AGLI Recortes de Prensa   Martes 28 Agosto 2012

Sólo es el conserje
Alfonso Basallo www.gaceta.es 28 Agosto 2012

Los impuestos nos hacen esclavos del Estado, que dicta nuestra conducta.

Que el PIB haya crecido la mitad de lo que se pronosticó cuestiona la dieta de caballo a la que está sometiendo Rajoy a una España más anémica que Kate Moss. ¿Por qué apretarse el cinturón si la economía se asfixia cada vez más? Sobre todo si los nuevos agujeros se hacen en el exiguo cinto del ciudadano y no en el de la Administración.
Soportamos una losa feudal de impuestos. Primero fue el IRPF y ahora el IVA. Cuando el sentido común (y Laffer, el de la curva) dice que un determinado nivel de cargas es contraproducente, porque no sólo deprime más la economía sino que no cumple con su propósito recaudatorio. Es lo que los expertos pronostican con el IVA: en las economías con el agua al cuello cuando se sube esa gabela, la recaudación repunta a corto plazo, pero desciende después.

Hay una segunda objeción contra el sheriff de Nottingham: además de contraproducentes, los impuestos son, por definición, liberticidas. No sólo nos tocan los bolsillos, quitándonos lo que hemos ganado con el sudor de nuestra frente, sino que nos hacen esclavos del Estado, que dicta lo que debemos o no consumir, y determina nuestro comportamiento... sin conocernos de nada.

El problema es que tenemos un respeto reverencial al Estado, como si este fuera el dueño de nuestras vidas, cuando, en realidad, no es más que el conserje de la finca. En el día a día se nos olvida que los propietarios somos nosotros. Los que ponemos la pasta, los que sacamos las castañas del fuego, los que tiramos del país adelante. El conserje está para lo que está: recoger la basura, encender la calefacción, evitar que los buzones se empachen de propaganda...

Administra un dinero que no es suyo. Nadie le autoriza a quitárnoslo para pagar los despilfarros de una clase política manirrota y los agujeros de unos gestores ineptos.

Parlamento andaluz
José María Marco La Razón 28 Agosto 2012

La comisión del Parlamento andaluz sobre los ERE fraudulentos se convocó tarde y a destiempo, en pleno mes de agosto. Las comparecencias están limitadas; hay personas convocadas que no se presentan y otras que no contestan. Alguno de los comparecientes ha empleado un tono tabernario destinado sin duda a demostrar que él y el partido al que pertenece forman parte del pueblo. Es este un signo reciente de degradación. Desde hace quince o veinte años, se considera que lo propio del pueblo es decir groserías. Nunca había ocurrido eso en nuestro país, donde esa costumbre era signo de imbecilidad o de mala educación.

El espectáculo ayuda a entender la realidad andaluza. En Andalucía no ha existido un nacionalismo como el del País Vasco y Cataluña. Existe sin embargo una mentalidad identitaria cultivada por la Junta desde hace mucho tiempo, exactamente desde que UCD cometiera el error de negarse a respaldar la autonomía andaluza por el artículo 151 de la Constitución. A partir de ahí los socialistas se hicieron con la bandera de la identidad andaluza, lo que explica las dificultades del centro derecha. No es nacionalismo, pero comparte algunos de sus rasgos. En Andalucía prima «lo nuestro» sobre cualquier otra consideración, en particular la aplicación de la Ley, que parece algo ajeno y caedizo, una tendencia intensificada por el socialismo español, que gusta de considerar la ley un simple instrumento de defensa de las clases privilegiadas…

El espectáculo de la comisión muestra también la escasa solidez institucional de algunas partes esenciales del Estado autonómico. Las comisiones parlamentarias están desacreditadas en nuestro país, pero lo ocurrido en Sevilla va más allá. Demuestra que el Parlamento andaluz no tiene credibilidad ni siquiera para sus propios miembros. Lo tratan con desprecio, sin ni siquiera cuidar las formas mínimas, sin intentar disimular su falta de autoridad. Si el Estado de las Autonomías estaba destinado a acercar las instituciones a los ciudadanos y, en buena doctrina federal, a servir de contrapeso al Estado central, habrá que deducir del espectáculo del Parlamento andaluz que ese mismo Estado ha acabado sirviendo para algo que tiene poco que ver con cualquiera de estos dos objetivos. Un «parlamento» cuyos miembros se permiten lo que hemos visto no es una asamblea representativa. Es una reunión de amigos y conocidos encaminada a defender intereses particulares. Los daños, desde esta perspectiva, no se limitan a Andalucía. Revelan la inconsistencia institucional de las comunidades autónomas y el margen que ofrecen a la arbitrariedad de los gobernantes.

Memorial de agravios
Amando de Miguel Libertad Digital 28 Agosto 2012

El hecho político más notable de los últimos meses en España es la pérdida de legitimidad del PP, partido que gobierna con mayoría absoluta. Puede que sea un coste inevitable de la crisis económica tan persistente que nos azota. Es más, la erosión de legitimidad alcanza a lo que se llama clase e incluso casta política. Esa actitud dominante en la opinión lleva a que prolifere un género literario muy español de todos los tiempos, el memorial de agravios. Su fundamento no es tanto la protesta en defensa de los intereses propios como la queja que se hace extensible a toda la población. El reciente caso de la excarcelación de un terrorista vasco ha sido la gota de agua que ha llevado la indignación a las huestes de los partidarios del PP. Curiosamente, algunos comentaristas políticos orientados hacia el PSOE están de acuerdo ahora con esa medida del Gobierno del PP. Es el mundo al revés.

Como ilustración de ese género literario que digo se puede aducir el razonamiento que me envía Juan Díaz López-Canti, veterano de esta seccioncilla. Se considera "uno de los muchos sufridos y decepcionados votantes" del PP, "error que los más de nosotros no volveremos a cometer". La razón primordial es que el Gobierno de Rajoy ha continuado con "la política de templagaitas" respecto a la ETA. La prueba es que esa banda hoy "es más fuerte, está en las instituciones y sus adláteres crecidos". Mientras "los asesinos andan sueltos", la ley se aplica con rigor a los que se retrasan en pagar algún impuesto. La conclusión de su argumento es que nos encontramos próximos a una situación parecida a una guerra civil. "Se puede gobernar de muchas maneras excepto con timidez y miedo, por no pensar algo peor". Añado que no es previsible la salida más fácil, que sería la supresión de la autonomía vasca por parte del Gobierno central.

Ya digo que la crítica no se dirige solo al PP por parte de sus votantes. Por ejemplo, algunos correos resaltan el extraño acuerdo entre los dos grandes partidos para conceder y mantener una serie de privilegios a los exes del anterior Gobierno socialista. Sin ir más lejos, la antigua vicepresidenta Fernández de la Vega se retira con sueldos y pensiones que multiplican por muchas veces las pensiones máximas. Se recordará que, bajo su mandato, se bajó el sueldo a los funcionarios y se congelaron las pensiones.

La pérdida de legitimidad se produce asimismo a través del juicio que merece la no resolución de algunos problemas colectivos. Por ejemplo, Pedro Manuel Araúz se refiere a los incendios forestales. No se ha previsto bien que son la consecuencia del abandono de muchas tierras agrícolas y del pastoreo extensivo. Ya hemos hablado aquí de ello. Recordarán mi opinión: esa es una materia que debería volver al Estado central. La razón es técnica. Las llamas no entienden de fronteras. Es la misma razón por la que las epidemias son competencia del Estado central.

También he adelantado algunas propuestas de cambio radical, como la redacción de una nueva Constitución. Avanzaba yo aquí mi idea sobre un nuevo tipo de sufragio. Los padres podrían acumular tantos votos como hijos menores tienen a su cargo. Comprendo que esa propuesta resulta un tanto arbitrista. Pedro Manuel Araúz la rechaza por demasiado utópica, "un ideal de una arcadia feliz". En cambio, él apunta a una reforma más sencilla: partir de una circunscripción única para toda España. Me parece muy bien, aunque seguramente dejaría sin representación a provincias enteras. Resulta igualmente atractiva su idea de que los votantes se inscriban previamente en un registro. Es una práctica norteamericana que haría descender la participación electoral, pero la haría más auténtica. Añado que de ese modo se podrían hacer las famosas primarias y no su imitación, como ahora quiere el PSOE. En fin, este rincón sigue abierto para quejas y propuestas. Al final siempre volvemos a lo mismo. La polémica política se explica porque las palabras no significan lo mismo para todos.

Hacia una segunda transición
Matías Alonso www.vozbcn.com 28 Agosto 2012

En 1978, tras un largo período de oscurantismo y falta de libertad, España alumbró la vigente Constitución e inició la construcción de un sistema político homologable en nuestro entorno y respetuoso con los principios democráticos reconocidos en el mundo occidental. Los protagonistas de este proceso constituyente provenían del anterior régimen, estaban integrados en partidos políticos de nueva creación o militaban en partidos que habían vivido en la clandestinidad durante décadas. Todos ellos tuvieron altura de miras y fueron capaces de sentar las bases de un amplio acuerdo político que, no sin dificultades, dio a luz la nueva Constitución Española y nos ha permitido disfrutar de un amplio período de desarrollo político y de prosperidad económica.

Sin embargo, lo que en los años 80 del pasado siglo se veía como un ejemplo a seguir por países que habían pasado por situaciones parecidas a la española y como una transición loable por parte de nuestros aliados europeos y americanos, ha ido perdiendo fuelle y nos ha mostrado, paulatinamente, sus flaquezas. A lo largo de los años, especialmente en la última década, se ha ido perdiendo el sentimiento de unidad nacional que propugna nuestro texto constitucional y se ha venido alentando posicionamientos e iniciativas contrarias a la solidaridad entre las CCAA e incluso separatistas desde las propias instituciones de gobierno de algunas de ellas.

En Cataluña estos días estamos asistiendo a una retahíla en la que representantes de todos los niveles de los partidos políticos del bloque nacionalseparatista catalán, con o sin responsabilidades de gobierno, de responsables de la sociedad civil oficialmente reconocida – y especialmente subvencionada– y de miembros del gobierno de la Generalidad claman por el éxito de convocatoria de la manifestación promovida para el próximo 11 de septiembre por la Asamblea Nacional Catalana y llaman a rebato a sus correligionarios para conseguir una masiva presencia en la capital de la región-nación, soñada como metrópoli de un imperio que no lo fue ni en la plenitud expansionista de la Corona de Aragón durante el siglo XIV.

No es un tema nuevo o que pueda cogernos por sorpresa. El nacionalseparatismo ha venido trabajando pacientemente en la creación del escenario de ruptura de la nación constitucional manteniendo con denuedo la reivindicación y el victimismo permanentes, forzando y tergiversando la Historia sin el menor rubor. Y en esta puesta en escena han colaborado, en demasiadas ocasiones entusiásticamente, los representantes de los dos partidos políticos que deberían contraponer la idea de unidad nacional a la ola separatista con vocación de tsunami. Hoy por hoy, Ciudadanos es el único partido político que en Cataluña defiende sin ambages y en cualquier ocasión la idea de unidad y los valores de ciudadanía que consagra nuestra Constitución.

Tal vez sea porque Ciudadanos nace de un movimiento cívico causado por la orfandad de muchos conciudadanos ante la nula defensa que de los valores constitucionales han venido haciendo, durante demasiado tiempo, las filiales catalanas de los dos partidos mayoritarios en España. Esta constatación ha sido una de las principales causas de nuestro nacimiento como partido político. Lamentablemente seguimos asistiendo, con desazón, a la prelación de los intereses partidistas sobre la defensa de los derechos y las libertades consagrados por nuestro vigente texto constitucional. La partitocracia dominante, encarnada principalmente, pero no solo, en PP, PSOE, IU, CiU y PNV, sigue anteponiendo sus intereses partidistas a las necesidades reales del conjunto de los españoles. Tanto la derecha popular como las izquierdas socialista y comunista no dudan en apoyar, siquiera sea por omisión, las tesis separatistas de los dos principales partidos de la derecha nacionalista, aun a costa de poner en peligro la unidad nacional y los valores constitucionales, utilizando sin pudor como moneda de cambio a los ciudadanos que pensamos que la defensa de esa unidad y de esos valores es precisamente la garantía de una convivencia democrática en el marco del Estado de Derecho que hemos construido entre todos.

Estamos inmersos en una grave crisis económica que exige unidad, solidaridad, lealtad, austeridad, reformas administrativas y buen gobierno a todos los niveles, rompiendo de una vez por todas con los enfrentamientos estériles, el cainismo y el yugo de la corrupción. Hay que remangarse y promover los cambios necesarios. El Gobierno de la nación tiene la obligación de liderar y llevar a buen puerto este proceso.

Pero si no está dispuesto a hacerlo, los que creemos en la necesidad de esa unidad y de fortalecer y practicar los valores constitucionales hemos de sumar fuerzas y ponernos en movimiento, para forzar el cambio necesario e iniciar una segunda transición que revitalice y consolide los valores constitucionales y la unidad de España.

En Cataluña hay quien cree que el cambio necesario es un regreso al pasado, una vuelta a la defensa de los valores del antiguo régimen que quedaron malparados el 11 de septiembre de 1714. Aunque lo quieran vestir con la seda de la independencia. Yo creo que si hemos de mirar al XVIII hay mejores fechas para hacerlo. Una de ellas, el 12 de junio de 1776, cuando se promulgó la Declaración de Derechos de Virginia, en mi opinión mucho más convenientes para el buen gobierno que el viaje a Ítaca, naufragio incluido, al que nos invita mal que nos pese el Molt Honorable President de la Generalidad de Cataluña.

Puestos a defender algo, defendamos los valores fundamentales de la democracia.

Matías Alonso es secretario general de Ciudadanos


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20-O
Adiós, País Vasco, adiós
Carmelo Jordá Libertad Digital 28 Agosto 2012

Si la mayoría parlamentaria de PNV y Bildu es tan contundente como se prevé – según los sondeos, se acercaría a los 50 escaños en una cámara de 75 –, no nos debe caber la menor duda de que entraremos en la última –la penúltima si somos un poco más optimistas– fase de un proceso iniciado hace décadas.

Un proceso que se ha servido de dos herramientas principales aparentemente contradictorias, pero que han funcionado la mar de bien en conjunción: por un lado han estado los de las pistolas y el amonal; por el otro, en labor recolectora pero también sembradora, los que manejaban la educación, los medios y el ambiente cultural.

Pretender ahora, cuando los de las pistolas han escondido un poco su barbarie y todos se han empeñando en blanquearlos, que sus compañeros independentistas no quieran pactar con ellos es, creo yo, bastante ilusorio. Sobre todo con las bases de unos y otros presionando para crear ese frente nacionalista; y más todavía si pensamos que la negativa de los peneuvistas se explicaría e interpretaría como una sumisión al pérfido españolismo y una traición.

Tampoco podemos engañarnos sobre los remilgos de unos y otros a la hora de sacar adelante el plan secesionista: tanto para ETA como para el PNV la construcción nacional es más importante que cualquier otra cosa; sólo han diferido en los plazos y en los métodos, aunque respecto de esto último, más que divergencias, yo diría que ha habido reparto de papeles.

En definitiva, si no obtiene una mayoría absoluta o una minoría absolutérrima, el PNV va a pactar con los suyos, que son los de ETA; y, juntos de nuevo, plantearán el reto separatista de una forma que no hemos visto hasta ahora. Incluso si el Gobierno tuviese una capacidad de liderazgo, unas convicciones y una fuerza política de las que es obvio Rajoy y los suyos carecen, la papeleta sería de primera.

Por supuesto, puede que me equivoque, pero creo que ya lo único en lo que cabe dudar es en los plazos. Y quizá tampoco debamos dramatizar; es probable que al resto de los españoles nos vaya incluso mejor si, aun con el tremendo coste de la pérdida, logramos cerrar el problema secesionista y reivindicativo que nos agria la vida, el Estado y la economía desde hace casi 40 años.

Al fin y al cabo, los que van a salir perdiendo con el cambio son, sobre todo, los vascos, que parece que lo van a votar entusiasmados. En otras palabras, y permítanme la broma: haber pedido susto.

El ´wu wei´ de Euskadi y Cataluña
JESÚS CIVERA La Opinión  26 Agosto 2012

Si la política es el arte de la oportunidad, como dejó escrito Maquiavelo, habría que preguntarse enseguida si estamos en el momento propicio para radicalizar la relación entre las dos autonomías que han constituido, desde hace siglos, el "problema de España": el problema del encaje entre Euskadi y Cataluña con España. Políticas de austeridad, recortes, crisis económica y crisis europea, desempleo y nuevos horizontes productivos, intervenciones y rescates. Es un escenario sumamente complicado y, sobre todo, muy contradictorio. ¿Es necesario estirar la cuerda ahora bajo convicciones y ortodoxias que quizás pidan un descanso hasta la salida del túnel? El sentido común indica que no.

El primer escenario que se abre es el del País Vasco, con las elecciones anticipadas del 21 de octubre. Una Bildu ya rodada en el poder y con el problema de ETA en vías de resolución llega a la cita con ansias de marcar el futuro de Euskadi. Los sondeos pronostican que la izquierda abertzale y el PNV podrían superar juntos el 50% de los votos. Con semejante ánimo independentista instalado en Ajuria Enea y en la cámara vasca, una agenda soberanista que dejaría en mera anécdota los tiempos de Ibarretxe y su infausto plan podría marcar el tempo político vasco y español.

Aunque revestido de legitimidad democrática, esta convulsión sería un desgaste para la imagen internacional de España en un momento crucial para el crédito exterior -financiero y político- del país. Podría ser la gota que colmara el vaso ante los ojos de Merkel y el resto de Europa y nos igualara al cóctel molotov griego: crisis económica e inestabilidad política. Si las "minorías" -quizás mayoritarias tras las elecciones- quieren pedir la independencia, no parece que sea el momento adecuado. Por dos razones básicas. La primera, de superestructura: la crisis ha situado a España ante una encrucijada tan delicada y compleja como lo fue la Transición. En esta nueva Transición -de carácter económico-financiero- también debe aparcarse la política de máximos como en 1975 y no tensar cables. La segunda razón -que debería mover más a la reflexión a los legítimos independentistas- es que no hay "patria" sin bienestar, y el bienestar de los ciudadanos no se juega ahora en el tablero platónico, sino en la dura y complicada caverna de la economía cotidiana. La modernidad dicta -pasados los tiempos del romanticismo del "suelo patrio"- que el objetivo de sacar del paro a los ciudadanos (sean vascos, catalanes o de cualquier otro territorio) no puede verse eclipsado por ningún sueño identitario.

La receta sirve igual para Cataluña. Allí también se espera un otoño caliente. Cuentan que, antes de marcharse de vacaciones, Artur Mas reunió a sus altos cargos y les espetó: "Sois los generales de un ejército que es la Generalitat y que tiene una gran misión". El molt honorable podría verse tentado a cruzar la barrera y romper la estabilidad institucional que caracterizó a su mentor político; también a plantear un todo o nada ante el Gobierno de Rajoy. Puede que tan sólo sea una serpiente de otoño, una cortina de humo para tapar los agujeros políticos de la crisis. Pero tampoco en Cataluña es el momento de forzar nada. Mil años antes que Maquiavelo, el taoísmo chino legó al mundo el concepto filosófico del wu wei, literalmente, la "no acción". Reza la escuela de Laozi que el modo más efectivo de enfrentarse a una situación -más todavía si ésta es compleja- es no actuar, no forzar de manera artificial las situaciones. Las plantas crecen por wu wei. Así, sin artificios ni apremios que golpeen (más) la armonía social, han de afrontar la situación los nacionalismos vasco y catalán. ¿Es este el momento? La coyuntura colectiva y las prioriades indican que no. Como diría Pujol, "ahora toca" superar la crisis. Y aquellos territorios que tengan el propósito y la legitimidad democrática para intentar cambiar su relación con España, habrían de ser conscientes del escenario actual y de la conveniencia de aplazar su objetivo. En tiempos de crisis, la incertidumbre mata. Lanzar mensajes contradictorios al mundo es letal. Que el oportunismo no devore el arte de la oportunidad brindado por Maquiavelo. O como decía el clásico: Primero, el pan; después, el resto.

Fernández Díaz, error tras error
Editorial www.gaceta.es  26 Agosto 2012

La gestión del ministro deja mucho que desear.

El caso Bolinaga se ha convertido en una grieta para el Partido Popular pero, sobre todo, en un auténtico vía crucis para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. No hay día que no reciba un varapalo a cuenta de las prisas por excarcelar al secuestrador de José Antonio Ortega Lara, el etarra Josu Uribetxeberría Bolinaga, enfermo de cáncer de riñón. Primero fue su compañero de filas, Jaime Mayor Oreja, quien le afeó la manera de gestionar el caso al denunciar que los pasos de Interior dan fortaleza a ETA. A renglón seguido fue el informe del forense de la Audiencia Nacional el que puso en entredicho la decisión de Interior al considerar que Bolinaga podía ser tratado perfectamente por los servicios hospitalarios de la prisión de Zaballa y que no era necesaria su excarcelación para ser tratado en un hospital. Un torpedo en la línea de flotación del ministerio, ya que se trataba de un informe serio, sustentado por la firma de un equipo de expertos y que no anteponía motivaciones espurias o intereses políticos.

En esa tesitura, el ministro terció defendiendo la decisión de Instituciones Penitenciarias por su legalidad: “Si no lo hubiéramos hecho, habríamos incurrido en prevaricación”, aseguró Fernández Díaz. Pero en realidad, existe una gran diferencia entre prevaricar y llevar a cabo una decisión política, de modo que el ministro del Interior no puede pretender que se le crea cuando afirma que la decisión de excarcelar a Uribetxeberría Bolinaga ha sido tomada, dura lex sed lex, para no prevaricar. El ministro olvida que las leyes pueden ser consultadas, y que hay que estar muy aturdido para pretender que todo el mundo entienda que cuando la ley dice que “el Gobierno podrá”, se tenga que leer que el “Gobierno tendrá que”. Es muy probable que el ministro no mienta, y que haya hecho lo que se le ha ordenado, pero no por la ley.

Estamos pues ante una chapuza que, claramente, pretende ocultar una claudicación o una pirueta política incomprensible, de tal modo que hasta el propio PP vasco ha tenido que admitir finalmente que Jorge Fernández Díaz ha sido poco hábil y que la excarcelación de Bolinaga “se ha gestionado fatal”. Por si fuera poco, ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la libertad condicional del etarra. El escrito remitido al juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro afirma que “no se cumplen en el momento actual los requisitos exigidos por la legislación vigente” para que el secuestrador de Ortega Lara, enfermo de cáncer, obtenga la libertad.

Por si el caso Bolinaga no fuera suficiente, la puntilla la ponía –también ayer– el caso Bretón: la confirmación de que en la hoguera encendida por José Bretón en la finca de Las Quemadillas, en Córdoba, había restos óseos de sus hijos Ruth y José, fue recibida por la Policía como un auténtico “mazazo”. Aunque oficialmente nadie ha entonado el mea culpa y nadie en el Ministerio del Interior, al menos por el momento, ha asumido responsabilidades, en el seno del Cuerpo había ayer una sensación de frustración tremenda y se reconocía extraoficialmente que el informe emitido por la Comisaría General de la Policía Científica en la que descartaba que en el fuego hubiese restos humanos incurrió en un “error garrafal” al que no encuentran explicación lógica.

Una sucesión de acontecimientos que, además de abrir grietas de desunión en el seno del Partido Popular, ponen en entredicho la gestión de Interior y la coherencia del PP, cuya firmeza y dignidad en su política antiterrorista se puede ver dinamitada por unos incomprensibles compromisos políticos que hacen correr al partido el peligro no sólo de traicionar a los suyos, sino de perder seguidores en un momento crítico ante los próximos comicios en el País Vasco y Galicia. Todo tiene un límite y, aun en la tentación de mantener la posición, el Gobierno debería rectificar. Aún está a tiempo.

Arraigo en la comunidad

El nacionalismo no admite que pueda haber nadie arraigado en País Vasco y Navarra y que a la vez se sienta español
Pedro José Chacón Delgado La Razón 28 Agosto 2012

En el informe elaborado por una comisión de constitucionalistas, que fundamentará técnica y jurídicamente la iniciativa legislativa del Gobierno de España para que los desterrados políticos por el terrorismo puedan volver a votar, si así lo desean, en los pueblos y ciudades de los que tuvieron que huir, se exige un plazo de cinco años de arraigo mínimo en el País Vasco o en Navarra por parte de los interesados. Dicho plazo es el que, al parecer, se considera razonable en situaciones equiparables, dentro de la legislación internacional, según ha declarado uno de los expertos intervinientes en este caso.

El respeto y consideración que merecen quienes han elaborado este informe no obsta para que quepa hacer alguna observación al respecto. Y la principal de todas es precisamente ésa, la relativa al arraigo mínimo en sus comunidades de los ciudadanos expulsados de ellas por el terrorismo. Porque cabe recordar, al respecto, que lo que este proyecto legal persigue, al fin y al cabo, es que personas que han sufrido la presión terrorista, y por la que tuvieron que desarraigarse de su lugar de residencia, sean resarcidas por esa injusticia. ¿Qué importancia tiene, por tanto, el tiempo que llevaran residiendo en el País Vasco o en Navarra a estos efectos? ¿Por qué es relevante eso aquí?

Cuando cualquier ciudadano español desplaza su residencia, por las razones que sean, y se empadrona en un nuevo municipio, automáticamente tiene derecho a votar en él. Y a ningún español se le exige un tiempo mínimo de residencia en su municipio para poder ejercer ese derecho básico. ¿Por qué, entonces, se exige ahora que un ciudadano que ha tenido que huir del País Vasco o de Navarra, porque se le perseguía por sus ideas políticas, hubiera residido previamente un mínimo de cinco años para poder optar a votar allí de nuevo?

Hay toda una casuística detrás de esta situación de los mal llamados exiliados políticos por el terrorismo que este requisito de un arraigo mínimo va a tener que solventar. Están quienes por unos meses no lo cumplen, o quienes se tuvieron que ir de niños y guardan el recuerdo infausto de aquella huida inevitable para poder sobrevivir. Hay testimonios, que ya han aparecido en prensa, de quienes se tuvieron que ir con pocos años y que ahora querrían volver a votar allí, tan sólo para quitarse esa espina de marginación y odio que tuvieron que soportar entonces. ¿En qué se diferencia haber tenido que marcharse de niño con tres, cuatro o cinco años en este caso?

Quienes han introducido esta condición del «arraigo en la comunidad», como requisito para poder volver a votar en el municipio vasco o navarro de procedencia, parecen no haber reparado en que la cuestión que aquí se está dilucidando es justamente la de que haya ciudadanos a los que no se les ha dejado arraigarse en su lugar de residencia, desde el momento en que fueron señalados con el dedo de la exclusión. Y si el arraigo previo en la comunidad es el criterio para poder volver a votar en el País Vasco o Navarra, ese mismo criterio, aplicado a sus actuales lugares de residencia, en muchos casos superior ya a los cinco años, sería el mismo que les haría desistir a muchos posibles interesados por esta posibilidad legal y seguir, así, votando en el nuevo lugar donde ya están arraigados.

Es el arraigo en la comunidad el que quisieron impedir quienes emprendieron una política de socialización del sufrimiento, por la cual todo el que no estuviera de acuerdo con la independencia de Euskal Herria era considerado enemigo. Y por esta sola razón, quienes han elaborado el informe deberían comprender que de lo que aquí se trata es precisamente de resarcir a quienes no pudieron arraigarse por razones políticas en su lugar de residencia. Por tanto, pedir un arraigo previo en su comunidad a quienes fueron obligados a huir de ella, a quienes por la fuerza de la sinrazón política no pudieron desarrollar ese arraigo, es el mayor de los contrasentidos. Fueron perseguidos por vivir en el País Vasco y Navarra y a la vez ejercer de españoles. No les dejaron arraigarse allí por eso: ¿por qué ahora se les pone como requisito algo que los propios terroristas se empeñaron en impedir?

Es por ello que esta condición del arraigo previo en la comunidad es absolutamente contraria a lo que se pretende con esta iniciativa legislativa. Debería, por tanto, considerarse que cualquier ciudadano, por el simple hecho de haber sufrido persecución política que le haya llevado a abandonar el País Vasco y Navarra, independientemente del tiempo que llevara viviendo en dichas comunidades, tiene todo el derecho a acogerse a esta ley. Y ello es así porque quienes atentaban contra él lo que perseguían era justamente evitar el arraigo en su comunidad de quien no pensara en nacionalista.

El arraigo en la comunidad es, precisamente, una de las más caras manipulaciones políticas del nacionalismo, que supone que cuanto más arraigado estás en la comunidad vasca o navarra más lucharás por su independencia y por su desafección de España. El nacionalismo entiende el arraigo en la comunidad en términos excluyentes, no admite que pueda haber nadie arraigado en País Vasco y Navarra y que a la vez se sienta español.

Es desde el minuto uno de residencia de cualquier ciudadano español en el País Vasco o en Navarra desde el que hay que considerar su condición, obviamente sólo en el caso de que se haya producido, de perseguido por el terrorismo, condición que le llevó, para salvar su vida, a tener que abandonar su municipio y su comunidad.

PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO
Profesor de Historia del Pensamiento Político

Reinserción
De la impunidad a la chulería y de la chulería a la impunidad
Inma Castilla de Cortázar Larrea, El Mundo 26 Agosto 2012

Presidenta del Foro Ermua. 1 Es Catedrática de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid

El presidente Rajoy cayó penosamente en la trampa, asumiendo como propios los compromisos que el PSOE había contraído con ETA. Con el ingenuo planteamiento de que la vía Nanclares 2 debilitaría la vinculación de ETA con sus presos, se encubría un evidente trueque de impunidad por arrepentimiento. Los etarras “arrepentidos” recibirían beneficios penitenciarios,… y laborales (con casi seis millones de parados hay que reconocer que es todo un beneficio). De ahí el despliegue de las huestes de Bildu por los comercios y bares de San Sebastián recabando empleos -bajo presión, por supuesto- para los que fueran siendo liberados de la cárcel alavesa de Nanclares de Oca.

La sucesión de episodios desencadenados por la huelga de hambre del etarra Uribecheberría Bolinaga, tan parecida a la de Iñaki de Juana Chaos, para exigir su puesta en libertad vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto nuestra débil democracia se olvida del papel educativo de la Justicia, y de que, en último término, la credibilidad del Estado se mide por el respeto que inspira a la hora de ejercerla.

El proceso de negociación iniciado por el Partido socialista antes de llegar al poder en marzo de 2004 -ejecutado con una sorprendente determinación a lo largo de dos legislaturas y en buena parte blindado para el Gobierno que les sucedió- sumergió a la opinión pública en una permanente exigencia de reconciliación, que lo embadurnó todo, cuando - en realidad- estaba encubriendo una exigencia de impunidad: uno a uno, pero impunidad. Entre unos y otros se contribuyó al espejismo de un fin de ETA, que en modo alguno suponía su derrota, sin reparar en que la impunidad es perniciosa sobretodo porque impide la reinserción.

El efecto demoledor de la impunidad es la chulería y –con ella- la reafirmación en las posiciones del terrorista, por totalitarias que sean. En este contexto, los tímidos indicios de autocrítica se acallan con apasionadas referencias a los ultrajes recibidos, en un psicopatológico proceso de victimización: necesitan justificar sus asesinatos. La impunidad, la ventaja y el privilegio imposibilitan ese proceso de reconocimiento del daño causado, sin atenuantes, transitando por el duelo de su error hasta la rectificación. En el barrizal de la impunidad, el arrepentimiento no es posible: el terrorista se siente reforzado, porque se le da la razón. Este contexto explica que incluso en un trance tan serio como el de un cáncer terminal (“supuestamente terminal”, en este caso), el terrorista pueda sacar fuerzas de flaqueza para liderar una nueva escaramuza, a las órdenes de ETA, a la que se adhieren más de doscientos reclusos etarras en su “huelga de hambre”- algunos a regañadientes, otros comiendo a hurtadillas,…- pero logrando montar una notable gresca mediática y celebrando como un logro su pulso al Estado de Derecho, que accede por razones “humanitarias” e incluso …aplicando la ley vigente. Y es que en un contexto de impunidad, el terrorista – ¡incluso tan enfermo!- puede sentirse consolado, por comprender que sus esfuerzos terroristas no fueron inútiles, al contrario, resultaron eficaces. Incluso fueron necesarios para la consecución de sus objetivos políticos que “van muy bien”, como reconocía explícitamente Uribetxeberría hace unos días.

¿Se puede auspiciar que los terroristas que ganan, una y otra vez, en su pulso al Estado de Derecho, estarán más dispuestos a acatar la ley? … en modo alguno. El Estado débil, proclive a la cesión y al chantaje, renuncia a la misión civilizadora de la democracia y al poder educativo del cumplimiento íntegro de las condenas. En el actual contexto de consumación de una negociación con ETA, ejecutada y blindada por los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y acatada por el actual gobierno de Rajoy, con tanta torpeza como cobardía, sólo cabe esperar desacato y chulería. El fracaso de esta tramposa estrategia “para la reconciliación” se aproxima: tenemos fecha, el 21 de octubre. Después, todo va a estar mucho más claro para bien y para mal.

No es peligroso asomarse al Exterior
Por el río Nervión baja la gabarra etarra
J. A. Yturriaga www.vozpopuli.com  28 Agosto 2012

Tras la retirada del apoyo del PP al Gobierno del PSE, Pachi López ha decidido adelantar al 21 de Octubre las elecciones autonómicas en el País Vasco. Con sentido de Estado, el PP ha respaldado al Gobierno socialista sin apenas contrapartidas, pero la conducta desleal del “lehendakari”, que se ha enfrentado abiertamente al Gobierno central y boicoteado las medidas por él adoptadas para reducir el déficit de la Nación, ha provocado la reacción de Antonio Basagoiti, que es explicable aunque desacertada, pues los resultados previstos son bastante alarmantes. Según una encuesta de Sigma-Dos para “El Mundo”, las elecciones van a consagrar la hegemonía del nacionalismo, al atribuir a los partidos nacionalistas el 61% de los votos -33.7 al PNV y 27.3 a Bildu-, mientras que los partidos constitucionalistas sólo obtendrían el 34.2% -21.4 el PSE y 12.8 el PP-.

Consolidación del aparato político de ETA
¿Cómo se ha llegado a esta situación?. Los partidos comparten la responsabilidad en distinto grado. El principal responsable es el entramado político de ETA, que, con sus distintas reencarnaciones –Batasuna, Bildu, Sortu, Amaiur- ha ido ganando con habilidad aceptación social y espacio político, tras el anuncio de ETA de renunciar a la violencia, pese a negarse ésta a disolverse y a entregar las armas. Sin esconder sus objetivos y sin condenar el terrorismo etarra, ha hecho juego malabares con la legalidad para eludir las sanciones del Tribunal Supremo por incumplimiento de la Ley de Partidos, y obtenido su legalización con la connivencia de los nacionalistas y del PSE, y la complicidad del Tribunal Constitucional, que despreciando los argumentos jurídicos del TS, ha legitimado a los herederos de ETA con criterios políticos.

Con su proverbial ambigüedad e hipocresía, el PNV ha facilitado el recorrido de los filo-etarras hacia la legalidad. Sin llegar a los extremos de Eusko Alkartasuna –que ha prestado su credibilidad democrática a Bildu y Sortu al integrarse en las coaliciones “abertzales”-, el PNV ha presionado a los Gobiernos central y autonómico para que se “normalice” la situación política en el País Vasco mediante la legalización de los testaferros de la banda terrorista. Siguiendo la cínica consigna de Javier Arzallus –“unos mueven el árbol y otros recogen los frutos”-, el PNV se ha aprovechado durante años de la violencia etarra sin ensuciarse las manos, y ahora ha llegado la hora de compartir la recolección con los “hermanos separados”, que han entrado en el redil democrático.

También los socialistas han contribuido de forma decisiva a esta supuesta normalización. El Gobierno de Rodríguez Zapatero negoció con ETA y –a cambio de su promesa de renunciar a la violencia- se comprometió a legalizar su rama política y presionó al TC a tales efectos. Aunque en menor medida, también el PP ha participado en esta regularización, más por omisión que por acción. En la oposición, colaboró con el Gobierno en la adopción de la Ley de Partidos y en su política de represión de ETA y de su “circunstancia”, hasta que Rodríguez Zapatero optó por la negociación. Se opuso a cualquier concesión a la banda terrorista y pidió la ilegalización de Bildu y de Sortu. Ahora, ya en el poder, ha suavizado, sin embargo, su militante postura y asumido “de facto” algunas de las concesiones socialistas, especialmente en materia penitenciaria.

Política penitenciaria del Gobierno
Este viraje ha sido protagonizado por el Ministro del Interior, Jorge Fernández –el más desacertado de los miembros del Gabinete de Rajoy-, que ha tenido la rara habilidad de enfrentarse a las víctimas del terrorismo acusándolas de espíritu de venganza, y de justificar de forma improcedente la concesión de la libertad –“si no hubiéramos tomado esta decisión, habríamos prevaricado”- a Josu Uribechevarría, uno de los asesinos etarras más sanguinarios. El articulo 104-4 del Reglamento Penitenciario establece que los penados con padecimientos incurables “podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias”. Como ha observado el Profesor Gimbernat,”la jurisprudencia no puede convertir en imperativo lo que para la ley es facultativo”, y aún menos puede hacerlo la Administración. Además, para la concesión de libertad condicional a los terroristas, el artículo 92 del Código Penal requiere que éstos se desvinculen de la banda y pidan perdón a las víctimas, acciones que no ha realizado el etarra. No se exigen estas condiciones si el preso está en peligro inminente de muerte, pero tal no es el caso, pues –según el dictamen de la forense de la Audiencia Nacional-

Uribecheverría no se encuentra en fase terminal y puede ser tratado por los servicios médicos de la prisión, con salidas puntuales a un centro hospitalario para recibir sesiones de radioterapia. No debería, por tanto, ser liberado.

En el plano político, sería nefasto que el Gobierno cediera al chantaje de los presos terroristas –con sus orquestadas huelgas de hambre- y de los líderes batasunos –con sus manifestaciones ilegales-. Unos y otros han celebrado como un éxito la claudicación del Gobierno y se aprestan a imponer la libertad de los presos etarras gravemente enfermos y a exigir el acercamiento de reclusos a cárceles vascas. El Gobierno debe mantener sin complejos su política penitenciaria, pues la dispersión es una medida adecuada –avalada por tribunales nacionales e internacionales- para dificultar la acción concertada de los reclusos siguiendo las directrices de ETA.

Perspectivas de las elecciones autonómicas en el País Vasco
Ahora se presenta la oportunidad de corregir la injusticia cometida con los vascos expulsados del país por la violencia etarra, que no puedan participar en las elecciones. El Gobierno ha elaborado un plan para que puedan votar estos exilados –al que se ha opuesto el PNV, principal beneficiario de l éxodo, cuyo Presidente, Íñigo Urkullu, lo ha calificado de “barbaridad”-, pero no ha tenido el valor de aplicarlo en las próximas elecciones, con lo que no ha permitido que voten más de 200.000 ciudadanos, que podrían equilibrar los resultados previstos por los sondeos. De conformidad con ellos, ningún partido conseguirá la mayoría absoluta, por lo que la formación del futuro Gobierno vasco dependerá de las alianzas que se establezcan, y es preocupante que el 38.9% del electorado del PNV prefiera la coalición con Bildu.

Las opciones más viables serían una alianza PNV-PSE –similar a la establecida entre 1987 y 1998- o un pacto entre las dos fuerzas nacionalistas. La primera sería una solución aceptable en principio, aunque la debilidad y el entreguismo del PSE dejarían el protagonismo al PNV, que ya ha preparado un nuevo estatuto político –versión edulcorada del “Plan Ibarretxe”-, que pretende ampliar aún más las competencias autonómicas, como paso intermedio hacia la independencia. La segunda resultaría desastrosa, pues llevaría -a corto o medio plazo- a un abierto enfrentamiento con el Estado. Aunque el PNV llevara en un primer momento la batuta, pronto se vería desplazado por sus coyunturales aliados. Conviene recordar a los “jetzales” la historia del árabe y el camello. Aquél plantó su tienda en el desierto para pasar la noche y, al poco tiempo, éste le pidió si podía meter la cabeza porque hacía frío. Más tarde suplicó hacer lo mismo con las patas, la joroba y hasta el rabo. Al final, el camello se adueñó de la tienda y el árabe terminó durmiendo en la arena. Un ejemplo significativo es la forma en que Bildu –pese a estar en minoría- se ha apoderado del Gobierno de Gipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián, donde hace y deshace a su antojo como si contara con la mayoría. Tras navegar por el Urumea, la gabarra de Bildu pretende surcar las aguas del Nervión rumbo hacia Ajuria Enea. El que avisa no es traidor.


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