AGLI Recortes de Prensa  Martes 16 Octubre 2012

El Mesías
Alfonso Ussía La Razón 16 Octubre 2012

«Soy un servidor de una causa histórica». Quiso parecer humilde y le salió la locura mesiánica. Es curioso. Pero este hombre, desde que se ha declarado abiertamente independentista, ha menguado en estética. Nada tengo contra los jefes de planta de los grandes almacenes, casi siempre amabilísimos y eficientes. Espero que no se sientan zaheridos con el brillante resultado de mi observación. Mas, con ese tupé, bien podría ser jefe de la planta de «Ropa de Caballeros» de unos grandes almacenes en el decenio de los ochenta. Y no se puede ser un mesías y un servidor de una causa histórica, cuando por el aspecto, Mas está siempre a punto de recomendar «este chaquetón de cuero que sale a muy buen precio».

Tienen razón los que señalan a los diferentes Gobiernos de España durante el período democrático como culpables, por dejación, complejo y vagancia, de no haber tenido mayor presencia institucional en Cataluña. Lo han ido dejando y la situación, hoy por hoy, parece irreversible. El representante del Rey en Cataluña tiene una televisión completamente rendida a sus órdenes en la que disparar contra el Rey es algo divertido. De aquella exquisita educación, consecuencia del alto nivel cultural de Cataluña, nada queda. Lo nimio y lo anecdótico se han convertido en fuerza argumental invencible. Se cuenta del acto de inauguración del edificio con forma de «chupa-chups» de Agbar. Se interesó Pascual Maragall por el número de operarios que habían trabajado en su construcción. Sólo le interesó saber este dato. «¿Se entendían en catalán?». Y uno de los aparejadores comentó: «Más bien en marroquí».

Ortega y Gasset dio por perdida a Cataluña en los años treinta. El Príncipe ha dicho que «Cataluña no es ningún problema». Me alivia su optimismo. Su abuelo, Don Juan De Borbón, asiduo visitante de Barcelona, no opinaba lo mismo. «Me preocupa mucho más el nacionalismo catalán que el vasco». El entonces Presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, le colmaba de cordialidades. Durante sus estancias en la clínica Barraquer, Pujol visitaba a Don Juan con mucha frecuencia. Pero fue el anterior Presidente, Josep Tarradellas, el que convenció a Don Juan para que eligiera como su enterramiento el monasterio de Poblet, donde descansan los Condes de Barcelona. Don Juan pagó de su dinero las obras de los que habrían de ser sus sepulcros, el suyo y el de Doña María. Cuando el Rey decidió honrar a sus padres, Los Reyes de derecho y no de hecho durante 40 años, adjudicándoles las dos últimas urnas del Panteón de los Reyes en El Escorial, Don Juan no ocultó su alivio. «En el fondo me inquietaba pensar que iba a descansar en una tierra que podría dejar de ser España». Cuando Antonio de Senillosa, el «Seny», hizo público este comentario en un debate en Antena-3, muchos independentistas de hoy se lanzaron como lobos a su cuello.

Cataluña es España, pero España no ha sabido estar en Cataluña durante estas últimas décadas. El complejo ante el nacionalismo se hizo silencio permanente. Cataluña, y en concreto Barcelona, fue una España gozosa y unida durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Quizá, en aquella época, los catalanes se apercibieron del orgullo y del amor que el resto de España sentía por Cataluña. En aquellas tierras, la joya de la Corona, ha predominado un socialismo, que para demostrar su plena identificación ha sido más nacionalista que todos los partidos nacionalistas juntos. Y ahí se ha quebrado el sistema. Y para colmo, nos llega el Mesías de los grandes almacenes. «Caballero, nos han llegado una nuevas corbatas italianas que son una maravilla».

Mas asume la retórica de ETA
EDITORIAL Libertad Digital 16 Octubre 2012

"Internacionalizar el conflicto" es una expresión que hemos oído centenares de veces y en las peores voces: las de los terroristas de ETA o sus altavoces en las instituciones y los medios. Este lunes la ha pronunciado Artur Mas, en lo que está claro es un paso más en una estrategia calculada para ir aumentando la tensión prácticamente cada día y, sobre todo, para disipar todas las dudas que pudieran albergarse sobre la seriedad con la que el presidente de la Generalidad afronta su reto independentista.

No parece que estemos ante una elección de términos casual: para empezar, Mas está dando más pruebas de ser un frío calculador que de estar improvisando. Por otro lado, si bien ha partido de un modelo de reivindicación diferente y de un uso menos sangriento de la violencia y el crimen –aunque no hay que olvidar que también en nombre de la nación catalana se ha atentado, herido y asesinado–, la estrategia del nacionalismo catalán está convergiendo con la de ETA y su entorno; de ahí que, en un momento que se plantea como definitivo, aquél adopte las líneas maestras y hasta los tics de sus referentes vascos.

Tal y como ha comentado Mayor Oreja en los micrófonos de esRadio, los acuerdos –primero del PNV, luego de la ERC de Carod y finalmente del PSOE de Zapatero– con la banda terrorista han permitido a los asesinos colocarse "al frente del movimiento nacionalista vasco y catalán".

Como bien recuerda el eurodiputado popular, ETA "no es sólo un grupo terrorista, es un proyecto de ruptura". Un proyecto que, a través del miedo y los asesinatos, se ha colocado en la primera línea de la política con una eficacia escalofriante. Y ahora se asoma al poder.

No es de extrañar, por tanto, que desde el otro nacionalismo que padecemos, siempre unido al vasco en el odio a todo lo que remotamente suene a España, y en ese proyecto de romper la nación española, se esté utilizando "la misma estrategia", de nuevo en palabras de Mayor. Una estrategia que incluye, cómo no, pasear el supuesto "conflicto" por las instituciones internacionales.

Cada día está más claro que, esta vez sí, la reivindicación soberanista de CiU no es una mera estrategia electoral –aunque sí pueda ser rentable electoralmente–, ni una vuelta de tuerca en alguna negociación económica: es un pensado y meditado proyecto de ruptura.

Así las cosas, bien estaría que todos, y especialmente las más altas instancias del Estado, fuésemos conscientes de la gravedad del envite; en primer lugar, porque afirmar a estas alturas que no pasa nada resulta muy poco creíble y más bien contraproducente; y en segundo lugar porque si los que tendrían que estar a la vanguardia de la defensa de los valores de la Nación y la Constitución siguen mirando hacia otro lado, el "conflicto", "internacionalizado" o no, nos llevará irremediablemente al desastre.

Las verdades de Wert
Ricardo Carreras  www.lavozlibre.com 16 Octubre 2012

Doctor por la UCM, emprendedor, activista y experto en redes sociales
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dijo recientemente que el gobierno de España aspira a “españolizar” a los niños catalanes.

Evidentemente, un sistema educativo nacional y democrático, debe inculcar a sus alumnos amor por la nación, y respeto por la democracia y los derechos humanos.

Democratizar y españolizar, esto es, reforzar la identidad española, y enseñarles a pensar y sentir en español, el idioma común de todos los españoles, deberían ser por tanto las dos columnas vertebrales de nuestra educación. Nada tiene de malo “españolizar”. Y mucho de bueno. Es, entre otras cosas, enseñarles a todos los niños de España lo mucho que tienen en común con el resto de sus compatriotas. Ocurre en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, y en cualquier nación exitosa.

Lo anómalo, por tanto, no es que un ministro de Educación de España diga esto, que es, de alguna manera, obvio, sino que esas palabras escandalicen a tanta gente. Lo realmente chocante es que haya niños españoles que no puedan ser escolarizados en español, nuestra lengua común, y que además mamen en la escuela pública -que pagamos todos- el odio hacia España. Una vez más queda claro que la educación no debe estar en manos exclusivas de las autonomías, que se dedican a “provincializar”, a “autonomizar” o a “regionalizar” a los alumnos en el mejor de los casos, y a desespañolizarles furibundamente en otros.

Llueven los gruesos epítetos contra Wert por decir una gran verdad, además obvia. Le acusan de franquista, cuando es alguien que estuvo en la oposición al franquismo, a diferencia de algunos de sus críticos.

Que se escandalicen los separatistas es previsible y hasta coherente. Que se escandalice el principal partido de la oposición, el PSOE, y pida la dimisión del ministro, es sorprendente. Demuestra así que arrastra una serie de complejos y clichés que quizás sólo la psicoterapia pueda curar.

Que se escandalice el Rey de España, quien parece que ha criticado estas verdades llenas de sentido común de Wert, es un grave error. Se está tirando piedras contra su propio tejado.

El Príncipe por su parte, dice que “Cataluña no es un problema”. Es obvio. Cataluña no es un problema, es una región de España, pero las cortinas de humo separatistas están ya siendo un problema para la imagen de España en el exterior, y sólo pueden traer problemas si no se atajan a tiempo. Al hablar de “unos y otros”, como si tuviéramos la culpa los demás del salto adelante separatista, el Príncipe yerra. Se sitúa en una equidistancia indebida entre los que defienden la unidad de España y los que la quieren desmembrar.

Tanto el Rey como el Príncipe son en nuestro orden constitucional figuras simbólicas. Deben intervenir tan sólo a favor de la democracia, y la unidad de España -en eso no pueden ser neutrales- pero en sentido contrario al expresado. Deberían escandalizarse, y pronunciarse, por ejemplo, respecto al hecho que un niño español no pueda ser educado en español en algunas escuelas públicas de España.

También ha “metido la pata” Rosa Díez -y con ella sus diputados- diciendo que “unos quieren catalanizar y otros españolizar y no creo que la cuestión sea esa”. Pues sí. La cuestión, precisamente, es esa. Por esa ruta se pierden. La constitución, la democracia y la libertad emanan del soberano pueblo español. Parece que sigue faltando un partido político renovador que esté orgulloso de ser español, y que siendo democrático, no arrastre tantos complejos.

Lo que duele ‘españolizar’
Patricia Vico Estrella Digital 16 Octubre 2012

Parece que el ministro Wert no se baja de la brecha mediática desde que pronunció sus ya famosas palabras “españolizar a los catalanes”. Una cita que como muchos españoles, y peor aún, muchos políticos conocen y parecen obviar, fue una mera respuesta a la consejera de Enseñanza del Govern, Irene Rigau, cuando habló de “catalanizar la educación", tal y como recogíamos en Estrella Digital. Y que por cierto, no se ha oído ni una sola voz mal sonante sobre el asunto.

Tras las declaraciones, que equivocadas o simplemente respondiendo con la misma fórmula a la máxima responsable de Educación en Cataluña, salen a la palestra los oportunistas de turno que no se hacen esperar y aprovechan para dar al ministro, eludiendo el trasfondo de la cuestión: El bilingüismo en las aulas. Y sueltan perlas como que el ministro es un “pedante de extrema derecha” –palabras de Tomás Gómez- o incluso piden el cese del titular de Educación “por ‘hooligan’ y pirómano”, como este martes declaraba el portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso (IU-ICV-CHA), José Luis Centella.

Exactamente. Totalmente acertados. Es de extrema derecha intentar garantizar que una serie de alumnos puedan estudiar en castellano, tal y como han solicitado medio millar de padres en Cataluña. O sí, también, es de ‘hooligan’ y pirómano la propuesta de Wert. ¿Estamos locos? Por una vez no se trata ni de derechas ni de izquierdas, sino del derecho a poder cursar el colegio en castellano como lengua vehicular. Aunque a algunos les guste llevarlo a los extremismos, simplemente ha sido un juego de palabras, una ‘acción/reacción’ que por suerte o por desgracia refleja la realidad absoluta de unos términos en su significado literal. Y que demuestra lo poco que molesta ‘catalanizar’ algo y lo mucho que duele ‘españolizar’. Sí, españolizar.

Pero es más fácil criticar una frase. Y no rascar el fondo.
Mientras tanto, Mas amenaza con llevar "ante Bruselas y los tribunales europeos" su nueva Ley de Consultas que pretende aprobar en su próxima legislatura, en el caso de que el Tribunal Constitucional lo determinase inconstitucional. No nos olvidemos que esa Ley de Consultas daría cobertura legal a la autodeterminación catalana. Pero sobre esa ‘catalanización’ territorial no se oyen las mismas voces oportunistas o no con la misma fuerza

GRAN MOVILIZACIÓN CÍVICA BAJO EL LEMA “ESPAÑA SOMOS TODOS”

Fundación DENAES 16 Octubre 2012

Queridos Amigos:
La Fundación DENAES, para la Defensa de la Nación Española, os convoca, el próximo jueves 6 de diciembre, día de la Constitución, a las 12 horas, a una gran movilización cívica en la Plaza de Colón de Madrid presidida por el lema “ESPAÑA SOMOS TODOS”.

La convocatoria, pretende responder al clima de tensión e incertidumbre generado por los movimientos rupturistas y disgregadores , apelando a la concordia, solidaridad y unidad de todos los españoles.
La movilización persigue también hacer público y explícito el respaldo a todos los ciudadanos que, por vivir en regiones donde han proliferado los mensajes excluyentes y separadores, padecen a diario la exclusión social del nacionalismo. En este sentido, Santiago Abascal, presidente de la Fundación DENAES, señala “no tenemos derecho a abandonar a su suerte a nuestros conciudadanos de Cataluña y País Vasco”.

Así mismo, Santiago Abascal, pretende subrayar"la vocación integradora con la que nace esta manifestación pretende actuar de estímulo y acicate para todos los ciudadanos que, independientemente de su adscripción política, piensen que ningún español por separado es mejor que todos los españoles juntos”.

Os animamos de este modo a ser partícipes de esta movilización que, además de su mensaje reivindicativo -España somos todos- , tendrá un carácter cívico y festivo.
Como sabes es muy importante tu colaboración, ya sea como voluntario o a través de aportaciones económicas que nos ayuden a sufragar los gastos derivados de la manifestación.

C/C: 0128/0382/15/0100028072

Un cordial saludo,
Fundación DENAES, para la defensa de la Nación Española

FUNDACION DENAES
APARTADO DE CORREOS 238 · SANTANDER
39080 - Cantabria · Tel.:617223717· Fax:
www.nacionespanola.org
fundacion@nacionespanola.org

ENTREVISTA CON INMA CASTILLA DE CORTÁZAR:
“El PP debe rectificar, sea cual sea el resultado de las autonómicas vascas, que se pronostican penosas”
JORGE MENDIOLA http://www.nuestrahora.es 16 Octubre 2012

Inma Castilla de Cortázar Larrea (Éibar, Guipúzcoa), catedrática de Fisiología y hasta el pasado año decana de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, es presidenta del Foro Ermua desde 2008. Contraria al “proceso de paz” negociado con ETA, entablado por el PSOE, se ha convertido en una de las voces más críticas de la actual política del Gobierno del PP continuista con la desarrollada en esta materia por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Se esperaba Vd. la actual política del Gobierno Rajoy renuente a aplicarles la Ley de Partidos a las marcas electorales de ETA?
Desafortunadamente, desde 2008 algo cambió en el PP en esta materia pero teníamos la esperanza de que fueran pequeñas cobardías, cansancio, estrategias electorales… En estos momentos no hay duda de que las promesas de ilegalización de las marcas de ETA -que lo son según el Tribunal Supremo, no es que sólo lo digamos nosotros- se han desvanecido ya que sólo aspiran a una “gestión” de ese final de ETA, pactado con ETA por los anteriores gobiernos socialistas, que conlleva darles poder, manteniéndoles en él, e impunidad, con la apariencia de legalidad. En el Foro Ermua pensamos que es verdad que el PP no ha pactado con ETA, pero si asumen como propios los compromisos de Rubalcaba y Eguiguren, a ETA no le hace ninguna falta hablar con el PP. Cuando el PP accedió al Gobierno en las pasadas elecciones generales a ETA le faltaban tres cosas por conseguir: la “cuestión de los presos” (resuelta con la “vía Nanclares (2)” y con la no modificación del 100.2 del reglamento de Prisiones); que se legalizara también Sortu, por un no renovado Tribunal Constitucional; y que no se haga nada para ilegalizarlos y para sacar a la luz la retahíla de disparates vividos durante el “proceso de paz”, como el “caso Faisán”, por poner sólo un ejemplo.

¿Cuál cree que es la causa principal de este continuismo del Ejecutivo en el “proceso de paz”?
El legado socialista es dramático en todos los temas. Y la negociación con ETA la dejaron acaso blindada, por los acuerdos PSOE-PP a espaldas de los ciudadanos en 2008, el montaje internacional, con los mediadores y la conferencia de San Sebastián y una extraordinaria manipulación de la opinión pública. El actual PP -con tantísimos problemas- sólo quiere mantener que ETA no mate, “sólo faltaba que ETA volviera a matar”… En nuestra opinión, la causa “del continuismo” está en no diagnosticar el problema en toda su dimensión: han caído en la trampa. ETA se sale con la suya y contribuye con todos los demás -socialistas, IU, los asaltantes de supermercados, nacionalistas en su conjunto- a hacer una España en rebelión, ingobernable desde la sensatez: la situación de “desórdenes públicos” de primera magnitud que tenemos está alentada por unos y otros. Por todos los que trabajan en una dirección contraria al bien común.

¿Piensa que el PP rectificará su postura, de obtener un mal resultado en las elecciones vascas?
Es fundamental que el PP, que posee una mayoría absoluta holgada, rectifique, sean cuales sean los resultados de las autonómicas vascas, que se pronostican penosas para el constitucionalismo vasco que está reducido a pavesas en estos momentos.

¿Cuál considera que debe ser la política a seguir para hacer frente al desafío separatista que plantea EH Bildu (en solitario o de la mano del PNV)?
Lo más importante es prestigiar a las instituciones del Estado, que han perdido su credibilidad en los pasados ocho años por falta de independencia. Sin un Estado que se haga respetar, el proyecto desgarrador de ETA -de esa ETA que no mata porque se le está dando la razón por dejar de matar- es un enorme peligro, porque todo el nacionalismo en su conjunto rema en la misma dirección, como es evidente desde hace décadas. Lo más importante es contar la verdad para fomentar la unidad, y cerrar filas en el esfuerzo común que tenemos que hacer: sólo así los ciudadanos, la inmensa mayoría de españoles, recuperarán la confianza perdida.

¿Cómo ve, en la actualidad, a la sociedad vasca en relación con ETA y sus marcas políticas?
Nuestra sociedad está macerada por el terrorismo y por el nacionalismo obligatorio. Si encima los que tendrían que proponer y fomentar otros “estilos y opciones” se dedican a hacer la campaña a Amaiur y a Bildu en nombre “de la reconciliación” –me estoy refiriendo al socialismo de Patxi López y Eguiguren-, la situación empeora lamentablemente, como no puede ser de otra forma. El gobierno supuesta alternativa al nacionalismo ha sido una farsa y esto se paga. Habrá que recomponerlo…

¿Piensa que se puede recuperar el “espíritu de Ermua” de unión entre los demócratas vascos contra el terrorismo? ¿Qué queda del legado de dicho “espíritu de Ermua” en la sociedad española actual?
El espíritu de Ermua fue una superación del espíritu de la Transición. Ambos son los dos únicos que han promovido la convivencia en esta España nuestra. Desde las jornadas del 11-M, que son la antítesis de las jornadas de Ermua, lo que se ha promovido y se está promoviendo activamente es la desaparición del espíritu de la Transición: con una absoluta falta de respeto a la Constitución; con una pedagogía “antidemocrática” fomentándose todo tipo de actitudes antisistema… El partido socialista de estos años tiene una extraordinaria responsabilidad. Volviendo a su pregunta, el “espíritu de Ermua” sigue vivo en toda España, pero los ciudadanos comprueban con desolación cómo la clase política se aparta de esas elementales exigencias, intentando contentar a ETA.

¿Qué mensaje trasladaría a las personas que en el País Vasco aún consideran que debe hacerse frente a ETA?
Toda esta estrategia no puede salir bien, porque es una gran mentira. Por eso es tan importante que seamos fuertes, que sigamos siendo fuertes para defender la libertad. Si ETA y los suyos -chuleándose- ganan, es que ha perdido la libertad, es que ha perdido la democracia. Pero la asfixia de la libertad y la mentira tienen muy corto recorrido, aunque se nos haga tan largo… No tengo la menor duda de que se impondrá la sensatez.

Cataluña
El Constitucional anula la norma que permitía hasta 2010 sancionar a las empresas por no usar el catalán
Una ilegalidad en el procedimiento establecido por el Estatuto del Consumidor de Cataluña de 1993 deja en el aire las multas lingüísticas impuestas antes de 2010, cuando entró en vigor el Código de Consumo, que también está pendiente de revisión por parte del Tribunal Constitucional.
Redacción www.vozbcn.com 16 Octubre 2012

Manel Nevot, dueño de Fincas Nevot, uno de los empresarios que recibió pintadas amenazantes en su negocio por recurrir las multas que la Generalidad le impuso por rotular su negocio en español.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional un artículo de la Ley 3/1993 del Estatuto del Consumidor de Cataluña que establecía el régimen sancionador de las infracciones contra los derechos de los consumidores entre 1993 y 2010, entre ellas, las relacionadas con la obligatoriedad de atender en informar de los productos y servicios en catalán.

Pese a que esta normativa fue derogada en agosto de 2010, cuando fue sustituida por la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Cataluña, los procedimientos relativos a sanciones impuestas al amparo de esa ley que se estén tramitando también quedarán anulados, y se abre la puerta a recurrir las sanciones anteriores.

El artículo permitía la discrecionalidad sancionadora de la Administración
La Agencia Catalana de Consumo impuso en 2007 dos sanciones por 600 y 2.000 euros a una empresa por ‘no ofrecer, al menos en catalán, la información relativa a los servicios ofertados’ y por ‘la inclusión de cláusulas contractuales lesivas o abusivas para los consumidores’.

La empresa recurrió la multa y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC por tener dudas sobre el artículo 30 de la citada ley.

Ese artículo señalaba que las infracciones ‘se calificarán como leves, graves o muy graves en función del riesgo que supongan para la salud o seguridad de los consumidores’, pero remitía a otra normativa (la Ley 1/1990 sobre la Disciplina del Mercado y de Defensa de los Consumidores y de los Usuarios) para fijar los criterios y las cuantías correspondientes de las sanciones, y dejaba a expensas de la discrecionalidad de la Administración autonómica dichas sanciones.

Incumplía el principio de seguridad jurídica
Según el TC, el artículo incumple el principio de seguridad jurídica, que establece ‘la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes’.

‘La necesidad de que la ley predetermine suficientemente las infracciones y las sanciones, así como la correspondencia entre unas y otras, no implica un automatismo tal que suponga la exclusión de todo poder de apreciación por parte de los órganos administrativos a la hora de imponer la sanción concreta, pero en modo alguno cabe encomendar por entero tal correspondencia a la discrecionalidad judicial o administrativa, ya que ello equivaldría a una simple habilitación en blanco a la Administración por norma legal vacía de contenido material propio’, añade el TC.

Sin embargo, el artículo anulado ‘traslada la calificación de las infracciones a un momento aplicativo posterior y, por ende, externo a la previsión legal en contra de la vertiente material del derecho a la legalidad sancionadora recogido en el artículo 25 de la Constitución’.

El Código de Consumo, pendiente de revisión constitucional
Desde el año 2004, la Generalidad ha impuesto más de un millar de sanciones a empresas por motivos lingüísticos (principalmente, por no rotular o atender, al menos, en catalán). El Código de Consumo, aprobado en agosto de 2010 para sustituir a la ley ahora cuestionada por el TC, tiene pendientes de resolver dos recursos de inconstitucionalidad, uno presentado por el PP y otro por el Defensor del Pueblo.

En la sentencia sobre el Estauto, de junio de 2010, el Alto Tribunal ya dejó muy claro que es ilegal toda imposición de una de las dos lenguas oficiales sobre otra en la relación entre particulares, lo que servirá de base para resolver dichos recursos:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

El TC anula la normativa que multaba por no atender o no rotular en catalán
Se anularán las multas que estén tramitándose
 www.lavozlibre.com 16 Octubre 2012

Madrid.- El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y, por tanto, nulo un precepto clave de la normativa catalana que ha permitido sancionar a lo largo de 16 años, entre 1994 y 2010, las infracciones contra los derechos de los consumidores, entre ellas las que han obligado a atender e informar de los productos y servicios en catalán.

La consecuencia de este fallo del Constitucional del que informa este martes el diario ‘El Mundo’, aprobado por la Sala Primera sin votos particulares discrepantes, es que todas las sanciones impuestas por la Administración catalana al amparo de esa normativa y que aún se encuentren en tramitación quedarán anuladas.

Entre las sanciones que deberán revocarse a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), aprobada el pasado día 1, se encuentra precisamente una relativa a la infracción de los derechos lingüísticos de los consumidores catalanes. La Agencia Catalana de Consumo impuso en 2007 a una empresa sendas sanciones de 600 y 2.000 euros por no ofrecer en catalán sus servicios y por incluir cláusulas lesivas para los consumidores.

La empresa recurrió y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona, encargado de revisar la actuación sancionadora de la Generalitat, dejó en suspenso el procedimiento judicial al tener dudas sobre la constitucionalidad de la Ley catalana 3/1993, del Estatuto del Consumidor en esa comunidad autónoma. El juez elevó en enero de 2010 una cuestión de inconstitucionalidad que acaba de ser resuelta por el TC.

La Ley ha sido sustituida por el Código de Consumo, que también incluye sanciones por la infracción de los derechos lingüísticos de los consumidores catalanohablantes. La nueva normativa está recurrida ante el TC por el PP y por el Defensor del Pueblo, precisamente en lo relativo a esas infracciones.

Ignora la sentencia del Constitucional
La Generalidad seguirá multando a quienes rotulan en español
El portavoz de la Generalidad afirma que el TC se pronunció sobre "una normativa que ya no está vigente".
agencias Libertad Digital 16 Octubre 2012

Tras el fallo del TC que declara inconstitucional un precepto que amparaba las multas por no atender en catalán, el Gobierno de Mas ha asegurado que seguirá aplicando las sanciones. El Ejecutivo regional se basa en que la norma declarada ahora nula, incluida en la Ley Catalana del Estatuto del Consumidor de 1993, "ya estaba derogada" y ha sido sustituida por otra que sigue contemplando las multas.

"Se han pronunciado sobre una cosa que ya no existía. Es como si el médico hace un diagnóstico y da unos resultados de una persona que está muerta", ha declarado este martes el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.

Homs ha considerado paradójico que el TC declare una ley que no es válida, lo que a su juicio pone en evidencia su funcionamiento, y ha ironizado: "Como el TC es tan rápido y veloz, ha dictaminado sobre una ley de 1993 que ya no está en vigor". También ha dicho que el posicionamiento del alto tribunal se limita "a la capacidad sancionadora" de la Generalidad y no a otros aspectos que recogía esta normativa catalana.

El portavoz no se ha referido, sin embargo, a la consecuencia inmediata del fallo, que será invalidar los procesos judiciales vigentes sobre multas lingüísticas impuestas durante los 16 años en que estaba en vigor la ley.

El Código de Consumo actual, aprobado en 2010, también está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PP y el Defensor del Pueblo aunque de momento sigue vigente puesto que aún no se ha producido ningún fallo al respecto.

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La reforma de la Constitución
José Luis Manzanares www.republica.com 16 Octubre 2012

La reforma más urgente de nuestra Constitución es la de su Título X, dedicado precisamente a regular su reforma. Se trata de prevenir que las costuras de un traje salten si hay que adaptarlo a las nuevas medidas de su portador. Así se evitan sorpresas que no deberían serlo. Un día, España se acostó monárquica y amaneció republicana. Y otro, los inmutables principios del Movimiento Nacional se fueron por el sumidero de la Historia. También cambia lo que se pretende eterno. Unas veces con rebuscados argumentos jurídicos para cuadrar formalmente el círculo, y otras, de modo más expedito, por las vías de hecho.

Parece como si entre la herencia del franquismo se contase la excesiva vocación de permanencia en la Constitución de 1978. Alcanzado el difícil pacto para la Transición democrática, se quiso blindar sus acuerdos hasta un extremo que hoy resulta insostenible. Piénsese, por ejemplo, en el creciente avance del separatismo en Cataluña y el País Vasco. Pocos de los votantes de entonces habrían imaginado que la secesión de dichas partes de España estaría treinta y tantos años después en el primer plano de nuestras preocupaciones nacionales.

El traspaso de competencias en materia de educación permitió a los nacionalistas falsear la historia, y la llamada inmersión lingüística en Cataluña sirvió para ir cambiando la realidad social con el idioma como columna vertebral de un nuevo estado independiente y con vocación imperialista (els Països Catalans). El incumplimiento sistemático de las sentencias de los tribunales, empezando por las del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y el despectivo trato a la bandera española ante la pasividad del Gobierno de España también contribuyeron a la deriva soberanista. Produce extrañeza que se haya tolerado como algo natural que algunas Comunidades Autónomas, que son instituciones del Estado, asumieran, fuera de sus competencias, aspiraciones propias de los partidos políticos. Con todo, lo que importa en este momento, más que repartir culpas por el pasado -que las hubo, y muchas y muy graves- es adelantarse al futuro y abrir cauces para resolver los problemas que se nos avecinan.

Desde Barcelona se nos anuncia una declaración unilateral de independencia si ese fuera el deseo de los catalanes expresado en un referéndum que se celebraría tanto con la anuencia del Gobierno de España como sin ella. Recuérdese lo ocurrido en octubre de 1934, cuando Companys proclamó la independencia del Estat Català en el marco de una inexistente Federación Ibérica. El Gobierno de la República intervino de inmediato con el Ejército y el orden constitucional fue restablecido en cuestión de horas. Pero hoy está mal visto recordar que el Ejército, a cuya cabeza se encuentra el Rey, es el garante de la integridad territorial y del ordenamiento constitucional de España. Hasta mencionar la posible adopción de las medidas previstas en el artículo 155 de la Constitución sería una provocación para quienes un día sí y otro también amenazan con una independencia unilateral que convertiría a nuestra Carta Magna en papel mojado.

Al lado del órdago separatista de la Generalidad de Cataluña, el Plan Ibarretxe, con su propuesta de Estado Libre Asociado para Euskadi, era una generosa propuesta al resto de España. Naturalmente, el anunciado triunfo del nacionalismo en las próximas elecciones vascas, reforzado ahora por la legalización del amplio entorno político de ETA, hace temer que pronto tengamos en el País Vasco un problema similar, o peor, al de Cataluña. Bien está, por consiguiente, que los partidarios y detractores de aquellas aspiraciones pongan sobre la mesa sus ventajas e inconvenientes para los nuevos Estados y para el resto de España, pero el nacionalismo guarda más relación con los sentimientos que con las razones. Como ha escrito recientemente el profesor Rubio Llorente, presidente emérito de nuestro Tribunal Constitucional, la inoportunidad de tales iniciativas en estos tiempos de profunda crisis económica no libera al Gobierno de prever lo necesario para encauzarlas pacíficamente y siempre dentro de una Constitución reformable.

Si una minoría de la población total de un país conformara una mayoría aplastante a favor de la independencia en “una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado”, nos encontraríamos con que “el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados”.

Conviene, como resumen, no poner el carro delante de los bueyes. Lo primero debe ser la constatación real de esas aspiraciones separatistas que ahora se proclaman dentro de una monótona operación de propaganda. Y eso sólo puede conseguirse mediante un referéndum que hoy no está al alcance de la Generalidad de Cataluña, pero que pudiera estarlo si se aprobara la correspondiente Ley Orgánica. A todos los españoles nos interesa conocer el verdadero peso del separatismo allí donde se presente para adoptar después nuestra postura y decisión.

Y cerramos estas reflexiones como las empezamos. El artículo 168 de la Constitución, que es una excepción a la regla general del artículo 167, sería un cauce demasiado estrecho para resolver en último término este problema (y otros, también graves, que puedan plantearse en el futuro). Por fortuna, el complicadísimo procedimiento del artículo 168 no afecta a la misma regulación de la reforma, lo que permite derogarlo conforme a los trámites más sencillos del artículo 167.

Una cosa es nuestro personal pronunciamiento frente a los separatismos mendazmente alimentados y otra es confiar en que los problemas se resuelvan por sí solos. Y no se contribuye a ello, antes al contrario, calificando de simple “algarabía” al millón de personas (o medio millón o millón y medio que se manifestaron pacíficamente en Barcelona a favor de la independencia), como hizo Rajoy, o llamando “quimera” a esas aspiraciones, en palabra del Rey, o afirmando que Cataluña no es siquiera un problema o restando importancia a la “espuma de declaraciones” (separatistas, se entiende), según dijo el Príncipe de Asturias el Día de la Fiesta Nacional. Se agradece la buena intención, pero por ese camino, con los ojos voluntariamente cerrados, no vamos a ninguna parte. O sí.

La extraña deriva del PSOE

Pablo Sebastián www.republica.com  16 Octubre 2012

La propuesta del lehendakari en funciones y líder del PSOE en el País Vasco, Patxi López, de un referéndum en Euskadi para dar gusto y la razón a los nacionalistas independentistas de Cataluña y del País Vasco, en un intento desesperado para salvar los muebles de un partido socialista que camina de espaldas a España hacia su auto destrucción, es lo que nos faltaba para completar el cuadro del desconcierto nacional, en plena crisis económica y social. Lo que es peor, López pide un referéndum para que no se celebre que es lo mismo que hace el PSC en Cataluña, y ambos con un burdo engaño a los electores y a su propio partido porque saben que lo que proponen, como la España federal de 17 Estados, es todo un imposible que ni contenta a los nacionalistas -que ya están en la vía de la independencia- ni tranquilizan a los españoles que van a ver en el PSOE a un partido desarbolado que no sabe a dónde va.

Y en medio de esta colección de disparates del primer partido de la oposición, que ha decidido hacerse el haraquiri para ver si con su auto inmolación frenan su hundimiento electoral en Galicia, el País Vasco y Cataluña -posiciones sin las cuales el PSOE dejará de ser una alternativa de poder en España-, llega la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, con una soflama contra el ministro Wert, para disimular y buscar a la desesperada votos en Cataluña, y porque el ministro ha defendido la españolización de la enseñanza catalana -un Derecho Humano, constitucional y progresista- en un territorio donde se desprecia la solidaridad interregional y se viola la legalidad y la Constitución en materia lingüística, como acaba de confirmarlo el Tribunal Constitucional rechazando sanciones y apercibimientos impuestos en Cataluña, incluso bajo gobiernos del PSC (los tripartitos de Montilla y Maragall), por el uso de la lengua estatal castellana en ese territorio.

Cada día que pasa la confusión nacional es mayor, mientras sigue la incertidumbre económica y financiera del país, empeorada por los desafíos crecientes e inconstitucionales de Artur Mas, que la al burguesía confesional y de las finanzas y las grandes empresas catalanas avalan con un cómplice y estremecedor silencio. El que quieren extender al resto de España con falsos apaciguamiento o con incluso amenazas de todo orden, temerosos como están estos poderosos del dinero de Cataluña que se les hunda el tinglado de sus privilegios que no está solo en Cataluña sino en el resto del territorio español desde donde, para colmo, pretende financiar la independencia catalana.

Y esto y no solo CiU o Artur Mas es un punto clave, una llave maestra que abre la puerta de la independencia, y a la que ni el Jefe del Estado, el Rey, ni el presidente del Gobierno, Rajoy, ni el PSOE o el PSC se han atrevido a hacer frente y avisar. O advertir que España no hará distingos y la respuesta al independentismo será global, empezando por este flanco financiero tan vulnerable que es donde está la raíz del cáncer que ahora se extiende a gran velocidad por todo el cuerpo español. Con los oportunistas y más que insolidarios burgueses de CiU que sueñan con una Cataluña convertida en una especie de “paraíso fiscal”; y con los borrokas de Bildu que quieren un Euskadi comunista y aislado de todo que regrese a la sociedad pastoril.

Puede que los graves problemas internos del PSOE ofrezcan una cierta alegría y contento en el PP, pero semejante autodestrucción no es buena para España en estos momentos, en los que además no cesa de crecer el descontento social. Porque lo que hace falta aquí y ahora es la unidad de fuerzas democráticas y españolas, y no el sálvese quien pueda. Ni siquiera en el corto plazo de estas elecciones autonómicas en ciernes, en las que, para colmo, está la velada amenaza del independentismo del País Vasco, por más que Iñigo Urkullu, líder del PNV, esté aparentando hoy una prudencia y una moderación muy superior a la del propio Patxi López, y a la del mismísimo Basagoiti que nos ha sorprendido diciendo que el votar a UPyD en el País Vasco es “tirar el voto a la basura”, algo inaceptable desde cualquier punto de vista democrático.

Un Patxi López en todo caso que, desesperado por el horizonte de su derrota, abandona el terreno de la izquierda solidaria, moderna y global -debería de leer el artículo de Eduardo Madina “El paso suspendido de la cigüeña”, El País, 16.10.2012 – para practicar un tardío seguidismo del nacionalismo excluyente por el que parece “seducido” -como en su día sucumbió el PSC con ERC- como si de su tabla de salvación personal se tratara. Y que como bien dice Madina, “ya no seduce” a los que se inspiran en la “modernidad, la ilustración, y en los valores clásicos de la socialdemocracia”. Estamos en la espera de que acaben estas elecciones regionales a ver si el PSOE recupera el contacto con la verdadera izquierda, el sentido común y la realidad, al menos ante España y el desafío catalán.

Escocia como muleta
José Javaloyes www.republica.com 16 Octubre 2012

Caso de que los nacionalistas escoceses ganaran el referéndum acordado por David Cameron, Premier del Reino Unido, y Alex Salmond, su homólogo en la región de Escocia, accederían a un techo competencial, de autogobierno por descentralización, inferior al que tiene Cataluña en términos de derecho conforme a los rangos de autogobierno español establecidos por la Constitución de 1978.

Pero sería más bajo todavía el autogobierno escocés, si, entre otras circunstancias, para entonces el TC (Tribunal Constitucional) no hubiera cubierto por entero la hoja de ruta recién comenzada con la sentencia de ahora mismo en cuya virtud con la revocación de la Ley de Comercio aprobada por el Parlament, quedan anuladas cuantas multas fueron impuestas a las empresas mercantiles (algunas hasta de un millón de eraos) que no atendieron en catalán al público, debiéndose devolver a las sancionadas el importe de las mismas; siendo canceladas asimismo aquellas otras sanciones que actualmente se encuentran en tramitación.

El desmadre normativo de la Generalitat catalana, cuyo ritmo de expansión ha sido de largo mucho más vivo que el de las respuestas del TC para corregirlo – problema agudizado por la iniciativa socialista en tiempos de Felipe González de quitar el Recurso Previo de Inconstitucionalidad -, la tiene en términos de hecho y contra el derecho fundamental, con capacidades sustancialmente muy superiores a las que un día acceda la británica administración regional de Escocia.

El grado de manipulación al que se aplicaron las autoridades autonómicas de Cataluña, de especial manera durante el Gobierno Tripartito, por las obsecuencias de Rodríguez Zapatero, ha reconvertido la naturaleza del sistema catalán, virándolo por la vía fáctica desde el inicial paradigma constitucional al formato de un régimen empedrado de inconstitucionalidad, entre otras causas por la incapacidad física del TC para dar abasto a los recursos que le han sido presentados y, en sus respectivos momentos, por la demora del centroderecha a la hora de recurrir, por encontrarse enredado en pactos políticos con los nacionalistas catalanes y vascos.

Pero a lo que íbamos. El portavoz del gobierno de la Generalitat ha poco menos que bosquejado el preámbulo de la “internacionalización del conflicto” anunciada por Artur Mas, como presidente en funciones de la misma, en el caso de que les fuera “tumbada” la consulta que se trae entre manos. Desde el barcelonés Palacio de San Jaime, ha denunciado el portavoz que se enviará una comunicación al primer ministro de Escocia y al Premier británico para felicitarles por la firma del acuerdo y para que se vea la diferencia de trato contenida entre ese diálogo ejemplar entre británicos y el expresado por las manifestaciones del titular español de Justicia, advirtiendo de las consecuencias con que penalmente se califican, clasifican e imponen a ocurrencias políticas contra la ley como las de Artur Mas.

En todo caso es necesario advertir que el sentimiento mayoritario de los catalanes es algo que posiblemente excede a la manifestación del 11-S y que, potencialmente, ante el 25 de Noviembre, lo que se sustanciará en las urnas catalanas será la confrontación entre el “seny” o buen sentido y la “rauxa” o propensión al despropósito.

PD.- Es emocionante la sintonía de Patxi López con la sensibilidad nacionalista catalana asumiendo los argumentos de Francesc Homs sobre la fineza democrática del independentismo.

Cataluña y el marco legal
El Editorial La Razón 16 Octubre 2012

Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat catalana, ha reconocido que una Cataluña independiente estaría fuera de la Unión Europea. Es un primer paso hacia la debida claridad a los electores, aunque haya venido inducido por el caso escocés. En efecto, la Comisión Europea ha recordado que en los tratados de la Unión no está prevista la posibilidad de secesión de una región y que, en caso de producirse, ese territorio se convertiría en un «país tercero». Es más, la portavoz comunitaria Pia Ahrenkilde recordaba que la Comisión no podría intervenir de ninguna manera en un proceso secesionista a menos que lo solicitara un Estado miembro. Es preciso que a la «espuma de declaraciones», en feliz expresión del Príncipe de Asturias, suceda una exposición diáfana de las coordenadas legales del proceso que tan irreflexivamente, a nuestro juicio, ha desencadenado el líder de Convergencia i Unió.

Ayer fueron el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quienes abordaron con acierto y sin rodeos los planteamientos constitucionales y jurídicos que han sido puestos en cuestión por la demanda soberanista. Tanto Pascual Sala como el ministro partieron de la definición constitucional de la soberanía popular, que reside en el conjunto del pueblo español y no en los territorios, para calificar de ilegal la convocatoria de un referéndum como el propuesto por Artur Mas. Ruiz-Gallardón desmontó el falso dilema entre democracia y legalidad, tan caro a los nacionalistas, con el argumento de que en España no están confrontados ambos principios, puesto que la Constitución nace de la voluntad de todos los españoles. La soberanía es un valor compartido sobre el que no puede pronunciarse una parte, se tiene que pronunciar el todo».

La convocatoria unilateral de la consulta sería, por lo tanto, un acto ilegal del que habría un autor responsable, en este caso el propio Artur Mas, y no el conjunto del pueblo catalán, por lo que no sería preciso aplicar el artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la suspensión de una comunidad autónoma. La exigencia de responsabilidades, pues, se limitaría al autor del acto ilegal, y no al conjunto de la ciudadanía de Cataluña. Es un principio jurídico impecable, que debería hacer reflexionar también a quienes reclaman que el Estado tiene que recuperar competencias en algunas comunidades autónomas. No. De lo que se trata es de hacer cumplir la Constitución y las leyes aprobadas en el Parlamento español, ya sean sobre la enseñanza del castellano o sobre los símbolos nacionales. La reforma del Estado de las autonomías, su eliminación como piden algunos ciudadanos, exige un proceso de cambio constitucional complejo y garantista. El mismo respeto a la legalidad vigente que se reclama a Artur Mas.

Es comprensible que un catalán tenga sentimientos antiespañoles, pero la independencia no es la solución sino un problema mayor
Francisco Rubiales Periodista Digital 16 Octubre 2012

Nos escandalizamos y rechazamos el independntismo, pero quizas lo hacemos porque no profundizamos suficientemente en el fenómeno. El independentismo es un sentimiento comprensible cuando los ciudadanos tienen que padecer, por la fuerza, un régimen que no es democrático, aunque se haga pasar por democracia, dominado y gobernado por una casta política torpe, injusta, corrupta y egoísta, que no merece gobernar a pueblos libres ni a ciudadanos responsables. Hay un principio sagrado en democracia: frente a una cleptocracia, hay que rebelarse y el independentismo es sólo una forma de rebelión.

Deben quedar pocos demócratas catalanes que no sueñen con la separación de España. Cualquier demócrata español puede soñar en separse de esta España injusta, antidemocrática, corrupta, arruinada y casposa, mal gobernada por falsos demócratas y condenada a soportar abusos y arbitrariedades de una casta política que no se merece ningún país del mundo, por muy pobre o desgraciado que sea. Para un verdadero demócrata catalán, soñar con separarse de España es casi una obligación.

Pero otra cosa muy diferente es querer independizarse y arrojarse en brazos del nacionalismo catalán. El independentismo es aceptable cuando responde al impulso ciudadano de escapar de la inmundicia y construir una sociedad mejor. Luchar por la independencia para abrazar una sociedad todavía más sucia, antidemocrática y rastrera que la que se abandona sería una idiotez insensata.

El problema, para esos independentistas democráticos, ciudadanos y amantes de una sociedad avanzada y decente, es que abandonar la nación española significa caer de lleno bajo el dominio de la Generalitat y de los partidos políticos catalanes, todavía más corruptos, injustos, arbitrarios e indecentes que su homólogos españoles. El éxodo de Más no conduce a la tierra prometida, sino a una Cataluña menos libre, mas corrupta, aislada, decadente y sin remedio. Los manifestantes independentistas queman ya banderas de Europa, todo un síntoma de que el camino está viciado y conduce al totalitarismo mentiroso de los nacionalismos irredentos y excluyentes, enemigos del progreso y hasta de la misma Historia.

Los pobres demócratas catalanes se encuentran frente a un dilema dramático y deberían preguntarse si les conviene salir de una España impresentanble pero que por lo menos conserva la esperanza de que su pertenencia a la Europa desarrollada la redima y obligue a sus políticos sinverguenzas e ineptos a que rectifiquen, o quedarse atrapados en una Cataluña encerrada en si misma, cociéndose en su propia salsa nacionalista, expulsada de Europa y en manos de una clase política que supera a la española (lo que ya es difícil) en iniquidad, corrupción, arbitrariedades, mentiras y vicios antidemocráticos.

Los que se agarran a la independencia para buscar más prosperidad también se equivocan porque Cataluña está más endeudada que el resto de España y su bono es mas basura que el de Portugal, casi tan caro como el de Grecia. Además, una Cataluña independiente, fuera de la Unión Europea y del euro, aunque sea temporalmente, y enemistada con su mercado cautivo y prioritario, que es España, entraría pronto en una espiral de ruina, financiándose al 12 por ciento mínimo y con miles de sus empresas cerrándose por falta de mercado.

Artur Mas, que sueña en convertirse en el líder catalán que encabece una cruzada independentista imparable, basa el independentismo de los catalanes en el odio a España y en la propagación de mentiras como las de que en España no se pagan impuestos, que la Cataluña independiente será un paraiso próspero o que "España nos roba", como se viene repitiendo desde hace años, incluso a los niños en las escuelas. Afirma que “Hay un sentimiento de fatiga mutua entre España y Cataluña”. Lo que no dice es que ese sentimiento de fatiga lo tienen todos los demócratas y ciudadanos honrados de España con respecto al Estado Español y la casta política española, de la que se sienten alejados y a la que rechazan por su injusticia intrínseca, por su corrupción generalizada, por su ineptitud, mediocridad y falta de democracia.

El gran dilema para todos los españoles decentes es si permanecemos aquí, sometidos a la caterva de mediocres que nos gobiernan sin tacto, justicia o sentido de la demcoracia, o si emigramos. Pero emigrar a Cataluña para desembarazarse de España es una ridiculez torpe y sin sentido, lo mismo que decirle adios a Rajoy para echarse en brazos de Artur Mas. Si Cataluña tuviera un gobierno decente, democrático y digno, el independentismo catalán podría entenderse, pero no cuando es evidente que los gobernantes catalanes han robado más, han sido más corruptos, han mentido con idéntica desvergüenza a sus ciudadanos y también se han comportado con más hipocresía, indignidad y torpeza.

En tiempos de Zapatero, muchos llegamos a sentir tanto asco de España que pensabamos emigrar e instalarnos en paises que, aunque tuvieran defectos, conservasen algunos rasgos básicos de la democracia, como una Justicia independiente, una sociedad civil fuerte y una ciudadanía con poder, pero jamás se nos habría ocurrido abrazarnos a Andalucía para liberarnos de Zapatero, porque aquí, en Sevilla, al igual que ocurre hoy en Barcelona, la corte de Manolo Chaves y a sus corruptos, representaba un mundo más ajeno a la democracia y la decencia que el que presidía el inepto ZP.

El independentismo no es solución, sino todo lo contrario, tanto para los catalanes como para gallegos, murcianos, andaluces y vascos. Lo que hay que hacer es refundar España y reorganizarla bajo leyes, normas, bases y gente decente, limpia y presentable, erradicando la actual casta política, merecedora del reproche y del rechazo de su pueblo. Lo que necesitamos es instaurar la democracia de una vez, pero ahora en serio, sin partidos políticos mafiosos, obsesionados en el poder y en los privilegios y entrenados para anteponer sus propios intereses al bien común y a la nación, con el ciudadano controlando el ejercicio del poder, con exigencias éticas, con separación de poderes y con leyes justas, asumidas y respetadas por todos.

Con un Estado decente y con políticos de altura y limpieza, en nada parecidos a los actuales, el independentismo, que no es otra cosa que un rechazo extremo al Estado común, carecería de sentido. Con la España actual, dominada por políticos cuajados de privilegios, que sólo representan a sus partidos y con un sistema que no respeta ni siquiera una sóla de las reglas básicas de la democracia, el independentismo es un sentimiento explicable en la mayoría de los casos.

Voto en Blanco

Otegui, Bildu y el silencio del fiscal
Editorial www.gaceta.es 16 Octubre 2012

Arnaldo Otegui, ex portavoz de Batasuna, se colaba a través de un vídeo en el mitin de EH Bildu en Baracaldo, “El Estado está débil y vamos a ganar”,

Por si fueran pocas las pruebas que han demostrado que EH Bildu es el cauce por el que ETA-Batasuna ha burlado la Ley de Partidos, el pasado sábado un ufano Arnaldo Otegui, ex portavoz de Batasuna, se colaba a través de un vídeo en el mitin de EH Bildu en Baracaldo, en el que afirmaba sentirse confiado en la victoria y en las aspiraciones independentistas del País Vasco: “El Estado está débil y vamos a ganar”. Una actitud más que elocuente, pero tampoco más que las contundentes y numerosas pruebas que llevaron al Supremo a impugnar todas sus listas, pero que los magistrados del Constitucional designados por el PSOE tuvieron la desfachatez de desestimar en uno de los mayores atentados contra el Estado de Derecho.

Ante la evidencia de las pruebas, ni a las víctimas ni a la inmensa mayoría de los españoles les basta con la incomunicación del preso en la cárcel de Logroño o que se le tilde de delincuente. La Fiscalía debe intervenir e iniciar un proceso que concluya con la ilegalización de la marca blanca de ETA-Batasuna. Las víctimas claman de indignación y reclaman contundencia para acabar de una vez por todas con este histórico y bochornoso capítulo de degradación de nuestra nación como Estado de Derecho, que para colmo se ha escrito en claro beneficio de una organización terrorista que ha segado la vida a casi un millar de españoles.

Y ni a las víctimas ni al pueblo español se les puede engañar con silencios cómplices. Tanto unos como otros se merecen un respeto y que se les explique con claridad qué es lo que está pasando. Todos los españoles –y las víctimas también– están deseando poner punto final a esta pesadilla. Pero no a cualquier precio y de cualquier manera. La verdadera victoria de las víctimas y de la democracia pasa por una derrota total de ETA y sus secuaces. Y esto supone que entreguen las armas, que se arrepientan y pidan perdón a las víctimas. Sólo a partir de ahí cabe sentarse a negociar. Todo lo demás, incluida la burda legalización de EH Bildu, son componendas intolerables.

La debilidad del Estado.
Cayetano González. Periodista Digital 16 Octubre 2012

MADRID, 15 (OTR/PRESS)

Lo ha dicho el líder de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegui, desde la cárcel de Logroño: "el Estado está débil", por lo que animó a los suyos reunidos en un mitin electoral en Baracaldo a dar la batalla, para "vaciar las cárceles y llenar las calles". Otegui -ese "hombre de paz", según definición del expresidente Zapatero- será cómplice de los terroristas, pero no tiene un pelo de tonto y por eso hay que poner en valor sus palabras referidas a la debilidad del Estado para avanzar hacia la independencia. Todo esto dicho además en puertas de unas elecciones vascas, las del próximo domingo, en las que las encuestas apuntan a que el Parlamento Vasco que salga de las urnas tendrá el mayor número de diputados independentistas de su historia: entre 45 y 50 de un total de 75 sumando los escaños que saquen el PNV y EH-Bildu.

Solo desde esa debilidad se explica asimismo la agresividad verbal que cada día aumenta en Cataluña, fundamentalmente entre los líderes de CIU. Un día, Artur Mas proclama que en la próxima legislatura habrá referéndum "sí o sí", es decir, que le importa un bledo cumplir con la legalidad que imposibilita una consulta de ese tipo, para al día siguiente autodefinirse como "el servidor de una causa histórica, que es la plenitud nacional de Cataluña" o señalar que Cataluña "no sobrevivirá sin Estado propio", ocultando a los catalanes la ruina que supondría en todos los terrenos la independencia.

Quien a estas alturas quiera seguir negando la grave crisis nacional que padece España es que tiene un problema de vista muy serio. Quien piense que esto se arregla con grandes dosis de diálogo y de consenso entre el Gobierno central y los responsables políticos de las autonomías y de los partidos políticos que quieren separarse de España es que o bien no conoce a los nacionalistas o ignora lo que ha sido la historia reciente de nuestro país. Porque los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, aceptaron la transición política del 78 como un mal menor, ya que veníamos de una dictadura, pero bien se encargaron de dejar claro que sus respectivos Estatutos de Autonomía -el de Gernika y el de Sau- no eran sus estaciones de destino definitivo, sino simplemente estaciones intermedias en el camino a la independencia.

Por eso, aunque cueste dársela, tiene razón Otegui cuando asegura que el Estado se encuentra débil. Está débil el partido en el Gobierno, sin un discurso político sólido que haga frente a este reto secesionista; está algo más que débil, el otro gran partido nacional, el PSOE, con una crisis de identidad, de ideología y de liderazgo, para nada resuelto en el Congreso de Sevilla. Y está débil una sociedad, la española, muy castigada por la crisis económica y harta de una clase política respecto a la que cada día que pasa siente una mayor desafección.

Cataluña no es Escocia
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital 16 Octubre 2012

¿Es el encorbatado Artur Mas el bravo William Wallace? ¿Son los maulets que agreden en manada a niños y ancianos los guerreros que combatían a los ingleses? Seguramente, cuando los nacionalistas catalanes se miran en el espejo por las mañanas se ven como Mel Gibson a punto de seducir a la reina Isabel de Inglaterra, y nunca se imaginan vencidos, abandonados por sus camaradas y decapitados. Al igual que quienes creen en la reencarnación siempre aseguran haber sido faraones o generales, pero nunca esclavos en las pirámides o simples soldados.

Los nacionalismos regionales españoles miran a las islas británicas embelesados. Prácticamente es uno de los pocos puntos cardinales donde pueden poner los ojos. ¿Yugoslavia y sus guerras civiles?, ¿Sudán del Sur y Sudán del Norte?, ¿India y Pakistán?, ¿el Congo y Katanga? Aunque Sabino Arana, el fundador del PNV, llegó a felicitar al Imperio Británico por su victoria sobre los bóers y soñó con que Vizcaya cayese bajo el protectorado de Londres, como el sultanato de Zanzíbar, sus seguidores trasladaron sus miras a la República de Irlanda, que había conseguido la independencia a tiros en los años 1920 y 1921. Los etarras tienen como modelo, y socio, al IRA.

Ahora los separatistas catalanes han puesto sus ojos en Escocia, donde se prepara un referéndum de independencia negociado con el Gobierno británico. Mucho mejor proponer una Escocia con Sean Connery, pozos de petróleo, destilerías de whisky, campos de golf y el inglés como idioma que las miserables Kosovo, República Turca de Chipre o Transnistria. Pero lo cierto es que poco tienen en común Escocia y Cataluña.

El deporte escocés de invadir Inglaterra
La base racial de ingleses y escoceses es distinta, ya que entre éstos prima el elemento celta, apenas existente entre los primeros, mientras que los catalanes tienen los mismos antepasados que los aragoneses, los extremeños y los castellanos (íberos, celtas, romanos, godos...). A diferencia de Cataluña, Escocia jamás fue romanizada, hasta el punto de que Roma separó su provincia de Britannia de los belicosos y salvajes pictos con los muros de Antonino y Adriano. Por el contrario, Tarraco (Tarragona) fue uno de los principales puertos mediterráneos en la época romana y visigoda.

La gran diferencia en el asunto de la identidad y la historia es que Escocia fue un reino independiente durante siglos, con peso en las relaciones internacionales de la Europa medieval. El rey Felipe IV de Francia, que eliminó a los templarios, quería conquistar los territorios vecinos bajo dominio inglés y para ello firmó en 1295 una alianza con Escocia, a fin de atrapar entre dos frentes a Inglaterra. A este pacto se le llamó la Auld Alliance y duró, con paréntesis, hasta el siglo XVII. Cataluña no ha tenido más política exterior que la aragonesa o la española.

Cataluña fue primero una reunión de condados y luego, por la boda del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV y la infanta Petronila de Aragón (1150), formó, junto con el reino de Aragón, la Corona de Aragón, en la que su titular era primero rey de Aragón y después conde de Barcelona y de otros lugares.

Las guerras entre los ingleses y los escoceses fueron constantes durante siglos. En una de ellas, una reina española venció a un rey escocés. La infanta Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, casó con Enrique VIII de Inglaterra, y en 1513, mientras éste se encontraba en el continente en combate contra Luis XII de Francia, ella derrotó en Flodden Field al ejército invasor escocés, mandado por Jacobo IV. El rey murió en la batalla y la regente envió a su marido la camisa ensangrentada que aquél llevaba.

Isabel I de Inglaterra capturó y decapitó en 1567 a María I de Escocia. Pero Jacobo VI de Escocia, hijo de ésta, se convirtió en rey de Inglaterra en 1603, a la muerte de la asesina de su madre, y pasó a convertirse, además, en Jacobo I de Inglaterra; como monarca de ambos reinos, su primer paso fue el de hacer las paces con España.

Se produjo así la primera unión entre Inglaterra y Escocia, más Irlanda. Los monarcas de la dinastía Estuardo, que había empezado a reinar en Escocia en el siglo XIV, gobernaron también Inglaterra hasta 1714. La rama católica de la familia, encarnada en los descendientes de Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, reivindicó sus derechos hasta el siglo XIX y contó con la lealtad de muchos escoceses, llamados jacobitas. Por el contrario, jamás ha habido dinastías catalanas en España, y las últimas veces que Barcelona se sublevó a favor de un pretendiente (el archiduque Carlos contra Felipe V) o un rey (Fernando VII contra Napoleón) fue para hacerlo rey de España.

El nacimiento del Reino de la Gran Bretaña
Durante el siglo XVII, Escocia e Inglaterra (Irlanda era una colonia de ésta arrasada por los gobernadores y los colonos) fueron dos reinos distintos que conservaron todas sus instituciones y leyes. Hasta que el nacionalismo sustituyó al liberalismo como eje político, la historiografía presentaba a los escoceses Jacobo I y Carlos I como déspotas cuyos intentos de reducir las libertades personales causaron en 1642 la rebelión del Parlamento inglés.

En 1704 los Parlamentos de Inglaterra y Escocia aprobaron el Acta de Unión, que estableció el Reino de la Gran Bretaña y un Parlamento unitario con sede en Londres. La finalidad de esta ley era ratificar la exclusión de los católicos del trono y asegurar la instauración del futuro Jorge I de Hannover. Uno de los frutos de esta unión fue la nueva bandera, que unía la cruz de San Andrés escocesa y la cruz de San Jorge inglesa.

En cambio, los diputados catalanes participaron en las Cortes de Cádiz, que dieron comienzo al constitucionalismo, concedieron derechos modernos como el de voto y la seguridad personal y aboleron todo resto de fueros medievales.

En estos 300 años, los escoceses han mantenido restos de su anterior soberanía y de su unión en pie de igualdad, como un sistema judicial propio y la emisión de libras esterlinas por bancos locales. Precisamente, la libra es uno de los beneficios que una Escocia independiente podría perder.

La última diferencia es que los escoceses han sido fieles al Acta de Unión y no han quebrantado el ordenamiento constitucional del Reino Unido de la Gran Bretaña, mientras que los nacionalistas catalanes, en 1931, 1934 y 2012, empleando los poderes del Estado español, han tratado y tratan de subvertir la legalidad; una legalidad, encima, democrática y no dinástica.

desde 1994 a 2010
El TC anula la norma que permitía multar a las empresas que no atendiesen en catalán
La Generalitat tendrá que devolver el dinero recaudado por las sanciones y cancelar aquellas que estén en proceso de tramitación
El TC anula la norma que permitía multar a las empresas que no atendiesen en catalán
MADRID www.republica.com 16 Octubre 2012

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo un precepto clave de la normativa catalana que ha permitido sancionar desde 1994 a 2010 a todos aquellos negocios que no atendiesen o informasen de los productos y servicios que vendían en catalán, rótulos del establecimiento incluidos. Y es que, atender sólo en castellano iba contra el derecho de los consumidores según la Generalitat, que ahora tendrá que devolver el dinero recaudado por las sanciones y cancelar aquellas que estén en proceso de tramitación.

El fallo, del que informa este martes el diario ‘El Mundo’, ha sido aprobado por la Sala Primera del Constitucional sin votos particulares discrepantes y supone que la Generalitat tenga que revocar las sanciones impuestas, entre ellas una relativa a la infracción de los derechos lingüísticos de los consumidores catalanes.

La Agencia Catalana de Consumo impuso en 2007 a una empresa sendas sanciones de 600 y 2.000 euros por no ofrecer en catalán sus servicios y por incluir cláusulas lesivas para los consumidores, tras lo cual ésta recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona, que dejó en suspenso el procedimiento judicial al tener dudas sobra la constitucionalidad de la Ley catalana 3/1993 del Estatuto del Consumidor en esa comunidad autónoma. Más tarde, en 2010, el juez elevó una cuestión de inconstitucionalidad que acaba de ser resuelta por el Constitucional.

La Ley ha sido sustituida por el Código de Consumo, vigente desde agosto de 2010 y que también incluye sanciones por la infracción de los derechos lingüísticos de los consumidores que hablen catalán. La nueva normativa está recurrida ante el TC por el PP y por el Defensor del Pueblo, precisamente en lo relativo a esas infracciones.
 




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