AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 3 Octubre 2012

Autonomías: esto tiene que cambiar
Editorial www.gaceta.es 3 Octubre 2012

33 años después de la aprobación de los primeros estatutos de autonomía, es un hecho que el modelo territorial implantado en la Constitución de 1978 no funciona.

Cuando algo no funciona, lo que pide el sentido común es cambiarlo. Hoy, 33 años después de la aprobación de los primeros estatutos de autonomía, es un hecho que el modelo territorial implantado en la Constitución de 1978 no funciona. Por consiguiente, sería irracional permanecer atados a él. Hay que cambiarlo.

Es verdad que hay algunas razones a favor del Estado autonómico. Para empezar, la propia tradición histórica española, que durante siglos optó por favorecer formas de autogobierno en los distintos territorios. Asimismo, parece lógico pensar que una Administración descentralizada y más próxima al ciudadano debería ser más eficiente que una burocracia centralista.

Ahora bien, todo esto sólo es verdad si el sistema coadyuva a integrar a los ciudadanos en una comunidad más unida y si, efectivamente, la Administración se hace con ello más eficaz. Pero el Estado de las Autonomías vigente no ha ido en esa dirección, sino en la contraria: ha estimulado los egoísmos de facción, ha levantado barreras donde antes había puentes y ha multiplicado las instancias burocráticas hasta hacer insoportable su coste. Es el típico ejemplo de Estado que pone al contribuyente a su servicio, y no a la inversa. Y eso no puede ser.

Algo habrá que hacer. Es urgente reducir el tamaño de este monstruo. Es urgente construir un Estado a la medida de los ciudadanos, y no a la medida de la clase política, tal y como está ahora. Es urgente cambiar ineficacia por eficiencia. Y sobre todo, es urgente que el sistema no sirva para dar alas a quienes conspiran a calzón quitado contra la unidad nacional. La inviabilidad financiera del modelo, puesta ayer dramáticamente de manifiesto, podría servir de pistoletazo de salida para la imprescindible y urgente reforma del Estado. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Los bancos deben pagar su crisis
@Roberto Centeno y Stefanie Mueller* El Confidencial 3 Octubre 2012

Al contemplar la estrecha relación entre las oligarquías políticas y financiera, no hace falta ser adivino para deducir que, detrás de la decisión de la oligarquía política de salvar “bancos inviables” por un supuesto “efecto domino”, hay una estrategia del Gobierno para poder seguir gastando en sus estructuras ineficientes y corruptas que solamente alimentan las injusticias sociales. La crisis actual fomenta la reducción de derechos y gastos sociales con el supuesto objetivo de un menor déficit, objetivo que la casta política incumple masivamente con su despilfarro.

La pregunta es ¿por qué las pymes y los autónomos, que constituyen el 90% del tejido empresarial español, pueden quebrar, por miles o cientos de miles, porque se les niega un céntimo para financiar su actividad perfectamente rentable mientras se entregan ciegamente cientos de miles de millones a bancos y administraciones públicas para evitar su quiebra? ¿Por qué tenemos que aguantar que se corte en gasto social y se suban los impuestos a las familias y a la economía productiva hasta los niveles más altos de Europa por los errores obvios que ha cometido la banca?

La valoración de Oliver Wyman (OW) es un fraude
OW ha protagonizado la quinta reforma financiera “definitiva”, la tercera en lo que va de año. OW fue quien eligió a Anglo Irish Bank como el mejor banco del mundo; un año después había quebrado. OW y las auditorías colaboradoras son también los mismos que durante años firmarían “que su opinión reflejaba la imagen fiel de la realidad económica y financiera” de numerosas entidades que ahora están quebradas. ¿Qué credibilidad pueden tener? Obviamente, muy poquita. ¿Tienen responsabilidad por sus errores, mentiras conscientes y manipulaciones para satisfacer al cliente? Ninguna en absoluto.

Y, efectivamente, OW se ha ceñido estrictamente al guión, le ha dado al Gobierno lo que quería “para no generar alarma”. Pero el mercado no se lo ha creído, como no se lo ha creído ningún analista independiente de este país. El lunes BNP, Nomura, Mediobanca, etc, recomendaban infraponderar la banca española, el Royal Bank of Scotland afirmaba que las necesidades serán más del doble de las reconocidas por OW y, lo que es mucho más transcendente, la agencia Moody ́s también: “La cifra de OW es claramente insuficiente para mantener la estabilidad financiera y para recuperar la credibilidad en los mercados de deuda”.

Pero lo más grave en cuanto a la agencia es que amenaza con degradar el rating de España a bono basura en breve, lo que tendría repercusiones devastadoras sobre la deuda, que ya no podría ser aceptada como colateral, y sobre las empresas, que verían los mercados cerrados de nuevo. Y lo que es aún peor, Egan Jones, una agencia cuya credibilidad y fama están creciendo como la espuma, nada más conocerse el viernes las conclusiones de OW degradó a España hasta bono basura. Además su presidente, Sean Egan, en unas declaraciones a Bloomberg remachó el clavo al decir que el problema de la banca española “no tiene solución” y que la deuda soberana necesita una quita del 50%.

En el análisis de OW el escenario macro, absolutamente clave para la valoración, no se corresponde en absoluto con la realidad -según Citi la economía española caerá un 3,1% en 2013-; además, no existe correlación lógica entre los distintos escenarios y, de forma general, las manipulaciones puestas de manifiesto por la mayoría de analistas son innumerables. Recojo una del magistral análisis de Tyler Durden, de Zero Hedge, con el título de ‘Cómo ha manipulado OW el análisis del rescate de los bancos españoles’: “Si las necesidades son las que dice OW, ¿por qué los bancos españoles han necesitado recurrir hasta 412.000 millones de euros al BCE hasta agosto?”. La razón es clara, afirma Tyler: “Porque el sistema bancario español está condenado por la salida masiva e ilimitada de depósitos”.

Egan Jones, una agencia cuya credibilidad están creciendo como la espuma, nada más conocerse el viernes las conclusiones de OW degradó a España hasta bono basura. Su presidente, Sean Egan remachó el clavo al decir que el problema de la banca española “no tiene solución” y que la deuda soberana necesita una quita del 50%.

Lo único seguro al cien por cien es que ello costará decenas de miles de millones a los contribuyentes y ni un solo euro llegará a las familias ni a la economía productiva. Muchas de ellas no solamente han perdido en los últimos meses su trabajo, también han perdido sus ahorros en Bankia, Novagalicia, CAM… miles de pensionistas han perdido su dinero en los preferentes, un producto que se les vendió como rentable y seguro.

Pero todo esto no acaba aquí: el ‘banco malo’ diseñado por el Gobierno es la peor versión del mismo; presionado por las órdenes de la oligarquía financiera comprará los activos tóxicos de los bancos a precios inflados -a precios de balance menos las amortizaciones, piden los bancos con absoluta desvergüenza- y, de este modo, el coste de la diferencia con el precio de mercado, que puede ser enorme, lo pagarán los ciudadanos. Aproximadamente, el ‘banco malo’ comprará suelo cuyo valor real es cero con un descuento del 80% y las viviendas, cuyo valor de mercado puede caer hasta un 65%, con un descuento del 35%. El resto, decenas de miles de millones, lo pondrán los españoles y sus hijos.

¿Dónde se encuentra el Estado que debe proteger los derechos de los consumidores a través de las leyes? ¿Dónde se encuentra el Estado que permite a OW y a todas las grandes auditoras avalar con su firma la veracidad de unos estudios financieros, por lo que cobran cantidades ingentes de dinero, que después se demuestran clamorosamente falsos? Parece que, hoy en día, el Estado está sobre todo representado por gobiernos que ya únicamente protegen los intereses de los bancos. En España, la interrelación entre las oligarquías política y financiera es sencillamente escandalosa.

Los bancos son los primeros responsables de la crisis que estamos viviendo en Europa. Lo que parece absurdo para la gran mayoría de la población española, y para muchos ciudadanos europeos, es que quienes sufren la crisis tengan que pagar la fiesta de otros. El ciudadano ha sido defraudado por los bancos. Pero hasta ahora ha habido pocas consecuencias legales para los que cometieron un delito de engaño consciente, como en el caso de las preferentes y la falsa estimación de riesgo. Nadie ha sido condenado por tan gigantescas estafas, nadie es responsable de nada.

La convivencia de las oligarquías política y financiera
Todo el gigantesco y corrupto tinglado político de España se mantiene solo gracias a la ayuda a la banca. En 12 meses, los extranjeros han reducido en 100.000 millones su tenencia de deuda española, que es ya inferior a los 190.000 millones. ¿Por qué no se frena ese círculo vicioso? Muy simple: la casta política y, sobre todo, las comunidades autónomas necesitan a la banca, porque no se pueden financiar ya que tienen los mercados cerrados. Esta convivencia oligarquía política-oligarquía financiera llega a límites tan inauditos como colocar a los grandes banqueros por encima de la Ley, algo sin parangón en el mundo civilizado y que hace palmaria la carencia democrática que sufre España.

Ante tanto escándalo y tan poco Estado de derecho, no sorprende que la gente salga a la calle y proteste y grite y se organice para hacer frente a esta estafa organizada entre el sector financiero y el político, que solamente está autoalimentando estructuras corruptas y aboca a la clase media a ser cada vez más pobre, mientras los culpables de esa miseria siguen con sus Porsches, sus Mercedes y su piscina privada de lujo, muchas veces con indemnizaciones millonarias. El pasado martes 25, las protestas ante el Congreso marcaron el comienzo de lo que puede ser un otoño caliente, porque todas las medidas de ajuste van contra las familias, los parados, los jubilados, ninguna contra los inauditos privilegios de la casta política y sus dos millones de enchufados.

El dinero de Bruselas debería ir a los bolsillos correctos de la gente que se ha jugado su pensión en la caja de ahorro o banco de siempre, pero no a financiar una oligarquía política y financiera absolutamente corruptas. No se necesita un ‘banco malo’ más, pero sí se necesita dinero para financiar una buena formación profesional, para hacer crecer la industria y crear nuevas empresas. No huyen solamente las grandes fortunas de España ahora mismo, también grandes talentos. Si no empiezan a quebrar bancos, se va a quebrar la sociedad democrática.

*Stefanie Mueller es corresponsal en España de varios medios económicos alemanes y está doctorada en el papel de los bancos españoles en la crisis por la Universidad San Pablo CEU

Artur Mas calla y se acobarda en Madrid
Pablo Sebastián www.republica.com 3 Octubre 2012

Vaya por delante que nadie ha estado en su sitio, ni ha dicho la verdad y toda la verdad sobre lo que ocurre en España y sienten la gran mayoría de total de los ciudadanos, en esa absurda -y fuera de la Constitución-, Conferencia de Presidentes Autonómicos convocada por Mariano Rajoy, bajo la tutela del Rey don Juan Carlos y del Príncipe de Asturias don Felipe, que presidieron el desayuno inaugural del que Rajoy se negó a dar información sobre si el Rey hizo alusión a la unidad de España, obstrucción informativa y silencio que, como poco, es sorprendente.

Pero de lo ocurrido en dicha Conferencia lo que más ha llamado la atención ha sido el silencio acobardado de Artur Mas al no decir ni plantear, en ese entorno tan propicio, su reivindicación de “pacto fiscal” y sus planes de referéndum de autodeterminación en el territorio catalán, o su anunciada propuesta de dotar de estructuras de Estado al territorio catalán, tras las elecciones del 25-N que acaba de convocar.

Artur Mas no se atreve a decir en Madrid lo que dice y jalea en Barcelona, por miedo, por estrategia o por que han empezado a leerle la cartilla el empresariado y la cúpula financiera catalana por miedo a que se desate la “II Guerra del Cava”, pero esta vez hasta sus últimas consecuencias, lo que podría conducir al Banco Sabadell y a Caixabank -entre otras entidades y empresas- a una situación ruinosa o de quiebra, porque como se escribía el pasado domingo en El País, si una empresa catalana pierde el 30 por 100 de su clientela, pierde ingresos, pero si lo pierde un banco el banco se hunde.

Y resulta asombroso que en semejante reunión autonómica –que es un invento al margen de la Constitución y no sirve para nada- ni Artur Mas, ni el resto de presidentes autonómicos, ni Rajoy se hayan plateado y debatido el desafío secesionista de Artur Mas y hayan mirado todos hacia otra parte, como si no pasara nada y de manera muy especial el presidente catalán Mas, que mañana dirá en Cataluña lo que quiera de la reunión, pero que en Madrid se calló como un muerto.

La excusa y el pobre comunicado “unánime” de la Conferencia, que Rajoy calificó, hasta diez veces, de “muy importante” como si los periodistas y los españoles fuéramos idiotas, y la imagen de la unidad de España que hay que ofrecer a los “mercados” -como si los mercados y analistas también fueran idiotas- en este tiempo de las vísperas de petición del rescate de España a la UE, que Rajoy ha desmentido, haciendo bromas sobre la agencia Reuters como las que hizo la vicepresidenta Soraya el día antes de que España le pidiera al Eurogrupo el rescate de la banca española.

Artur Mas se ha achantado en Madrid, no sabemos qué dijo el Rey en el desayuno con los líderes autonómicos (parece secreto de Estado) y Rajoy sigue escondido sin dar la cara ante la locura catalana y el rescate de la UE. Y esto y nada más es el resultado de semejante Conferencia de presidentes de unas Autonomías que están en quiebra y que son cuestionadas por una gran mayoría de ciudadanos españoles porque no representan el sentir nacional, Y cuyos presidentes callan y no hablan -tan acobardados como el propio Artur Mas- ni del desafío catalán ni del rescate financiero de España. Ni siquiera osan discrepar de unos Presupuestos que han criticado en privado y en público antes de la Conferencia con el pobre argumento de que el tema se planteará en 2014.

O sea, nada nuevo bajo el pálido sol de España y otra pérdida de tiempo en discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles cuando tenemos sobre nuestras cabezas el diluvio universal. Eso si Artur Mas se tragó el comunicado de la Conferencia de la nada sin decir en Madrid -ya le paso algo igual en su conferencia delo día 13- lo que dice en Cataluña. Y lo mismo hicieron el resto de los presidentes autonómicos, a las órdenes de los jefes de fila del PSOE y del PP, para ocultar la verdad sobre Cataluña y sobre el rescate de España por la UE que, diga lo que diga Rajoy, está al llegar, o nos vamos todos a la quiebra nacional.

Rajoy, en la hora de la verdad
Manuel Romero www.lavozlibre.com 3 Octubre 2012

Periodista y director de La Voz Libre

Observando su mirada perdida, su semblante desencajado, sus respuestas evasivas, su voz apagada y su actitud defensiva, costaba admitir que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, tras ocho horas de reunión hermética con los presidentes de las comunidades autónomas que conforman España, se presentara como triunfador de la cumbre celebrada en el Senado.

Su imagen de derrota resultaba aún más incompresible si se tenía en cuenta que 14 de los 17 presidentes de las comunidades autónomas son de su propio partido y por ende, afines a su política y cumplidores fieles de sus decisiones.

Rajoy tampoco hizo esfuerzo por ocultar su agotamiento: empleó sus típicos recursos -“hemos hablado de lo que importa”- y, como no le habían preparado más guión que la propia declaración final de la reunión, sus respuestas consistieron en releer aquí o allá el comunicado final.

Repasando la foto de ‘familia’ ante el Senado, en la que el Rey, el Príncipe de Asturias, el jefe del Gobierno, la vicepresidenta, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el presidente del Senado acompañan a los 17 presidentes de las comunidades autónomas, uno descarta interpretar que estamos ante el retrato final que aparece en la cabecera de la serie ‘Friends’, sino ante la estampa de tensión de ‘Los Soprano’.

En medio de la crisis nacional más grande de las últimas cuatro décadas, en la que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está en abierta rebeldía y su deslealtad constitucional y sus desplantes son tan patentes como claras sus palabras e intenciones por dividir y desmembrar el Estado, resulta más que alarmante que quien debe dar respuesta al conflicto planteado se escude en explicaciones tediosas, técnicas y retóricas sobre la manera de abordar el déficit. Sin que la resolución del problema económico, que afecta a todos los españoles, tenga que ser desplazada de las preocupaciones prioritarias del jefe del Gobierno, no es admisible que zanje cualquier pregunta sobre la amenaza a la integridad territorial de España con respuestas evasivas.

Ningún presidente ha tenido en la democracia -ni España en los últimos 200 años- una amenaza de división territorial tan planificada y anunciada como a la que ahora se enfrenta Mariano Rajoy. Sin embargo, no es la actitud pasiva que ha adoptado el presidente del Gobierno la que puede preocupar, sino la falta de sensibilidad que se advierte en la población, desactivada por los sucesivos gobiernos, que han cedido a cuantos chantajes se han planteado por la Generalitat. Desde admitir que en parte de España elimine el derecho a la educación en castellano, idioma común del país, hasta consentir que en los libros de texto anide el odio nacionalista hacia la historia y prolifere la manipulación y amputación de todo aquello que nos une, además de las continuas vejaciones a los símbolos e instituciones del Estado sin el castigo correspondiente, pasando por la usurpación de funciones en el exterior y la continua disputa por frenar proyectos que engloben al conjunto del país.

En estos históricos momentos, en lo que la altura de miras, la decisión y la capacidad de resolución, han de dar vigor y confianza al conjunto de la Nación, lo último que uno puede esperar es un jefe de gobierno apocado y refugiado tras sus lentes, cuando no tras un papel, en un angustioso aturdimiento que inmoviliza a todos cuantos le rodean y transmite la angustia a los ciudadanos.

Desde que el Rey decidió, hace ya unos años, refugiarse en una placentera vida personal y su familia resolver sus preocupaciones económicas, las miradas sobre quién ha de garantizar el cumplimiento de la Ley se han trasladado completamente a La Moncloa. Una indecisión, un error, y no sólo España se resquebrajará irremediablemente, sino que un tsunami hasta ahora contenido, arrastrará los restos carcomidos que aún pudieran mantenerse en pie tras la tragedia.

Acuerdo en torno a un insostenible 'statu quo'
EDITORIAL Libertad Digital 3 Octubre 2012

Un patético insulto a la inteligencia de los españoles: así puede y debe calificarse el supuesto acuerdo alcanzado en la V Conferencia de Presidentes autonómicos con el que el Gobierno de Rajoy ha pretendido lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestros alarmados socios comunitarios, así como dar una imagen de unidad y control en las autonomías que también calmen a los inversores.

Y es que lo que Rajoy y Feijóo han calificado pomposamente de "acuerdo sin precedentes" no es ni más ni menos que un documento suscrito por todos los presidentes autonómicos en el que reconocen o afirman cosas tales como "su preocupación por la gravedad de la situación económica que atraviesa España"; o que "las comunidades autónomas no son el problema sino parte de la solución, que debe buscarse desde un clima de colaboración y lealtad institucionales".
Junto a afirmaciones de tan escaso calibre, el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado también algo tan vaporoso como dejar para el 2013 el acuerdo para determinar los criterios de reparto entre las administraciones públicas de cara a cumplir los objetivos de déficit a partir del año 2014. Eso, por no hablar del éxito que supone acordar el cumplimiento de los objetivos de déficit este año, un compromiso que se supone ya había sido fijado a principios de año y al que se supone obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada hace muchos meses.

No nos engañemos entorno a esta estéril unanimidad. Es la misma que se alcanzó con Zapatero en torno a los compromisos de reducción del déficit para 2011, compromiso que ya a mediados del pasado año se transformó en acuerdo entre la entonces ministra Salgado y el entonces líder de la oposición en no hablar de "déficit ocultos", de "rebajar la crítica" a los excesos autonómicos y de no avalar declaraciones que pudiesen "crear alarma en los mercados".

No busquen pues en este acuerdo de chichinabo compromiso alguno por parte del Gobierno central o de las autonomías de reducción de funcionarios, supresión de empresas, organismos o fundaciones dependientes de las autonomías, clausura de televisiones autonómicas, erradicación de duplicidades entre administraciones o de algo que pueda ser considerado un intento de reconversión y adelgazamiento de nuestro sobredimensionado sector público, muy especialmente en lo que se refiere a nuestro despilfarrador entramado autonómico. Por el contrario, este acuerdo se centra en la defensa de un insostenible statu quo, en seguir tal y como estamos. Y nada más revelador de este suicida inmovilismo que las coincidentes declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía y del presidente de Gobierno tras la reunión de marras: si el socialista Griñan ha afirmado que "España no tiene un problema de gasto público, sino de falta de ingresos", el popular Mariano Rajoy ha afirmado que España "no tiene un problema estructural" en sus cuentas públicas sino tan sólo uno "coyuntural". Para sustentar tan demencial afirmación, el presidente del Gobierno ha señalado el hecho de que en la primera legislatura de Zapatero hubo años de superávit a pesar de que el gasto autonómico y central no era menor que ahora.

Pocas afirmaciones como esta son tan ilustrativas del gravísimo y dramático error en el que vive instalado nuestro presidente de gobierno. Y es que naturalmente que durante los años de la burbuja inmobiliaria, impulsada por el abaratamiento artificial del crédito, nuestro sector público también se vio favorecido por unos ingresos extraordinarios, lo que facilitó su enorme expansión estructural. Ahora bien, referirse a los años de burbuja financiera e inmobiliaria para defender la persistencia de la burbuja estatal es tanto como esperar a una nueva borrachera como medio de poner fin a la actual resaca.

Junto a este irresponsable diagnóstico, no menos reprobable es la negativa del presidente del Gobierno a comentar siguiera el enorme desafío que protagoniza Artur Mas contra nuestra nación y nuestro Estado de Derecho. Como ahora se trata de reclamar más dinero, es cierto que el presidente de la Generalidad catalana ha dejado aparcado para la ocasión ese discurso que veinticuatro horas antes se jactaba de que España "no podrá utilizar las armas". Pero tanto o más escandaloso resulta el silencio de Rajoy, quien ha tratado de justificarlo diciendo "aquí hemos venido hablar de lo importante, la economía".

Ante la irresponsable ceguera voluntaria de un presidente de Gobierno que se empeña en no ver la dramática importancia de la crisis nacional que nos aqueja, y sus implicaciones también en el ámbito económico, que no nos extrañe que este "acuerdo sin precedentes" no sirva para rebajar la prima de riesgo, ni siquiera a los niveles en los que estaba con Zapatero. El rescate de España por parte de Bruselas es inevitable. Y eso si nuestra nación tiene rescate, cosa dudosa a la vista de nuestra casta política.

MECANO
IGNACIO CAMACHO ABC  3 Octubre 2012

El problema esencial es el colapso del modelo autonómico, la avería causada por la crisis en un sistema hipertrofiado

LA conferencia de presidentes regionales fue otro invento fallido de Zapatero, que intentaba con ella camuflar el descalzaperros que él mismo había armado en el mapa territorial al autorizar el Estatuto de Cataluña. Celebró cinco ediciones sin sacar de ellas nada en claro, en parte porque los barones del PP se aplicaron con denuedo a boicotearlas y sobre todo porque la idea carecía de proyecto y de estructura; lo único que le importaba al posmoderno gobernante era la foto, la apariencia de una inexistente coordinación en un Estado convertido por él en un mecano con las piezas desajustadas. No han cambiado mucho las cosas desde entonces salvo el signo político de la mayor parte de las autonomías, que ahora se mueven en sintonía (relativa) con el Gobierno. Para Rajoy esta clase de reuniones más bien deslavazadas constituyen sin duda un tedioso fastidio pero su sentido pragmático ha tratado de sacarle algún partido para disciplinar, siquiera de modo superficial, el desbarajuste de las cuentas autonómicas. La sesión de ayer venía pintada con tan mala traza que a pesar de sus escasos acuerdos ha parecido casi bien parada por el simple hecho de no haber terminado a farolazos como el rosario de la aurora.

Convocada para proyectar la imagen de una cierta cohesión financiera frente a las fundadas sospechas de que las autonomías son un sumidero de la estabilidad fiscal, la conferencia se precipitó en la fecha menos oportuna. El demarraje secesionista catalán, la improvisación federalista del PSOE, la triple cita electoral del otoño y el malestar por el reparto de los Presupuestos -patente incluso en algunos presidentes peperos- se habían cruzado en la agenda como volquetes derrapando en una pista mojada. Aunque los roces eran inevitables no hubo colisiones graves; con la chequera del rescate en la mano el Gobierno ha logrado atemperar los ímpetus de unos virreyes cuya deuda pública está degradada a bono basura. Hasta Artur Mas se ahorró la soflama soberanista y se avino a discutir de lo que interesaba a todos, que es la pasta. Escasa, pero pasta al fin y al cabo.

Al fondo sigue plantado, no obstante, el problema esencial, que es el colapso del modelo autonómico vigente, el bloqueo que ha provocado la crisis en un diseño político y territorial hipertrofiado sin planificación, equilibrio, orden ni método. El sistema se ha resquebrajado y exige un replanteamiento más profundo que los parches de emergencia; hay que sentarse a reformular y recomponer las bases del reparto competencial, con o sin reforma de la Constitución. Mejor sin ella, pero eso exige mucho diálogo, mucha paciencia y mucho acuerdo, requisitos impensables en un momento de tensiones desquiciadas. La alternativa consiste en dejar que el Estado se desplome por inviabilidad de su propia estructura y por el desquiciado empeño de algunos en desguazar por su cuenta las vigas maestras.

Juegos de guerra
GABRIEL ALBIAC ABC  3 Octubre 2012

Si alguien te dice, en política, que no piensa hacer uso de las armas, más te vale ir haciéndote con un chaleco antibalas

LA política es administración comedida de miedo y esperanza: miedo a lo que violar las leyes acarrea, esperanza en el beneficio de no violarlas. A eso llamamos servidumbre, desde luego. Pero no hay cuerpo social sin una codificada red de renuncias y servidumbres: la libertad es un valor del individuo, no del Estado. Para el Estado, feo artefacto sin el cual nadie sobreviviría, no hay más valor que aquel al cual el clásico llama seguridad, securitas. Y en nada más consiste la dura paradoja de vivir en sociedad constituida. En nada más que en ese juego delicadísimo de conflictos, cuyo equilibrio es siempre inestable. Es lo que fue teorizado por todos aquellos en cuyas obras mayores nace el mundo moderno: del Renacimiento al Barroco; de Maquiavelo, La Boétie y Montaigne a Hobbes y Spinoza.

Ya sé que a ningún profesional de lo político, al menos en España, se le pasará por las mientes perder su valioso tiempo, tan tasado, en la lectura de indigestos clásicos. Tampoco le hace falta. El instinto de supervivencia de cada uno de ellos lo sabe sin necesidad de abrir un solo libro. De lo contrario, estaría muerto. Y claro que su energía al aplicar ese axioma es implacable; y que su contundencia será tanto más alta cuanto más solemnemente asegure abominar de su áspera regla de juego. Si alguien te dice, en política, que no piensa hacer uso de las armas, más te vale ir haciéndote con un chaleco antibalas. También aquí -aquí sobre todo- vale el universal postulado freudiano que nos advierte de que «no» significa siempre «sí»: un sí peligrosísimamente enfatizado por su propia máscara. Somos muy malos bichos, los humanos. Los políticos, sobre todo.

Los políticos? Por ejemplo, el señor Mas: «No se puede hacer callar a un pueblo a base de introducir el miedo». Se puede, ¡vaya si se puede! Toda la historia de los hombres ha consistido en eso. Porque no ha dicho el señor Mas que no le guste, que lo deteste: eso sería, no sólo respetable, sino universalmente compartido; al fin, lo único decente de los hombres es su vergüenza de serlo. Pero poder? Que un hombre nacido en el siglo veinte diga que no hay imposición del miedo, sólo puede atribuirse a puerilidad o cinismo. No sé cuál de las dos patologías debería preocupar más en un hombre de Estado. O, sin más, en un hombre adulto que se escuche a sí mismo pronunciar el disparate: «nadie puede utilizar unilateralmente las armas». Nadie. Salvo todos los humanos a lo largo de toda su historia: el monopolio del Estado sobre el instrumental de guerra -en el «sentido figurado» como en el literal- proviene de la necesidad, precisamente, de reducir, en la mayor medida en que ello sea posible, la pulsión destructiva a la red de leyes.

Pero, ¿de qué estaba hablando el señor Mas, que es sin duda un hombre adulto? De miedo, por supuesto. Del miedo que pone en juego invocar la amenaza del miedo. Al Führer berlinés naciente, recomendaba en 1932 Carl Schmitt un sencillo procedimiento infalible para aunar a su grey en un bloque compacto: exhibir la amenaza metafísica de un intemporal enemigo, perverso como el león frente a la grácil gacela. ¡Vaya si funcionó! ¿Por qué no habría de funcionar igual de bien ahora?

Donde no hay una sociedad dispuesta a hacer uso legal de las armas no hay sociedad, dice el clásico, sólo una mortecina solitudo, el desolado horizonte de los hombre siervos. Y no ha habido totalitarismo en el siglo veinte que no haya sabido eso y que no lo haya explotado. Hay veces que funciona. Demasiadas. ¡Y a qué coste!

La escandalosa simulación de una Conferencia extravagante
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 3 Octubre 2012

La Conferencia de Presidentes (autonómicos) fue una ocurrencia de Zapatero -una entre otras muchas- que este Gobierno tampoco ha desmontado. Ni como órgano de coordinación, ni de decisión, ni siquiera de debate, está prevista en norma alguna, carece de regularidad en sus sesiones, sus acuerdos no son vinculantes en ningún aspecto y no pueden suplantar a los órganos sectoriales de enlace entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas (existen en buen número en forma de Comisiones y Conferencias, con sus respectivos reglamentos), y, en especial, al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata, en consecuencia, de un oropel inútil -no hay memoria de la más mínima efectividad de sus acuerdos en sus cinco reuniones- que ayer perpetró una simulación o fingimiento verdaderamente escandaloso porque no estando los presidentes autonómicos de acuerdo en ningún tema sustancial con el Gobierno y tampoco éste con aquellos, dio a luz una nota que glosó en lánguida rueda de prensa el jefe del Gobierno cuyo inexpresivo rostro daba buena cuenta de la impostura de la unanimidad que se proclamaba. Y a la que siguieron otras hasta la extenuación a escala reducida pero replicante de la de Mariano Rajoy.

Los presidentes y el Gobierno eludieron ayer todas estas cuestiones que hubiesen dado contenido oficioso al encuentro: el modelo de Estado que la Generalidad de Cataluña -con un Mas que, al contrario de lo que hiciera Ibarretxe en alguna ocasión, acudió pudiendo no hacerlo- ha puesto en cuestión hasta el extremo de plantear un proceso de secesión; no hubo discusión sobre la financiación autonómica que se remitió a un grupo de trabajo -recurso típico para driblar la cuestión- cuyas conclusiones se esperan ad calendas graecas; no hubo acuerdo -aunque no se cita el disenso- sobre la forma en la que el Gobierno ha repartido el déficit total del Estado en los Presupuestos de 2013 y sólo se llegó a un compromiso etéreo de contemplarlo para el ejercicio de 2014 (largo lo fían). Y si todas esas cuestiones se eluden, ¿cómo no va a ser un éxito una reunión vacía de contenido, concluida con una nota conjunta repleta de generalidades y rellenos semánticos? Por supuesto, a nadie le gusta el déficit que tenemos y todos desearíamos una economía competitiva, y que la UE implementase los acuerdos del último Consejo Europeo y que las administraciones funcionasen mejor. Pasmosas obviedades que se hicieron pasar por hercúleos consensos.

La realidad no es -otra vez la política virtual frente a la dura realidad- diferente a ésta: las comunidades del PP (especialmente Valencia, Baleares, Aragón y Madrid) discrepan abiertamente de los Presupuestos Generales del Estado; las presididas por socialistas (Asturias, País Vasco y Andalucía) no comparten en absoluto la política económica del Gobierno; dos comunidades, la vasca y la foral navarra, están al margen de los criterios de solidaridad en función de su concierto y convenio, respectivamente y, de nuevo, hay que mencionar la situación catalana cuyo ámbito de debate y discusión no puede ser una Conferencia de esta naturaleza sino que requiere una interlocución entre la Generalidad y el Gobierno de España y, en el futuro, en las Cámaras legislativas. No se sabe muy bien si alguien tuvo en cuenta este cuadro de situación para la convocatoria, más aún cuando era el día predeterminado para conocer los pésimos datos del paro registrado en septiembre (80.000 más) y el número de afiliaciones a la Seguridad Social (86.000 menos). Y con el rescate a vueltas, asunto que tampoco abordaron los presiente autonómicos con el del Gobierno porque, todo contacto con la realidad, provocaría un incómodo sarpullido de disenso.

A estas alturas, los análisis compasivos y las fotos de oportunidad para “enviar un mensaje de unidad” (como si los del FT o WSJ fuesen lelos o la Comisión en Bruselas no conociese el paño o Draghi fuese tonto, o Merkel desavisada) no resultan argumentos convincentes. Esta política virtual es la que causa estragos en la consideración de la ciudadanía hacia las capacidades resolutorias de la gestión que ejecutan nuestros dirigentes. El olfateo del fingimiento -además, extravagante- era ayer general. En horas la “unanimidad” del inútil texto que suscribieron los participantes se esfumará y pasaremos de un remedo de orfeón a una sucesión de solistas desafinados. Mientras tanto, el Senado, que habría de ser la Cámara territorial de primera lectura legislativa en materia autonómica, sede de comparecencias periódicas y reglamentadas de los presidentes autonómicos y nexo de articulación efectiva del declinante Estado autonómico (¡ni Mas lo llegó a descalificar en un ejercicio de indiferencia que transparenta la impostura de unos y de otros!) sigue convertido en un nicho institucional en el que vivaquean políticos, muchos en fase de prejubilación u ostracismo. Con actos como los de ayer, por eso, la sensación de vértigo ciudadano, lejos de remitir, arrecia.

Desde todos los rincones de España, llegaron en sus coches oficiales
Conferencia de Presidentes en el Senado, todo un desfile de derroche y nuevos ricos
Los dirigentes son superficiales, inoportunos y pijos advenedizos
Javier Gonzélez Méndez. Periodista Digital 3 Octubre 2012

La procesión de coches oficiales que se fueron deteniendo el 2 de octubre de 2012, uno tras otro, frente al Palacio del Senado, muestra el rostro frívolo, tópico y hortera de las políticas y los políticos españoles. No son más superficiales, inoportunos y pijos advenedizos porque no entrenan. Da igual que procedan de la capital o de provincias, de familias con recursos o de humildes progenitores que les han pagado estudios superiores a base de estrecheces, sudores y canas.

En cuanto se montan en un coche oficial, les saluda el policía nacional de guardia y les rodean periodistas becarios con micrófonos en ristre, les entra complejo de infalibilidad papal, de omnipotencia divina y de bien de Estado.

NI SENTIDO COMÚN NI SENY CATALÁN
La puesta en escena de la Conferencia de Presidentes ha sido el síntoma inequívoco de que estas señoras y señores no viven con los pies en la tierra. Van por el aire, con un déficit de inteligencia emocional, de empatía hacia los ciudadanos, que debería tener a España con los pelos como escarpias.

¿En qué manos estamos? ¿De qué planeta lejano proceden estos extraterrestres que predican E imponen austeridad y luego hacen un ostentoso pase de modelos con "nuestros" coches oficiales?

Se los han traído de los cuatro puntos cardinales de España, con un chofer pagado por los contribuyentes, el combustible a cuenta de nuestros impuestos y una absoluta falta de pudor hacia el estado económico, social y emocional de la nación.

Incluso el aspirante a jefe del Estado de Cataluña, con una comunidad endeudada hasta las cejas, se trajo el vehículo que pagan sus súbditos para hacer una entrada triunfal en Madrid. Aquí, además del déficit propiamente dicho que trae de cabeza a Rajoy, hay déficit de sentido común, del legendario seny catalán y de sentido de la oportunidad.

NOSTALGIA DEL TAXI DE MIGUEL ÁNGEL REVILLA
Deber ser que se encuentran desnudos, insignificantes, como desechables, sin el atrezzo, el decorado y la parafernalia del poder. Y escenas como la de ayer, en la Plaza de la Marina de Madrid, deberían hacernos reflexionar sobre la posibilidad de que las candidatas y candidatos, antes de pasar por las urnas, pasasen a hacérselo ver por el diván de un psiquiatra.

¿Qué tal un test psicotécnico, un certificado de estado de salud mental, antes del examen electoral de conducción de la sociedad?

Tanto cachondeo en aquella crecidita España de la Champions con Miguel Ángel Revilla, sus taxis, sus anchoas de Santoña, y ahora resulta que el ex Presidente de la Comunidad de Cantabria era un adelantado, un pionero del ejemplo que deberían dar los gobernantes a sus gobernados.

¿Se les habrían caído los anillos a los virreyes autonómicos por utilizar el taxi? ¿Habrían parecido menos importantes, menos poderosos, si no hubiesen descendido de deslumbrantes vehículos de alta gama? ¿Son más tontitos, más vanidosos, más acomplejados de lo que ya parecen?

ENTRE EL PODER DEL DECORADO Y EL DE GANDHI
No se recuerda a ningún dirigente que hubiese transmitido más poder en estado puro que Gandhi con pañales, moviéndose en lentos, jurásicos y masificados convoyes a lo largo y ancho de la India. La madre Teresa de Calcuta, caminando sobre sus dos piernas agotadas de soportar el peso de la miseria humana, transmitía más autoridad moral que los Pontífices en su Papa-móvil. Olof Palme, que ha pasado a la historia como un dirigente paradigmático del siglo XX, se movía en metro por Estocolmo. Hasta Ángela Merkel sigue viviendo en el pisito que tenía antes de acceder a la cancillería de la República Federal de Alemania.

¿Qué parte de que el poder es una actitud personal, y no un aparente y costoso decorado, no acaban de comprender los políticos españoles? Con escenas como las de ayer, se puede dudar si esas señoras y señores están gobernando en 17 Comunidades Autónomas o en 17 réplicas de Babia.

Nota: Calculen ustedes los gastos de chóferes, dietas de desplazamiento, hoteles, comidas, gasolina y peajes de ida y vuelta e inclúyanlo en esa partida tan socorrida del "chocolate del loro" que lleva décadas sirviendo de disculpa a tanto "nuevo rico" de la política.

piden un nuevo modelo de financiación
El infinito agujero de las autonomías
D.CAMPO Y J.M.OLMO www.gaceta.es 3 Octubre 2012

Los líderes regionales reclaman más fondos pese a que ya gestionan el 35% del gasto nacional. En 2013 tendrán 36.000 millones de libre uso. Acabar con las duplicidades ahorraría hasta 24.000 millones.

El dinero, como ya había ocurrido en anteriores ocasiones, centró ayer el debate en la V Conferencia de Presidentes, aunque sólo fuera solapadamente, por el esfuerzo del Gobierno en que los líderes regionales no convirtieran este foto de diálogo en un zoco repleto de mercaderes hambrientos. Las comunidades autónomas reclaman más dinero al Estado para hacer frente a sus respectivas carteras de servicios. Pero los presidentes autonómicos parecen olvidar que, en estos momentos, la Administración periférica ya gestiona el 35% de los recursos totales del Estado. La Administración central sólo maneja el 21% del gasto, frente al 12% de las corporaciones locales y el 32% que acaba en las arcas de la Seguridad Social.

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los entes autonómicos dispondrán en el próximo ejercicio de una cifra en torno al 16% del PIB para atender a sus competencias, lo que supondría alrededor de 180.000 millones de euros, dejando aparte el gasto generado por las actividades financieras. Dichos fondos irán destinados en un 80% a cubrir partidas fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Pero, aun así, y pese a las graves dificultades que atraviesa España, las comunidades autónomas contarán el próximo ejercicio con un presupuesto de libre disposición de al menos 36.000 millones de euros, que podrán utilizar como deseen, sin más condicionantes que su propia pericia.

Duplicidades
Los datos indican, contra el criterio defendido por los dirigentes, que probablemente el problema no esté en la cantidad de los fondos, sino en su gestión.
La legislatura comenzó con el compromiso del Gobierno de reducir todas las duplicidades de competencias que elevan el gasto público sin repercutir positivamente en la calidad de la prestación de los servicios a ciudadanos. El pasado mes de febrero, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) hizo público un informe, realizado por el economista Jaime de Piniés, que concluía que los solapamientos administrativos le cuestan cada año a los ciudadanos hasta el 2,3% del PIB nacional, más de 24.000 millones de euros, una cifra suficiente para dejar en menos de la mitad el importe de los intereses de la deuda pública española.

Cabe recordar que el anteproyecto de Presupuestos cifra esos intereses en más de 38.000 millones, lo que la convierte en la tercera partida que requerirá
mayor dotación del erario público.

El debate, además, sólo se ha planteado en el quinto año de crisis. La pretendida reforma de la Administración Pública anunciada por el Gobierno se encuentra en una fase embrionaria y, a cambio, son las regiones las que toman medidas sin atender a criterios unitarios. Sirva como ejemplo del coste que tiene sobre el contribuyente la inacción en esta esfera una auditoría encargada por el Ejecutivo vasco hace un año sobre las duplicidades internas de su organización autonómica. El resultado arrojó un malgasto anual de 403 millones de euros que de ahorrarse permitiría devolverle a cada ciudadano vasco 200 euros al año que jamás tenían que haberle sustraído.

Racionalización
Otras comunidades autónomas están intentando seguir por el mismo camino, pero apenas se han puesto en marcha medidas ambiciosas de racionalización del gasto.
La Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital, por ejemplo, reordenaron sus respectivas carteras de servicios para acabar con algunas disfunciones.
El acuerdo sólo consiguió recortar 42,5 millones de euros. Y este verano, el Ayuntamiento de Logroño pactó con el Gobierno de La Rioja una reordenación del servicio de autobús que permitió ahorrar seis millones de euros. Las reordenaciones de los servicios llegan pero lo hacen de forma esporádica y centrándose en partidas concretas, que no abordan las fallas del presupuesto en su conjunto.

El desbarajuste redunda en la dificultad que están manifestando las autonomías para sanear sus cuentas. Sólo en 2011, la deuda de las comunidades supuso un 13,1% del PIB, hasta los 140.000 millones de euros. Y eso a pesar de que la cifra comparada fue menor que en los ejercicios precedentes.

Otra muestra de ese incremento exponencial del gasto se ve reflejado en el número de empleados públicos al servicio de las Administraciones autonómicas.
Tomando como año de referencia 2002 –el primero en el que el PIB español superó los 700.000 millones de euros– la cantidad de empleados al servicio de las comunidades no ha dejado de crecer. De hecho, hasta el primer año de crisis, 2010, atendiendo a la contracción del PIB, los empleados públicos dependientes de las comunidades autónomas crecieron en una cuantía superior a los 240.000. De hecho, las regiones concentran el 50% de todos los del país.

El incremento se ha moderado desde 2009 y sólo desde el curso pasado se ha visto reducido como consecuencia de los recortes y la reducción de servicios. A este respecto, la Central Sindical, Independiente y de Funcionarios (CSI-F) cifra en 170.000 los empleados que han perdido su trabajo este año. Una caída del 7,71% respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que se convierte en el cuarto sector con una mayor pérdida porcentual de afiliados a la Seguridad Social.

De Fraga a Cospedal. ¿España una nación en extinción?
Ricardo Chamorro www.elsemanaldigital.com 3 Octubre 2012

Es necesario defender los vínculos históricos y comunitarios de los españoles además de lo económico
La semana pasada hablé en mi artículo semanal de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón político que inicio su andadura en Unión de Centro Democrático (UCD) y a mi entender un personaje político nefasto cuyas teorías nublan una defensa clara y concisa de la nación española tan necesaria en estos tiempos. Otros protagonistas de la transición y miembros de UCD tuvieron y tienen claro que es la nación española, y siempre se han batido en su defensa, hablo de ejemplos como el fallecido Gabriel Cisneros o de Jaime Mayor Oreja.

Los tres políticos anteriores desembarcaron después del fracaso de UCD en Alianza Popular, transformado posteriormente en el actual Partido Popular.

Manuel Fraga y el nacionalismo
En 1980 Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, respondía a preguntas de Manuel Millán Mestre, periodista y político así como miembro fundador y directivo de El País, lo siguiente en relación a las autonomías:

¿Admite, dados los condicionamientos históricos y políticos impuestos por las partes, que la actual configuración de las autonomías es la mejor?
No. Yo creo que es la peor de todas, y que, mientras no se reforme en serio, no se podrá funcionar con ella.

¿Se integra en un Estado nuevo, o lo que se hace es liquidar un Estado nuevo y todo lo que ello conlleva?
En este punto concreto de las autonomías, lo que se está haciendo es liquidar la obra de 500 años, y es un disparate.

Ergo, el proceso autonómico, ¿resulta un objetivo en sí mismo o un medio para acomodarse a la actual realidad coyuntural de ciertos políticos del gobierno o de determinados partidos?

No hay duda de que por parte de los nacionalismos vasco y catalán se sabía perfectamente lo que se buscaba, y que ellos han pedido lo que les interesaba, y que yo creo que no es lo que le interesaba más a España…

¿Se salvara al final la unidad del Estado?
Yo pienso hacer todo lo posible por salvar la unidad nacional, la de España; pero acabo de afirmar que está en grave riesgo y, por lo tanto, ¡ojo a la responsabilidad de cada uno!

El momento presente
Hoy después de tres décadas de esta entrevista, aquellos errores que señaló Fraga están a punto de resquebrajar la nación española. La agresividad de la ofensiva separatista y la posible mutilación de España reflejan algo que debían tener presente nuestros políticos ante la crisis que vivimos y es que no todo es cuestión de dinero. Si lo fuera todas las prebendas materiales que se han dado a las denominadas nacionalidades hubieran sido suficientes para aplacar las ideas separatistas y no ha sido así sino todo lo contrario.

Lo que peligra es la identidad de España no su unidad material aunque sea caótica, tal y como afirmaba el profesor Gustavo Bueno, pues una comunidad de intereses materiales no es necesariamente una nación, es necesario también el sentimiento de pertenencia como alma del cuerpo nacional.

España es sobre todo una estructura jurídica que refleja una identidad de la que nos hemos dotado a lo largo de la historia los ciudadanos de una determinada parte del mundo para defender nuestra libertad, nuestras peculiaridades y nuestros derechos sociales. Hoy ante la globalización España es más necesaria que nunca para nuestra protección social a pesar de que estemos integrados en estructuras superiores como Europa. Los separatismos debilitan la nación donde las peculiaridades regionales de España son únicamente defendibles a largo plazo.

Como dijo el liberal Ernest Renan "La existencia de las naciones es buena, incluso necesaria. Su existencia es la garantía de la libertad que se perdería si el mundo no tuviera más que una ley y un amo". También dijo que "Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se ha hecho y de aquellos que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado; sin embargo, se resume en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida común". Partes completas de nuestra geografía viven al margen de ese pasado común y de esa identidad de pertenencia.

Reconocer que determinados territorios de España tienen peculiaridades culturales nunca debió ensombrecer la defensa clara de la hispanidad que esa diversidad refleja, pues sin la idea de España nunca hubiera existido ni Cataluña, ni Galicia ni Vascongadas.

Hace dos siglos pusimos por escrito, en Cádiz, lo que era una realidad histórica de siglos. La dejación desde hace décadas en la defensa de la identidad nacional nos sitúa en un momento muy peligroso.

Hoy el Gobierno de España es zarandeado por el separatismo, por la izquierda, por poderes económicos internacionales, cualquier movimiento es una excusa e incluso las bases sociales de la derecha critican al gobierno. ¿Cuál debería ser la reacción del gobierno? No seguir jugando continuamente a repetir los errores de hace 30 años, reaccionar rápido con visión de Estado, hoy o se cogen las riendas contundentemente o seguiremos zarandeados hasta la final disolución nacional y la devertebración social.

María Dolores Cospedal dijo hace unos días que "(El PP) se considera en su obligación de garantizar la Constitución española que aprobamos los españoles y que ha dado la mejor época de bienestar. Somos defensores a ultranza de la constitución del Estado de las autonomías y de los principios de solidaridad e indisoluble unidad de la nación española".

Para que la nación española siga existiendo no vale solo con la ley y los intereses económicos, hay que fomentar los vínculos históricos comunes entre españoles que son reales y no son metafísicos como los argumentos separatistas. De otra manera la devertebración social y el conflicto está asegurado cuando no hay dinero.

España es como una gran familia, si por encima de los sentimientos afectivos familiares, que en ocasiones se ignoran o se interpretan en plano de conflicto económico permanente, se sitúan los intereses materiales cuantitativos, cuando se cierra el grifo se montara el follón. Interpretaciones ideológicas que centran en el egoísmo material el motor de la historia nos llevan hacia el enfrentamiento social y la mutilación nacionalista, veremos si nuestros gobernantes y el pueblo español saben ver en la encrucijada que nos encontramos.
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Las Cámaras autonómicas manejan un presupuesto de casi a 400 millones
Los Parlamentos y las televisiones regionales cuestan 1.600 millones
E. MORALES www.gaceta.es 3 Octubre 2012

Más de un tercio del presupuesto de las Cámaras se destina a pagar sueldos. La deuda de las TV ronda los 2.000 millones.

La supresión de las 17 Cámaras regionales y de las 13 televisiones autonómicas supondría un ahorro superior a los 1.600 millones de euros anuales.

Esta cantidad se incrementaría en otros 100 millones si al hipotético recorte se uniese la supresión de órganos regionales duplicados, como las cámaras de cuentas, los consejos consultivos o los consejos económicos y sociales con los que cuentan la mayor parte de las Administraciones autonómicas.

La cifra de 1.700 millones es ligeramente inferior al presupuesto del Gobierno de Cantabria para 2012 y supone cerca de 500 millones más que lo que dedicará este año el Gobierno de La Rioja a gastos.

El mantenimiento de las 17 Cámaras autonómicas y de sus 1.218 diputados cuesta anualmente 383,8 millones, casi el triple del presupuesto que se destina al Congreso de los Diputados y al Senado.

Las principales partidas, más de un tercio, van a los sueldos de los legisladores y también a los funcionarios que trabajan en los hemiciclos. Así, la Cámara andaluza dispone de un presupuesto anual de 46,7 millones de euros, de los que cerca de 18 millones van a pagar nóminas.

La Cámara regional que mayor presupuesto ha recibido para este ejercicio es el Parlament catalán, que cuenta con 135 diputados, y que goza de un presupuesto superior a 59 millones de euros.

Los dos siguientes Parlamentos con mayor coste son el andaluz y, a mucha distancia, la Asamblea de Madrid, que cuenta con 129 escaños y unas partidas para su mantenimiento de 30 millones de euros. La Cámara madrileña, con tan sólo seis diputados menos que la de Barcelona, gasta la mitad.

Las televisiones autonómicas, abiertas ahora a un proceso de privatización, dispondrán de cerca de 1.200 millones de euros para este año.

La elevada cifra es, sin embargo, 400 millones inferior a la de 2011. En el ejercicio 2012, la mayoría de las Administraciones autonómicas han optado por recortes en sus televisiones de hasta un 20%.

La deuda de las televisiones regionales supera los 2.000 millones de euros, pese a que reciben subvenciones por 1.900 millones de euros al año.

Nacionalismo catalán
Roberto Augusto www.vozbcn.com 3 Octubre 2012

El nacionalismo es una de las peores ideologías políticas que ha creado la humanidad. Ha sido y es una fuente inagotable de conflictos, muerte y sufrimiento.
Sus seguidores adoran a un nación que solo existe en sus mentes. Crean una nación que es una burda simplificación de una realidad mucho más rica.

Muchos ejemplos cercanos podemos ver de esto. En Cataluña los nacionalistas catalanes conciben a su mítica Cataluña identificada exclusivamente con la lengua catalana, otorgándole el sagrado carácter de lengua “propia” de ese ente abstracto al que adoran. Pero la realidad es muy diferente. Poco tiene que ver con la interpretación sesgada que hacen los seguidores de esta doctrina política. Todas las encuestas muestran que la mitad de los ciudadanos catalanes tenemos como lengua principal el castellano, por lo que resulta absurdo reconocernos una oficialidad jurídica, pero excluirnos del modelo identitario que defienden los nacionalistas catalanes. Ellos se creen con el derecho a definir lo que es la catalanidad y lo que no, como si tuvieran un acceso mágico y exclusivo a la nación.

El nacionalismo es la ideología dominante en Cataluña. Quizás no en gran parte de su población, pero sí entre la clase dirigente política, económica e intelectual. Esta doctrina, en vez de ayudar a conservar algo tan importante como la lengua catalana, y que es un patrimonio de todos, no solo de los nacionalistas, crea un problema donde no debería haberlo. En la raíz de casi todos los conflictos que hay en España alrededor de la convivencia lingüística está el nacionalismo, porque convierte la diferencia en un problema.

Dos modelos diferentes nos indican los caminos que podemos seguir. Por un lado tenemos a Suiza, una sociedad plural donde se hablan varias lenguas. Es un modelo de convivencia porque sus ciudadanos han sabido superar las tentaciones del nacionalismo y de la estigmatización de la diferencia. Otro modelo es el de la extinta Yugoslavia. Es un ejemplo paradigmático de hacia donde nos conduce el nacionalismo en su versión más salvaje. En ese país se dedicaron durante años a matarse para construir unos estados homogéneos desde un punto de vista cultural y religioso. Llegaron a la terrible conclusión de que había que “purificar” sus naciones exterminando a los que no encajaban con su modelo identitario.

Afortunadamente estamos lejos de la antigua Yugoslavia. Pero todavía nos queda mucho que recorrer para poder ser como Suiza. Todos los que en Cataluña no comparten el discurso oficial nacionalista tienen que sufrir en muchas ocasiones el silencio mediático o la estigmatización social. Los nacionalistas tienen todo el derecho a serlo, pero los que nos oponemos al nacionalismo debemos ser respetados y aceptados como una parte más de la sociedad.

Una de las consecuencias más terribles del nacionalismo es que crea una sociedad dividida en ciudadanos de primera y de segunda. Los privilegiados son los que se adaptan al molde cultural e identitario defendido por los nacionalistas. Esos son los auténticos catalanes. Por otro lado tenemos a los que no
comparten las ideas nacionalistas o no encajan con el modelo de lo que supuestamente debe ser un catalán. Esos son ciudadanos de segunda que deben abrazar la ideología nacionalista con el mismo fervor que un converso religioso. Solo así se les aceptará en ese exclusivo club. Esto es un completo disparate. No caigamos en un nacionalismo que divide y enfrenta a una parte de la sociedad contra la otra.

Roberto Augusto es doctor en Filosofía

Córdoba vs. Atocha
Periciales fallidas o trucadas
Gabriel Moris Libertad Digital 3 Octubre 2012

Ante todo quiero manifestar mi respeto y reconocimiento por el trabajo bien hecho por cualquier profesional, incluyendo a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, a veces se cometen errores que tienen una gran trascendencia en la sociedad y en la vida de las personas. En estos casos, la fiabilidad y el aseguramiento de las pruebas practicadas debe tener prioridad sobre otras consideraciones.

Quisiera hacer algunas reflexiones sobre el caso de los niños de Córdoba, Ruth y Antonio, desaparecidos el año pasado; caso en el que la investigación policial, al igual que otras que todos tenemos en mente, parece resistirse al esclarecimiento.

Durante los meses de agosto y septiembre, casi todos los medios de comunicación informaron insistentemente sobre los resultados de las nuevas pruebas periciales practicadas a los restos hallados en la finca Las Quemadillas, en una especie de horno crematorio improvisado.

Mi información sobre este caso procede de los medios audiovisuales, por tanto puede carecer de la veracidad y del rigor que desearía al tratar un tema tan delicado y de tan hondas repercusiones. Según tengo entendido, la pericial inicial concluyó que los restos (óseos, al parecer) hallados en un fuego practicado en la finca correspondían a roedores. La voluntad de una madre apenada y dolorida hizo posible la realización de otras pericias, que llegaron a conclusiones muy distintas: se trataba de restos correspondientes a humanos con edades idénticas a las de los niños desaparecidos.

La primera pericial, según mi información, fue realizada por una perito de la Policía Científica. Las otras no, y se hicieron en centros no dependientes de la Policía. Deseo que la Justicia no ensombrezca el trabajo de los científicos, y que la madre y los familiares de los niños, pese a que han sufrido pérdidas irreparables, puedan hallar algo de paz

Mi familia, junto a otras dos mil –y me atrevo a incluir a casi todos los españoles–, sigue siendo víctima de una pericial de los Tedax hecha el 11 de marzo de 2004 y otra realizada en 2007 por un equipo de ocho peritos, cuatro de los cuales no dependíamos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Me refiero a las periciales de explosivos practicadas para identificar las cargas explosivas utilizadas en los atentados de los trenes de Cercanías. Si analizamos ambas periciales podemos pensar que los autores del atentado tenían planeado impedir que el explosivo pudiera ser conocido e investigado.

El análisis inicial de unas muestras tomadas por los Tedax concluía: "Se han hallado componentes genéricos de las dinamitas". Este resultado analítico, realizado con técnicas como la denominada cromatografía en capa fina, que deja un registro indeleble y permanente, parece que nadie lo pudo ver. Este hecho puede ser equivalente al de identificar restos de roedores donde sólo había restos humanos. En mi opinión, el del 11-M fue un análisis fallido o trucado, pues no aclaró la naturaleza de todos y cada uno de los componentes de la carga explosiva. El resultado ocultado, ambiguo e inconcreto, fue la única pericial de las muestras de los focos que se incluyó en el sumario del 11-M. La Policía Científica, cuyos laboratorios son los cualificados para realizar periciales de explosivos, no intervino en la investigación analítica de las muestras de los focos de explosión de los trenes. Miento, sólo recibieron y analizaron una muestra de polvo de extintor procedente de la estación de El Pozo. Pero el análisis practicado fue incompleto, o en el informe se omitió la presencia de explosivos propios de algún tipo de Titadyn.

El tribunal que juzgó los atentados de los trenes de Cercanías, consciente del gran fallo del sumario, solicitó una pericial de explosivos quince días antes del inicio del juicio. El análisis del 11 de marzo lo hizo un solo perito de los Tedax; a nosotros –ocho peritos–, en cambio, nos hicieron falta tres meses y medio. Y lo hicimos tres años después de los hechos, sin muestras válidas (todas inferiores a 0,1 gramos), previamente lavadas y con todos los escenarios del crimen destruidos; salvo el foco de la estación de Santa Eugenia apareció milagrosamente este año, como supimos por Libertad Digital. Los resultados de dicha pericial se resistieron a ver la luz pública porque en las muestras de los focos aparecieron dos componentes inesperados e indeseables (DNT y NG), presentes en algunos tipos de Titadyn. Aquí no hubo análisis de contraste en laboratorios ajenos a la Policía porque, para empezar, no había muestras; la Fiscalía, con la frase "Ha sido Goma 2 ECO, ¡y vale ya!", transformada después en "Da igual el tipo de explosivo", no parecía en disposición de aclarar si el explosivo que mató a doscientos viajeros de Renfe era distinto al esparcido por los criminales ejecutores por los aledaños del escenario de la matanza. Esto no se le ocurre ni al más bisoño de los terroristas. El tribunal tampoco trató de profundizar y aclarar las irregularidades en la pseudoinvestigación del explosivo utilizado en los trenes.

Si comparamos el tratamiento dado al caso de los niños desaparecidos con el de los 192 mártires inmolados en los trenes podemos apreciar la voluntad inquebrantable de una madre por descubrir a los asesinos de sus hijos frente a la pasividad de las otras víctimas. Respecto a las periciales practicadas por la Policía, creo que los comentarios que anteceden dejan patente que en un caso se ha permitido realizar diversas tomas de muestras y que la Fiscalía ha colaborado activamente en ello. También se ha permitido la realización de contraanálisis en laboratorios independientes. En el caso del 11-M, las muestras tomadas de once vagones se redujeron a 23. Ni el juez instructor, ni la Fiscalía ni el tribunal exigieron nuevas tomas de muestras de los escenarios del crimen, ni análisis independientes. La aparición, en marzo, de un foco del vagón de Santa Eugenia, hasta hoy, no ha tenido consecuencias prácticas.

¿Alguien puede explicar las diferencias en el tratamiento de ambos casos? ¿Acaso no sigue pendiente la investigación del 11-M? ¿No viene de aquel atentado la situación de España? Aún estamos a tiempo de rectificar.

España
El Gobierno estudia pagar colegios privados en español en Cataluña en vez de hacer cumplir las sentencias a Mas
La solución del Ejecutivo del PP ante la insumisión de la Generalidad pasa por tratar el castellano como si fuese una lengua extranjera en Cataluña.
Entidades en defensa de la libertad lingüística consideran la fórmula del Gobierno como “un escándalo” y “una cobardía política inaceptable”.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 3 Octubre 2012

La connivencia de los distintos gobiernos nacionales -tanto del PP como del PSOE- respecto a la prohibición del español como lengua vehicular en las escuelas públicas de Cataluña que la Generalidad viene aplicando desde hace dos décadas alcanza niveles difíciles de calificar.

La dejadez sistemática de Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP), José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP) ante la ausencia del Estado de derecho en una parte de España no tiene precedentes en ningún otro país occidental. No existe un solo lugar en el mundo desarrollado donde se permita la exclusión de las escuelas de una lengua que, además de oficial, sea la habitual de la mayoría de la población de dicho territorio.

Impunidad ante la insumisión
El Tribunal Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones (de forma destacada en 1994 y en 2010) que el castellano ha de ser lengua docente junto al catalán en los colegios de Cataluña, y el Tribunal Supremo (en media docena de ocasiones) ha subrayado que ambas deben ser utilizadas como lenguas vehiculares de forma proporcional y equitativa.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos autonómicos encabezados por CiU o por el PSC han hecho caso omiso de las sentencias que obligan a restablecer el bilingüismo escolar sin que ninguna institución del Estado haya corregido dicho atropello. La impunidad de los nacionalistas ha sido absoluta, pese a que la insumisión ha sido flagrante y permanente.

La solución del Gobierno: pagar colegios privados
Este martes, el ministro de Eduación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), ha asegurado que está “firmemente dispuesto a resolver” este problema, ha prometido que “en esta legislatura ese tema va a tener una solución práctica“, y ha garantizado que el Gobierno está realizando “una reflexión para hacer efectivo ese derecho [recibir la educación también en español] en todas partes de España”.

El Mundo, citando fuentes del propio Ministerio, ha revelado este miércoles en qué consiste la “reflexión” anunciada por Wert: sorprendentemente, y lejos de hacer cumplir la ley y las sentencias a la Generalidad, el Gobierno estudia ‘pagar a colegios privados para que enseñen en castellano’ en las CCAA con más de una lengua oficial ‘donde las autoridades se niegan a ofrecer una educación vehicular en este idioma’.

El Ministerio trabaja en un informe jurídico
En caso de que la propuesta se confirmase, no haría más que corroborar la cesión del Gobierno ante las imposiciones nacionalistas, evitando tener que obligar a un Gobierno autonómico a acatar las sentencias, lo que podría llegar a considerarse como un incumplimiento de los deberes que tiene el Gobierno como autoridad pública, o, incluso, una prevaricación.

Según el diario de Unidad Editorial, el Ministerio estaría barajando la posibilidad de ‘firmar convenios con centros privados para que den clases en castellano’, asumiendo ‘el coste suplementario de esta enseñanza’ mediante subvenciones del propio Gobierno, para que los padres que así lo deseen puedan llevar a sus hijos a esos colegios.

Esta opción contaría con el respaldo legal que establece que la Administración General del Estado puede, en determinados momentos, ‘cumplir una función subsidiaria’ ante una violación de las obligaciones legales por parte de una Comunidad Autónoma. Los servicios jurídicos del Ministerio ya estarían realizando un informe para analizar los problemas competenciales de esta alternativa, habida cuenta que la gestión de la educación está transferida a las CCAA.

“Una cobardía política inaceptable”
Como era de esperar, esta fórmula no ha sido bien recibida por las entidades que llevan años defendiendo la libertad de elección lingüística y el bilingüismo en las escuelas. Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, ha declarado a El Mundo que la medida es “un escándalo” porque supone “aceptar que CCAA como Cataluña pueden incumplir la ley impunemente y sin consecuencias”. “Es de una cobardía política inaceptable por parte del ministro”, ha insistido, y ha recordado que ya existen colegios de alto standing en Cataluña que enseñan en castellano, previo pago.

Wert ha reconocido este martes que el problema “no es nada fácil de resolver porque el Estado no tiene administración educativa propia en las CCAA”. Pero Caja le ha respondido apelando a la Alta Inspección de Educación, que tiene la función de velar por el cumplimiento de la legislación nacional en las CCAA, y que “no ha actuado nunca”.

En un sentido similar se han posicionado entidades como Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia y Ágora Socialista, que recientemente le han recordado al ministro ‘la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos lingüísticos’, instándole a utilizar la Alta Inspección de Educación para ‘hacer cumplir de manera efectiva la normativa en lo referente a los derechos lingüísticos de alumnos y padres o tutores, incluyendo un régimen sancionador para aquellos que impidan, obstaculicen o menoscaben esos derechos’.

El español, como una lengua extranjera en Cataluña
En febrero de 2006, el entonces aspirante a la Presidencia de la Generalidad Artur Mas, en una entrevista realizada en El Mundo, respondió así tras ser preguntado sobre la prohibición del español como lengua vehicular de las escuelas públicas de Cataluña: “Que monten un colegio en castellano para el que lo pague, igual que montaron uno en japonés”. Pero, en este caso, a coste de todos los españoles.

Todo apunta a que, finalmente, el Gobierno ha accedido a su pretensión, y el español seguirá recibiendo un trato similar al de una lengua extranjera en las escuelas catalanas. Y ni siquera eso, puesto que la Generalidad ya ofrece la posibilidad de recibir un 30% de las clases en francés en una quincena de institutos públicos de la Comunidad.

Andalucía
¿Cómo dan el alto un gallego y un andaluz en catalán?
El detenido, natural de Gerona, pide una multa a dos guardias civiles por «obligarle» a hablar español
abc sevilla  3 Octubre 2012

El Juzgado de Instrucción Número 7 de Figueres ha acogido este miércoles el juicio contra dos agentes de la Guardia Civil y un joven vecino de Vilajuïga (Girona), por un rifirrafe entre los tres, que se desencadenó en un control de drogas y armas, en el cual el joven habló todo el rato en catalán, un idioma que los agentes no entendían bien.

En la vista se han dado dos versiones totalmente contradictorias: el joven acusa a los agentes de querer obligarle a hablar castellano «porque estamos en España», mientras que los guardias civiles afirman que simplemente le pidieron que hablara más despacio en catalán porqué hacía poco que estaban en Cataluña y no entendían todo lo que les decía.

Aunque el tema de la lengua fue el detonante del cruce de insultos entre ambas partes, el fiscal, José Antonio Alonso, en la presentación de su informe ha querido dejar muy claro que no se ha juzgado el idioma que usó cada uno, ya que hablar catalán o castellano «no puede ser constitutivo de ningún delito», si no que lo que se enjuicia es la falta de respeto que tuvieron los unos hacia los otros.

El joven Simó C. ha detallado que cuando se lo paró en seguida se le requirió que hablara en castellano, un hecho que él no aceptó y continuó dirigiéndose a los agentes en catalán "porque es su lengua y la oficial en Cataluña", a partir de aquí la situación fue cada vez más tensa, hasta el punto que se sintió vejado y agredido por los agentes.

En cambio, los dos agentes han explicado que en ningún momento obligaron al joven a hablar en castellano, y que simplemente le pidieron que hablara más despacio para poder entenderlo; los agentes son de Galicia y Andalucía y hacía poco más de un año que estaban en Cataluña y han asegurado que solo entendían el 60% de lo que les decía.

Los agentes también han expuesto que en algún momento creyeron que el joven les agrediría, ya que se les acercaba mucho y no les dejaba registrar el coche; incluso, un agente lo apartó y el chico intentó darle un puñetazo, según su versión; mientras que el joven asegura que le agredieron para impedirle que viera como hacían el registro.
Sin pruebas objetivas

Después de hora y media de declaraciones, el fiscal ha pedido una sentencia absolutoria para los tres, que actuaban tanto como parte acusadora y acusante, ya que han dado dos versiones totalmente contradictorias y no hay pruebas objetivas que puedan esclarecer qué sucedió.

Las demás partes han estado de acuerdo con el fiscal en lo que de las versiones contradictorias, pero han mantenido la petición de pena: el abogado defensor del joven ha pedido una multa de 480€ para cada agente por dos faltas de maltrato de obra y vejación; mientras que el letrado de los agentes ha reclamado un multa de 600€ por una falta de desobediencia y otra de vejaciones.



******************* Sección "bilingüe" ***********************

Falsa unidad sin traducción simultánea
José Oneto www.republica.com 3 Octubre 2012

El servicio de traductores del Senado, que cuesta normalmente, doce mil euros por cada sesión de trabajo, no ha tenido necesidad de intervenir este martes en la V Conferencia de presidentes autonómicos celebrada en lo que es la segunda Cámara política del país, y todos han utilizado el castellano para dar, como quería el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una imagen de falsa unidad de cara a los mercados.

Pendiente de la solicitud del rescate soberano, del que habló el lunes ampliamente en el Palacio de la Moncloa con el comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Olli Rehn, y presionado por las informaciones de los grandes medios internacionales que, como la Agencia Reuter, hablan de la inminencia de la decisión y de que todo está paralizado a petición de Alemania que no quiere problemas en el Bundestag antes de las próximas elecciones, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha aprovechado la Cumbre Autonómica para enviar un mensaje de unidad a los mercados, y para convencerlos de que las Autonomías, que tanto preocupan, cumplirán los objetivos de déficit a pesar de que gran parte de ellas, las más importantes y las que más aportan al PIB nacional, como
Andalucía, Cataluña, Valencia y Murcia, han pedido el rescate del Estado.

¿Era eso lo que pedía la situación política e institucional del país, cuando el estado autonómico está discutido, y puesto en duda, y el debate nacional gira sobre cómo evitar que Cataluña, convoque un Referéndum sobre la autodeterminación, se escinda de España y pida el ingreso, como un Estado más en la Unión Europea? ¿Es que acaso los mercados no tienen información suficiente como para poner en duda esa falsa unidad con la que se ha querido obviar la grave crisis institucional y constitucional que atraviesa el país? ¿Son esas las verdaderas preocupaciones de los presidentes autonómicos, cuando se está hablando en algunos círculos de una necesaria reforma de la Constitución para dar cabida a una especie de “estado federal cooperativo”, que nadie sabe lo que es ¿No era el gran problema el sistema de financiación autonómica, que además tiene que revisarse el año que viene y que, al fin y al cabo, ha provocado la “crisis catalana” con la exigencia del Pacto Fiscal, cuando es un sistema elaborado precisamente por el gobierno de la Generalitat, e impuesto al resto de las Comunidades, en su momento, por el expresidente Rodríguez Zapatero? ¿El gran debate no es precisamente el “soberanismo”, y el desafío de Artur Mas, aunque el presidente de la Generalitat no se haya atrevido a plantearlo claramente en el Senado y dar la cara en posterior rueda de prensa donde se le iba a preguntar, precisamente, sobre ese doble actitud y doble lenguaje, en Madrid y Barcelona?

El verdadero estado de la cuestión lo describe, perfectamente, este martes, el periódico de Alemania (uno de los países que tendría que votar a favor de la entrada de Cataluña en la Unión Europea) “Die Welt”:

“El futuro del Reino está en manos de Cataluña. Esto no es una exageración tremendista. Ya no hay vuelta atrás. Tras el anuncio del presidente de la Generalitat Artur Mas, que ha convocado elecciones anticipadas en noviembre, ha quedado clara una cosa: el Estado español dejará de ser lo que es. España dejó hace tiempo de pasar por una mera crisis económica, y está viviendo una crisis política existencial, con consecuencias para la UE en su conjunto. Pero la disolución del cuarto mayor país miembro, en su día tan europeísta, significaría la fragmentación de la UE y sería algo así, como la sobrecarga definitiva. No sólo España, sino Europa, dejaría de ser lo mismo después de algo así ”

¿De qué unidad estamos hablando?

¿Choque de trenes? ¿Pero de qué trenes, por favor?
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 3 Octubre 2012

La metáfora más socorrida, y más falsaria, de la que echan mano algunas mentes biempensantes desde que se produjo el anuncio de los planes secesionistas del nacionalismo catalán es la del choque de trenes.

Quienes recurren a ella reconocen, claro está, que el tren independentista marcha a toda máquina y que sus fogoneros no descansan, vociferando como Marx (Groucho, por supuesto), ¡más madera, más madera! Pero ese reconocimiento de la realidad se acompaña de una pura invención destinada a descargar de parte de su responsabilidad a un nacionalismo catalán que la tiene hoy por entero. Y es así: frente al tren secesionista se presume, gratuitamente, la existencia de otro -el nacionalista español- que, supuestamente, marcharía en sentido contrario y condenado, por tanto, a darse un formidable chocotón con el primero.

¿Hay tal? En absoluto. Nada de choque de trenes por la sencillísima razón de que por la vía por la que marchan Mas y sus diversos seguidores solo circula a todo trapo su locomotora desbocada. De hecho, lo que resulta llamativo es la extremada prudencia del Gobierno frente al gran desafío, acompañado de amenazas de actuar contra la ley, del nacionalismo catalán. Es verdad que hay periódicos y emisoras de radio de la derecha más intransigente que andan a lo suyo, pero considerar responsable al Gobierno y a la inmensa mayoría de los españoles que estamos en contra de la secesión de Cataluña de ese rancio españolismo sería hacer lo que el islamismo radical: responsabilizar a Obama de la película en que se hacen cuchufletas de Mahoma.

Salvo el nacionalismo catalán -apoyado, faltaría más, por el vasco y el gallego-, aquí nadie que de verdad cuente ha dicho una palabra más alta que otra. ¿Alguien se imagina la que se hubiera organizado si en lugar de ser el presidente de la Generalitat quien ha hablado de utilización de las armas lo hubiera hecho Rajoy o un miembro del Gobierno? Los gritos de «¡fascista!» hubieran llegado a Vladivostok.

No, aquí ni hay choque de trenes ni un nacionalismo separatista y uno separador, como afirma el PSC, con esa cobardía y complejo de inferioridad frente al primero que se ha convertido ya en marca de la casa, sino solo un movimiento secesionista que ha decidido jugar su partida al margen de la ley si no puede ganarla con la ley. Frente a ellos no estamos los fascistas, sino los defensores de la Constitución, del Estado de derecho, de la convivencia democrática y de un Estado de las autonomías que es ya, desde hace tiempo, un Estado federal. Ese que, sin saber lo que dicen o sin decir lo que saben, proclama querer construir para salir del paso un PSC que, pudiendo y debiendo ayudar a resolver el problema, ha decidido contribuir a emponzoñarlo. Una desgracia para Cataluña, para el PSOE y para España.

Derecha intransigente y rancio españolismo
Nota del Editor 3 Octubre 2012

Este articulista parece que ha asistido a las academias de (de)formación del PSOE, y utiliza las técnicas allí aprendidas: un ataque, cualquier ataque, por el mero hecho de atacar, es la mejor defensa. Y asi vemos que lanza humo sobre una supuesta derecha intransigente, esa que permite que el TC se pase la constitución española por el mismo sitio que la generalidad, y encima tilda de rancio españolismo a no sé que cosa, pues sólo somos españoles los que no podemos ser otra cosa, a ver quén es capaz de aguantar esta compañía.

Y de paso lanza la inyección de intoxicación: las autonomías son una maravilla (sin duda, para los que nos esquilman).

Tres errores de Artur Mas
Francesc de Carreras La vanguardia  3 Octubre 2012

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

La disolución del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones en Catalunya era algo que podía esperarse tras el clima desatado por la manifestación de la Diada. Sin embargo, se mire por donde se mire, una legislatura que ni siquiera ha durado dos años es un fracaso del Govern que la preside, más todavía si tenemos en cuenta la principal circunstancia que se alega al disolver, es decir, no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno central sobre la financiación autonómica. ¿Es Artur Mas tan ingenuo que ya en la primera ronda de negociaciones pretendía llegar a tal acuerdo? ¿O bien al imponer una condición imposible -el pacto fiscal entendido como concierto económico- pretendía el fracaso de la negociación, hacerse la víctima y justificar el paso siguiente, la llamada transición nacional, es decir, el proceso a la independencia? No hay duda que desde hace meses este itinerario estaba trazado.

A modo de ejemplo, Oriol Pujol declaró en marzo pasado: "Las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas". Como comentamos entonces (La Vanguardia, 29/III/2012), "repetir tres veces el adverbio 'muy' indica una confianza mínima, por no decir nula. ¿Es el pacto fiscal, por tanto, una mera excusa para dejar transcurrir un tiempo y pasar a plantear definitivamente la independencia?"

En efecto, el asunto del llamado pacto fiscal ha sido una simple etapa dentro de un viaje más largo cuya meta es la independencia. Puede ser que la manifestación de la Diada haya acelerado el proceso. Puede ser. Es también posible que al anunciar la disolución inmediata de la Cámara catalana, Mas haya querido impedir el debate para que no se evaluara, por ejemplo, que a pesar de los recortes de gasto, la deuda de la Generalitat ha alcanzado los 48.000 millones de euros y la institución se encuentra, de hecho, quebrada. También es posible. En todo caso, al precipitarse todo el asunto para montarse en la ola populista de la manifestación, Artur Mas ha cometido, a mi modo de ver, tres graves errores tácticos.

En primer lugar, en medio de una crisis económica tan grave como la que atravesamos, plantear aventuras inciertas que afectan a la credibilidad de nuestro sistema económico es una clara irresponsabilidad. Los inversores -sean nacionales o extranjeros- tienen aversión al riesgo y buscan seguridad jurídica. El Govern de Mas se presentó como un gobierno business-friendly, un amigo de los empresarios, y se me está convirtiendo en lo contrario. La advertencia de José Manuel Lara al decir que el grupo Planeta abandonará Catalunya sólo es la cresta de la ola de una creciente inquietud.

De momento, sólo el anuncio de este proceso ya ha provocado turbulencias: un cierto daño ya está hecho, irremediablemente. A medio y largo plazo es muy posible que Catalunya sea económicamente viable como Estado independiente, pero a corto plazo, es decir, dentro de los próximos diez o quince años, las inciertas variables políticas que inevitablemente condicionan las perspectivas económicas son obviamente muy negativas.

En segundo lugar, Artur Mas cometió un error de bulto al decir en el Parlament que el proceso de independencia se pretendía llevar a cabo dentro de la legalidad pero, añadiendo, que si esta legalidad no permitía alcanzar el fin buscado se prescindiría de ella. Es la peor señal que podía darse a la comunidad internacional. Durante los últimos años en Catalunya se ha despreciado a la Constitución, a las leyes y a las decisiones judiciales. Grave error táctico, además de una deplorable concepción de la democracia.

Artur Mas ha dicho estos días, y lo repitió anteayer en sus declaraciones a TV3, que "los marcos legales han de adaptarse a la democracia", entendiendo así por democracia un proceso desligado y superior al Estado de derecho. Esta idea es justo la contraria de lo que en Europa se entiende por democracia, donde tal concepto y el de Estado de derecho son inescindibles. Si la Generalitat pretende que Catalunya alcance la independencia al margen de lo establecido en las leyes no obtendrá personalidad jurídica internacional y, por tanto, no será reconocida como Estado. Afortunadamente estamos en un mundo regido por normas jurídicas, internas e internacionales, en defensa de los derechos de las personas.

Por último, sostener que se quiere alcanzar una mayoría amplia y prescindir del acuerdo con los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, es caer en el error Ibarretxe, que obtuvo una mayoría de votos en el País Vasco pero no tuvo en cuenta que las rupturas nunca pueden ser unilaterales ya que son cosa de dos. Este tipo de populismo que Mas, quién se lo iba a decir, tanto invoca estos días tampoco es presentable en nuestra cultura política.

Ya sé que Artur Mas y su coro mediático mantendrán que estas reflexiones forman parte del discurso del miedo, una acusación con la que se pretende descalificar a las voces críticas. Y quizás tienen razón: en política siempre hay que tener miedo a los profetas y a los visionarios, a los imprudentes y a los insensatos.

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Educación obligará a que se estudie en castellano en toda España
El ministerio analiza los mecanismos legales para garantizar que no haya discriminación en Cataluña
La legislación del Gobierno catalán condena la utilización del castellano en los rótulos de los comercios y limita el aprendizaje del mismo Manipulación nacionalista en los libros de texto Los pinganillos vascos costarían 275.000 euros
R. Ruiz La Razón 3 Octubre 2012

MADRID- Que un niño que resida en Cataluña o Baleares pueda estudiar en castellano como lengua vehicular será posible «esta legislatura». Lo anunció ayer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que aseguró ayer que está «firmemente dispuesto» a resolver este espinoso asunto que «va más allá de la Alta Inspección del Estado». «No debe quedar la menor duda de que en esta Legislatura este tema va a tener una solución práctica, porque el problema no es lo que diga la ley, que lo dice claramente, y es que todo el mundo tiene derecho a que el castellano sea la lengua vehicular en que reciba la educación».
El ministro insistió en que esté polémico asunto quedará zanjado de una vez por todas: «No basta la llamada de atención individualizada para entender ese derecho sino que hay que hacerlo efectivo y yo garantizo que eso lo vamos a hacer», sentenció en una entrevista a Telemadrid.

Nuevos mecanismos
De momento, el Ministerio de Educación estudia los mecanismos para hacer efectivo que un alumno catalán o balear pueda estudiar en castellano. Una posibilidad que, por otra parte, ya queda garantizada en cinco sentencias del Tribunal Supremo que, basándose en otra sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, obligan a devolver al castellano la condición de lengua vehicular en la enseñanza. Actualmente, en las aulas ha quedado relegado a dos horas a la semana. El Gobierno catalán ha hecho caso omiso de estas sentencias amparándose en la Ley de Educación Catalana (LEC) y su consejera de Educación, Irene Rigau, no está dispuesta a dar ni un paso atrás. Incluso ha llegado a decir que está dispuesta a inmolarse políticamente antes que cambiar la situación actual.

De momento, la reforma educativa que prepara el Gobierno del PP ya resta poder a las autonomías a la hora de decidir sobre los contenidos de las asignaturas.
Si hasta ahora el Ejecutivo central decidía sobre el 55% de lo que se debe enseñar en las aulas en las comunidades con lengua propia, y un 65% en las autonomías que no la tienen, con el cambio legal se prevé que decida sobre el 65% y el 75%, es decir, un 10% más.

El ministro de Educación fue incluso más allá al asegurar que veía «evidencias» que relacionan el crecimiento del independentismo con el rumbo que ha tomado el sistema educativo, lo que desató la airada réplica de los nacionalistas. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, tachó de «muy grave» la afirmación del ministro y le retó a hacer público qué «evidencias» tiene. Homs advirtió de que «si el Gobierno español quiere enterrar el sistema de inmersión lingüística en Cataluña deberá «modificar las leyes, la doctrina del Tribunal Constitucional e Incluso la Constitución», informa Efe.

El Gobierno catalán se apoya en la idea de que hasta ahora ningún estudio ha podido demostrar que los alumnos catalanes saben menos castellano que la media.
El ex ministro socialista, Ángel Gabilondo, fue el primero que aseguró en varias ocasiones que el nivel de conocimiento de la lengua común del Estado de los estudiantes catalanes era similar al de los alumnos del resto de España. Aunque ayer el portavoz del Gobierno catalán se atrevió a asegurar incluso que los alumnos catalanes saben la lengua de Cervantes mejor que la media.

Tampoco los informes internacionales, como el PISA, han constatado, hasta el momento, que exista alguna brecha en el sistema educativo en este sentido en relación con otros alumnos de autonomías que no cuentan con lengua propia.

«Educación modelo»
La Plataforma per la Lengua no perdió ocasión de arremeter contra el titular de Educación. «Sus palabras son impropias de un ministro y explicitan descaradamente la voluntad de eliminar el modelo de escuela catalana y añadir tensiones políticas demagógicas en un ámbito tan importante como es el de la educación y el de la escuela». Incluso culpó al Gobierno del PP del «malestar tan grande sufrido en Cataluña por su acoso jurídico y político».

Los partidos catalanes ICV-EUiA, ERC y Solidaritat también opinaron y exigieron ayer al ministro de Educación que no cuestione el modelo educativo catalán ni la inmersión lingüística porque «son ejemplos de éxito».

«Nadie debería discutir un modelo de éxito y no se tienen que sacrificar las cosas que funcionan bien. Las opiniones de este ministro no las compartimos en absoluto y son evidentemente falsas, algo que estoy seguro que queda reflejado ante los ojos de la mayoría de los catalanes», sentenció el líder de ERC, Oriol Junqueras.

UPyD
Elecciones vascas 2012: Gorka Maneiro, la voz contra las duplicidades y las cesiones a ETA
Aunque apoyó, junto al PP, la investidura de Patxi López para dar un giro a las políticas nacionalistas, ha sido uno de los más críticos con el Gobierno vasco socialista
EFE | VITORIA El Correo 3 Octubre 2012

El candidato a lehendakari de UPyD, Gorka Maneiro, opta por segunda vez a la Lehendakaritza como defensor del constitucionalismo, de la reducción del entramado institucional vasco y como la voz más exigente contra las cesiones a ETA o a sus presos.

Este donostiarra de 37 años ha conseguido hacer valer el único escaño que consiguió su partido en el Parlamento vasco en 2009 por su incesante actividad en la Cámara, con la presentación de multitud de iniciativas. Aunque apoyó, junto al PP, la investidura de Patxi López para dar un giro a las políticas nacionalistas desarrolladas en Euskadi en las últimas décadas, ha sido uno de los más críticos con el Gobierno vasco socialista y con los populares al considerar que no han aprovechado la oportunidad que se les dio.

Maneiro considera "casi perdidas para la causa del constitucionalismo" a ambas formaciones y es el único además que ha descartado cualquier pacto con el PNV porque está convencido de que un lehendakari nacionalista irá por la senda de "la ruptura del Estado, en el camino hacia la independencia".

Se ha convertido así en defensor del constitucionalismo, de la libertad de elección lingüística, de suprimir cualquier duplicidad en las instituciones vascas, de acabar con el Concierto Económico vasco, suprimir las diputaciones y cerrar las "embajadas" vascas en el exterior.

Para Maneiro, España debe encarar ahora "dos grandes amenazas": el nacionalismo "que está llevando a la ruina política" y los recortes aprobados por el Gobierno del PP "con el apoyo del PNV, que llevan a la ruina económica y social". Propone como alternativa reformar en Euskadi el entramado institucional, reducir las empresas públicas, perseguir el fraude fiscal, invertir en I+D+I, y "dejar de subvencionar a la banca", entre otras medidas. El que fuera militante socialista entre 2002 y 2007, ha criticado duramente al PSE por sus "cesiones" al nacionalismo y ha tratado de ir más allá que el PP en la defensa a las víctimas del terrorismo, al rechazar cualquier tipo de beneficio penitenciario para los presos etarras.

Diplomado en Ciencias Empresariales y contable de profesión recaló en el partido que lidera Rosa Díez en 2007 tras haber militado en la organización "Basta Ya". Casado, con una hija, amante de la lectura y aficionado al baloncesto, disciplina de la que fue entrenador de equipos juveniles, aspira ahora a ampliar la representación parlamentaria de UPyD en Euskadi.

Manipulación nacionalista en los libros de texto
Erik Montalbán La Razón 3 Octubre 2012

Madrid- Los nacionalismos en nuestro país no sólo han tenido efectos en el ámbito político, económico o social, sino que también han afectado de lleno al sistema educativo, que no se ha librado de la manipulación y la desinformación. El resultado es que los alumnos de las regiones de tradición nacionalista como Cataluña y País Vasco, aunque también los de otras autonomías como Islas Baleares o Galicia, conocen al dedillo la historia, la geografía y la lengua de sus regiones, pero presentan déficits educativos en todo lo concerniente al conjunto de España o al resto del mundo.

No es raro que un escolar catalán de once años sea incapaz de situar Madrid en un mapa o de expresar determinados conceptos matemáticos en castellano, pues sólo los ha estudiado en catalán. Con la asunción por parte de las comunidades de las competencias educativas, España se convirtió en un país con 17 sistemas educativos distintos y 17 libros de texto diferentes para cada materia. Hasta la reforma emprendida por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, cada región con lengua propia podía elegir hasta el 45 por ciento de los contenidos. Ahora este porcentaje, se ha rebajado hasta el 35 por ciento del temario. El problema radica en que los libros de algunas regiones llegan incluso a falsear datos históricos, además de obviar lo ajeno a la comunidad. Así, es posible encontrar que «el Ebro es un río catalán», que los «países catalanes llegan hasta Murcia» o que «la Península Ibérica está al sur de Euskal Herria».

Los pinganillos vascos costarían 275.000 euros
El delegado del Gobierno advierte a Garitano de que imponer el euskera vulnera la ley M. Luisa G. Franco La Razón 3 Octubre 2012

BILBAO- El intento de Bildu de imponer la utilización obligatoria del euskera en el trato con la Diputación de Guipúzcoa es ilegal y no va a ser consentido por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, quien ha mandado un requerimiento al diputado general, Martín Garitano, en el que le advierte que esa decisión vulnera la normativa sobre contratación administrativa y sobre normalización lingüística.

La Diputación de Guipúzcoa, sin embargo, se considera «amparada por la ley» en su decisión de emplear únicamente el euskera en sus comparecencias públicas y de exigir que las empresas que pretendan trabajar con la administración guipuzcoana dominen el euskera, por lo que parece que la iniciativa del delegado del Gobierno será el primer paso de un largo proceso para impedir la discriminación del castellano en el trato con la administración guipuzcoana.

Al diputado general de Guipúzcoa no parece importarle el gasto de traducir al euskera toda la documentación que se maneje en la administración foral, ni el de los traductores que serán necesarios en cada comparecencia pública, en las que se ha anunciado que los periodistas tendrán un sistema de traducción simultánea similar al que se utiliza en el Parlamento vasco.
Los presupuestos de 2012 de la Diputación de Guipúzcoa no reflejan partidas para esta medida, por lo que la decisión de poner en marcha de manera inmediata la utilización exclusiva del euskera tendrá que cargarse a otras partidas y a costa de no se sabe que servicios. Como ejemplo de lo que podría suponer ese montaje podría tenerse en cuenta que el Parlamento vasco consignó en sus presupuestos para 2012 partidas para traducciones entre el euskera y el castellano de más de 275.000 euros.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, corresponsabilizó al PNV de la imposición del euskera en Guipúzcoa, argumentando que ese partido permitió a Bildu gobernar en minoría la Diputación foral, y advirtió que, tras las elecciones vascas que se celebrarán el próximo día 21 pueden proliferar ese tipo de actitudes que, según dijo, «niegan la condición de ciudadanos a los que hablan castellano».

También el diputado general de Alava, Javier de Andrés, del Partido Popular, reaccionó ayer contra «los nacionalistas que dicen que España tiene que entender su pluralidad, pero luego, dentro de Ejuskadi, ignoran plenamente la diversidad del territorio vasco».
Incumplir la normativa comunitaria

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, advirtió que la Diputación de Guipúzcoa podría incumplir la normativa comunitaria que vela por la libre concurrencia en los concursos públicos en el caso de exigir en todas las contrataciones que los técnicos de las empresas adjudicatarias dominen el euskera.
La consejera de Interior y Justicia explicó que si este requisito se hace extensible a todo tipo de contrato y servicio «podría tener alguna incompatibilidad con el derecho comunitario. Formamos parte de un mercado único y las licitaciones dependiendo de la cuantía se publican en el Boletín de las Comunidades
Europeas», informa Vasco Press.

Basagoiti tacha a Bildu de «nazi»
La reacción más contundente a la política impositiva de Bildu en materia lingüística la firmó el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, que la definió como «de corte nazi y talibán». El candidato popular a lendakari acusó a la Diputación de Guipúzcoa de actuar como los nazis por considerar «judíos» a quienes hablan castellano. Basagoiti anunció que ha pedido al Ejecutivo de España que estudie si la decisión de Bildu en Guipúzcoa de excluir de los concursos públicos y de ciertas subvenciones a las empresas que no acrediten un determinado nivel de euskera puede suscitar la adopción de «acciones legales oportunas», informa Iker Moneo.
 




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