AGLI Recortes de Prensa   Sábado 1 Septiembre 2012

El Estado sigue despilfarrando y eludiendo su necesaria reforma
Francisco Rubiales Periodista Digital 1 Septiembre 2012

El gobierno de Rajoy sigue gastando por encima de sus posibilidades y evitando emprender las únicas reformas que permitirían a España superar sus problemas de déficit y endeudamiento masivos: un cambio drástico en las estructuras del Estado que lo adelgace y expulse de su seno a instituciones innecesarias y a personas colocadas con sueldo público, que no aportan nada al bien común, casi todos amigos y familiares de los políticos. El grueso de los gastos del gobierno se van en sueldos y privilegios y, para mantenerlos, los políticos no dudan en acribillar a los ciudadanos con impuestos y recortes inmorales e injustificables. Como consecuencia de esa política, la cifra del déficit público ya ha superado lo comprometido para todo el año 2012.

Rajoy exhibe sin pudor una cara dura inmensa y una falta de ética espantosa. Sostiene una y otra vez que sus recortes y subidas de impuestos son imprescindibles y que a él le duelen esas medidas, pero sigue sin involucrar a los políticos y a las inútiles y costosas estructuras del Estado en la austeridad y en el ahorro que sí afectan a la inmensa mayoría de los españoles, sobre todo a los que trabajan y producen.

La verdad es justamente lo contrario, como afirmaba hace pocos días el durísimo editorial del “Financial Times”: Rajoy adopta medidas sin pensar en el bien común ni en el interés general, sino en el beneficio de su partido y de sus “colegas” políticos. Si hubiera suprimido empresas e instituciones públicas inútiles y miles de puestos de trabajo superfluos, ocupados por enchufados políticos de su partido y de otros, no habrían sido necesarios muchos de los recortes aprobados y subidas de impuestos, entre ellos el del IVA, que contribuirá a arruinar todavía más la maltrecha economía española.

Mariano Rajoy ha tratado de salir al paso del duro editorial publicado por el diario conservador británico Financial Times, que había asegurado en su edición del miércoles 29 de agosto que Rajoy gobernaba pensando antes en los intereses de su partido que en el de los españoles. Tras un almuerzo de trabajo con el presidente de la República francesa, François Hollande, el presidente del gobierno de la atribulada España trató de desmentir al rotativo asegurando que "he tenido que hacer cosas que no iban en mi programa". Y agregó que las hace porque son necesarias, ocultando que hay otras opciones de ahorro, como la supresión de los privilegios políticos y la reforma del monstruoso e injusto Estado construido por los políticos, que él no asume porque, simplemente, perjudicaría a su partido.

Toda una hipócrita y miserable indecencia.

El déficit nos aboca al rescate
Editorial www.gaceta.es 1 Septiembre 2012

El Gobierno ha aprobado la quinta reforma financiera en tres años, con la promesa de que no costará ni un euro al contribuyente. Para que se cumpla esa máxima, creará una sociedad de gestión donde integrará todos los activos tóxicos inmobiliarios procedentes de las entidades financieras, y tendrá un plazo de hasta 15 años para venderlos. El FROB, el organismo que pilotará la reforma, podrá endeudarse hasta 120.000 millones y los accionistas y acreedores, como exigía Bruselas, tendrán que asumir pérdidas antes de la ayuda. La reforma parece que será la definitiva, ya que esta vez sí recoge en todos sus términos las duras condiciones impuestas por Bruselas para que se verifique el rescate. Una buena noticia para el sector bancario, que ayer subía en Bolsa más de cinco puntos, y una buena noticia también para la economía si, finalmente, sirve para que vuelva a fluir el crédito, que es una condición indispensable para la recuperación. Pero esto es algo que, por desgracia no está en manos de la Banca, sino de los mercados, y estos parecen haber valorado más el preocupante déficit público que la reforma financiera, ya que la prima de riesgo volvía a repuntar al alza superando los 550 puntos básicos.

La peor de las noticias posibles saltó ayer por tarde: el déficit del Estado alcanzó el 4,62% del PIB, superando el objetivo corregido del 4,5%. En términos homogéneos –descontados los anticipos a las comunidades autónomas– el déficit fue del 4,12%. El desfase es el resultado de un repunte de los ingresos del 28,1% y –ahí está el problema– de un aumento del 20,9% de los gastos. El Gobierno espera que la subida del IVA que entra en vigor hoy ayude a corregir el desfase, pero los nubarrones que se ciernen sobre la economía no permiten ser demasiado optimistas, sino más bien lo contrario, y el Gobierno puede acabar pagando cara su recalcitrante negativa a reducir el gasto público.

El primer nubarrón es la inflación. Los carburantes, en máximos históricos, han impulsado el IPC hasta el 2,7% en agosto, y la combinación de recesión, altos precios y salarios a la baja supone un duro golpe para el bolsillo de los ciudadanos. El repunte de la inflación se va a ver agravado con la entrada en vigor del nuevo IVA, lo que va a crear un nuevo escenario de estanflación –combinación de inflación con un estancamiento de la economía o recesión– que puede tener repercusiones muy peligrosas.

El repunte de los precios, además de dar la puntilla a un consumo en horas bajas –ayer se conocía que las ventas al por menor caían un 6,9% y las del consumo de carburantes lo hacían en un 5,6%– también puede obligar al Gobierno a congelar o recortar las pensiones, ya que estas se actualizan tomando como referencia la inflación de noviembre, que, con la subida del IVA, puede superar el 3% y encarecer la factura de los jubilados en unos 3.000 millones de euros.

El futuro de la economía y del empleo se presenta muy negro. A los problemas reseñados habría que sumar la preocupante fuga de capitales, que cerró el primer semestre del año con un saldo negativo de 220.000 millones de euros. La presión de la crisis de deuda va a continuar y, salvo sorpresas inesperadas, España se verá abocada a solicitar el maldito rescate. Ese será el precio a pagar por el despilfarro autonómico y la negativa a recortar el gasto, y este traerá más recortes y más aumentos de impuestos por más que Rajoy se empeñe en decir que no los subirá.

La aldea y los parias

Alfonso Merlos La Razón 1 Septiembre 2012

Los nacionalistas no se han enterado de nada. Cuando vives de la amenaza, el órdago, la fanfarronada y la quimera corres el serio riesgo de estrellarte, en un momento dado, contra la pared. Y de romperte los huesos. Y ése es el mensaje rotundo y certero que sale de un Barroso que le está señalando a los altivos prebostes de CiU y a los revoltosos dirigentes de la Esquerra el camino de la Ley y la razón. Nada más pero nada menos.

Cataluña comenzará a cavar su tumba y a preparar su definitivo enterramiento el mismo día que a algún lunático, sólo aupado por masas desinformadas y radicalizadas, se le pase por la cabeza declarar unilateralmente la independencia. Eso supondría convertir a esta hermosa región española en un Estado fantasma, en una frágil balsa a la deriva, en una Albania bañada por el Mediterráneo occidental, en un territorio cuyos pobladores residirían en un penoso limbo y se insertarían en el túnel del tiempo para perder de un chasquido derechos y libertades conquistados y reconocidos a pulso. Los que tasa de forma milimétrica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Las instituciones comunitarias se han limitado a constatar lo obvio. Un viejo y magno proyecto de colaboración y cooperación, de ayudas y alianzas, debe desentenderse de quienes buscan crear división y confrontación, de quienes lo juegan todo a levantar murallas, refugiarse en trincheras y guerrear con banderas tramposas.

Allá ellos con su locura. Pero sepan estos alquimistas del separatismo que una aldea no es un Estado. Y que una generación de políticos descerebrados no es nadie para convertir a ciudadanos de primera en parias, en plebeyos –desarraigados y desorientados– abandonados a su zozobrante y miserable suerte.

Reformas y reglamentaciones que crean puestos de trabajo
J. J. Gutiérrez. www.vozpopuli.com 1 Septiembre 2012

Uno de los grandes errores de la acción pública en materia económica lo constituye la creencia de que mediante ciertas reformas y leyes se pueden crear directamente puestos de trabajo. Bien sea en un contexto de crecimiento económico, lo cual sirve fundamentalmente para expandir la red clientelar de los poderes públicos, bien sea en circunstancias de especial necesidad como consecuencia de un (in)esperado aumento del desempleo. Es decir, pensar que las Administraciones públicas, directa o indirectamente, pueden sustituir al empleador natural en una economía de mercado, que no son otros que los autónomos y PYMES.

Efectivamente, en cuanto las cifras de desempleo se desbocan, los gobiernos se ponen electoralmente nerviosos y la demanda de ciertos sectores dentro y fuera de los gobiernos para que las Administraciones sustituyan de una u otra manera a las empresas como empleadores, se activa sin que lamentablemente haya nada que pueda evitarlo. Al poco tiempo de la constatación del aumento del desempleo aparecen abundantes programas promovidos desde múltiples instancias públicas, todos muy bien dotados económicamente y que suelen concebirse con carácter temporal, para directa o indirectamente «crear o mantener puestos de trabajo». Cualquiera de ustedes está en condiciones de identificar algún ejemplo puesto que en los últimos años en nuestro país hemos sido especialmente prolíficos a este respecto. Incluso cuando el desempleo no era si quiera un problema acuciante.

De este modo, los programas destinados a crear empleo aumentan en cuanto los despachos ministeriales o de las respectivas consejerías reciben las órdenes pertinentes. Los programas se publican en los diarios oficiales y se traducen, normalmente, en un aumento del gasto público. Financiar este tipo de programas supone básicamente crear o mantener una serie de puestos de trabajo en ámbitos que los gobernantes deciden discrecionalmente en función de vaya usted a saber qué criterio, pero a costa de destruir otros puestos de trabajo o no estimularnos adecuadamente. Las prioridades en esta particular discriminación es evidente que en un sistema representativo debe marcarlas el ejecutivo que tenga conferida la competencia correspondiente al efecto, pero ya se pueden ustedes imaginar en qué suele traducirse esa competencia.

En cualquier caso, lo interesante es destacar que este planteamiento sucintamente expuesto, se concreta y se ha concretado tradicionalmente en diferentes movimientos normativos realizados en los últimos años y que ya podemos evaluar desde la perspectiva de la creación de empleo. El ingenio de legisladores y ejecutivos no se ha visto impedido por las dificultades de endeudamiento para financiar programas, patentes ya desde hace bastante tiempo, sino que sigue derrochando imaginación para insistir en el error. Veamos a continuación un supuesto particular que evidencia algunas de las estratagemas desarrolladas a este respecto y pasamos así del plano teórico al práctico.

El caso de la normativa andaluza sobre el destino de los ingresos del Patrimonio Municipal de Suelo.

La normativa autonómica del suelo establece que entre otros bienes y recursos, el denominado Patrimonio Municipal de Suelo lo conforma los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en la Ley. Muchos municipios han conseguido importantes ingresos por esta vía, pero lo importante es preguntarse qué se hace con esos ingresos.

Con la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, los ingresos que tenían la consideración de Patrimonio Municipal de Suelo podían emplearse, en virtud de lo establecido en el artículo 75.2 de esa norma, en múltiples actuaciones. Seguidamente, en el año 2005 se aprobó la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, que modificó diversos preceptos de la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y de modo especial los relacionados con el Patrimonio Municipal del Suelo y los ingresos que lo conforman, habilitando a los consistorios municipales a disponer de esos recursos para intervenir en el mercado de la vivienda. Esa modificación se justificaba como consecuencia de los precios alcanzados por los inmuebles, que a todas luces imposibilitaban ya la adquisición de vivienda de muchísima gente. Se pensó que lo mejor era poner a los Ayuntamientos a promover la vivienda.

Años después, una vez constatado el fracaso y el desastre económico, se aprobó la Ley 11/2010 de 3 de Diciembre de de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que propuso una nueva redacción de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que permitía abrir el uso de los ingresos provenientes del Patrimonio Municipal del Suelo, que pueden destinarse ahora a la ejecución de actuaciones públicas y otros «usos de interés social o el fomento de actuaciones privadas», por lo que aquellos Ayuntamientos que por un motivo u otro dispongan de liquidez en sus cuentas derivados de estos ingresos, pueden activar su imaginación y aprobar programas de creación de empleo por su evidente e incuestionable «interés social». Otra cosa es que esto sea un error o un acierto, claro está.

En resumen
Es evidente que la modificación normativa de 2005 pretendió que los municipios pudieran interaccionar en el mercado de la vivienda ante la imposibilidad de que ciertos sectores sociales con ingresos discretos pudieran acceder a una vivienda, acelerando de este modo la creación de empleo en el mercado inmobiliario, pero una vez desplomado el sector inmobiliario, el legislador opta seguidamente por una nueva modificación encaminada a facilitar el destino de los ingresos del Patrimonio Municipal de Suelo a financiar programas que creen puestos de trabajos diferentes o incluso en el mismo sector, porque lo importante es «crear puestos de trabajo». No hay que ser un genio para entender que estos movimientos participan de la filosofía que inspiró esas maravillas que fueron los conocidos Plan E o Plan Ñ.

Los puestos de trabajo así creados, como bien explicaron Rose y M. Friedman, que en este punto estuvieron especialmente lúcidos en su trabajo «La dictadura del statu quo», son puestos de la Administración que paralelamente contribuyen a la destrucción de puestos de trabajo del sector privado. La opción de política económica es tan nefasta que termina haciendo «empleado público» hasta los manufactureros chinos que aprovisionan de material a los agraciados temporales de este tipo de programas, siendo el efecto sobre la economía tan nocivo que los pequeños y medianos empresarios que no dependen de la Administración o quedan al margen de los programas terminan por contratar a menos gente. La Administración acaba soportando una fuerza laboral directa o indirecta que a duras penas puede seguir financiando en un contexto de colapso crediticio y necesario ajuste del déficit para terminar incluso NO PAGANDO los compromisos asumidos. Ni que decir tiene que los esfuerzos mediante el uso de liquidez, el aumento de gasto público o de presión fiscal para financiar estas florituras, acaban igualmente por desincentivar el trabajo, el ahorro y la inversión, pero por desgracia no parecen estar en condiciones de entenderlo.

Loor de Viridiana barbuda
http://alfonsodelavega.com/?p=7511  1 Septiembre 2012

En estos católicos reinos no hay cosa por rara, absurda, o canalla que sea, que no pueda pasar o ya haya pasado antes como algunos grandes artistas sabios y valientes nos han reflejado en sus obras. En el Quijote sabemos que existía una fingida dueña doña Dolorida pero con barbas como Mariano. En su famosa Viridiana, el Buñuel más iconoclasta da su versión de una nueva Sagrada Cena a la española, con borrachos, hampones, violadores, ladrones, tartufos y golfos de toda laya y condición en una variopinta muestra de lo que da de sí el nacionalismo autonómico a la mesa en categoría de barra libre. Los golpìstas catalanes mientras insultan van a concedernos dejar que la denostada España les dé para pagar sus pufos y trampas. Los nacionalistas valencianos del PP, no menos parásitos aunque más educados al menos sablean pero no insultan. Los de Murcia se conforman casi con una limosna y dicen a la caritativa pudibunda barbuda que no se lo van a gastar ni en vino ni en putas, solo en Televisiones autonómicas. Y nuestra sin par Viridiana barbuda va a poner a la mesa, urbi et orbi, a todos los golfos y golfas en singular festín fin de fiesta hasta que no quede nada que saquear.

Aquí, en la Galicia desmantelada, el virrey gallego de las preferentes, arruinado como todos los demás, se comporta como el hidalgo hambriento del Lazarillo y con el mondadientes en la boca presume de abundante pitanza e incluso paga a déficit pasado por prima de riesgo otra de percebes al insaciable hampa normalizadora galleguista, que en agradecimiento por el inmerecido festín nos llama anormales. Y en un alarde de dignidad evangélica el virrey se cabrea no con los ingratos galleguistas apesebrados, sino porque Viridiana barbuda celebre opípara fiesta con el hijo (pséudo) pródigo maltratador y no mate carneros para él que es tan fiel, tan modosito y tan buen chico en campaña electoral.

Pero lo de Viridiana terminó mal, como esperemos en beneficio de España que ojalá termine pronto la mala gobernanza de la Viridiana barbuda. Muy beata, ya pelona, pero encamada con las bragas quitadas en trío mortal, tartufamente con ETA y la oligarquía sanguijuela que saquea a la plebe, antes ciudadanía.

Bruselas advierte a Cataluña: fuera de España no hay Europa
El presidente Barroso afirma que si una región se independizase, saldría de la UE. Según la Comisión, «la ciudadanía europea no reemplaza a la de los estados miembros»
C. Herrero La Razón 1 Septiembre 2012

BRUSELAS- Las aspiraciones independentistas de algunas regiones europeas generan siempre dudas legales en Bruselas, pero esta vez la Comisión Europea ha dejado entrever que si un Estado miembro se escindiese y una región o comunidad autónoma lograse la independencia, ésta se vería abocada a su salida de la Unión.

En una pregunta parlamentaria, el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, ha apuntado que una hipotética secesión de una parte de un Estado miembro implicaría el abandono de la Unión Europea. Según algunas interpretaciones, esa ruptura supone que dicha comunidad autónoma recién independizada habría de negociar de nuevo con el resto de los socios para poder ingresar en la UE.

Sin embargo, el tema no deja de ser espinoso, pues se mezcla el concepto de «ciudadanía europea». Precisamente, Durao Barroso se pronuncia sobre este asunto en respuesta a una pregunta de la eurodiputada italiana de la Liga Norte Mara Bizzotto, en la que pide que la Comisión confirme si el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) contempla que, en caso de secesión, los ciudadanos del nuevo país perderían su nacionalidad europea.

El presidente del Ejecutivo comunitario precisó en su escrito que la ciudadanía europea es «una ciudadanía adicional que no reemplaza a la de los Estados miembros», por lo que, en caso de independencia, habría que negociar alguna «solución dentro del orden internacional».
La pregunta de la eurodiputada viene motivada por el rechazo por parte de la Comisión de la iniciativa «Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva», en la que se evaluaba la situación de los ciudadanos de Cataluña ante una posible independencia de España dentro del marco europeo.

El asunto es tan complejo que Bruselas ha optado por obviar una parte de las cuestiones de Bizzotto, quien interrogaba al Ejecutivo comunitario sobre si no está de acuerdo en la necesidad de proteger a los ciudadanos europeos en el caso de una posible secesión en un Estado miembro a través del Derecho Internacional. La Comisión se limitó a apuntar que «cualquier otra consideración relacionada con las consecuencias de un hecho de esta naturaleza son meras conjeturas».

El caso más cercano sucedido en la historia de la Unión es la crisis vivida el año pasado en Bélgica entre flamencos y valones, que dejó a las puertas de una separación entre el norte y el sur que habría conllevado importantes dificultades para el país.

Cuando el juez mima al verdugo
Antonio Pérez Henares Periodista Digital  1 Septiembre 2012

Las leyes españolas son unas madres para los delincuentes y criminales, que algunos jueces convierten,además, en mimosas. La última prueba la ha ofrecido el juez Castro al poner en libertad al triple asesino, secuestrador, torturador y carcelero de Ortega Lara aplicando unos preceptos legales, que podía haber aplicado en sentido diferente, pero ademas aportando toda una serie de consideraciones de carácter moral, entre las que incluye el concepto de “calidad de vida” para una “muerte digna” que entran de lleno en el terreno de interpretaciones personales ajenas a las propias leyes. Para nada, y sin embargo, se tiene en cuenta el alarde sistemático del crimen realizado por el reo, su nulo arrepentimiento, la burla hacia sus victimas y su empecinamiento en la violencia y el terror como norma de conducta. Eso para el juez no cuenta. Y en lo que se concluye y la sociedad percibe es algo tan doloroso como el mimo del juez hacia el verdugo. Que lleva implícito, aunque no se escriba, el desprecio hacia el dolor de sus victimas a las que se infiere con él una nueva y terrible herida.

Pero eso, parece, que ni nuestra legislación, ni nuestros jueces quieren tener en cuenta. Los sufrimientos de los inocentes, el dolor de los ofendidos, las secuelas de los torturados, la sangre derramada de los muertos esos son los que acaban por no tener amparo, cuya “dignidad” y “calidad de vida” nadie estima que hayan de verse amparados ni por leyes, ni por jueces ni por nadie.
Y al fondo enseña su pata, como palanca necesaria e imprescindible, la política. Porque ha sido la previa decisión del ministro y por tanto del Gobierno, la que ha posibilitado la puesta en marcha de todo el mecanismo. Fernández Díaz, a través de Instituciones Penitenciarias es quien decide, sin estar obligado ahora, el aplicar de inmediato, sin que haya una situación terminal, el tercer grado.

Se cierra así una semana desalentadora y, en otro de sus ribetes, de esperpéntica escenografía. ¿O cabe calificar de otras manera el incontinente despliegue uniformado de ese comisario por todas las televisiones participando en un verdadero akelarre sobre la tragedia de dos niños “desaparecidos” por su padre, buscando tapar una monumental chapuza que ha contaminado toda la investigación policial?.

La conmoción por tales sucedidos ha sido tal que por una vez ha relegado incluso a segundo plano nuestra tragedia económica. Acaba agosto y entramos de nuevo en plazos, tiempos y momentos decisivos. La partida final sobre el euro y sobre España se juega en dos tapetes, el interior, donde algunas autonomías, insaciables y ansiosas en seguir pretendiendo que se les paguen sus inmensos pufos sin aceptar ponerse a dieta y dejar la mesa del festín, y la exterior, que ha de jugarse en Europa, descarnadamente, a cara de perro, porque nos va la comida y hasta el hueso en ello. Y es la primera cuestión, la del disparate autonómico, que cada vez resulta mas letal para nuestro futuro como Nación, la que nos en la peor de las situaciones a la hora de jugar nuestra cartas en el tapete. La que ha vuelto a hacer hervir nuestra prima de riesgo y nuestro riesgo como país. O el Estado embrida de una vez a las autonomías y las reconduce a parámetros, dimensiones y funciones sensatos y eficaces o se llevan a España por delante y la fondo del hoyo.

Tras cumplir con los últimos requisitos impuestos por Bruxellas, la creación del banco malo y la liquidación de entidades inviables, de sentido común y que hasta debían haberse afrontado antes y mejor hubiera ido, el rescate a las cajas podridas se supone que tendrá ya su conclusión, porque llevamos en ello meses y llegar no ha llegado un duro. Pero no hemos culminado esto y ya estamos hablando de lo otro, del rescate de la deuda, que podemos llamarlo como se quiera, igual me da, pero que resulta insoslayable si queremos financiarnos y no morir en el intento al hacerlo con unos intereses descomunales. Que no es de recibo que lo hagamos, ni podemos pagarlos.

Y en ello es justo decir que a veces los vaivenes resultan contradictorios y sorprendentes. Porque España esta pagando la financiación de su deuda más barata en su conjunto que el año anterior, un 3,40% por termino medio frente a un 3,90% del 2011. La ultima subasta resultó ademas un éxito en todos los sentidos. Se colocó más del máximo previsto, fue altísima la demanda y los intereses bajaron un 60% . Una magnífica noticia esa colocación a corto plazo que dejó en un caso el interés rozando el 1% y en el otro rebajó también más de punto y medio sobre la anterior subasta.

Pero la cascada de malas nuevas rompió de inmediato el seguir sin tropezones. La primera fue que los brotes verdes no solo eran una memez de Salgado. Es que ademas eran mentira, que no habíamos crecido lo que se nos dijo y que en recesión ya habíamos entrado en el último trimestre del año pasado. Una más de esta “herencia” que es el mayor pufo de la historia que añadir a ese deficit que era del 6% cuando ellos lo contaban pero que fue del 8,5% primero cuando las cuentas se echaron de veras y acabo siendo casi del nueve cuando algunas comunidades tuvieron que echar las suyas. Eso fue por antes, pero la inflación al 2,7% y sin que haya empezado a inflacionar el IVA es de ahora y es muy grave. Un país en recesión y encima con los precios, sobre todo los combustibles, disparados es el peor de los disparates. Pero en que si no vivimos ya desde hace años. En un túnel del que dicen, llevan diciendo, antes los unos, ahora los otros, que hay salida. ¿Pero nos pueden decir, por favor, donde se encuentra?


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A España se le acaba el tiempo

Pedro de Hoyos Periodista Digital 1 Septiembre 2012

La organización territorial fue de las peores soluciones que aportó la Transición de Suárez y UCD. Los actuales problemas en el País Vasco, con previsible mayoría de las fuerzas independentistas (La Constitución dice que el ejército garantizará la unidad de España pero no habrá presidente del gobierno que se atreva a ello), y la bravuconería de los nacionalistas catalanes a la hora de exigir cinco mil millones a “España” son sólo los datos finales y más preocupantes de una deriva incesante que lleva al Estado a punto de ser derrotado.

El Estado ha cedido en casi todo ante los nacionalistas sin obtener nada a cambio, son incesantes los empujones de éstos hacia la independencia sin que la actitud sumisa del Estado haya servido para nada. Los nacionalistas quieren sobre todo ser únicos y exclusivos y jamás han aceptado (al contrario, cada vez han ido subiendo sin límite el nivel de sus permanentes exigencias) que otras regiones accedieran a una autonomía, aunque fuera de tercer nivel, que pudiera poner en duda la preponderancia narcisista de sus reclamaciones.

Como mayor perversión se decidió partir a Castilla (¿Cabe alguna comunidad más histórica que Castilla, Aragón o Navarra?) para que no hubiera competencia política o económica contra Cataluña o el País Vasco. Se acepto sacar a Madrid de Castilla para perjudicarla económicamente y sacar a Santander para apoyar la economía portuaria de Bilbao. También se separó a Castilla La Mancha, cuanto más pequeños sean mejor, debieron pensar. Aún así éstos últimos no aceptaron la Constitución porque dañaba sus privilegios (¿Privilegios en una democracia? Ah, sí el concierto económico que también reivindica Artur Mas) y Convergencia y Unión está permanentemente amenazando con saltarse la ley y desobedeciendo a los Tribunales.

El Estado siempre ha cedido, cobarde y culpablemente, dañando al resto de españoles y creyendo que con eso salvaría la situación. Los perjudicados de esta vergüenza somos el resto de los ciudadanos y volveremos a serlo nuevamente cuando, con mayor o menor disimulo, se apruebe para Cataluña el concierto económico. La insolidaridad hecha ley. Nadie compensa a Castilla por los miles de emigrantes, por los miles de millones de impuestos que estos emigrantes no pagan en Castilla, por los miles de millones esfumados cuando crean riqueza en otras partes y no en Soria, Ávila o Palencia.

La España demócrata no se ha portado con Castilla mejor que el franquismo, elemento desertizador de nuestras tierras; Castilla hoy es un elemento prescindible en España, sin influencia política, económica o social. Castilla es intrascendente en esta España desvergonzada, altanera con los débiles y pordiosera con los poderosos. Los políticos demócratas se encogen de hombros como si la cosa no fuera con ellos mientras cada año que pasa nuestros pueblos decrecen en habitantes y en riqueza. Si Franco trasladó por la fuerza a miles de castellanos (Puso fábricas donde no había mano de obra y altos hornos donde no había carbón) a ninguno de nuestros gobernantes autonómicos o nacionales parece importarle. Castilla languidece olvidada por unos misérrimos políticos que como pago por su felonía pueden a ver deshecha esa España más postiza y falsa que la de “Bienvenido, Mister Marshall” que han estado defendiendo durante décadas.

A España se le acaba el tiempo; durante casi cuarenta años nadie ha sabido hacer frente con inteligencia y gallardía a la propaganda lastimera, egoísta y eficaz de los nacionalistas, nadie ha intentado deshacer esa equiparación falaz entre Cataluña y CiU, entre Euzkadi y PNV o Bildu. La humillación del Estado sólo ha servido para ser torpes cómplices de la actual situación.

Los castellanos también tenemos la culpa de haber escogido reiteradamente a unos políticos enemigos nuestros que hace años han bajado los brazos. Las opciones que el sentimiento castellano presentaba eran válidas a poco que los ciudadanos hubiesen confiado en ellos. La validez de la democracia siempre depende del dinero que tengas (o que te presten los bancos) para presentar tu discurso político. Ahora mismo los partidos castellanistas están infantilmente divididos, repartiéndose la miseria entre ellos. Sólo la unidad, el dinero y la cercanía a lo que piensen los castellanos podrían darles una oportunidad.

El drama que se prepara (segunda parte)
Eduardo Arroyo El Semanal Digital 1 Septiembre 2012

Después de su holgada mayoría absoluta, el PP no ha resuelto ni uno solo de los problemas con los que se encontró cuando llegó al poder. Más bien al contrario, parece seguir ciertas estelas.

El empecimiento teutón de Merkel no sólo le está pasando factura a la UE, sino que ya empieza a sentirse en Alemania.

Esos problemas los enumeramos en un artículo, dentro de esta misma sección, que llevaba por título El drama que se prepara, allá por un 9 de diciembre de 2011. Fue uno de nuestros artículos más leídos y también más controvertidos. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón y las cuestiones allí enunciadas se han agravado en menos de un año.

Primero, recordábamos la tremenda fragmentación social heredada del funesto zapaterismo. ¿Ha mejorado en algo el asunto? La respuesta es no. Existe en todo el país, en cualquier segmento, actividad o condición social una sensación de enorme pesimismo, que lleva aparejada la idea de que nadie va a hacer nada por uno mismo. Mucho menos el gobierno, empeñado en su política de "recortes" que nadie sabe explicar por qué, son tan necesarios.

En segundo lugar, el éxito político de los cretinos de la izquierda "abertzale" -se puede tener éxito político y ser un cretino- ha sido antológico. Esencialmente, la tibieza del gobierno popular para con los terroristas y la traición a las víctimas no es diferente de la de Zapatero. Sé que esto escuece pero explíquenles ustedes a los hermanos y esposas de asesinados que la tolerancia para con los presos asesinos y el cinismo –rayano en la psicopatía- con el que Laura Mintegui habla de "presos de opinión", se justifica con la pretendida "superioridad ética" del "Estado de Derecho". Lo que entienden las víctimas es que los criminales -los que ponen bombas en supermercados o asesinan al policía municipal de su pueblo- se salen con la suya. Lisa y llanamente.

En Cataluña, la corrupción, inoperancia y estupidez de los nacionalistas catalanes ha quedado enmascarada con unos señores que echan la culpa a Madrid de todo lo que les pasa y que no tienen reparos en escamotear a los catalanes que su clase política no es diferente de la del resto de España. El próximo 11 de septiembre, Mas -aunque no esté presente- y su banda celebrarán la falsificación histórica de la Diada con un órdago nacionalista renovado.

Por desgracia, en el caso vasco y en el catalán, los chicos del PP se desgañitan diciendo que los nacionalistas deberían abandonar el "debate identitario" y ocuparse de los problemas reales ocasionados por la crisis económica. Demuestran así que no entienden absolutamente nada de lo que pasa. En primer lugar, si los nacionalistas fueran realmente "identitarios" sostendrían públicamente discursos antiglobalización, concretamente en asuntos que preocuparían verdaderamente a unos auténticos "identitarios": la crisis demográfica, la inmigación masiva, la destrucción de las clases medias y trabajadoras en el altar del mercado, la potenciación de la cultura popular tradicional frente a la cultura de masas, etc. Lejos de esto, los nacionalistas varios no solo no han hecho nada en ninguno de estos temas, sino que han sido parte activa a la hora de converger con los objetivos del capital global.

En segundo lugar, los muchachos del PP siguen sin comprender que para los nacionalistas existen muchas más cosas que un puro discurso económico. Es más, si la crisis económica no existiera ellos seguirían planteando los mismos problemas. Sin embargo, su actitud no es más que un mero y sencillo odio a España -una de las cinco grandes naciones de Occidente-, antes que la defensa de una "identidad" ficticia, de la que en realidad no saben nada. A este respecto, los "colegas" de Bildu difunden la misma basura nihilista que los partidos de izquierda de toda la vida pero eso sí: en euskera.

A nadie se le ocurre en el soviet liberal que el discurso identitario puede ser legítimo a condición de que esté históricamente fundado y que, por tanto, sea verdadero. Basagoiti, en una reciente entrevista, se lamentaba de no haber dado "la batalla de las ideas", si bien no especificaba a cuál se refería: si la que reivindica la auténtica y genuina identidad española o la que niega las identidades en nombre del mercado, que es lo que ha venido reivindicando hasta ahora su partido.

A todo esto se suma un clima en el que el Partido Popular debería llamarse "Partido Impopular". Sus medidas de recortes e impuestos no solamente se han tomado engañando a sus electores, sino que además han hundido más la demanda y por consiguiente son las primeras responsables del ahondamiento de la recesión. Tras más y más recortes, no hay menos paro ni menor destrucción del tejido productivo español sino más. Sumisamente, han adoptado sin rechistar todas las medidas impuestas desde Bruselas, sin ánimo de suscitar un debate crítico en el seno de la Unión. La estupidez y empecinamiento, típicamente teutón, de Angela Merkel, cuyas consecuencias están empezando a notarse en su propio país, podría haber sido una excelente palanca para despertar un liderazgo alternativo y un discurso que, finalmente, el inepto De Guindos ha tenido que asumir tímidamente cuando pedía que el BCE comprara deuda española de manera "contundente y sin límite" para no restar efectividad (El País, 18.8.2012).

Los problemas económicos, suscitados por la política económica liberal a sangre y fuego, convergen con el problema nacional cuando, en primer lugar, los partidos "constitucionalistas" rivalizan con los nacionalistas a la hora de responder a "Madrid" y, en segundo lugar, cuando nadie sabe a ciencia cierta hasta donde está dispuesto a llegar el gobierno central a la hora de hacer cumplir sus decisiones allá donde se le discuten.

Mientras tanto, los españoles se sienten cada vez más y más abandonados por una clase política de la que no surge ni una sola respuesta, ni una sola luz de esperanza. Los botarates de Bildu, que es el único movimiento popular en auge dentro de la España actual, ni siquiera sospechan que lo peor que podría pasarles es que se hiciera realidad su sueño de gobernar una Euskal Herria independiente. Viven ignorantes de lo bien que les va "contra España".

Y esto solo en el contexto de la política nacional porque si nos trascendemos el nivel de lo puramente español, podremos comprobar que el drama que se prepara sigue conjurando más nubarrones negros si cabe en el horizonte de nuestro futuro.

Todo esto lo digo no con ánimo de alarmar a nadie -para esto basta con leer cualquier periódico- sino para que la gente que cree que algo de lo que hay va a salvarles del abismo se empiecen a plantear si lo que nos vienen contando no era una gigantesca y fabulosa mentira. Es imprescindible sacar los pies del tiesto y atreverse a pensar fuera de lo que tenemos porque ni el "centro derecha reformista" ni el "progresismo" montaraz van a resolver absolutamente nada. Dicho de otro modo, el problema no está en lo que todos debaten de manera interminable sino precisamente en lo que nadie discute porque todos están de acuerdo, en un modo u otro.

Bancarrota, insumisión y separatismo: el sistema colapsa
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 1 Septiembre 2012

“El país es nuestro, los políticos son nuestros empleados” (Clint Eastwood)

El pasado 7 de agosto, el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Becaría, declaró -sin que sus palabras tuvieran demasiado eco- que “el crecimiento del modelo autonómico no es sostenible” y, también, que los costes de este modelo son “insoportables”, para terminar añadiendo que “el desarrollo del Estado autonómico coincidió con los años de abundancia y, lo que entonces parecía que se podía, ahora nos damos cuenta que nos hemos pasado (…)”. Su predecesor al frente del máximo órgano consultivo del Estado, Francisco Rubio Llorente, declaraba el pasado día 26 que “habría que ir a una Constitución federal; que las competencias de las comunidades estuvieran en la Constitución y que hubiese un Senado federal” (El País). Rubio Llorente reconocía que “el Tribunal Constitucional se ha convertido en una tercera cámara” y que, después de recibir la petición de Zapatero de elaborar un informe sobre la reforma constitucional, una vez realizado el expresidente “lo abandonó”, lo que le produjo una fuerte decepción.

Las valoraciones de actual y anterior presidente del Consejo de Estado adquieren todo su significado porque están soportadas en un amplísimo y documentado informe del órgano consultivo, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 2006, que aborda las patologías del modelo territorial de 1978. Rodríguez Zapatero no tuvo la más mínima consideración hacia ese texto de importancia capital; tampoco Mariano Rajoy se ha referido a él como referente de un gran pacto para cambiar la Constitución y reformar un modelo de Estado, una distribución territorial del poder en España, que esta semana ha colapsado. La estructura territorial de España se ha convertido, de un lado, en el modus vivendi de una legión de políticos profesionales que en el ámbito privado no soportarían la competencia, y, de otro, en el factor reproductor y sostenedor de los partidos políticos en la medida en que de ella obtienen recursos y nichos de poder

La peticiones de rescate al Gobierno, a través del Fondo de Liquidez Autonómico, de Cataluña, Valencia, Murcia, y, de forma inminente, también Andalucía, marcan un punto de inflexión irreversible: efectivamente, no estamos ante un escenario de dificultad coyuntural en la financiación de las comunidades autónomas, sino ante la acreditación de una deficiencia estructural, producto de un diseño constitucional distorsionado y de una gestión de ese modelo despilfarradora, desordenada y descontrolada. Las autonomías están en abierta bancarrota. Emblemáticamente, lo está Cataluña, con más de 42.000 millones de deuda viva, que requiere del FLA más de 5.000 millones de modo inmediato. Se trata de la autonomía que aporta más al PIB nacional (19%) y la segunda en demografía. Y tanto la Generalitat como los analistas económicos saben muy bien que la quiebra catalana -como otras- no está relacionada principalmente con el déficit fiscal de Cataluña, sino con razones que son comunes a todas las autonomías.

La bancarrota es tanto de aquellas comunidades donantes, aunque en distinta medida (Cataluña, Madrid, Baleares) como de las receptoras (Andalucía, Castilla-La Mancha) y, desde luego, también de las que disponen de cuasi soberanía fiscal, como el País Vasco y Navarra. Desde luego, el sistema concertado -que no aporta ni un euro al fondo de solidaridad interterritorial- no ha impedido que Euskadi tenga una deuda de 7.000 millones de euros y un nivel de paro próximo al catalán, pese a que su aportación al PIB español es del 6%.

La rebelión autonómica
La inviabilidad financiera de este modelo cursa con otra de carácter político y jurídico: una Constitución en la que cualquier autonomía podía tomar las competencias que desease, endeudarse tanto cuanto quisiera, erigir la administración propia en cualquier dimensión, por arbitraria que fuera, permite también -con aparente parálisis gubernamental- que no sea posible aplicar políticas homogéneas que permitan aliviar la crisis. Andalucía, Cataluña, Canarias, País Vasco, Asturias y ¡hasta Galicia! se han negado en redondo a asumir la política sanitaria del Gobierno en relación con las personas sin tarjeta sanitaria. En otros casos no han aceptado el copago o se han opuesto -en el caso catalán, incluso ni ha asistido- a las directrices del Ejecutivo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera a propósito de la fijación del déficit y del techo de endeudamiento para éste y próximos ejercicios.

Este desaguisado político -del que son responsables en dosis parecidas la deslealtad de algunas autonomías, sus propias facultades y la inhabilidad del Gobierno para convencer, persuadir, y, en su caso, imponer decisiones- se añade a la bancarrota financiera, remitiendo un mensaje a los ámbitos internacionales y de la Unión Europea que destroza cualquier relato sobre la buena reputación de España. Y es una constante denuncia de cómo el Gobierno, su partido y la oposición (que no se puede llamar andanas, incluidos los partidos nacionalistas), omiten un planteamiento imprescindible para superar la crisis a medio y largo plazo: la transformación del modelo de Estado en otro racional y sostenible.

Un nuevo modelo que salve el principio de descentralización en la gestión, que dote de autogobierno suficiente -en lo político y en lo financiero- a las comunidades con auténtica aspiración de él y voluntad de ejercerlo -lo que ahora no ocurre en muchas, delimitadas territorialmente de manera caprichosa y artificial- y pertreche al Estado y a su Administración General de competencias cerradas y blindadas y facultades de coordinación, en un modelo de corresponsabilidad fiscal. La peticiones de rescate de las CCAA marcan un punto de inflexión irreversible: no estamos ante un escenario de dificultad coyuntural en la financiación de las comunidades, sino ante la acreditación de una deficiencia estructural, producto de un diseño constitucional distorsionado y de una gestión despilfarradora, desordenada y descontrolada

Bancarrota e insumisión son la cara y la cruz del colapso del modelo territorial de la Constitución de 1978 -que afecta también a los municipios-, pero la exasperación de los independentismos en Cataluña y en el País Vasco tiene, además de causas históricas y endógenas, otras de carácter reactivo y oportunista que añaden una extrema gravedad al problema de la sostenibilidad, no ya del modelo de Estado, sino de su propia fiabilidad y estabilidad. La Diada catalana, el próximo día 11 de septiembre, y las elecciones autonómicas vasca del 21 de octubre, nos remiten a dos hitos para medir de qué manera ha ido fortaleciéndose la dinámica segregacionista de esas dos comunidades, si bien por razones distintas y con características disímiles.

Mientras el sistema de garantías constitucionales (el TC) y el acomplejamiento de la izquierda han permitido la emergencia del entorno etarra, que vuelve a la legalidad en el País Vasco retroalimentado por la crisis y la pésima reputación internacional de España, en Cataluña, como bien ha explicado la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, se está produciendo un “independentismo por reacción”. Éste responde a un relato de los males que padece la comunidad según el cual todos ellos son atribuibles a España; un relato al que no se opone otro certero y ecuánime, ni el reconocimiento de que un nuevo modelo constitucional tendría que manejar la solidaridad interterritorial como en Alemania tras la reforma de su Estado federal, que fue la que marcó la recuperación del país de manera sólida y ampliamente consensuada.

Estos son los términos en los que se produce el colapso del sistema y las variables que hay que manejar para controlar una crisis que no es sólo -ni quizás principalmente- de carácter económico, sino de naturaleza mixta, inseparablemente político-financiera, consecuencia de una arquitectura institucional que se ha mostrado fallida. La Constitución de 1978, en aspectos tan importantes como los contenidos en el Título VIII, respondió a un tiempo histórico que requería soluciones temporales. El carácter abierto -y por lo tanto, el principio dispositivo de las autonomías para conformarse a su libre albedrio- fue un recurso para salir del paso, pero no ha sido razonable mantenerlo durante más de 30 años. No cabe en cabeza jurídica seria que en la Carta Magna ni siquiera conste el número y denominación de las autonomías; que no exista criterio de diferenciación entre las nacionalidades y las regiones; que no se regule con rigor la soberanía fiscal del País Vasco y de Navarra y que el Estado tenga todas sus puertas abiertas para despojarse de poderes y facultades.

¿Por qué el impulso reformador se detiene a las puertas del modelo de Estado y no lo penetra? Hay una razón muy pedestre pero cierta: porque la estructura territorial de España se ha convertido, de un lado, en el modus vivendi de una legión de políticos profesionales que en el ámbito privado no soportarían la competencia, y, de otro, en el factor reproductor y sostenedor de los partidos políticos en la medida en que de ella obtienen recursos y nichos de poder para las organizaciones políticas y para sus miembros. Lo que explica, al mismo tiempo, la bancarrota de la Cajas, tomadas muchas de ellas al asalto por una nomenclatura que, aun sabiendo que el núcleo del problema se sitúa en el modelo territorial del Estado, se cuida mucho de aceptar que así sea y, por lo tanto, de reformarlo. El informe del Consejo de Estado de 2006, auténtico guión para una buena transformación constitucional, duerme, por eso, el sueño de los justos. Así se explica el colapso.

El rescate catalán, el bono basura y el riesgo crediticio
Daniel Lacalle. wwww.cotizalia.com 1 Septiembre 2012

"When you blame others, you give up your power to change”

“A sense of entitlement is a cancerous thought process that is void of gratitude and can be deadly to relationships, businesses, and even nations.” Steve Maraboli

Este viernes Standard & Poor’s ha rebajado la calificación de Cataluña a bono basura, tras la petición de rescate de 5.000 millones de euros. No solo alertaba en su informe sobre “el deterioro económico y crediticio de la región”, sino que advertía que “consideramos la exigencia por parte de la región de modificar elementos institucionales y financieros claves en su relación con el gobierno, la consideramos incompatible con una calificación crediticia de Investment Grade”. De la misma manera alerta de que “Cataluña continúa mostrando un perfil crediticio individual pobre, con una posición de liquidez deteriorada y dependiente del apoyo del gobierno central para repagar su deuda”. El rescate de Cataluña ha generado mucha polémica en el mercado, pero todo lo que expongo en este artículo es aplicable a cada una de las regiones-nacionalidades españolas.

A pesar de la enorme cantidad de esfuerzos de comunicación hacia inversores llevados a cabo por las distintas comunidades autónomas -todas con más PIB que Luxemburgo y menos deuda que Japón, todas con derecho a endeudarse indefinidamente-, no tienen acceso al mercado de capitales. Y pone de manifiesto que, en toda Europa, seguimos pensando que el crédito es gratis, que el dinero inversor es ilimitado y que, además, lo merecemos sin preguntas. Y capital ilimitado no hay.

La excelente presentación a inversores que la Generalitat hizo en 2011, muy completa y detallada, nos muestra algunos de los problemas -comunes al Estado y las otras regiones- por los que los inversores no se fían ni de unos ni de otros y que conviene atacar.

. Estimaciones que resultaron muy optimistas: “Nuestros ingresos no pueden bajar”. “En 2012 con estimaciones muy prudentes se aumentarán los ingresos un 10,5%”.

. Un calendario de vencimientos que implica necesidades anuales de 3.000 millones de euros añadidos a las necesidades de financiación corrientes, de casi 9.000 millones. Sumado a ello, financiar gastos corrientes con deuda a largo y deteriorar los ingresos a futuro -ha recibido adelantos sobre transferencias por más de 10.000 millones a Junio de 2012- que se gastan hoy y no se cobrarán después.

. Los vencimientos medios de la deuda catalana son de seis años. Más del 71% entre dos y cinco años. Siempre les comento la importancia de no acumular vencimientos a corto plazo en épocas de bonanza porque en épocas de recesión se dispara el riesgo. La acumulación de vencimientos muy por encima de la demanda institucional marginal es un problema de toda la periferia europea que parte de la percepción errónea de que “hay hueco” en el mercado de crédito para todos, mientras EEUU y los grandes países acumulan casi toda la capacidad de mercado.

. Unas expectativas de fuentes de financiación internacional que no se cumplieron y solo han podido cubrirse parcialmente con inversores minoritarios locales.

. Un déficit primario -el déficit entre ingresos y gastos excluido el coste de la deuda- que no ha hecho más que crecer.

. Unas estimaciones de dinero a recibir por balanza fiscal del Estado que, incluso si se asumen como válidas, no cubren el agujero creciente de gastos corrientes. El problema es, por tanto, la acumulación de gastos y deuda previa y que, en cualquier caso, el inversor percibe esa cifra de déficit fiscal como exagerada, ya que no asume ningún coste por transferencias a la UE o por IVA al Estado. Además, de 2007 a 2011, la recaudación de impuestos del Estado en Cataluña se ha desplomado en un 35% mientras los gastos y subsidios pagados por el Estado en Cataluña se han incrementado.

. Los rescates a CatalunyaCaixa y Unnim (2.300 millones de euros) no se cuentan como un coste en el que hubiera incurrido la Comunidad.

Pero el verdadero problema, el meollo de la cuestión por la que los inversores no se lanzan a comprar bonos catalanes que dan una rentabilidad de casi el 12% a 2016, es que se ha probado desde 2004 que cualquier aumento de ingresos lo fagocita la administración y, por tanto, el riesgo de impago implícito es mayor al de sus empresas y su financiador, sea el Estado o Alemania.

Como me decía mi compañero de renta fija “un país que dobla sus gastos corrientes en cuatro años mientras bajan sus ingresos, o tiene petróleo, o tiene oro o no tiene mi dinero”.

El bono a 10 años de Cataluña tiene una prima de riesgo respecto a España de casi 600 puntos básicos y 1.100 puntos básicos con respecto a Alemania. Esa diferencia no la hace ni la dependencia de España, ni la balanza fiscal. La hace el deterioro de los gastos e ingresos y la acumulación de vencimientos muy por encima de la demanda institucional. Y es importante decirlo, es una de las comunidades autónomas con mejor estructura crediticia. Así que, imagínense el resto.

De hecho, si el inversor percibiese una oportunidad de arbitraje tan atractiva entre el estado español y el catalán -¡casi el doble!- como injustificada por fundamentales empezaría por cargarse hasta la mochila de bonos patrióticos. Cualquier hedge fund de arbitraje de crédito estaría cargado.

Ahora varios expertos nos dicen que la culpa es del “otro”. España culpa a Alemania, Cataluña culpa a Madrid, Andalucía culpa a los bancos, etc. Y mientras tanto, a base de revisiones a la baja del PIB pasado, de no cumplir en la ejecución presupuestaria y de seguir creyendo en el mantra del crédito eterno porque lo merecemos, hundimos el barco con la tripulación y el pasaje dentro.

En las Comunidades Autónomas y el Estado, cada euro recibido en ingresos adicionales, sea a través de impuestos, fondos estructurales o de trasferencias desde 2004, se ha convertido inexorablemente en un euro y diez céntimos de deuda. Es decir, lo que nos dan, lo gastamos… y más. Véanse las transferencias a las CCAA. Todo el dinero recibido se ha gastado, y, además, se ha ampliado el déficit primario de cada una de ellas. En 1993, las CCAA gestionaban un 20,1% del gasto público, hoy casi el 60%. Sin embargo, todas gastan muy por encima de sus posibilidades y de sus ingresos, tengan la actividad empresarial y económica que tengan. Aquí no hay Alabama ni estados pobres. Somos los Estados Unidos donde todo el mundo es Washington o California.

Esto nos lleva al comentario hecho por mi apreciado Xavi Sala i Martin, que dice que el problema del acceso a los mercados de deuda de las empresas españolas y de Cataluña es por culpa de España, y que si Cataluña fuera un país independiente “sería considerada una de las economías más sanas del mundo y los mercados financieros se pegarían por prestarle dinero”.

Me uno en este post a mi compañero de renta fija para darles una idea de cómo funcionan los mercados de deuda, porque es falso que la deuda sobre PIB y el déficit sean los indicadores que valoran los inversores para comprar deuda, y me viene a la mente las palabras que pronunció uno de los inversores británicos cuando el presidente de la Generalitat hizo la presentación de sus bonos en Londres. “If Catalonia was an independent country it would have the same access to credit as Andorra”.

Pero me sorprende aún más que, como inversor en renta fija y variable, me digan que a una Cataluña independiente “los mercados financieros se pegarían por prestarle dinero”. No es cierto, como se ha visto en país tras país “separado” desde Yugoslavia a la antigua URSS. O tienes materias primas en abundancia o el crédito se evapora hasta que se tengan años de experiencia como estado independiente.

Cuando invertimos en bonos, la deuda sobre PIB -que es un indicador inflado precisamente por la burbuja de gasto público y la inmobiliaria- no es relevante, lo que importa es la credibilidad institucional, la aceleración de los gastos comparados con los ingresos, la calidad de los mismos, el peso del gasto público, la estabilidad monetaria y el déficit o superávit primario.

Partamos de la base de que Cataluña cuenta con la credibilidad institucional, no tengamos polémicas estériles:
. Una Cataluña independiente sería una economía que depende en un 57% de España en sus “exportaciones”. De hecho, dado que el saldo de la balanza comercial con el exterior “no español” es negativa (importa más que exporta), la dependencia “crediticia” -el impacto sobre el riesgo de los bonos de la supuesta Cataluña independiente- no solo se vería afectado por el riesgo España de manera muy superior a lo que creen, sino que el coste de pertenecer al club europeo, que hoy en día no paga como Comunidad Autónoma, ampliaría su déficit. En recesión española, la Cataluña independiente también cotizaría de manera agresiva dicha recesión.

Es por eso que, a pesar de los enormes atractivos y excepcionales elementos positivos en Cataluña - economía dinámica, apertura al exterior- el inversor percibe como el mayor problema la propia estructura de un estado-comunidad que fagocitaría cualquier ingreso adicional como lo ha hecho desde 1996, haciendo los ratios de solvencia y de liquidez muy ajustados -y con ello su acceso a crédito-. De hecho, es precisamente el ratio de liquidez -incluso si asumimos esas balanzas fiscales debidas- el que asusta a los inversores. Porque el deterioro de ingresos, con la desindustrialización de la región hacia áreas mas competitivas y menos burocráticas, como Marruecos, va acompañado de unos gastos “que son el chocolate del loro”, que se perciben como intocables y que no tienen en cuenta que la economía de esa gran región es muy cíclica precisamente por su perfil exportador y de servicios.

Terminamos con un apunte al “impacto negativo de España” para la financiación de las grandes empresas. Dice que “la razón (de no tener acceso a crédito) no tiene que ver con el sector en el que operan o con el estado de su salud económica. La razón es pura y simplemente que son españolas”. Primero, no es cierto, hemos visto emisiones de deuda, desinversiones y acceso a híbridos por parte de varias de esas empresas, y todas cotizan con menos riesgo de impago que España o Cataluña. Lo hemos comentado en esta columna muchas veces, el endeudamiento medio de las empresas del Ibex es muy alto con respecto a sus comparables por la fiesta estratégica de adquisiciones a precio de oro, pero hemos visto en las empresas un ejercicio que no han llevado a cabo ni las comunidades autónomas, ni el Estado. Prudencia por parte de casi todas, reduciendo costes agresivamente, cercenando inversiones innecesarias, recortando dividendos, financiándose a muy largo plazo desde 2007 para evitar el “credit crunch”. Es decir, lo contrario de lo que ha hecho el Estado y las CCAA. Preservando la generación de caja como política esencial ante un futuro incierto, tanto en su negocio principal como, esto es muy importante, en sus “mercados de crecimiento”.

Es sorprendente que mi admirado Xavi tome como ejemplo de la mala influencia del Estado español a tres empresas casi monopolísticas en servicios nacionales, telefonía, gas natural y construcción-concesiones. Empresas estupendas, por descontado, que han financiado su expansión internacional con deuda –muchísima- que han podido acumular gracias a los ingresos espectaculares y grandes rentabilidades generadas en nuestro país -nada malo en ello-, que les permitieron disfrutar de mejores crecimientos que sus comparables, rentabilidades reguladas o concesiones muy atractivas -con pleno derecho- con un acceso a endeudamiento del que no hubieran podido disponer sin el apoyo de esos ingresos domésticos y del Estado, que las apoyaba ante aventuras estratégicas de alto riesgo y coste.

No se es empresa española para lo bueno y no para lo malo. Las grandes empresas, que disfrutan de una muy cómoda renta de posición en nuestro país, no sufren falta de crédito “por ser españolas”, es como decir que France Telecom, Veolia, EDP, Telecom Italia o Areva sufren por ser francesas, portuguesas o italianas y no por sus errores estratégicos de expansión a precio de oro y de endeudamiento.

Cataluña es una maravilla y se merece todo lo bueno que tiene y más. Y merece un rescate, y veinte si hacen falta. Tenemos unas “regiones-naciones-países-unidades de destino en lo universal” -como quieran llamarlas- maravillosas, con posibilidades inmensas. El problema era, es y seguirá siendo una estructura insostenible de administraciones duplicadas que fagocitan cualquier ingreso extra que llegue. Cada uno tiene derecho a reclamar independizarse por razones románticas, o lo que quiera, pero que no diga que los mercados se lanzarían a financiarle. Separadas, en otros cinco años tendríamos a la ciudad de Madrid queriéndose separar de Guadalajara, a Barcelona de Lleida, hasta la implosión final en la Argentinización de un país con un gasto político que no es asumible. Oportunidad de oro para cambiar y para unirnos en la solución, no separarnos en la debacle. Pero no echemos la culpa al otro. La solución la tenemos nosotros.

¿Por qué tanta urgencia en la liberación de Uribetxeberria?

Vicente A. C. M Periodista Digital 1 Septiembre 2012

¿Y quién es este juez José Luis Castro Antonio del Juzgado Central de Menores (con funciones de Vigilancia Penitenciaria)? Por lo pronto, alguien que se molestó en dejar sus vacaciones para retornar urgentemente a su juzgado para asumir el proceso de liberación del etarra Uribetxeberria Bolinaga, asesino de tres guardias civiles y torturador t secuestrador del funcionario de prisiones Ortega Lara. ¿Y por qué este juez acudió con tanta urgencia?¿Quién le dio la orden de regresar? Es indudable que aunque la enfermedad sea tan grave, unos días de retraso no habrían supuesto ningún perjuicio para el reo, ya que su enfermedad no está aún en fase terminal, sino con una estimación de supervivencia indefinida de aproximadamente un año.

Sigue siendo curioso el que el juez se haya convertido en un acérrimo defensor de unas tesis muy subjetivas que solo han buscado una sentencia favorable a la libertad condicional. Para ello, no ha dudado en dar por buenos unos informes del Hospital Universitario de "Donostia" - ni siquiera se refiere a él como de San Sebastián nombre en español de la ciudad donde se ubica y está el etarra siendo examinado. En él se dice que la supervivencia del 50% de los que padecen ese tipo de cáncer es de nueve meses y que solo el 10% llega al año. El informe médico del Centro Penitenciario de Álava, coincide con el de San Sebastián en la estimación de la supervivencia

En cuanto a las visitas, el juez se escuda en que la Ley le permite esas actuaciones e informarse de los propios facultativos del contenido de los informes, al declararse el juez lego en la materia. Esta actitud, aunque inusual demuestra que el juez ha querido cerrar cualquier tipo de resquicio sobre la subjetividad de su sentencia. Sin embargo, el concepto de "fase terminal" médicamente hablando no se corresponde con el estado actual asintomático del reo, ya que ese estado terminal requiere una degradación física y síntomas cercanos a la muerte eminente. Su estado puede calificarse de mal pronóstico, de extrema gravedad, pero nunca de fase terminal, ya que los tratamientos son de índole activa y no paliativa.

Por supuesto que nadie puede garantizar que ese deterioro no pueda comenzar de modo inmediato, o como se dice en el informe, una metástasis cerebelosa pueda provocar la muerte repentina y entramos en un concepto difuso de si es lícito mantener solo el tercer grado o, como ha dictado sentencia el juez Castro, libertad condicional. Mi postura no puede abstraerse de la persona juzgada y del mal que ha hecho a muchas familias por las que solo tiene una condena de 30 años con beneficios penitenciarios. Es una pena el que tenga esa enfermedad incurable, pero eso no le da derecho a eludir la prisión hasta que humanitariamente sea considerado por los facultativos de la prisión que debe ser tratado en otras dependencias.

En mi opinión, se ha tratado de un gesto político que ha querido ser aprovechado tanto por ETA y su brazo político, como por el Gobierno en un intento de impedir su politización. Un gesto político que viene avalado jurídicamente por una sentencia que no es objetiva y niega otras opiniones contrarias, aunque no puede impedir los recursos legales que seguro se interpondrán. ¡Independencia judicial ya!

S&P rebaja a «bono basura» a Cataluña por las tensiones del pacto fiscal

L. R. N. La Razón 1 Septiembre 2012

Barcelona- La agencia Standard and Poor’s (S&P) anunció ayer que rebaja la calificación crediticia a largo de plazo de Cataluña en dos escalones, desde un aprobado bajo (BBB-) al nivel de «bono basura», por las tensiones que cree que puede crear con el Estado su demanda de pacto fiscal. S&P sitúa a Cataluña en BB (el segundo escalón dentro del grado de especulación) con «perspectiva negativa» y avisa de que podría rebajar cuatro escalones más, hasta B –la cuarta peor nota del grado de especulación–, el «rating» de esta comunidad en caso de que vea que su acceso a los mecanismos de liquidez del Estado están «en peligro».

La agencia de calificación crediticia apunta que eso es algo que cree que podría ocurrir si «la petición de Cataluña para cambiar su marco institucional aumenta las tensiones con el Gobierno hasta un punto de ruptura», o bien, si no cumple con los objetivos de déficit público y ello «aviva el conflicto con el Gobierno». En una nota, la agencia menciona la propuesta de pacto fiscal de Cataluña para alertar de que «podría perjudicar la coordinación necesaria entre la Administración regional y la central para la buena ejecución de la ayuda financiera del Gobierno y debilitar la voluntad del Gobierno de dar su apoyo bajo ciertos escenarios».

El pasado 17 de mayo la agencia Moody’s ya degradó al nivel de «bono basura» la calificación de Cataluña, una comunidad que esta semana anunció que pediría prestados al Fondo de Liquidez 5.023 millones de euros para atender sus vencimientos de deuda y poder cumplir el déficit previsto. S&P considera que las tensiones entre Cataluña y el Gobierno español por conseguir un mejor modelo de financiación pueden tener un «potencial impacto negativo» respecto a la capacidad de Cataluña «para conseguir financiación externa». La nota subraya la dependencia de la Generalitat del Gobierno español para cubrir sus vencimientos de deuda y sentencia que esa situación y su «deteriorada» posición de liquidez plantean «incertidumbres» incompatibles con una calificación crediticia en grado de inversión.

La Nación en su hora crucial
S&P rebaja a bono basura a Cataluña por pedir la independencia fiscal
Toma la decisión porque prevé "tensiones" entre el Estado y la Generalitat
Europa Press www.lavozlibre.com 1 Septiembre 2012

Londres.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha rebajado en dos escalones la nota de solvencia a largo plazo de Cataluña, hasta 'BB' desde 'BBB-', lo que equivale a un grado especulativo o bono basura, ha informado la agencia, que mantiene una perspectiva negativa sobre la nota de la Comunidad, que esta semana solicitó acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

"La rebaja de Cataluña sigue las emergentes tensiones entre la región y el Gobierno central y el potencial impacto negativo que estas tensiones creemos que pueden tener en la capacidad de la región para captar financiación externa", ha explicado la firma. La calificadora de riesgos señala que Cataluña pidió el pasado 25 de julio que el Gobierno central modificara el marco financiero bajo el que opera, en alusión a la aprobación por parte del Parlament del pacto fiscal.

"Creemos que esta propuesta podría crear tensiones con el Gobierno, del que Cataluña depende crucialmente para acceder a liquidez, al menos durante los años 2012 y 2013", ha afirmado la agencia de rating. "En nuestra opinión, Cataluña continúa mostrando un débil perfil de crédito individual, con una deteriorada posición de liquidez y una elevada dependencia del apoyo del Gobierno central para cubrir vencimientos de deuda", resume.

De este modo, S&P apunta que la petición por parte de Cataluña de modificar aspectos institucionales y financieros "clave" de su relación con el Gobierno central genera incertidumbres que son incompatibles con una calificación dentro del grado de inversión. Concreta que la propuesta de cambiar el régimen de las finanzas públicas de Cataluña podría perjudicar a la coordinación necesaria entre la administración regional y la central para la buena ejecución de la ayuda financiera del gobierno central, y "debilitar la voluntad del Gobierno central de dar su apoyo bajo ciertos escenarios". Asimismo, expone que otro factor que puede "avivar el conflicto" entre Estado y Generalitat es si Cataluña no logra cumplir los objetivos de déficit.

PETICIÓN "DELICADA"
S&P expone que en el caso de que Cataluña lograra incrementar su participación en los ingresos nacionales --y dado que, debido a la recesión económica, estos ingresos se están contrayendo o estancando--, "los potenciales beneficios de la región irían en detrimento de otras regiones u otros niveles de gobierno". Por ello, piensa que la petición de Cataluña es "políticamente delicada y difícil de llevar a cabo" en el actual contexto económico en España. También cree que Cataluña ha adoptado una posición política firme con respecto a su solicitud en un momento en el que su propia capacidad de refinanciación se encuentra "altamente limitada", con vencimientos de deuda por 5.200 millones hasta finales de año y de 8.800 millones en 2013.

Con todo, S&P reconoce que esta situación "está en parte mitigada" por el apoyo de liquidez que el Gobierno central brinda a través del FLA, y prevé que este Fondo esté operativo a principios de septiembre, a la vez que confía en que los bancos españoles continuarán refinanciando la mayoría de sus créditos con Cataluña.

RECUPERACIÓN MEDIA DE EMISIONES
Ante estas argumentaciones, también ha rebajado la calificación de las emisiones de Cataluña desde 'BBB-' hasta 'BB', con un índice de recuperación de '4', lo que indica la expectativa de que habría una recuperación media (30%-50%) en caso de que se produjera el impago, lo que califica de "escenario meramente teórico". De todas formas, la agencia alerta de que si deja de percibir que Cataluña tendrá el apoyo del Gobierno para garantizar su liquidez y financiación, o el FLA no tiene los efectos esperados, podría rebajar la calificación crediticia de la comunidad autónoma a 'B-' o por debajo.


La gran metamorfosis del PP: de De Juana a Bolinaga

D. MARTÍNEZ www.gaceta.es 1 Septiembre 2012

El partido de Rajoy criticó con dureza al Gobierno socialista cuando concedió la prisión atenuada al etarra que asesinó a 25 personas. Ahora defiende la excarcelación del torturador de Ortega Lara por humanidad.

El PP de Mariano Rajoy se opuso ferozmente a la decisión del Gobierno socialista de conceder, el 1 de marzo de 2007, la prisión atenuada para el etarra José Ignacio de Juana Chaos, asesino de 25 personas, que se había declarado en huelga de hambre para exigir su excarcelación. Una posición que choca frontalmente con la defensa que los populares hacen ahora del tercer grado y la libertad condicional otorgados al secuestrador de Ortega Lara, enfermo de cáncer. El PP ha pasado de reclamar que los terroristas cumplan íntegras sus penas y se ilegalice a su brazo político a apoyar la excarcelación de Bolinaga y hacer la vista gorda con los batasunos.

Mariano Rajoy (1/3/2007)“ETA ha logrado doblegar al Gobierno”, que no estaba “de ninguna manera obligado" a conceder beneficios penitenciarios a De Juana.
Ángel Acebes (1/3/2007)Con su “decisión política y personal” de “mandar a casa” al etarra, Zapatero demuestra que “está metido hasta el cuello” en un proceso “indigno” de negociación.
Alberto Ruiz Gallardón (1/3/2007)“Es una decisión que debilita, y mucho, el discurso democrático de defensa de nuestra Constitución frente al terrorismo, un paso atrás extraordinariamente grave”.

Esperanza Aguirre (1/3/2007)
“Hoy es el día más triste para la democracia española desde el 23-F, (...) es una desgracia que Zapatero haya cedido al chantaje” del sanguinario terrorista.

Mariano Rajoy (2/3/2007)“Algunos creemos que no hay que negociar con ETA, que Batasuna no se puede presentar a las elecciones y que los terroristas deben cumplir íntegras las penas”.
Mariano Rajoy (3/3/2007)Conceder la prisión atenuada a De Juana es “cualquier cosa menos justo, ético, digno o inteligente, y decir que ha sido inteligente es burlarse de los ciudadanos”.

Leopoldo Barreda (6/3/2007)“No hay un precedente de un Gobierno que haya cedido al chantaje de un grupo terrorista”, el PSOE “necesita deformar la historia” para justificarlo.
Antonio Basagoiti (9/3/2007)Se trata de “una cesión inadmisible” que “humilla” a las víctimas, “doblega” al Estado, “daña a la democracia” y “ofende” a “todos los españoles”.

Mariano Rajoy (11/3/2007)“Queremos recuperar la España que no se rendía ante los terroristas, que no premiaba a los asesinos, que no menospreciaba a las víctimas”.
Leopoldo Barreda (31/8/2012)La excarcelación de Bolinaga es “coherente”, no se puede actuar “de forma arbitraria dependiendo de la simpatía o de la repugnancia que produzca un personaje”.
Esteban Glez. Pons (31/8/2012)El PP “respalda” a Interior en el ‘caso Bolinaga’ puesto que “la ley es lo que ha aplicado en primer lugar el Gobierno y, según su decisión, lo que ha aplicado el juez”.

"El Gobierno se equivoca"
"No se puede ceder a las presiones de los terroristas ajustándose a la ‘letra’ de la ley"
Alberto Lardiés. www.gaceta.es 1 Septiembre 2012

Inma Castilla de Cortázar, presidenta del Foro Ermua.

Tiene una voz insobornable y unos principios robustos. La presidenta del Foro Ermua, Inma Castilla de Cortázar, aborda sin tapujos la política antiterrorista del Gobierno, para muchos ya una deriva, así como otras cuestiones que preocupan y ocupan a los españoles.

-¿Qué opina sobre la decisión tomada en el ‘caso Bolinaga’?
-Se parece mucho a la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos atendida también por razones humanitarias. Esta decisión, en el actual contexto de consumación de la negociación con ETA, heredada del anterior Gobierno socialista, sólo se entiende desde la voluntad política de acceder a las pretensiones de ETA. Es un error ceder a las presiones de los terroristas ajustándose a “la letra” de la ley...: un cáncer avanzado siempre es “irreversible” –como también lo es una cirrosis–, lo que no es sinónimo de “terminal”. Si el tratamiento puede recibirse en la cárcel, la ley se cumple estrictamente sin aplicar privilegio alguno y el Estado –además de humanitario– se hace respetar y procura el verdadero arrepentimiento del terrorista, haciendo justicia. Un Gobierno se equivoca sólo con dar la apariencia de debilidad cediendo a las pretensiones de ETA, que recurre a la legalidad para burlarla, una y otra vez. El fondo de la cuestión es que es inaceptable que un terrorista, a las órdenes de ETA, con una huelga de hambre, se salga con la suya.

-Las víctimas están indignadas... ¿usted?
-Es desconsolador que el Partido Popular, teniendo una mayoría absoluta amplísima, se limite a gestionar un supuesto final de ETA que está acordado con ETA, como es a estas alturas obvio.

-El Foro Ermua se ha manifestado con contundencia contrario a la actual política penitenciaria del Gobierno…
-La vía Nanclares 2 del Gobierno del PP encubre impunidad. Es una continuación generosa de la que inició el Gobierno socialista como resultado de su negociación con ETA, negociación negada hasta la saciedad pero ejecutada implacablemente a lo largo de las dos legislaturas.

-Ustedes insisten una y otra vez en que la impunidad es demoledora…
-Eso es, la impunidad es perniciosa porque aborta toda posible reinserción, porque imposibilita el arrepentimiento. El espectáculo en torno al caso Bolinaga es un ejemplo de antología: un terrorista enfermo puede liderar una gresca mediática, a las órdenes de ETA, movilizando a 200 reclusos etarras en su huelga de hambre.

-¿Cómo explica las críticas al Gobierno por ceder ante la banda y que al mismo tiempo haya numerosas detenciones de etarras?
-La eficacia policial nunca ha sido incompatible con otro tipo de cesiones a ETA, desgraciadamente. El mandato de Pérez Rubalcaba y de su sucesor Camacho al frente de Interior es un inmejorable ejemplo, muy poco ejemplar, por cierto. El Gobierno ha heredado de los socialistas –en todos los órdenes– una penosísima situación, con una negociación con ETA casi irreversible. Rajoy pactó en 2008 dar continuidad a ese final acordado con ETA: un problema menos, a su juicio, y ahí incurrió en un grave error. Por eso no está haciendo la política antiterrorista ni penitenciaria de PP, sino la que ha heredado y acatado, sencillamente para gestionar ese final de ETA, que en modo alguno es la derrota de ETA, sino el asalto de ETA al poder. Esto no puede salir bien: a la vista está, y lo peor está por venir...

-El ‘lehendakari’ López ha convocado elecciones para el 21-O; sólo quedan 51 días, ¿preocupados?
-Patxi López representa un Gobierno Vasco que jamás fue una alternativa constitucionalista al nacionalismo, sino una farsa, una tapadera: un escudo eficaz para neutralizar cualquier oposición mientras ejecutaban la negociación con ETA hasta hacerla irreversible. Estamos preocupados, desde luego, pero la verdad es saludable aunque sea dolorosa. Se acabó la farsa.

-¿Qué opina de las encuestas que apuntan a una victoria mínima del PNV y el segundo puesto para EH Bildu en las próximas elecciones vascas?
-Es alta la probabilidad de que tras las elecciones se constituya un frente nacionalista (PNV-ETA-Sortu-Bildu…) que plantearía muchos problemas a un Estado débil, con unas instituciones que han sido desprestigiadas en extremo en las dos legislaturas de Zapatero, y que el PP no logrará reforzar si todo lo pretende pactar con Rubalcaba: así no hay regeneración posible. Pero tras las elecciones el posible Gobierno Amaiur-Sortu-Bildu (ETA y sus aledaños) con el PSE es la combinación buscada y deseada por los unos (ETA) y por los otros (PSOE-PSE): pregúntenselo a Jesús Eguiguren. Me temo que tienen muchas opciones: sería ridículo que el PSOE hubiera hecho la campaña a Bildu y Amaiur, después de procurarles la legalización, para no tener una estrategia de este tipo. Por otra parte es evidente: no hay más que revisar los mensajes de Patxi López en la campaña de las Autonómicas de 2009. Esta posibilidad es la que abrió extraordinarias expectativas a ETA por la vía de la legalidad, mirándose en el espejo del tripartito catalán y el éxito de su estrategia en Cataluña con el Pacto de Perpiñán en diciembre de 2003. Una tercera posibilidad es que el PP apoye al PNV: esta es una combinación improbable (por el PNV) que cronificaría todos los problemas que arrastra nuestra democracia desde la Transición.

-Si el PNV es un problema, pactar con Rubalcaba también; ¿qué puede hacer el Gobierno?
-¡Rajoy debería liderar el constitucionalismo!, afrontar valientemente las reformas que son necesarias, urgentes, no sólo en materia económica. Tiene una mayoría absoluta amplísima para eso, entendiéndose con todos los que mantengan la sensatez: UPyD, CC, Foro Asturias, Ciudadanos… ¿Es mucho pedirle?: es más difícil lo que está intentando, que está abocado al fracaso. Buscando consensos con Pérez Rubalcaba y los nacionalistas no hay regeneración posible.

-¿Ustedes mantienen la esperanza…?
-Desde luego, la esperanza contra toda esperanza… Nosotros compartimos aquella célebre frase de Michel Quint en Los jardines de la memoria en homenaje a su padre, miembro de la resistencia francesa: “Sin verdad, ¿cómo puede haber esperanza?” Pues, eso… El gran problema es la confusión: la gran mentira establecida después de la doble legislatura de Zapatero, que –por cierto– empezó con el 11-M. Después del desbarajuste de las autonómicas vascas todo va estar mucho más claro.

En contra de la libertad de bolinaga
El fiscal desmonta el auto de libertad de Bolinaga: errores y precedentes falsos
La Fiscalía ve motivos para recurrir. Aún más, considera que el auto del juez Castro está repleto de errores. Llega a citar precedentes falsos.
Libertad Digital 1 Septiembre 2012

La Fiscalía de la Audiencia Nacional es demoledora en su primer análisis del auto del juez Castro que permite la puesta en libertad del etarra Bolinaga: se aplica mal el artículo clave, cita precedentes falsos e incurre en nulidad al ocultar su viaje a San Sebastián. Una chapuza judicial que llena de motivos al fiscal para recurrir, lo que paralizaría que el sanguinario miembro de ETA pudiera salir a la calle.

El juez Castro habría cometido varios y graves errores, según la Fiscalía. Para empezar, el Ministerio Público ve probado que el magistrado de Vigilancia Penitenciaria confunde los preceptos que deben aplicarse al caso, derrumbado de esta forma todos los argumentos a los que se acogía, según desvela el diario El Mundo.

En concreto, la Fiscalía entiende que no hizo un uso adecuado del artículo 92 del Código Penal, que regula los casos de libertades condicionales a través de tres preceptos. Para el juez Castro, Bolinaga encaja en el apartado de "enfermos graves con padecimientos incurables" y esto le permite el salvoconducto. El fiscal discrepa y asegura que en el caso de los etarras se les exige arrepentimiento; extremo que no se cumple. Considera un "grave error" que el magistrado entienda que basta con apreciar dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad.

El fiscal afirma, de igual forma, que los precedentes utilizados por el juez son incorrectos. De Castro expone en su texto que en dos ocasiones –con Mikel Ibáñez Oteiza y Sergio Pérez Fuertes- la Fiscalía permitió la libertad de eterras sin que se cumpliera el requisito de arrepentimiento. Algo que es falso, según le corrige el Ministerio Fiscal, ya que se trataba de enfermos terminales o en patente peligro para su vida. Este extremo no es, en todo caso, motivo de revocación.

Por último, pero no menos importante, la Fiscalía critica duramente que el magistrado se marchara a San Sebastián sin informarle de ello, informa el citado rotativo. Una actuación que podría ser motivo para reclamar, incluso, la nulidad del auto de libertad condicional.

Así las cosas y si nada cambia, la Fiscalía estaría decidida a interponer el recurso; dispone de cinco días desde la notificación del auto. Si da este paso, reclamado por las víctimas del terrorismo desde el momento que se supo la excarcelación, sería la Sección Primera, presidida por el juez Fernando Grande Marlaska, la encargada de tomar la última decisión.

Terror y libertad
Charles Manson, no; Uribetxebarria Bolinaga, sí
Santiago Navajas Libertad Digital 1 Septiembre 2012

Hace unos meses, a Charles Manson le negaban la libertad condicional. Josu Uribetxebarria Bolinaga tendrá más suerte. En un primer momento, y salvando la distancia que separa a regímenes legales, políticos y morales tan diferentes como los de Estados Unidos y España, sostuve que podríamos establecer algunas consideraciones generales que justificarían tanto el no a Manson como el sí a al etarra.

Ambos son criminales que actuaron con crueldad y sadismo aberrantes. Ambos no han manifestado el menor arrepentimiento intelectual o emocional respecto del dolor que han causado, ni siquiera han insinuado que no volverían a hacer lo que hicieron. Ambos forman parte de una secta asesina en serie inspirada en una filosofía ultraviolenta. Ambos se consideran presos políticos porque sostienen que los Estados en que viven son dictatoriales y represivos. Ambos suponen una amenaza objetiva de reincidencia. Pero en EEUU a Manson le negaron la condicional y en España se la acaban de dar a Bolinaga.

En un primer momento me manifesté, contra viento y marea en mi entorno más cercano, a favor de la excarcelación del etarra. Había dos factores fundamentales. En primer lugar, un motivo humanitario: un informe médico del hospital que lo trataba pronostica un desenlace fatal y próximo, en un plazo inferior a un año con casi total probabilidad. Nosotros, los demócratas, no somos secuestradores como ellos, ni en el ámbito jurídico-político, ya que nos guiamos por el principio de legalidad, ni si nos atenemos a la vertiente moral de la expresión, ya que controlamos nuestros instintos básicos de venganza y crueldad hacia los que nos han hecho daño recurriendo a criterios racionales de justicia y castigo, castigo por lo demás encaminado también a la rehabilitación.

Por otro lado, la secta mafiosa a la que pertenece Uribetxebarria Bolinaga está en trance de disolución, por lo que su peligrosidad queda atenuada: fuera de ella no es nadie. En consecuencia, el humanitarismo en el que se basa nuestro sistema penal hacía que fuese correcta su excarcelación.

Sin embargo, dos noticias me hicieron cambiar de opinión (como aconsejan Keynes y Popper cuando cambian los hechos), ya que comprobé que la excarcelación del etarra estaba organizada siguiendo el guión de una farsa médico-política. Por un lado, el informe forense de la propia Audiencia –respaldado por una firma, no como el del hospital, de cuyo anónimo autor podemos razonablemente sospechar que está influido por la atmósfera de intimidación social que todavía se respira en el País Vasco– negaba que el etarra no pudiese ser tratado en la cárcel de una enfermedad que aún no era terminal. Por otro lado, las declaraciones de la candidata a lehendakari por parte de Bildu (y anterior miembro de Herri Batasuna) Laura Mintegi en las que se atrevía a poner condiciones para que la "paz" de ETA sea "permanente" y calificaba a Arnaldo Otegui como "preso político" (está condenado por "enaltecimiento del terrorismo"; es decir, que Mintegi implícitamente admite que considera que el terrorismo es una actividad política) nos muestran que, además de seguir con las armas en la mano, la secta asesina de filosofía ultraviolenta, en su delirante mezcla de nacionalismo racista y marxismo clasista, sigue operando bajo una máscara de sonrisas y discursos políticamente correctos.

Podemos, ¡debemos!, ser humanitarios con quienes no lo han sido. Pero no podemos, ¡no debemos!, caer en las trampas emocionales, la demagogia política y los torticeros cambalaches –paz a cambio de justicia y libertad– con que nos chantajean nuestros patrios Charles Manson, amparados en las 9 mm Parabellum que siguen apuntándonos como Damocles contemporáneas.

cineypolitica.blogspot.com.es

Elecciones en Galicia
Rubalcaba: "Apoyar a los socialistas es apoyar a la lengua gallega"
El candidato socialista se ha comprometido a eliminar el decreto sobre el gallego aprobado por Feijóo.
Libertad Digital 1 Septiembre 2012

"No sabéis lo que siento no poder seguir hablando en gallego", sostenía un entregado Alfredo Pérez Rubalcaba en el inicio de su intervención durante el inicio de la precampaña socialista de las elecciones en Galicia.

"Cuidad vuestra lengua, es un tesoro y una riqueza para Galicia y el resto de España. Apoyar a los socialistas es también apoyar la lengua gallega", sentenció. Y es que una de las promesas electorales del ya elegido candidato del PSOE a presidir la Xunta, Pachi Vázquez, es cargarse el decreto sobre el gallego aprobado por el gobierno de Núñez Feijóo que establece el modelo trilingüe en la escuela, combinando el gallego, castellano e inglés.

El secretario general de los socialistas no ha querido dar "consejos" al candidato Vázquez. Sólo una "reflexión", ha dicho. "Cuando gobiernes, Pachi, lo más importante, lo que nunca te puedes quitar de la cabeza es que eres defensor de los intereses de los gallegos; por encima de todo, también por encima de los intereses de tu partido".

Rub Al Caba y faisán al horno
Nota del Editor 1 Septiembre 2012

Con la caída del muro de Berlín, la desmembración de la URSS, lo que ven los que visitan Cuba, y lo que ocurre en todos los países "socialistas", está claro que el PSOE debería desaparecer, previa devolución del dinero y confesón de parte.

Que venga un tipo, del PSOE, aun peor, del gobierno del Zapa, diciendo estas tonterías y que haya quien le escuche, dice poco a favor de España, o peor, dice mucho y muy malo de España.

Los idiomas regionales son un mecanismo de exclusión, de gasto, de ruina y lo único que puede hacerse es derogar todas sus leyes, y junto con el desmantelamiento del tinglado autonómico son las dos medidas que culquier gobierno con un mínimo sentido de la realidad debería haber tomado ya.
 



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