AGLI Recortes de Prensa   Viernes 5 Octubre 2012

La gallina ciega y tonta
Gabriela Bustelo www.gaceta.es  5 Octubre 2012

No se puede tocar lo importante y no hablar de la reforma del Estado.

Mientras Zapatero se muda de casa otra vez, todos seguimos sufriendo las consecuencias de su largo mandato. España es hoy un campo de minas que nos estallan en la cara casi a diario. Recordemos que el peor gobernante de nuestra democracia no tuvo mayoría absoluta, pero al imponerse como primer objetivo dejar al PP sin resortes de poder, pactó alegremente su política con los partidos nacionalistas, que en su versión menos tóxica consideran a España una fuente inagotable de riqueza fácil y en su modalidad más funesta tratan al país propio como un enemigo destruible.

Siete años y medio de sumisión a unos nacionalismos endiosados han contribuido generosamente a la ruina económica en que nos encontramos. Quienes ahora apelan a la Constitución parecen olvidar que la locura estatutaria de Zapatero es un contrasentido jurídico que no se ha enmendado. No olvidemos que el chantaje y el soborno eran las armas preferidas de Zapatero para ganar votaciones en las Cortes, ni olvidemos las constantes concesiones a las autonomías nacionalistas y los generosos premios de consolación para las que no lo son. No olvidemos, en suma, el despilfarro generalizado que nos ha convertido en la estrella mundial de la ruina económica.

Es evidente que el modelo territorial de la Constitución de 1978 no funciona, pero el PP ha optado, una vez más, por el juego de la ceguera ante los graves problemas nacionales. Si hace unos días el Rey hablaba en su recién estrenado blog de una unidad exenta de quimeras, esta semana se ha escenificado esa falsa unidad con una cumbre autonómica que no ha engañado a nadie. La Conferencia de los Presidentes Autonómicos se celebró el martes en Madrid a puerta cerrada, cosa que ha producido indignación en una ciudadanía española harta de pagar momios con sus impuestos.

Al clausurarse la “Cumbre de las Prebendas” Rajoy desveló que se había hablado de lo importante, es decir, la economía. Cuesta creerle teniendo en cuenta que no se ha mencionado ni una sola vez la reforma del Estado de las Autonomías. Es decir, no se ha dicho ni una palabra sobre las 17 cámaras autonómicas, el millón largo de empleados públicos, las 13 televisiones regionales, los consejos duplicados, las embajadas nacionalistas, el Senado de los pinganillos, los coches de alta gama y los móviles de última generación. Entre tanto, la prensa extranjera desgrana a diario su incredulidad sobre el modelo autonómico español.

No es un secreto para nadie que la catástrofe económica española ha empezado a deshilvanar las costuras del traje nacional tejido en la Constitución de 1978. Una gestión descentralizada podría ser más práctica que una gran Administración central, pero no es el caso. El Estado de las Autonomías ha potenciado el localismo doctrinario, ha contribuido a sustituir la cordialidad fraternal por la enemistad y ha incrementado la estructura burocrática hasta hacerla imposible de mantener. ¿Cuánto tardará el PP en reconocerlo? No hacerlo es un suicidio.

Reino de Taifas
A lo que Rajoy no se atreve ni en catalán
Guillermo Dupuy Libertad Digital 5 Octubre 2012

Estaba claro que el intento de Rajoy de transmitir una imagen de unidad, control y confianza mediante un papelito aprobado en la Conferencia de Presidentes que sólo alcanza a defender el insostenible statu quo de nuestro sector público estaba condenado al fracaso. No menos patético es, sin embargo, tratar de enmendarlo con un documento en inglés y dirigido a los inversores extranjeros en el que el gobierno asegura estar dispuesto a intervenir las comunidades autónomas que no cumplan los objetivos de déficit.

Más le hubiera valido a Rajoy haber transmitido esa firmeza, aunque fuese en catalán, en la conferencia de marras, y plasmar en el documento allí aprobado algún compromiso que pudiese ser considerado un intento de adelgazamiento de nuestro sector público y de reconversión de nuestro reino de taifas.

A estas horas, sin embargo, lo único que estará esperando Rajoy es que el farol de firmeza frente a las autonomías cuele entre los extranjeros sin que llegue a los oídos de los presidentes regionales, especialmente el catalán. Por no enfrentarse, Rajoy ha calificado de "algarabía" una rebelión institucionalizada contra nuestra Nación y nuestro Estado de Derecho como es el desafío secesionista de Artur Mas. Por "evitar polémicas", Rajoy ha accedido a conceder un nuevo crédito extraordinario de 5.000 millones a un Gobierno como el catalán, que no sólo es secesionista, sino uno de los más manirrotos de nuestro país, y que además tuvo la desfachatez de exigirlo "sin condiciones". Por no librar la batalla política contra los nacionalistas, Rajoy permite –faltando a su deber de hacer cumplir la ley– que las sentencias del Supremo contra la inmersión lingüística no se cumplan no sólo en Cataluña, tampoco en Baleares, donde el PP gobierna con mayoría absoluta. Por tratar de transmitir una imagen de encomiable unidad, a todas luces falsa, Rajoy no ha tenido empacho en hacer suyo el discurso socialista de que el Estado no tiene un problema de excesivo gasto público, sino de falta de ingresos.

Ya podrá Rajoy tratar de engañar a propios y extraños con el compromiso alcanzado con los presidentes autonómicos sobre los objetivos de déficit para este año, o con su afirmación de que España "no tiene un problema estructural" en sus cuentas públicas, sino sólo uno "coyuntural". Este mismo jueves ha sido el propio gobernador del Banco de España el que ha alertado de los "riesgos de desviación" del déficit para este mismo año, no sin antes advertir de su carácter "eminentemente estructural", pues "no se explica sólo por la caída del ciclo ni por las medidas discrecionales de naturaleza temporal sin efecto duradero sobre las finanzas públicas".

A ello habría que sumar las advertencias que también este mismo jueves han hecho los supervisores económicos de la UE, quienes han alertado contra los supuestos "excesivamente optimistas" sobre los que se basan los planes de Rajoy para cumplir los objetivos de reducción del déficit para 2013.

¿Se creerá este incompetente o felón que nos gobierna que los inversores extranjeros o nuestros socios comunitarios no se enteran de lo que él deja de hacer o de decir por el mero hecho de que sólo hablen inglés?

No lo sé. Sea como fuere, creo que todavía son muchos los que no son conscientes de que la principal neutralización de la derecha es el gobierno de Rajoy. No quieren ver la continuidad del peor zapaterismo bajo las siglas del PP. Se niegan a reconocer que el partido que tradicionalmente abanderaba los principios liberal-conservadores en nuestro país ha sido, sencillamente, usurpado. Con Rajoy al frente, abandonad toda esperanza.

Cuentas públicas
La dinámica perniciosa del déficit
Emilio J. González Libertad Digital 5 Octubre 2012

Si el Banco de España dice que ve riesgos de desviación del nuevo objetivo de déficit público para este año, que ahora es del 6,3%, y que podrían ser necesarios ajustes adicionales para poder cumplirlo, es que, probablemente, las cosas van a suceder así.

¿De quién es la culpa? En descargo del Gobierno diremos que, en parte, es de la situación heredada, que los populares todavía no terminan de conocer del todo. Baste recordar que el Ejecutivo ha tenido que proceder a una nueva revisión del saldo presupuestario de 2011 para incrementar los números rojos hasta el 9,4% del PIB, desde el 6% que anunció el Gobierno de Zapatero. También hay que decir que parte de la desviación obedece a que el comportamiento de la economía internacional, que ha arrastrado consigo a la española, ha sido mucho peor de lo previsto inicialmente, porque los temores que a finales del año pasado apuntaban a una nueva caída se han materializado. Todo eso es verdad. Pero lo que también es cierto es que Rajoy podía haber hecho más, y mejor.

No cabe duda de que, con el estado tan calamitoso en que se encontraban las cuentas públicas cuando el PP volvió al poder, era urgente tomar medidas que permitieran empezar a cerrar cuanto antes la brecha presupuestaria y, sobre todo, que aportaran algún ingreso a las arcas del Estado, que ZP había dejado vacías, al punto de que incluso obligó a las grandes empresas a adelantar el pago del Impuesto de Sociedades, lo que creó más problemas aún al Gobierno entrante. Pero, siendo cierto esto, lo suyo hubiera sido subir el IVA. En cambio, se optó por subir el IRPF, con lo que se deprimió todavía más el consumo y, con él, la propia economía.

Lo peor de todo, sin embargo, ha sido la falta de conciencia que ha manifestado en todo momento la clase política acerca de la necesidad de acometer drásticas medidas de recorte del gasto público. Los líderes autonómicos, ya lo hemos visto, se resisten a la poda y siguen pensando que cuando se arreglen las cosas podrán seguir como antes de la crisis; no quieren entender que se ha producido un cambio que impide que las cosas sean como antes en materia presupuestaria. El Gobierno central, por su parte, no ha sabido imponerse ni marcar una estrategia clara para que las autonomías apliquen una poda drástica a sus gastos y así poder acabar con el desequilibrio fiscal. El resultado es que, al final, ha habido que emitir mucha más deuda pública de lo previsto, y como todo ello ha provocado la desconfianza de los mercados en la economía española, esa deuda, además, se ha colocado a tipos de interés muy superiores. Y como los intereses de la deuda son gasto público y esta partida ha crecido mucho más de lo previsto, pues ahí tenemos también desviación del déficit.

¿Qué quiero decir con todo esto? Que para salir de esta dinámica perniciosa no basta con un ajuste por aquí y un retoque por allá al gasto público. Aquí lo primero que se necesita es acabar cuanto antes con esta dinámica de la deuda pública, porque los esfuerzos de ajuste se los está comiendo precisamente el rápido crecimiento del servicio de la misma. Dicho de otra forma: el sector público no puede seguir endeudándose a este ritmo, porque los propios intereses de la deuda están provocando el crecimiento explosivo del déficit y acercando peligrosamente España a la situación de insolvencia. Y puesto que la partida de intereses no se puede reducir por decreto, lo que tiene que ir pensando el Gobierno es de qué forma mete mano a las autonomías, para que recorten sus gastos de forma drástica.

La ausencia de un plan al respecto, que implique una reforma en profundidad del modelo de Estado, no hace más que poner en cuestión la solvencia de nuestro país en forma de presiones alcistas de la prima de riesgo.

Unión Europea
El rescate
GEES Libertad Digital 5 Octubre 2012

Ortega decía que, en su época, la obra de caridad más necesaria era no publicar libros superfluos. La de la nuestra es impedir rescates superfluos ¿Evitará España recurrir al nuevo modelo de ayuda, tan distinto al aplicado a Grecia, Irlanda y Portugal?

Desde que Draghi dijera en julio que haría lo necesario para salvar al euro iniciando el proceso que convertiría al BCE en prestamista de último recurso –si se solicita el uso de los fondos de rescate específicos de la UE–, ha disminuido el diferencial de la deuda. Es decir, la mera posibilidad de que pueda haber financiación pública ha hecho más improbable su utilización práctica.

Pero no bastará. La división de papeles en el BCE entre su presidente y el Bundesbank, protector de la ortodoxia económica alemana, que hace precisamente posible la ayuda a terceros, ha funcionado hasta hoy. Sin embargo, con la inflación asomando por el horizonte, no solo por políticas continentales sino por las más graves inyecciones monetarias de americanos y británicos, se restringen las posibilidades de aplicación real del nuevo sistema.

No se trata únicamente de las reticencias políticas manifiestas de Alemania, Holanda y Finlandia, sino de la cuestión de fondo. Para estos países, ¿hasta qué punto es cierto que en España, Italia y Francia se han adoptado medidas que hagan sus presupuestos sostenibles –en el marco del tratado de estabilidad presupuestaria– y su crecimiento viable, sin que lo sepulte el peso del estado del bienestar?

La presión en los países latinos –y no solo: baste mirar, fuera del euro, a Inglaterra o a América– por el mantenimiento del nivel de gasto del estado en la economía ha llevado a hacer depender el ajuste de incrementos impositivos. El presupuesto francés, que aumenta la presencia estatal en la economía hasta prácticamente un 57% del PIB, es paradigmático. Tal tendencia dificulta el equilibrio presupuestario, castiga la actividad económica y presiona por tanto contra el oxígeno ideado por Draghi pero rechazado por el Bundesbank.

Recuérdese que el programa de compra de deuda original del BCE quebró en 2011, cuando Italia incumplió sus promesas. El nuevo no sobreviviría, ni siquiera vería la luz, si se advirtiera el incumplimiento de los compromisos.

En Europa, la mitad de la población ejerce de contribuyente a prestaciones percibidas fundamentalmente por la otra mitad. Lo que recuerda las palabras de Bastiat de que el estado es el anhelo de todos de vivir a costa de todos. Esto es imposible, pero insistir, antes de adoptar reformas estructurales decisivas, en depositar las cargas sobre la mitad productiva aumenta el riesgo de convertirla en improductiva por la pérdida de incentivos.

Para que siga sin necesitarse la impresión monetaria que con razón preocupa a los germanos –por el riesgo inflacionista y porque desincentiva las reformas– deben rebajarse esos dos porcentajes, el de presencia pública en el PIB y el de dependientes del gasto público.

Cumplir tal condición haría menos necesario –superfluo– el rescate, pero seguiría ineludiblemente a su aplicación efectiva.

Responsabilidad
José María Marco La Razón 5 Octubre 2012

José Ignacio Wert ha anunciado su voluntad, firme al parecer, de conseguir que el castellano llegue a ser lengua vehicular en las comunidades autónomas con lengua propia. Con ocasión de esta declaración de intenciones, el ministro ha hecho algún comentario acerca de la relación de la enseñanza con procesos supuestamente independentistas. Sin duda se trata de un asunto candente, pero el ministro debería adelantar argumentos de otra índole, que plantearan la cuestión de la enseñanza en castellano en sus justos términos, que no son precisamente los de la secesión de una región de España.

Desde esta perspectiva, lo más relevante es que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la enseñanza en castellano en todo el territorio, incluidos, claro está, aquellos territorios que tienen otra lengua cooficial, además del castellano. Lo relevante aquí es que el castellano es tan cooficial como la lengua del territorio en cuestión y que el Estado no cumple la ley, ni se atiene al sentido común, si no garantiza el derecho de los niños españoles a cursar sus estudios en el idioma oficial de la nación o el Reino de España.

Nadie está poniendo en duda el derecho de los niños que viven en un territorio con lengua propia a recibir la enseñanza en ese idioma. No hay aquí la menor animadversión hacia el catalán, el vasco o el gallego. Al contrario, como lenguas oficiales que son, está claro que el Estado (o la Comunidad Autónoma correspondiente) tiene la obligación de enseñar esas lenguas y ofrecer una enseñanza en esos idiomas. Por lo mismo, también debe hacerlo en el idioma común a todos.

Los españoles no nacionalistas no gustamos de las exclusiones, mucho menos de las exclusiones lingüísticas, y apreciamos en lo que vale –que es como decir lo que vale España– la pluralidad cultural y lingüística de nuestro país. Estamos contentos y orgullosos de que en España se hable, se escriba y se enseñe en varios idiomas, además del castellano. Sabemos que el gallego, el catalán y el vasco son idiomas tan españoles, tan nuestros, como el castellano, y somos conscientes de que estos idiomas forman parte del caudal común de nuestra cultura y nuestra identidad, incomprensibles sin ellos. Como es lógico, ninguna lengua puede ser excluida de este patrimonio. Que durante tantos años el Estado se haya olvidado de lo que eso quiere decir es signo de debilidad. Equivale a proclamar que ese mismo Estado no está dispuesto a cumplir la legalidad que constituye su razón de ser. En cualquier caso, más vale dejar de lado los comentarios hipotéticos para asumir cada uno su propia responsabilidad. Es difícil apelar a la responsabilidad de los demás si uno no cumple la que le corresponde.

Español nacionalista
Nota del Editor 5 Octubre 2012

Dice el Sr Marco que "Los españoles no nacionalistas no gustamos de las exclusiones, mucho menos de las exclusiones lingüísticas",  y francamente no entiendo la frase. No se si quiere decir que a los españoles no nacionalistas no les gusta que les excluyan, o que los españoles nacionalistas (vaya Vd a saber qué significa eso aquí en España donde hay milliones de ciudadanos de todas partes del mundo hablando sus lenguas a la salida de cualquier colegio esperando a sus hijos) excluímos a quienes dicen que el español es lengua impropia y pretenden imponernos su lengua regcional.

Aquí los únicos que excluyen por razón de idioma son los nazionalistas que pretender que todos nos dobleguemos ante su imposición, que quieren que en las regiones donde el español es lengua impropia, todos sus habitantes utilicen la lengua regional, excluyendo por tanto a los español-hablantes y convirtiéndoles en ciudadanos de cuarta, incluso los pretendidamente más moderados defienden esa postura excluyente y xenófoba, defienden que todos estudien la lengua regional:  región bilingüe, bilingüismo armónico, sociedad bilingüe, administración bilingüe, comercio bilingüe, y a los no bilingües que nos parta un rayo.

Defensa de España: ¿qué es la democracia?
Nicolás Redondo www.eleconomista.es  5 Octubre 2012

La guerra de 1870 entre Francia y Alemania, que terminó integrando Alsacia-Lorena en el país de Bismarck, provocó también una pugna intelectual entre los que justificaban la anexión y los que denunciaban con pasión la ilicitud de la misma, franceses y alemanes perfectamente alineados con sus respectivas causas. Los primeros esgrimían la voluntad de los habitantes de la región causa del litigio, los germanos alegaban la historia y la lengua como justificación de sus reivindicaciones. Unos, el acuerdo roto por la guerra, los otros el pasado; los franceses el sentimiento de la población, los alemanes una especie de derecho natural, arraigado en lo más profundo de sus orígenes. Los dos defendían sus intereses, pero mientras los franceses alegaban el derecho positivo como última expresión de la voluntad de los ciudadanos alsacianos, sus adversarios blandían un espíritu de nación que consideraban imperecedero e ineluctable; los franceses en el contrato, producto siempre artificial de la razón, los alemanes en el espíritu siempre inaprensible de la nación germana.

El jefe del Gobierno autonómico catalán, dos años después de aprobarse un estatuto nuevo que contó con su entusiasta apoyo, ha iniciado, aunque de manera confusa y medrosa, un camino hacia la secesión, planteándonos a quienes no pensamos como él en Cataluña y en el resto de España, unos debates extemporáneos que debemos encarar inevitablemente. Al enfrentarnos a la secesión nos plantea, probablemente sin quererlo, cuestiones de fundamental importancia: Nosotros, los que estamos en contra de su posición, ¿consideramos que España es una nación? ¿En qué nos basamos para mantener nuestra creencia? Y si consideramos que efectivamente España es una nación, ¿existe otro modelo de organizarnos, que sin suponer una afrenta para el resto de los españoles, otorgue una mayor satisfacción a los nacionalistas catalanes y vascos? Tampoco sería menor la importancia de saber hasta qué punto y cómo, desde la política y el derecho, estamos dispuestos a defender la nación española. Siendo estas interrogantes de naturaleza vital para nosotros, el modo y las maneras de proceder de Mas nos plantea una previa, que parece procesal, pero que afecta directamente a la percepción que tenemos todos sobre la democracia.

Artur Mas, como todos los nacionalistas, encuentra sus orígenes en el romanticismo político y tiene una visión de la democracia rousseauniana, prevalece en ellos el espíritu de pequeño salvaje, en el que las normas, el derecho están supeditados a una voluntad previa e incontrolable por la razón. Así el presidente catalán amenaza, -con ese tono cansino y solemne, que nunca presagia nada bueno, pues es la expresión de una estulticia supina o el anuncio de noticias indeseadas- con llevar adelante su pretensión visionaria, con la pasión de los que se caen del caballo, con arreglo a las leyes o de espaldas a las mismas, según convenga, atrincherándose para ello en la voluntad de los catalanes que él ve cabalmente representada en la manifestación independentista convocada el pasado 11 septiembre. Porque ha reducido la sociedad catalana, tan rica, tan plural y con conflictos variados, al pueblo que le sigue y más concretamente a quienes acudieron a la manifestación impulsada por todos los resortes institucionales del Gobierno autonómico. Así suele ser, los gobiernos de estas características no se sonrojan cuando convocan manifestaciones en apoyo de sus tesis.

Sin embargo, las democracias occidentales, sean las anglosajonas o las continentales, se basan en la libertad individual, alejada de los pueblos en marcha hacia ninguna parte, y en el respeto a la ley. No hay democracia sin normas, sin leyes, y éstas no se ven como una amenaza, sino como la defensa y cauce de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Desde esa premisa indiscutible en las democracias representativas, se define un comportamiento al que repugna que los gobiernos impulsen manifestaciones, práctica habitual en los Estados autoritarios. En España tenemos el triste recuerdo de la plaza de Oriente. Los gobernantes democráticos no confunden las reivindicaciones de una huelga o de una manifestación con los intereses generales y se sienten más a gusto cuando se habla de los retos de la sociedad que invocando los deseos de un pueblo en marcha.

Nicolás Redondo, presidente de la Fundación para la Libertad.

La superación del Estado de las Autonomías
No parece factible la reforma constitucional necesaria para erigir un Estado federal
Ignacio Sotelo El País  5 Octubre 2012

Mientras no alcancemos una organización territorial satisfactoria, la inestabilidad irá en aumento, algo siempre difícil de soportar, pero altamente arriesgado en tiempos de crisis. El factor nuevo es que ahora, como condición indispensable para superar la crisis, la UE presiona a favor de una reforma a fondo del Estado: en su actual organización no funciona ni es económicamente viable.

Han pasado 34 años y el nacionalismo vasco y el catalán siguen sin sentirse cómodos en un modelo que se creó para ellos. Pese a que la Constitución reconociera los llamados “derechos históricos de los territorios forales”, sobre cuya base el Estatuto elabora un concierto económico, queda bien patente el fracaso del Estado de las Autonomías en el País Vasco. A pesar de tamaña concesión, que en buena parte se debió al propósito de reconvertir a ETA, y que el llamado nacionalismo moderado haya gobernado durante decenios, promoviendo la lengua y una conciencia nacional hasta consolidar un grado de autonomía sin parangón incluso en los Estados federales, no ha dejado por ello de radicalizarse.

La desactivación, y ya cercana desaparición de ETA, lejos de haber resquebrajado el independentismo, lo ha fortalecido. Por la vía pacífica y democrática aumentan las probabilidades de conseguir la soberanía plena, aunque, por un lado, Francia no tolerará fácilmente un Euskadi independiente que reivindica un pedazo de su territorio y, por otro, una buena mitad de la población no puede convivir con un nacionalismo de raíz étnica.

Aunque habría cabido esperar que la crisis más bien frenaría esta tendencia, una parte en aumento de la población catalana también se inclina por un Estado propio. Pese al estropicio en que terminó la reforma del Estatuto, que ha favorecido de manera clara al independentismo, no fue, sin embargo, un intento tan descabellado como tantas veces se ha repetido, al venir impuesto por una renovada presión nacionalista en la sociedad catalana, por el Gobierno tripartito, que coaligaba autonomistas con independentistas, y por el afán de mostrar a los vascos lo mucho que se podría lograr por la vía constitucional.

La Constitución del 78, por escandaloso que suene, ha propiciado las tendencias secesionistas
No se olvide que el aumento de la presión nacionalista tiene que ver con las dificultades crecientes a las que se enfrenta el modelo industrial de Cataluña, que lleva tiempo resintiéndose de haber perdido la posición que desde mediados del siglo XIX había ocupado en la Península: ser cabeza y motor de la economía española. Los decenios de gobierno nacionalista tampoco han impedido que al final saliera reforzada un ala independentista que, al formar parte del Gobierno tripartito, ha ido ampliando aún más su base social; incluso en sectores del PSC se ha producido un viraje hacia un catalanismo que cada vez se confunde más con el nacionalismo.

Decenios de Estado de las Autonomías no han servido para reducir las dinámicas centrífugas, al contrario, la Constitución de 1978, por escandaloso que suene, ha propiciado en el fondo las tendencias secesionistas. Mal que nos pese, cabe establecer una correlación entre la pujanza que han adquirido los nacionalismos y el Estado de las Autonomías. Muy lejos de haber conseguido el objetivo principal de integrar el nacionalismo, vinculando a Cataluña y al País Vasco a una España plural, organizada de nueva planta, se ha expandido en regiones donde era inexistente, o mucho más débil, como Extremadura, Andalucía o Canarias.

Hay que librarse de la ofuscación de que el Estado de las Autonomías constituye la solución óptima, cuando en realidad, además de unos costos impagables, lleva en su entraña una dinámica centrífuga que a la larga lo hace inviable. Con todo, comprendo la reacción desaforada ante los que poníamos de relieve los déficits, ahora evidentes del Estado de las Autonomías: la crítica de la Constitución implica la de la transición “modélica”, que a su vez legitima el orden político establecido, la “monarquía parlamentaria”.

No sirve el Estado de las Autonomías, pero tampoco un Estado confederal, como el que abiertamente propuso el plan Ibarretxe, y más subrepticiamente se trasluce en el proyecto de Estatuto que salió del Parlamento de Cataluña. No habrá que insistir en que España no duraría mucho convertida en una confederación de Estados, pero tampoco si se mantuviese indefinidamente el Estado de las Autonomías, tal como de manera harto borrosa lo dibuja la Constitución, ya que por su propia dinámica desemboca en una confederación.

Como volver al viejo centralismo sería la peor de las soluciones, además de inalcanzable por medios democráticos, la disyuntiva que se plantea es dejar la Constitución tal como está, todo lo más con algunos retoques, lo que supondría seguir apoyando una dinámica que tiende a desembocar en una confederación, antesala de la independencia; o bien, decidirse por un Estado federal, como la mejor forma de reintroducir una dinámica centrípeta, manteniendo la pluralidad constitutiva de España.

Son muchas las razones que abonan a favor del Estado federal, aun a sabiendas de los muy distintos tipos que existen y de las dificultades por los que pasan algunos. Ahora bien, tan favorable como sería un Estado federal para salir del atolladero, tan improbable es que se pueda conseguir en la España actual. Las razones son muchas y muy variadas, pero cabría resumirlas en dos: la derecha no quiere desprenderse del Estado unitario que subyace en el de las Autonomías, ni catalanes ni vascos están dispuestos a renunciar a la tendencia confederal implícita en este modelo, que consideran la vía óptima para deslizarse de manera suave hacia la independencia.

No sirve el Estado Autonómico, pero tampoco un Estado confederal
En suma, en una España tan polarizada como la actual no parece factible una reforma constitucional de la envergadura que sería necesaria para erigir un Estado federal, incluso todo lo asimétrico que impusieran las Comunidades históricas. Metidos en este laberinto, de pronto la crisis pone en cuestión todo el andamiaje de las Administraciones, desde la municipal, la provincial, la autonómica a la central del Estado, y además son nuestros socios comunitarios los que nos exigen una reforma que en ningún caso puede llevarse a cabo con la urgencia que la situación requiere.

Si el Estado federal no parece factible, al menos, aprovechando la crisis, habría que reducir el Estado de las Autonomías a su mínima expresión. No son pocos los que aquejados de la vieja querencia centralista pretenden utilizar la situación para lograr este objetivo. ¡Qué gran oportunidad de aprovechar la necesidad de adelgazar al Estado para recentralizarlo! Lo malo es que este intento contaría con la oposición radical de Cataluña y el País Vasco, pero también de las otras comunidades que la clase política local y la administración autonómica que habría que desmontar defenderían con el mismo, o mayor furor.

Por grandes que sean las ganas y la crisis ofrezca la mejor coyuntura, no cabe, sin embargo, desarmar el Estado de las Autonomías, sin poner en cuestión las instituciones democráticas, o provocar que se escindan las autonomías históricas. Aunque para Rajoy sería un golpe casi definitivo, me temo que muchos de los suyos anhelen “el rescate” para implicar a las instituciones europeas e internacionales en una operación tan complicada y peligrosa como es la reforma del Estado. El descalabro del actual régimen ha adquirido tales dimensiones que los mismos que lo montaron y lo han apoyado hasta ahora, ya solo confían en que la vuelta de otros “cien mil hijos de San Luis” les saquen las castañas del fuego. El Estado de las Autonomías surgió con la democracia, pero su supresión podría suponer el fin de la democracia.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.

Sin razones contra el centralismo.
Nota del Editor  5 Octubre 2012

Siguen tratando de repetir el bucle del big bang, un poquito por allí, un poquito por aquí, un pase por allí y otro por aquí, pero no encuentran razón alguna contra el centralismo porque no existe. Sufrimos un montón, en aumento, de lenguas regionales, donde el español es lengua "impropia" que impiden el ejercicio de la ciudadanía, de las libertades individuales, de la libre circulación y establecimiento de empresas y trabajadores, que conculcan los derechos humanos y constitucionales de los españoles. Sufrimos una losa legislativa imposible de abarcar, imposible de homogeneizar, en constante aumento, que causa los mismos problemas que las lenguas regionales.

La solución implica necesariamente la derogación de todas las leyes sobre lenguas regionales y de todas las leyes autonómicas con la desaparición de este tinglado.
Y luego seguiremos con los niveles siguientes, provincial y local.

Fracaso en la escuela
albert rivera ABC Cataluña 5 Octubre 2012

EL ministro de educación ha conseguido, con su propuesta de subvencionar escuelas privadas para que se estudie también en castellano en Cataluña, irritar por igual a los nacionalistas y a los que somos constitucionalistas. Sí, a todos.

El gobierno de CiU, insumiso ante las sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que obligan a introducir un modelo bilingüe en las aulas, se ha tirado al cuello del ministro llamándole ignorante y afirmando que se pretende «españolizar». Es decir, que Artur Mas no quiere que el gobierno pague los mil euros mensuales que muy pocos padres como él mismo o el ex presidente Montilla pueden permitirse para llevar a sus hijos a escuelas donde el castellano es una de las lenguas vehiculares junto al catalán o al inglés. Y en eso coincido con el presidente Mas. Yo tampoco quiero que se paguen subvenciones a colegios privados para poder estudiar en catalán y en castellano a la vez en Cataluña. Pero por motivos bien distintos. Porque creo en un servicio público de educación donde se deben impartir clases en las dos lenguas oficiales «de manera conjunta y equilibrada», como garantizan los tribunales.

Quiero vivir en una comunidad autónoma donde el gobierno autonómico cumpla las sentencias y no pise la igualdad de derechos de los ciudadanos en nombre de ninguna identidad, y en un país donde el gobierno nacional no tire la toalla para no enfadar a sus socios nacionalistas y tome todas las medidas necesarias para que Cataluña no sea un territorio fuera de la Constitución.

Pero es evidente que ni el PSOE ni el PP han sido garantes del Estado de Derecho. La propuesta del ministro Wert evidencia el fracaso de nuestros gobernantes. Si seguimos confiando nuestro futuro a dirigentes como los que nos han llevado hasta esta situación surrealista no me extrañaría que esos colegios que quieren montar ante la insumisión de Mas no sean el embrión del futuro Instituto Cervantes en una Cataluña separada del conjunto de España.

Los ciudadanos que defendemos la unión, la libertad, la igualdad y la regeneración democrática vamos a tener que defendernos solos, porque con abogados defensores como Rajoy o Zapatero lo llevamos claro.

Albert Rivera es presidente de Ciudadanos (C's).

Cataluña
Tanques y hegemonía cultural
Antonio Robles Libertad Digital 5 Octubre 2012

Si alguien aún no se ha enterado, estamos en guerra. En Cataluña y en el País Vasco; o sea, en España. Desde hace 30 años.

La afirmación puede parecer un delirio. Lo sería si buscáramos tanques o balas. No los hay, pero sus fines son idénticos a los fines de las guerras: domeñar al enemigo y hacer del territorio conquistado una frontera para los otros.

Y no encontramos tanques porque en la guerra que libran los nacionalistas no se utilizan armas convencionales. Por decirlo mejor, sus armas no lo parecen, porque su ejército se camufla y combate tras la cultura de masas con profesores y libros de texto, cámaras, micrófonos y periodistas, propaganda, políticos demagogos, emociones y mentiras. Y ningún respeto por los derechos y sentimientos de los demás, aunque todo lo envuelven con cánticos de libertad, rechazo de la violencia y maneras falsamente democráticas.

Esas son sus armas, y su campo de batalla, las escuelas, los medios de comunicación, los eventos culturales y deportivos, las instituciones, los presupuestos y las subvenciones. Son las más eficaces para lograr la hegemonía cultural y moral, quintaesencia del poder en una democracia populista. Es la misma vieja táctica de pensadores marxistas como Gramsci, teorizadas en los albores del comunismo para subvertir los valores ideológicos del adversario y convertir al enemigo en indeseable. La máxima expresión histórica de este instrumento de propaganda maliciosa fue la del maquiavélico Willi Münzenberg, miembro del instrumento de propaganda comunista más eficaz de la historia, la Komintern. Consistía en introducir en la mentalidad de las sociedades libres la idea de que cualquier crítica al comunismo sólo podía proceder de fascistas, ignorantes o enemigos de la igualdad; se trataba de satanizar a la persona para acabar con su prestigio o el de sus ideas. Para introducir esos mantras, Willi Münzenberg disponía en Occidente de intelectuales, profesores, periodistas, creadores, escritores, artistas, sindicalistas y, en general ciudadanos con prestigio social.

Exactamente lo que han venido haciendo desde hace 30 años los nacionalistas, procurarse el apoyo de intelectuales, periodistas, subvencionar la voluntad de sindicalistas, vaciar las escuelas de maestros no afectos al catalanismo con la excusa de la lengua, crear con dinero público una red de organizaciones cívicas, medios de comunicación, y poner al frente de ellos a periodistas del régimen. Un verdadero ejército de propagandistas al servicio de la construcción nacional.

Con él han logrado divinizar una Cataluña ideal a base de manipular cuantas cifras y acontecimientos históricos sean necesarios y satanizar a la España constitucional, a fuerza de presentarla como franquista. El objetivo era criminalizar a cualquiera que la reivindicase; y, lo que es más perverso, que sus propios ciudadanos se avergonzasen de reivindicarla. El resultado está a la vista, después de 30 años de propaganda, han logrado la hegemonía cultural y moral, desde la cual han lanzado el órdago de la independencia.

Con esa hegemonía cultural y moral sacaron a la calle miles de banderas independentistas. Y con ella pretenden subvertir el orden constitucional. Mientras tanto, el Gobierno de la nación y la conciencia de los españoles han dejado hacer. Han tenido todo el campo libre durante 30 años.

Ha llegado la hora de plantarles batalla, pero no con tanques, viven de su amenaza, sino con sus mismas armas. El Estado ha de movilizar a un ejército moral de escritores, creadores, periodistas, artistas, políticos y sindicalistas, deportistas, científicos, economistas, organizaciones cívicas, símbolos constitucionales, hasta ahora ausentes o complacientes con la impostura. No para manipular ni mentir, no para convertir al otro en enemigo, no para excluir, sino para desenmascarar tanta mentira, denunciar la ideología reaccionaria y peligrosa que la sustenta y servir de modelo para que millones de catalanes se puedan mirar en el espejo de la España constitucional y no se avergüencen. Depende de nosotros.

La selección española es el modelo a seguir. Y series como Isabel, políticos como Leguina, escritores como Vargas Llosa o historiadores como José Álvarez Junco...

Salvador Sostres: 'La escuela catalana es una fábrica de independentistas'
El columnista añade que "con el permiso de una España que lo tolera y lo financia"
 www.lavozlibre.com 5 Octubre 2012

Madrid.- Salvador Sostres se refiere este viernes en su columna en el diario ‘El Mundo’ a la imposición lingüística en las aulas de Cataluña. En un artículo titulado ‘La escuela catalana’, el polémico periodista y escritor coincide con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en que “la escuela catalana es una fábrica de independentistas”. “Pero es con el permiso de una España que lo tolera y lo financia; y paga luego algo simbólico para que estén contentos los del otro lado”, asegura.

“El sistema educativo catalán está planteado sobre la base de que Cataluña es una nación, el catalán su idioma y el castellano una lengua más, como el inglés. Me extraña que el gobierno catalán lo niegue en España, porque presume de ello en Cataluña. No se puede negar la evidencia. No hay ningún sistema educativo que sea neutro y el catalán no es una excepción. Se puede estar a favor o en contra, pero la escuela catalana es un proyecto pedagógico y también nacional como sucede clarísimamente en Francia, y de un modo más sutil en el Reino Unido o en Alemania”, apunta.

“Luego aflora la tara y hay padres que eligen la escuela de sus hijos en función de su catalanismo incluso por encima de su calidad, y ello se traslada a diferentes esferas de la vida pública, donde importa más la militancia que el talento: Cataluña será siempre una provincia hasta que no entienda que es mucho más catalanista el ‘Contra Cataluña’ de Arcadi Espada o el ‘Ubú president’ de Albert Boadella que las absurdas chanclas y la sudada camiseta de los profesores nacionalistas, sindicalistas y nefastos de tantos institutos catalanes”, prosigue.

Así, según Sostres, “Convergència pretende gobernar Cataluña como si fuéramos un país independiente, porque forma parte de su genética corrupta y cobarde querer gozar de los privilegios sin pagar el precio”. “También España nos trata como si fuéramos otro estado cuando en lugar de hacer cumplir la ley dice que concertará algunos colegios privados catalanes para que los padres que lo deseen puedan educar a sus hijos en castellano”, afirma.

“No es una cuestión de libertad, en tanto que ningún padre de ningún país del mundo elige en qué idioma va a estudiar su hijo cuando lo lleva a un colegio público. Es una cuestión política: la política de una Cataluña que intenta vivir como si fuera independiente y la política de una España que amaga con querer uniformizar el Estado pero que, a la hora de la verdad, acaba siempre reculando. El catalanismo político es tribal en tanto que se incorpora sólo a los que ‘están de acuerdo conmigo’ en lugar de tener un sentido más patrimonial, de verdadero estado; y el españolismo en Cataluña vive acomplejado y parece estar siempre en falso”, subraya.

Para Sostres, “son muy cansinos estos espectáculos de quien finge estupefacción porque ‘aquí se juega’, como el prefecto Renault en Casablanca”. “Ni Cataluña es lo suficientemente valiente para independizarse, ni España lo suficientemente fuerte para acabar con el proyecto nacional catalán. Caldear el ambiente de vez en cuando nos sirve para desfogarnos, pero Mas está ya rebajando la hinchazón independentista de la Diada con sus patateros rodeos semánticos, y Rajoy está estudiando qué nombre nuevo y discreto le da a la especie de concierto económico que tarde o temprano va a ofrecer a la Generalitat. Wert cobra comisiones del casino clandestino del Rick's y Mas vende salvoconductos en el Blue Parrot. Siempre nos quedará París, y una rubia más puta que las gallinas”, concluye.

Privilegios y sueldos públicos
Irene Lozano El Confidencial 5 Octubre 2012

Orwell lo llamaba el “instinto infalible para tomar la decisión equivocada”, cualidad muy frecuente entre la llamada “clase política” y alimentada por el afán de preservar los privilegios a toda costa. Establezcamos, para empezar, el gran privilegio de los cargos electos, y en particular de quienes manejan un presupuesto: no se trata de un teléfono ni de unos taxis, sino de la capacidad para controlar todos los resortes del Estado. Este privilegio lo ejerce de forma concreta un alcalde o un consejero, y de forma abstracta los dos grandes partidos, pues controlar la mayoría en el Congreso equivale a dominar el poder Ejecutivo, el Legislativo, grandes cotas del Judicial, altos tribunales, la televisión pública, las subvenciones y por tanto las afinidades venales, etcétera.

En lo tocante a los sueldos, el privilegio fundamental consiste en la facultad de autoasignarse su salario que tienen muchos altos cargos. Esto no sólo priva a las retribuciones de una coherencia jerárquica, sino también de toda racionalidad, objetividad y transparencia. Aquí no se aplica ningún principio objetivo, como la equiparación con el sector privado que rige en la administración británica. Así, un salario público debe ser similar al que se cobraría en el sector privado con una responsabilidad equivalente. En España esto se incumple a veces por exceso y otras por defecto. Algunos sueldos son escandalosamente bajos, como el del presidente del Gobierno (78.000€ anuales brutos) o el de un ministro (68.000€). Por el contrario, excede ese punto de equilibrio el sueldo del presidente del Poder Judicial (130.150€ anuales brutos). O que todos los diputados autonómicos salvo los de Murcia y Cantabria cobren más que los diputados nacionales, cuyo sueldo de 39.000€ equivale al del alcalde de Ambite, población de poco más de 500 habitantes.

La decisión de Dolores de Cospedal de no pagar a los diputados autonómicos los equipara a otra cámara bien singular: la de los Lores británica, cuyos representantes sólo cobran dietas. Claro que a ellos no les importa porque tienen títulos de barones, condes y otros por el estilo. Si el objetivo era expulsar de la política a los que no son ricos o rentistas, lo ha conseguido

¿Es lógico que el alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) cobre 85.000€ y un consejero catalán 108.000, mientras la vicepresidenta cobra 73.000€? La ausencia de jerarquía es idéntica a la existente entre los funcionarios: un sargento de los Mossos gana más que el capitán del mayor buque de la Armada. Racionalizar conllevaría, pues, aumentar el sueldo del presidente del Gobierno y bajar los de casi todos los presidentes autonómicos: Aragón (80.000€); Canarias (81.000€); Navarra (92.000€); Castilla-La Mancha (100.000€) son sólo algunas muestras.

Sin embargo, lo peor de los sueldos públicos lo ignoramos, porque vive en la opacidad de muchas de las 4.000 empresas públicas convertidas en vivero de “amigantes”. En lugar de responder con transparencia, hacerlo con marrullería no es una buena estrategia. La decisión de Dolores de Cospedal de no pagar a los diputados autonómicos los equipara a otra cámara bien singular: la de los Lores británica, cuyos representantes sólo cobran dietas. Claro que a ellos no les importa porque tienen títulos de barones, condes y otros por el estilo. Si el objetivo era expulsar de la política a los que no son ricos o rentistas, lo ha conseguido.

Entretanto, el PP se queda corto de coherencia porque todos sus diputados han votado en el Congreso contra una iniciativa para racionalizar los sueldos. Esto incluye objetivarlos. Muchos cargos con potestad absoluta para fijar su retribución no se han autorregulado, de ahí las arbitrariedades. Un criterio objetivo elemental en la política municipal y autonómica es la población. Pero existen otros, y no debe de ser tan difícil aplicarlos si lo han hecho por ejemplo en Francia, donde el salario de los ministros se establece en relación con el de los altos funcionarios, multiplicándolos en una proporción previamente establecida. Pues bien, todo esto propusimos en el Congreso la semana pasada: nadie votó a favor, y por el camino nos llamaron demagogos y antipolíticos. ¿Hay algo más antipolítico que votar por la perpetuación de privilegios, siguiendo ese infalible instinto para tomar la decisión equivocada?

Javier Cárdenas, a los políticos: 'Sois unos jetas, ladrones y mierdas. Me dais asco'
El presentador de 'Levántate y Cárdenas' (Europa FM) lanza un furibundo a ataque en antena a la clase política tras la manifestación del 25-S
 www.lavozlibre.com 5 Octubre 2012

Madrid.- Javier Cárdenas, presentador de ‘Levántate y Cárdenas’ en Europa FM, se refirió hace unos días en su programa a la manifestación del 25-S frente al Congreso y dio su opinión sobre los políticos españoles, a los que calificó como “jetas, ladrones y mierdas”.

Cárdenas, con un tono muy duro, comenzó su discurso preguntando a los políticos que se quejan de esa manifestación “¿qué otra alternativa dan a los ciudadanos?” “Y no me digáis las urnas, porque ese es el timo de la estampita, so mentirosos. Porque, como todos sabemos, tenemos por obligación que votar a los mismos. Hay otra opción, que es no votar a nadie. ¡Pero alguien votará, por lo tanto, alguien saldrá elegido! Y son las mismas caras de siempre, los mismos partidos de siempre. O sea, el timo de la estampita”; señaló.

“Esto es lo único que nos queda, a no ser que seáis tan valientes de hacer un referéndum. A ver si tenéis la valentía de hacer éste referéndum. ¿Os queremos como representantes del pueblo? Y en caso de que la inmensa mayoría diga que no, os piráis. Os piráis a currar. Que es lo que la mayoría de vosotros no habéis hecho en vuestra puñetera vida, jetas, vagos, corruptos, ladrones, mierdas, que sois unos mierdas. Que lo único que sabéis es, a ciudadanos decentes meterles palos porque protestan por cómo estáis dejando el país”, continuó.

El tono de Javier Cárdenas se fue encendiendo y continuó sus críticas a los políticos: “Os lo repito, y no está escrito, como pueden dar fe mis compañeros. Mierdas, vagos, corruptos, ladrones, sinvergüenzas. Eso es lo que me provocáis. Asco, a mí y a la inmensa mayoría de españoles, que es lo único que nos queda: protestar. ¿Y vosotros os dedicáis a dar palos? Y no hablo de la policía, hablo de los políticos que los enviaron. ¡Qué mierdas que sois!”, concluyó.

Pero rechaza ayudas a privados
El Consejo de Europa reconoce la libertad de educación
R. CUERVAS-MONS www.gaceta.es 5 Octubre 2012

La Asamblea Parlamentaria aprueba el informe español 'El derecho a la libertad de elección educativa' pero no comparte la igualdad en las becas.

¿Debe el Estado apoyar económicamente a los centros educativos privados de igual forma que a los públicos? No, a juicio de la mayoría de integrantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que ayer aprobó una enmienda para eliminar esa parte del informe El derecho a la libertad de elección educativa en Europa que presentó la diputada española del PP Carmen Quintanilla.

El texto final, que fue aprobado por 82 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, pide a los Estados que reconozcan el derecho de apertura de escuelas privadas en Primaria y Secundaria sin circunstancias discriminatorias, de forma que todas formen parte del Sistema Nacional de Educación y puedan conceder los mismos títulos.

Libertad de conciencia
Para justificar esta petición, la popular Quintanilla apeló a la libertad de educación que, recordó, va "íntimamente ligada a los derechos a la educación y a la libertad de conciencia" y debe estar en consonancia con las "convicciones religiosas, filosóficas y laicas" de los padres, por lo que la libertad de elección -reconocida en los ordenamientos jurídicos de 34 de los 47 Estados del Consejo de Europa- parece esencial para el cumplimiento de este derecho.

La cuestión más polémica del informe llegó de la mano de la economía, cuando el Consejo se negó a considerar que estudiantes de escuelas privadas y sus familias tengan "las mismas ayudas financieras", en especial las becas, que los de los centros públicos. Se retiró así el capítulo de la resolución que apostaba por esta igualdad de trato con argumentos como el usado, por ejemplo, por la diputada liberal de Moldavia Ana Gutu, que señaló que el apoyo a los centros privados no debe llevarse a cabo en términos generales, "y menos en situación de crisis".

En su presentación, Quintanilla quiso dejar claro no obstante que este informe "está basado en la tolerancia y la libertad, y no es ideológico".

Las conclusiones de este texto no son vinculantes, pero instan a los integrantes del Consejo a que pongan en marcha las medidas recomendadas, y a que sigan la línea de actuación dictada por los participantes.

Trabajo de dos años
Fue en marzo de 2010 cuando un grupo de diputados encabezados por el italiano Luca Volontè presentó al Comité de Cultura, Ciencia y Educación una moción de resolución sobre Libertad de las familias para elegir educación en cada Estado miembro. En abril del mismo año la diputada española Blanca Fernández Capel fue designada ponente, siendo sustituida por la mencionada Carmen Quintanilla cuando terminó su representación en la Asamblea. El Comité, explica Profesionales por la Ética, que ha contado con el soporte de Pierre-Henri Imbert –antiguo Director General de Derechos Humanos del Consejo de Europa–, realizó una encuesta a los Estados miembro para conocer con detalle en cada uno de sus sistemas legales el grado de protección y desarrollo del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. En abril de 2012 el Comité cambió el título del informe para darle el actual: Libertad de elección educativa en Europa.

Aunque la propuesta está focalizada en las garantías específicas de las escuelas privadas, admite también que la libertad de educacion pueda expresarse a través de la opción de la educación en familia o homeschooling y menciona, aunque no sean el objeto principal de la propuesta, otros derechos educativos, complementarios de la libertad de elegir escuela: el derecho de reclamar y oponerse ante determinadas decisiones de las autoridades escolares; el derecho a la información, especialmente sobre el progreso de sus hijos, la organización del sistema educativo en general y el de su escuela en particuar; y el derecho de los padres a participar en las estructuras del sistema educativo.

Cataluña
Mas deja sin subvenciones para los cursos de fomento del empleo a las empresas que no rotulen en catalán
El Servicio de Empleo de Cataluña, dependiente de la Consejería de Empresa y Empleo, también exige a las entidades que quieran optar a las ayudas autonómicas que ‘las acciones de formación tienen que ser impartidas en lengua catalana’. El Constitucional prohibió este tipo de discriminación lingüística.
Maite Molina www.vozbcn.com 5 Octubre 2012

El presidente de la Generalidad, Artur Mas, durante la presentación del Manifiesto de Gerona sobre Derechos Lingüísticos, organizado por el PEN internacional en junio pasado (foto: gencat.cat).

A falta de hechos diferenciales étnicos, religiosos, históricos o geográficos, el nacionalismo catalán impulsado por Jordi Pujol tras el fin de la dictadura franquista utilizó la lengua catalana como argumento sobre el que construir su proyecto. “La lengua es el nervio de la nación”, defendía el ex presidente autonómico en sus discursos a principios de los años 80. Una consigna que su discípulo, Artur Mas, mantiene en la actualidad.

Sobre esa base, el nacionalismo catalán ha edificado un sistema lingüístico en Cataluña sin precedentes en el mundo occidental. No hay ni un solo territorio de ningún país desarrollado en el que esté prohibida la enseñanza en una lengua que sea oficial y propia de la mayoría de sus ciudadanos. Tampoco hay parangón en la política de discriminación lingüística hacia los castellanohablantes de Cataluña en su relación con la Administración autonómica.

Veto sistemático a todo tipo de subvenciones por usar el español
Pruebas de esta realidad se pueden encontrar casi a diario en LA VOZ DE BARCELONA; unas actuaciones que, aunque contrarias a las leyes y las sentencias de los tribunales, siempre resultan impunes.

En los últimos meses, el Gobierno autonómico de Cataluña ha vetado el acceso a las ayudas públicas a todo tipo de empresas y entidades que no utilicen, al menos, el catalán en sus comunicaciones internas y externas, lo que incluye las consultorías para empresas culturales y para la gestión ambiental; los proyectos de cooperación al desarrollo y los festivales musicales; los profesionales del mundo creativo y artístico; la integración laboral de personas con discapacidad; la lucha contra la pobreza; las empresas de los sectores del comercio, los servicios, la artesanía y la moda, las casas regionales; la promoción del periodismo; las productoras de dibujos animados y las asociaciones de vecinos; las entidades para la prevención de la drogodependencia; las productoras de largometrajes de ficción para televisión; y las empresas de promoción musical, entre otras actividades.

Las clases y los rótulos han de ser en catalán
Este viernes, el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) ha convocado las subvenciones para ‘la realización de acciones de formación de oferta dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados’ promovidas por el Servicio de Empleo de Cataluña para el año 2012 (ORDEN EMO/286/2012). Las entidades beneficiarias de estas ayudas -ya sean públicas o privadas- se repartirán 40 millones de euros; un importe que puede ser ampliable.

Entre los requisitos exigidos para poder optar a las subvenciones el Servicio de Empleo de Cataluña exige que ‘las acciones de formación tienen que ser impartidas en lengua catalana’ y que las empresas o entidades que las pidan cumplan específicamente los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley Política Lingüística.

Estos artículos ordenan a las empresas a que ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’.

Y obligan a que ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

El TC declaró ilegal este tipo de discriminación
Sin embargo, ambos aspectos fueron anulados de facto por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Dicha sentencia, en su fundamento jurídico 22, estableció lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

De igual forma, el Alto Tribunal determinó que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español, tal y como aparece en la convocatoria de estas subvenciones. En concreto, el fundamento jurídico 14 de la citada sentencia decretó lo siguente:

‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

Pese a todo ello, la Generalidad continúa ignorando lo ordenado por el Tribunal Constitucional de forma flagrante y reiterada, y mantiene su política de discriminación sistemática hacia las empresas o ciudadanos que deciden utilizar el español en Cataluña. Eso sí, el presidente autonómico continúa insistiendo en que “el castellano también es patrimonio de Cataluña, y además es un patrimonio querido”.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Galicia y País Vasco en clave nacional
EDITORIAL Libertad Digital 5 Octubre 2012

Hoy arrancan las campañas electorales en el País Vasco y Galicia, con expectativas muy distintas para PP y PSOE, que habrán de concretarse el próximo día 21 en las urnas. En términos nacionales, las elecciones vascas van a ser determinantes para la supervivencia del orden constitucional. Un Gobierno de coalición del PNV y la coalición proetarra sería la prueba definitiva de que los asesinos ganaron la partida al Estado de Derecho y a la Nación, por más que unos alucinados López y Basagoiti anden peleando por ver quién va a administrar una supuesta derrota de ETA, que los hechos desmienten con claridad meridiana.

El pacto PP-PSE durante esta corta legislatura, lejos de servir para nutrirse mutuamente de argumentos, estrategias y apoyos en defensa de la Constitución, las víctimas del terrorismo y la derrota total de ETA, ha sido utilizado por sus cabecillas para arrumbar los principios que siempre defendieron socialistas y populares en tiempos de Redondo Terreros y Mayor Oreja. Anulado ese pacto por su propia consunción y convocadas nuevas elecciones, toca ahora a PP y PSE explicar a sus votantes las decisiones de unos y los apoyos de los otros a una estrategia política contraria a todo lo que han representado tradicionalmente ambos partidos.

En Galicia, la normalidad democrática y el orden constitucional han de hacer frente a amenazas de menor calado gracias a la fortaleza del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. En materia económica, la principal preocupación de los ciudadanos, el Gobierno de Feijóo ha protagonizado una gestión irreprochable. A pesar de la dureza de la crisis y sus efectos devastadores para las administraciones públicas, la comunidad gallega es de las menos endeudadas, de las que mejor se están comportando en materia de empleo y, junto con Navarra y Madrid, probablemente la única que conseguirá cumplir los compromisos de déficit a finales del presente ejercicio.

Frente al PP gallego y su exitosa hoja de servicios, se yergue tambaleante una alternativa política que resultaría risible si no fuera por el peligro que encierra la mera posibilidad de que alguna vez llegue al poder. Un hipotético pentapartito –que puede llegar a ser hexa y hasta heptapartito–, formado por comunistas, socialistas, nacionalistas más o menos radicales y los equivalentes galaicos de los batasunos, es la otra opción con que cuenta el electorado gallego. El Partido Popular, que sólo puede gobernar en Galicia si alcanza la mayoría absoluta, tiene ante sí el reto de revalidar los resultados del propio Núñez Feijóo en la anterior cita electoral, éxito al que sin duda contribuirá la imagen de su principal rival político y el abigarrado elenco nacionalista con el que intentará hacerle frente.

Las dos campañas electorales van a concitar la atención de la opinión pública más que nunca, no sólo por la importancia de lo que se ventila en ellas, sino por las consecuencias que los resultados tendrán para toda España. Los mensajes de PP y PSOE frente a los nacionalismos locales tendrán también la máxima relevancia en relación con otro nacionalismo, el catalán, que al término de estas campañas estará a poco más de un mes de concretar su desafío secesionista.

¿Es discurso o son motivos para el miedo?
Angel Guillén opinion.e-noticies.es  5 Octubre 2012

No se les ha ocurrido cosa más simple a los defensores de la causa independentista catalana para defender su postura de injerencias externas que la de acusarnos, a los que no comulgamos con sus ruedas de molino, de ser unos incitadores del discurso del miedo.

Con los consabidos aires de superioridad moral que se auto-otorgan los nacionalistas catalanes respecto a los que defendemos la convivencia, el buen entendimiento y el sentimiento de ser catalán y a la vez español; nos intentan dar lecciones vacuas de que ellos están en la línea correcta de la evolución y nos niegan el derecho legítimo de cuanto menos dudar de su discurso.

Pues quizás sí, quizás lo que vendemos no es el discurso de meter miedo a nadie sino que expresamos el miedo que nos produce la vorágine, el súbito despertar de unos partidos políticos que nos presenta la independencia prácticamente como el paraíso terrenal sin una valoración sincera de las consecuencias pues ahora mismo lo que tratan es de meter una densa cortina de humo anestesiant la cual no nos haga ver las miserias que nos han dejado.

Efectivamente, yo confieso que tengo miedo. Miedo a que un partido, en la figura de su presidente me quiera llevar a un territorio desconocido y sin precedentes y además así lo manifieste. Miedo a que nadie me explique fuera de discursos propagandísticos qué pasará al día siguiente de proclamarse una independencia de Cataluña respecto al resto de España. Miedo a salir del euro. Miedo a no tener mercado común europeo (y no lo digo yo, lo dicen altas personalidades de la corriente nacionalista), miedo a que me dirijan aquellos que durante años se han visto salpicados por los casos de corrupción bien escondidos bajo la Senyera o bien con el això ara no toca. Como no tener miedo a los delirios de crear líneas aéreas de bandera que nos arruinen más a los catalanes. Miedo al mesianismo, no de Leo Messi, sino de los dos iluminados que se ven capaces de llevar Cataluña hacia ese finis terrae que ni ellos saben qué encontrarán.

Miedo a la hispanofobia, miedo al etnocentrismo, miedo a que no hay una hoja de ruta un plan para el día después, miedo a que me quieran embaucar, miedo a que ahora me digan que el castellano es un bien preciado en Cataluña cuando está fuera del ámbito de la administración pública, miedo a que los "expertos" que hablan del día después no dejen de ser unos "untados" al servicio de la causa a cambio de unas monedas. Miedo al bombardeo mediático que sufrimos en los medios públicos y concertados cosa que provoca un miedo, si cabe, aun mayor pues entramos en un peligroso principio de unanimidad el cual trata de querer hacerme ver que estoy equivocado que no estoy en su línea correcta de la evolución citada anteriormente. Miedo a la posible fractura social. Miedo a la amnesia social, es decir, miedo a que en nombre de un objetivo olvidemos que tenemos más paro, más fracaso escolar, más deuda, peores servicios sociales que hace dos años y en consecuencia miedo a perder nuestro derecho a ser críticos con nuestros gobernantes y su obra de gobierno por defender la idea de una nueva bandera.

En definitiva miedo a que cuando los abanderados de esta vorágine se despierten vean que el paraíso no existe más que en sus mentes y nos preguntemos ¿ahora qué? y nadie sepa la respuesta.

Para no tener miedo exigiría que se me explicara que hay más allá del finis terrae que parece suponer la independencia. Me temo que eso no me lo pueden explicar porque aquí se trata de dejar de ser españoles y una vez que dejemos de serlo pensamos e improvisamos en lo siguiente. Porque una cosa es lo que haya escrito un "experto en nómina" o lo que pida la "sociedad servil" y otra cosa es los partidos que se han lanzado a la deriva separatista no tengan claro de quién, cómo y cuándo hay que hacerlo. En efecto, esto último en el caso de CIU presenta un mar de dudas contradicciones y ambigüedades que como evitar no tener miedo.

Tengo derecho y motivos para tener miedo y no ser vilipendiado por ello.

Sígueme en Twitter: @ang_guillen

Más allá del ruido y la furia
Los partidarios de la independencia en Cataluña han aumentado hasta bordear el 50%. Debemos examinar las causas que han acelerado el desgaste de un Estado autonómico que, de solución, ha devenido problema
Joan B. Culla i Clarà El País  5 Octubre 2012

De repente, una porción considerable de la sociedad catalana, justamente esa que creíamos más juiciosa y moderada, parece haberse vuelto loca y se ha puesto a reivindicar la soberanía, el Estado propio, la independencia… Y sus dirigentes, aquellos aparentemente tan pragmáticos y dúctiles a las presiones del poder económico, ahora las desoyen para colocarse al frente de la reivindicación y desafiar la legalidad vigente como no lo hizo ni el mismísimo y denostado Ibarretxe. Disculpen la simplificación, pero intuyo que es así como percibe el grueso de la opinión política y mediática con epicentro en Madrid lo sucedido en Cataluña durante las últimas semanas.

A la sorpresa, al estupor, les ha sucedido velozmente una reacción que, como es lógico, cada cual formula de la manera que le es propia. Algunos uniformados, y más aún ciertas cabeceras con nostalgia de los viejos casinos de oficiales, han tratado de generar ruido de sables, a ver si ponían en marcha el atavismo del miedo. Alejo Vidal-Quadras, artista de la provocación y hábil gestor del fondo de comercio político que explota desde 1991, ha aconsejado ir preparando ya la guardia civil. Con o sin alusiones al Benemérito Instituto, una legión de opinadores y académicos han empuñado el trabuco y han comenzado a disparar con postas hablando de “sedición”, de “la mentira de la nación expoliada”, de “discriminación contra las personas a causa de su lengua materna”, de “disgregación a la yugoslava”, haciendo inquietantes alusiones al “enfrentamiento étnico” y a “los choques violentos”, etcétera.

De una semana para otra, a aquella Convergència i Unió que fue báculo de los gobiernos de Suárez, de González, de Aznar y de Rodríguez Zapatero, a la sigla encabezada tanto tiempo por el “estadista Pujol”, aquel que un día fue proclamado “español del año”, se le detectan unos rasgos xenófobos y un perfil ultraconservador que no habían sido descubiertos hasta hoy, sin que sea necesario probar tan graves imputaciones con ninguna evidencia fáctica o textual. Una vez abierta la veda, se arremete también contra el PSC -ahora sí, no cuando contribuía con un millón y medio de votos decisivos a las victorias electorales del PSOE-, se le reprocha no haber desarrollado un socialismo etnicista a la Milosevic, y haber tenido un líder como Montilla, un charnego que, siendo presidente de la Generalitat, osó advertir sobre la “desafección” creciente respecto de España y defendió -¡horror!- la voluntad legalmente expresada de los catalanes frente a un tribunal deslegitimado. En fin, incluso se ha sacado a pasear, a modo de espantajo para separatistas, el apolillado espectro de Alejandro Lerroux.

No, no teman, no voy a especular sobre si la virulencia de las reacciones aludidas -he obviado casi por completo las de la derecha extrema- resulta más o menos proporcional a la magnitud del “desafío catalán”. Dejemos de lado esa contabilidad. La reflexión que quisiera introducir es otra: ante la eclosión de un problema tan grave, ¿no sería prioritario tratar de desentrañar seriamente sus causas, los mecanismos y factores que nos han llevado hasta aquí, antes de disparar la artillería dialéctica de las descalificaciones y las amenazas?

Sin el humillante fracaso del nuevo Estatuto en 2005 no se puede entender la actual dinámica

Hablo de causas porque alguna debe de haber para explicar aquello que apuntan todos los estudios demoscópicos: que, en menos de un lustro, el porcentaje de los partidarios de la independencia se ha doblado con creces en Cataluña, hasta bordear el 50 %. No se trata de un caso de alienación mental colectiva; ni de una manipulación orwelliana de las conciencias; ni del fruto de ese adoctrinamiento escolar que el ministro Wert denuncia como si aún nos halláramos en los tiempos de su ilustre antecesor don Claudio Moyano, y no en la época de los iPad, Facebook y Twitter. Tampoco estamos, aunque duela renunciar a tan entrañable tópico seudomarxista, ante el montaje de unas élites político-intelectuales anhelantes de más poder. ¿O acaso quienes rechazan la eventual secesión lo hacen sólo por bajas razones funcionariales y presupuestarias?

Durante estas semanas, se ha atribuido con especial insistencia a los nacionalistas (catalanes, off course) la propensión al cultivo del adversario externo, a echar las culpas de todos los problemas al contrincante españolista. No seré yo quien niegue que el nacionalismo catalán ha usado y hasta quizá abusado de tal recurso, por otra parte bien común en toda clase de colectivos políticos o sociales sujetos a una lógica binaria, de nosotros y ellos: obsérvese, si no, qué dicen el PSOE con respecto al PP, y el PP a propósito del PSOE. Pero, volviendo al tema, ¿no es exactamente eso, echar todas las culpas de la presente crisis a la radicalización catalanista, lo que han hecho desde el pasado 11 de septiembre los defensores de la unidad de España? A cargar contra la “deslealtad”, el “egoísmo”, la “insolidaridad” y la “gran mentira del nacionalismo” (catalán, off course), se ha apuntado todo el mundo. Examinar con ánimo autocrítico si tal vez los sucesivos Gobiernos centrales, las instituciones, los partidos y los medios de comunicación de ámbito estatal poseen alguna responsabilidad en la configuración del actual escenario, eso no lo ha intentado casi nadie.

Y, sin embargo, algo habrán tenido que ver todos esos actores en el deterioro, en la interpretación cada vez más estrecha del consenso constitucional de 1978, hasta hacerlo impracticable para una parte substancial del catalanismo. Algún papel habrá jugado Madrid -perdónenme la sinécdoque, me refiero al Madrid del poder-, en el acelerado desgaste de un Estado autonómico que, de solución, ha devenido problema, o en la grosera partidización del máximo intérprete de la Carta Magna.

No será confeccionando listas de agresiones verbales como hallaremos la salida del laberinto

Me gustaría saber explicarlo con la mayor frialdad posible: aquel autogobierno que el grueso de la sociedad catalana recibió con alborozo en 1977-79 como el primer paso en la recuperación de un derecho, un paso que la consolidación de la democracia sin duda permitiría ensanchar (¿qué eran las “nacionalidades” de la Constitución sino un eufemismo de las “naciones” que la prudencia del momento aconsejaba evitar?), se convirtió con el tiempo -esa es la percepción de muchísimos ciudadanos de Cataluña- en una especie de concesión graciable, amenazada permanentemente por toda suerte de loapillas y de ahogos financieros, y sujeta a los azares de la aritmética parlamentaria española. Y cuando, para escapar a esa dinámica perversa, casi el 90 % del Parlamento catalán quiso en 2005 clarificar las cosas mediante un nuevo Estatuto más blindado ante las ingerencias y los incumplimientos del poder central, el resultado último del intento fue tan desgraciado y humillante, que sin su impacto no se puede comprender la dinámica actual de los acontecimientos.

Sí, claro que en Cataluña ha habido y hay gentes de poco juicio que gritan “¡España nos roba!”. ¿Y no ha habido y hay en España políticos, opinadores, emisoras y cabeceras de prensa especializados desde hace lustros en gritar “¡Cataluña nos chantajea!”, “¡esos catalanes se quieren quedar con todo!”, “¡persiguen a los castellanohablantes!”, “¡que nos devuelvan a los emigrantes!” y otras lindezas por el estilo? Desde luego, no será confeccionando listas de agresiones verbales para ver cuál es más larga como encontraremos la salida del laberinto.

En otra transición histórica crucial, allá por marzo de 1930, un intelectual castellano y político en ciernes, un patriota español por los cuatro costados, pronunció durante una visita a Barcelona estas palabras: “Creo que entre el pueblo vuestro y el mío hay demasiados lazos espirituales, históricos y económicos para que un día, enfadándonos todos, nos volviésemos las espaldas como si jamás nos hubiéramos conocido”.

El orador proponía, entre Cataluña y España, una “unión libre de iguales con el mismo rango, para así servir en paz, dentro del mundo hispánico que nos es común”. Pero, a fuer de demócrata, añadió: “he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor perjuicio posible para unos y otros, y desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida pudiésemos restablecer al menos relaciones de buenos vecinos”.

Es una pena constatar que, ocho décadas más tarde, hemos retrocedido tanto con respecto a las posiciones de don Manuel Azaña Díaz.

JOAN B. CULLA I CLARÀ

Oscuridad
Nota del Editor 5 Octubre 2012

No se que le ocurrirá a este tipo cuando se despierte.

‘Al nacionalismo catalán se le puede aplicar la llamada ‘paradoja de Bossuet’, esa clase de esquizofrenia que consiste en deplorar un estado de cosas y, al mismo tiempo, celebrar las causas concretas que lo producen’
Redacción www.vozbcn.com 5 Octubre 2012

Joaquim Coll, historiador, en un artículo publicado este miércoles en El Periódico:

‘Sorprende la timidez con la que hasta ahora se han expresado los contrarios a la secesión. La culpa de que la independencia se haya convertido en una especie de utopía activa, en una ilusión mágica, es atribuible también en parte a una cierta dejadez de aquellos que con buenos argumentos políticos y, sobre todo, económicos deberían haber alertado de sus inconvenientes. Y que podían hacerlo desde posiciones catalanistas y progresistas. Seguramente, ese desinterés se debe a que jamás pensaron que llegaríamos a este punto. Además, refutar lo que para algunos es un sueño resulta poco amable. Aparecer como anti siempre es incómodo. Sin embargo, el soberanismo no ha tenido manías en descalificar sistemáticamente el modelo autonómico y en propiciar ácidas críticas a la vía federal propagando la simplificadora idea de que más allá del Ebro no hay nadie con quien entenderse. En realidad, al nacionalismo catalán se le puede aplicar la llamada paradoja de Bossuet, esa clase de esquizofrenia que consiste en deplorar un estado de cosas y, al mismo tiempo, celebrar las causas concretas que lo producen.

Ahora la controversia se hace ya inevitable y debería reproducirse con gran intensidad hasta las elecciones. Pues lo que nos jugamos es mucho. Por eso es importante moverse en el terreno sobre todo de las realidades. Para empezar, hay que subrayar que la Constitución no reconoce el derecho a la secesión, de manera que ejercerlo por vías legales de forma unilateral es imposible. Por supuesto que este no es un argumento que invalide el deseo independentista, pero debería alertar a los electores moderados de que el camino que abandera Artur Mas promete ser tortuoso, con choques políticos de alto voltaje.

[...] Claro está que este no es un argumento definitivo, y por eso propongo que nos hagamos dos preguntas. Primera: ¿existen razones suficientes? Creo que sería bueno que mirásemos la cuestión como seguramente lo haría un observador extranjero. ¿Y qué constataría? Pues que Cataluña no es una colonia de España y que los catalanes participan libremente en la vida democrática española. También que los estudios de opinión constatan que más del 70% de los ciudadanos se sienten catalanes y españoles en grados diversos.

[...] Y sobre el traído dinero, pese a la crisis y a las justas reivindicaciones catalanas en materia de inversión, certificará que las finanzas de la Generalidad han mejorado siempre en cada nueva negociación. El discurso del expolio se derrumbará cuando compruebe que las cotizaciones sociales que se pagan en Cataluña no alcanzan desde el 2010 para pagar a los pensionistas catalanes.

[...] Y, segundo, se planteará si los números de la independencia salen tan bien como dicen sus partidarios. En este punto creo que se echará las manos a la cabeza. La interdependencia comercial, industrial y financiera es enorme, y no parece que una ruptura del mercado vaya a propiciar ningún beneficio a corto o a medio plazo, más bien todo lo contrario. Se sorprenderá de que incluso los más optimistas reconozcan que, en los primeros años, Cataluña sufriría una notable caída de su PIB debido a una multitud de factores asociados a la ruptura, lo que no parece muy recomendable en las actuales circunstancias.

Visto lo cual, se preguntará si los catalanes no se estarán dejando arrastrar por algún tipo de resentimiento o por una política nacionalista que, si bien se disfraza de racionalidad económica, es intransigente, abandonando su tradicional seny por la bulliciosa rauxa. Si el observador es alemán, no dudará en aconsejarnos que copiemos, en todo o parte, el modelo federal’.

Molesta la libertad editorial de la prensa de Madrid
El nacionalismo no se basa en el amor a Cataluña, sino en el odio al resto de España
Irene Rigau lamenta que Rajoy quiera "españolizar la educación catalana"
Carlos Esteban / El Trasgo. Periodista Digital 5 Octubre 2012

El miedo es una sensación curiosa. Se dice de él que es libre, que es precisamente lo que nunca es, al menos para quien lo padece. Lo que realmente se quiere significar con este dicho es que es variado, misterioso, aleatorio; que lo que a uno asusta a otro deja indiferente: aracnofobia, agorafobia, claustrofobia, aerofobia... Lea a El Trasgo en La Gaceta.

O eleuterofobia, el miedo irracional e insalvable a la libertad, que parece afectar, entre otros, a un Ernest Folch, que escribe en 'El Periódico de Catalunya'.
¡Uuuuuuuuuh!

Folch debía tener un día flojo: nos puede pasar a cualquiera; me pasa. Debe de ser por eso por lo que se arranca así en una tribuna bajo el asustante titular de "La industria del miedo": "El miedo ya no es un sentimiento: es una industria. De infligir temor en vivo cada vez a más gente, como demuestra la ola de histeria que ha desatado en algunos medios la manifestación pacífica del 11-S y sus posteriores consecuencias. El espacio estrella de esta maquinaria son las tertulias de Intereconomía y otros imitadores, que son la ventana por donde sale toda la porquería que luego embadurna nuestra atmósfera política. Todo este detritus ideológico no es fruto de ninguna casualidad ni de ninguna banda de esquizofrénicos, sino que responde a una estrategia muy pensada y, sobre todo, muy rentable".

Si, como afirma Folch, el 'miedo anticatalán' es una industria, hay que añadir inmediatamente que, lejos de ser muy rentable, es absolutamente ruinosa. Más sobre eso, después.

Antes, quiero advertir de que la eleuterofobia puede ser adquirida y no sólo congénita, y que en el caso de Cataluña -de los medios catalanes, muy especialmente-, el contagio es común. Cuenta, por ejemplo, Folch: "Después del turismo, la caza del catalán debe ser una de las actividades que más contribuyen al PIB español: en estos momentos se disputan este espacio tres diarios de tirada nacional (uno de los cuales, por cierto, es propiedad de la empresa editora que dice que se irá a Cuenca si Catalunya es independiente), cuatro o cinco televisiones y tantas radios que ya no caben en este artículo. Todo negocio que se precie debe tener unos buenos ideólogos: capitaneados por Alejo Vidal-Quadras, cuentan con la inestimable ayuda de Fernando Savater, Arcadi Espada o Hermann Tertsch".

Dejo un momento mi escopeta humeante a un lado, después de haberme pasado la mañana en la caza al ojeo del catalán Castellana arriba en compañía de Xavier Horcajo, Javier Algarra, Paco Segarra, Paco Pou, Gonzalo Bans, Pedro Juan Viladrich, Carles Toda y otros catalanófobos de Intereconomía, para responder por alusiones. O por ilusiones, que no otra cosa es la jeremiada de Folch.

A ver: si Folch puede citar a Alejo Vidal-Quadras, Fernando Savater, Arcadi Espada o Hermann Tertsch y yo no puedo hacer otro tanto, es porque los disidentes se pueden contar con los dedos de una mano, y porque en 'Madrit' Folch puede contar con aliados en abundancia, que aquí somos más de tirarnos los trastos a la cabeza de un periódico a otro e incluso a la osadía de pensar cada cual por su cuenta que de publicar todos juntitos el mismo editorial. Vamos, ni por el forro; eso es más de regímenes unánimes.

Pero Folch proyecta o, como aconsejaba Goebbels, atribuye al contrario los defectos propios. Porque sí hay un lugar donde el miedo es una industria floreciente, donde los periodistas pueden disentir en detalles, pero no en lo fundamental, donde existe un organismo, el CAC, para premiar a los buenos y castigar a los malos.

Españolizando el 'Principat'
Un ejemplo de ahora: la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, ha reaccionado a las palabras del ministro Wert -quien ha apuntado que el desmadre educativo ha contribuido al nacionalismo- y se ha echado las manos a la cabeza al grito de "¡Que vienen els castellans!".

Concretamente, ha lamentado que el Gobierno de Rajoy pretenda "españolizar la educación catalana".

Debe de haber un error por algún lado. El Gobierno no puede "españolizar" nada en Cataluña porque YA es español, ¿no? Si la respuesta es "no", tenemos un problema. De verdad, no inventado por los 'cazacatalanes' de Madrid, porque la legitimidad de la Rigau le viene de su cargo, que forma parte de la estructura, ay, del 'Estat espanyol'. No entro ahora en si debería o no ser así; digo que, de hecho, lo es, que la Rigau lo sabe, y que si denuncia ese estado (y ese Estado) se convierte, inmediatamente, en una usurpadora.

Entiendo a Folch: hay que vivir. El victimismo es el único pilar de un nacionalismo que, sin él, tendría un rostro bastante horrible. No se basa en amar a Catalunya, sino en odiar al resto de España, que 'ens roba'. '¿Catalunya, nou estat d'Europa?'. Lo hablamos, pero para empezar deje su despacho, señora Rigau, que ocupa usted un cargo en el aborrecido Estado español.

Por miedo a un boicot
La patronal catalana alerta: cinco multinacionales frenan la inversión
LUIS LOSADA PESCADOR www.gaceta.es 5 Octubre 2012

Los empresarios catalanes temen el boicot del mercado del resto de España y posponen su reunión anual a enero. Negocian con Mas para frenar la tensión.

Al menos cinco multinacionales radicadas en Cataluña han anunciado ya el frenazo de sus inversiones previstas. El dato lo ofrece Manuel Milián Mestre, miembro de la junta de gobierno de la patronal catalana Fomento del Trabajo. Una de estas multinacionales es una química del campo de Tarragona y ha congelado una inversión de 300 millones de euros. Otras han dejado en suspenso sus planes estratégicos de recapitalización. ¿Qué temen? “La inseguridad jurídica; los escenarios inestables no son buenos para los negocios”, aclara Milián Mestre.

Ausonia, a Madrid
No son los únicos en replantearse sus planes de negocios. El propio José Manuel Lara advirtió que trasladaría el grupo Planeta en caso de una eventual independencia. Quien ya ha tomado la decisión ha sido Arbora Ausonia, filial de Procter & Gamble para higiene íntima. Ante las incertidumbres políticas este mes de octubre trasladará su centro operativo de Barcelona a Madrid. El empresariado catalán teme un boicot del mercado del resto de España. “Temen la inseguridad jurídica, que el mercado se retraiga, que haya represalias en el mercado español”, apunta Milian Mestre. “Es una locura, así no se puede salir al mercado”, es uno de los comentarios que más se escuchan entre el empresariado catalán.

Quizás por eso Artur Mas advertía en el Circle de Economía hace dos semanas que los empresarios les convenía desengancharse del mercado español para ganar libertad. “Tienen miedo a la incertidumbre, a las autoridades, a estropear más las cosas”, añade Juan Echeverría, ex presidente de Nissan y Fecsa entre otras compañías.

El miedo empresarial todavía no se ha verbalizado, pero de momento Fomento ha decidido trasladar su junta anual prevista para este lunes al mes de enero. En paralelo, han iniciado conversaciones con Artur Mas para tratar de rebajar la tensión. La incertidumbre les penaliza. La tensión con el resto de España, también. Conocen bien el caso de Quebec, el espejo en el que se mira el catalanismo político. “La población de Montreal está clavada desde hace 30 años, no hay inversión nueva y las multinacionales se han ido”, concluye Milián Mestre.

La Caixa y Sabadell guardan silencio
Caixa y Sabadell guardan silencio ante el tsunami soberanista. Pero se trata de la primera vez en la que Cataluña cuenta con una gran caja con el 60% de su negocio fuera de Cataluña y un gran banco, el Sabadell, con el 35% en el mercado del resto de España. El sector financiero catalán también teme que se pudieran producir represalias en el resto de España.

Ni "me voy" ni "que se vayan"
El presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell, no ve “lógica” la secesión, aunque también plantea que los problemas políticos y sociales de Cataluña “vienen de lejos”. Conviene recordar que Rosell apoyó la manifestación proEstatut siendo presidente de Fomento del Trabajo. Por su parte, Echeverría huye tanto de los separatistas como de los separadores. Le duele tanto el “me voy” como el “que se vayan”. Porque “Cataluña no se entiende sin España, pero España tampoco se entiende sin Cataluña”. ¿Es suficiente la Constitución para frenar este tsunami nacionalista? “Las Constituciones nunca han frenado ningún proceso de independencia”. Lo dice desde la atalaya de quien ha sido profesor de derecho político y constitucional.

UPyD pide al Gobierno una respuesta al 'apartheid' lingüístico de Bildu
Ninguna empresa que no pueda acreditar que sus empleados saben euskera podrá conseguir contratos públicos en Guipúzcoa.
 www.lavozlibre.com 5 Octubre 2012

Madrid.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados pidiendo al Gobierno que aclare si va a hacer algo para impedir el 'apartheid' lingüístico establecido por Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Y es que ninguna empresa que no pueda acreditar que sus empleados disponen del Certificado de Suficiencia Lingüística del Euskera (EGA) podrá conseguir contratos públicos con la Diputación Foral de Guipúzcoa, de acuerdo con las nuevas directrices decididas por esta institución, que gobierna Bildu, en relación con "la normalización de la lengua vasca".

Un criterio que, según explica el partido de Rosa Díez en el texto registrado, al que tuvo acceso Europa Press, también se aplicará para la concesión de ayudas y subvenciones a determinados colectivos y asociaciones.

Por ello, la formación magenta pregunta al Gobierno qué piensa hacer para evitar esta "discriminación" lingüística de los castellanoparlantes en el País Vasco, o con el "apartheid lingüístico", como lo ha calificado el 'numero dos' de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, en su cuenta personal de 'Twitter'.

Gorriarán recordaba en este sentido la proposición de ley que la semana pasada su partido defendió en el Pleno de la Cámara contra la discriminación lingüística y que fue rechazada por todos los grupos parlamentarios. "Una vergüenza", resume.

Pero, además, UPyD quiere que el Gobierno diga si va a llevar a cabo alguna medida para que esta situación no vuelva a repetirse, y que se pronuncie sobre "si la discriminación basada en el lenguaje practicada por Bildu cumple el derecho de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles señalada en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978".



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