AGLI Recortes de Prensa   Domingo 26 Agosto 2012

Más España, más Europa
José María Marco La Razón 26 Agosto 2012

Empieza un nuevo curso político, con cuatro años de crisis a la espalda y la perspectiva de una nueva recesión en la UE. El proyecto europeo parece reducido a un ajuste de deudas y pierde atractivo, para los que están en él y para los que alguna vez quisieron entrar. En España, aparte de las dificultades económicas, vamos a asistir a formas de desafío nacionalistas como no las habíamos visto hasta aquí, en el País Vasco con la posibilidad de que la ETA llegue al poder, y en Cataluña con unos gobernantes que utilizan el soberanismo para disimular el fiasco del autogobierno.

En cuanto a la Unión Europea, deberíamos ser capaces de recordar, como lo ha hecho Guy Sorman en su último libro (Diario de un optimista, ni más ni menos), que la Unión no es un proyecto económico. Es un proyecto levantado para salir del ciclo de enfrentamientos bélicos al que los nacionalismos condenaron a Europa. La Unión Europea asumió un marcado carácter económico porque la economía parece un terreno más favorable a la racionalidad que el puramente político. No lo es tanto, como demuestra lo ocurrido con el euro. Ahora bien, las dificultades actuales no significan que el proyecto primero pueda ser olvidado de un día para otro. Por eso el euro es tan difícil de romper.

Eso sí, la unión monetaria, económica y política requerirá de todos los que participamos de ella un esfuerzo mayor del que hemos hecho estos años. Los españoles, que no participamos en su fundación, tenemos que comprender lo que está en juego y actuar en consecuencia. El adjetivo “periférico” llama a engaño. No quiere decir que seamos una parte adjetiva de la Unión. Contribuir a salvar el proyecto de la UE –y todo lo que este significa en cuanto a libertad, tolerancia, convivencia pacífica y prosperidad- es ahora tarea nuestra. Exige un esfuerzo para hacer de nuestra economía algo viable, competitivo, capaz de volver a crear riqueza. Nuestros padres y nuestros abuelos lo hicieron aquí. Ahora nos toca a nosotros, aquí y en la Unión.

Por otra parte, en España todo lo relacionado con lo público parece haber llegado a un punto de agotamiento. No tiene por qué ocurrir así. Los españoles están orgullosos de un Estado social de generosidad envidiable. Es lógico, pero también deberíamos haber alcanzado ya la madurez política suficiente para comprender que ese Estado no se puede continuar tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Las sociedades actuales son distintas, mucho más plurales y abiertas que las que hicieron posible esas formas de Estado social. Ahora el Estado tendrá que garantizar ciertos mínimos, mientras que cada uno de nosotros, que tomamos más y más decisiones autónomas, habremos de asumir también más responsabilidades sobre nuestra vida y sobre la de los demás. ¿Tan malo es esto? ¿Por qué contar a la gente que tiene que seguir obedeciendo y dando las gracias? ¿A quién? ¿A los dirigentes políticos? ¿A los líderes sindicales?

En cuanto a la cuestión autonómica, deberíamos evitar que la crisis del Estado autonómico se convierta en crisis existencial. A pesar de los esfuerzos que se hicieron en esa dirección, España, que es todo un continente en (relativamente) pequeño, no ha sido nunca un país centralizado a la francesa. Siempre ha habido diversidad: de lenguas, de costumbres, de formas de vida. Las Comunidades Autónomas han potenciado esta diversidad sin cuidarse de la perspectiva común. Como era de esperar, han entrado pronto en una fase de decadencia y de quiebra económica de la que saldremos si recuperamos el sustrato común. Sin él caemos –estamos cayendo ya- en la irrelevancia y la regresión. Así como en la Unión Europea conviene tener claro que el punto de partida y el objetivo es Europa –la Europa anterior a la UE, anterior incluso a las naciones europeas-, aquí resulta vital tener claro que lo esencial es y seguirá siendo España.

Finalmente, el cierre de un ciclo económico y político proyecta una sombra de sospecha sobre la Transición, con la se abrió la España democrática. Ni que decir tiene que quienes la hicieron podían equivocarse. Lo que ha venido después, sin embargo, no es responsabilidad suya. Es responsabilidad nuestra. Y de la Transición, que nadie va a cambiar ya, se puede seguir aprendiendo: en particular la mentalidad de diálogo y de consenso con la que se supo afrontar entonces problemas de dimensión nacional, como aquellos a los que nos enfrentamos ahora. Es esta la parte más oscura de nuestro presente, porque aquella disposición con la que fue posible hablar y sentirse reflejado en la suerte de los demás, parece acabada. Aun así, si no se recupera en algo –y para eso hace falta otra vez pensar en lo que nos es común a todos- no hay posibilidad de recuperación.

Fascismos pasivos
Manuel Molares do Val Periodista Digital 26 Agosto 2012

Los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero produjeron otros tantos intentos de apaciguamiento de los nacionalismos que quieren conducir a la secesión del País Vasco y Cataluña: la legalización de la ETA política y el nuevo Estatuto catalán.

Ahora, hasta los dos nacionalismos pacíficos mayoritarios prometen la independencia, cuando al inicio de la democracia sólo pedían comprensión para su cultura.

Socialistas y populares fueron cediendo las prerrogativas del Estado, especialmente las educativas. Las nuevas generaciones creen que España es Yugoslavia y que ellos son kosovares ferozmente oprimidos por los serbios; cuando, al revés, los serbios son sus nacionalistas.

Las independentistas avasallan ya a los ciudadanos que se sienten españoles, de los que los gobiernos centrales se desentienden: los de izquierda porque ya es filonacionalista en ambas comunidades, y de derecha porque teme ser acusada de centralismo franquista si los apoya.

España está gobernada ahora por esta derecha cuyos complejos de franquismo heredado le impiden actuar como haría todo ejecutivo cumplidor.

Por eso le concedió el tercer grado al sádico triasesino y carcelero de Ortega Lara, Josu Uribecheberria Bolinaga: no era obligatorio y legalmente podía denegarlo.

Esta derecha débil ni siquiera se atreve a detener las revueltas del diputado comunista andaluz y alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, que roba tiendas y allana moradas ante una indiferente Guardia Civil, desacreditando al país en los mercados internacionales.

El gobierno Rajoy destila poszapaterismo, un viejo buenismo beatón, de sacristía, y no se atreve a aplicar duramente la Ley para que no le llamen autoritario.

Decía Oriana Fallaci que hay dos clases de fascistas: los fascistas y los antifascistas. Seguramente sin saberlo el Gobierno está creando otra categoría, el “fascismo pasivo”: propicia el desarrollo de fascismos de izquierdas, derechas y nacionalistas para no ser calificado de fascista.

ARIZA AIREA SU ALEJAMIENTO DE RAJOY
Intereconomía deja de estar “orgullosa de ser de derechas" para catapultar a Mario Conde
Daniel Forcada. El Confidencial 26 Agosto 2012

Intereconomía deja de estar “orgullosa de ser de derechas" para catapultar a Mario Conde

“Siempre he tenido el corazón a la izquierda, ahora hay días que siento la tentación de retirar lo del orgulloso de ser de derechas”. El polifacético empresario navarro Julio Ariza (Carcastillo, 1957), creador del mini imperio mediático más a la derecha, se siente estos días poco mimado por el partido por el que llegó a ser incluso parlamentario a las órdenes de Alejo Vidal Cuadras. Y más, en estos días en los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy bordea extraños límites en la política antiterrorista y el caso Uribetxebarría Bolinaga, mientras concede su plácet mediático a la fusión de Antena 3 y La Sexta, operación que convierte a José Manuel Lara, dueño también de La Razón, en el empresario de referencia de la órbita de Moncloa. “Mariano ya está en manos de dos operadores italianos de TV”, se resignaba ayer en Twitter, en alusión directa a Paolo Vasile (Telecinco-Cuatro) y Maurizio Carlotti (vicepresidente de Antena 3).

Demasiadas razones en tan poco tiempo como para que Ariza sopese aquello de retirar su emblemático eslogan de cabecera y opte por catapultar, de paso, la naciente carrera política de su amigo y tertuliano del ‘Gato’, Mario Conde, a quien dedicó en exclusiva y a toda página su portada del pasado 15 de agosto para anunciar el salto a la política del ex banquero convicto. “Rajoy empeñado en destruir a los que le ayudaron pretende salir indemne de semejante actitud. Vae solis!”, se confesaba el empresario.

Ariza, que aglutina en su televisión a buena parte de diputados y políticos del PP (Alicia Sánchez Camacho, Pablo Casado, Francisco Granados, Elvira Rodríguez, amén del propio Alejo Vidal Cuadras, entre otros) y que aspira a obtener una licencia propia de TDT para su canal estrella, no esconde su apoyo total a Sociedad Civil y Democracia (SCD), la marca del nuevo partido de Conde que, según Intereconomía, habría robado ya al PP cerca de 10.000 simpatizantes. Votantes enfadados con medidas polémicas del Gobierno de Rajoy como la subida del IRPF o del IVA o con mayor calado ideológico como la concesión del tercer grado a Bolinaga, quien, según el estudio forense de la Audiencia Nacional, “no está terminal” y presenta solo “síntomas leves”. Un caso por el que Intereconomía y sus medios emblema han pedido la cabeza del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con quien Ariza mantiene rencillas desde su paso por el PP de Cataluña.

“Fernández ha vuelto a meter a Rajoy en un lío”, explicaba ayer en Twitter tras conocerse los resultados del estudio forense adelantado por El Confidencial. A renglón seguido, Ariza mantenía otra disputa a cuenta del citado ministro con el diputado Santiago Cervera. “Yo te explicaré cómo han mantenido él y su hermano al PP catalán como un partido sometido a CIU durante 25 años. Ahora ha evolucionado y hace de monaguillo, pero siempre bajo palio o en coche oficial. Ante todo sencillez”, denunciaba. “Conozco a Fernández desde que me presentó en un avión a su intimo Pascual Estivill y trabajaba para Javier de la Rosa”. (...) “Eran íntimos amigos. De la Rosa le financiaba”, concluía.

Apoyo de La Gaceta
El pasado 15 de agosto, sin embargo, ante la monoportada de Conde en La Gaceta, un miembro del consejo de redacción del periódico preguntó, estupefacto, cuál era la participación real de Conde en el accionariado del grupo de comunicación. Hecho que tanto Conde como Ariza han negado siempre de forma rotunda ante las continuas informaciones y rumores que han situado al ex banquero detrás del grupo con sede en Castellana.

El periodista Enrique de Diego, despedido de Intereconomía, escribió en su libro “Dando caña”, que Conde poseía el 5% del grupo a través de la sociedad Royal Oak, empresa que, sin embargo, no figura en el registro de accionistas de Intereconomía Corporación (60% en manos de Ariza; 15,8% en propiedad de Rustraductus S.L., de Javier Tallada, y 13,74% de Borayma Desarrollo SCR, empresa propiedad de Guillermo Mesonero Romanos). De hecho, el propio Conde negó por completo su vinculación con Intereconomía en 2010, a través de un desmentido enviado al diario PR: “En ningún momento ni de manera directa ni indirecta, he realizado ni contribuido a que se realice ninguna aportación de ningún fondo financiero al Grupo Intereconomía”.

Sea como fuere, los mentideros vuelven a situar a Conde detrás de las ayudas económicas que estarían sirviendo a Ariza para mantener a flote su periódico, que acaba de formalizar un drástico ERE para más de la mitad de su plantilla. De hecho, en pleno proceso, Intereconomía hizo acopio de fondos adicionales a través de dos ampliaciones de capital por valor de 2,03 millones de euros.

“Intereconomía es un grupo de comunicación independiente de cualquier partido político y así va a seguir siendo”, se ha defendido estos días Ariza para marcar distancia con el exbanquero. “Durante los siete años de gobierno de ZP muchos dijeron que éramos un grupo del PP, ahora que de Mario Conde y su SCD, mañana Dios dirá. Hacemos información, en libertad y para la libertad. Defendemos nuestra línea editorial hoy como ayer y estamos sometidos a crítica. Aplaudiremos aquello que haga el PP por una sociedad mejor, y si lo hace Conde o cualquier otro también... Si le gusta al PSOE, al PP, a Conde, a Cayo o a Rosa Díez, bien. Y si no, también”.

Pero su simpatía por Conde, que goza a su vez de un inigualable plató en ‘El Gato’ para dar rienda suelta a su campaña (ha llegado a elegir hasta los tertulianos que le acompañaban el día que él acudía), ha sido explícito en otros tantos mensajes en internet. “¿Merece más respeto Mariano Rajoy que no cumple su programa que Mario Conde que está por demostrar si lo cumple? Doble rasero”, escribía el 18 de agosto. Decepcionado con el PP y sin la esperada licencia de TDT aún en su manos, Ariza se ha echado en los brazos del ex presidente de Banesto. Falta por ver si cumple su amenaza y acaba retirando de su cabecera el "orgulloso" de ser de derechas.

Test de stress para Mario Conde
Nota del Editor 26 Agosto 2012

Para poder valorar las intenciones de Mario Conde, hay una prueba muy sencilla: Si propone y defiende la derogación de todas las leyes sobre lenguas regionales y el desmantelamiento de las autonomías, parece que va por buen camino. Si defiende la "libertad" de que cada uno exija al estado que le atienda en su lengua regional, que los ciudadanos que habitan regiones donde el español es lengua impropia deban conocer obligatoriamente la lengua regional, estará claro que es uno mas de lo mismo, y que no tiene interés alguno en que España deje de hundirse, romperse y tumbar el Euro y  Europa.


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Los argumentos políticos
Los desleales deben estrellarse
Alfonso Merlos La Razón 26 Agosto 2012

«La lealtad tiene un corazón tranquilo». El hallazgo es de Shakespeare y hace referencia a la obligación de fidelidad que tiene un ciudadano respecto de su nación. El leal siempre está presente, siempre cumple con los suyos. En su valor va no dar nunca la espalda a sus compatriotas, gobernarse con rectitud, con honor y con gratitud.

Lo contrario a la lealtad es la traición. Y he aquí una de las más graves dificultades que ya se está encontrando España en la durísima rampa de la recuperación. Los traidores están al acecho, han estado esperando este momento largamente y hoy más que nunca están animados para actuar contra la soberanía, contra la seguridad y contra la independencia del Estado. Así son ellos. Va en su ADN y es una obligación democrática acotar su margen de maniobra para que, desde un rincón, sigan pegando puñetazos, pero ganchos al aire que no molesten a quienes creemos en este proyecto colectivo y queremos sacarlo adelante.

Más allá de algunos comportamientos de dirigentes autonómicos enteramente irresponsables, la amenaza crítica se concentra hoy entre los separatistas vascos y los catalanes.
En el País Vasco, el peligrosísimo frente PNV-Bildu está velando armas antes de acelerar una carrera loca y suicida. La meta, muy probablemente, será la declaración unilateral que establezca la separación de una parte del país del resto del territorio nacional. El órdago es de tal envergadura que el Gobierno de Rajoy y los españoles no podemos sino trabajar, cada cual en la medida de sus posibilidades, para cortocircuitar este experimento.

Los trastornos de este escenario, si toma forma antes de final de año con una victoria del radicalismo en las elecciones autonómicas, son terribles e impredecibles. ¿Quién creerá en la seguridad jurídica en esa parte del solar patrio? ¿Quién invertirá fuertes cantidades de dinero para crear riqueza de verdad? ¿En qué afectará este borrón en el mapa a la imagen y la proyección internacional de España en el mundo?

En Cataluña, a otro ritmo, en otro estilo y bajo otro paisaje, la dinámica de tensar la cuerda de CiU puede terminar por romperla. Probablemente porque es el objetivo que persiguen quienes juegan a un nacionalismo que combina la corbata con el garrote, la diplomacia «soft» y discreta con el exabrupto más aldeano y estruendoso.

Tan importante es ajustar los presupuestos en las cantidades deseables como hacerlo de forma justa y equitativa. No seamos ingenuos. La política del Ejecutivo catalán que pasa por emprenderla a martillazo limpio contra las clases medias mientras se siguen regando generosamente las flores y los setos del jardín identitario no es casual. Forma parte de una hoja de ruta cuyo objetivo es achatarrar todo aquello que es inservible para los que sueñan con una aventura, quizá a la escocesa, cueste lo que cueste, pero en solitario.

Así, digámoslo claramente, no vamos a ninguna parte. No donde a casi todos nos importa: a la estabilidad, a la prosperidad, a la salida de la crisis empujando en la misma dirección cada uno desde su modesto pero imprescindible puesto de mando. Por eso es tan decisivo combatir a esta partida de antipatriotas y de desleales. No estamos ante la simple conjura de los necios, ante personajes estrambóticos que provocan situaciones hilarantes. Estamos ante la conspiración de una minoría en contra de los intereses de una mayoría. Tenemos la razón y tenemos la Ley. De forma inteligente y tranquila, hagamos que se estrellen.

El meollo del asunto
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 26 Agosto 2012

Para este viaje, las alforjas de centenares de vidas eran superfluas.

La defensa que ha hecho el ministro del Interior de la decisión de conceder el tercer grado al etarra Josu Uribetxeberría contiene dos elementos que la caracterizan: la afirmación de que la Ley obliga a esta concesión y el recuerdo de que ministros anteriores del ramo también excarcelaron a terroristas por razones análogas. El primero es simplemente falso, con lo que poco más hay que decir, salvo quizá que a un miembro del Gobierno se le supone la capacidad de distinguir entre el significado de “poder” y el de “deber”. El segundo implica que todos los casos de aplicación del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario son idénticos, lo que tampoco se corresponde con la realidad. No es lo mismo, por ejemplo, examinar el tercer grado de un informador o de un recaudador de fondos de la banda que el de un asesino demoníaco o el de un delincuente arrepentido que el de uno que hace ostentación de sus atrocidades.

Sentado, pues, que el ministro ha quedado incinerado para los restos, la clave de este episodio se encuentra en el comunicado de la asociación de reclusos de ETA en relación con este procedimiento en el que se afirma que “el meollo del asunto” radica en que “para que no exista más dolor, hay que afrontar la cuestión política”, o sea que ellos dejan de matar si el Estado accede a sus exigencias sobre legalización, autodeterminación, presos, territorialidad y demás. La libertad condicional de Uribetxeberría responde a esta lógica siniestra, ustedes se rinden y nosotros les perdonamos la vida.

Para este viaje, las alforjas ensangrentadas de centenares de vidas inmoladas por la democracia y el orden constitucional eran superfluas. Con un presidente del Gobierno sin conciencia, como el anterior, y un ministro del Interior de léxico confuso, como el actual, hubiera bastado.

Bolinaga o la sensación de un guión escrito de antemano
Alberto Pérez Giménez. El Confidencial 26 Agosto 2012

El patético episodio de la excarcelación del etarra Uribetxeberría Bolinaga -que puede acabar un domingo de agosto, casi con nocturnidad, con la libertad para el carcelero de Ortega Lara y asesino de tres guardias civiles pese a que la Audiencia niegue que esté terminal- evidencia la poca pericia del Gobierno de Mariano Rajoy que, asistido por la mayoría absoluta en el Parlamento, es incapaz siquiera de gestionar aquellos asuntos en los que sus propios votantes acaban por estar más desconcertados. Con el ‘caso Bolinaga’, el PP acaba de certificar el enfrentamiento abierto y definitivo con la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo, las mismas con las que salía a la calle a compartir pancarta hace poco más de un año, y, lo que es aún peor para el partido, poniendo tierra definitiva de por medio con una buena parte de su electorado que ha acabado teniendo la sensación de que el Gobierno se ha conducido a duras penas por una carretera marcada de antemano, atropellando todo cuanto salía a su paso y cuyo destino no podía ser otro que la excarcelación final del etarra.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el mismo que pierde el Ipad y el Iphone en un AVE o en los estudios de la Cadena Ser tras una entrevista, se ha enfrentado en una semana a la AVT –“a ver si el ministro reconoce por fin que ha obrado mal a sabiendas”, decía su presidenta Ángeles Pedraza- y al ‘ala dura’ de su partido. A las críticas de Mayor Oreja, Iturgáiz o Vidal Quadras, ha reaccionado recordando que fue Oreja quien firmó la ley por la que ahora se va a excarcelar a Bolinaga. Cierto, salvo que el actual ministro miente al menos en una cosa: la ley no dice que se ‘deba’ excarcelar al reo en estado terminal, sino que “puede” tomarse esa decisión. Por ello, resulta patético que todo un ministro se envalentone y diga que “prevaricaría” si no concedía el tercer grado a Bolinaga. No, señor ministro, no prevaricaría porque la ley ni mucho menos le obliga, sólo se lo permite “si se dan las circunstancias”. Y éstas, como poco, son más que dudosas por mucho que hasta hace una semana muchos creyéramos lo contrario a tenor de los informes que hasta entonces se conocían.

Ahí es cuando entra en escena una mujer, la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, para terminar de desbaratar y poner de los nervios a la cúpula de un Ministerio que tenía decidido desde hace tiempo que Bolinaga debía ser liberado. El informe de la forense desvelado el viernes por este diario se enfrenta totalmente al del Hospital Donostia: Bolinaga no está terminal, tiene síntomas leves, aún no ha sido tratado de sus metástasis y puede seguir el tratamiento en la cárcel. Los siete folios de Baena, una profesional con experiencia en el 11-M o en los casos de Anabel Segura y que a diario trata con presos enfermos, echaban por tierra la alfombra roja para la excarcelación del preso.

Con la poca sutileza que caracteriza a la separación de poderes en nuestra España, el mecanismo se puso en marcha rápidamente. El juez de Vigilancia Penitenciaria interrumpió sus vacaciones –con lo que cuesta eso en nuestro poder judicial- para volver rápidamente a su despacho a tiempo de abroncar personalmente a la forense. El volumen de los gritos fue tal que el personal de la Audiencia los oía desde sus mesas de trabajo, y el propio juez intentó luego reconducir la situación para evitar posibles sanciones. ¿Ha intervenido el CGPJ, pese a la gravedad de lo denunciado: las presiones de un juez a un perito de la Audiencia? Por supuesto que no. La propia forense, a quien un alto cargo del Tribunal le animó a denunciar al juez Castro, ha preferido dejar que el Consejo actuara de oficio. Algo que, evidentemente, no sucederá.

Con todos estos mimbres –un ministro que concede por ‘obligación’ el tercer grado, unos informes opuestos, un Gobierno que asegura que deja todo en manos del juez y con éste, abroncando a la forense por hacer un informe díscolo- el esperpento de Bolinaga está tocando a su fin. Será más que probable que, como pasó con Pinochet cuando éste fue devuelto a Chile por su delicada salud y nada más pisar tierra andina se levantó de la silla de ruedas, Bolinaga acabe siendo recibido como un héroe por los bildutarras y demás ‘gudaris’. Pero en la tramoya de toda esta representación quedará flotando la asfixiante sensación de que todo ha sido fruto de una decisión política tomada hace tiempo y que ningún informe, ninguna forense, ninguna presión de las víctimas, iba a echarla atrás. Quizá algún día sepamos por qué.

Tolerancia cero contra la izquierda liberticida
EDITORIAL Libertad Digital 26 Agosto 2012

Juan Manuel Sánchez Gordillo es el paradigma de la izquierda reaccionaria. Anticapitalista, palestinófilo, israelófobo, antiamericano, admirador de Chávez, anfitrión de proetarras, encarna modos e ideas que muchos creían enterrados en el basurero de la Historia desde el colapso del abominable Imperio soviético, con su pavorosa ineficiencia y sus veinte millones de muertos. Nada más lejos de la realidad, como por desgracia nos está tocando comprobar este verano. La crisis económica, provocada y agravada por el Estado omnipresente y sus gestores, adictos al intervencionismo y la ingeniería social, está dando alas a sujetos como el alcalde de Marinaleda, enemigos jurados de la democracia liberal y fanáticos del resentimiento, la envidia, la demagogia obscena y la violenta acción directa.

Los poderes públicos deben hacerles frente con contundencia y sin contemplaciones, pues representan una amenaza de primer orden. Especialmente aquellos que ostentan cargos públicos y se valen de ellos para deslegitimar las instituciones, transgredir las leyes y coaccionar a la ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto diligencias contra Sánchez Gordillo por las acciones que perpetró durante la huelga general del 29 de marzo. Es una muy buena noticia. Es preciso que no sea la única. Que pague por sus desplantes, desmanes y ultrajes.

Ahora bien, la lucha contra estos liberticidas no ha de correr sólo por cuenta de los poderes públicos. Tiene que darla también, o sobre todo, la sociedad. En efecto, la ciudadanía debe denunciar sus acciones y planteamientos, practicar la tolerancia cero contra semejantes intolerantes y mostrar un rotundo rechazo hacia los oportunistas y tontos útiles que les hacen el caldo gordo.

Somos más y somos mejores. Pero hay que demostrarlo. Demostrárselo.

¿Por qué se duda de la política contra ETA?
Rogelio Alonso. ABC 26 Agosto 2012

«Este Gobierno podría perder mucho más que una mayoría absoluta si el Estado sigue desperdiciando la ventaja obtenida con el sacrificio de los españoles durante años»

¿ POR qué se desconfía de la política antiterrorista si el Gobierno insiste en declararse firme con ETA? ¿Por qué provoca la misma desconfianza que despertó la política del anterior Gobierno cuando éste mantuvo una negociación con ETA negada pero que se ha demostrado que sí existió? La constante necesidad del Gobierno por defender su posición revela que esa desconfianza está fundada. Su política expone incoherencias con los principios recogidos por el Partido Popular en su programa electoral y defendidos durante una larga trayectoria. Refleja además una clara continuidad con la política socialista que el PP criticó con sólidos argumentos, revelando contradicciones obvias para el ciudadano. Este continuismo con una política basada en un doble lenguaje que ocultó iniciativas de alto coste político y social resta credibilidad al Gobierno cuando se defiende de las lógicas críticas que recibe incluso de su propio cuerpo electoral.

El Gobierno anterior propició una decisión cuyas consecuencias hoy se denuncian: la legalización del brazo político de ETA y el consecuente fortalecimiento y legitimación que supuso para los terroristas. Sin embargo, el actual discurso gubernamental de indignación resulta insuficiente en ausencia de iniciativas que demuestren una verdadera coherencia entre las palabras y los hechos. Como hizo el Gobierno anterior, el actual ministro del Interior explota mediáticamente las detenciones policiales, utilizando el abnegado trabajo de los profesionales hasta el punto de anunciar con antelación operaciones antiterroristas, mientras se desactivan o eluden otros instrumentos contra el entorno etarra. Se ha renunciado a diseñar una estrategia contra la radicalización de una sociedad en la que se sigue justificando el asesinato de seres humanos aunque se hayan interrumpido por motivos tácticos. Esa estrategia requiere mucho más que meros mensajes de indignación que evidencian falta de determinación para utilizar el enorme potencial de un Estado democrático contra quienes intentan subvertirlo.

La legalización del brazo político de ETA ha rebajado el nivel de exigencia dificultando una hipotética ilegalización de formaciones que, sin embargo, incurren en los supuestos que el Constitucional y el Gobierno definen como intolerables. Por ello el Estado debería actuar con audacia y contundencia para acometer aquello que el partido de Gobierno prometió en su programa: «impedir la utilización de las instituciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terrorismo y de sus responsables». La complejidad de esta tarea no exige abandonarla, sino que obliga a esforzarse por diseñar el método que permita alcanzarla. Sin embargo el Gobierno se muestra más preocupado por denunciar indignado esa legitimación de la violencia mientras realiza gestos a ETA. El tercer grado a un etarra que ha dejado claro que no merece trato de favor es el último episodio de esa política de gestos que evoca al periodo Rubalcaba. Las apelaciones al cumplimiento de la legalidad para justificar esos guiños son idénticas a las utilizadas en el pasado, como lo son los argumentos que exponen una simplificación que distorsiona la realidad: negar a los miembros de ETA ciertos beneficios también es legal, y además, como la experiencia constata, eficaz para debilitar a la banda.

La misma lógica afecta al plan de reinserción de Interior al que no se ha acogido ningún etarra, como era previsible. La medida no debilita a la banda, pues el Gobierno muestra que es sensible a la presión de ETA, PNV y PSOE que le exigen «gestos» para «consolidar el proceso de paz». El Gobierno demuestra que le incomoda la etiqueta de «inmovilista» con la que esos actores intentan marginarle. Confirma asimismo que puede ceder, desvelando una vulnerabilidad que retroalimenta la presión. Al contrario de lo que diversas intoxicaciones a los medios han intentado trasladar, los presos se cohesionan gracias a simbólicas cesiones de este tipo que interpretan como «el primer paso de otros pasos». De ahí que el plan levantara la moral de los presos, pues el Gobierno aparentaba ante las víctimas una firmeza incoherente con sus comportamientos, llevando a un etarra a afirmar: «les están mintiendo a la cara para luego hacer lo contrario». El gesto con el torturador de Ortega Lara también induce a presentar a las víctimas, y no a los criminales, como un obstáculo para la paz a las que el Gobierno debe desactivar. Se refuerza así la propaganda de los radicales que pretende «desarmar el ámbito de las víctimas», a las que define como «sherpas de la represión» y «alimentadoras del conflicto».

Ineficaz resulta la insistencia en que los presos son problema de ETA y no del Gobierno cuando este asume lo contrario ofreciendo gestos como el plan de reinserción y el trato a quien aún se vanagloria de haber asesinado y torturado. Al igual que hiciera Rubalcaba, topándose entonces con la crítica de quienes hoy justifican similar proceder, ahora el Gobierno se presenta como obligado por ley a adoptar una decisión a favor del etarra. Sin embargo, la decisión contraria también habría sido absolutamente respetuosa con la ley. Los presos de ETA no ignoran algo tan obvio, de ahí que valoren el paso del Gobierno como un triunfo. A pesar de las tergiversaciones con las que se justifica la deferencia con el etarra, los radicales saben que el beneficio recibido no era imperativo sino facultativo al depender de la voluntad del Gobierno. El Gobierno debería haber priorizado que su gesto resulta positivo para la propaganda de ETA. Por tanto debería haber optado por defender la prisión de quien aún no está en peligro inminente de muerte y que sigue sin mostrar humanidad alguna hacia sus víctimas. Esta determinación hubiese provocado en los presos el desistimiento que el Gobierno dice buscar pero que sin embargo no provoca, pues alienta las esperanzas de más movimientos favorables a ETA.

El nacionalismo radical observa cómo su intensa actividad propagandística ha rehabilitado su imagen mientras el Estado elude articular un eficaz combate ideológico, limitándose este a una política de comunicación que confunde más a la opinión pública que a ETA. Esa confusión es responsabilidad de quienes aplican la política antiterrorista, y no de quienes critican razonadamente contradicciones evidentes. También fue habitual en la etapa Rubalcaba ese recurso y la apelación a la lealtad para silenciar críticas con el fin de eludir responsabilidades por una política contraproducente. Pero la verdadera lealtad exige honestidad en los fines y rigor en los medios, y más cuando está en juego la deslegitimación de ETA, que ha logrado contrarrestar su extrema debilidad operativa con un considerable fortalecimiento político sin ni siquiera condenar el terrorismo. Asimismo el periodo Rubalcaba se distinguió por la «comparación ventajosa» con la política de Aznar atribuyéndole movimientos en el ámbito de los presos. La búsqueda de este referente evidencia aún más el problema del Gobierno: aquel gobierno del PP no generaba desconfianza porque su firmeza gozaba de credibilidad; mientras se acercaban presos, otros eran alejados al tiempo que se trasladaba a ETA una convicción que le llevó a reconocer ya en 2003 que «la estrategia político militar está colapsada».

La actual política parece generarle más incomodidad al Gobierno que a ETA; algo peligroso, pues como ha escrito un etarra encarcelado, «el primer objetivo en cualquier confrontación es siempre provocar incomodidad al adversario y colocarlo en situación de desventaja». Este Gobierno podría perder mucho más que una mayoría absoluta si el Estado sigue desperdiciando la ventaja obtenida con el sacrificio de los españoles durante años. Así puede ocurrir si se continúa manteniendo una estrategia heredada del anterior gobierno, asumiéndose una política antiterrorista que ha causado el fortalecimiento institucional del entorno terrorista y la legitimación de quienes siguen sin condenar la violencia.

ETA divide al PP
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 26 Agosto 2012

Siempre he dicho que la estrategia de los nacionalismos catalán y vasco ha consistido en una lucha constante por la conquista de situaciones progresivamente favorables a la independencia. En este sentido la aprobación del nuevo Estatuto supuso para Cataluña un gran avance, tanto desde el punto de vista nacional como del proyecto estatal, al tiempo que la conversión de ETA en un partido legal lo ha sido, asimismo, para el País Vasco.

Sus pugnas con el PNV no son sino la lucha por la hegemonía en la perspectiva de la independencia. En este larguísimo proceso, el PSOE ha ido definiendo una posición de «traición políticamente correcta a la Nación española», mientras el PP ha comenzado a abandonar unas posiciones integralmente nacionales. Se diría que el «arriolismo», utilizado en su día por José María Aznar de forma instrumental, ha terminado por convertirse en el método de Rajoy. El actual ministro de Interior está hecho a la imagen de Arriola.

Hubiera sido un sueño esperar que la mayoría absoluta, conseguida por el PP gracias a la crisis económica, fuera aprovechada como la gran ocasión para que el gobierno redefiniera el Estado de Derecho, terminara con la corrupción de los partidos políticos, instalara una moral colectiva e invirtiera el proceso del Estado de las Autonomías en el sentido de una afirmación de la nación española. Demasiado para Rajoy e, incluso, para un partido que a la hora de la verdad viene a ser el mero producto de un cúmulo de intereses materiales.

Lejos de ello, el propio aparato ministerial del PP está revelando la gravedad de sus tensiones internas no sólo en el campo de la economía sino en materias tan delicadas como las planteadas por los abertzales de izquierda, ya parlamentarios en Madrid y en Vitoria. Las justificaciones del ministro del Interior, no sólo en relación con la excarcelación de Bolinaga sino con la «integración» de ETA, son la confirmación de dos tipos de Partido Popular.

LA RENTABILIDAD DEL CRIMEN
HERMANN TERTSCH ABC  26 Agosto 2012

El actual alarde de la rentabilidad del crimen que permite es otro mazazo al ánimo y la integridad de los españoles

HAY pocas frases tan manidas en España que tengan tanta carga de mentira voluntariosa, de falacia bienintencionada. Es la que, en tantísimas versiones, afirma que los crímenes terroristas jamás sirven ni servirán a los propósitos de sus autores. Desde hace medio siglo la oímos como inevitable letanía siempre que hay un muerto que lamentar, siempre que se habla de terrorismo. Y su inmensa carga de mentira, su falsedad radical, tan terriblemente obvia, no inmuta a casi nadie. Lo cierto es que pocos crímenes en el mundo han sido tan rentables como los que por causas políticas se han cometido en España en democracia. Y no voy al hablar de los más rentables de todos, cometidos de un golpe en diversos trenes de cercanías a Madrid el 11 de marzo del 2004. Fueran quienes fueran los cerebros de aquel atentado, sus objetivos se lograron todos en cuestión de días. Sus consecuencias habremos de pagarlas los españoles durante generaciones. Los daños, además de los casi doscientos muertos y miles de heridos y vidas destrozadas, dan auténtico vértigo histórico.

Pero evidentes son también los beneficios al proyecto nacionalista de los crímenes de ETA. Sin terrorismo es improbable que, a los muchos errores históricos de la transición, se hubiera añadido la convicción absurda de que el concierto económico vasco aplacaría a los asesinos y a quienes ya por entonces cabalgaban, con corbata, a la grupa del tigre etarra. Todos sabemos en que quedó aquel inmenso autoengaño de las fuerzas no nacionalistas. Lo cierto es que toda la realidad vasca se ha ido modificando en estos siete pasados lustros de acuerdo con los intereses objetivos finales de los terroristas. Limpieza ideológica, adoctrinamiento tribal, mentira histórica, odio como deber y lógica patrióticos. Hay pocas campañas en el mundo en las que un grupo tan pequeño, con tan poca inversión de vidas propias y tan poco poder de destrucción, haya logrado tanto en la consecución de unos fines en principio tan improbables como es una «dictadura popular» en Europa en el siglo XXI. Este inaudito éxito se debe en gran medida -en su mayor medida- a la actitud de sus enemigos.

El Estado como suma de sus instituciones y la sociedad española en general han sido el mejor enemigo posible para ETA. Y eso no lo cambian reacciones espontáneas bondadosas o solidarias. Ni la magnífica labor aislada de algunas instituciones como la Guardia Civil, organizaciones como la AVT o individuos que compondrían una lista muy larga. La derrota del terrorismo fue posible en España.

 Pero el terrorismo acabó en marzo del 2004 con un Gobierno y puso otro. Puso al Gobierno que todo terrorista desea para poderle imponer sus fines. Al que se convence de que comparte intereses con el enemigo del Estado. Desde entonces, ETA contó con defensores de sus intereses en el propio corazón del Estado como jamás podía soñar una organización terrorista. Así ya no necesita matar para imponer sus objetivos. El miedo a su retorno a las armas, el terror a un sólo muerto, mueve montañas. Un Gobierno que no asume ni un muerto por la defensa de sus principios deja a la sociedad inerme ante las pretensiones de sus enemigos. La alternancia no ha cambiado esta actitud. Y Rajoy se nos convierte así en triste émulo de Zapatero. También él pretende normalidad donde no existe. En nuestra dramática situación, el actual alarde de la rentabilidad del crimen que permite es otro mazazo al ánimo y la integridad de los españoles. La peor frustración para una sociedad por tantas razones deprimida es la terrible continuidad, sin alternativa, de la administración de inanidad, mentira y debilidad contra la que se votó.

Muerto por muerto
Daniel Portero MD 26 Agosto 2012

Todos los españoles aún nos preguntamos de qué hablaron el ex presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y el actual ministro de Interior en aquella reunión tan secreta hace meses. Entre otras cosas, se comentaron las 2 líneas rojas que ningún Gobierno debía traspasar si quería que la organización terrorista no volviera a matar. Yo sólo conozco una de ellas. ETA dijo al Gobierno de Zapatero que si moría un preso de ETA en las cárceles españolas moriría un español en su lugar, es decir, volvería a asesinar, a su oficio.

La espada de Damocles sobre la cabeza de Zapatero fue la herencia que recibió el Gobierno de Rajoy y que tantas malas consecuencias ha generado estos últimos meses. No me extraña ahora que Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, no pueda permitirse el lujo de que ningún etarra enfermo muera en las cárceles españolas.

No me sorprende que el etarra Bolinaga, carcelero de Ortega Lara, haya tenido el privilegio de acceder al tercer grado como ya lo hizo el etarra Txus Martin, porque la muerte de un etarra enfermo desencadenaría que ETA volviera a asesinar.

Esta herencia envenenada de Zapatero podrá ser desmentida por Zapatero y el actual ministro, pero es una realidad palpable que está generando beneficios penitenciarios a miembros terroristas en la fase previa de la muerte. Mucho se cuidaron los asesores del anterior ministro de Interior de informar al actual titular de las líneas rojas que no podían traspasarse con ETA, y ésta era una de ellas, un muerto en la cárcel podría justificar un asesinato de ETA, y más después del mal llamado «fin definitivo de las acciones armadas de ETA» que, en realidad, está condicionado por esta línea roja. Que sepa el Ministerio de Interior que yo personalmente prefiero un muerto, aunque me tocara cerca de nuevo, a perder la dignidad como la perdió Zapatero y pretende que la pierda el Gobierno actual. Estoy seguro que las demás víctimas del terrorismo opinan igual que yo.

RESUMEN DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO
JOSÉ MANUEL LESTÓN DÍAZ. www.josyosite.com 26 Agosto 2012

Artículo 74. Tipos de régimen
2. El régimen abierto se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento (penitenciario) en régimen de semilibertad.

Artículo 101. Grados de clasificación
2. El tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 102. Variables y criterios de clasificación
4. La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

Artículo 104. Casos especiales
4. Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad.

Artículo 192. Libertad condicional
Los penados clasificados en tercer grado que reúnan los demás requisitos establecidos al efecto en el Código Penal cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional, conforme a lo dispuesto en dicho Código.

Artículo 196. Libertad condicional de septuagenarios y enfermos terminales
1. Se elevará al Juez de Vigilancia el expediente de libertad condicional…
2. …cuando, según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables (cuando los servicios médicos del Centro consideren que concurren las condiciones para la concesión de la libertad condicional por esta causa, mediante la elaboración del oportuno informe médico).
3. Cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables se incluirá en el expediente el informe médico acreditativo de la enfermedad, así como de la gravedad e irreversibilidad de la misma.

Artículo 24. Libertad
1. Para poder proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad será necesaria la aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal sentenciador o del expediente de libertad condicional por el Juez de Vigilancia (penitenciaria).
4. Las propuestas de libertad definitiva de los liberados condicionales se formularán por el Director del centro a que estén adscritos…
5. En el expediente personal del penado se extenderá la oportuna diligencia de libertad definitiva, tanto si la liberación tiene lugar en el centro como si la última parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de libertad definitiva al Tribunal sentenciador y al Juez de Vigilancia.

CASO BOLINAGA.
JOSÉ MANUEL LESTÓN DÍAZ. www.josyosite.com 26 Agosto 2012

 El pensamiento se desarrolla con la acción (con propuestas), no con la repetición de proclamas que nos alejan de la realidad, impidiendo una paz justa para las víctimas pero también para la sociedad civil. Seamos realistas: ni el cumplimiento íntegro de las penas se da por costumbre, pues fue una proclama partidista con fines electoralistas (lo mismo pasó con la promesa de cadena perpétua “revisable”), ni la doctrina Parot significa el cumplimiento total de la pena, aunque dicha doctrina alargue la estancia en prisión de los terroristas. No hay que olvidar que el cumplimiento íntegro de sus penas o la cadena perpétua (por eso sería “revisable”) contradicen el espíritu de reinserción del Reglamento Penitenciario, de la Constitución. Esto tampoco quiere decir que haya que reinsertarlos a la manera que conviene a los terroristas. Por eso estoy totalmente en contra del plan integral de reinserción para etarras planteado por el Gobierno, pues nuestro ordenamiento jurídico ya prevee la reinserción de los reclusos sin necesidad de distinguir a unos de otros, máxime cuando no se dan las circunstancias para aplicar un plan de estas características.

Sabemos que Bolinaga no está arrepentido ni ha pedido perdón. Tampoco colaboró con la justicia cuando tenía que hacerlo. Es verdad, como viene en el articulado, que el Reglamento prevee la posibilidad de aplicar el tercer grado a enfermos terminales por razones de humanidad y de dignidad personal, pero no menos cierto es que no hay obligación de hacerlo. Y esa posibilidad no viene explícitamente unida a la obligación del recluso para su aplicación de pedir perdón a las víctimas, desvinculándose de la banda y colaborando con la justicia (una ausencia relevante que no recoge el artículo correspondiente ¿no creen?). Ausencia que confirma tal posibilidad implícitamente al incluirla en dicho artículo “con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación”.

Bien podían ser esas variables (arrepentimiento, petición de perdón y colaboración con la justicia, entre otras) para un régimen abierto ordinario las mismas que para un caso especial como el presente.

Sin embargo, esta ausencia se da para casos de enfermos terminales. Eso es lo que dice y expresa el Reglamento. Casualidad: el plan integral de reinserción del gobierno tampoco exige a los presos etarras para su acercamiento el pedir perdón a sus víctimas-¿dónde están las razones de humanidad para ese acercamiento en dicho plan?-por tanto, la dispersión no afecta a la dignidad de la persona).

Creo que los presos etarras beneficiarios de beneficios penitenciarios por una u otra razón bien podrían cumplir con unos requisitos mínimos hacia sus víctimas que varían favorable y sustancialmente su situación legal. Es lo mínimo que se les puede exigir. Al fin y al cabo esos requisitos mínimos deben de ser una parte importante de las variables que intervienen en gran medida en el proceso de clasificación para optar a ciertos beneficios penitenciarios. Triste es que el infame proceso de paz de momento no les obligue a nada relevante, independientemente de su situación personal. A pesar de todo la grandeza de un Estado de Derecho se expresa también en la generosidad que muestra con posibilidades como ésta para casos especiales sin obligaciones vinculantes para su aplicación, sólo por razones de humanidad (habrá que cerciorarse si realmente es un enfermo terminal). Esa misma grandeza del Estado no se aprecia en el actual Gobierno con un plan de reinserción “ad hoc” para terroristas, un plan continuista del proceso de paz diseñado por el infame cuarteto ZP-Eguiguren-Rubalcaba-Patxi López. Dicha grandeza tampoco la tuvo Bolinaga con Ortega Lara (quien nunca hubiera obtenido un “régimen abierto” de no ser por la Guardia Civil). Obviamente en el plan de reinserción no se busca la generosidad por razones humanitarias. Sólo se persigue la consolidación de un proceso de paz tan irreal como excluyente.

En cualquier caso se observa una vez más la cobardía de un preso etarra que se deja manipular por la banda terrorista por miedo a su terrorífica disciplina interna. Si realmente está en fase terminal y tuviera la obligación de cumplir esos requisitos o la valentía de cumplirlos sin esa hipotética obligación vinculante, la banda no íba a eliminarlo, pues se juega el poder político de su brazo. Además su eliminación rompería el falso proceso de paz existente, sin contar con la mala reputación que obtendría el brazo político de Eta por ir contra un enfermo terminal. Tampoco le iría bien al resto del nacionalismo. Sí es posible que Bolinaga recibiera presiones del mundo radical vasco para que reconsiderará su arrepentimiento, si finalmente dicho preso cumpliera con esos mínimos requisitos ético-morales. No hay que olvidar que es difícil salir de una banda mafiosa como es Eta. Quizás por esto último habría que fomentar que el colectivo de presos se resquebrajara para restar poder a la banda terrorista, pero obviamente sin hacer concesiones a Eta, pues justo así se persigue el efecto contrario al deseado. En cualquier caso esas presiones o su aislamiento social por parte de los nacionalistas vascos no son comparables al sufrimiento ocasionado a Otega Lara o al resto de sus víctimas mortales. Al no cumplir con esos mínimos requisitos morales está defendiendo la memoria histórica del terrorismo nacionalista vasco, la leyenda del “gudari”. Ni más ni menos. Esa es la memoria que se va afianzando en un falso y vomitivo proceso de paz como el que nos ocupa. Una memoria que mediante una paz sucia asentará la exclusión sin armas en el P. Vasco como medio para que el nacionalismo vasco pueda seguir manejando el poder desde las instituciones, pero sin pistolas. Exclusión a la catalana. En suma, una paz sin democracia por la falta de libertades. Ese poso cultural de intolerancia es el que prevalecerá como modelo para las futuras generaciones nacionalistas. Esa será su “educación para la ciudadanía” vasca, una educación impuesta “vía exclusión”. Hacia eso vamos.

Por todo lo ya expuesto cabe deducir que una negativa del gobierno a la concesión del tercer grado a Bolinaga no tendría por qué perjudicar al falso proceso de paz iniciado, aunque sí perjudicaría la imagen del gobierno beneficiando la del mundo etarra. Para terroristas y nacionalistas pesa más el poder institucional que tienen y sobre todo el que van a conseguir que la vida de un preso. Si les interesara realmente su reinserción no hubieran creado o alimentado al monstruo de la serpiente. Hubieran evitado desde un principio la pérdida de una juventud vasca perdida por la barbarie ideológica nacionalista. El nacionalismo vasco, si hubiera querido, hace tiempo que habría reinsertado a sus presos fomentando esos mínimos exigibles mencionados más arriba y aislando de la sociedad vasca a los violentos. Que piensen en ello los presos y sus familiares y todos aquellos que han votado a un nacionalismo excluyente que realmente les ha arruinado la vida. No fue el estado español opresor el culpable de su deriva. Esa es otra gran mentira de la fábula nacionalista que se vive en el P. Vasco.

Lo que está claro es que las víctimas, como la sociedad civil en general, necesitan garantías para que la aplicación del tercer grado en estos casos especiales (de enfermos terminales) responda a la causalidad que provoca su concesión. La desinformación de las víctimas es inversamente proporcional a la información de sus verdugos. Es esa falta de información y el trato recibido por parte del gobierno lo que molesta a las víctimas (la poca claridad del plan integral de reinserción es un ejemplo más). Casos como el de De Juana Chaos son sangrantes para el colectivo de víctimas y para un Estado de Derecho que se precie de serlo.

Volviendo al tema que nos ocupa, la pregunta que interesa al lector es si procede o no aplicar el tercer grado a este terrorista en base al Reglamento Penitenciario. Aunque vaya a contracorriente de un estado de opinión generalizado motivaré a continuación mi postura al respecto. Sabemos que existe esa posibilidad y también conocemos que no es de obligado cumplimiento. Cualquiera de esas dos posibilidades es totalmente legal o procedente si el caso de Bolinaga es un caso terminal. Ambas se ajustan a derecho y son al mismo tiempo imparciales, aunque la ley se convierte en una recomendación muy a tener en cuenta al sugerir para casos terminales esa posibilidad. Hay que entender que la ley prevee esa posibilidad, aunque ésta no obtenga el reclamo popular. Otra cosa muy diferente es si nos preguntamos realmente cuál de esas dos posibilidades favorece más al Gobierno (o a Eta), o cuál es más éticamente correcta. ¿Depende?. En esta última pregunta hay que tocar el concepto de “rentabilidad”, dependiendo de cómo manejen unos y otros el asunto en cuestión. Aunque esté totalmente en contra de la política del gobierno en materia terrorista he de admitir que la aplicación del tercer grado, si realmente está dicho preso en fase terminal, era la más adecuada para el ejecutivo. La voluntad política del gobierno, facilitando la libertad condicional para un caso tan especial y concreto como éste, bien podría adecuarse a una política de generosidad por parte de las víctimas, siempre y cuando éstas vieran que no se sigue la hoja de ruta de sus verdugos. Desgraciadamente éste no es el caso. Lo cual no quiere decir que por ello haya que primar el sentimiento por encima de la razón, dejando morir a un preso con cáncer terminal en una celda, algo que sería contraproducente desde cualquier punto de vista mínimamente razonable. Me reafirmo en que esta medida es la más adecuada porque no criminaliza al gobierno, al no mostrar una cara o imagen insensible ante situaciones de “irreversibilidad”, siempre y cuando el tiempo confirme dichas situaciones. Al mismo tiempo es un ejemplo de que el Estado de Derecho funciona, es garantista, incluso con aquellos que no se lo merecen.

Lo malo de esta medida de gracia ha sido el retraso en su aplicación, pues eso ha contribuído a que el mundo abertzale radical logre rentabilizar sus campañas de huelga de hambre, presentándose a su electorado con una victoria más que lo realza de cara a las elecciones vascas. Si el Gobierno hubiese tratado este tema con claridad desde un principio, aplicando esa legalidad posibilista cuando salió el tema a la palestra, antes del inicio bochornoso de unas huegas de hambre ficticias y en cadena, hubiera dado la imagen de no ceder al chantaje de Eta, evitando al mismo tiempo la rentabilización pro-terrorista del asunto, aplicando así a tiempo la única de las dos posibilidades: la más razonable. Lo que ocurre es que cuando se da la espalda a las víctimas antes es imposible buscar su apoyo después.

La aplicación del tercer grado en una fase tan tardía es un gesto más a Eta y a su rentabilización del asunto. Si se hubieran hecho bien las cosas el efecto de esa pretendida rentabilización hubiera sido menor que el conseguido por el entorno radical, independientemente del enfado de las víctimas. Ahora ya no vale un comunicado motivando tal concesión sólo por razones de humanidad y de dignidad personal, ni tampoco vale decir que no se ha cedido al chantaje. La munición propagandística de la banda ya ha sido disparada. Eta y su marca política han rentabilizado el caso Bolinaga por la torpeza y lentitud de un gobierno que no ha querido adelantarse a unos acontecimientos muy previsibles. El resultado del partido es 9-1, a favor de la banda terrorista y de sus marcas políticas. Vaya goleada que le han marcado al gobierno. Este tipo de campañas políticas siempre las ha hecho el mundo radical vasco, con/sin tregua policial o de Eta. Para ganar la batalla a Eta y al nacionalismo vasco hace falta legalidad y audacia. La ponderación en temas legales es de suma importancia, tanto como una rápida respuesta. La campaña política de los terroristas ha surtido efecto de cara a su electorado y ha cohesionado más al colectivo de presos de Eta, que ve en estas campañas un futuro “esperanzador”, frente a la desesperanza en la que viven sus víctimas. Al final los terroristas han logrado convertir una cuestión legal en una cuestión política.

El caso Bolinaga guarda relación en parte y de rebote con el Plan Integral de Reinserción del gobierno. Ahora están pidiendo que se ponga en libertad a otros 13 presos de ETA enfermos. El proceso buscado es el mismo: de la libertad condicional del tercer grado a la definitiva. En el proceso de negociación entre socialistas y nacional-terroristas, con la aquiescencia del actual Gobierno del PP, que apoya un proceso de paz surgido de ese negociado, siempre se buscan subterfugios legales que permitan el acercamiento progresivo de presos etarras (enfermos o no) para terminar, después, en la excarcelación definitiva. No olvidemos que dicho plan va en esa línea. Recordemos que el gobierno vasco tiene transferidas las competencias de sanidad penitenciaria gracias al Gobierno de Zapatero y a su “particular” negociación con terroristas. En relación al acercamiento de presos enfermos sería interesante comprobar fehacientemente ¿cuántos de ellos están realmente enfermos o en fase terminal?.

Sólo les haría falta a los presos un certificado médico con el que alegar problemas de salud para acogerse al tercer grado. Este nuevo plan de reinserción es un subterfugio más que se añade a las competencias de sanidad penitenciarias transferidas para conceder beneficios penitenciarios a cambio de nada. Se amplía el sujeto “objeto” de este plan. Además quién duda de que los informes médicos en el P. Vasco están muy mediatizados por el ambiente hostil reinante y también por la apuesta del gobierno vasco de continuar la hoja de ruta de ZP, apuesta que mantiene RJ con un plan integral de reinserción que acerca a los presos a su territorio facilitándoles informes médicos ad hoc para su “reinserción”, traspasando por ese acercamiento previo la responsabilidad de su elaboración al gobierno vasco por esa competencia transferida (como si la cosa no fuera con ellos). Es la política de “hechos consumados”. Digamos, por decirlo de otra manera, que el plan integral de reinserción del gobierno “casa” intencionadamente con el reglamento penitenciario para estos casos especiales de enfermos (si los hubiere), pudiéndose ampliar “casual y arbitrariamente” la posibilidad de aplicación del tercer grado para otros casos muy diferentes (no sólo de enfermos), vía acercamiento, pues va más allá de la Vía Nanclares (es el reverso de la dispersión).

Dicho plan es un mal precedente que aumenta la carga de trabajo de una sanidad penitenciaria transferida expresamente al gobierno vasco (PSE) como instrumento para avanzar en el proceso de paz ya diseñado. Si el centro penitenciario de un recluso enfermo no está en territorio vasco, no veo por qué hay que acercar al preso para que el informe médico tenga el “label” vasco, máxime cuando no se exige para ese acercamiento (ni para otros) el pedir perdón a las víctimas. En realidad, sí lo entiendo. El plan integral de reinserción facilita más cosas que un simple acercamiento, entre ellas la aplicación del tercer grado (régimen abierto) no sólo a presos enfermos sino también a todo aquél que se apunte al mismo. Esa es su finalidad. Un régimen abierto no es malo en sí mismo siempre y cuando se den todas las condiciones para su aplicación y sea un régimen individualizado fuera de la disciplina terrorista. Pero éste no es el caso. Con dicho plan ni se dan esas condiciones ni la cohesión interna del colectivo de presos disminuye, porque es un plan “ad hoc” para terroristas. Ese plan generaliza el régimen abierto haciéndolo más “colectivo”, al no tratar a los presos de Eta como comunes de forma individualizada fuera de la disciplina interna de la organización, diferenciándose así del ordenamiento jurídico ya existente en esta materia. Es una vía encubierta para una reinserción acelerada. PSOE Y PPSOE ya tienen asumido hacer una serie de concesiones al mundo de Eta y al nacionalismo vasco para conseguir una paz en clave nacionalista. En eso consiste el actual proceso de “paz”, en una paz transaccional. ¡Qué verguenza!.

Ya que la medida de gracia aplicada a Bolinaga ha sido dictada estrictamente por razones de humanidad y de dignidad personal, es normal pensar que los servicios sanitarios penitenciarios no consolidarían su permanencia en prisión aun en el caso de ser suficientes para un preso en situación terminal, máxime cuando seguro que se tomaron en consideración para la aplicación de dicha gracia, además de su estado de salud, las posibilidades de vinculación familiar del interno. Una vez concedido el tercer grado, el artículo 88.1 del Reglamento Penitenciario dice: “Como regla general, los internos en régimen abierto recibirán la asistencia sanitaria que precisen a través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria”. Por otra lado, si el enfermo realmente es terminal tampoco ha lugar un tercer grado con régimen abierto restringido, al ser un caso especial. Las razones humanitarias y de dignidad personal siempre pesarán más que cualquier otra circunstancia, independientemente de lo alimaña que haya sido.
En principio el tercer grado para enfermos terminales no debe comprometer dos premisas para su aplicación: la escasa peligrosidad del preso en cuestión y su dificultad para delinquir. Cuando me refiero a delinquir me estoy refiriendo al sentido “físico o trágico” del término. Ustedes ya me entienden. No parece que estas dos premisas estén comprometidas por Bolinaga si realmente está en fase terminal.

Serían las medidas impuestas para su liberación lo único que podría estar comprometido por incumplimiento de las mismas, pero esa salvedad no creo que le traiga castigo alguno, dada su situación (si es que es la que dicen), por ser contraproducente (una nueva campaña de rentabilización de Eta al respecto). Al final su “reinserción” va a ser por motivos de salud, no por una reeducación en valores. Sin embargo, un Estado de Derecho que no aplique esa posibilidad para casos terminales, como el que ofrece el Reglamento cuando procede (si es que procede), estaría tratando a un preso de Eta como un preso político, justo lo que pretende la banda terrorista para poder rentabilizar su estrategia política y no resquebrajarse, independientemente de que no haya obligación de aplicar una medida de estas características.

En relación a la aplicación efectiva del tercer grado a Bolinaga me repugna más la campaña política organizada por Eta, y el torpe-nefasto manejo de este caso por parte del gobierno, que la aplicación de una posibilidad que marca la ley para estos casos.

También me preocupa que el caso especial de enfermos incurables, y creo que mi preocupación es generalizada entre las víctimas, sea una vía de escape de presos de Eta como lo ha sido ya en el pasado. Esperemos que el tiempo no confirme que su enfermedad no era tan terminal como parecía. El caso de De Juana Chaos y otros son un claro exponente de este coladero: una concesión más a Eta. Recordar aquel etarra que salió de la cárcel para cuidar a su madre (ley de dependencia) y nunca más se supo de él. También hubo otro terrorista excarcelado por motivos sanitarios que pasados unos años gozaba de muy buena salud. El concepto “padecimientos incurables” que expresa el Reglamento no delimita qué tipo de padecimientos son (no se concretan). Puede haber enfermos incurables, por ser su enfermedad crónica, que no sean terminales… Y lo que no se concreta puede dar lugar a erróneas interpretaciones que un Estado de Derecho no puede permitirse.

Quizás si este Gobierno y el anterior hubieran hecho una hoja de ruta para las víctimas y para el resto de la sociedad civil dentro de un justo proceso de paz, en vez de seguir única y exclusivamente las directrices de una banda terrorista, es muy posible que víctimas y sociedad civil fueran algo generosas para la consecución de la paz. Así se hubieran acercado posturas. No hay que olvidar que la generosidad debe partir de las víctimas y no de los verdugos. También seguramente si las asociaciones de víctimas, foros, plataformas y fundaciones hubieran abandonado ciertas proclamas y se hubieran dedicado a formar un auténtico movimiento cívico, con una estrategia común compartida y finalista, la hoja de ruta de sus verdugos sería papel mojado. Todavía no he visto plantear a ese poco unitario movimiento cívico la elaboración de una hoja de ruta no sólo para las víctimas sino también para la sociedad civil. Una hoja de ruta razonable que combine una aceptable y realista reclamación de justicia con un plan de paz. Que los terroristas y el resto de los nacionalistas no busquen la reconciliación por su “práctica” exclusión, ejercida durante muchos años, no es motivo para que nosotros abandonemos otros escenarios. Los espacios que se ceden los ocupan otros.

Alguien ha pensado haya o no abandono de las armas por parte de Eta, me refiero a las víctimas, plantear una Conferencia de paz, estilo Ayete, pero con figuras internacionales de renombre que apoyen a las víctimas de Eta. No, ¿verdad?. Gustosamente vendrían muchas figuras relevantes con la inestimable ayuda de algún político español o alta autoridad. Para esto también las asociaciones tienen que dedicar sus recursos ya que el gobierno de turno no lo hace. ¿Dónde está la hoja de ruta de las víctimas y una agenda que la lleve a la práctica?. Una hoja de ruta para la Paz, no sólo para la Justicia, pues también es importante buscar la Reconciliación (palabra poco usada en esta falsa paz). En eso los nacionalistas vascos nos llevan la “delantera” porque van unidos y con una estrategia clara. No echemos la culpa siempre a los políticos, pues un movimiento cívico bien articulado obtiene logros. Es una lástima que no haya “autocrítica” en el movimiento de las víctimas, pues esa falta de autoreflexión y liderazgo nos conduce a la consecución de una paz sucia. Luego ya será tarde. Todos hemos llorado con las diversas y solemnes concentraciones de las víctimas y seguimos apoyándolas, pero eso no basta. Agradecemos su gran labor, no exenta de múltiples trabas. Comprendemos su desaliento por sentencias infames. Pero si no hay otra estrategia diferente malamente van a ver cumplidas sus expectativas. Todo esto se lo digo con el cariño y admiración que me merecen las víctimas. Se puede exigir “memoria, dignidad y justicia”, pero también libertad. Son los dos planos que víctimas y sociedad civil tienen que empezar a introducir en una hoja de ruta para una paz justa y completa, pues si no lo hacen tendrán poca justicia, ninguna memoria y menos la paz. Eso es así, nos guste o no.

Hay que saber separar el grano de la paja. El tema que nos ocupa, aunque tiene su importancia, realmente es la paja (una paja mediática y electoralista, nada más). Cualquier gobierno estaría encantado de no encontrar una oposición social organizada frente a un proceso de paz infame, sobre todo cuando dicha oposición sólo se queja y sale desunida a la calle, sin una estrategia programática común. Faltan ideas y movimiento. Que no esperen los familiares de víctimas directas de Eta nada del gobierno (“de lo suyo”). Todo aquel que busque los dos planos que ha de tener una paz justa y plena, el de las víctimas (Justicia) y el de la sociedad civil (Libertad), debe seleccionar un buen grano para que obtenga la cosecha deseada. Buenos granos son: una Hoja de Ruta y una Conferencia de Paz para las víctimas y la sociedad civil, una Agenda para llevar a cabo una estrategia común compartida y finalista. Se me ocurren más granos para la cosecha. Lo preocupante es que nadie en el movimiento cívico de las víctimas plantee estas cosas. Sólo se repiten las mismas proclamas. Así el pensamiento y la acción no se desarrollan dentro de una estrategia unitaria, dispersándose por tanto los esfuerzos de dicho movimiento. Ya lo decía un anuncio: “La potencia sin control…”. Hay que dejar atrás los personalismos. No basta con quejarnos y criticar la nula política antiterrorista de éste y del anterior gobierno. Para un espíritu de Ermua renovado hace falta unidad y tenacidad, evitando o contrarrestando dentro de ese movimiento cívico todo submarino que intente “torpedearlo”. Hay que atraer a más gente a las concentraciones de las víctimas con una propuesta clara y atractiva, cuando los políticos no acuden a las mismas.

Por otra parte, el gobierno también pretende, según ciertas informaciones, reinsertar con beneficios penitenciarios a los terroristas etarras huídos y acercarlos a prisiones del P. Vasco. Como se ve se va cumpliendo milimétricamente la hoja de ruta del proceso de paz en curso, una hoja de ruta marcada por Eta. ¿Seguiremos todos con las mismas proclamas, sin una hoja de ruta para las víctimas…etcétera, hasta que este falso proceso de paz sea definitivo e irrevocable?. Ustedes deciden. Los nacionalistas ya lo han hecho.

Los terroristas de Eta y el resto del nacionalismo vasco no van a renunciar a la violencia futura de una exclusión sin pistolas, si nadie les obliga a ello. Tampoco renunciarán a la violencia pasada, pues no quieren erradicar la imagen y leyenda del gudari. Esa es la “integración” que nos tienen preparada los nacionalistas. Los exiliados vascos no podemos votar ni podemos volver a nuestra tierra porque los nacionalistas nos niegan las condiciones para ello, y encima el resto de los políticos posponen dichas condiciones, todo ello previamente pactado (no lo duden). Tampoco pueden vivir con total libertad los que aún permanecen en territorio vasco. Así de sencillo. Hay que recordar que la violencia también se significa manteniendo la imposición de una ideología por vía de la exclusión.

Entendemos ahora cómo el plan integral de reinserción del gobierno es un medio soterrado para facilitar una fingida reinserción de presos etarras a la manera que marca un falso y excluyente proceso de paz. Precísamente ese mismo plan puede servir incluso como borrador para los terroristas etarras huídos. Lo que está claro es que los presos de Eta nunca han sido
merecedores de las “recompensas” marcadas por el Reglamento Penitenciario, ni de otros beneficios establecidos en planes del gobierno. En resumen, nunca se han querido adaptar pues estaban y están mayoritariamente bajo la disciplina de la banda (al igual que los huídos).

Posdata: Un abrazo muy cordial y cariñoso a todas las víctimas de Eta. Mi apoyo incondicional y comprensión siempre. Y sobre todo mucha reflexión. Nos jugamos mucho.
Fdo.: JOSÉ MANUEL LESTÓN DÍAZ-Un exiliado vasco no nacionalista.

15 años de la liberación de Ortega Lara (y II)
La trama financiera de ETA en el secuestro de Ortega Lara sigue activa
J. L. Cervero. Madrid www.gaceta.es 26 Agosto 2012

El terrorista Emilio Arrizabalaga ha extendido por diversas localidades su entramado empresarial. Su socio mintió al asegurar que habían roto sus relaciones.

La trama financiera que los investigadores de la Guardia Civil atribuyeron en 1997 a ETA durante el transcurso de la liberación de José Antonio Ortega Lara no sólo ha permanecido intacta durante estos últimos 15 años, sino que su entramado societario se ha extendido de forma ostensible por diversos puntos de la geografía nacional, según ha podido constatar LA GACETA a través de las notas simples del Registro Mercantil Central consultadas, en relación con las actividades financieras del presunto etarra Emilio Arrizabalaga Ruiz de Azúa, detenido por el secuestro del funcionario de prisiones.

Cuando Ortega Lara fue rescatado, la Guardia Civil encontró 25 millones de pesetas en billetes de 10.000, una importante cantidad de dinero que, a juicio de los investigadores, no era nada habitual que los terroristas guardaran en el mismo sitio donde tenían secuestrada a una persona.
La Guardia Civil creyó resuelto el dilema de por qué estaba ese dinero en el zulo a raíz de las declaraciones de dos de los autores materiales del secuestro de Ortega Lara, concretamente las de José Miguel Gaztelu Ochandorena y José Luis Erostegui Bidaguren. Ambos incorporaron en sus manifestaciones un nuevo nombre a la lista de detenidos, el de Emilio Arrizabalaga Ruiz de Azúa. Arrizabalaga era un antiguo etarra que había colaborado con los miembros de este comando y que ahora se encontraba un tanto apartado de la organización terrorista, regentando diversas sociedades mercantiles domiciliadas algunas de ellas en Mondragón, localidad donde tenía y tiene su domicilio familiar y donde estaba enclavada la nave que ocultaba el zulo en el que se encontró al funcionario de prisiones.

Los guardias civiles ponderaron el hecho de que Arrizabalaga había sufrido ataques al corazón y ya no estaba preparado para andar por ahí colocando bombas, pero sí podía realizar trabajos como el blanqueo del dinero procedente de los secuestros y del pago del denominado impuesto revolucionario.

De otro lado, los investigadores supieron que desde 1993 Arrizabalaga era administrador de la mercantil Laminaciones de Perfiles Especiales SA, domiciliada en Legutiano (Álava) y cuyo objeto social era la compraventa al por mayor de otra maquinaria y equipo. Otros dos miembros del comando que secuestró a Ortega Lara, José Luis Erostegui Bidaguren y Javier Ugarte Villar, administraban a su vez la mercantil Imupo SL, con domicilio en Miranda de Ebro (Burgos), dedicada al comercio al por mayor de máquinas de herramientas. Podía tratarse de algo más que de una coincidencia el hecho de que el acceso al zulo donde estaba secuestrado el funcionario de prisiones dependiera de un interpuesto y extraño artefacto hidráulico de difícil y complicado manejo, y que tres de los sospechosos del secuestro administraran empresas del ramo.

Con la detención de Arrizabalaga, los agentes de la Benemérita creyeron haber hallado tras él la huella de la trama financiera de ETA, materializada en al menos 12 sociedades mercantiles en las que Arrizabalaga formaba parte del consejo de administración o era socio capitalista. Lo más sospechoso era que Arrizabalaga había hecho negocios en el Campo de Gibraltar, llegando a adquirir dos fincas en Algeciras a través de una de sus compañías, Suberoa. El entonces juez Garzón no tardó en decretar la prisión provisional sin fianza al presunto etarra Emilio Arrizabalaga.

El olvido
Pero ahí quedó todo. Porque a raíz de que en octubre de 1997 el juez Gómez de Liaño declarara finalizada la instrucción del Sumario del secuestro de Ortega Lara, de Arrizabalaga ni de sus sociedades nunca más se supo. El presunto etarra quedó en libertad y así comenzó a tejerse su nombre para la historia de los olvidos célebres. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por LA GACETA no han dudado en reconocer que Arrizabalaga “se fue de rositas. Sabíamos que colaboró en algunas acciones con el comando que secuestró a Ortega Lara, pero es un tipo hábil, capaz de engañar al más pintado”. Y es que la Guardia Civil pudo comprobar que un día antes de su detención Arrizabalaga había estado en el Campo de Gibraltar, donde era conocido en los hoteles de la zona como El Vasco.

Se llegó a especular con la posibilidad de que Arrizabalaga pudiera estar blanqueando dinero de la organización terrorista a través de sociedades que mantenía abiertas en Gibraltar. El entonces director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, adelantó que el Cuerpo estaba avanzando en las investigaciones encaminadas a desenmascarar los contactos de ETA y el narcotráfico, sin que en su comparecencia ante los medios de comunicación hiciera alusión al nombre de los detenidos.

Por su parte, las autoridades de La Roca no tardaron en desmentir rotundamente la posibilidad de que ETA estuviera operando por medio de sociedades interpuestas y con testaferros en Gibraltar, afirmación que hoy resulta un tanto peregrina conociendo como se conoce hasta dónde alcanzan las posibilidades del crimen organizado y del terrorismo internacional. Otro acicate que produjo el olvido policial-judicial de Arrizabalaga fueron las manifestaciones que su socio Gregorio Idígoras hizo en 1997 al periódico El Correo, en las que decía que hacía un año que había roto sus relaciones comerciales con él. Se da la circunstancia de que ambos socios coincidían entonces y coinciden hoy en un sinfín de sociedades mercantiles distribuidas por Guipúzcoa, Álava, Burgos, Tarragona, Cádiz y Madrid. Hay que señalar que Gregorio Idígoras jamás fue implicado por la Guardia Civil en los hechos en los que sí acusaron a su socio.

LA GACETA ha podido constatar que Gregorio Idígoras no decía la verdad cuando hizo estas declaraciones exculpando a su socio en El Correo, porque no solamente no rompió relaciones mercantiles con Arrizabalaga, sino que las mantiene al día de hoy en varias compañías que figuran activas en el Registro mercantil. Entre ellas, además de Laminaciones de Perfiles Especiales SA, LAPESA, las siguientes: Aizorrotz Hiru SL, domiciliada en Vila-Seca i Salou (Tarragona), en las que ambos socios figuran como administradores desde octubre de 2002; Mahalako Arrabala SL, con domicilio social en Mondragón. Arrizabalaga e Idígoras son administradores de la misma desde el año 2004; Bizkai-Etorbidea SL, de Mondragón, en la que también son administradores desde 2007; Aizorotz SL, de Mondragón. En esta ambos son administradores desde 2001.

Los pactos ocultos zanjaron dos años de guerra
El "caso Banca Catalana" abrió tres décadas de 'vendettas' y soluciones maquiavélicas
2 comentarios XAVIER HORCAJO www.gaceta.es 26 Agosto 2012

Tras una pelea áspera y sucia, el escándalo acabó en aliño con aroma siciliano.

Eran las siete de la tarde. Los 41 magistrados que debían decidir sobre el procesamiento de Jordi Pujol por el caso Banca Catalana hicieron un receso antes de votar. Era el momento de adelantar alguna conclusión sobre la votación: nadie se fiaba de nada. Llevaban reunidos desde las 10 de la mañana, sus caras al salir a almorzar eran un poema. Y Pujol, que estaba obligado a dimitir aquella misma noche si salía procesado. Los signos de aliño político estaban por confirmarse.

Cierta astucia periodística me llevó montar guardia en el muro de los alivios, el baño de caballeros del imponente tribunal barcelonés. Dejé pasar una primera oleada y cuando el muro estaba casi vacío, llegó Joan Piqué Vidal, defensor de Pujol. Le pregunté: “¿Todo va según lo previsto?”. Sonriente, me susurró: “¡Mejor, incluso!”.

Por aquel entonces Piqué ya era famoso como experto procesal de éxito; y por los favores que prodigaba a magistrados recién llegados a Barcelona (pisos o empleos para sus hijos).
Nos habíamos visto en el restaurante Orotava, con Lluís Prenafeta y otros, donde había alardeado de tener la situación bajo control, mientras daba cuenta de un costillar de venado. Pero los más próximos a Pujol, como su cuñado, Francesc Cabana, (fundador de Banca Catalana), no se lo creían.

La magia de Piqué funcionó. Bueno, no sólo la suya. También la de Prenafeta manejando con astucia TV3, en la que Pujol desgranaba dos días antes aquello de: “Esto es un ataque a Cataluña”. También logró una conexión Zarzuela y con Don Juan de Borbón. Y Miquel Roca, entregado sin reservas al salvamento de Pujol, también hizo de mago con el PSOE.

A las 19.30 el presidente del Pleno, Jaime Amigó, paseaba –con poca solemnidad– su trémula voz por un texto de compromiso: “No a lugar el procesamiento. No hay indicios razonables de criminalidad por parte del aforado”. Treinta y tres votos sustentaban esa posición, ocho creían lo contrario. Acabó así una de las burlas más graves al fair play de nuestros políticos de la Transición. El procesamiento de Pujol estaba sometido a indignos intereses políticos del PSOE y las maniobras para que no fuera procesado todavía fueron peores. Nuestra joven democracia se bañaba en mierda.

Aquellos magistrados diseccionaban las pretensiones de la Fiscalía General del Estado, que imputaba a Jordi Pujol por falsedad en un documento público y apropiación indebida. Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena influyeron en el instructor Ignacio de Lecea para que los documentos falsos descubiertos por los servicios del Banco de España incriminasen a Pujol, que no había siquiera sido expedientado por el Banco de España tras la crisis e intervención de Catalana.

Para el PSOE de Alfonso Guerra y Felipe González, se trataba de acudir a Pujol en sus partes en plena campaña electoral. Catalana venía al pelo a los socialistas.
Guerra había denunciado intercambios de favores a Pujol-Catalana por parte de los Gobiernos de Adolfo Suárez. Así consiguieron la mayoría del Banco Industrial del Mediterráneo, por ejemplo. A Guerra le costó poco que los submarinos mediáticos del PSOE presentasen a la Banca como en “suspensión de pagos”, en junio de 1982 (antes de las elecciones generales que llevaron a González a La Moncloa). Otros convertían en noticia la “difícil situación económica de Banca Catalana” (TVE - San Cugat). Eso puso a Banca Catalana al borde del abismo y alejó de su camino posibles soluciones, como la ofrecida por Josep Vilarasau - la Caixa.

Con el PSOE en el poder, mantuvieron el nudo a Pujol, con disimulos. Narcís Serra y Felipe González conocían por los últimos ejecutivos de la entidad (Eusebio Díaz Morera y Jordi Mercader) que Catalana tenía un agujero de unos 132.000 millones de pesetas. Sin embargo, en la campaña de las autonómicas (1984), Felipe González, presidente del Gobierno, reprochaba a Pujol haber perdido 270.000 millones. Guerra afinaba el argumento: “Y pretende la derecha poner a un presidente [por Pujol] que ha producido un agujero de 250.000 millones”.

Narcís Serra daba garantías a Roca de que “encauzaría” la situación; el guerrismo quería sangre del líder nacionalista catalán, desoyendo incluso los consejos del Monarca, que intercedía a favor del president Pujol invocando “intereses de Estado”. Y así hasta que Miguel Boyer llevó a la Fiscalía General del Estado el caso para que abriese procedimiento. Todo pintaba mal para Pujol.

Sin embargo, en abril de 1984, Pujol revalidó su victoria electoral. Sacó 29 escaños más, holgada mayoría absoluta para ser president de la Generalitat. Barrió a Raimon Obiols. Los socialistas no daban crédito. No habían erosionado al nacionalista. Su técnica de acoso y derribo le había beneficiado. En lugar de rectificar, prefirieron echar más leña.

El mismo González que le decía en persona a Pujol que “estuviera tranquilo” mandaba a Juan Antonio Ruiz de Alda a poner Banca Catalana boca abajo, utilizando como argumento la “pérdida de depósitos” que provocaban los anuncios de los submarinos socialistas. El Gobierno acabó por intervenirla un 3 de noviembre de 1982, pronto hará 30 años.

La intervención se hizo con los métodos propios de la época; esto es: anuncio previo en El País; e inmediatamente después la Fiscalía General del Estado –de Luis Antonio Burón Barba– servía a su señor, el Gobierno.

Poco les importó que Pujol llevara siete años lejos de la entidad. Que aquello pusiera en riesgo el encaje de Cataluña en España. O que en otras intervenciones bancarias análogas (por crisis producidas por sus procesos alocados de crecimiento; por las ilegales cajas B; o por el lastre industrial adquirido) no se llevara nunca a nadie ante los tribunales. Lo de Pujol fue excepcional (hasta entonces, luego vendrían más casos).

Los métodos del PSOE con Pujol llevaron a que señalados izquierdistas catalanes, como Manuel Vázquez Montalbán, se pusieran del lado del ofendido. O que ilustres banqueros, como Alfonso Escámez, se ofrecieran para contar al tribunal que las cajas B para pagar extratipos a los clientes por sus inversiones en el banco eran moneda común en los bancos con negocios industriales de la época. Quizá no tanto el repartir 516 millones de pesetas de dividendos de la entidad bancaria unos años antes, cuando el banco ya presentaba fuertes pérdidas, como mantenían los fiscales.

Se abandonó el análisis de la gestión de Catalana: sus dividendos; el auspicio de proyectos ruinosos y/o patrióticos, como la Gran Enciclopedia Catalana; las alocadas compras de otros bancos, o los activos ficticios; la cuestión se centró en si perseguir a Pujol constituía o no un ataque a Cataluña. Y en eso ganaron Prenafeta y los Pujol, partidarios de enrocarse en la bandera.

Desagravio
Jordi Pujol, jaleado en su entorno más íntimo, pasó al ataque. Llegó a verbalizar cosas como: “Con Cataluña no se juega”, porque le habían interpuesto una querella a él. “Aquí no vale el juego sucio”, gritaba desde el balcón o “Esto es una jugada indigna”. Unas 200.000 personas acudieron a un acto de “desagravio y adhesión” del líder carismático catalán. Y aquello asustó a González.
En el balcón de la Generalitat, Pujol se desató furioso, amenazante, dispuesto a romper todas las barajas. En su fuero interno se autolegitimó para pensar que, si el juego era indigno contra él, él estaba legitimado para resolverlo de maneras no menos despreciables.

A su lado, en el balcón de la Generalitat, Marta Ferrusola, como una versión catalaneta del matriarcado a lo Eva Perón, pero sin joyas. Le gritaban: “¡Eso es una mujer!”. Mientras los socialistas eran los villanos de cuento, a los que lo más amable que les llamaban era “botiflers!” (traidores) y el insulto sonó durante más de 10 años.

Las redes del secretario de Presidencia, Lluís Prenafeta, funcionaron a tope: desde libros cantando las alabanzas de Pujol a intelectuales de los de a tanto la pieza; a ganarse a don Juan de Borbón, pasando por ansonianos premios de Español del Año. Incluso Prena llegó al propio Monarca, a través de Sabino Fernández Campo. La Generalitat otorgaría poco después la Cruz de Sant Jordi al jefe de la Casa Real. Todos a coro diciéndole a Felipe González “Esto es un disparate, que va a afectar y a romper nuestro sistema democrático”.

Pujol contaba con Piqué Vidal. En el plano técnico fue providencial la donación –aconsejada por el abogado– de las acciones de Pujol en Catalana a la Fundación Catalana, después del anuncio de profundizar en la inspección de Banca Catalana por parte del Banco de España.

En lo político. Miquel Roca tiró de tarjeta de padre constitucional. Roca, que ya entonces en el partido-movimiento de la familia Pujol estaba preterido al cargo de “secretario general por delegación” (quizá faltaba añadir “masovero del amo”) hizo ver a González que debía rectificar y no destruir a Pujol en un proceso deyfrusiano anticatalanista.

Roca consiguió que González y Pujol pactaran, el 4 de septiembre de 1986, por encima de tensiones y orgullos enfrentados. El sevillano –de mala gana– se lavó las manos y le dijo a Pujol que no se sentía responsable de lo sucedido. Por su parte, Pujol salió de Moncloa jurando que no le creería nunca más. Sin embargo, el pacto pastelero funcionó; de hecho, abrió una nueva dimensión a los delitos económicos, a su tratamiento en medios, en juzgados y también desde los poderes públicos. Con Banca Catalana España perdería la inocencia.

El 11 de septiembre dimitía Burón Barba como fiscal general del Estado (precisamente el día en que los catalanes celebran su Diada). La Fiscalía recaía en las anchas espaldas de Javier Moscoso. Moscoso llegaba con el encargo imperativo de: “¡Arréglalo como sea!”. El problema de Catalana le costó al Fondo de Garantía de Depósitos 83.027 millones de pesetas.

Por cierto, luego el PSOE pagó los servicios al fiscal comunista Carlos Jiménez Villarejo convirtiéndole en fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC). Mejor pago que el que Pujol dio a Miquel Roca, o a Lluís Prenafeta, de los que se desharía pocos años después.

¿Pujol banquero?
Pujol era en Catalana “el hijo del dueño”. Su padre, Florenci Pujol, compró la ficha de la Banca Dorca a unos amigos de Olot (1959) y se entregó con pasión a resolver la frustrada falta de peso bancario de la economía catalana. En sus orígenes Catalana agrupó a relevantes industriales y empresarios de fuste nacionalista y republicano. Algunos salieron del armario franquista gracias a ella, con una nueva dignidad distanciada del dictador y su mundo financiero catalán (Jaume Castells). Por Catalana pasaron Jaume Carner (nieto del que fuera ministro de la Hacienda de la República), hombre de ERC, o Josep Andreu Abelló, compañero de exilio mexicano de Prieto.
Cuando Jordi Pujol (cofundador) abandonó la entidad por la política, su padre pasó a controlarla entre bambalinas (hasta su muerte, en 1980) y otro significado catalanista, Raimon Carrasco ocupó la presidencia de Catalana. Carrasco era hijo del fundador de Unió, Manuel Carrasco, fusilado por los franquistas en Burgos.

Con ellos compartían consejo ilustres industriales catalanistas como Joan Casablancas (textil); Ramon Miquel, Antoni Rosell (textil), Joan Baptiste Cendrós (Floid); Ferran Aleu (Puig); Oleguer Soldevila, Andreu Ribera Rovira o Víctor Sagi (publicidad).

El banco creció y creció. Como dijo años después José Ramón Álvarez Rendueles, gobernador del Banco de España, “pagó cantidades astronómicas por bancos para crecer”. Los de Catalana tuvieron la misma tentación que Ruiz-Mateos. El Banco de España no fue inocente con ellos, colocándoles algún que otro incómodo compañerote viaje. Para los modernos de Catalana era crucial ganar volumen, para ser respetados en el mundo de los siete grandes de la Banca. Por eso llegaron a la crisis, que comienza en 1982, con 3.000 empleados; 300.000 millones de pesetas de depósitos y un grupo industrial de 80 empresas y 18.000 empleados. Llegó la crisis y todos los bancos industriales sucumbieron financiando a su grupo. De Bankunión o Urquijo a Banco de Madrid, lo mismo. Así que sus marcas industriales Banco Industrial de Cataluña y el Banco Industrial del Mediterráneo pusieron contra las cuerdas al banco de los Pujol.

“Traigo un banco”
“Vengo de Asturias y he comprado un banco en Sama de Langreo, que se llama Asturias”, así eran las injerencias de Jordi Pujol en la gestión de Catalana. Mientras, bancos como el de Gerona, Alicante, Aragón, Crédito e Inversiones, Mercantil de Manresa o el Banco de Expansión Comercial, acabaron en Catalana. La segunda contribución de Pujol a la entidad –que llevó años después a lo público invirtiendo dinero de todos, por ejemplo, en estaciones de esquí para unos pocos– era financiar a otros nacionalistas por serlo. Por ser de los nuestros, no por tener buenos negocios.

“Hay que ayudar a los cerveceros del Vallés” y ¡alehop! plomo a las cuentas del grupo Catalana. El consejo se vanagloriaba de su eslogan publicitario: “Al servicio de la economía catalana”. En Catalana había modernidades, como servicios en Grand Cayman, que ofrecía el norteamericano catalanizado Philip Bolich, en nombre de la entidad. Catalana incluía participaciones en empresas como: Aiscondel, Torras Herrería, Marasia, Túneles del Tibidabo, La Farga Casanova, Corberó, Explasa o la inmobiliaria Montigalà. Financiarlas requería ingentes cantidades de dinero, ahorro premiado vía extratipos, lo que exigía disponer de caja B… Una pescadilla que se muerde insaciable la cola y que acabó con la empresa en ruinas por la pésima gestión de sus gestores.

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