso la fidelidad del votante del PP se derrumba, lo que permite al PSOE que, por primera vez en seis años, tenga más fidelidad de voto, que han bajado 16 puntos en este aspecto en un mes.

IU se mantiene por encima del 12% de los votos, recogiendo el malestar de los votantes de la izquierda, mientras UPyD llega casi al 10%.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

El silencio de los desterrado
Victoria Prego en El Mundo  29 Julio 2012

El censo electoral vasco está alterado desde hace décadas y la democracia española ha tardado demasiado tiempo en caer en la cuenta y en ponerse a reparar el atropello. El asesinato sistemático, ayudado por la presión del acoso y el terror sobre los ciudadanos pacíficos y democráticos lo han alterado.

El censo ha sido vaciado de resistentes a ETA con el aplauso de quienes han respaldado a la banda o la han dejado hacer y con el silencio de muchos otros. Año tras año fueron cumpliendo inexorablemente su objetivo: expulsar de su tierra y de sus casas a quienes no secundaban o no se plegaban a ellos. Hacerles desistir, derrotarles por asfixia social.

Ésta ha sido la realidad del País Vasco y en gran medida lo sigue siendo aún. Ahí están las pintadas de agresión que pueblan las paredes de San Sebastián y de las que una concejal dijo hace unos días eso tan propio de las sociedades enfermas que se acomodan al totalitarismo: por algo será, algo habrán hecho. Hablaba de las víctimas de la persecución, claro, no de los culpables de las agresiones.

Es verdad que durante algunos años, pocos, los partidarios de la banda y sus redes políticas estuvieron fuera de la ley y no podían ser votados. Pero podían votar, y ahora mismo están ya en posesión de todos sus derechos políticos, cosa que quienes tuvieron que escapar para no ser liquidados siguen sin disfrutar. Y, mientras eso no se resuelva, el mapa electoral vasco estará viciado de origen. Será un mapa falso.

La Fundación BBVA publicó hace cuatro años un informe con un dato escalofriante: casi 200.000 personas abandonaron el País Vasco desde que ETA inició su actividad criminal y, de éstas, 157.417 lo hicieron desde 1980 hasta el año 2000, el periodo de mayor intensidad asesina y extorsionadora. En él se decía que «claramente» una de las principales causas de ese éxodo había sido el miedo infundido por la banda. Esos vascos fueron condenados por ETA al silencio, ilegalizados en su propia tierra por culpa del terror.

Por eso es digna de apoyo la iniciativa del Ministerio del Interior para devolver el derecho al voto a quienes abandonaron el País Vasco para escapar de los terroristas y sus apoyos. Es obligación de los gobernantes democráticos defender a sus ciudadanos de los ataques de quienes no tienen otra aspiración que la de acabar con la democracia.

De modo que hasta ahí, todo bien. El proyecto de modificación de la Ley Electoral para incluir esta excepción es plenamente acorde con la Constitución, según asegura y demuestra el Centro de Estudios Jurídicos y Constitucionales.

Pero vayamos ahora al terreno de la política. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en estudiar la devolución de sus derechos a quienes tuvieron que exiliarse para poder vivir? Y una vez que se ha comprobado la viabilidad de la reforma legal ¿por qué se anuncia, como si se tuviera miedo de la reacción del adversario, que esta modificación no se hace por motivos electoralistas? Por motivos electoralistas no, por motivos electorales, que es algo distinto, legítimo y obligado.

Hay que hacerlo y con carácter de urgencia, además. Primero, porque lo que se dibuja en el inmediato futuro del País Vasco es el dominio legal del arco político por las fuerzas proetarras e independentistas sin que la banda se haya disuelto, cosa que por sí misma es de la máxima gravedad. Y, segundo, porque parece que eso va a suceder mientras los expulsados por ETA siguen privados de voz y de capacidad de influencia en el destino político de su tierra, lo cual resulta altamente ofensivo desde el punto de vista democrático.

Quienes no condenan el terrorismo ni los asesinatos han sido bendecidos repetidamente por el Tribunal Constitucional y se presentan a las elecciones. Y ahora sabemos que las autoridades están organizando una gira de testimonios de etarras arrepentidos para intentar romper la legitimación del crimen entre los próximos a la banda y, de paso, mover a la sociedad a concederles el perdón.

Medidas como las descritas en las páginas anteriores no se pueden honestamente mantener sin haber hecho todos los esfuerzos para que recuperen el voto quienes lo perdieron bajo presión. Ellos y sus hijos. Y devolvérselo a tiempo de evitar que los defensores de la violencia acaben venciendo ante la ley a los defensores de la democracia.

Por eso no tiene explicación que el ministro del Interior diga que no se busca alterar el resultado de las elecciones. ¿Cómo que no? Para empezar, esa medida nunca sería una alteración del resultado de las elecciones, sino todo lo contrario. Sería acercar ese resultado, el que sea, a su perfil más real. Y para seguir, no es que pueda buscarse, es que debe buscarse un efecto electoral.

La democracia española está obligada a levantar todos los muros que la ley le permita para impedir que el falseamiento del censo favorezca a quienes -si no se devuelve al derecho al voto a quienes ETA se lo arrebató- lograrían así su objetivo: volver a la legalidad, presentarse a los comicios y dominar la política vasca. Todo ello sin haber pagado el menor precio y habiendo expulsado a quienes se opusieron a su proyecto y, para no perder la vida, tuvieron que optar por renunciar a su vida y a su ciudadanía vasca.

La legislatura autonómica acaba en la primavera de 2013, pero el lehendakari podría adelantar las elecciones a noviembre. Los expertos dicen que la aprobación de la reforma de la Ley Electoral y del reglamento correspondiente nos llevaría a diciembre.

Pues ese plazo es precisamente el que el Gobierno y el Parlamento español deben procurar acortar. Sería una dejación de responsabilidad el no intentar llegar a tiempo al desafío que se está fraguando en el País Vasco. Hay que hacer el esfuerzo y estar en condiciones de oponer a la fuerza de los votos de los radicales toda la fuerza que se pueda sumar con las papeletas de quienes defienden la España constitucional. Y, luego, aceptar los resultados, los que sean. Pero intentarlo, sí.

Otras cosas de más envergadura se han llevado a cabo por la vía de urgencia si hay consenso entre las fuerzas políticas. Pero Patxi López lo facilitaría todo si agotara la legislatura. Aunque quizá sea mucho pedir.

victoria.prego@elmundo.es


Recortes de Prensa   Página Inicial