AGLI Recortes de Prensa   Sábado 6 Octubre 2012

Un país de gilipollas
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital 6 Octubre 2012

Eso es lo que es España, un país de gilipollas, y si no, pasen y miren. En este artículo los voy a enumerar, no a todos porque no cabrían, pero sí a unos cuantos. El etiquetado y calificativo de los protagonistas que voy a nombrar se lo dejo a ustedes y así nos desahogamos juntos.

Personalmente llevo cinco años alertando del grave peligro que son las supuestas lenguas culturales en este país y cómo se están utilizando para separar en guetos autonomistas a los ciudadanos ante total impunidad y amparados por la Constitución. Primera mentira y primera gilipollez; la Constitución deja muy claro que la lengua de todos los españoles es el español y punto. Sí, en el punto 3º de la Constitución lo dice muy claro y en español.

Hartos en Masby de que nadie nos hiciera caso elaboramos el Informe Masby sobre la realidad francesa para demostrar como estos mantienen enérgicamente una fina línea que nadie debe traspasar. De hecho, si Arturo Mas fuera ciudadano francés estaría ya literalmente en la cárcel.

Evidentemente el PSOE ignoró el informe porque su obsesión destructora de España se lo impone y los del PP porque son unas ratas de cloaca que cuando salen a la superficie se ponen sus mejores disfraces para jugar al despiste.

Con el Informe Masby pretendíamos despertar sensibilidades entre las bases de los militantes de ambos partidos para ver si se empezaban a plantear que algo no va bien en España.

Pero no, ¿qué medios de comunicación se hicieron eco del informe?. Sólo los independientes y libres, el resto como los imbéciles, no saben, no contestan. Ha tenido que venir un Arturo Mas o Menos a estirar un poco más de la maroma para que en las filas del PP empiecen a escandalizarse como putas desconsoladas.

Aunque los del PP se vistan de "buenismos" o con disfraz de gallego profundo o superficial, o aunque se pongan la cara como un trapo de silicona en la Clínica San Jordi, siguen siendo unas ratas. Ratas que cuando vuelven a sus cloacas empiezan a actuar fieles a su instinto. Lo llevan en los genes. Véase, por ejemplo, Alberto Nuñez Feijóo entrevistado en la 13 TV por Isabel Durán, vocera sin complejos del PP. El único fin de la entrevista fue demostrar lo maravilloso que es Feijóo, pero de problemas lingüísticos ni se habló. De este programa pasó directamente a Intereconomía para ser entrevistado por Antonio Jiménez, otro vocero del PP donde tampoco se le cuestionó a Feijóo su intolerancia con el español.

Si en esas bufonadas de entrevistas hubiera estado yo, le habría dicho de forma muy clara lo siguiente a Feijóo: En Galicia no se puede estudiar en español, y no me vengas con imbecilidades dialécticas, no me refiero estudiar en español la Educación Física o Plástica, me refiero a todas las asignaturas. A ver Feijóo y periodistas españoles, ¿qué es lo que no habéis entendido de esta frase?

También le habría pedido que me explicara su última frase genial: "Todos los ciudadanos que viven en Galicia tienen que ser galleguistas". Y por último le habría obligado ante las cámaras que explicara por qué el programa electoral del PP gallego sólo se ha publicado en gallego y no tiene traducción al español. ¿Es que en Galicia no hay españoles?.

Por si todo esto es poco le habría recordado el vídeo que tenemos colgado en MasaBorreguera.com donde Feijóo afirma sin que le tiemble la voz: "Evidentemente si algún ciudadano desea estudiar en español no debe vivir en Galicia y se tiene que ir a España". En cualquier país con un mínimo de dignidad, un sujeto así habría sido despeñado de la política por su propio partido. También por los periodistas y por la sociedad.

Sobre La Camacho qué puedo decir de una sujeta que se pasa el día en las tertulias y chupando cámara. ¿Esta sujeta trabaja en algún momento? Sobre su discurso político tiene dos versiones, el que lanza en la cueva catalana y el que predica en la superficie de España. Entre unas cosas y otras, y su "look" facial, cualquier día de estos le pasará como a España, que no la reconocerá ni la madre que la parió.

Siguiendo con la lista de sujetos, me espantó la actuación estelar de Vicente Clavero en uno de los mejores programas de tertulia política del mediodía, "Al Día" en la 13 TV, con Alfonso Merlos. El debate era tristemente vergonzoso, pues trataba de la familia que en Mallorca no puede escolarizar a sus hijos en español. Un hecho que no es nuevo, lo sufren unos 30.000 niños en Baleares. Cuando el debate terminó, Vicente Clavero puso la guinda en el pastel diciendo: "es cierto que es una vergüenza lo que pasa en Cataluña y en Baleares, no como en Valencia que es un ejemplo de libertad de los padres". El silencio inundó el plató durante segundos y Alfonso Merlos lo cortó alegando: "otra cosa es que el centro te pille cerca de casa". No Alfonso, otra cosa es que tengas dinero para pagarte un colegio privado.

Pues bien señores, a ver si nos enteramos, en Valencia no se puede estudiar en español, y me refiero estudiar todas las asignaturas. Y no entremos en imbecilidades dialécticas porque aquí en Valencia ni somos idiotas ni somos gallegos.

Solo me ha faltado ver en otras tertulias a un gilipollas, sin un pelo de listo y con pajarita, afirmar que en Cataluña no hay problema lingüístico, que posiblemente exista algún caso aislado, pero no es normal. Aquí lo único que no es normal es este sujeto. ¿Cómo es posible que paguen a un demente como este por asistir a las tertulias?. ¿Es que la ley de igualdad obliga a contratar en cada tertulia a un imbécil particular?

Ya está bien señores de tanto marear a los ciudadanos con mentiras muy bien planificadas y orquestadas. A ver si los periodistas y periodistos que quedan en este país empiezan hacer sus deberes y se informan para denunciar las cosas como son. Yo sé que las cosas desde Madrid no se ven igual y muchos periodistas os creéis todo lo que os cuentan los políticos. El Problema Catalán y Vasco no ha surgido por generación espontánea, es un plan trazado sutilmente desde hace años.

Y en medio de este empastre patético me han encantado las afirmaciones de última hora de José Ignacio Wert empeñado que se pueda estudiar en español en España, pero es muy triste porque yo llevo 4 años, y sin asesores, denunciando el problema, en cambio el Gobierno ha necesitado 4 años más que yo, 1.500 asesores, las amenazas de Arturo Mas y oler a boñiga en todo el Estado Nacional. Y ahora por fin los del PP, como la mierda rebosa por todas partes lloriqueáis como locas descontroladas.

José Ignacio Wert, por último tengo que decirte que yo pago el colegio privado de mi hija, justo el mismo colegio donde van tus compañeros del PP en Valencia, y ¿quieres decir que aparte de mi colegio tengo que pagar la enseñanza pública?, es más, ¿tendré que pagar, además, la enseñanza del español en Cataluña?. Wert, seguramente piensas que los españoles somos tus putas particulares dispuestos a complacerte, pero ya está bien, lo que tienes que hacer es dejarte de "mariconadas" y experimentos y debes quitar la parte proporcional de la educación a los esquizofrénicos de la Generalidad Catalana y montar colegios españoles en España. Dejemos de hacer experimentos porque entre unos y otros habéis convertido España en un país de gilipollas.

Así lo pienso y así lo digo.

Juan Vte. Santacreu - en Twitter @JVSantacreu - Estrella Digital

El Gobierno tiene miedo de los ciudadanos
Carlos Fonseca El Confidencial 6 Octubre 2012

El Gobierno tiene miedo. No se entiende de otra manera el cúmulo de desatinos que ministros y altos cargos han proferido esta semana contra los manifestantes del 25S y la iniciativa “Rodear el Congreso”. La protesta ha roto los límites considerados asumibles al grito de “Que se vayan todos”, y ha cundido el pánico. Gobierno y PP han recurrido a mensajes tremendistas para desacreditar y criminalizar a quienes solo reclaman que la salida a la crisis no sea a costa de recortar derechos y exigir sacrificios sin fin a los más débiles.

Han calificado las protestas de golpe de Estado, de contubernio para desestabilizar las instituciones democráticas, y de favorecer a opciones políticas populistas más propias de una dictadura que de una democracia. El miedo como estrategia: o nosotros, o el caos. Un juicio para que los ciudadanos asuman lo inasumible como única opción posible.

No todos los políticos son iguales, ni la política una actividad innecesaria. Las generalizaciones son siempre injustas porque equiparan lo que no es homogéneo. Hay buenos políticos y profesionales de la política, en el peor sentido de la palabra. Políticos que creen en lo que hacen, con acierto o no, y políticos que han hecho de su actividad una excusa para medrar y, en ocasiones, enriquecerse. Políticos que, como borregos, se limitan a obedecer las consignas de su partido para no caerse de las listas electorales y seguir contando con el favor de los jefes.

Dicho lo anterior, hacen falta más 25S, como en su día hicieron falta más 15M, porque son la expresión de la democracia directa, por más que el Gobierno y el PP pretendan hacer de la excepción (los violentos) la norma. Otro ejemplo del miedo que tienen a un movimiento que defiende con convicción que otro mundo es posible. No son una anécdota que se pueda ignorar sin más.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, hace malo un departamento considerado de Estado. El 14 de agosto (¡un mes y diez días antes de la fecha convocada para la protesta!) sus servicios de información (lo más granado del Cuerpo) remitieron a la Audiencia Nacional un informe en el que alertaban de la peligrosidad de la convocatoria del 25S, que en realidad ocultaba una conspiración para invadir el Congreso de los Diputados y obligar al Gobierno a dimitir; es decir, un golpe de Estado. Si es lo que creía, ¿por qué permitió que Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, que autorizada la protesta?

La Policía estimaba que en la concentración iban a a participar hasta 600.000 personas (¿cómo harán para cuantificar el número de asistentes a un acto que aún no se ha celebrado?), y en previsión de males mayores se investigó a los promotores y a las personas que ingresaron 20 euros en la cuenta corriente abierta por los organizadores para recabar fondos con los que costear los desplazamientos a Madrid de muchos manifestantes. ¡Qué disparate!

Debería dimitir ante la evidencia de que semejante “análisis de inteligencia” era una memez peligrosa, pero no solo no lo ha hecho, sino que ha insistido en que fue la actuación de los antidisturbios la que impidió el asalto. Sus intervenciones públicas se cuentan por meteduras de pata, y son la demostración de que el cargo le viene grande. El Ministerio del Interior no puede tener un responsable tan irresponsable.

Si mirara más la calle se habría dado cuenta de que antes de que la Policía vallara la Carrera de San Jerónimo (una metáfora de la distancia que se ha abierto entre políticos y ciudadanos), hubo grupos de personas que se manifestaron frente al Congreso sin que nadie les acusara de atentado alguno, ni les obligara a abandonar la zona.

El juez Santiago Pedraz terminó por desmontar la teoría de la conspiración con un auto en el que desmiente todas y cada una de las catastróficas admoniciones de la Policía, aunque se le fue la mano al justificar la protesta por la “decadencia de la clase política”. Esa no es su labor, pero su exceso tampoco justifica la respuesta en bloque del PP, que por boca de Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, calificó al magistrado de “pijo ácrata”, cuando su atildado flequillo le da más bien un look Robert Redford.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, y el Gobierno, en lugar de mirar a la calle ha decidido cargar contra ella. Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado (los nombra el Ejecutivo de turno) se sumó a la cadena de despropósitos: reiteró que los manifestantes pretendían “demoler el edificio constitucional” y advirtió del “gravísimo quebranto” que está produciendo la explotación del derecho de manifestación.

Cristina Cifuentes no quiso ser menos y planteó la necesidad de modificar el derecho de manifestación. De “modularlo”, según sus palabras, recurriendo al eufemismo del político mediocre. ¿De qué modulación habla?, ¿pretende limitar el número de protestas?, ¿diez, cien, doscientas al año?, ¿va a elaborar un manual con las consignas que se pueden corear y prohibir otras como ‘Que se vayan todos’ por atentatorias contra las instituciones del Estado?

Cuando el poder habla de regular o modular quiere decir recortar, y recortar un derecho equivale a ajustarlo a los intereses del Gobierno, que en esta ocasión ha visto amenazada su autoridad, entendida como poder omnímodo. Como penitencia deberían escribir cien veces en la pizarra “la libertad de expresión, manifestación y reunión son derechos fundamentales de las personas y están protegidos por la Constitución”. A ver si así se enteran.

Nota a pie de página: Hablando de desprestigio de los políticos, el PP debería mirar dentro de su partido. María Dolores de Cospedal, presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, aunque dedica más tiempo a la secretaria general de su partido, ha decidido que los parlamentarios de su comunidad no tengan un sueldo fijo y cobren por su asistencia a los plenos. Los políticos deben estar bien pagados, porque sólo así se le puede exigir dedicación exclusiva y pedir responsabilidades por su labor. Cobrar por trabajar no es una prebenda, es un derecho.

Hasta el próximo fin de semana.

Los votantes son seres "peligrosos"
Francisco Rubiales Periodista Digital 6 Octubre 2012

Si es cierto que la III Guerra ha empezado, en la que se enfrentan, por un lado, ciudadanos que quieren ser libres y gobernados con Justicia, y por otro, una clase política incapaz de mejorar el mundo, habituada a dominar, someter y a gobernar al margen de los ciudadanos, que se niega a aceptar lo que la democracia significa, entonces aquellos que acuden a las urnas y votan son quintacolumnistas y traidores que están colaborando con el bando enemigo.

Un comentarista de este blog decía hace unos días que "Tan peligroso es un votante como un narcotraficante, pues tanto daño hace uno como el otro". Se trata claramente de una exageración, pero, si se analiza con clarividencia y sin pasión, esa afirmación no está tan alejada de lo real.

Defiendo la tesis de que la Tercera Guerra Mundial ya se está librando y es la que enfrenta a los ciudadanos contra sus malos gobernantes. Lo he hecho en libros, conferencias y decenas de artículos. Por fortuna, cada día son más los que se dan cuenta de que las primeras batallas de esa lucha entre gobernantes y ciudadanos ya se están librando. La reciente sentencia del juez Pedraz, que califica de "decadente" a la clase política española y desautoriza su represión policial exagerada contra el pueblo que protesta, es un capitulo hermoso y victorioso de esa lucha. Será una guerra épica, que ocupará todo el siglo XXI y que terminará con una resonante victoria popular, que, como ha sido habitual a lo largo de la Historia, intentarán apropiarsela los canallas y las élites dominantes.

El derecho a rebelarse contra un gobierno inícuo o ilícito está reconocido por el derecho internacional y aparece escrito en la misma Constitución de los Estados Unidos de América. Un gobierno puede ser legal porque ha sido elegido en las urnas, pero ilícito porque no ha cumplido sus promesas y porque es rechazado por la mayoría de sus ciudadanos. El ciudadano contemplado desde el poder como un adversario y como un ser peligroso al que hay que controlar, engañar, reprimir e, incluso, asesinar, es el núcleo filosófico de esa lucha en marcha entre ciudadanos indignados y gobernantes atiborrados de privilegios que no quieren rendir cuentas a sus administrados porque, en realidad, no tienen nada que exhibir como logro.

Por lo pronto, muchos gobiernos del planeta consideran ya a sus pueblos como su mayor riesgo y, en algunos casos, como el enemigo a batir. Las revoluciones populares de Ucrania, Tunez, Egipto, Libia, Siria y otras muchas demuestran que los tiranos y gobiernos que practican el abuso de poder pueden y deben ser derrocados. En muchos países occidentales, en teoría democráticos pero con gobiernos corrompidos y rechazados por sus pueblos, la batalla se está librando, por el momento, en el ciberespacio, en la opinión pública y en las urnas. Cada día son más los ciudadanos que se vengan de los políticos votando a otros partidos, un falso método de lucha porque el voto ciempre fortalece al sistema, que es lo que necesita ser cambiado y democratizado.

Si es cierto que estamos en una guerra entre ciudadanos que quieren ser libres y gobernados con Justicia y una clase política habituada a dominar, someter y a gobernar al margen de los ciudadanos y que se niega a aceptar lo que la democracia significa, entonces aquellos que acuden a las urnas y votan son quintacolumnistas y traidores que están colaborando con el bando enemigo.

En casi todos los paises del mundo los recortes afectan a casi todos los sectores y servicios, menos a las fuerzas policiales, cuyo número no para de crecer, al igual que su armamento antidisturbio. Los ejércitos están siendo abandonados durante la crisis y los aviones y barcos se oxidan en pistas y muelles porque la confrontación con un enemigo exterior cada día es mas difícil, pero no ocurre lo mismo con las fuerzas policiales, que no paran de crecer y de ser mimadas por los gobiernos, temerosos de que sus pueblos, indignados por la injusticia, arbitrariedad y torpeza de sus gobernantes, se rebelen y les expulsen del paraiso del poder.

Votar en la España actual significa, para un ciudadano demócrata y consciente, apoyar con su voto un sistema que ha demostrado con creces y hasta la saciedad que es injusto, corrupto y antidemocrático. Luego los que votan está sustentando la supervivencia de un sistema injusto y dañino para los ciudadanos que debería ser transformado y convertido en una verdadera democracia.

El 31 de agosta de 2010 publiqué en este blog el artículo La Terera Guerra Mundial ha empezado, donde describía con mas detalle el conflicto y su despliegue de fuerzas. Si quieres leerlo, pulsa AQUI
http://www.votoenblanco.com/La-Tercera-Guerra-Mundial-ha-empezado-DS_a3798.html?preview=1
Voto en Blanco

Rajoy retrasa lo inevitable por razones partidistas.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Octubre 2012

Supongo que muchos de los que me leen estarán de acuerdo en que una de las características más notables que los incondicionales de Rajoy le asignan, es la virtud del "control de los tiempos". Claro que otros muchos, la inmensa mayoría como yo, opinan que esa pretendida virtud no es sino un signo evidente de su incompetencia y falta de decisión a la hora de asumir costos políticos. La prueba es que retrasó por razones partidistas los presupuestos de este año, cosa que no evitó que Andalucía sea gobernada ahora por una coalición de PSOE e IU. Y ahora, retrasa la inevitable petición del rescate, blando o duro como el turrón alicantino, ante las elecciones autonómicas de Galicia y de el País vasco. Ya solo falta saber qué decisión importante retrasará antes del 25 N con las elecciones autonómicas de Cataluña.

Mucho me temo que serán las pensiones las afectadas. Y la excusa, como siempre, será el incumplimiento del déficit ante el descomunal hundimiento de la economía y aumento del gasto público. Porque hay que ser muy incapaz o, pensando mal, muy cínico para haber permitido que el gasto suba y que además se contemple en el borrador de los PGE del 2013. Hay que ser muy cínico al declarar que el problema no está en la "estructura" del Estado, cuando todos los informes nacionales e internacionales indican todo lo contrario. Un sistema autonómico sobredimensionado, plagado de miles de funcionarios o asimilados enchufados superfluos y miles de empresas públicas deficitarias e inservibles.

Pero eso sí, el control de los tiempos es "excepcional", aunque personalmente me recuerda mucho al pasotismo de Zapatero y su negación de la crisis, cuando se perdió un tiempo esencial en la toma de medidas correctoras. En mi anterior escrito dije y me reafirmo en que este Gobierno está moralmente deslegitimado para proseguir. Las razones son obvias, siendo la principal la de haber cometido un fraude a sus votantes. Una estafa monumental equiparable a la de BANKIA con la emisión de las preferentes. Por cierto, casualidad que el responsable máximo fuese también un ex alto cargo del PP.

España, como dice D. Alberto Recarte, debe pedir el rescate porque no ha controlado el déficit, es decir el gasto. Y eso solo es culpa, no de la herencia recibida, que ya sabemos que fue escandalosamente ruinosa, sino de no haber adoptado las medidas drásticas de reducción de ese gasto actuando allí donde el Estado podía hacerlo y más con la mayoría absoluta otorgada por el pueblo español. De la promesa del cierre de empresas públicas, nada. Del adelgazamiento de las administraciones, nada. De la limitación al mínimo de asesores y enchufados varios, nada. Y así, claro que no pueden salir las cuentas. Y si uno mismo es incapaz de poner orden en su casa, lo razonable es que sean los que nos presten ayuda los que lo pongan.

Es tremendamente cansado incidir siempre sobre el mismo tema, pero es que la realidad de la incompetencia de este Gobierno solo es superada por la certeza de su falta de voluntad para cambiar nada. Y eso es lo que estamos obteniendo, nada o lo que es lo mismo, miseria y hundimiento de la sociedad. La pregunta que me hago es emulando la de Cicerón ¿Hasta cuándo Rajoy abusarás de nuestra paciencia y seguiremos tolerando tu incompetencia?

Rescate
Arriola, ministro de Economía
Emilio Campmany Libertad Digital 6 Octubre 2012

España va a pedir a la Unión Europea el rescate. Eso no lo duda casi nadie. La cuestión es cuándo. La respuesta es muy fácil, cuando hayan pasado las elecciones gallegas. El Gobierno dice que no, que está retrasando la solicitud porque, en un ejercicio de responsabilidad, está examinando con meticulosidad las condiciones para luego decidir si lo pide o no. Muchos son los que, desde fuera, sostienen que no tendrá más remedio que solicitarlo antes, porque no llegamos al 21 de octubre. Nada que hacer. Si hay rescate, que ya digo que parece que lo habrá, será después de las elecciones. ¿Por qué? Porque lo dice Arriola. Y punto, que diría el fundador del partido.

El argumento del Gobierno es falaz. El rescate no puede ser bueno o malo según sus condiciones. Es siempre malo. De forma que, fueran cuales fueren esas condiciones, si podemos pasar sin él, deberíamos evitar pedirlo. Y si no tenemos más remedio que recurrir a él, el retrasar la solicitud sólo puede servir para que las exigencias sean cada vez más duras. Si están convencidos de que es necesario, lo mejor es instarlo cuanto antes. Y si creen que por ahora no lo es, no tiene sentido estudiar sus imposiciones, porque siempre es mejor no ser rescatado que serlo.

La cuestión es que los españoles entregamos el Gobierno al partido de Rajoy para que nos librara del rescate con una programa de liberalización de la economía que incluía una bajada de impuestos. Esa política no se ha aplicado, pero ello no es óbice para que el verse teniendo que pedir finalmente el dinero pueda ser interpretado como un grave fracaso, que muy bien debería conducir a la dimisión del presidente del Gobierno. Dimitir no va a hacerlo Rajoy ni harto de vino. Pero sí podría ocurrir, como ha debido de prever Arriola, que, solicitado el rescate antes del día 21, el PP perdiera la mayoría absoluta en las elecciones gallegas (las vascas están irremisiblemente perdidas). Esa derrota podría ser interpretada como una de las consecuencias del rescate, lo que la convertiría en un argumento más para la dimisión. Naturalmente, Rajoy no va a permitir que esa circunstancia se dé. De ahí que hasta pasado el domingo 21 no pueda de ninguna manera haber rescate. Eso no garantiza que el PP vaya a conservar la mayoría absoluta en la cámara autonómica, pero al menos nadie podrá asociar rescate y derrota.

Algunos dirán que el Gobierno no puede ser tan irresponsable como para hacer depender de Arriola las decisiones económicas. Ah, ¿no? Eso fue exactamente lo que hizo con los presupuestos de 2012, retrasarlos hasta después de las elecciones andaluzas. El acaudalado arúspice, por tanto, era ya ministro de Economía y Hacienda en marzo de 2012 y, que se sepa, todavía no ha sido cesado. En tales condiciones, lo mejor sería que fuera él quien se entrevistara con Christine Lagarde, Oli Rhen, Philipp Rösler y Wolgfang Schäuble. A lo mejor le hacen más caso.

Economía política
El llamado 'dinero público' y su uso
José T. Raga Libertad Digital 6 Octubre 2012

El llamado "dinero público", en primer lugar, no es público; y además tiene dueño. No es cierto que sea de nadie. El dinero público no es más que un dinero privado arrebatado coactivamente a sus legítimos propietarios por medio del abrogado poder de imperio del Estado, bajo la pretensión de cumplir unos fines que se concretan en el bien común; el bien de todos y de cada uno de los miembros de la comunidad.

Así las cosas, cometen fraude aquellos que distraen fondos para fines que en nada colaboran al bien común, o malgastan –gastando en exceso– sumas que superan las necesarias, aunque su objetivo se oriente al bien de la comunidad. El gobernante dadivoso y complaciente desarrolla su actividad en esa línea sutil que separa el buen hacer de la conducta fraudulenta. Con frecuencia esa línea resulta resbaladiza y el gobernante se arriesga a sumergirse en el mar de la corrupción, contraviniendo el principio de buena administración de unos recursos detraídos de los contribuyentes para beneficio de toda la comunidad.

Que el Gobierno de la Nación, en una muestra de impotencia y de indolencia en la aplicación de las leyes, venga ahora a decir que financiará el estudio en español en aquellas comunidades bilingües en las que ello no es posible, lo haga o no, resulta de todo punto inadmisible. La enseñanza bilingüe –en español y en otra lengua española– está pagada y garantizada desde el mismo momento en el que se produjeron las transferencias educativas a las Comunidades Autónomas; transferencia de la función y de los recursos financieros para hacerla efectiva. Pagar ahora para que se enseñe en español en esas comunidades equivale a pagar dos veces por un mismo concepto; es decir, estamos ante un fraude.

Análogamente, es un fraude que, con los recursos privados en manos del sector público, en unas comunidades se financien las necesidades –caprichos en unos casos y amiguismo en otros– más nimias para el bien de los ciudadanos, mientras en otras se viven carencias en las más esenciales. Cuando, en el origen del actual Estado de las Autonomías, se diseña el modelo de financiación que da lugar a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), se trata de cumplir con un mandato absolutamente irrenunciable: que cualquier español, donde quiera que viva, disponga de un nivel igual de servicios esenciales para su vida y para su bienestar. Lo demás es todo accesorio y, de implantarse, se deberá hacer con cargo a los recursos generados en la comunidad respectiva.

Las dádivas de gobernantes complacientes, más atentos a sus intereses personales o de partido que a los de la sociedad, han manoseado tanto el modelo de financiación que ya nadie recuerda aquel principio de igual acceso de todo ciudadano a los servicios esenciales. Por otro lado, la historia ha demostrado que la primera dádiva es sólo el primer eslabón de una larga cadena.

La Guerra de Secesión
Cataluña en el espejo de Eslovenia
Mikel Buesa Libertad Digital 6 Octubre 2012

A medida que pasan los días y se suceden las declaraciones secesionistas de los dirigentes nacionalistas catalanes, parece más evidente que, en su proyecto, se entremezclan varios modelos ya ensayados en otros países. Está, por un lado, la amigable separación entre la República Checa y Eslovaquia, a la que me referí en un artículo anterior, que ahora se reedita con tintes originales en el proyecto de referéndum de independencia de Escocia. Pero también emerge con una nitidez cada vez mayor el modelo de Eslovenia, que se saldó con un conflicto armado de poca monta, la Guerra de los Diez Días, cuyas bajas se cifraron en 62 muertos y 328 heridos, y que sin embargo desencadenó, como ha destacado el profesor Francisco Veiga en su excelente libro La fabrica de las fronteras, "el rosario de guerras que se sucedieron en el espacio yugoslavo".

La secesión de Eslovenia se aprobó –por su Parlamento– en el anochecer del 25 de junio de 1991, unas horas después de que el Sabor, la asamblea parlamentaria de Zagreb, hiciera lo mismo en Croacia. Fue un acontecimiento cuidadosamente preparado, tanto desde la perspectiva política como desde el punto de vista militar, en el que se tuvieron muy en cuenta los argumentos propagandísticos que se habían de presentar ante la opinión pública internacional, singularmente ante la Unión Europea. Éstos incidían en el carácter democrático de la decisión de independencia, en la vocación europeísta del país y en su voluntad pacífica de autodeterminación. Ello, a pesar de que se preparaba la guerra, como enseguida se verá, y la limpieza étnica, cosa que se haría en febrero de 1992 por el procedimiento administrativo de borrar de la lista de residentes a todas las personas que durante el semestre posterior a la declaración de independencia no habían solicitado la ciudadanía eslovena.

Recordemos, con este telón de fondo, las recientes declaraciones de Artur Mas en las que apelaba al contexto europeo: si la secesión catalana se produce, decía, "nadie puede utilizar unilateralmente las armas". Añadía: "Estamos dentro de una Unión Europea que tiene la democracia como principio sagrado", y se preguntaba inmediatamente: "¿Quién tiene miedo a la democracia?". Todo lo cual le servía para instar a los catalanes a que no se dejen intimidad por las amenazas que llegan de fuera y se quiten de encima el "miedo a emanciparse". Recordemos también el discurso de su consejero de Interior, Felip Puig, en el acto de celebración del patrón de la Guardia Urbana de Barcelona, cuando señaló que la policía catalana está "al servicio de su país y de todo aquello que el país determine", de manera que tanto los Mossos d'Esquadra como los agentes policiales locales "seguirán a las instituciones catalanas en las decisiones que tomen como pueblo".

No está de más señalar que, entre mayo y octubre de 1990, nueve meses antes de su independencia, Eslovenia configuró una "estructura de maniobra para la protección nacional" a partir, principalmente, de las fuerzas policiales, y en la que se encuadró a 21.000 hombres. Sería esa estructura la que, dotada con fusiles de asalto, armas anticarro y misiles antiaéreos, se enfrentaría, sin apenas material blindado, al Ejército Federal Yugoslavo. Tampoco se puede olvidar que en Cataluña hay actualmente 16.654 mossos y 10.894 policías locales, es decir, una fuerza con más de 27.000 efectivos con experiencia en el empleo de la fuerza armada.

Pero la clave de la victoria eslovena en la Guerra de los Diez Días no fue tanto la capacidad de su incipiente ejército como el hecho de que éste se enfrentara a una fuerza débil –en la que brillaron las columnas de blindados; pero carecían de la protección de la infantería, lo que las hacía inútiles en el medio urbano– que no tenía el respaldo político necesario para lanzarse a la acción ofensiva. El Ejército Federal Yugoslavo desplazó, en efecto, 35.000 soldados a Eslovenia, sólo la quinta parte de los que hubiesen sido necesarios para ocupar un territorio de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados. Y en menos de una semana se vio desautorizado para imponer un control militar sobre la república secesionista. La guerra concluyó inmediatamente.

¿Podría ocurrir en España algo similar? Señalemos al respecto que la ocupación militar del territorio de Cataluña –con casi 32.000 kilómetros cuadrados– requeriría, para su control efectivo, una fuerza del orden de 270.000 soldados, que actualmente no se encuentra disponible en nuestro país. Las Fuerzas Armadas españolas cuentan, en efecto, con un total de 134.772 hombres y mujeres, incluyendo los militares de carrera y de complemento, las clases de tropa y marinería y los reservistas voluntarios; es decir, aunque se movilizaran completamente, los ejércitos apenas llegan a la mitad de los efectivos teóricamente necesarios para restablecer el orden constitucional en el caso de que se produjera la secesión. Incluso si a esa fuerza se sumara la totalidad de los 80.210 miembros de la Guardia Civil, la capacidad militar de España es dudosa para el logro de ese objetivo.

Más allá del tamaño de la fuerza que es posible movilizar está la cuestión política. De acuerdo con la Constitución, es misión de las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial de España; y aunque su mando supremo corresponde al Rey, están subordinadas al Gobierno, en tanto que es a éste al que compete la dirección de la administración militar y la defensa del Estado. Por tanto, es de la voluntad gubernamental de la que, en un caso como el que nos ocupa, dependerá la determinación del alcance concreto que pudiera tener la intervención de los ejércitos en un conflicto secesionista. Cuando Mas proclama que "nadie puede utilizar unilateralmente las armas" es porque está convencido de que el Gobierno de España en ningún caso llegará a decidirse por el empleo de la fuerza.

¿Se corresponde esa convicción del líder nacionalista con la realidad? Es difícil saberlo, porque ni el presidente Rajoy ni ninguno de sus ministros ha dado la menor indicación al respecto. Pero sí existen declaraciones que siembran la duda en el caso de la oposición socialista y comunista, lo que hace pensar que, en la situación extrema en la que pudiera plantearse una intervención militar, el Gobierno se encontraría solo, sin apoyos externos a su propio partido y, seguramente, sometido a una potente campaña de deslegitimación. En tales circunstancias no sería sorprendente que, en el escenario catalán, volviera a reproducirse la farsa eslovena. Entonces, la secesión se produciría por la incomparecencia del Estado y acabaría abriéndose el abismo del desmoronamiento institucional del mismo. Y a España no le quedaría otra salida pacífica que asomarse a un nuevo período constituyente de tan incierto resultado que hoy ni siquiera podemos entrever.

Sociedad Civil y Democracia (SCD)
Conde, elegido líder de SCD, ataca al Estado autonómico
El exbanquero ha arremetido contra la clase política y los partidos asegurando que no son democráticos
EFE / MADRID La Opinión 6 Octubre 2012

El exbanquero Mario Conde ha sido elegido hoy presidente de Sociedad Civil y Democracia (SCD) en el congreso constituyente de esta formación que él impulsó y lo ha hecho con un mensaje contra el Estado autonómico "segregador" e "inútil" y muy duro con la clase política.

En un acto en el Palacio de Congresos, al que han asistido más de 1.500 personas, Mario Conde ha presentado su proyecto político con el que ya ha echado a andar como candidato a la Xunta de Galicia y que ha recibido el apoyo mayoritario de los asistentes, que han votado con la papeleta alzada y sólo uno se ha pronunciado en contra.

Con la canción del rockero Bruce Springsteen "Glory Days" que Sociedad Civil y Democracia ha elegido como himno para esta jornada "de investidura", Conde ha dado algunas pinceladas de su programa político, muy centrado en descalificar un Estado autonómico, que ve "muy ineficiente", que ha creado "identidades falsas" y que ha dado lugar a "sediciones organizadas" como la de Cataluña.

También ha arremetido contra la clase política y los partidos tal como están concebidos, y ha asegurado que "para nada" son democráticos. De sus críticas tampoco ha escapado el poder económico ni el mediático, y mucho menos el judicial.

Condenado a más de diez años de prisión por varios delitos económicos en 1997, Conde ha señalado ante un auditorio muy entregado que lo que está pasando en el ámbito judicial es "muy serio" y quiere trabajar para impedir que los políticos "pongan su mano" en las estructuras judiciales.

Ha reclamado, en cambio, "protección" contra la prevaricación judicial, uno de los delitos más graves, según ha dicho.

De los problemas financieros que tiene España, se ha centrado especialmente en la situación de las cajas de ahorro. "Se han llevado por delante una institución querida, las cajas" ha subrayado, tras vaticinar que no habrá investigación de lo que ha sucedido en Galicia porque todos los partidos "están metidos" en el asunto.

Al respecto, Conde ha lamentado que no se llegue hasta el final en la situación de las cajas de ahorro cuando "se han perdido" 7.600 millones de euros, el equivalente -ha recalcado- a la deuda de Galicia.

El primer presidente de SCD ha abogado también por recuperar los elementos "básicos" de la convivencia y, en concreto la separación de poderes, que era una idea "de primero de carrera y ahora es de final de la clase política".

Sociedad Civil y Democracia ha votado los estatutos internos, la ponencia de acción política y ha elegido a su primera ejecutiva que tiene el objetivo, como la ha presentado Conde, de lograr que España sea "exclusivamente propiedad de sus ciudadanos y no de los políticos".

Conde ha abandonado el escenario con un agradecimiento y recuerdo para los miembros de su familia y, acompañado por los acordes de la tradicional gaita gallega, se ha marchado para seguir con su campaña en Galicia.

Presidente de SCD
Mario Conde: 'La sociedad está en fallo multiorgánico'
Gaceta.es  6 Octubre 2012

El lider de SCD perfila su candidatura a las elecciones gallegas en la reforma del estado de las autonomías, una mayor división de poderes y el fomento de los medios libres.

Mario Conde ha sido elegido presidente de SCD gracias al apoyo de la asamblea constituyente celebrada esta mañana. Con tan solo un voto en contra de los cientos de asistentes reunidos en el Palacio de Congresos de Madrid, el lider de SCD se enfrenta ahora a las elecciones gallegas en las que tiene esperanzas de conseguir unos buenos resultados.

La ponencia de Conde en la que ha basado su candidatura a la presidencia del partido ha consistido en la reforma de las instituciones nacionales y regionales del país para conseguir una democracia transparente con mucha mayor participación ciudadana. "La sociedad está en fallo multiorgánico porque no creemos en ninguna de nuestras instituciones, no hay confianza en que hagan lo que les corresponde. Justicia, bancos, parlamentos, la confianza rota y así el edificio se cae".

El recién elegido presidente del partido ha señalado que España es "una sociedad triste, falta de identidad nacional, irritada con la clase política". "La sociedad tiene miedo: empresarios, trabajadores, autónomos, amas de casa, padres, estudiantes, no nos creemos nada ni a nadie. El 82% de los electores no confía en su presidente".

Conde también se ha referido al debate sobre el Estado de las Autonomías en España. "Nos insultan cuando hablamos de España, hemos intentado reescribir España con renglones torcidos en la Constitución. ¿Dónde están las nacionalidades de España en la historia? Están los sentimientos de los pueblos, las lenguas, culturas, tradiciones. La Constitución fue una carta otorgada, nos la dieron sí o sí, muchos lo predijeron pero la realidad autonómica ha ido mucho más allá".

El presidente de SCD ha afirmado que la pérdida de poder de la ciudadanía también se debe a su propia indiferencia. "Nosotros somos los culpables por haber mirado hacia otro lado, nos desentendimos para preocuparnos solo por nuestro dinero". "El voto útil es el voto menos útil, el mal menor se convierte en el mal mayor. La clase política es endogámica y vive al margen de la sociedad. Tienen privilegios que el resto no tenemos, jubilaciones, estatutos jurídicos... Si un empresario gestiona mal su dinero lo pierde o acaba ante un juez. Si un político lo hace mal con el dinero de todos apenas se le abre un expediente". En referencia al uso que han dado las CC.AA. a las cajas de ahorros ha mostrado su sorpresa ante el enorme agujero creado. "Entre Caixa Cataluña, Caja Castilla La Mancha y Bankia han perdido 70 billones de pesetas. Entre los aquí presentes no somos capaces aunque lo intentemos de perder 70 billones de pesetas".

Conde ha pedido valor a sus votantes para encarar un "necesario cambio constitucional". "Hay que recuperar la convivencia, la separación de poderes no existe. ¿Qué proponemos? Vamos a trabajar por la separación de poderes, hay que pasar por un proceso constituyente. La Constitución nació vieja, con muchas cesiones".

"El Estado de las Autonomías es ineficiente, disgregador. Proponemos un Estado descentralizado, que nazca de abajo a arriba, estamos empezando desde Galicia y no desde Madrid". En cuanto al modelo de Estado, Conde ha señalado que habrá que decidir si queremos seguir teniendo o no Monarquía y cómo la queremos. "Hay que cambiar el poder ejecutivo para que elijamos un presidente que decida a sus propios ministros como sucede en Francia o EE.UU. sin la necesidad de cesiones políticas".

Sobre la actualidad del sistema judicial, Conde ha afirmado que "los españoles han perdido la confianza en sus jueces". " Hay que cambiar el sistema de nombramiento judicial para que los políticos no puedan volver a poner la mano en su designación y usar la justicia al servicio de cuestiones políticas con interpretaciones falsas de la ley para excarcelar criminales. Que la sociedad elija qué jueces merecen serlo por su trayectoria. La prevaricación es de los delitos más graves que se pueden cometer, es jugar con la dignidad y la hacienda de los ciudadanos".

En cuanto al poder mediático, ha señalado que no hay democracia sin medios libres. "Las redes sociales están aportando un contenido de libertad. En defensa de la libertad vamos a reformular la financiación de los medios de comunicación. En las CC.AA. todos se han metido en una emisora autonómica y en una caja de ahorros, salvo en el País Vasco. Han arruinado la confianza de los ciudadanos y su obra social. Nunca habrá una investigación de las cajas porque están todos metidos. No puede existir la sensación de impunidad de la clase política".

A propósito de la participación ciudadana, Mario Conde ha afirmado su entusiasmo por el artículo 2 de la Constitución de 1812 y lo mucho que lo echa en falta en la carta actual. “[...]para que España nunca vuelva a ser propiedad de una única familia”.

Tras la votación en la que ha resultado electo como presidente del partido, Conde ha presentado su comité ejecutivo en el que destacan Daniel Movilla como Secretario General y Almudena Negro como Secretaria de Comunicación.

Reclamación contra el monolingüimo en catalán.
Convivencia Civica  6 Octubre 2012

Estimados amigos,

El curso escolar 2012/2013 ya está en marcha tanto a nivel de educación infantil y primaria como de enseñanza secundaria y universidad.

Ya que algunos padres nos han preguntado cómo están las cosas a nivel judicial en el tema educativo, en Convivencia Cívica Catalana creemos que es buen momento para recordar en qué punto nos encontramos en nuestra batalla por conseguir una enseñanza bilingüe en Cataluña.

Cómo sabéis Convivencia Cívica Catalana defiende un modelo de enseñanza donde nuestras dos lenguas convivan en las escuelas con un trato equitativo y respetuoso, con un número de asignaturas similar en ambas y sin que ninguna de las dos sea tratada casi como una lengua extranjera.

Creemos que a una sociedad bilingüe le corresponde por lógica y por respeto a todos una escuela también bilingüe frente al modelo empobrecedor impuesto por el nacionalismo de enseñanza únicamente en catalán.

A nivel judicial estamos a la espera de la decisión que debe tomar el Tribunal Supremo sobre el recurso que planteó el gobierno catalán contra las sentencias que Convivencia Cívica Catalana ganó.

Como recordáis, el gobierno catalán pretendía reducir el ámbito de aplicación de las sentencias favorables al bilingüismo que ganamos sólo a los padres que lo solicitasen vía judicial con el objetivo evidente de restringir su aplicación sólo a unos casos.

Obviamente esa interpretación es muy restrictiva y no se ajusta al fallo del Supremo. Convivencia Cívica Catalana solicitó que el bilingüismo se aplique a todo el sistema educativo catalán de acuerdo con el contenido del fallo y sin que sea necesario que ningún padre tenga que estar cinco años metido en un proceso judicial para que le reconozcan algo a lo que tiene derecho.

En principio, el Tribunal Supremo debería tomar su decisión antes de final de año, aunque puede retrasarse y tenemos confianza en que sea positiva para nosotros.

En ese caso, el gobierno catalán debería implantar un sistema educativo respetuoso con los dos idiomas oficiales en todos los centros educativos de Cataluña en sustitución de la actual inmersión sólo en catalán.

De todas formas, como es sabido, al gobierno catalán esto de cumplir sentencias, leyes, normas y respetar el Estado de Derecho le cuesta bastante.

Y por ello, consideramos en Convivencia Cívica Catalana que a parte de la vía judicial que es muy necesaria, debemos también presionar por la vía social, presentando por parte de padres de forma constante y creciente solicitudes de enseñanza bilingüe.

Y ahí os rogamos vuestra colaboración. Hay dos vías: la administrativa y la judicial.
La vía administrativa es muy sencilla. El único requisito es ser padre o madre de un niño que curse sus estudios en Cataluña y tan sólo debe rellenarse la solicitud de enseñanza bilingüe que hay en nuestra web y una vez firmada, hacérnosla llegar. Nosotros nos encargamos de hacer todos los trámites, por supuesto, de forma totalmente gratuita

El impreso de solicitud y todas las explicaciones están en este enlace.
http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com.es/p/ensenanza-en-las-escuelas.html

A día de hoy, hemos presentado casi 1.000 solicitudes de enseñanza bilingüe en la Consejería de Educación que padres de toda Cataluña nos han hecho llegar y las que cada semana nos van llegando las vamos presentando en la semana siguiente. Si no lo has hecho ya, te animamos a hacerlo y si lo hiciste en un curso anterior puedes reforzar presentando tu petición de nuevo para este curso 2012/2013 que ahora comienza.

La vía judicial también en sencilla. Si una vez pasado el plazo reglamentario de tres meses la consejería no ha contestado a la solicitud (silencio administrativo) o ha contestado negativamente, puede iniciarse la vía judicial, que para el padre no tiene ninguna complicación. De hecho, para el padre sólo hay un trámite: ir a una notaría (nosotros podemos recomendarle alguna) y hacer unos poderes en favor del equipo jurídico de abogados y procuradores de Convivencia Cívica Catalana, que a partir de ese momento, se ocupan de todo, sin que el padre deba hacer absolutamente nada más.

Sólo en esta misma semana, cinco padres más nos han hecho llegar sus poderes y se suman así a todos los casos que también llevamos vía judicial.

Como veis, fundamentalmente la vía administrativa tan solo consiste en rellenar un papel y la vía judicial en firmar unos poderes. No hay más complicación.

Queremos agradecer desde Convivencia Cívica Catalana a todos los padres que tanto por la vía administrativa como por la judicial nos han dado su confianza y nos han hecho llegar su solicitud o sus poderes.

Estamos luchando en definitiva por la convivencia sin exclusiones de nuestras dos lenguas en el sistema educativo y un modelo enriquecedor de bilingüismo escolar frente al modelo empobrecedor del monolingüismo con todo sólo en catalán. Y estamos convencidos de que a pesar de las dificultades, al final la razón, la lógica y el sentido común harán que la balanza se decante a favor nuestro.

Atentamente,
CONVIVENCIA CIVICA CATALANA
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Cataluña
Ovejero: “El nacionalismo maltrata tanto las palabras que consigue que nos acerquemos a ellas con prevención”
Daniel Tercero www.vozbcn.com 6 Octubre 2012

El presidente de la Asociación por la Tolerancia, Eduardo López-Dóriga, posa junto a Félix Ovejero, con la placa que le reconoce como el ganador del XVIII Premio a la Tolerancia (foto: JSM).

Félix Ovejero ha elogiado la política y la participación en ella por parte de los ciudadanos, durante la aceptación del XVIII Premio a la Tolerancia. El premiado ha loado el término tolerancia, en su más estricto sentido, y ha criticado al nacionalismo, corriente a la que ha atribuido la tergiversación de algunos conceptos políticos.

Ovejero, este viernes en Barcelona, ha señalado que la tolerancia es “un concepto discutido y discutible”, pero ha recordado que “hay doctrina compartida” por todos los teóricos que confluyen en que no se tolera sin más, se tolera algo, algo de lo que se está en desacuerdo. Un punto común que aleja al nacionalismo de la tolerancia.

En un acto de poco más de una hora, tras la presentación del presidente de la Asociación por la Tolerancia, Eduardo López-Dóriga, el premiado se ha definido a sí mismo como un ”filósofo político” algo peculiar, pues ”a los teóricos de la política no nos gusta la política”. Sin embargo, pese a que le han aconsejado que “no se meta en política”, como decía el dictador Francisco Franco, y otros filósofos solo opinan “a favor de corriente”, él piensa seguir opinando y teorizando sobre la política actual.

Así, es habitual encontrar textos suyos en El País en los que pone de manifiesto actitudes y planteamientos del nacionalismo catalán que son del todo intolerables. El nacionalismo, al fin y al cabo, está obligando a muchos ciudadanos a implicarse en la política diaria. De hecho, Ovejero se embarcó en la creación de un partido político, junto a otros catorce intelectuales, que dio como fruto Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Pero ahí quedó todo su escarceo con la política de trincheras. Lo justifica de una manera jocosa. Cuanto más conoce a los políticos “más se debilita” su ateísmo ya que, “si estamos en manos de quien estamos y esto no se hunde, es que, definitivamente, alguien del más allá vela por nosotros”.

Democracia, convivencia, igualdad, pluralidad…
La segunda parte de su discurso se ha centrado en el nacionalismo catalán. Enlazándolo con el concepto tolerancia, Ovejero ha señalado que en Cataluña sucede justo lo contrario de lo que es la base del concepto, es decir, que la mayoría tolere a una minoría. Sin embargo, en la Comunidad una minoría controla el poder y la mayoría lo tolera.

Uno de los pasajes más interesantes de su parlamento ha sido la crítica que ha realizado al uso del lenguaje por parte de los partidos nacionalistas. Y su influencia en el resto. Ha criticado que el nacionalismo haya manoseado hasta “ensuciarlos” términos como tolerancia, democracia, convivencia, igualdad o pluralidad.

Hasta el punto, ha indicado Ovejero, que ”han maltratado tanto las palabras que han conseguido que nos acerquemos a ellas con prevención, como si pudieran contaminarnos“. Y ha añadido: “Quizás sea esta la mejor victoria del nacionalismo”. Un ejemplo de esto, el nuevo desafío de Artur Mas (CiU), presidente autonómico en funciones.

Ahora, el nacionalismo ha señalado que “sus desafíos” son “democráticos y pacíficos”, como si el resto de políticos no estuvieran con la democracia y con la paz. “¿Qué es la ley sino el resultado de los resultados democráticos?”, ha preguntado retóricamente como respuesta al reto planteado por Mas. ”Los nacionalistas han apelado poco a las razones, lo suyo es el sentimiento, las emociones, que lo justifican todo, hasta lo injustificable”, ha añadido.

“¿Por qué no entramos en detalle y hacemos una lista con nombres propios, de personas desechables?”

Finalmente, como conocedor de la materia, ha entrado picoteando en el aspecto económico que defiende el nacionalismo catalán. En su opinión, los nacionalistas, pese a llevar “tanto tiempo” hablando de desafección y del “no me ajuntas”, en el fondo “están hablando de dinero” pues la relación con el resto de España “tiene un precio” para ellos.

Ovejero ha criticado que se utilicen las balanzas fiscales y “el supuesto expolio español” por parte de los partidos nacionalistas y ha señalado que esta comparación que se hace entre CCAA (rompiendo ”el compromiso compartido con el interés general”) se podría hacer, también, entre comarcas dentro de Cataluña, desmontando el argumento nacionalista:

“¿Le conviene al Valle de Arán, la comarca más rica de Cataluña, compartir Comunidad con el Bajo Llobregat, La Selva o la Anoia, las más pobres? ¿Por qué no desprenderse de ellas? Y, ya puestos, ¿por qué no entramos en detalle y hacemos una lista con nombres propios, de personas desechables, para decirlo como en Bogotá se conoce a los mendigos?”.

En esta línea, el premiado considera que los nacionalistas hacen distinción permanente entre unos, los suyos, y el resto, pues no entienden los principios de igualdad, fraternidad y libertad, que rigen toda democracia loable y moderna. Además, ha recordado “el coste de oportunidad” que no se valora en ninguna teoría económica a favor del secesionismo.

Eso sí, no ha descartado que “de aquí a 50 años las fantasías nacionalistas de cumplan”, y Cataluña sea un país al margen del resto de España, “ahora bien, lo único seguro, lo verdaderamente importante desde el punto de vista político, es que no será un paseo hacia la tierra prometida“. La clase política de Cataluña, ha sentenciado, se cree que todo le sale gratis.

‘Valentía y compromiso’
Ovejero es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad de Chicago (Estados Unidos) y en la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos).

Es autor de libros como De la naturaleza a la sociedad (1987), La Quimera fértil (1994), Mercado, ética y economía (1994), Contra Cromagnon. Nacionalismo, ciudadanía, democracia (2007) y, entre otros, La trama estéril (2011).

El jurado del premio valoró de Ovejero la ‘valentía y compromiso frente a los postulados nacionalistas excluyentes que se pretenden imponer desde las instituciones públicas catalanas a toda la sociedad; y su actitud siempre abierta al diálogo constructivo’.

Recuerdo para Mingote y Peces-Barba
Ovejero toma el relevo de Regina Otaola, premiada en 2011. En anteriores ocasiones, el premio, que se entrega desde 1995, ha recaído en Xavier Pericay, Antonio Mingote -fallecido en 2012 y al que se recordó en el acto de este viernes-, Carlos Herrera, Mario Vargas Llosa, Rosa Díez, Arcadi Espada, Antonio Muñoz Molina, Iván Tubau, Fernando Savater, Félix de Azúa, Gregorio Peces-Barba -que también fue recordado-, Francesc de Carreras, Albert Boadella, ¡Basta Ya! o Baltasar Garzón, entre otros.

Al acto de entrega del premio han acudido, entre otros, Arcadi Espada, Carina Mejías, Ángel Hernández, José Domingo, Antonio Robles, Francisco Pou y los diputados autonómicos Pedro Chumillas (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos), así como el portavoz de UPyD en Cataluña, Manuel Alba, el secretario general de Ciudadanos, Matias Alonso, y la concejal del PP en Castelldefels (Barcelona) Margaret Manzano. Además, López-Dóriga ha leído una carta de Francesc de Carreras y otra de José Castellano, que no han podido asistir al acto, mostrando su felicitación a Ovejero.

Cataluña
Dos décadas de inacción de la Alta Inspección educativa en Cataluña
En 1981 el Gobierno puso en marcha la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria que, entre otras, tenía la función de garantizar el derecho a ‘recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado’ en Cataluña y el País Vasco. A principios de los años 90, la Generalidad extendió a todo el sistema educativo autonómico la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, sin embargo, la Alta Inspección nunca ha actuado para evitarlo.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 6 Octubre 2012

La Alta Inspección educativa tiene la obligación de garantizar el derecho a ‘recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado’ en toda España.

El abandono del ejercicio de las funciones que le son atribuidas a la Administración General del Estado en materia Educativa ha sido especialmente sangrante en las CCAA con más de una lengua oficial, y de forma más intensa, si cabe, en Cataluña a lo largo de las últimas décadas.

La propuesta que baraja el Gobierno, conocida este miércoles, consistente en subvencionar a colegios privados para que ofrezcan enseñanza en español en Cataluña -y así hacer efectivos los derechos lingüísticos que la Generalidad no garantiza- no ha sido bien acogida por las entidades catalanas que llevan años luchando por la libertad de elección lingüística o por el bilingüismo escolar.

Dichas asociaciones han respondido al unísono, apelando a un instrumento prácticamente desconocido en Cataluña por su inacción: la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria. Los afectados instan al Gobierno a evitar los subterfugios y plantean el uso de esta herramienta legal para obligar a la Generalidad a cumplir la ley y las sentencias. Y no les falta razón.

La Alta Inspección, garante de la Constitución
La Alta Inspección fue establecida por el Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, poco después de que los gobiernos autonómicos del País Vasco y de Cataluña recibieran el traspaso de la competencia sobre la gestión de la Educación en sus respectivas CCAA. Mientras que el Real Decreto 1950/1985, de 11 de septiembre, creó poco después los Servicios de Alta Inspección, es decir, su estructura organizativa, y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, las integró en las delegaciones del Gobierno en las correspondientes CCAA.

Su función es la de garantizar ‘el cumplimiento de las facultades atribuidas al Estado en materia de enseñanza en las CCAA, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y de las leyes orgánicas que se desarrollen en el artículo 27 de la Constitución [relativo a la Educación]‘.

Velar por el derecho a ‘recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado’
Sin embargo, un punto del Real Decreto 480/1981 destaca sobre el resto por su contundencia y actualidad. En concreto, el apartado quinto del artículo tercero, que, entre las actividades propias de la Alta Inspección, incluye la siguiente:

‘Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garantice la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como los derechos lingüísticos y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, de acuerdo con las disposiciones aplicables’.

No deja de ser insólito que, tras dos décadas de aplicación de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán por parte de la Generalidad -esto es, la prohibición de que los alumnos en Cataluña puedan recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado-, el Gobierno haya hecho total dejadez de sus obligaciones y no haya amparado los derechos lingüísticos de los catalanes que han reclamado recibir la educación en español, además de en catalán, a pesar de tener los instrumentos legales para garantizarlos.

De hecho, el propio Real Decreto prevé las sanciones a aplicar en caso que el Ejecutivo autonómico no corrija las infracciones detectadas por la Alta Inspección:

‘Si las medidas adoptadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma resultasen insuficientes y persistiera la infracción, el Ministerio de Educación y Ciencia [hoy, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte] podrá, por sí mismo, poner en ejecución lo prevenido en la legislación estatal, llegando, en su caso, a privar de efectos oficiales las enseñanzas afectadas y a denegar la expedición de los títulos correspondientes, así como a dejar sin efecto cuando se trate de libros de texto y demás material didáctico, la autorización que tuviesen otorgada’.

Ciudadanos y UPyD, los únicos que exigen firmeza al Gobierno
Solo Ciudadanos y UPyD han criticado al Gobierno por su falta de valentía a la hora de obligar a la Generalidad a aplicar las leyes y las sentencias. El resto de formaciones políticas que se han pronunciado sobre esta cuestión también han cargado contra el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, pero por motivos diametralmente opuestos, es decir, por tratar de buscar una solución a un conflicto que consideran inexistente.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra “la cobardía” de los populares por “renunciar a defender la legalidad y las sentencias en Cataluña”. “El PP no quiere molestar a sus socios de presupuestos y opta por otra vía”, ha añadido.

La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, ha coincidido en calificar los planes del Gobierno como una “cobardía” y una demostración de su “incapacidad” para hacer cumplir las leyes a las CCAA. “Parece que Wert ha decidido que el Instituto Cervantes actúe dentro de España”, ha ironizado.

Según el PSOE, en Cataluña “no hay problema” con la enseñanza en español
El portavoz del PSC en el Parlamento autonómico, Jaume Collboni, ha tildado las propuestas del Ejecutivo de “ocurrencias” que “demuestran un gran desconocimiento de la realidad del sistema educativo” de la Generalidad. Para Collboni, Wert es “un buen nacionalista español”.

Sin embargo, la posición más sorprendente, sin duda, ha sido la del PSOE. Su portavoz de Educación en el Congreso, Mario Bedera, ha censurado a Wert por hacer “más de bombero que de pirómano” porque, en su opinón, “no hay problema” en Cataluña con la enseñanza en castellano.

Bedera ha señalado que Wert “desconoce la realidad catalana” y ha asegurado que “se cuentan con los dedos de las manos” las familias que piden que sus hijos puedan ser escolarizados en castellano, olvidando que este curso ya hay un millar de padres que han solicitado enseñanza bilingüe a la Consejería de Enseñanza.

Según el congresista socialista, se trata de un tema que “está resuelto” por los tribunales. Lo que es cierto, sin embargo, ha obviado que el problema reside en que la Generalidad desacata las sentencias de dichos tribunales.

Mas alardea de desobedecer las sentencias
Más previsible ha sido la posición de CiU. Además del rechazo a la fórmula planteada por Gobierno expresado por parte de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, el propio presidente de la Generalidad, Artur Mas, ha considerado que se trata de una muestra de “ignorancia” del ministro, lo que “confirma una vez más que [desde el Gobierno] no entienden nada, ni quieren entender nada de lo que pasa en Cataluña, ni de lo que significa Cataluña”.

El líder nacionalista lo ha dejado muy claro, “la escuela catalana seguirá funcionando como está funcionando, con su inmersión lingüística en catalán”, ha asegurado. Y es que, según parece, el presidente de la Generalidad puede desacatar impunemente las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

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Independencia: ¿para qué, exactamente?
¿Estamos ante un proyecto político o ante una propuesta seudorreligiosa, según la cual cualquier dificultad quedará superada con la secesión, convertida en una pócima mágica para salir de la crisis?
Manuel Cruz El País  6 Octubre 2012

En una época como la que estamos viviendo, en la que parecía haber quedado aceptado con el rango de una evidencia incontrovertible no ya el fracaso de las utopías, el declive de los grandes proyectos de emancipación o la desaparición de los modelos globales de transformación de la sociedad, sino el ocaso de lo político en tanto que tal, gana terreno en Cataluña una propuesta, la independentista, que en principio choca frontalmente con ese generalizado convencimiento. Alguien podría pensar, en efecto, que cuando daba la impresión de que se había apagado por completo cualquier forma de pasión política, esta reaparece con los ropajes de la aspiración a un Estado propio.

Antes de entrar en consideraciones más específicas acerca de la naturaleza de dicha aspiración, convendrá señalar que la misma es hija de unas actitudes y valores que durante bastante tiempo no desembocaban de manera tan inequívoca en esta conclusión y parecían conformarse con brumosas reivindicaciones de reconocimiento de la propia identidad nacional o imprecisas reclamaciones de autogobierno. Ahora, a la vista de dónde hemos venido a parar, no resulta demasiado aventurado señalar que todas ellas constituían las premisas de una conclusión que empieza a dibujarse en el horizonte con perfiles nítidos.

Para ser nacionalista no hace falta haberse leído un solo libro: basta con apelar a un ‘sentiment’
Pienso, por ejemplo, en la forma en que Jordi Pujol argumentaba su respuesta, afirmativa sin fisuras, a la pregunta “¿De verdad somos todos nacionalistas? ¿Es un estado natural?”, que le formulaba Lluís Bassets en entrevista para El País Semanal en noviembre de 2009. Para el expresidente de la Generalitat, “todo el mundo quiere ser lo que es. Es legítimo y positivo, la gente tiene derecho a conservar su identidad, su personalidad propia y a desarrollarla. A realizarse desde su propia manera de ser”. En el pensamiento de Pujol siempre hubo un continuo casi naturalista entre la aspiración a conservar la identidad, entendida como la propia manera de ser, y la aspiración a obtener determinadas formas políticas de organización de la vida colectiva. El fundador de CiU, recientemente reconvertido al secesionismo más decidido, nunca tomó en consideración la posibilidad de que existan individuos que deseen liberarse de los lazos de fidelidad que los ligan a su microcosmos para convertirse en personas que no dependan de sus raíces y, por tanto, en la medida en que se liberen de ellas, se encuentren en condiciones de darle a sus vidas el sentido que se les antoje. Una tal posibilidad —a la que Pascal Bruckner en su libro La tiranía de la penitencia ha denominado “emancipación republicana”— resultaría merecedora, de acuerdo con el esquema pujolista, de una valoración rotunda: aquellos que no se consideran nacionalistas también lo son sin saberlo, solo que de otro nacionalismo, invisible o inconfesado.

Siempre he tendido a opinar que esa especie de dogma del pensamiento nacionalista (el omninacionalismo, bien lo podríamos denominar) expresa, en el fondo, una profunda debilidad teórica, a no ser que, a continuación, se aporten razones que permitan distinguir entre nacionalismos mejores y peores. Pero mientras se persevere en enraizar una aspiración política en un sentimiento identitario, el debate entre emociones enfrentadas no da de sí (en definitiva, ¿qué convierte a un sentimiento en mejor que otro?, ¿por qué será que el sentimiento propio a este respecto es visto siempre como limpiamente transversal y el ajeno como insoportablemente sectario, cuando no directamente facha?). Un viejo amigo mío, acreditado científico social, suele bromear diciendo que el nacionalismo es la actitud política que requiere un menor esfuerzo intelectual. En efecto, si uno se declara liberal, a continuación viene casi obligado a especificar si lo es en el sentido más clásico, de Stuart Mill, o en el de Berlin, o en el de Dahrendorf, o incluso en el del neoliberalismo. Si uno se declara socialista, no le queda más remedio que justificar su reformismo frente a los partidarios de transformaciones más radicales y reconstruir las discusiones teórico-políticas entre socialdemócratas y comunistas que atravesaron buena parte del siglo XX, y así sucesivamente. Para ser nacionalista, en cambio, no hace falta haberse leído un solo libro: basta con apelar a un sentiment, el cual se da por descontado que constituye fuente incuestionable de legitimidad política.

Se observará que no estoy negando el hecho de que, en muchas ocasiones, la crítica a los nacionalismos sin Estado se plantea desde posiciones no menos nacionalistas. Como tampoco estoy negando que con enorme frecuencia dicha crítica lo que persigue es ocultar los propios problemas y contradicciones, utilizando a los nacionalismos periféricos como chivos expiatorios. Pero repárese en la simetría entre ambas posiciones. Tanta (o tan poca) gracia tiene el chiste, que recordaba hace no mucho una hagiógrafa de Mas, del jornalero extremeño trabajando una dura tierra mientras un señorito encima del caballo le dice: “La culpa es de los catalanes”, como la tendría el chiste, que podría haber dibujado el gran Chumy Chúmez, en el que un orondo burgués catalán con puro y chistera, cabalgando a lomos de un escuálido obrero con boina (de origen extremeño o andaluz, obviamente), le comentara a este: “La culpa de todo la tiene Madrit”. <TB>

Alguien podrá argumentar que precisamente la especificidad de la actual situación radica en que las propuestas independentistas, más allá de su inspiración inequívocamente nacionalista, se plantean apelando no tanto al corazón como a la cartera, esto es, enfatizando los perjuicios económicos que para los ciudadanos catalanes supone permanecer dentro de la estructura estatal española. Lo que habría que preguntarse es si ese aparente desplazamiento argumentativo representa un mero recurso táctico para ampliar respaldos electorales, incorporando a sectores que resultaban renuentes a los planteamientos estrictamente identitarios, o, por el contrario, constituye un auténtico viraje estratégico que intenta plantear las propuestas nacionalistas sobre nuevas bases, esta vez sí efectivamente políticas.

¿Se puede tener la piel fina con el expolio fiscal y gruesa con otros males de la sociedad catalana?
Ahora bien, ¿es el caso que las propuestas independentistas especifiquen su contenido político? Es cierto que el nuevo agravio que parece haberse constituido en actualizado banderín de enganche del independentismo es el denominado expolio fiscal, que no seré yo quien defienda (además, ¿quién se atrevería a defender algo calificado previamente como expolio?). Pero llama la atención que quienes se alzan, escandalizados, contra lo que califican como una flagrante injusticia muestren tan poca sensibilidad ante las severas injusticias estructurales que están en el origen de permanentes padecimientos de amplios sectores de la población de su comunidad. ¿O es que se puede tener la piel tan fina con el expolio fiscal y tan gruesa con la explotación, la especulación, la exclusión, la corrupción y otros males tan sólidamente instalados en la sociedad catalana?

Con otras palabras, ¿cómo puede ser que este independentismo en ningún momento plantee, ni siquiera en sus líneas maestras, qué tipo de sociedad quiere construir cuando alcance sus objetivos, deslizando en su lugar el mensaje de que bastará con desengancharse de Madrid para que todos nuestros problemas desaparezcan? ¿Estamos efectivamente ante una propuesta política en sentido fuerte o con lo que nos las hemos de ver es con un independentismo seudorreligioso, según el cual cualquier dificultad que pudiera plantearse quedará superada con la secesión, convertida en una pócima mágica para salir de la crisis y acabar con nuestros pesares? ¿Resulta creíble que vayan a llevarnos a esa nueva tierra prometida los mismos conservadores que a lo largo de los dos últimos años han alardeado de su firme determinación para recortar en educación y sanidad, que tanto se han afanado en golpear a los sectores más deprimidos, mientras se apresuraban a eliminar cualquier carga impositiva a quienes reciben en herencia las mayores fortunas.

Manuel Cruz es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona. Premio Jovellanos de Ensayo por su libro Adiós, historia, adiós.

Força Catalunya!
Antonio Elorza, EL CORREO.  6 Octubre 2012

Identidad catalana e independencia resultan indisolublemente asociadas en una dinámica encabezada por los decisionismos de Mas, al margen de las leyes vigentes

Las implicaciones políticas del fútbol son conocidas desde hace tiempo. Incluso hubo una breve guerra entre Honduras y El Salvador tras un partido de fútbol. A lo largo de un siglo, la figura del hincha de este o aquel equipo ha adquirido rasgos identitarios cada vez más agresivos. Los asistentes a los partidos se disfrazan de jugadores, al vestir la camiseta del club, y los seguidores del equipo visitante son recluidos en ghettos. Surgieron grupos de ultras en casi todos los campos, incluso en los nuestros, antes ejemplo de deportividad. La irradiación de los grandes equipos alcanzó al espacio político. Bajo la presidencia de Santiago Bernabéu, ‘el caballero del deporte’ de Acción Popular en los años 30, el Real Madrid se convirtió en el escaparate deportivo del régimen, que le protegió hasta extremos ridículos: recordemos la censura oficial ejercida para ocultar el incidente en que Di Stefano lanzó una toalla mojada contra un periodista en el vestuario de Atocha. Y de formas diferentes, si el Barça fue ‘molt més que un club’, según la afortunada definición de Vázquez Montalbán, también lo fue el Athletic, respaldado por un amplísimo espectro ideológico, más allá de las fronteras del nacionalismo, sirviendo de emblema a la personalidad vasca en los tiempos difíciles del franquismo. ‘Gora gu ta gutarrak!’, era el lema de nuestra pancarta en las visitas del Athletic al Bernabéu.

La fundación por Silvio Berlusconi de Forza Italia supuso un giro copernicano en la relación entre fútbol y política. De un lado al convertir la adhesión a un equipo en patrón para la militancia política; de otro al iniciar el camino que debía convertir la elección racional del ciudadano en subordinación ciega a la causa de un líder. En España, al desaparecer progresivamente la competencia de otros clubs menores por el campeonato, la partida con dos únicos jugadores, Barça y Madrid, supuso un paso más en la implicación política del deporte, especialmente en Barcelona: el enfrentamiento entre los dos clubes multimillonarios se convirtió en duelo a muerte de dos personalidades políticas, Catalunya y Madrid/España. En el marco actual de radicalización de la vida política catalana, resulta lógico que esa utilización del fútbol por la política llegue a sus últimas consecuencias: un partido Barça-Madrid en precampaña electoral constituye la ocasión óptima para exhibir, mediante una senyera configurada por todos los asistentes, la unanimidad del Pueblo Catalán en su aspiración por la independencia. Pasión por otra parte bien reciente, pues hasta no hace mucho el independentismo andaba por un 20%.

En cuanto operación televisada de marketing político, tanto de cara a Catalunya como ante Europa, la operación era de antemano todo un éxito. Pocos se preguntarán qué diablos ha pasado para que esta gente de Barcelona transfiera de golpe su entusiasmo deportivo por la adhesión ferviente a la causa de la independencia. La respuesta podría ser bien simple: la crisis económica ha impulsado a Artur Mas en su huida hacia delante frente al alto grado de malestar social, para convertirlo en factor de movilización independentista, una jugada que sus miles y miles de seguidores han aceptado. El tema del ‘expolio’ sirve de enlace y es tal vez el que más adhesiones procura, en la medida que el concierto/ pacto fiscal fue rechazado por el gobierno.

Amén de lo que puede suceder si entran en acción los respectivos ultras, lo preocupante de la conversión del Barça-Madrid en espectáculo independentista es lo que supone al expresar una concepción política en la cual los hasta hace poco mayoritarios no-independentistas son pura y simplemente expulsados de la condición de ciudadanos activos. Ni una palabra entre las miles pronunciadas en torno al eje del discurso decisionista de Artur Mas les es dedicada. Son especie a extinguir. Identidad catalana e independencia resultan indisolublemente asociadas en una dinámica encabezada por el decisionismo de Mas, al margen de las leyes vigentes. Se trata de subordinar los mecanismos de la democracia representativa, con las elecciones reducidas a plebiscitos para la independencia, a los supuestos mandatos derivados de las movilizaciones de masas, cuyo mensaje él traduce en decisiones políticas trascendentales para el destino de Catalunya. Tapa así con éxito las protestas surgidas contra su política económica y se sirve del profundo malestar social para atraer adeptos. Buena muestra ha sido la actitud de Iniciativa per Catalunya, que ha olvidados sus críticas para sumarse a Mas en nombre de la leninista autodeterminación.

Es un viraje sustancial de un nacionalismo que durante décadas se había convertido en punta de lanza de la modernización política de España. En 1975, para muchos demócratas, entre quienes me cuento, Catalunya era el modelo, especialmente en la izquierda y nada hacía prever que independentistas o no, la Generalitat y sus seguidores iban a embarcarse en un proyecto de homogeneización acelerada de la sociedad catalana donde el pluralismo resultaría borrado para atender al único objetivo: la independencia.

Esa presión generalizada sobre la sociedad, practicada en nombre de los fines sagrados de un ‘patriotismo de comunidad’, converge en su desenlace con lo ocurrido en la sociedad vasca, reducida a la hegemonía nacionalista por efecto del terrorismo etarra, plegando conciencias y callando voces. En el caso catalán las implicaciones son también graves, porque el PSC no ejerce resistencia alguna. Si se imponían, los independentistas del PSC formaban de inmediato parte del frente secesionista; al perder, reventarán al partido. El efecto-mayoría ejerce un irreprimible efecto de arrastre, haciendo de la nación un colectivo intolerante de hinchas políticos, sin espacio para la manifestación pública de la disconformidad. Muchos abertzales se estarán mirando en ese espejo.

Un sistema, o dos
xavier pericay ABC Cataluña 6 Octubre 2012

La posibilidad de que el Ministerio de Educación suscriba convenios con algunos centros privados de Cataluña o Baleares a fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan escolarizar, si lo desean, a sus hijos en castellano ha desencadenado una insólita unanimidad en el rechazo. Vamos a dejar de lado la reacción de los gobiernos de las Comunidades afectadas o del principal partido de la oposición, en la medida en que sus razones, tan quebradizas, en nada difieren de las manejadas hasta la fecha: que si la lengua propia, que si la cohesión social, que si para qué vamos a crear un problema donde no lo hay.

En cambio, sí merece la pena detenerse en el argumento esgrimido por las asociaciones que llevan años luchando por la libre elección de lengua en la enseñanza o por partidos como UPyD y Ciutadans. A su juicio, la intención del Ministerio resulta intolerable en la medida en que significa renunciar a hacer cumplir la ley, lo que equivale a reconocer que el Gobierno central carece de mecanismos con que asegurar que la lengua del Estado pueda usarse y aprenderse en la enseñanza pública de todo el territorio español. No les falta razón, claro. El fracaso es evidente. Ahora bien, o mucho me equivoco o ese fracaso, al tiempo que evidente, es inevitable.

Allí donde se habla más de una lengua surge siempre un nacionalismo que ni siquiera entiende de siglas y que, por lo tanto, acaba siempre, de un modo u otro, gobernando. Con todas las competencias transferidas y la gestión en sus manos. Ante esto, el Estado no tiene más que dos opciones —para las que se requeriría una reforma constitucional—: o recuperar las competencias educativas, o crear un sistema paralelo, gestionado directamente por el Estado, como cuando la República. Y puesto que la primera alternativa nunca sería aceptada por los nacionalismos vasco y catalán —a los que habría que incorporar, ¡ay!, al consenso—, acaso no quede más remedio que ir pensando en la segunda.

Eficacia y productividad constitucional
Nota del Editor 6 Octubre 2012

Si hay deber de conocer el español, según establece la constitución española, el ofrecer educación en español debe ser necesario y suficiente.
El ofrecer educación en lenguas regionales, con la salvedad de los primeros años de kindergarten y bajo expresa petición de los padres, no tiene sentido, sería un despilfarro para obviar a algunos el deber del conocer el español.

Tenemos un problema de eficacia y productividad en los servicios del estado y hay desaprensivos que pretener despilfarrar los escasos recursos que aún tienen algunos españoles, para inocular las lenguas regionales a gente que no quiere saber nada de ellas, que van a perder una ocasión única de aprender a fondo su lengua materna y adquirir destrezas fundamentales, y de rebote, permitir a otros que incumplan su deber constitucional de conocer el español.

Por eso la solución está en la derogación de todas las leyes de lenguas regionales.

El bilingüismo en las escuelas. Estado de la cuestión.
GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA  6 Octubre 2012

Estimado amigo,
Considero que a los miembros de su asociación puede interesarles conocer de primera mano la “Proposición de Ley Orgánica contra la discriminación lingüística y para asegurar la libertad de elección de lengua”, que defendí el pasado 25 de septiembre en el Pleno del Congreso de los diputados, en nombre del Grupo Unión Progreso y Democracia. El objetivo de esta ley era obtener una garantía legal del más alto nivel para que en las Comunidad Autónomas con dos lenguas cooficiales ambas lo sean de modo efectivo, de modo que las administraciones se relacionen obligatoriamente en ambas lenguas con todos los ciudadanos, el castellano o español también sea obligatoriamente lengua vehicular en la enseñanza pública obligatoria y, en definitiva, nadie sea discriminado de ninguna manera mediante exigencias desorbitadas y abusivas de conocimiento de la lengua cooficial para acceder a un empleo público u obtener un contrato con la administración, cuando no multado.

Lamentablemente, todos los demás grupos del Congreso votaron en contra de esta Ley, sin excepción. Pero la mayoría de los medios de comunicación no dieron la menor información sobre este debate y votación. Por eso nos atrevemos a remitirles directamente la información sobre este asunto, con la esperanza de que lo considere de interés para darlo a conocer a los miembros de su asociación.

Confirmando la afirmación recogida en la exposición de motivos de la ley, referente al retroceso de la igualdad de derechos lingüísticos y a la agresividad antidemocrática de las políticas de la mal llamada “normalización lingüística”, a la semana siguiente se conoció la decisión del gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en manos de Bildu, para cancelar contratos de obra con empresas que no acreditaran el nivel de euskera que se les exigiera y convertir esta lengua en, de hecho, la única oficial de la Diputación guipuzcoana. Un avance hacia el apartheid lingüístico que podría impedir la aprobación de una ley como la que rechazaron unánimemente desde el PP hasta Amaiur, pasando por PSOE e IU, en base a argumentos cuya valoración dejamos a su criterio.
Reciba un cordial saludo,

Carlos Martínez Gorriarán
Diputado nacional por Unión Progreso y Democracia

El bilingüismo: una imposibilidad conceptual
Nota del Editor 6 Octubre 2012

Tenemos enfrente dos campos de batalla, el de los que quieren erradicar el español mediante la inoculación de las lenguas regionales a los niños y la exclusión de sus regiones a quienes no las hablen, y por otro lado a quienes, hartos de verse derrotados en el frente anterior, sólo piden los niños y la sociedad, traten con igualdad las lenguas regionales y el español, utilizando para ello el argumento de que la sociedad, en esas regiones es bilingüe.

Y es físicamente imposible que una sociedad sea bilingüe, puesto que primero el bilingüismo es imposible a nivel personal, sólo disponemos de un cerebro con sensores incapaces de recibir simultáneamente dos lenguas, y no existen en el mundo otros seres capaces de hablar simultáneamente dos lenguas. Y por otro lado, la sociedad es un sistema dinámico, nacen seres que no son siquiera monolingües, a lo largo del tiempo podrán adquirir algunos conocimientos de algunas lenguas y serán más capaces en una lengua dependiendo de la lengua en la que hayan estudiado cada materia.  Hablar de bilingüismo coloquial no es lo mismo que puro y duro bilingüimo, este es un engaño, en cuanto hay que entrar en materia para cualquier tema serio, el desconocimiento surge por doquier y la incomprensión es manifiesta.

El computador bilingüe puede existir, dada la mínima velocidad de flujo de información del habla, lectura y de conversión de texto a voz, el computador podría hacer todo simultáneamente, pero estaríamos despilfarrando el 50% de su capacidad, o sea, como la administración actual en aquellos lugares donde se consigue que al menos toda la informacíón sea producida además en español .

Su partido se constituye hoy oficialmente
Mario Conde: 'Los políticos se han creído que el dinero era suyo'
Marcos Sueiro | Santiago de Compostela El Mundo 6 Octubre 2012

Su partido, Sociedad Civil y Democracia, con el que Mario Conde aspira a presidir la Xunta de Galicia, se ha constituido formalmente hoy en Madrid.
En un acto en el Palacio de Congresos, al que han asistido más de 1.500 personas, Mario Conde ha presentado su proyecto político con el que ya ha echado a andar como candidato a la Xunta de Galicia y que ha recibido el apoyo mayoritario de los asistentes, que han votado con la papeleta alzada y sólo uno se ha pronunciado en contra, según informa Efe.

De forma previa a su 'investidura', Conde, que vivió días de gloria y pasó unos 15 años entrando y saliendo de prisión condenado por tres procesos distintos, ha dado a ELMUNDO.es algunas pinceladas de su programa en esta entrevista.

Pregunta.- ¿Después de su fracaso con el CDS por qué ha decidio volver a la política y constituir un nuevo partido?
Es un concepto distinto. Llevo 20 años hablando, escribiendo a las puertas del Parlamento y no sirve absolutamente de nada. Los políticos nunca van a ceder un miligramo de poder, nunca. Como no se puede seguir en esta situación, porque España está en una situación catastrófica, queremos hablarlo dentro del Parlamento. Las manifestaciones en la calle, yo las comprendo, pero no sirven absolutamente de nada.

P.- Su vuelta a la política y sus contactos con grupos mediáticos proyectan sobre usted la imagen de un conspirador permanente. ¿Le molesta?
Si dedico demasiado tiempo a hablar de lo que piensan los mal pensados me voy a perder y no me interesa. Yo he estado en un medio de comunicación como tertuliano y he tenido éxito, tú lees EL MUNDO y verás que hay un trato preferencial para determinados personajes de la vida pública española y absolutamente contrario respecto de otros. La objetividad no existe. A medida de que la situación financiera de los medios se deteriora más, la objetividad disminuye y hemos entrado en un momento muy negativo y hay que hacer algo porque la democracia sin medios de comunicación independientes y libres no existe.

P.- Todos los partidos están de acuerdo en que hay que reducir el déficit y endeudarse menos... ¿Se puede hacer otra cosa distinta para reducir gastos a lo que se está haciendo?
Se tiene que hacer otra cosa. Hoy Rajoy está haciendo lo que quieren los acreedores de España y quieren cobrar y dónde pueden cobrar, de los recortes. ¿Qué es otra cosa? Pues recortar en otras estructuras del Estado, donde no están tocando, porque hay intereses, concretamente en el modelo autonómico, y no recortar en educación. Además, hay que acompasar la tasa de recortes al crecimiento. Las medidas del señor Rajoy son lo que técnicamente se llama procíclico, estamos mal y nos vamos a poner peor. Ya nos hemos dado cuenta de que estamos peor y esto ya está probado.

P.- ¿Los liberales españoles son solventes desde el punto de vista intelectual?
Hay liberales. ¿El liberalismo es solvente? Se ha evidenciado en lugar de la historia. No lo creo. Yo creo en la libertad, creo en la libertad de mercado, pero no soy de los que digo que el Estado es necesariamente mi enemigo.

P.- ¿Qué hay de parecido entre gestionar un banco y gestionar un país?
Hay una cosa, y es la asignación eficiente de recursos. Un Estado no es una empresa porque no puede hacer ERES. La asignación eficiente de los recursos, en la tendencia al déficit cero, hay cosas parecidas. El que gestiona un banco sabe que el dinero merece un respeto y los políticos han perdido el respeto al dinero, se han creído que era suyo.

P.- ¿Es inevitable la intervención de la Unión Europea? ¿Cuánto tiempo resistiremos?
Por supuesto que es inevitable. Si analizas el nivel de endeudamiento, la evolución de la prima de riesgo, la falta de financiación, es una irresponsabilidad demorarlo. Hay que pedir el rescate pero hay que negociar adecuadamente las condiciones del rescate. Se trata de que los españoles dirijamos la política económica con los criterios de los emprendedores.

P.- El banquero de referencia en España es Emilio Botín, los gobernantes lo consultan y en ocasiones él mismo refuerza sus decisiones. ¿Encuentra alguna semejanza entre usted y él?
Emilio Botín tiene una gran virtud. El poder es un cuerpo sin cabeza y cada cierto tiempo se pone una cabeza, pero a él le da exactamente igual. Él ha llegado a la conclusión de que el poder domina a la banca si el poder quiere, y como su objetivo es estar en la banca le da igual. Cuando los socialistas hicieron con Ruiz Mateos lo que hicieron aplaudió, Zapatero fue el más grande y con Aznar igual, y si yo llego a ser presidente del Gobierno pues yo sería el más grande.

P.- ¿Le gustaría ser presidente del Gobierno?
No, y en estos momentos no, porque es una profesión muy complicada. A mí me gustaría promover un movimiento de la sociedad civil. Ahora estamos llevando la sociedad civil al Parlamento, yo creo que es un paso cualitativo, y si lo conseguimos y promovemos una ley de iniciativa popular ciudadana, entonces nos acercamos a la democracia directa.

P.- ¿Observa desde la distancia el movimiento 15-M? ¿Hay que tenerlos en cuenta como nuevo fenómeno social?
Es útil para ver lo que está pasando, ¿pero para solucionar lo qué está pasando es útil? En el fondo, le ayuda al poder sin querer, porque el mecanismo de reacción es decir: ¿ven ustedes cómo son? Hay elementos contaminantes en el movimiento 15-M, pero no todos.

P.- ¿Se reconoce como un hombre de pensamiento moderado?
No. Soy absolutamente radical en la defensa de la libertad y de la igualdad de oportunidades. No creo en los medio pensionismos. La teoría de la equidistancia no me convence. Soy absolutamente radical en lo que creo por ejemplo en la crítica a la situación de la justicia en España.

P.- Bancos solventes en España parece que quedan tres. ¿Es lo más conveniente para la economía española?
No. Van a quedar a tres entidades y como tú seas empresario y te lleves mal con alguno estás fastidiado. Están dando la razón a las predicciones marxistas del proceso de concentraciones del poder tan gigantescas del capitalismo que acaben provocando una revolución. La eficiencia económica que se traduzca en una ineficiencia de la libertad no la quiero, quiero un rato de ineficiencia económica para conservar la eficiencia de mi libertad.

P.- ¿Además del Sistema al que culpa de su "desgracia" se ha parado a pensar cuál es su parte de responsabilidad en lo que le ha ocurrido?
Me reconozco en la palabra ambición, desde siempre, pero el saludo de los poderes fácticos me lo tomaba a beneficio de inventario. Yo llegué al banco pero sabía que no venían a verme a mí, sino al presidente de Banesto.

P.- ¿Se siente perdonado y comprendido por la sociedad española?
Una parte me ha condenado, pero verá hay que diferenciar la condena de los artículos y la televisión, a lo que yo he vivido en la vida cotidiana. Desde la intervención de Banesto me he movido en todos los lados y nunca he tenido ningún problema, lo que pasa es que los periodistas creen que lo que ellos escriben lo va a seguir linealmente todo el mundo y a lo mejor no se dan cuenta ni tan siquiera lo leen.

P.- ¿Cuál es la razón por la que despierta tantos recelos?
El problema de que yo tenga poder es un problema muy serio. Yo sé como funciona la banca, a mí Botín no me puede contar un rollo, yo sé lo que son los medios de comunicación, yo sé cómo funcionan los partidos.

P.- Y su relación con la Corona, ¿qué momento atraviesa?
Yo no soy intelectualmente monárquico, pero la aproximación histórica indica que la monarquía ayudó a salir adelante, aunque el coste fue el de las nacionalidades históricas. A día de hoy, la monarquía es un problema y ese problema tenemos que solventarlo en una nueva Constitución en la que hay que someter a referéndum la forma de Estado.

P.- ¿Ya se proclama republicano? ¿Por qué modelo de república optaría?
Para mí, el presidencialista, con una elección directa del poder Ejecutivo y una elección independiente del Parlamento. A mí, cuando me dicen que la república es la guerra civil, yo respondo: 'y Viriato'.

P.- La filosofía ocupó parte importante de su tiempo de lectura. ¿Alimenta esta afición?
Desde siempre. Ahora estoy leyendo y pensando cómo solventar el problema histórico de la construcción de España.



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