AGLI Recortes de Prensa   Domingo 19 Agosto 2012

Una tela de araña nacional
EDITORIAL Libertad Digital 19 Agosto 2012

En la serie de reportajes Estado SA, La caja B de las administraciones públicas que Luis del Pino inicia este fin de semana, Libertad Digital arrojará luz sobre esa oscura y gigantesca red de intereses y tráfico de influencias que representa el entramado de entes y empresas públicas, que durante décadas se han ido multiplicando al calor del poder político en todos los escalones de la sobredimensionada y disparatada estructura administrativa del Estado español.

En esta primera entrega nos encontramos ante un panorama general que ofrece unas cifras de muy difícil digestión para la sociedad civil española que soporta, al límite de sus posibilidades, una brutal presión fiscal, de las más elevadas del mundo. La suma con datos de 2011 de organismos autónomos, entes públicos y entidades públicas empresariales, grupos empresariales, agencias, consorcios, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, sociedades mercantiles, sociedades participadas y otras entidades alcanza las 1.096 en la Administración del Estado, 2.338 en las comunidades autónomas y 5.460 en los ayuntamientos y entidades locales.

Esta variedad en la tipología de las empresas públicas proviene de un ejercicio de ingeniería jurídica encaminado a evitar las fiscalización y control que se presupone en la administración pública. El objetivo es contar con la mayor discrecionalidad posible para manejar las cuentas y la contratación de personal. Estamos, en muchos casos, ante auténticas agencias de colocación de los partidos políticos. Una reproducción a escala nacional de la Tela de Araña andaluza, que ha diseccionado Pedro de Tena en Libertad Digital.

La combinación de esta red clientelar con la irresponsabilidad fiscal del sistema autonómico y el control político de las justicia es la base del poder de los partidos políticos y lo que se ha venido en llamar partitocracia. De ahí la feroz resistencia de todos los gobiernos, nacional, autonómicos y locales a tocar este entramado.

El Gobierno de la Nación ha anunciado en varias ocasiones una reducción de las empresas públicas que hasta el momento apenas se ha traducido en el cierre de una decena de empresas, entre las que figuraban ejemplos especialmente sangrantes, como la dedicada al V Centenario, que se mantenía viva 20 años después. Nada más. La mayoría de autonomías y ayuntamientos ni siquiera han demostrado esa voluntad de acabar con lo que Esperanza Aguirre ha bautizado como "mamandurrias".

En septiembre España se enfrente a un probable rescate europeo que exigirá un ajuste aún mayor del llevado a cabo hasta ahora. El gran error del Gobierno ha sido cargar todos su medidas sobre el sector privado, ciudadanos y empresas, para salvar un sector público que mantiene el mismo tamaño que cuando se inició la crisis. La situación es insostenible, no solo ya desde el punto de vista de las cuentas sino también de la ética y la moral pública. No se puede pedir a los ciudadanos que sigan manteniendo este tinglado de los partidos políticos ni un minuto más.

ESTADO SA (I)
Los miles de empresas públicas que las administraciones se resisten a cerrar
En esta primera entrega de la serie Estado SA descubrimos los millares de entes y empresas públicas que se multiplican al calor del poder político.
Luis del Pino Libertad Digital 19 Agosto 2012

http://www.libremercado.com/2012-08-10/para-raul-fundaciones-subvencionadas-1276465864/

Lo malo no es el número de políticos que existe en España. Lo verdaderamente ruinoso es todo el entramado que se ha creado en torno a las distintas administraciones públicas: un entramado formado por organismos autónomos, fundaciones, consorcios, empresas públicas, instituciones sin ánimo de lucro... Además, por supuesto, de asesores de todo tipo.

Es en ese entramado donde los partidos "aparcan" a decenas de miles de personas no elegidas por nadie. Y es por los agujeros de ese entramado por donde se escapa el dinero público a raudales, en actividades la mayor parte de las veces inútiles. Para colmo, muchas de las entidades que forman ese entramado multiplican la burocracia a la que se somete a ciudadanos y empresas y hacen aumentar las trabas administrativas que afectan a la economía verdaderamente productiva.

Expongamos los números. España tiene, en estos momentos:

  • 17 comunidades autónomas
  • 2 ciudades autónomas
  • 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares
  • 8117 ayuntamientos
  • 1012 mancomunidades
  • 80 agrupaciones de municipios
  • 81 comarcas
  • 3 áreas metropolitanas
  • 3726 entidades locales menores

Pero a su vez, de todas estas administraciones (y del propio Estado) cuelga un entramado de todo tipo de entidades, muchas de ellas ajenas a cualquier tipo de fiscalización, como se muestra en el siguiente cuadro:

  ESTADO AUTONOMIAS MUNICIPIOS
Organismos autónomos administrativos   110 1149
Organismos autónomos comerciales   17 16
Organismos autónomos 65 42 265
Entidades públicas empresariales 14 29 56
Entes públicos   205  
Entidades gestoras S.S. 5    
Mutuas accidentes 24    
Otras entidades 58    
Grupos empresariales 28    
Agencias 8 6  
Consorcios 142 644 1045
Fundaciones 111 561 440
Instituciones sin ánimo de lucro   21 526
Sociedades mercantiles 173 609 1613
Sociedades participadas 468 47 350
Universidades   47  
TOTAL 1096 2338 5460

Los organismos autónomos, que pueden ser de varios tipos, se rigen por el Derecho administrativo y pueden realizar actividades de fomento, de prestación o de gestión de servicios públicos. Dependen de un órgano de la administración, como por ejemplo un ministerio o consejería.

Las entidades públicas empresariales y entes públicos se diferencian de los organismos autónomos en que se rigen, en general, por el Derecho privado. Pueden depender de un ministerio o consejería o también de un organismo autónomo.

Las agencias se crearon, por su parte, para disponer de entidades de Derecho público sometidas a menos restricciones administrativas que los organismos autónomos.

En lo que respecta a empresas, el cuadro muestra como "Sociedades mercantiles" a aquellas en las que las administraciones cuentan con mayoría de capital o con mayoría del consejo, mientras que "Sociedades participadas" son aquellas en que las administraciones tienen una participación minoritaria.

Como puede verse, de las distintas administraciones dependen varios miles de entidades regidas por distintas normativas y con diferentes grados de autonomía. Eso hace que las trabas burocráticas para la contratación de personal y para el gasto sean muy variables entre unas entidades y otras, y muy diferentes de las que existen en la Administración Pública.

De mayor a menor grado de control, la clasificación de entidades sería la siguiente:

  • Organismos autónomos, regidos por el Derecho público
  • Agencias, regidas por el Derecho público, pero con más autonomía
  • Entes públicos, regidos principalmente por el Derecho privado
  • Sociedades mercantiles, regidas por el Derecho privado, con obligación de presentar (y en algunos casos auditar) sus cuentas
  • Fundaciones, con menos obligaciones a la hora de presentar o auditar sus cuentas

Puesto que muchas de esas entidades no están sujetas a los mismos mecanismos de control y fiscalización que las administraciones públicas, no es de extrañar que las administraciones recurran a ellas para, precisamente, eludir esos controles y esa fiscalización.

El caso más sangrante es de las fundaciones, sobre quienes el Consejo General de Colegios de Economistas publicaba un informe, el pasado mes de marzo, en el que advertía de la falta de datos y de la opacidad de las fundaciones. Ese informe reclamaba también un cambio legislativo para que las fundaciones se sometan a los mismos controles que las sociedades mercantiles.

Quizá sea precisamente esa opacidad la que ha hecho que las fundaciones participadas por la administración se multipliquen en nuestro país como setas. En concreto, el número de fundaciones dependientes de las administraciones autonómicas, o participadas por ellas, ha pasado de 357 en abril de 2003, a 498 en enero de 2007 y a 561 en julio de 2011.

Las tablas 2, 3 y 4 muestran la lista de fundaciones donde tienen participación las administraciones locales, autonómicas y estatal.
 

Tabla 2: Fundaciones en las que tienen participación las entidades locales: 440

Tabla 3: Funcaciones en las que tienen participación las comunidades autónomas: 561

Tabla 4: Fundaciones en las que tienen participación el Estado: 111

 En la segunda entrega abordaremos la redundancia de entes entre las diferentes administraciones.

¿'Terrorismo' financiero? La Pérfida Albión y nuestros bonos
Daniel Lacalle www.cotizalia.com 19 Agosto 2012

“The phenomenon of economic ignorance is so widespread and its consequences so frightening that the objective to reduce that ignorance becomes a goal”, Israel Kirzner.

Yo pasé ocho años de mi carrera en el área de comunicación con inversores y a pesar de sufrir la crisis latinoamericana y otras, nunca escuché insultos hacia ellos. En aquella época no partíamos de derechos adquiridos. Había que ganárselo ante un mercado con capital limitado. Aprendíamos especialmente de quienes nos criticaban. Hoy el proceso de desapalancamiento global lleva a que esa demanda de capital sea aún más competitiva, pero nos dedicamos a invocar nuestro derecho a recibir “capital ilimitado”, porque sí.

Echar la culpa al camarero de la comida del restaurante
Curioso que además se acuse de ‘terrorismo financiero’ a un ente difuso, los mercados, operadores que no dejan de ser una consecuencia de las verdaderas causas de una crisis creada por los estados y sus bancos centrales: la expansión monetaria estructural que genera inflación, los tipos de interés artificialmente bajos, que crean burbujas, y el endeudamiento descontrolado, imposible de pagar que lleva a impagos y devaluaciones que empobrecen a toda la población.

Imprimamos, devaluemos, subamos impuestos. Luego se preguntan por qué sube la inflación, los alimentos y las materias primas. Y la conclusión es evidente. Es culpa de no sé qué ‘trader’ de Londres. Fácil. Total, es lógico, la industria de ‘hedge funds’ completa maneja una fracción de los fondos que es menor que la que maneja la Unión Europea, pero son los que nos atacan. Como en el pueblo de mis padres, que siempre que roban dicen que son los turistas.

Ahora necesitamos inversores como el aire.
Es curioso que nos quejemos de nuestra injusta prima de riesgo “cuando Inglaterra está peor” –mi frase favorita. La Pérfida Albión que nos ataca, como decían de Inglaterra en tiempos de Franco.

Cuando multiplicábamos nuestra deuda pública en cuatro años desde 390.000 millones a 734.000 millones y veíamos a todas las comunidades autónomas aumentar su deuda de 60.000 a 140.000 millones no escuchaba a nadie tildar de ‘terroristas financieros’ a quienes despilfarraban un dinero del que no disponían. El gasto siempre se justifica, se le presume buena intención, y se le atribuyen oscuros objetivos a quien no se fía y decide no comprar bonos. No comprar no es atacar.

En deuda soberana, aprendamos del Reino Unido
Déjenme aclarar primero. Nadie es más crítico con el Reino Unido que yo, que vivo en Londres, con la muy errónea política de gasto público de Gordon Brown y de expansión monetaria actual -la que reclamamos para Europa, casualmente, a pesar de generar recesión-. Pero el bono a diez años británico, de momento, es una inversión sólida. Por algo es.

Vayamos al debate. Dice así: “La prima de riesgo de la deuda española está injustificadamente alta y la del Reino Unido injustificadamente baja porque nos atacan y se aprovechan”. ¿Cierto? No.

Empecemos por lo que genera desconfianza y lo que hay que atacar:
- Las cuentas que no cuadran. Las facturas impagadas, las deudas no contabilizadas, el déficit que nunca se cumple. Los números. Si no damos unas cifras sostenibles, creíbles y consistentes los inversores en deuda, por definición los más conservadores y largo-placistas, salen corriendo.

- Credibilidad institucional y responsabilidad crediticia. Todo el mundo sabe a quién echarle la culpa del déficit en Reino Unido, y quién puede actuar sobre el mismo. No se hacen debates de “pues tú más” en corrupción. Otro problema es el rescate sin contrapartida. En España, cajas y 17 centros de decisión, todos con su derecho adquirido a tener más deuda y ser rescatados, pero sin responsabilidad real sobre las consecuencias. Primero se endeudan y luego se “rebelan”. ¿Con qué se rebelan? No pagando a sus proveedores. Un éxito sin precedentes.

- La percepción de que las reformas son cosméticas. Los cortes de gasto han sido reducciones del incremento previsto, no recortes reales, mientras Cameron ha metido la tijera inmediata. Por lo tanto, ante una situación económica incierta, solo se cuenta con los ingresos y eso es un riesgo enorme.

- La aceleración del gasto. En España el gasto se ha duplicado mientras los ingresos se estancaban. Esa aceleración es muy relevante. Lo que genera más desconfianza entre los inversores es la evolución de los ratios de solvencia dinámicos (incremento de gastos versus incremento de ingresos), no los estáticos (deuda/PIB) y las necesidades de refinanciación futuras respecto a la oferta global. En Reino Unido, por ejemplo, manejan con precisión las emisiones al máximo plazo y siempre buscan evitar la saturación de oferta. España tiene que refinanciar entre 2013 y 2015 259.000 millones de euros, casi la misma cantidad que todo el Reino Unido, 320.000 millones de euros, pero con menos de la mitad de PIB.

- Los mensajes promoviendo el impago y la salida del euro. Si un líder de la oposición dice “si España estuviera fuera del euro nuestra prima de riesgo sería de 300 puntos básicos”, un líder de un partido mayoritario dice “hay que declarar la deuda odiosa y dejar de pagar” y un ministro dice “los bancos alemanes también se beneficiaron de nuestra burbuja”, aunque no lo pretendan, están hablando públicamente -y se enteran hasta en Iowa- del riesgo de impago y de salida del euro. No ayuda.

Por supuesto, añadir un país que atrae capital y mantiene el interés de los inversores como política primordial del Estado, no con una regulación restrictiva y anti-inversora, y con un 8,6% de paro.

Pensar que la deuda del Reino Unido está baja exclusivamente porque el Estado devalúa y monetiza -una salvajada de política inútil, digámoslo claro- es otro error.

Si la panacea para bajar la prima de riesgo fuera tener moneda propia y banco central propio y hacer expansión monetaria, el país con prima de riesgo más bajo del mundo seria Zimbabwe o Argentina. Sin credibilidad institucional y responsabilidad crediticia, seguridad jurídica y un entorno inversor adecuado, todas las intervenciones que quieran serían irrelevantes.

El Estado británico ha comprado menos de la mitad de la deuda emitida por el país entre 2009 y 2010, la otra mitad la han comprado instituciones y bancos, entre ellos, oh sorpresa, figuran en el Top 10 de las entidades españolas. Fuente Lloyds.

En España más de 400.000 millones de euros que se han recibido del BCE se han usado fundamentalmente para comprar deuda. Más de lo que ha comprado el Banco de Inglaterra en 12 meses. Si la monetización de deuda fuese la razón de la baja prima de riesgo, aquí hemos tenido monetización salvaje con el LTRO de Draghi.

Si no hubiera confianza institucional y responsabilidad crediticia o se estimase que había riesgo de impago de la deuda británica, la prima de riesgo del país también saltaría.

La prima de riesgo es un reflejo del mercado secundario de bonos, es decir, del apetito inversor por deuda del país. Nadie se beneficia o ataca con un bono a diez años que no compran por muy alto que sea el tipo de interés.

Leo que el Gobierno va a hacer una ofensiva diplomática para atraer inversores y me parece una maravillosa idea, que no funcionará si los números no cuadran o empezamos a esconder facturas.

Tres formas de mejorar:
- No aumentar las emisiones de deuda a muy corto plazo para financiar gastos a largo. Llevará la prima a niveles estratosféricos, con Draghi o sin él. Alargar los plazos al máximo y buscar un acuerdo nacional para intentar la reconversión de deuda en manos domesticas -ya casi el 70% del total- a deuda a largo plazo.

- Atraer capital, como la City. Emitir deuda a inversores que puedan tener también acceso a activos. Una de las razones de la desconfianza es porque se les permite comprar nuestra deuda pero no nuestros activos. Una regulación a nivel nacional que incentive la inversión y que deje de intentar evitar que entre el capital extranjero.

- Forzar condicionalidad incuestionable en las ayudas a aquellas regiones, cajas o gobiernos con problemas. Irrevocable, inmediato y demostrable en cifras. Si el inversor percibe que el dinero se da pero no se controla, no va a invertir.

- Reforzar la legislación para defender la responsabilidad crediticia y el repago de la deuda. No vale cambiar la Constitución y luego, unos meses después, renegar de ese acuerdo.

El despilfarro disfrazado de economía ‘real’
Lo comentaba ayer. Me estoy acostumbrando a leer que el despilfarro y la inversión inútil no son tan malos porque “mantienen el PIB y el empleo” y, al fin y al cabo, las inversiones innecesarias en infraestructuras y estatuas en algo se gastan. También generan actividad-crecimiento. Esto parte de un error monstruoso que se empezó a gestar a mediados de la década de los 90. Que el dinero es gratis y que la parte derecha del balance, la deuda, no importa o no existe. “El dinero público no es de nadie”. Esto no es así porque asume que el “dinero” gastado es capital y no deuda. Si fuese capital, estaríamos de acuerdo. Es decir, si yo soy rico y me gasto una parte relevante de mi sueldo en copas es mi decisión, pero no tiene un impacto negativo directo en mi economía. Pero es deuda, y la deuda y el dinero cuestan. Es decir, si soy pobre y tengo dos hipotecas y me gasto una parte relevante de mi sueldo en copas creo un doble efecto negativo, el coste de la deuda y la inutilidad de mi gasto. El dinero despilfarrado no solo es inútil sino que cuesta porque es deuda con intereses que se deberá pagar por una parte decreciente de actividad rentable y productiva.

La famosa percepción “a la China” de que si se hace un puente inútil al menos ahí hay un puente. La idea de que ya se buscará un uso económico a las “cosas” solo porque crean temporalmente algún trabajo y son tangibles. Cuando en realidad no hay un activo solamente, hay una deuda asociada y si esa deuda más sus intereses superan al retorno productivo de ese activo, el diferencial se tiene que cubrir con rentabilidad productiva de otra actividad o con impuestos, o con más deuda. Con lo cual, no solo el despilfarro no crea “actividad”, sino que a medio plazo va erosionando la actividad productiva real, y agranda la bola de deuda por acumulación de intereses. Ese puente inútil solo sería un coste cero para la economía si se financiase con riqueza excedentaria o por una donación. Ni una, ni otra.

En resumen. Hay que atraer capital y olvidarse de sostener el PIB con aire. El día que aprendamos que inflar el PIB a base de nada genera deuda que no podremos pagar con esa nada terminarán nuestros problemas.

Bolinaga y la derechona española
Pedro de Hoyos Periodista Digital 19 Agosto 2012

Resulta que el carcelero de Ortega Lara quiere morirse en su casa, lo contrario de lo que deseaba a su víctima inocente. Está enfermo, le queda según los médicos menos de un año para palmarla y la justicia, la Justicia, le deja que lo haga en su propia casa.

Se ha armado la gorda. Se acusa al PP de haber cedido a las presiones de ETA. Nada menos que el PP sometido a ETA…, ¿se imaginan a la derecha, la derechona, la caverna, los trogloditas…. cediendo ante los terroristas de ETA? Pues desde la derecha de la derecha acusan a la derecha.

Los lectores más antiguos, llevo 17 años proclamando públicamente mis opiniones en la prensa, son conscientes de los cambios que en mi modo de pensar han ido sucediéndose, por eso sin duda he perdido muchos seguidores que han sido compensados por otros nuevos recién incorporados. A mí me han hecho de derechas, usté perdone tamaño pecado, algunos socialistas. Zapatero, por ejemplo. Zapatero tiene una clara culpa en mi evolución hacia posiciones conservadoras pero no propias del PP. Quizá si Zapahuero hubiese hecho caso a dos grandes socialistas que le aconsejaban mejor que los funcionarios sindicalistas de UGT y CCOO no estaríamos con el agua hasta el cuello.

Y yo creía que me había hecho de derechas… hasta que llegó Bolinaga, el asesino hijoputa, y la derecha española se cabreó con el PP. Siempre me ha parecido que yo no encajaba en ninguna de las grandes tendencias ideológicas españolas y veo que es verdad dado que cometo la felonía de creer que es bueno que asesino tan sanguinario muriéndose en la calle.

Primero déjenme preguntar si la justicia es independiente en España. Usted sabrá, amigo lector si somos una democracia o no. Si la respuesta es “Sí” la culpa de que este hijoputa esté en la calle la tiene el tribunal. Claro, eso sí, la ley la hacen los políticos… a los que hemos escogido nosotros. Ajo y agua.
Creo que la ley humana debe permitir que esta sabandija inmunda muera en su casa… sin que se le permita ninguna otra actividad impropia de quien está a punto de palmarla. Sí, cierto, él no lo habría hecho, él quería que Ortega Lara muriera de hambre en el zulo. Ya, ya, pero hemos quedado en que es una sabandija inhumana. Que la palme en su casa, no debo ser tan de derechas como yo creía.

Las empresas bajan deuda en casi 76.000 millones
Las Administraciones se han endeudado 350.000 millones en los últimos tres años
M. SELAS / V. RELAÑO www.gaceta.es 19 Agosto 2012

Han acaparado toda la financiación de la Banca y los inversores desde que comenzó la crisis. Empresas y familias reducen sus gastos en 130.000 millones.

Las Administraciones Públicas han echado por tierra el importante esfuerzo de reducción de deuda realizado por empresas y familias a lo largo de la crisis económica. Mientras los hogares y las compañías se han ajustado el cinturón en casi 130.000 millones de euros, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han incrementado su endeudamiento nada más y nada menos que en 346.327 millones de euros. Las Administraciones han acaparado la financiación bancaria, así como la de los inversores con emisiones de bonos y obligaciones.

La deuda conjunta de estos tres grupos de actores económicos se eleva hasta 2,87 billones de euros, casi tres veces el Producto Interior Bruto. El sector público ha hecho que el endeudamiento de España haya crecido el 8,19% en los cuatro años de crisis económica y ha convertido la deuda de España en un arma arrojadiza en manos de los especuladores en los mercados.

Burbuja
Una economía que crece por encima de sus posibilidades, como le ha sucedido a la española, tarda lustros en recuperarse desde el momento en que se pincha la burbuja. Entra en una fase de reducción de deuda que suele durar un decenio. Durante este tiempo, el país se encuentra atrapado por su endeudamiento, en una etapa de disminución de deuda para limpiar la economía. El problema en España es que los esfuerzos en este sentido de ciudadanos y empresas han chocado con la avaricia de los políticos en las distintas Administraciones. La situación ha llevado a España a una deuda de muy difícil control, en la que los intereses anuales se comen los esfuerzos de ajuste. Una debilidad que los inversores internacionales están tratando de explotar en los mercados. Sólo entre los años 2008 y 2011, el Estado aumentó sus obligaciones frente a los inversores en 250.000 millones.

Evolución anual
Los hogares han logrado reducir sus obligaciones frente a la Banca en 13.464 millones de euros durante los meses de enero a junio y en 53.040 millones de euros desde que en 2008 comenzasen a ver afectado su bolsillo. Las empresas han disminuido sus costes en 75.835 millones de euros desde el comienzo de la crisis y 25.000 de ellos corresponden a los salvados a lo largo del primer semestre de este año.
El economista y catedrático en estructura económica, Ramón Tamames, menciona la importancia de encontrar “otras fuentes de financiación, como pueden ser las privatizaciones”.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha puesto en marcha un plan de privatizaciones con el que espera recaudar aproximadamente 30.000 millones de euros que no irán destinados a reducir el déficit, pero sí a amortizar la deuda. Tamames advierte: “Ya se vendió lo mejor en la época de Aznar, cuando Iberia o Telefónica se privatizaron”.

El economista Alberto Recarte señala: “En contra de lo que piensa la mayoría, la falta de crédito es positiva porque así muchas familias están terminando de pagar las casas que ya tenían en lugar de comprar más”. Respecto a la salida de España del oscuro pozo de la deuda, Recarte se muestra optimista y apunta: “A finales de este año ya no estaremos endeudados y lo único que necesitaremos será financiación”.

El caso japonés
Al igual que España o Irlanda, la economía japonesa también sufrió y sigue sufriendo las amargas consecuencias de su propia burbuja inmobiliaria. Sin embargo, lo ocurrido en los países europeos no es ni de lejos comparable a lo que acontece en el país asiático. El jefe del departamento de investigación del Instituto de Estudios Bursátiles, Lorenzo Dávila, explica: “Una de las diferencias fundamentales por las que no se pueden comparar ambos casos reside en la confianza que los mercados tenían y tienen en la capacidad de Japón para reactivar su economía”. “Sus elementos culturales junto a su fuerte tejido empresarial, suponen una garantía para los mercados que ni España ni Italia podrían sostener”, señala Dávila.

En cuanto a las opciones de actuación de las que dispone España de cara al futuro, el economista del Instituto de Estudios Bursátiles insiste en que “lo único que puede hacer es a estas alturas es seguir un proceso de quitas y asumir pérdidas”.

Cobran de media 50.000 euros al año
Más de un centenar de los senadores españoles cuenta con otro cargo público
D. MARTÍNEZ www.gaceta.es  19 Agosto 2012

De los 266 parlamentarios del órgano, 148 declaran tener otras ocupaciones. Otros 41 desarrollan actividades privadas y Sólo el 44% se dedica en exclusiva a la Cámara Alta

Fueron votados por los ciudadanos o por los Parlamentos autonómicos para que les representen en el Senado pero menos de la mitad se dedica a ello en exclusiva. La mayoría de los 266 senadores que componen la Cámara Alta en esta legislatura tienen otras ocupaciones, ya sea como cargo público en otra administración o entidad o desarrollando actividades y negocios de ámbito privado. En concreto, son sólo 118 los senadores que en su registro de intereses, actividades, bienes y rentas no declaran tener otra dedicación.

El resto, o bien tiene un puesto en otra administración –autonómica (muchas leyes regionales obligan a que parte de sus senadores sean diputados autonómicos), provincial o local– o bien tiene ocupaciones privadas. Los parlamentarios con otro cargo público son un total de 107. En su mayoría son concejales, alcaldes o diputados provinciales o autonómicos, aunque también hay consejeros de cabildos y miembros de otros entes públicos. De los 159 cuya única ocupación en la Administración es el escaño de la Cámara Alta, 41 reconoce participar en otros menesteres que no tienen que ver con el servicio público.

Profesiones
En su mayoría estas actividades son el ejercicio de sus profesiones de carrera –abogacía, medicina, docencia, arquitectura, etc–, aunque también son varios los que se dedican a dar conferencias y clases magistrales en universidades, en su mayor parte convenientemente remuneradas.

Además, no son pocos los que también tienen un puesto de relevancia en el organigrama de su partido. Este es el caso, por ejemplo, de Javier Arenas –vicesecretario general de Política Autonómica del PP– o de Tomás Pedro Burgos –coordinador territorial popular–.
En los últimos años el Senado se ha convertido a menudo en el último refugio de los políticos veteranos. Ahí acabó su carrera, sin ir más lejos, Manuel Fraga, fundador del PP y padre de la Constitución.

Actualmente, rostros conocidos que tuvieron un papel relevante en la primera línea hace un tiempo ocupan un escaño en la Cámara Alta.
Ejemplos de ello son el nacionalista vasco Iñaki Anasagasti; el ex presidente de la Generalitat, José Montilla; el ex presidente de Baleares, Francesc Antich, o el ex presidente de Aragón y ex secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias. Pasados sus años de plenitud en la política y relegados a un segundo plano en sus partidos, todos ellos disfrutan de este retiro dorado en la Cámara Alta.
El Senado es también escenario del aterrizaje en el terreno del servicio público de personas con cierta celebridad que hicieron carrera alejados de la política. Esta legislatura hay ejemplos como el de la atleta palentina Marta Domínguez o el ex maratoniano Abel Antón, ambos del PP.

El hecho de que buena parte de los senadores no se dediquen en exclusiva a sus funciones en la Cámara Alta y que el papel de esta sea totalmente secundario en la política española ha hecho que se plantee la reforma integral del organismo, en lo que ya está trabajando su presidente, Pío García Escudero. A la espera de que se conozcan las propuestas, no han faltado las voces que directamente piden suprimir el Senado y con ello ahorrarle al Estado un pellizco de su gasto.
A cada parlamentario de la Cámara Alta le corresponde un sueldo de 39.382 euros anuales. A este salario se le añade la indemnización por gastos de desplazamiento y manutención. Para los senadores que residen en Madrid el importe de esta última prestación es de 869 euros mensuales. Para los de fuera de la capital, de 1.822 euros.

Bolinaga jamás pensó en llamar a un médico para Ortega
Reconoció a la Guardia Civil que no tuvieron piedad con él
J. M. Zuloaga La Razón 19 Agosto 2012

MADRID- Los secuestradores de Ortega Lara, entre los que se encontraba Uribecheberria Bolinaga, jamás tuvieron previsto avisar a un médico, pese al deteriorado estado de salud del funcionario, y ninguno de ellos tenía conocimientos de medicina.

En las declaraciones que realizó a la Guardia Civil tras su detención, Uribecheberria señaló que, en ningún momento, durante el secuestro, «le atendió ningún médico, ni persona ajena al “comando”. Nunca le sacamos del zulo. Diariamente le dábamos de comer, aunque ninguno de nosotros tenía conocimientos de medicina para saber si tenía algún problema sanitario».
En caso de que surgiera algún problema debían ponerse en contacto mediante unas claves, a través de la «Merkatu Txikia», del diario «Egin».

El responsable inicial del secuestro fue Julián Achurra Egurola, «Pototo», y le sucedió «Gorosti» (al que Uribecheberria asegura que no conoce personalmente). «Sobre la posibilidad de soltar a Ortega Lara por su estado de salud, ya que no le veíamos bien, nos dijo hace dos semanas que las negociaciones estaban muy duras y que le dieran ánimos porque tenían que continuar porque no le veían de momento solución». Es decir, en la voluntad de ETA jamás estuvo sentir el más mínimo atisbo de piedad por el funcionario, aunque, por su estado de salud, pudiera morir en el zulo en el que le mantenían encerrado.

Uribecheberria trabajaba en el taller en el que estaba la «cárcel del pueblo». Desde el primer momento se negó a colaborar y les decía a los guardias civiles y al propio juez Baltasar Garzón, que se encontraba en el lugar, que se habían equivocado. Además, según han informado a la RAZÓN fuentes antiterroristas, insultaba a los agentes y les espetaba que eran represores del pueblo vasco. Cuando, por fin, la Benemérita dio con el escondite, muy abatido, le dijo a los miembros del Instituto Armado: «Tengo que reconocer que sois más listos que nosotros». Para secuestrar a Ortega Lara, recibieron órdenes de «Pototo». «Tenéis que secuestrar a alguien que sea de fuera del País Vasco. Realizamos seguimientos a varios funcionarios y cuando localizamos el garaje de Ortega Lara, lo vimos factible y nos decidimos a realizar la acción. Participamos Javier Ugarte, José Luis Erostegui, José Miguel Gaztelu y yo. Ugarte, con su Ford Fiesta blanco, se dirigió a un pueblo de la carretera de Burgos a Logroño y les avisó desde una cabina a su teléfono móvil de cuando Ortega Lara se dirigía ya a su casa desde la cárcel».

Conductor del camión
«Yo cogí el camión con la máquina con el zulo oculto para transporte de personas hasta un parking situado a la entrada de Burgos. Después fuimos al domicilio de Ortega y cuando llegó al garaje, le dijimos que se metiera en el maletero de su propio coche porque se lo íbamos a robar. Luego, nos dirigimos a donde teníamos aparcado el camión, le vendamos los ojos para que no viera nada y le metimos en la máquina. Yo mismo conduje el camión hasta el taller de Mondragón, mientras Eróstegui dejó aparcado el coche de Ortega Lara en un polígono industrial de Burgos». Además de Burgos, vigilamos a funcionarios de Logroño y Santander por orden de ETA», agregó. El «comando» había vigilado también al presidente de Derechos Humanos del Parlamento vasco, ya que era de interés para la banda su secuestro; y a miembros de la familia Delclaux, uno de cuyos componentes llegó a ser secuestrado. También, sobre el dueño de una fábrica de precisión situada en Lasarte, Know; de la fabrica K.A.S de Vitoria.

Además del «Egin», tenían un «buzón» en el alto de Udala, en Mondragón, para intercambiar mensajes con la banda. Era una marmita que estaba enterrada junto a un árbol, con una piedra encima.

El dato
23 kilos perdió Ortega Lara durante su larga estancia en el zulo. Fue un cautiverio que le ocasionó graves problemas de salud como fiebres, diarreas y hongos, además de una profunda depresión.
3 metros de largo medía la «cárcel» de Ortega Lara, por dos de ancho y 180 centímetros de alto. Era un habitáculo de madera, frío y húmedo.

Obregón, el otro objetivo
Hace unos meses Ana Obregón volvía a recordar vía memorias («Así soy yo», se titula el libro) el pánico que pasó cuando se enteró de que había sido objetivo en 1997 del mismo comando que secuestró a Ortega Lara. «Me llamó el juez Baltasar Garzón para contármelo, para avisarme, y pasé mucho miedo, un miedo frío», dijo.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
La traición del PP y su rendición ante la ETA.
Vicente A. C. M  Periodista Digital 19 Agosto 2012

¿Es una sociedad mejor por ser compasiva? Quien lo puede dudar. Sin duda la ley del Talión, del ojo por ojo que se aplica en muchos países del mundo, incluido Estados Unidos de América, pone a esa sociedad en el mismo nivel moral que el que comete el delito merecedor de ese castigo máximo, la pena capital. Las alternativas de esa "compasión" y de no aplicar a delitos de sangre la pena de muerte, varía entre la cadena perpetua revisable o no, y condenas máximas de prisión. En el caso de España, esa condena máxima se limita a 30 años. Pero entonces aparece la figura paternalista de la reinserción y de los beneficios penitenciarios, que hacen disminuir enormemente el tiempo de prisión real.

Por otra parte en el caso del terrorismo, donde las condenas por asesinatos múltiples llegan a las irracionales cifras de miles de años, hay una excepción, que sigue cuestionándose, la llamada doctrina Parot. Esta consiste en que los diferentes beneficios penitenciarios se aplican sobre el total de la condena y no sobre el máximo de los 30 años de prisión efectiva. Esta regla pretende de hecho que el terrorista cumpla íntegramente el máximo de la pena de los 30 años. Lo malo es que esa medida no se ha podido aplicar de forma retroactiva. De hecho, ha habido sangrantes casos de liberación de etarras con varios asesinatos en su inexistente conciencia, como el de Josu Ternera, o de Juana Chaos, Troitiño y otros.

En el caso de de Juana Chaos, lo realmente vergonzoso fue la actuación del entonces Ministro de Interior, Rubalcaba como no, que retorció la Ley para justificar la liberación por razones "humanitarias" basadas en que peligraba la vida del recluso. Menuda desfachatez. Tras la suelta, se evidenció que todo había sido una farsa y el etarra se fugó a Irlanda del Norte con su pareja y posteriormente se trasladó a Venezuela bajo la protección del bolivariano Hugo Chávez, fiel enemigo de España y protector de movimientos terroristas secesionistas. De hecho, este etarra goza de excelente salud y la Justicia española se ve impotente para repatriarlo, dado que se encuentra como Josu Ternera en busca y captura.

Y ahora tenemos el no menos vergonzoso caso del etarra Uribetxeberría, secuestrador del Funcionario de prisiones Ortega Lara y autor de varios asesinatos de agentes de la benemérita. Ahora resulta que este sujeto despreciable sufre supuestamente de un cáncer incurable del cual no se nos ha informado ni el tipo ni el estado de desarrollo. No han tardado en calificarlo como "terminal" y en dictaminar en una clínica de El País Vasco su irreversibilidad y su tratamiento. Con este informe, otra vez la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dictado la concesión del tercer grado con unas limitaciones de conducta a las que supongo que hará el mismo caso que Josu ternera o de Juana Chaos.

El caso es que BILDU tampoco ha tardado en exigir la liberación de otros veinte presos etarras, supuestamente aquejados de diversas enfermedades graves. Y es que el PP ya ha demostrado desde el principio de su mandato que está dispuesto a seguir la "hoja de ruta" de Zapatero y el PSOE en cuanto a la rendición frente a ETA. Y todos debemos hacernos la misma pregunta que se ha hecho Dª Ángeles Pedraza ¿Qué le debe el Gobierno - yo digo el PP- a ETA? Aunque lo correcto es decir que, para vergüenza de los españoles y de las víctimas de ETA y familiares, ETA nos ha derrotado y se ha impuesto lo de que el terrorismo compensa, por la cobardía de unos dirigentes sin escrúpulos y sin conciencia.

La Ley es imperfecta, la Justicia está totalmente politizada y carece de credibilidad y de legitimidad para enjuciar. Los españoles no podemos ni debemos consentir que se siga por este camino de indignidad, que no se retuerza la Ley para favorecer a los asesinos y despreciar a los que deben obtener Justicia. Uribetxeberria debe permanecer en la cárcel y si requiere tratamiento médico, acudir a él solo cuando sea necesario y por el tiempo estricto que clínicamente se precise. No puede obtener más compasión que la que él nunca dio a sus víctimas inocentes, el sigue vivo y puede ver a sus familiares. No aceptaré jamás la rendición ante ETA. Los que actúan así solo pueden ser considerados traidores y debemos apartarles de sus cargos. Mostremos nuestro rechazo más enérgico a esta nueva iniquidad, esta vez del PP más mezquino y traidor a sus votantes.

Rajoy no es igual que Zapatero
Luis del Pino Libertad Digital 19 Agosto 2012

Editorial del programa Sin Complejos del 18/8/2012

En junio de 2003, el gobierno del Partido Popular, del que entonces era vicepresidente Mariano Rajoy, modificó diversas leyes con el fin de endurecer el castigo de determinados delitos, especialmente los de terrorismo. Se reformaron, entre otras normas, el Código Penal y la Ley General Penitenciaria, para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas.

En esa reforma, el artículo 90 del Código Penal y el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria se modificaron para que en el caso de etarras condenados no se pudiera conceder la libertad condicional o el tercer grado a menos que el preso colabore con las autoridades, pague sus responsabilidades civiles, repudie sus crímenes, abandone la violencia, pida perdón a sus víctimas y se desvincule de ETA.

La reforma era una cuestión de justicia y de simple lógica: ¿cómo vamos a conceder el tercer grado o la libertad condicional a un terrorista que no se ha reinsertado, que no ha indemnizado a sus víctimas o que sigue militando en ETA?

Pues bien: nueve años después de que aprobara esa reforma un gobierno en el que Rajoy era vicepresidente, otro gobierno presidido por el propio Rajoy acaba de conceder el tercer grado a un terrorista condenado a más de 200 años por secuestro y por tres asesinatos, un asesino terrorista que ni ha colaborado con las autoridades, ni ha pagado sus responsabilidades civiles, ni ha repudiado sus crímenes, ni ha abandonado la violencia, ni ha pedido perdón a sus víctimas, ni se ha desvinculado de ETA.

Ni siquiera el hecho de que el terrorista esté más o menos enfermo justifica saltarse las condiciones que la Ley establece para conceder el tercer grado o la libertad condicional. De hecho, existen sentencias de los tribunales que rechazan conceder la libertad a enfermos terminales por no haberse reinsertado y por existir peligro de que vuelvan a delinquir.

Por si fuera poco incumplimiento, el gobierno de Rajoy ha concedido ese tercer grado, como paso previo a la libertad condicional, en un proceso cargado de irregularidades:

- Para empezar, el terrorista, que se encontraba en un hospital penitenciario de León, fue trasladado a un hospital penitenciario de San Sebastián para realizarle las pruebas médicas que supuestamente demostrarían que le quedan pocos meses de vida. ¿Por qué el gobierno de Rajoy le trasladó a San Sebastián para hacer esas pruebas? ¿Es que en León no existen médicos capaces de estudiar un cáncer? ¿Se me acusará de mal pensado por preguntarme si los informes médicos dirían lo mismo si se hubieran realizado en León?

- En segundo lugar, al trasladarle al País Vasco, el etarra pasó a depender de la cárcel de Zaballa en Álava, de modo que quien ha elaborado el informe penitenciario para concederle el tercer grado ha sido la Junta de Tratamiento de esa cárcel alavesa, y no la de la cárcel de León, que es donde el etarra cumplía condena. ¿Cómo puede elaborar un informe sobre el preso, y valorar por ejemplo su grado de reinserción, la Junta de Tratamiento de una cárcel en Alava que no conoce siquiera a ese preso, dado que acaba de ser trasladado?

- En tercer lugar, el proceso se ha tramitado en agosto, con lo que el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro, está de vacaciones y el asunto le ha ido a caer, mira tú qué casualidad, al juez Pedraz, buen amigo de Garzón y cuyas querencias ideológicas son de todos conocidas.

- Y, por último, se ha invocado para conceder el tercer grado un artículo del Reglamento Penitenciario que, como todo buen reglamento, jamás puede estar por encima de unas leyes que prohíben conceder el tercer grado a un terrorista que no cumpla una serie bien clara de condiciones.

Así pues, el Gobierno podía haber elaborado los informes médicos fuera del País Vasco y ha maniobrado para que se hagan en San Sebastián; el Gobierno podía haber requerido los informes penitenciarios sobre el preso a los funcionarios de la cárcel de León y ha maniobrado para que esos informes se hagan en una cárcel de Álava; el Gobierno podía haber jugado con los tiempos para esperar a que vuelva de vacaciones el juez de Vigilancia Penitenciaria, y ha dejado que sea Pedraz el que se encargue del tema; y el Gobierno, en fin, podía haber exigido a través de la Fiscalía que se cumpla la Ley, y ha dejado que se recurra de forma fraudulenta a un reglamento para burlar lo que la Ley marca.

O sea, que para liberar al asesino etarra, ha habido que buscar un hospital a medida, una cárcel a medida, un juez a medida y una norma legal a medida.

Es decir: que el Gobierno no solo ha permitido que se burle la Ley, sino que ha contribuido a burlarla. Y encima ha consentido que el entorno proetarra orqueste una campaña de presión que ha terminado convirtiendo esa concesión del tercer grado en una nueva humillación al propio Gobierno, a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles.

Déjeme recordarle, señor Rajoy, las palabras que le dirigió Vd. a Rodríguez Zapatero en el debate sobre el estado de la Nación del año 2005. ¿Se acuerda Vd., don Mariano? Como jefe de la Oposición, le dijo al entonces presidente del Gobierno: "Ha traicionado Vd. a los muertos y ha revitalizado a una ETA moribunda".

¿Qué le podríamos entonces decir a Vd. hoy, señor Rajoy? ¿Qué podríamos decirle a alguien que, contando con mayoría absoluta, actúa de espaldas a los deseos de sus 10 millones de votantes y se dedica a dar continuidad a la política de colaboración con ETA iniciada por Zapatero? Zapatero se saltaba la Ley, pero al menos no engañaba a sus electores. Usted se ha saltado la Ley para beneficiar a un etarra, y encima ha utilizado para ello los votos de 10 millones de españoles a los que les repugna profundamente la negociación con ETA. Así que usted no es igual que Zapatero, señor Rajoy: en un cierto sentido, es usted peor.

No sé por qué actúa Vd. de esa manera, señor Rajoy. Supongo que porque esa fue una de las condiciones que le pusieron para dejarle llegar a la Moncloa: continuar, en el tema de la negociación con ETA, lo que Zapatero no pudo terminar.

Pues bueno, pues que usted lo disfrute. Supongo que lo de llegar a la Moncloa habrá colmado todas sus ambiciones y que estará usted enormemente satisfecho, don Mariano. Porque mucho tiene que merecer la pena el Poder para haber sacrificado, como usted ha hecho, toda su dignidad personal y todo su buen nombre. Que le aproveche, señor Rajoy.

Ahora, eso sí, le deseo de todo corazón que duerma usted al menos la mitad de mal que las víctimas del terrorismo a las que usted vuelve a causar un dolor aún más profundo que el que Zapatero les causó.

Haremos cosas que helarán la sangre de las víctimas...
Alberto Pérez Giménez. El Confidencial 19 Agosto 2012

La excarcelación de uno de los secuestradores, carceleros y torturadores de José Antonio Ortega Lara pone a prueba la diferencia entre un Estado de Derecho y una banda de criminales sin escrúpulos, entre una sociedad que se guía por las leyes de las que ha decidido dotarse y unos asesinos incapaces de sentir la más mínima piedad por sus más de 900 víctimas. Pero, también, la libertad de Uribetxeberria Bolinaga es un hito más en el largo camino de agradecimiento que la sociedad española, algún día, debe dedicar a las víctimas de la barbarie etarra.

Políticamente, hay poca discusión. El reglamento de Instituciones Penitenciarias establece una serie de parámetros para conceder el tercer grado a un recluso, enfermo terminal de cáncer. Bolinaga, según los médicos consultados, tiene una muy alta probabilidad de morir en un año. El juez Pedraz, casi con toda seguridad, decidirá mañana que cumpla condena en su domicilio y bajo control. El problema viene cuando la izquierda proetarra intenta aprovechar la enfermedad de su acólito para plantear un pulso al Gobierno. ¿Si la ley lo dice, por qué ponerse en huelga de hambre? ¿No debería haber obligado el Ejecutivo a que dejaran su desafío –maquillado entre lonchas de jamón york del economato que escondían muchos en los colchones o tras un desayuno contundente, como el valiente gudari Otegui– antes de poner en libertad a Bolinaga? Probablemente, pero éste ha sido otro episodio mal gestionado desde la Administración.

Pero si políticamente parece más o menos claro, sentimentalmente el caso de Bolinaga se complica hasta extremos de náusea. Que Bolinaga, uno de los cuatro carceleros que mantuvieron a Ortega Lara en un zulo durante 532 días, que se iban por las noches a dormir plácidamente a sus casas mientras un hombre moría en vida en un habitáculo poco mayor que un ataud (2,40 por 1,70), que le castigaban teniéndole más de 16 horas en una oscuridad permanente y que, cuando la Guardia Civil le pedía que desvelara cómo se accedía al zulo de la nave de Mondragón, respondía “que se muera ese carcelero”, que ese individuo reclame ahora la piedad que nunca tuvo con Ortega Lara es una auténtica prueba de fuego en la que la sociedad debe demostrar cuánto nos diferencia de una banda de asesinos.

Para aquellos que quieran recordar hasta donde puede llegar la maldad de un individuo que ahora reclama el amparo del mismo Estado y las mismas leyes que ha pretendido destruir con bombas, tiros en la nuca y secuestros, les recomiendo que vean la primera –y una de las únicas- entrevistas que concedió Ortega Lara. Fue a Fernando Sánchez Dragó en Telemadrid, en el año 2007, diez después de su liberación. En ella, con total serenidad, Ortega Lara va desgranando la tortura de sus 532 días de cautiverio, en los que perdió 25 kilos hasta ser liberado con apenas 49, cómo le pidió al agente de la Guardia Civil que bajó a su zulo que le matara “de una puta vez”, creyendo que era uno de sus captores...


Cuesta trabajo imaginar el sufrimiento de un hombre enterrado en vida todo ese tiempo, tanto que cuando el agente le convenció de que era la autoridad y asomó la cabeza por el agujero del zulo, le dijo: ves, me has engañado y me quienes matar delante de todo estos...” y Ortega Lara volvió a esconderse en su ataud. Hasta que el juez Baltasar Garzón, que comandaba la operación, pudo decirle: “Bienvenido al mundo de los vivos”.

O el momento más estremecedor del relato, cuando Ortega Lara reconoce que había decidido suicidarse, pese a sus hondos sentimientos cristianos, para unos días después de que se produjese su liberación. “Te sientes el gran culpable de lo que sufre tu familia... De modo que si ellos, a los que pedí mil veces que me matasen, no me quisieron matar, de alguna manera tenemos que terminar esto... Lo tenía pensado, por ahorcamiento. Había elaborado una cuerda trenzando bolsas de basura y tenía ensayado cómo debía doblar las rodillas sobre la silla... Hasta un mecanismo de seguridad para que no fallara...”.

Cuesta trabajo no dejarse llevar por las vísceras al saber que el carcelero que hizo pasar por esto a Ortega Lara va a salir mañana de la cárcel. Y es imposible ponerse en la piel del propio Ortega Lara o de las otras víctimas del terrorismo (no hay que olvidar que Bolinaga participó también en el asesinato de cuatro guardias civiles). Pero precisamente por eso, a las víctimas hay que permitirles, es lo mínimo, que expresen su dolor, que digan, como manifestó la presidenta de la AVT a este diario, que se sienten traicionadas por este Gobierno como se sintieron por el anterior. Todos los gobiernos han liberado presos enfermos, todos han acercado etarras a las cárceles vascas por cálculos más o menos políticos amparándose en distintas interpretaciones de la ley. Ya lo dijo la madre de Joseba Pagazaurtundua a Patxi López: “Harás cosas que nos helarán la sangre”. Pero por lo menos, dejemos a las víctimas quejarse sin insultarlas por ello. Es lo mínimo que este país les debe después de cuarenta años dando un ejemplo que nadie, aún, ha sabido valorar.

«Hat trick» de ETA a Otegi
J.M. Zuloaga La Razón 19 Agosto 2012

Cuando Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, se negaba a secundar la huelga de hambre, sabía lo que hacía. No quería dar un triunfo a ETA para que, ya de una forma definitiva, se hiciera con el control de todo el «complejo» (los pistoleros y los militantes de las organizaciones del entramado) y, por lo tanto, del «proceso». Él y los suyos han perdido, era cuestión de tiempo que ocurriera por más que el diario «Gara» tratara de enmascarar lo que ocurre con varios editoriales en los últimos tiempos. Al final, el rabo entre las piernas, como corresponde.

La huelga de hambre era un capítulo, muy importante, de la lucha interna que mantenía el «complejo». De sobra sabían los que la han ordenado, que el Ministerio del Interior, como ha hecho desde que su titular, Jorge Fernández Díaz, llegó a Castellana 5, iba a cumplir la Ley, desde la primera hasta la última línea; y que si Uribecheberria tenía que obtener el tercer grado y seguir con el cumplimiento de condena en su casa, porque así lo ordenara el juez, así se haría.

La huelga (da vergüenza decir de hambre, porque este tipo de sacrificios son impensables) era una guerra interna y, lo preocupante, es quién la ha ganado. Ahora, continuará la estrategia de protestas sobre los reclusos enfermos y a los que se les ha aplicado la «doctrina Parot», pero siempre bajo el férreo control de la banda y de su «subaparato» H-Alboka. Se acercan tiempos duros y, por lo tanto, necesitados de firmeza democrática.

Lo correcto en español, cuando a uno le meten tres goles y su marcador ha quedado a cero pelotero, es señalar que uno de los equipos ha ganado por triplete, pero como los anglicismos nos rodean y atrapan, hay que decir «hat trick». Eso le ha pasado a los Otegi, Usabiaga, Echeverria, Ugartuberu, Barrena, Moreno y demás hermanos, que no «mártires», sino tipejos siniestros de los que ampara la democracia, de la que se aprovechan de forma descarada. Han perdido, frente a ETA, por goleada y un 3-0, que es la menos vergonzosa.

A partir de ahora, la banda reforzará su maquinaria propagandística y de coacción. La jugada les ha salido bien, no porque la legalidad democrática haya perdido (las leyes son para todos, nos guste o no), sino porque ha ganado la batalla interna. Es hora de reflexiones. Los que se acercan a los políticos para felicitarles por la «acertada» gestión de este asunto (¿cuántas personas mueren todos los días de cáncer en España y quién es ese preso de ETA que lleva varios en su casa en fase terminal?) deberían advertirles del peligrosísimo camino que se ha abierto. Los terroristas nunca han perdido ninguno de los avances que han logrado; los demócratas, sí, en carne humana. Sin más comentarios.

Según revela LA RAZÓN, cuando la Guardia Civil consiguió rescatar, que no liberar (que es un acto voluntario) a Ortega Lara, Uribecheberria reconoció a los agentes de la Benemérita que «sois más listos que nosotros». De eso no había duda desde el principio de los tiempos. Pero ahora, ¿quiénes son los listos, y quiénes los menos listos?.

No voy a repetir la enseñanza, que ya la he escrito varias veces de las ventajas y desventajas del ataque nocturno. Está en la colección de LA RAZÓN, y, lo que es significativo, en el manual de actuaciones de la banda y su entramado. Por cierto, un recibí para los proetarras que me mandaron un «saludo» a través de un también enemigo suyo. Probablemente vuestra chulería no sea un delito, pero es un síntoma.


Tricornios y votos
J. M. Ruiz Soroa. EL CORREO.  19 Agosto 2012

La sociedad vasca no es una sociedad ‘normal’ en el sentido sociopolítico del término

Las reacciones negativas que provoca el proyecto del Gobierno de integrar en el censo electoral vasco a quienes tuvieron que expatriarse por fuerza de la presión terrorista son en verdad dignas de estudio, por la sencilla razón de que ponen de manifiesto un hecho básico que casi nadie quiere aceptar: que la sociedad vasca no es una sociedad ‘normal’ en el sentido sociopolítico del término, sino una profundamente ‘anormal’ por cuanto ha experimentado durante casi medio siglo un proceso terrorista de marcaje y depuración étnica con consecuencias a largo plazo. Nuestra clase política nacionalista o vasquista está dispuesta a parlotear sin cesar acerca de la necesaria ‘memoria’ de lo ocurrido, pero se niega rotundamente a hacer esa memoria. Y así se convence de que ésta es una sociedad normal, como cualquier otra europea, que no merece contar con censos de expatriados.

Una simple comparación: la denominada Ley de Memoria Histórica 52/2007 reconoció la nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados de España desde 1936 hasta 1955, con lo que, automáticamente, les incluyó en el censo electoral. Más de 400.000 personas han solicitado acogerse a esta recuperación en los primeros tres años de vigencia de la ley. Absolutamente nadie, ni fuerzas políticas ni doctrina constitucionalista, encontraron en su momento razón de crítica alguna para este reconocimiento retrospectivo de la nacionalidad y voto españoles, de puro evidente que era su justicia. Nadie criticó el hecho de que, según las normas reglamentarias de desarrollo, se estableciera una presunción de veracidad del exilio forzoso para todos los salidos de España entre esos años, sin necesidad de aportar ‘certificados’ de exilio político. Lo cual era bastante razonable dado que a nadie se le otorgan este tipo de certificados en el curso ordinario de las cosas. Nadie dijo: ¡Cuidado, así se cuela cualquiera!

Más aún, a los miembros de las Brigadas Internacionales se les concedió la nacionalidad española por el mero hecho de haber sido brigadistas en la Guerra Civil, sin necesidad de renunciar a la que poseyeran ya. Un reconocimiento a su abnegado altruismo (que no excluye casos concretos de salvajismo).

¿Escucharon ustedes por aquellos años alguna crítica a esa ‘adulteración’ del censo? No. Y es que todos sabíamos que la sociedad española no era una sociedad plenamente ‘normal’ desde el momento en que en su pasado había tenido lugar una expulsión de parte de esa sociedad por razones ideológicas. A pesar de que habían transcurrido más de cincuenta años, se aceptó corregir los efectos de una realidad histórica torcida, lo cual honra al Gobierno que lo propugnó y realizó. ¡Qué distinta es la situación ahora, a pesar de que los exiliados viven todavía! ¿Será que hay que esperar a que sólo queden los nietos para reconocer la vergüenza histórica de una sociedad?

Pero no acaban aquí los motivos de interés que suscitan las reacciones contra el proyecto gubernamental. Hay otro que me resulta singularmente llamativo, porque pone de manifiesto hasta qué punto es cierto (como dicen Gaizka Fernández Soldevilla y Raúl López Romo en ‘Sangre, votos y manifestaciones’) que ha sido ETA la principal agente de socialización en Vasconia durante un largo período, hasta el punto de que hoy (por duro que pueda parecer el decirlo) la sociedad piensa dócilmente en los términos establecidos por ETA, los acepta como propios sin reflexionar en que son las palabras y los conceptos de ETA y no los suyos originales. Me refiero a esa exclamación entre dolorida y asqueada que profieren casi todos los comentaristas, sean nacionalistas, vasquistas o mediopensionistas al hablar del proyecto: «Entonces, dicen, con este nuevo censo, ¡¡podrían votar los guardias civiles y policías que estuvieron destinados cinco años en Euskadi!! ¡¡Qué horror!!».

No se trata de que la idea sea en sí misma absurda. Es patente que los guardias civiles no se domiciliaban legalmente en Euskadi, basta recordar cómo se los llevaban cadáver a su pueblo para enterrarlos allí. Por otro lado, es bastante estúpido imaginar siquiera que la Guardia Civil y la Policía se van a censar todos de golpe, al silbato del Gobierno, en el censo de exiliados para poder así votar al PP. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de la asunción subliminal por parte de casi todos de que la imagen de ‘policía’ o ‘guardia civil’ es la de un alien repugnante e incompatible por sí mismo con la sociedad vasca ( ‘txakurra’). Por eso éste es el reproche de más seguro impacto que puede dirigirse al proyecto del Gobierno: que puede provocar que un guardia civil vote en vasco. Y es que son las palabras marcadas por ETA y los abertzales las que nos piensan a la sociedad vasca, no nosotros los que pensamos libremente.

Si pensásemos por nosotros mismos, resultaría que han sido precisamente la Guardia Civil y la Policía las que nos han liberado del terrorismo. Han sido ellos los que han muerto a granel y sin alharacas –y sin desearlo– por esta sociedad. Hasta es posible que pensásemos que se merecerían ser declarados ciudadanos vascos honorarios, como lo fueron los brigadistas internacionales de la guerra. Es una idea bastante razonable que, sin embargo, sé que provocará el rechazo indignado o la rechifla de casi todos los lectores. Lo dijo ETA y lo repetimos todos en su momento, «que se vayan, se vayan…». Y seguimos pensando en sus términos, por mucho que parloteemos a tontas y a locas de ‘memoria’.

Digno de estudio, sí señor.

Tercer grado
Manuel Jabois El Mundo 19 Agosto 2012

"Descubrimos que allí algo no iba bien. Eran cuatro las personas que trabajaban en la fábrica, pero solían ir de dos en dos, y a veces solo una. Compraban comida, entraban con las bolsas de la compra y volvían sin ellas. Le pusimos una vigilancia de arriba abajo". La empresa era legal, la dirigía un hombre cercano a ETA y hasta allí se había llegado gracias a una operación de Intxaurrondo que tenía mucho de desesperada: dejar volver al País Vasco a un francés con cinco millones de pesetas entregados por la banda terrorista. "Llegó el chivatazo de una reunión de este hombre en Francia. Y allí el aparato militar de ETA le da cinco millones de pesetas. No le dan cinco millones de pesetas a cualquiera. Supimos desde el primer momento que era algo gordo que teníamos que investigar en profundidad".

Mi amigo se da un respiro y vuelve al pato y al vino. Cambiamos de tema y regresa a la conversación casi sin darse cuenta. "El francés vivía en Fuenterrabía. Alquilamos un piso al lado. Yo pensaba: imagínate tú que no hace nada en su vida. ¡Porque no hacía nada! Nada ilegal, se entiende. Tuvimos controladas cabinas de teléfono y echamos noches escondidos en el monte en busca de actividad. Veíamos el paso de algunos comandos a pie; los balizábamos y los dejábamos pasar a ver a dónde nos llevaban, porque hasta que no se dispusiesen a atentar no ibas a hacer nada deteniéndolos".

Uno de esos comandos entró para matar a Fraga; fue seguido hasta Pontevedra, donde alquiló un apartamento junto a la Comandancia, y acabó siendo detenido en un polígono industrial de A Coruña "gracias a la colaboración ciudadana". Dos vecinos vieron algo sospechoso en una furgoneta y avisaron a la Guardia Civil, dijo la nota; la lucha antiterrorista suele exigir que el ciudadano piense que se salva de un milagro, aunque sea un milagro muy constante.

El francés de Fuenterrabía acabó reuniéndose con Josu Uribetxeberria Bolinaga, destinatario de los cinco millones con los que la dirección etarra ordenaba pagar a Bol. La madeja llevó a la fábrica, que era en realidad un secreto potro de tortura. Se desencadenó la operación y Bolinaga fue dirigido a su empresa. "Garzón estaba entero, muy en su sitio, pero se descompuso al ver que corría el tiempo y no aparecía Ortega. Empezó a gritar, a ir de un lado a otro, a pedir que se tocase cada centímetro de cada pared, y recordaba que Ortega había empezado la cuenta atrás para morirse de hambre. Le preguntábamos a Bolinaga dónde estaba y él decía que no sabía nada. Era acojonante la sangre fría que tenía el tipo".

La cena fue esta primavera. Nos habían presentado semanas antes. Me enteré después de que había sido uno de los agentes de la 'Operación Pulpo'; estuvo desde el principio hasta el final, cuando la certeza de que el hilo era el adecuado llegó a movilizar 500 agentes. Pedí cita con él y me invitó a cenar a su casa. Con parte del material publiqué un artículo en 'Diario de Pontevedra' que reproduzco parcialmente. Mi amigo había vivido en Intxaurrondo desde los tiempos en los que la dirección de la Guardia Civil pedía al general Llaneras que no apareciese en los actos oficiales con un cochazo para la ocasión, hoy un BMW 850 y mañana un Mercedes 650; esos tiempos en los que Llaneras lo justificaba con una doble vida: fuera del cuartel, contaba, era probador de un concesionario de coches de lujo; unos tiempos en los que el encargado del Gobierno de darle el toque a Llaneras era Luis Roldán.

"¡Un último intento, vamos todos un último intento!", se pedía después de seis horas en la fábrica de Mondragón. Entonces un agente de los grupos especiales ("un bicho enorme") arremetió literalmente contra una máquina-torno de unos 3.000 kilos fusionada al suelo, imposible de mover. Pero se agita. Nada, pero se agita. Por lo que no está sujeta. La expectación crece. Quince hombres y una grúa para desplazarla. "Y al etarra ya se le empieza a bajar la mirada, se pone nervioso y no está tan gallito. En su vida esperaba que lo encontrásemos". En una pared del zulo que medía tres pasos, junto a un orinal, una foto de surfistas y un poster de La Concha un día nevado, leyeron: "Ortega Lara estuvo aquí".

Ortega había tenido una hermana melliza que murió al nacer. Sobrevivió él, más menudo y frágil; no fue la última vez que lo hizo. Tampoco fue la última vez que algo de él se quedaría dentro, perdido para siempre.

El Gobierno le ha concedido esta semana el tercer grado a el tercer grado a Josu Uribetxeberria Bolinaga, enfermo de cáncer con apenas posibilidades para sobrevivir más de un año. Resulta llamativo que la oposición a la medida tenga como argumento de peso la actitud mostrada por Bolinaga durante la búsqueda de Ortega Lara, su tranquila disposición a que muriese de hambre como un perro, contraponiéndola a la del Gobierno. Pareciera que Interior tuviese que ajustar cuentas en proporción a ETA, mostrando dentro de la ley la misma dureza que la banda fuera de ella. De lo que se deduce que los que reclaman mano dura con Bolinaga por su sangre fría no protestarían su tercer grado si al llegar a la fábrica el terrorista hubiese sido todo amabilidad y colaboración.

Lo que ha hecho finalmente el Gobierno no ha sido compadecerse sino dar síntomas de un proceso cada vez más transparente, pues en las cárceles españolas y hospitales de referencia muere cada tres días un preso por enfermedad grave, destino del que escapa Bolinaga no se sabe en razón de qué. Salvo que ETA, efectivamente, tenga el prestigio del que sus fieles la rodean: un estatus político y una cierta prebenda. Como si al final, después de tantos años, estuviesen en lo cierto y pegar un tiro en la nuca por una causa no fuese lo mismo que pegarlo por otra, o directamente sin ella.

Hoy 'El País' anuncia reinserción para etarras huidos; reinserción sin pasar por cárcel para muchos de ellos, un género nuevo. "Los que estén limpios podrían volver sin temer que se les impute un delito de pertenencia a banda armada", dice el periódico. ¿Qué clase de etarras son éstos? ¿Emigrantes gallegos, españoles jugando en la Liga argentina, Antonio Banderas?

El tercer grado de Bolinaga ha servido al Gobierno tanto para diferenciar una democracia de una banda terrorista con sus razones humanitarias como para lanzarle el mensaje a los presos de que la compasión no es igual para todos. O sea que en un movimiento cautivo se ha invalidado a sí mismo.

Los españoles responden a ETA / La contra
Las víctimas: «Que dé el último suspiro en casa, pero sólo el último»
Borja G. Dapía La Razón 19 Agosto 2012

Madrid- «Los que están en el cementerio ni siquiera pueden hacer una huelga de hambre». Aunque la frase es de José Vargas –superviviente del atentado de Hipercor– podría estar en boca de la mayoría de víctimas del terrorismo.

Porque el sentir casi unánime de quienes han sufrido en sus propias carnes el terror de ETA es el de que los reclusos de la banda deberían cumplir íntegras las penas. Pase lo que pase. «Aplicar la ley no es por venganza, sino por justicia», afirma Hortensia González, a quien la banda terrorista le arrebató a su hijo guardia civil con tan sólo 23 años. No es la única. «Piden humanidad para que pueda morir en casa, pero ¿cómo puede pedir humanidad alguien que iba a dejar morir a Ortega Lara en un zulo?», se pregunta Julián de la Calle, superviviente del coche-bomba que ETA colocó en Majadohonda.

Y es que para muchas víctimas del terrorismo, la huelga de hambre es lo mismo de siempre, es decir, una pantomima. Es el caso de Conchita Martín, que perdió a su marido, el teniente coronel Blanco, en un atentado. «Enferman con mucha facilidad», ironiza Martín, quien desea que no se lo pongan fácil y sólo «si quiere dar el último suspiro en su casa que lo dé, pero sólo el último». Y en la misma línea se manifiesta Carlos Ruiz Cortadi, que tuvo que exiliarse de su tierra, el País Vasco, por la amenaza de ETA. «Son unos teatreros que no saben lo que es la humanidad», explica Cortadi. Y es que el de Bolinaga es el último caso de muchos, pero que las víctimas claman por que sea el último. Así lo cree Inmaculada Castilla de Cortázar, presidenta del Foro de Ermua, quien cree que «se debería llevar a cabo una reforma del sistema judicial para reinsertar a los etarras».

LOS ESPAÑOLES RESPONDEN A ETA / ENCUESTA NC REPORT
El laberinto vasco
Lorente Ferrer. Sociólogo La Razón 19 Agosto 2012

81% pide cadena perpetua. 58% que Bildu sea ilegal.
El 51% cree que el País Vasco nunca será independiente. La mayoría de los vascos considera nefasta la gestión de la izquierda abertzale en las instituciones y que actúa en su propio beneficio
Los «palmeros» de ETA se van de fiesta: La izquierda abertzale se burla de nuevo de la Justicia y aplaude a Bolinaga pese a la orden de no ensalzar al etarra. Pedraz prohibió la manifestación cuando ya había empezado. Apoyo al asesino en el arranque de la fiestas de Bilbao

La huelga de hambre del etarra Bolinaga ha sido la última. De muchas. Quizá por ello, la opinión pública está escarmentada de este tipo de actuaciones. Así se desprende la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, en la que el 76,9% de los españoles opina que la huelga de hambre de Bolinaga se trata de una burla más a la democracia española.

Además, el 81,0% de los españoles apoya la cadena perpetua para los terroristas. El respaldo a esta medida es muy amplio en todas las franjas de edad, especialmente entre los menores de 65 años. Tan solo el 10,2% de los ciudadanos se opone a esta condena.

La reacción de la ciudadanía ante el apoyo de Amaiur y Bildu a los terroristas encarcelados es de amplio rechazo y enfado; el 58,5% ilegalizaría a ambas formaciones por ello. Asimismo, los españoles valoran negativamente la actuación de Bildu y Amaiur en las instituciones. De hecho, el 43,5% cree que su presencia ha incrementado su sentimiento antiespañol. Sólo el 15,6% lo niega. Además, el 46,9% de los españoles es contrario a cualquier acercamiento de presos etarras sin la disolución de la banda, mientras que el 36,1% es favorable a que se inicie el proceso ya, ante la ausencia de atentados.

La unidad nacional es uno de los conceptos políticos más arraigados entre los españoles . Prueba de ello es que el 51,0% de los españoles cree que el País Vasco jamás alcanzará la independencia de España. Por el contrario el 19,0% piensa que sí. Incluso, en el hipotético caso de llegarse a la separación, el 50,3% rechazaría un mismo estatus para el País Vasco y para España en la UE, frente al 21,8% que sí cree deberían contar con la misma consideración. La mayoría de los españoles, un 53,1% no cree que el País Vasco pudiera sobrevivir separado de España, mientras que solo el 22,4% considera que sería viable independiente. No obstante, el 53,1% de los ciudadanos cree que la decisión de su secesión o no la debe tomar el conjunto de la Nación Española.

HABLAN LOS VASCOS
La mayoría valora mal la gestión de Bildu
La labor de la coalición abertzale Bildu en los ayuntamientos del País Vasco en lo que gobierna está cada día más en entredicho. Así lo cree un 41,7 por ciento de los vascos, para quien la gestión desarrollada por la formación es «mala o muy mala». Una opinión, además, que se antoja mayoritaria en todos los espectros de edad. Por contra, el 28,7 por ciento de los encuestados considera que su gestión municipal en el País Vasco podría calificarse de «buena o muy buena». En este sentido, tan sólo un 27,7 por ciento considera que la formación abertzale se preocupa en resolver los problemas ciudadanos. Y es que resulta llamativo que casi 4 de cada 10 vascos, un 39,8 por ciento, crea que Bildu se centra más en su «acción reivindicativa que en la gestión de los asuntos públicos».

FICHA TÉCNICA
Empresa: NC Report.
Universo: Españoles de 18 y más años.
Tamaño de la muestra: 147 entrevistas telefónicas realizadas del 16 y 17 de agosto en ámbito nacional. Y 108 entrevistas en el País Vasco
Nivel de confianza y error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (2sigmas), y para P=Q, el error es el 50/50 para el conjunto.
Diseño muestral: Polietápico
Muestreo: Selección aleatoria simple. Cuotas de edad/género.
Entrevistas: Metodología telefónica.
Distribución provincial: 54 municipios de las 17 CCAA y 12 municipios del País Vasco.

Moralidad o legalidad
#elcancerdeETA, promovido por LA RAZÓN, desata un encendido debate sobre la aplicación de la Ley a etarras
Pepe Bouza La Razón 19 Agosto 2012

«Tremenda portada de @larazon_es contra “el cáncer de ETA”, gran verdad, ahora quien le pone el cascabel al gato? moralidad o legalidad?». La reflexión de @Valdes82 ilustra uno de los dilemas fundamentales que debatió ayer Twitter con el hashtag #elcancerdeETA, promovido por LA RAZÓN. El nuevo desafío de la banda terrorista y su entorno, ahora con la salud de sus presos como calculada estrategia, inclinó claramente la balanza hacia quienes exigen la interpretación más restrictiva de la legislación al respecto, cuando no la más forzada y, por supuesto, su derogación.

Desde el viernes por la tarde y durante todo el día de ayer, las redes sociales mantuvieron vivo un acalorado debate similar al que se producía en la vida real. Junto a cientos de opiniones más o menos matizadas, muchas interrogantes sobre si la excarcelación Uribetxeberria actuará como cortafuegos o avivará el incendio. «El Gobierno ha analizado los efectos colaterales perversos de esa concesión?: ETA más fuerte, Estado débil, presos ganadores...»; «Tenemos antecedente con de juana chaos. Seran todos igual?», se preguntan @carmelomercado y @landres67.

En un clima abiertamente contrario a la excarcelación de etarras enfermos, pocos se aventuraban a tuitear a favor, sustituyendo la pedagogía que no ejercieron los dirigentes políticos con cuenta en Twitter. «Lo q nos diferencia es q creemos en el estado de derecho y luchamos con la Ley en la mano, aunq esta sea mejorable»; «La Ley permite ese tercer grado en caso de grave enfermedad. El Estado responde sin rencores. Aun así llama la atención»; «la ley es la ley, para eso está. Si está enfermo, excarcelación, o es mejor ojo por ojo y dejarlo morir en prisión?», reflexionan @Pa_Alonso, @acaleroj, @Txatxe1.

Enfrente, quienes defienden otra interpretación posible de la Ley, o que se cambie. «Ya esta bien de tomaduras de pelo, igual q ellos buscan su “parcela” legal, nos tb podemos», tuiteó @Covadonga75. «Votamos una clase política sin principios, si se amparan en la ley q la cambien!!», clamó @rodriguez_sergi.

«¿Legalidad o moralidad?» Frente al análisis jurídico, muchos tuiteros recurrieron a la perspectiva moral del complejo asunto para defender sus opiniones. «Solo se debería dejar salir al nazi que retuvo a O. Lara 2 años en un zulo si pide perdón. Compasión x las víctimas d ETA»; «Nunca ha existido arrepentimiento de ellos, por lo tanto las penas se deben cumplir integras. Han matado gente y esos no vuelven»; «La piedad tiene limites, mas aun cuando siempre la muestran los mismos», defienden @lm_jerez, @Antares_3142 y @RufinoLancharro. «¿Porque reinvindicamos el sufrimiento de una persona si decimos que somos diferentes?», replicó @PedroJMartnez sin posibilidad alguna de zanjar el debate.

Los políticos no hacen pedagogía
Los políticos guardan silencio. Entre los pocos que sí tuitearon, @santiagocervera y @carlosdavidgf (PP), que discreparon: «Nuestra superioridad moral frente a los terroristas hace q la ley sea capaz de atender razones humanitarias», dijo el primero; «Cuando aplicar la ley resulta injusto para el pueblo, los legisladores tienen obligación d cambiar la ley, o serán cambiados», advirtió el concejal de Elorrio. Desde el PSOE, @ElenaValenciano expresó «lealtad» al Gobierno y, de paso, le metió el dedo en el ojo («Ojalá lo hubieran sido ellos cn gobierno ZP»). Y a otra cosa.


Recortes de Prensa   Página Inicial