AGLI Recortes de Prensa   Domingo 9 Septiembre 2012

El rescate autonómico
El Editorial La Razón 9 Septiembre 2012

La profundidad y extensión de la crisis son de tal magnitud que han obligado a revisar no sólo el marco laboral y financiero que regían nuestra economía, sino también el funcionamiento de las instituciones.

Lo que hasta ayer mismo parecía inamovible o intocable ahora se muestra como ineficiente y obsoleto, cuando no innecesario. Es el caso de la organización autonómica del Estado, que tras treinta años de rodadura da síntomas de agotamiento y presenta abundantes grietas en su estructura. Las dudas razonables que existen sobre la capacidad de las comunidades para cumplir este año con el déficit del 1,5% han acentuado la necesidad de replantear la coordinación de las distintas administraciones, que con el paso del tiempo han incurrido en duplicidades, gigantismo burocrático y despilfarro. No es una mera impresión subjetiva ni algo que preocupe sólo a los españoles. Bruselas y el BCE, entre otros organismos europeos, vienen alertando de modo insistente sobre la deriva ruinosa de las autonomías.

Pero en vano, según parece. Pese a que el Gobierno de Rajoy ha emprendido un riguroso plan de ajuste que involucra a todos, la reacción de varias comunidades ha sido de indisciplina y cierto caos, como en la cuestión sanitaria, la subida del IVA, la paga extra de los funcionarios y los recortes de personal docente. El resultado es un lamentable espectáculo de que aquí cada cual va a su bola y nadie cumple sus compromisos. En efecto, los últimos datos de Contabilidad Nacional, publicados a finales de agosto, revelan que, mientras las familias están reduciendo drásticamente sus gastos, las administraciones apenas sí los han bajado en un 0,7%, es decir, que siguen gastando como si no pasara nada.

De ahí que los analistas hayan alertado de que la gran mayoría de los gobiernos autonómicos no podrán cumplir con el objetivo de déficit porque no están haciendo todo lo posible para lograrlo. Y los menos responsables son los que más protestan contra las reformas de Rajoy, aunque luego sean los primeros en pedir anticipos o solicitar rescates. Por tanto, así como España tendrá que aceptar las estrictas condiciones europeas para acceder a la línea de crédito del BCE, también las comunidades deberán someterse a las condiciones fiscales y presupuestarias que ha fijado el Gobierno de la nación para contar con su apoyo financiero.

Y eso implica un giro radical en el modo de gestionar y de gastar, pero también de legislar en aras de una mayor racionalidad y eficiencia, optimizando los recursos y coordinándose mejor con los ayuntamientos, las diputaciones y el Estado. A este último le corresponde garantizar la unidad de mercado, seriamente deteriorada por la bulimia legislativa de las autonomías que han creado una selva de normas disuasoria para los inversores y ruinosa para el comercio.

Una tarea ímproba
EDITORIAL El Correo 9 Septiembre 2012

Es preciso cambiar el diseño de la Unión Económica en profundidad y con rapidez

El anuncio del Banco Central Europeo de que intervendrá para hacer más sostenible la deuda pública en varios países de la eurozona no es la solución de la crisis del euro. Es una buena noticia, que añade un tiempo precioso para tomar las medidas necesarias en el plano europeo y en el plano nacional. Del mismo modo, el próximo rescate europeo de la economía española supondrá una financiación favorable muy oportuna y conveniente, eso sí, sujeta a estrictas condiciones y con una vigilancia europea y del Fondo Monetario Internacional para asegurar su cumplimiento.

El problema de fondo español es que llevamos cinco años sin ingresos suficientes para atajar el déficit y el crecimiento continuo de los niveles de deuda pública y la subida de impuestos y de gasto público impiden el crecimiento. La solución es reducir en serio este gasto público y adoptar medidas para que la financiación llegue a los sectores productivos. Las importantes acciones reformistas del Gobierno en estos nueve meses no son suficientes. No se ha adelgazado lo necesario las administraciones públicas en sus tres niveles, local, autonómico y estatal, con decisiones valientes que limiten de forma permanente y no coyuntural el gasto. Del mismo modo, más allá de los anuncios bienintencionados, no se ha facilitado de forma suficiente la actividad empresarial y, por lo tanto, la creación de empleos.

El problema europeo no es de menor calado. El diseño de la Unión Económica y Monetaria ha resultado fallido y es preciso cambiarlo en profundidad y con rapidez. Alemania, sin embargo, prefiere ir poco a poco y le cuesta mucho aceptar un planteamiento en el que haya un verdadero Banco Central Europeo y una unión fiscal que garantice una solidaridad permanente en la eurozona. Otros países (Francia, por ejemplo) también tienen resistencias a una transferencia de poder masiva a Bruselas, por la disciplina fiscal que impondrían las instituciones comunitarias. El tiempo comprado esta semana para salvar la moneda única y salir de una crisis combinada de deuda, bancos y crecimiento no es ilimitado. Se necesitan grandes pactos europeos y nacionales para adoptar cuanto antes las medidas que permitan a España y a la UE llegar a buen puerto.

Buscando las cosquillas
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 9 Septiembre 2012

Hemos creado un monstruo que devora recursos y destruye la unidad de mercado.

La presidenta de Castilla-La Mancha ha propuesto reducir a la mitad el número de escaños de las Cortes de dicha Comunidad, así como sustituir el actual sistema de remuneración de sus diputados por otro en el que no cobren un sueldo, sino que sólo perciban dietas de asistencia. Esta reforma abarataría sin duda considerablemente el coste de la asamblea parlamentaria castellano-manchega, por lo que debe ser bienvenida en la medida que demuestra la voluntad de ahorro de su máxima autoridad en estos tiempos de escasez.

Ahora bien, una vez expresada la lógica satisfacción por una iniciativa a favor de la austeridad, surgen algunas preguntas relevantes para las que naturalmente su impulsora tendrá cumplida respuesta. La primera es por qué suprimir el cincuenta por ciento de representantes y no, ya puestos, el sesenta o el setenta y cinco, sin olvidar que una aplicación correcta del método inductivo nos llevaría a la conclusión de que en realidad la que es superflua es la misma institución que la presidenta quiere jibarizar. La segunda estriba en el hecho de que el abultado déficit de Castilla-La Mancha tiene su origen, al igual que el de otras Comunidades, en su exagerado número de entidades públicas inútiles y de organismos prescindibles, en su televisión, en sus superfluas representaciones en el exterior y en su inflada nómina de asalariados no funcionarios. Se supone que en todos estos ámbitos su presidenta impulsará rápidamente podas asimismo drásticas.

El problema del Estado autonómico no se soluciona empequeñeciendo una estructura inflada, disfuncional e ineficiente, requiere un cambio completo de esa estructura. Hemos creado un monstruo que devora recursos, destruye la unidad de mercado y da alas a los secesionistas. Acabemos de una vez con él en lugar de hacerle cosquillas.

Tras el desafío Cospedal: ¿Menos políticos y mejor pagados?
Jose A. Vara www.vozpopuli.com 9 Septiembre 2012

La clase política está desprestigiada. Pero este rechazo no es de ahora ni de aquí. Por ejemplo Dickens clasificaba ya a los políticos dentro de la subespecie del "conseguidor". Una variante británica de aquel "Colócanos a tós" tan cañí que le coreaban a Felipe González. Así lo dejó dicho Dickens en sus "Relatos londinenses": "Me río del Ayuntamiento y de su alcalde, una de las más poderosas tomaduras de pelo de hoy en día. ¿Qué sabía yo entonces de la multitud permanentemente desengañada de la ciudad? ¿Qué sabía yo entonces de aquella maravillosa persona, el bienhechor de la ciudad, que iba a hacer tantas cosas para tanta gente, que iba a colocar a Fulano en un puesto aquí y a Mengano en un puesto allá; que iba a mantener al hijo de aquel y a darle un suelo al hijo de este otro y sin embargo nunca hace nada de lo que tantos esperan de él? En suma, un falsario.

También los escritores españoles han aguijoneado con fruición a la clase política. Josep Pla, que pergeñó esa obra cumbre, "El advenimiento de la República", solía evitarlos. "El nivel medio del político en el mundo es muy bajo, pero contiene cierto sentido común, el de no molestar a los demás ni ocasionarles más sufrimientos de los que ya tienen". Hombre bondadoso el escritor de Llofriu. Ya que son torpes, al menos no molestan. En Castilla, Azorín escribió en ABC sobre el "político utilitario", perfil muy contemporáneo. "Sólo se mueve por su bienestar, sin más guía ni propósito que su provecho y engrandecimiento". Y hablaba del Congreso como "un lugar de mentiras y convencionalismos"

Cantidad y ¿calidad?
Esto ya se acerca más a lo que piensa la sociedad española sobre los polítcos, si nos atenemos al barómetro del CIS, tan mentado. Tercer escalón en el rating de las preocupaciones nacionales. Algo deben estar haciendo mal. Para empezar, que son muchos, si incluímos en la nómina, quizás injustamente, a los miles de concejales que se afanan por la geografía patria en velar por los problemas de sus pequeños pueblos. Tres veces más que en Alemania, menudo parque.

De ahí el entusiasmo que despiertan todas las iniciativas impulsadas últimamente para limitar su número. Esperanza Aguirre abrió hace semanas la veda al proponer una rebaja de 129 a 65 el número de diputados de su Comunidad. UPyD está también en esta línea. La última en subirse al carro ha sido la presidente de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, que ha ido un paso más allá. No sólo hay que reducir los diputados a la mitad, sino que además tienen que prescindir del suelo. ¿No tienen todos sus ingresos particulares? Pues que se olviden de la soldada pública.

Importante ahorro
Enorme revuelo. La clase política se ha removido en su escaño. Lo de reducir diputados, quizás, pero ¡lo del salario!. "Sólo podrán dedicarse a la política los ricos". "Es apostar por el amateurismo político". "Si no cobran, ya nadie podrá exigirles esfuerzo y dedicación". Y así la retahíla. Pocos hablan de que en tiempos de crisis hay que hacer esfuerzos especiales. O de lo que hay que hablar. De que si los propios políticos plantean que son demasiados, algo de cierto hay.

Pero el tema no es el número o el sueldo, sino, el primer lugar, la calidad. Es verdad establecida que el nivel medio de nuestros representantes públicos es manifiestamente mejorable. De modo que, menos políticos, mejores, pero bien pagados. Y el asunto de mayor calado: ¿Hacen falta tantos diputados autonómicos? E incluso, ¿hacen falta tantos parlamentos autonómicos? En nuestros 17 mini-estados que son las comunidades, tenemos otros tantos parlamentos con un total de 1.218 diputados que nos cuestan 65 millones de euros sin contar dietas o complementos. El recorte de Cospedal los dejaría en 609 con un ahorro de más de 30 millones de euros. No está mal. Y si además no cobraran...

Pero recortar escaños es empezar la casa por el tejado. Lo urgente, lo perentorio, lo inexcusable es jibarizar nuestro Estado autonómico, hipertrofiado, elefantiásico y, lamentablemente, muy poco eficaz. Un agujero de gasto en momentos de angustias económicas. Algo inviable financieramente, como estamos comprobando estos días en los que los presidentes de cada Comunidad hacen cola ante la ventanilla de Montoro para recibir anticipos, suvenciones y rescates que el Estado no tiene. Angela Merkel, con suavidad, también se lo recordó a Mariano Rajoy en Madrid al referirse a las necesarias reformas "en todos los niveles de las administraciones".

Sí, es una cantinela que empieza a sonar muy gastada pero, si se atienden los mensajes del ahora simpático Draghi, se confirma que en ese territorio está casi todo por hacer. Y habrá que hacerlo. Hay muchos políticos, sea. Pero existen porque tienen demasiadas administraciones en las que aposentarse. He ahí el origen del mal. En cuanto se crea una instancia pública, del tipo que sea, se llena enseguida de políticos tediosos y codiciosos.

Estado S.A. La Caja B de la Administración Pública
Luis Del Pino http://www.libremercado.com 9 Septiembre 2012

Los datos básicos

Los desequilibrios de nuestras cuentas públicas nacionales y regionales, además de alimentar los cada vez más insistentes rumores sobre un rescate de España, han puesto sobre la mesa el debate de la financiación regional, de los desequilibrios entre comunidades autónomas y de la propia viabilidad del sistema autonómico, así que quizá merezca la pena echar un vistazo a esas cuentas regionales y ver en qué situación nos encontramos.

En estos momentos, las Comunidades Autónomas manejan en España unos presupuestos anuales totales de 174.519 millones de euros, más de tres veces el agujero detectado en el sistema financiero española. La Tabla 1 muestra los datos básicos de cada comunidad: población, presupuesto y Producto Interior Bruto (PIB). Todos los datos están referidos a 2011.

TABLA 1: Datos básicos de las distintas comunidades autónomas.

  POBLACION PRESUPUESTO (M€) PIB (M€)
Andalucía 8.424.102 31.682 145.451
Aragón 1.346.293 5.294 34.098
Asturias 1.081.487 4.360 23.175
Baleares 1.113.114 3.396 26.859
Canarias 2.126.769 7.015 41.732
Cantabria 593.121 2.398 13.289
Castilla-La Mancha 2.115.334 8.612 37.978
Castilla-León 2.558.463 10.045 57.490
Cataluña 7.539.618 32.886 200.323
Extremadura 1.109.367 5.191 17.491
Galicia 2.795.422 9.708 57.677
Madrid 6.489.680 18.768 189.431
Murcia 1.470.069 4.918 28.169
Navarra 642.051 4.188 18.726
País Vasco 2.184.606 10.567 66.575
Rioja 322.955 1.263 8.171
Valencia 5.117.190 14.228 102.941
TOTAL 47.029.641 174.519 1.069.576

¿Quién maneja más presupuesto?

Si calculamos el presupuesto por habitante y el PIB per cápita de cada comunidad, nos encontramos con algunos resultados sorprendentes:

TABLA 2: Presupuesto per cápita y PIB per cápita

  PRESUPUESTO POR HABITANTE PIB PER CAPITA
Navarra 6.523 29.165
País Vasco 4.837 30.474
Extremadura 4.678 15.766
Cataluña 4.361 26.569
Castilla-La Mancha 4.071 17.953
Cantabria 4.043 22.405
Asturias 4.031 21.428
Aragón 3.931 25.327
Castilla-León 3.926 22.470
Rioja 3.911 25.300
Andalucía 3.760 17.266
Galicia 3.472 20.632
Murcia 3.345 19.161
Canarias 3.298 19.622
Baleares 3.050 24.129
Madrid 2.892 29.189
Valencia 2.780 20.116
  • Lo primero que llama la atención es la escandalosa diferencia entre las comunidades que disponen de más dinero por habitante y las que menos. En concreto, Navarra dispone de un presupuesto por habitante que es más del doble que el de Madrid o Valencia, mientras que el presupuesto por habitante del País Vasco es un 70% superior al de las dos comunidades menos dotadas presupuestariamente. Evidentemente, eso es consecuencia de la existencia del mecanismo de cupo en País Vasco y Navarra, que en la práctica se traduce en que todas las demás regiones españolas transfieren ingentes cantidades de dinero a esas dos comunidades.
  • El segundo dato llamativo es el referido a Cataluña. Lejos de manejar un presupuesto más restringido que otras regiones, Cataluña es la cuarta región española que más gasta por habitante. Tan solo la superan las dos comunidades que cuentan con el sistema de cupo (País Vasco y Navarra) y Extremadura. En contra del tópico, Andalucía no es de las comunidades mejor dotadas presupuestariamente: se encuentra en mitad de la tabla y maneja, por ejemplo, un presupuesto por habitante que es un 15% inferior al de Cataluña.
  • Llama la atención el caso de Madrid, que siendo la segunda región más rica (por detrás del País Vasco, cuya riqueza se infla artificialmente gracias al cupo) es, sin embargo, la penúltima en cuanto a presupuesto por habitante.
  • Finalmente, llama también la atención la escasa correlación entre la riqueza que cada región aporta al conjunto de la nación (su PIB per cápita) y el presupuesto por habitante que esa región maneja. A la luz de los datos, el sistema actual de financiación no parece estar asentado en ningún criterio lógico.

¿A qué dedican el presupuesto las comunidades?

Ante el debate sobre la posible eliminación o reducción del estado autonómico, desde distintas instancias se insiste de forma machacona en una idea: que la mayor parte del gasto autonómico es gasto social y que, por tanto, no solo no es posible reducir el gasto autonómico, sino que hacerlo equivaldría a recortar el estado del bienestar. ¿Hasta qué punto es cierta esa consigna?

En la tabla siguiente se muestra el presupuesto que cada comunidad dedica a Educación y a Sanidad (las otras dos grandes categorías de gasto social - pensiones y desempleo - corren a cargo del Estado).

TABLA 3 Gasto en Educación y Sanidad de cada comunidad autónoma

  PRESUP EDUCACION (M€) PRESUP SANIDAD (M€)
Andalucía 7039 9332
Aragón 1005 1835
Asturias 783 1541
Baleares 802 1176
Canarias 1591 2527
Cantabria 513 729
Castilla-La Mancha 1963 2692
Castilla-León 2041 3431
Cataluña 5749 9167
Extremadura 977 1539
Galicia 2252 3498
Madrid 4481 7069
Murcia 1381 1969
Navarra 643 963
País Vasco 2699 3406
Rioja 234 429
Valencia 4236 5500

Con esos datos, resulta que el total invertido por las comunidades autónomas en Educación y Sanidad es de 95.192 millones de euros, lo que equivale al 55% del presupuesto total manejado por las comunidades. En otras palabras: un 45% del gasto de las comunidades autónomas no tiene nada que ver ni con Sanidad, ni con Educación. Y en realidad estamos siendo generosos en los cálculos, porque parte del presupuesto teóricamente dedicado a Educación y Sanidad enmascara, en la práctica, gastos que nada tienen que ver con mejorar la calidad de la enseñanza o de la asistencia sanitaria.

El porcentaje del presupuesto dedicado a Sanidad y Educación varía enormemente de una comunidad a otra, lo que nos da idea de en cuáles comunidades el gasto "social" es más prioritario.

TABLA 4: Porcentaje del gasto sanitario y de educación sobre el total del presupuesto

Valencia 68%
Murcia 68%
Madrid 62%
Galicia 59%
Canarias 59%
Baleares 58%
País Vasco 58%
Castilla-León 54%
Castilla-La Mancha 54%
Aragón 54%
Asturias 53%
Rioja 52%
Cantabria 52%
Andalucía 52%
Extremadura 48%
Cataluña 45%
Navarra 38%

Pero lo más interesante es comparar la cantidad por habitante invertida por cada comunidad en cada uno de estos dos conceptos.

TABLA 5: Gasto en Educación por habitante

  GASTO EDUCATIVO POR HABITANTE (€)
País Vasco 1235
Navarra 1001
Murcia 939
Castilla-La Mancha 927
Extremadura 880
Cantabria 864
Andalucía 835
Valencia 827
Galicia 805
Castilla-León 797
Cataluña 762
Canarias 748
Aragón 746
Asturias 724
Rioja 724
Baleares 720
Madrid 690

TABLA 6: Gasto en Sanidad por habitante

  GASTO SANITARIO POR HABITANTE (€)
País Vasco 1559
Navarra 1499
Asturias 1424
Extremadura 1387
Aragón 1363
Castilla-León 1341
Murcia 1339
Rioja 1328
Castilla-La Mancha 1272
Galicia 1251
Cantabria 1229
Cataluña 1215
Canarias 1188
Andalucía 1107
Madrid 1089
Valencia 1074
Baleares 1056

Podemos hacer varias observaciones sobre los datos de estas tablas:

  • La disparidad entre comunidades es enorme. Obviamente existen factores objetivos (dispersión de la población, pirámide de edad, ...) que influyen en el dinero que una comunidad tiene que gastar en Sanidad o Educación, pero la disparidad es demasiado alta como para poder ser atribuible en exclusiva a esos factores. Por ejemplo: las cinco comunidades con menor porcentaje de población de treinta años (Asturias, Cantabria, Castilla-León, Galicia y País Vasco) aparecen muy dispersas en la tabla de gasto educativo por habitante.
  • De nuevo, son las comunidades que cuentan con cupo (País Vasco y Navarra) las que más se permiten gastar en Sanidad y Educación, gracias a la aportación de dinero procedente de otras regiones españolas.
  • Madrid es la comunidad con menor gasto educativo por habitante y una de las que menos gasta en Sanidad por habitante. Sin embargo, la calidad de los servicios sanitarios y educativos de Madrid es significativamente superior a la de muchas otras comunidades. Eso indica una de dos cosas: o bien las ineficiencias de gestión en algunas comunidades son altísimas, o bien algunas comunidades incluyen en sus cifras de gasto sanitario y educativo cosas que nada tienen que ver con mejorar la calidad de la enseñanza o de la atención sanitaria.

¿Cuánto nos cuestan los empleados de la administración?

La tabla siguiente muestra cuánto gasta cada autonomía en personal (funcionarios, contratados laborales, altos cargos, ...). Como vemos, el gasto total de personal de las 17 autonomías en un solo año supera el agujero completo de nuestro sistema bancario.

TABLA 7: Gastos de personal de cada autonomía

  PERSONAL (M€)
Andalucía 9766
Aragón 2032
Asturias 1569
Baleares 1076
Canarias 2738
Cantabria 830
Castilla-La Mancha 2896
Castilla-León 3532
Cataluña 7313
Extremadura 1782
Galicia 3616
Madrid 6297
Murcia 1141
Navarra 1145
País Vasco 1957
Rioja 423
Valencia 5371
TOTAL 53482

El agujero negro del fomento del empleo

Si hay una categoría que llama la atención en los presupuestos de las comunidades es la de fomento del empleo. La cobertura de desempleo corre a cargo del Estado, pero las comunidades gastan ingentes cantidades de dinero en las llamadas políticas activas de empleo, teóricamente destinadas a conseguir que existan más puestos de trabajo. Observemos la tabla siguiente:

TABLA 8: Gasto en políticas activas de empleo, por comunidades

 

FOMENTO EMPLEO (M€)

GASTO POR HABITANTE (€)

PORCENTAJE PARO
Extremadura 237 213 33,4
País Vasco 419 191 14,6
Canarias 324 152 33,1
Navarra 91 141 16,4
Castilla-La Mancha 297 140 28,7
Andalucía 1.139 135 33,9
Asturias 145 134 21,0
Galicia 326 116 21,1
Castilla-León 294 114 19,8
Cantabria 67 112 17,4
Aragón 143 106 18,6
Cataluña 797 105 22,0
Valencia 494 96 27,1
Rioja 29 89 22,7
Baleares 93 83 21,3
Madrid 529 81 18,9
Murcia 120 81 26,2
TOTAL 5.544    

La cantidad total invertida en esas políticas activas de empleo que no sirven para absolutamente nada es monstruosa: 5.544 millones de euros anuales.

Pero más llamativo que el gasto total es el gasto por habitante de cada comunidad. Porque si examinamos la tabla vemos que, con la tradicional y explicable excepción de País Vasco y Navarra, las cuatro comunidades que más gastan por habitante en fomentar el empleo son Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía, es decir... justo las cuatro comunidades que mayor porcentaje de paro tienen.

En otras palabras: las políticas activas de empleo no solo no sirven para nada, sino que parece existir una correlación inversa: a mayor gasto en fomento del empleo, mayor porcentaje de paro. Lo que sugiere que, posiblemente, esas políticas solo sirven para el mantenimiento de redes clientelares que, lejos de fomentar el empleo, lo que hacen es impedir el desarrollo empresarial.

¿A dónde nos lleva esto?

El descontrol en las cuentas autonómicas está teniendo el efecto de generar una pelota de deuda que crece sin control, porque los ingresos no dan para satisfacer la voracidad del estado autonómico. El montante de la deuda autonómica total (a fecha de hoy) alcanza los 145.000 millones de euros. Esa deuda generó unos gastos financieros a las autonomías de 4.550 millones de euros en 2011. La tabla siguiente muestra la deuda total, la deuda por habitante, los gastos financieros anuales y los gastos financieros por habitante.

TABLA 9: Deuda total y gastos financieros anuales, por autonomías

  DEUDA (M€) DEUDA POR HABITANTE (€) GASTOS FINANCIEROS (M€) GASTO FINANCIERO POR HABITANTE (€)
Cataluña 42.000 5.570 1478 196
Navarra 2.725 4.244 61 95
Valencia 20.832 4.070 512 100
Baleares 4.479 4.023 120 107
País Vasco 6.798 3.111 163 74
Castilla-La Mancha 6.287 2.972 74 35
Rioja 960 2.972 28 87
Aragón 3.731 2.771 125 92
Galicia 7.381 2.640 196 70
Madrid 16.572 2.553 352 54
Cantabria 1.301 2.193 74 125
Castilla-León 5.557 2.172 234 91
Murcia 3.055 2.078 93 63
Asturias 2.242 2.073 97 89
Extremadura 2.045 1.843 62 56
Andalucía 15.373 1.824 734 87
Canarias 3.779 1.776 147 68
TOTAL 145.117   4.550  

Conclusiones

A la luz de estos datos, cabe extraer varias conclusiones:

  1. El complejísimo sistema de financiación autonómica, combinado con la falta de control de las cuentas de las autonomías, genera una situación que carece de cualquier racionalidad. El gasto por habitante de las distintas comunidades presenta unas disparidades enormes, que además no guardan ninguna relación con la renta de las comunidades, así que cabe deducir que no están funcionando los mecanismos de redistribución de riqueza que en teoría deberían imperar.
     
  2. Los cupos vasco y navarro constituyen un auténtico expolio para el resto de regiones españolas. Quienes pagan impuestos no son las regiones, sino las personas; en consecuencia, es natural que en un sistema fiscalmente progresivo como el español, se produzca una transferencia neta de renta de las regiones más ricas a las más pobres. Pero en el caso de Navarra y el País Vasco, la transferencia se produce en sentido inverso: son las regiones más pobres las que financian a dos de las regiones más ricas.
     
  3. La disparidad presupuestaria y de financiación hace que la inversión en Sanidad y Educación presente llamativas diferencias entre unas comunidades y otras. El estado autonómico, en su forma presente, se ha convertido en una fuente de desigualdad entre los españoles, que reciben servicios que están más o menos dotados presupuestariamente según la región en la que vivan.
     
  4. Al menos el 45% del gasto autonómico no está relacionado con la Sanidad, ni con la Educación, lo que indica que existe margen suficiente para reducir los presupuestos autonómicos sin tocar esos dos pilares del estado del bienestar.
     
  5. El análisis del gasto por habitante en Sanidad y Educación sugiere que también en esas áreas sería posible conseguir enormes ahorros sin afectar a la calidad de los servicios sanitarios y educativos que se prestan. En muchas autonomías, el gasto en estos dos capítulos es a todas luces desproporcionado si lo comparamos, por ejemplo, con el de la Comunidad de Madrid. Si todas las comunidades consiguieran prestar un servicio de la misma calidad que el de esta comunidad al mismo coste que en la Comunidad de Madrid, el ahorro total en la factura de la Sanidad y la Educación sería de 12.000 millones de euros.
     
  6. Sólo en personal, las autonomías gastan 53.000 millones de euros anuales. Por hacernos una idea, con ese dinero daría para cubrir 10 veces los costes salariales y de seguridad social de los aproximadamente 100.000 médicos que existen en la Sanidad pública. La plantilla de empleados públicos está claramente sobredimensionada, especialmente en algunas comunidades.
  7. Un área en la que el posible ahorro resulta evidente son las políticas activas de empleo, en las que se dilapidan 5.500 millones de euros anuales. Esas políticas no solo no crean empleo, sino que parecen ser completamente contraproducentes: a mayor gasto en fomento del empleo, mayor es la tasa de paro.
     
  8.  La deuda autonómica está creciendo sin ningún tipo de control, lastrando las propias cuentas de las comunidades autónomas y comprometiendo los objetivos a los que España se ha comprometido. De nada sirve que el Estado reduzca sus gastos si eso no va acompañado de un recorte radical en el tamaño del estado autonómico.

Las élites “extractivas”
Una teoría de la clase política española
Los partidos han generado burbujas compulsivamente
César Molinas El País 9 Septiembre 2012

En este artículo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?

2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?

3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas?

4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como medio de cambiar nuestra clase política.
La historia

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.
Las burbujas

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!
La teoría

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

"Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio".

"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch".

"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo". Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político".

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:

La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.

La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.

¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.

Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.
La predicción

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.

Cambiar el sistema electoral
La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?

César Molinas publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué hacer con España?”. Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.


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