AGLI Recortes de Prensa  Miércoles 17 Octubre 2012

Panorama Exterior
Españolizar
Cástor Díaz Barrado La Razón 17 Octubre 2012

He de confesar que no acabo de descubrir lo que hay de malo en la palabra «Españolizar». No creo que tenga un significado temporal ni que se refiera, por lo tanto, a algo que sucedía antes de que se aprobara la Constitución española de 1978. En política exterior, todo Estado tiende a proyectar sus intereses y su identidad y es más que lógico, en consecuencia, que estos intereses y esa identidad se expresen, con toda intensidad, en el interior del propio Estado. Lo que es natural y deseable en la acción exterior del Estado debe ser plenamente aceptado en su política interna. Cuanto más se traslade la cultura de un Estado a otros Estados, mejor posición se ocupará en el concierto internacional y más capacidad se tendrá para llegar a acuerdos de cooperación. Tantas veces decimos que las relaciones de España con el resto de países iberoamericanos se ven facilitadas por las afinidades históricas y culturales y es verdad. ¿Qué hace, en el fondo, el Instituto Cervantes si no es «españolizar»? ¿Qué significa, a la postre, dedicar tanto dinero y esfuerzos a la «Marca España» si no es «españolizar»? Sin duda, «Españolizar» es bueno para los españoles y bueno, en la escena internacional, para la defensa de los intereses de España. No se puede renunciar a esto.

Tantos años de inmersión lingüística en Cataluña parece que hacen olvidar que el español es, también, una lengua de esa comunidad autónoma y que supone una riqueza sin igual, que el español forma parte de la identidad catalana más profunda; y, además, que el sentimiento de lo español habita con naturalidad en esa parte del territorio de España y hay que cuidarlo y expandirlo.

Quizá, nadie se pregunta si se están violando los derechos de uso de la lengua en Cataluña no sólo conforme al derecho español sino, en particular, de acuerdo con lo que dispone el derecho internacional. La defensa, legítima, del uso del catalán no puede conducir, en ningún caso, a impedir, obstaculizar o «perseguir» el uso del español ni, tampoco, puede prohibir las acciones tendentes a «españolizar».

¿Por qué privar a quienes habitan en cualquier territorio de España de una parte sustancial de su identidad? Hoy está claro que, desde la perspectiva económica y desde la óptica política, no ha sido acertado que las comunidades autónomas asuman el protagonismo exclusivo en materia de educación porque ni se han respetado el principio de la lealtad constitucional ni los derechos de los ciudadanos. Por eso, no hay que tener complejos por «españolizar» tanto en nuestra acción exterior, lo que resulta altamente beneficioso, como en nuestra propia identidad, en todas las partes de España.

El día en que se jodió España
Pedro de Hoyos Periodista Digital 17 Octubre 2012

No sé si alguien se preguntará todavía cuándo y por qué España entró en crisis. Crisis de todo y de todos, desde el Rey abajo, cualquiera. Económicamente somos un producto del descontrol del capitalismo y de nuestra inmoral ansia de poder; políticamente España es una ruina que se deshace en pedazos, imagen literaria que puede ser realidad en poco tiempo, y moralmente somos una sociedad absolutamente desastrosa como cada día se encarga la prensa de recordarnos cuando habla de nuestros políticos o de nuestros personajes populares.

La televisión es el espejo en que podemos recrearnos viendo nuestra bajada a los infiernos. Creíamos que eran insuperables los tiempos en que Belén Esteban era procaz protagonista de la actualidad de peluquería pero eso no fue más que el inicio. La absoluta obscenidad moral de las televisiones y de los espectadores nos proporcionó grandes momentos de la mayor zafiedad en una infinidad de programas tal que resulta difícil acordarse de tantos nombres implicados: Crónicas Marcianas, (¿Cómo se llamaba aquel programa del Missisipi?), Gran Hermano, Sálvame… y tantos otros.

El descenso era continuo e imparable, cada temporada nos aportaba un nuevo título de cochambre, de chabacanería generalizada y una riada de “periodistas” que humillarían hasta la muerte a Larra, millones de personas veían cada tarde o cada noche esos programas. Todo ello era fiel reflejo del descenso de ética popular, muestra de la marcha de un sistema público de educación y prueba del nulo respeto que los españoles sentían por los demás y por sí mismos. Y sin embargo pensábamos que éramos mejores y más libres, más educados y más europeos por ser demócratas, por tener un sistema educativo y social avanzado, por tener una economía desarrollada… por tener unos valores nuevos que habían desplazado a otros antiguos y desfasados de los que era mejor olvidarse.

Pero era España la que pasaba dinero negro a algunos concejales de tres al cuarto, era España la de los partidos democráticos y ultralegales que cobraban un 3% por grandes obras públicas, el nuestro era un país en que el rey tenía amantes con absoluto descaro… Y España era el país que todas las noches se deleitaba con programas de televisión repugnantes de los que posteriormente hablábamos con desenfado en la barra del bar, creyendo que eso era ser más libres, más progres y cultos.

Esta temporada ha llegado Gandía Shore. La bastedad por sí misma, el sexo por el sexo, la incultura porque sí, la burrez como mérito, el analfabetismo como medalla. Barrerá entre los programas más vistos porque España es inconsciente de su atraso, confunde la ignorancia con la libertad y la blasfemia con honradez, somos el culo cultural del mundo como demuestran las encuestas pero preferimos esconder la cabeza bajo el brazo. Pero qué nos importa todo esto si en los momentos en que escribo, y según las voces de mis vecinos, España va ganado a Francia. De fútbol les hablo, claro.

Luego preguntémonos por qué Lloret o cualquier otro lugar de la costa mediterránea es el lugar escogido por todas las bestias de Europa para emborracharse y tirarse por el balcón. Y sí, ya sé que el problema no es sólo español sino occidental, claro que sí. Tengo el íntimo convencimiento de que con el paso de los años seremos todos chinos, por su disciplina y su rendimiento laboral, o musulmanes por su número y su fe. Me gustaría morirme sabiéndolo.
@pedrodehoyos

España
Así estudiaron Historia los jóvenes que votan hoy en el País Vasco y Cataluña
Siete millones de niños y jóvenes en España estudian en sus libros escolares una Historia, una Geografía y una Literatura diferentes, según la Comunidad donde vivan. A muchos de ellos se les ocultan materias importantes, a otros se les transforman de acuerdo a los idearios nacionalistas o regionalistas. Una investigación realizada por Manuel Romero y publicada por ‘El Mundo’, en 2007, desveló algunas de las diferencias en los libros de texto. LA VOZ DE BARCELONA reproduce a continuación un capítulo de aquella investigación.
Manuel Romero www.lavozlibre.com 17 Octubre 2012

Un mar de banderas independentistas, y solo una oficial, al viento. Esta imagen abre la unidad catorce del libro de Historia de 4º de ESO de la editorial Teide, bajo el título ‘Democracia y autonomía. El nuevo orden mundial’ (foto: ‘La Voz Libre’).

Desde Atapuerca a la Constitución española, desde el descubrimiento de América a la Transición, muchos manuales eliminan o transforman sus contenidos para congraciarse con los gobiernos autonómicos.

De la prehistoria a la Transición, de la extensión de las lenguas a los sentimientos deportivos, nada se resiste a la adaptación localista de los contenidos de los libros escolares con los que siete millones de niños y jóvenes estudian en España. La diferencia se ensalza, lo que une y acerca se reduce o desaparece. Es el escándalo silencioso que, curso tras curso, va minando la unidad educativa de España. Las principales editoriales se prestan a esta manipulación.

Un joven de 16 años de Bilbao puede concluir sus estudios sin que en sus libros hayan mencionado la Constitución española, la figura del Rey, los símbolos del país al que pertenece o las protestas contra el terrorismo de ETA. También es frecuente que se le oculte la existencia de los yacimientos cercanos de Atapuerca y Altamira, el Camino de Santiago y la participación de los vascos en el descubrimiento de América.

A menos de 100 kilómetros, un chico de Santander puede que nunca se entere de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, o de que la industrialización de España se produjo a través del puerto de Bilbao.

En Barcelona, un joven puede rebuscar en su libro el Siglo de Oro y no hallarlo. O interesarse por los Juegos Olímpicos del 92, el mayor acontecimiento internacional y deportivo celebrado en su ciudad, y solo encontrar que ‘fueron el punto álgido en la reconstrucción nacional [de Cataluña]‘. De la lluvia de medallas y del oro que España logró en fútbol en el Camp Nou, ni una palabra. Pero sí un extenso ejercicio para la asignatura de Lengua catalana con la simulación, por parte del alumno, de la retransmisión radiofónica de la final de la Copa del Mundo entre Brasil y Cataluña.

En otro extremo de España, una chica de Huelva estudiará la Guerra Civil como si se tratara de una invasión de Andalucía por parte de fuerzas de ocupación y, simultáneamente, un niño de La Coruña leerá en su manual de Lengua que en Cáceres el gallego no goza de protección.

El resultado es una abismal fragmentación educativa, un puzzle de libros de texto que no encajan entre sí: conocimientos diferenciados, sentimientos de agravios entre Comunidades Autónomas, odio hacia lo español, imposibilidad para compartir un mismo sistema escolar y universitario y dificultad para converger dentro de un mismo mercado laboral.

Un trabajo de investigación ha analizado los diferentes manuales de las 17 CCAA. El resultado pone al descubierto graves deficiencias. La Constitución, la estructura del Estado, el sistema democrático, la Transición, el terrorismo de ETA… desaparecen o se modifican en libros escolares de las más importantes editoriales.

Aunque el Ministerio de Educación regula las materias a incluir en los 50 millones de libros anuales de Primaria, Secundaria y Bachillerato, no establece la extensión que ha de dárseles. Así, sucede que a Lady Di se le dedique en un manual de Cataluña cuatro fotografías, mientras que la Constitución se despache en dos breves menciones. O que un mismo libro de Historia reemplace para el País Vasco el navío colombino La Vizcaína, con bandera de Castilla, por la de un acto promocional de Chocolates Valor en San Sebastián.

Aunque las competencias de la enseñanza están transferidas a las Comunidades Autónomas, el Ministerio, por medio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, tiene como misión comprobar que los contenidos se ajustan a los reales decretos sobre materias mínimas.

La Constitución
En un libro de Historia del País Vasco desaparece la imagen del Rey en el Congreso y es sustituida por una del edificio judicial de la Comunidad (foto: ‘La Voz Libre’).

El conocimiento de la Carta Magna es obligatorio en 4º de ESO. Así lo establece el Real Decreto 1631/2006, publicado el 5 de enero de 2007. La Transición política y configuración del Estado democrático en España aparece como uno de los capítulos del temario escolar. El apartado sexto de los criterios de evaluación de ese Real Decreto incluye la Constitución de 1978. Pero el contenido de algunos libros de texto difiere de lo establecido por el Ministerio.

La editorial Santillana incluye la Constitución en su libro de Historia de 4º de ESO, para alumnos de 16 años. Dos páginas con ilustraciones del Preámbulo, los siete ponentes de la Carta Magna e, incluso, una viñeta del dibujante Forges. De un tronco común con los colores de la bandera de España nacen frutos con las banderas autonómicas.

Las dos páginas dedicadas a la Constitución desaparecen de la edición destinada a los estudiantes del País Vasco, incluida la proclamación de la soberanía de la Nación española y el dibujo del propio Forges, colaborador habitual del grupo Prisa, a cuyo conglomerado pertenece Santillana.

En Cataluña, una de las editoriales con mayor presencia en los pupitres escolares es La Galera, perteneciente al grupo Enciclopèdia Catalana. Su libro de Historia de 4º de ESO dedica una página completa al estudio de los grafiti, con ejercicios extraescolares incluidos. También se explaya en el género de la entrevista con cuatro fotografías de una llorosa Lady Di ante las cámaras de televisión. Pero a la Constitución española sólo se le dedican dos escasas referencias. Entre las 28 actividades que se le proponen a los alumnos en ese capítulo se incluye descifrar las siglas SEAT, buscar información sobre las marcas catalanas Derbi, Bultaco y Montesa y sobre el movimiento de la Nova Cançó. De la Constitución, ni palabra.

El Rey
El libro de 4º de ESO de Historia de Santillana ilustra el capítulo España: del franquismo a la democracia con una fotografía del Rey Juan Carlos I, acompañado por la Reina y el Príncipe, firmando la Constitución en el estrado del Congreso de los Diputados. El pie de foto hace referencia al consenso y al espíritu democrático de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible.

Sin embargo, esta no es la imagen que ilustra el mismo libro en el País Vasco. El título del capítulo es idéntico, pero la fotografía del Rey ha sido sustituida por la de una eufórica Aitana Sánchez-Gijón en el Festival de Cine de San Sebastián. El pie es todavía más sorprendente: ‘La primera edición contó con la presencia, entre otros, de Luis Mariano, Carmen Sevilla y Marujita Díaz’. También se extiende sobre la celebración de ‘concursos de tiro y festejos taurinos’. El texto se esfuerza en justificar que el Festival ‘refleja, en cierta medida, numerosos episodios de nuestra historia más cercana’.

La sustitución de la figura del Rey y la del Congreso de los Diputados no es excepcional en ese libro de Santillana. Se repite en su manual de Ética de 4º de ESO. El capítulo ‘¿Quién tiene autoridad?’ se ilustra con la intervención del Rey ante las Cortes tras sancionar la Constitución. Un ejercicio pide a los alumnos buscar ‘valores de la Constitución’.

En la edición del País Vasco, el Rey es sustituido por el edificio del Palacio de Justicia de Bilbao y la actividad escolar consiste en buscar valores dentro del ‘Estatuto de Gernika o, en su defecto, de alguna otra norma legal vigente’.

El libro de Historia de la editorial catalana La Galera para 4º de ESO da más relevancia a la imagen del subcomandante Marcos que a la del Rey Juan Carlos I. Anexo al capítulo de la Guerra de Sucesión, se indica a los alumnos que pregunten a sus padres en qué lengua les enseñaban en la escuela y cuál hablaban en casa. También se les pide que declaren cuál es ‘la primera lengua del alumno, la de sus padres y la de sus abuelos’. A renglón seguido, se les marca que comenten el fragmento del discurso del Rey en la entrega del Premio Cervantes a Francisco Umbral: ‘Nunca fue la nuestra una lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano’.

La democracia
El Congreso de los Diputados no se escapa a la tijera del editor. Mientras que en el libro de Ética de Santillana aparece la imagen de una sesión extraordinaria en la que los escolares tratan sobre la explotación infantil, en la versión para el País Vasco desaparece. Sin embargo, la imagen de la apertura del Congreso Nacional Chino se mantiene en ambos libros. Paradójicamente, China es uno de los países del mundo con mayor explotación infantil.

Los libros explican abrumadoramente el sistema parlamentario autonómico. La democracia surge a partir del Estatuto de Autonomía y raramente de la Constitución. La Historia de Bachillerato de Vicens Vives para Extremadura abunda tanto en el desarrollo de la política autonómica que califica incluso de ‘gran novedad en el panorama de partidos’ en los años 80 la creación, por parte de Pedro Cañada, de la formación regionalista Extremadura Unida.

Cañada es conocido por haber regalado un cerdo a cada mujer que daba a luz en su municipio. En los comicios locales de 2003 obtuvo 201 votos y perdió la alcaldía. En las últimas elecciones autonómicas concurrió en coalición con el PP. Logró un diputado en la Asamblea Regional y un concejal en el Ayuntamiento de Cáceres. Los jóvenes extremeños siguen estudiando el fenómeno político de Pedro Cañada en sus libros escolares.

Todos legislan, nadie supervisa
Uno de los libros de texto de Historia, en Cataluña, dedica más espacio a Lady Di que a la Constitución (foto: ‘La Voz Libre’).

La Ley Orgánica de Educación (LOE) ha sido promulgada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y sustituyó a la LOCE del Gobierno de Aznar. No se modificó el punto sobre los porcentajes de materias básicas comunes en las distintas CCAA: ‘Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55% de los horarios escolares para las Comunidades [...] que tengan lengua cooficial y el 65% para aquéllas que no lo tengan’.

Aparentemente garantiza enseñanzas comunes, pero la especificación de que se refiere a porcentajes horarios, y no de contenidos en los libros, deja a las editoriales vía libre para determinar la extensión de los mismos.

El desarrollo de la LOE se produce por medio de reales decretos en los que se describen las materias comunes. Las CCAA emiten a su vez decretos propios que determinan las materias en su territorio. El Ministerio, por medio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, debe inspeccionar los contenidos. Para ello dispone de delegaciones en las CCAA.

Un negocio de 736 millones de euros al año
En España se venden cada año cerca de 50 millones de libros de texto (48,43 millones en 2006) para las enseñanzas de los seis cursos de Primaria, los cuatro de Secundaria y los dos de Bachillerato. La facturación por esa venta asciende a 736 millones de euros cada año. Los niños y jóvenes escolarizados en esos doce cursos totalizan 7,2 millones de alumnos. A cada uno le corresponde la compra media de siete libros cada curso. Las educaciones Primaria y Secundaria concentran el mayor número de libros vendidos y también de facturación (65%).

El precio medio de un libro de Educación Primaria asciende a 15 euros, mientras que los de Secundaria y Bachillerato se encuentran en los 21 euros. Teniendo en cuenta que se trata de un mercado cautivo -el comprador está obligado en septiembre de cada año a pasar por caja, sin posibilidad de elección de compra-, las editoriales tiene unos ingresos garantizados con muy bajo porcentaje de devolución.

Aunque teóricamente un libro de texto debe garantizar una validez de cuatro años, la inclusión en los mismos de información perecedera, especialmente en el área de Ciencias Sociales (elecciones autonómicas, formación de gobiernos y otros), lo convierten en un bien cultural con fecha de caducidad. Con las versiones diferentes que cada editorial imprime para las 17 CCAA, las posibilidades de que un mismo libro sirva tras un desplazamiento geográfico son nulas.

Santillana, SM, Anaya, Vicens Vives, Edebé, Teide, Oxford Educación y McGraw-Hill se reparten el negocio editorial. Santillana y Edebé presentan sus libros en algunas Comunidades Autónomas con un sello local, lo que les permite una presencia más cercana a las autoridades autonómicas. Santillana Promotor (Cataluña), Santillana Obradoiro (Galicia), Santillana Zubia (País Vasco) y Santillana Voramar (Comunidad Valenciana), son marcas que exteriormente no diferencian su presentación, pero que interiormente adaptan el contenido a las políticas locales.

Lo mismo sucede con la editorial Edebé, que en Galicia pasa a llamarse Rodeira, aunque a primera vista el volumen es idéntico. Otras editoriales con importante presencia en sus respectivas CCAA son La Galera, Barcanova y Castellnou, en Cataluña; Xerais, en Galicia; Ibaizabal y Elkar, en el País Vasco; y Algaida (Grupo Anaya), en Andalucía.

La odisea de empresarios catalanes
"Si rotulas en chino o en inglés no te multan, sólo si lo haces en castellano"
Las multas lingüísticas existen y seguirán existiendo, tal y como ya ha advertido la Generalidad. Los empresarios catalanes no aguantan más.
O. Moya Seguir a @oliviamoya Libertad Digital 17 Octubre 2012

Las víctimas de la imposición lingüística en Cataluña no son sólo los escolares, afecta directamente a todos aquellos que abran un negocio en esa comunidad y que no rotulen al menos en catalán. Multitud de multas lingüísticas se han cursado en los últimos años. En 2011, la Administración catalana impuso 226 sanciones por un importe total de 176.100 euros.

Y si hay un hombre que representa la persecución a la que la Generalidad somete a los empresarios catalanes que no rotulan su negocio en catalán es Manuel Nevot. Su caso se hizo famoso al citarlo Mariano Rajoy en el debate por televisión, celebrado antes de las elecciones de 2008, que mantuvo con el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Nevot ha recordado a Libertad Digital que inauguró su negocio en 1982. En ese momento puso un cartel "de 12 metros de largo que decía: Fincas Nevot API, rústicas, solares y terrenos. Luego, en 1998 salió la normativa que obligaba a rotular al menos en catalán" y mandó grabar Finques Nevot en la vidriera de la puerta de entrada. A pesar de que rotuló en catalán, le sancionaron con 400 euros porque el rótulo principal no lo estaba y otros 400 "por no tener el cartel que anuncia la existencia de un libro de reclamaciones". En su tienda se presentó una inspectora, que fue quien le comunicó la multa. "Usted no tiene el cartel principal en catalán", justificó.

Tras su paso por los juzgados, en 2010 presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que "ha hecho caso omiso hasta la fecha de nuestra reclamación. No lo ha resuelto ni nos ha comunicado nada", lamentó.

Manuel Nevot lo tiene claro: "Lo que está haciendo la política catalanista es apoyarse en una idea para mantenerse en el poder", pero "los catalanes no somos independentistas, sino que es el gobierno de CiU el que para tapar sus fracasos económicos se ha inventado lo de la independencia" así como la imposición del catalán, sostuvo Nevot. Aunque con quien está especialmente decepcionado es con Rajoy y su Gobierno. "Me ha defraudado mucho, porque no ha hecho lo que tenía que hacer". Es por todo ello por lo que se muestra profundamente desesperanzado: esta situación "no cambiará nunca".
"Si me quitan ese dinero tengo que cerrar"

A poco más de 50 km de distancia de donde Nevot, ya jubilado, tenía su negocio (Arenys de Mar) se encuentra el taller de Óscar Baidez. Concretamente en Sant Boi de Llobregat. En 2005 abrió junto a un socio el primero de ellos, que finalmente cerró, y, años después, en 2009, abrió otro nuevo, esta vez él solo.

Por dos veces fue denunciado por no tener los letreros escritos en catalán. La primera de ellas, fue un vecino el que puso en conocimiento de la Administración catalana esta 'infracción'. Le aconsejaron dejar pasar el tema. "No hagas caso, la empresa ya está liquidada". Sin embargo, tiempo después, se presentó en su nuevo taller "un personaje diciéndome que era inspector, y me enseña un documento de mierda, que viene a ser su supuesto carné", exigiéndole que le mostrara los papeles de la empresa. Baidez le intentó explicar que esa empresa ya no existía, que había cerrado hacía ya años.

No obstante, el inspector tomó nota de que los carteles del nuevo taller no estaban escritos en catalán y meses después le llegó una carta de la Agencia Catalana de Consumo informándole de que se le sancionaba por ese motivo. "Pasé todos los controles cuando estaba abriendo el negocio y nadie me dijo que tuviera que poner un rótulo en catalán", criticó. Esta vez, no le quedó más remedio que pasar por el aro y tradujo los nombres en castellano al catalán, de tal manera que estuvieran escritos de las dos maneras. Hizo fotos de esos letreros ya ajustados a las exigencias de la Generalidad, como le indicaron desde esta Agencia Catalana de Consumo y las envió "por correo ordinario".

Pero nunca llegó ese correo. O eso le dijeron. Pasados los meses se volvieron a poner a en contacto con él para comunicarle ya la sanción, no recurrible, "pues el plazo había vencido". Dos multas le impusieron: una de 1.200 euros y otra de 800. "Yo les dije que no iba a pagar. Si me quitan eso de la cuenta tengo que cerrar el negocio".

A partir de ese momento comenzó su camino por los tribunales junto a otros empresarios que también se han visto afectados por estas sanciones y que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. "Yo soy más catalán que muchos de esos payasos que han nacido en Córdoba" u otras partes de España. Pero está radicalmente en contra de este tipo de leyes de la Generalidad. "Lo que les importa es la pela".

"Si es que además en mi barrio alucinan", cuenta. Y es que "el 90% de las personas que viven aquí son extremeñas o andaluzas". Y muchos de sus clientes le comentan: "Si me escribes los letreros en catalán no sé lo que pone". Además, Baidez afirma que si los carteles los escribes en "ruso, chino o inglés, no pasa nada"; no hay sanción. "Los pones en castellano y sí. Son temas de subnormal".

Ángel Centeno es otro empresario víctima de este sistema. En esRadio contó su caso. "Son unos talibanes", dijo de la Generalidad. "Esta gente está rayando la ilegalidad. No sé adónde quieren llegar".
"Cataluña es como una ciudad del Oeste"

Ahora, el Tribunal Constitucional ha anulado la norma que permitía hasta 2010 sancionar a las empresas por no rotular en catalán. Era la Ley catalana 3/1993 del Estatuto del Consumidor, por lo que los procedimientos basados en esa norma que estén pendientes de resolverse podrán ser declarados nulos. No obstante, en 2010 entró en vigor el Código de Consumo, que también recoge las multas lingüísticas y sobre el que el TC aún no se ha pronunciado.

Por tanto, esta sentencia conocida este lunes –aunque dictada el pasado 1 de septiembre– "no tiene ningún efecto práctico", se lamentó Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, porque la nueva ley sigue manteniendo las sanciones lingüísticas. Así que, en este caso, "tiene razón la Generalidad cuando dice que seguirá multando", aunque sea profundamente inconstitucional y a pesar de la sentencia, también del propio TC, de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, añadió.

Caja, cuya asociación lleva los casos judiciales de cinco comerciantes que también ha sido multados en base a esta ley del 93, se mostró pesimista al recordar que da igual lo que establezcan los tribunales y digan las sentencias; la Generalidad no las cumple. "Es como una ciudad del Oeste, la ciudad sin ley".

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Cataluña no es el problema
Javier Algarra GCT 17 Octubre 2012

Artur Mas debe darse cuenta de que una cosa es amagar, y otra, delinquir.

Artur Mas ha conseguido su objetivo. Nadie analiza la nefasta gestión del Gobierno de la Generalitat catalana: recortes en Sanidad y Educación, rebaja del sueldo de los funcionarios, despilfarro en oropeles nacionalistas, incumplimiento de las sentencias judiciales en materia de lengua vehicular o incapacidad de controlar el déficit en la comunidad autónoma más endeudada. La cortina de humo del soberanismo ha nublado la vista de los ciudadanos, empujados a un único debate, el de la urgencia por conseguir la independencia.

Pero Cataluña no es el problema, ni los catalanes son los responsables de esta situación. Los culpables son los políticos nacionalistas, que llevan treinta años adoctrinando a los ciudadanos para que estos crean que lo que conviene a la casta dirigente es lo mismo que el interés general de Cataluña. La prosopopeya y el victimismo no son inventos nuevos. Los utilizó Pujol cuando le acorralaban con el caso Banca Catalana, para asegurar que acusarle a él era atacar a Cataluña. Lo mismo hizo su hijo Oriol, cuando le investigaron por las comisiones de las ITV, y lo propio hace Artur Mas para desautorizar a quienes advierten de su mesianismo. Pero el presidente de la Generalitat debe darse cuenta de que una cosa es amagar, y otra, delinquir.

Si persiste en su intención de convocar un referéndum ilegal, el Gobierno se puede ver en la obligación de aplicar el artículo 410 del Código Penal y castigarle con hasta tres años de inhabilitación para ejercer un cargo público. Si eso ocurre, los manifestantes que salgan a las calles dirán que defienden a Cataluña, cuando en realidad, estarán apoyando la comisión de un delito.

Cataluña como problema
Nota del Editor  17 Octubre 2012

Ya sabemos que el poder está para ejercerlo sirviendo los intereses bastardos de quienes lo ostentan. Una vez cada cuatro años, permiten, previo lavado de cerebro por todos sus medios, financiados a nuestra costa, depositar una papeleta en una urna, y el resultado es que Cataluña, los que allí pueden votar, son el problema. Echar la culpa a los que detentan el poder, está muy bien, pero al menos deberían haber mostrado algún rechazo. sin riesgo, anónimo, sólo un papelito, cada cuatro años. Si admitimos que los profesionales de la política han conseguido adoctrinar a la mayoría de los que pueden votar en Cataluña, tenemos un problema, Cataluña es un problema, los adoctrinados son un problema y esto no tiene otra solución que derogar todas las leyes sobre lenguas regionales y todas las leyes autonómicas.

Huelga política en defensa de un fracaso educativo

EDITORIAL Libertad Digital 17 Octubre 2012

"Somos una organización de lucha en defensa de los jóvenes de la clase trabajadora y contra aquellos que estaban muy felices cuando en la dictadura solamente una minoría podía estudiar, que es lo que quiere este Gobierno del PP, con un ministro heredero y nostálgico del franquismo". Basten estas palabras de Tohil Delgado, líder del Sindicato de Estudiantes, convocante de la huelga de tres días de estudiantes de secundaria, para dar la razón al ministro Wert cuando ha calificado a esta organización como "la más radical dentro de las asociaciones de estudiantes" e "inspirada en supuestos de la extrema izquierda radical y antisistema". Este cuasi treintañero que está llamando a los adolescentes a la huelga, ciertamente política, ha llegado incluso a emplear el término Euskal Herria para aludir a una supuesta nación conformada por el País Vasco francés, Navarra y el País Vasco español; una nación-realidad que, dice, "se quiere ocultar con tanques, con bombas y declaraciones incendiarias".

Esta ardorosa víctima de la Logse, que afortunadamente no ha sido víctima de quienes han recurrido a las bombas y al tiro en la nuca para convertir en realidad política el delirio identitario de Euskal Herria, ha tenido que hacer referencia al aumento del número de alumnos por aula para tratar de disimular el carácter político de su huelga. Acusar al PP de querer "destruir la educación pública" y que "sólo una minoría pueda estudiar" por elevar el número de alumnos por aula de 25 a 33 nos hace pensar que el ministro Wert tal vez hasta se haya quedado corto en la descalificación.

Mención aparte merecen quienes, aún más talluditos, están acostumbrados a vivir del pesebre estatal, que consideran un ataque la reducción en un 90 por ciento de las subvenciones que vienen recibiendo. Tal es el caso, por ejemplo, de la gente de Ceapa, Confederación de Padres y Madres de Alumnos, asociación izquierdista que se ha sumado a esta huelga. Normal que se quejen. Nosotros también: merecen un recorte del 100%.

Hemos manifestado en innumerables ocasiones que la educativa es una de las reformas más urgentes y trascendentales que han de acometerse. Desde hace décadas, los recursos públicos dedicados a la educación han ido acrecentándose, y de hecho ahora estamos a la cabeza de los países de la OCDE en gasto por alumno. Sin embargo, esta evolución ha ido paralela a una degradación formidable de nuestro sistema educativo, que nos ha llevado a padecer uno de los mayores índices de fracaso escolar y a obtener pésimas notas en los informes PISA, tanto en lectura como en ciencia y matemáticas. Eso, por no hablar del informe de la Unesco que acaba de hacerse público y que nos sitúa entre los países con más paro juvenil y fracaso escolar.

Somos los primeros en calificar de absolutamente insuficiente la reforma educativa planteada por el Gobierno del PP, aunque en algunos aspectos vaya en la buena dirección. Sea como fuere, lo surrealista de este asunto es que los convocantes de la huelga no protestan por la insuficiencia de la reforma, ni por la falta de exigencia en la instrucción pública, ni por el escasísimo aprovechamiento de los ingentes recursos que, pese a los recortes, se destinan a educación, ni por la falta de competencia entre centros escolares, ni por la falta de libertad de elección de centro por parte de los padres, representantes de los auténticos titulares del derecho a la educación, que son los alumnos. No. Protestan y se manifiestan en defensa de un fracasado sistema educativo y de sus privilegios, y en contra de unos ajustes contables justificados, entre otras razones, por la situación prácticamente de bancarrota que ha heredado el Gobierno del PP.

Una sociedad fundada en el olvido
ROGELIO ALONSO El Correo 17 Octubre 2012

En un reciente editorial EL CORREO exponía una de las claves de estas elecciones: «El regreso institucional de una izquierda abertzale que no ha necesitado demostrar su carácter democrático, condenando o censurando la trayectoria etarra, para acceder a su blanqueo legal». Que quienes siguen sin condenar la sistemática violación de derechos humanos perpetrada por ETA hayan alcanzado las instituciones sin cumplir tan básicas exigencias constituye un grave fracaso del sistema democrático. El fortalecimiento de los radicales ha estado motivado por un ‘blanqueo legal’, pero también político y social, que muy posiblemente sea una de las causas del derrumbe del PSE y PP que las encuestas prevén. El CIS confirma ese fracaso constatando que una formación creada por el entramado ETA / Batasuna –tal y como acreditó el Supremo– goza de mayor confianza entre los electores que quienes han sufrido el terrorismo etarra que Bildu no condena. Como Pedro Ontoso ha escrito, «una capa importante de la población vasca ha interiorizado que Bildu y ETA son dos cosas distintas» (EL CORREO 6/6/12).

Los partidos democráticos víctimas de semejante injusticia han contribuido a generar tan negativa situación tras padecer las amenazas de quienes hoy son recompensados por los electores. Es necesario recordarlo para intentar evitar el peor de los escenarios para PSE y PP después de mantener incoherentes posturas hacia los representantes políticos de ETA que les han costado la pérdida de confianza del electorado. Además es preciso destacarlo porque tras los comicios será necesario hacer frente a un escenario en el que quienes aún legitiman el asesinato –aunque no lo propugnen actualmente– habrán recibido un aval que a buen seguro instrumentalizarán para consolidar la peligrosa impunidad política y moral que su éxito electoral revela. En contra de lo que el jesuita José María Tojeira recomendaba para contextos de violencia, «se ha convertido en protagonistas de la paz a aquellos que crearon víctimas». Como resultado, la sociedad les premia una vez que algunos políticos, medios y formadores de opinión han facilitado una impunidad que representa la peor forma de corrupción política.

Pese a que diversos políticos y periodistas han destacado que la legalidad de Bildu no convertía en demócratas a los socios de ETA, estos han visto cómo se les eximía de las responsabilidades que debían asumir por su apoyo al terrorismo durante décadas. Como ha escrito Florencio Domínguez, «sus portavoces han acaparado espacios en los medios que para sí quisieran muchos de los demás partidos». Se les ha ofrecido un útil instrumento para rehabilitar su imagen, consiguiendo que su asociación con el terrorismo no les perjudicara, sino todo lo contrario. Se ha eludido el imprescindible cuestionamiento de los radicales al que su trayectoria obligaba, trasladándose por el contrario que su crecimiento electoral garantizaría la disolución de una banda a la que ni condenan ni deslegitiman. Sin embargo, escaso interés muestran en disolver ETA, cuya existencia les permite presentarse ante la sociedad como garantes de la hipotética desaparición de la amenaza latente.

Hasta el ministro del Interior les exime de responsabilidades asumiendo que «el cese de ETA es irreversible (EL CORREO 22/7/12). Tan imprudente declaración contrasta con el criterio de Policía y Guardia Civil, que han advertido que la decisión tomada por ETA en 2011 está pendiente de confirmación mientras se debate entre las bases del movimiento terrorista. Esa falta de rigor favorece el lavado de imagen de los radicales que se ven legitimados para exigir al Gobierno que «dé pasos en este nuevo tiempo».

Idéntica actitud adopta un lehendakari defensor de legalizar al brazo político de ETA, pese a su evidente déficit democrático, y de un dirigente terrorista como Otegi justamente condenado. Otros destacados socialistas han insistido en ensalzar a los responsables de que la violencia se haya mantenido durante décadas estimulando a los electores a descriminalizar a criminales que son presentados como comprometidos pacifistas y, por tanto, merecedores del voto.

A menudo socialistas y populares tratan a los representantes de ETA como si fueran verdaderos demócratas amparándose en que la legalidad así lo exige. Relativizan así las exigencias propias de una democracia que debe penalizar a quienes carecen de la necesaria legitimidad para participar en plenitud de derechos mientras sigan sin deslegitimar el terrorismo. No se ha favorecido de ese modo una reconversión de los radicales en demócratas, sino que se les ha permitido su entrada en el sistema en condiciones idóneas para subvertirlo. Un ejemplo revela los peligros de tan injusta integración. El 12 de junio Martín Garitano asistió a los premios en memoria de Joxe Mari Korta. Las imágenes del evento mostraban a sonrientes dirigentes del Partido Popular departiendo amigablemente con Garitano, brindándole las credenciales de demócrata de las que carece quien no tiene la dignidad de condenar el asesinato del empresario vasco, ni de los compañeros de partido de aquellos, ni del resto de las víctimas de ETA. Con ese complaciente trato y tan macabra presencia explotada por Bildu se escenificaba un empate moral que ahora los electores validan: ha dado lo mismo asesinar que haber sido asesinado.

Políticos que prometen un final del terrorismo sin olvido actúan sin embargo como si ETA fuera invisible facilitando que el pasado quede clausurado de facto. Pero las dramáticas consecuencias del terror persisten, como ejemplifica un hecho significativo: Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagaza, ha dejado su hogar en Euskadi entristecida porque los asesinos de su hijo gobiernan hoy su ciudad fingiendo ser impecables demócratas. En palabras del abogado chileno Roberto Garretón, «una sociedad fundada en el olvido, el temor, la mentira y la impunidad, no será nunca una sociedad sana y su convivencia no será jamás plenamente democrática». ¿Cómo será la sociedad vasca?

Amnesia colectiva en el País Vasco
Voto de los vascos expulsados por la violencia de ETA
J. A. Yturriaga www.vozpopuli.com 17 Octubre 2012

El día 21 se celebrarán unas elecciones autonómicas, que serán decisivas para el futuro del País Vasco y de España; dichas elecciones ofrecen la oportunidad de permitir la participación en las mismas de los vascos expulsados del país por la violencia etarra, y así reparar una injusticia. Según un estudio de la Fundación BBVA, cerca de 200.000 ciudadanos se han visto forzados a abandonar Euskadi por la presión terrorista. Yo mismo tengo familiares que –amenazados de muerte por negarse a pagar el “impuesto revolucionario- dejaron su tierra, su trabajo y su entorno para rehacer sus vidas en otras partes de España. Un Comité de Juristas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha afirmado que ello supuso una grave vulneración de los derechos humanos y que no atender a las reivindicaciones de estos ciudadanos de poder votar en su tierra supondría reconocer el éxito de ETA en la depuración parcial del censo electoral, que fue vaciado de los opositores a la banda, con el aplauso de quienes los respaldaban y el silencio de la mayoría.

No es de extrañar que Iñigo Urkullu considere un "pucherazo electoral" el plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos

Si los nietos de exilados vascos residentes en el extranjero pueden votar en el País Vasco pese a no tener vínculo alguno con el territorio y desconocer por dónde cae Baracaldo o Loyola, con mucho mayor motivo deberían poder hacerlo los vascos que -por no compartir el proyecto totalitario de ETA- tuvieron que abandonar su país y se vieron políticamente discriminados. De esta situación salieron beneficiados los partidos nacionalistas. Como ha observado Antonio Basagoiti, el PNV calló ante esta injusticia y miró para otro lado, mientras las amenazas de ETA filtraban el censo vasco. Por ello no es de extrañar que Iñigo Urkullu se haya opuesto al plan del Gobierno de permitir en el futuro la participación electoral de los exilados internos, calificándolo de “error histórico en forma de pucherazo electoral”. Por su parte, la candidata de Bildu, Laura Mintegui, ha manifestado que el proyecto subvierte la opinión natural de Euskadi con un objetivo electoral. Cabe señalar que 57.19% del pueblo vasco respalda la posibilidad del voto de los forzados ausentes. El timorato Gobierno, sin embargo, ha dejado el plan “ad calendas vascas” y desaprovechado una magnífica ocasión de equilibrar los previsibles resultados electorales, que son realmente descorazonadores.

Según los sondeos, el PNV será el ganador con 36.5% (CIS) o 33.3% (Sigma-2) de los votos y entre 24 y 27 escaños, y Bildu –brazo político de ETA- obtendrá 25.1% o 24.5% de los votos y entre 20 y 22 escaños. Un 45.8% de los candidatos de Bildu proceden de Batasuna -organización declarada ilegal por el TS y el TC-, en violación de la Ley de Partidos Políticos que prevé que “los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta”. Resulta anómalo que los herederos de ETA se puedan presentar, lo hagan como artífices de la paz y capitalicen en las urnas el fin de la violencia.

Olvido culpable del terrorismo y de las víctimas
Como ha observado Santiago González, hay algo mágico en la campaña electoral vasca, que ha permitido hacer evanescentes al terrorismo y a sus víctimas. ¡Ah!, ¿pero ha habido víctimas en Euskadi aparte de las de la Guerra Civil?. ¿Se ha asesinado a cientos de personas y herido a muchas más, extorsionado con el impuesto revolucionario y los secuestros, y forzado la expulsión del país de los discrepantes de ETA y Batasuna? ¿Se trata acaso de un fenómeno natural, como un terremoto o un tornado, que –tras producirse- se vuelve a la normalidad? Es imperativo que la sociedad vasca retorne a la normalidad a cualquier precio, incluido el de sufrir una amnesia colectiva y aceptar un olvido culpable. Antes al contrario, hay que desterrar el olvido, porque lo peor del mismo sería –en opinión de Carlos Urquijo- que “los cómplices del terror se erigieran en redactores del relato para blanquear su siniestro papel en esta tragedia. Ninguna paz será digna de tal nombre si el relato no contiene una condena explícita de ETA y su historia criminal…, si se admitiera que los crímenes fueron necesarios para hacer posible el poder que detentan sus cómplices y que ampliarán a partir del día 21”. La consigna es pasar página para recuperar la ansiada normalidad recurriendo al somnífero del olvido, y –como ha señalado Joseba Arregui- hay nacionalistas que están dispuestos a vivir, no ya como si ETA no existiera, sino como si no hubiera existido nunca.

El olvido podría ser una solución si fuera consecuencia de una catarsis sincera en que los responsables de terrorismo y sus cómplices y parte de la sociedad vasca que –por acción u omisión- ha contribuido a su implantación, reconocieran los hechos, asumieran su cuota de responsabilidad, pidieran perdón a las víctimas, hicieran propósito de enmienda y se mostraran dispuestos a reparar los daños. Mas esta catarsis no se ha producido. No se puede construir un nuevo País Vasco –integrado en España o incluso independiente- sobre los cimientos del crimen, la extorsión, la discriminación, la injusticia y el olvido. ¿Y cuál es el talante de los supuestos conversos a la democracia de Bildu?. Se niegan a reconocer y condenar las atrocidades de ETA, y siguen manteniendo que los etarras son unos patriotas, los condenados por múltiples delitos unos presos políticos, y la víctimas objeto de sospecha (“¡algo habrán hecho!”). El nacionalismo democrático, por el contrario, sí parece dispuesto a asumir su parte de culpa, e Íñigo Urkullu ha admitido que el PNV guardó cierta equidistancia entre agresores y víctimas, y que, “quizás no haber insistido en el reconocimiento radical de nuestros principios éticos con claridad en el pasado fue nuestro error”, por lo que “es nuestro deber reconocer el daño causado”. Nunca es tarde si la dicha es buena.

Divergencias y coincidencias entre Bildu y PNV
Las diferencias entre Bildu y PNV están en los medios a emplear, pues coinciden en el objetivo de la independencia de Euskadi. Urkullu ha pedido la adopción de un nuevo Estatuto –una versión edulcorada en las formas del Plan Ibarretxe- con mayor transferencia de competencias, y la celebración de un referéndum soberanista al que se deberá llegar, paso a paso, tras alcanzar un pacto con “todas las sensibilidades políticas”. Este “pacto entre iguales en clave de concertación”, debe ser “amplio, abierto e integrador”, y permitir la integración de Navarra. El modelo autonómico no ha conseguido adecuar el hecho nacional vasco y debe ser actualizado. Hay que lograr un nuevo marco institucional basado en los principios de bilateralidad y de igualdad entre la Comunidad y el Gobierno central. Con sentido pragmático y consciente de la grave crisis actual y de la situación electoral, el Presidente del PNV ha apelado a trabajar por lo urgente –la recuperación económica- y dejar para más adelante las aspiraciones identitarias de una nación. Se presenta así hábilmente como el policía bueno frente al atrabiliario Artur Mas, pero no cabe hacerse demasiadas ilusiones. Se trata de una posición táctica para calmar las inquietudes de los electores vascos que quieren seguir siendo españoles, y esperar a que mejore la coyuntura. Si la independencia no es para mañana, lo será para pasado mañana. El electorado vasco debe ser consciente de estas realidades y votar con pleno conocimiento de causa, sabiendo de antemano las consecuencias que producirá el destino de su voto.

Por mucho que desee implantar la normalidad en el país, la sociedad vasca no puede ignorar su inmediato pasado y sumirse en una amnesia inducida para eludir su parte de responsabilidad. Están sin aclarar 326 de los 858 asesinatos de ETA y puede que sus autores ostenten puestos institucionales. La reconciliación y el perdón son cualidades maravillosas, pero han de estar basados en el reconocimiento del daño causado, la voluntad de superar los enfrentamientos y el sincero deseo de los culpables de ser perdonados.

España
Mas adoctrina por vídeo a los inmigrantes: «Cataluña es una nación europea de mil años»
Un DVD de la Generalitat afirma que la «única lengua» propia y común es la catalana
MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Catalña 17 Octubre 2012

La catalanización de la inmigración es uno de los ejes vertebrales del nacionalismo que ha gobernado Cataluña durante estos 30 años. Hasta tal punto se ha extremado este adoctrinamiento que un extranjero sólo puede conseguir el permiso de arraigo si acredita el conocimiento del catalán, pues así lo establece la Ley de Acogida de las Personas Inmigradas y de las Regresadas a Cataluña.

La Generalitat pone a disposición de los recién llegados abundante material didáctico en el que Cataluña es descrita bajo el tamiz del soberanismo. Un ejemplo es el audiovisual «Cataluña, materiales de apoyo a la acogida», que puede verse en abc.es. En esta producción se explica que «Cataluña es una nación europea con más de mil años de historia. Nuestro país tiene una vocación de autogobierno que se ha materializado, a lo largo de los siglos, en unas instituciones, un gobierno y unas leyes propias. Y tiene una cultura con una fuerte personalidad y, sobre todo, una lengua propia, el catalán». Añade que «Cataluña tiene una historia de afirmación nacional». Por eso, «cuando Cataluña ha perdido sus instituciones y se ha prohibido el catalán, su gente ha luchado por recuperarlas porque el autogobierno es, en este país, sinónimo de libertad y de democracia».
La Fiscalía investiga a TV3

En el DVD se insiste en que «la lengua propia de Cataluña es el catalán. El catalán es una lengua que se empezó a escribir hace más de mil años» y recuerda que el Estatuto de Autonomía establece que «el conocimiento del catalán es un deber y su uso, un derecho, al igual que sucede con el castellano». En este sentido, aparece el testimonio de una inmigrante de origen sudamericano: «Al principio pensaba que hablando castellano era suficiente. Pero luego vi que mis amigos que entendían el catalán lo tenían más fácil a la hora de encontrar trabajo» o incluso «alquilar un piso». Otro extranjero asegura que el catalán «también me ha servido para mejorar en mi puesto de trabajo». El Gobierno catalán subraya que «las administraciones y medios de comunicación públicos utilizan normalmente el catalán; del mismo modo que se usa como lengua de aprendizaje en la escuela».

«El catalán es la lengua de la escuela en Cataluña -prosigue-. Eso significa que la acogida y la integración de todos los alumnos, independientemente de su origen, se hace en esta lengua». Añade que «conseguir que todas las personas que viven en Cataluña se sientan y sean consideradas catalanas pasa por asegurar que todos conozcan, como mínimo, el catalán. El catalán es, pues, un elemento común de identidad y de cohesión».

Junto a la inmigración, otras de las vías de catalanización son los medios públicos catalanes. Precisamente ayer se supo que La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga si en el programa de la televisión catalana en el que se simulaba disparar al Rey se cometió un delito contra la Corona. Asimismo, la empresa Telepizza ha retirado el patrocinio del programa «Petits artistes» de la televisión de Tortosa (Tarragona) después de que, el pasado día 4, se preguntara a los alumnos sobre la independencia de Cataluña.

La Generalitat vuelve a desafiar la ley y anuncia que seguirá multando por no rotular en catalán
El Gobierno catalán se ampara en que el fallo del TC anula un artículo del Estatuto del Consumidor "que ya no está en vigor"
 www.lavozlibre.com 17 Octubre 2012

Barcelona.- No es ninguna sorpresa: nueva sentencia de un Tribunal y nuevo descato de la Generalitat de Cataluña, que ya ha anunciado que seguirá sancionando a los comercios que no atiendan o no rotulen en catalán, pese al fallo del TC conocido este martes que declara inconstitucional esta normativa catalana.

El Gobierno catalán se ampara en que a su entender el TC ha anulado el artículo de la Ley Catalana del Estatuto del Consumidor de 1993 "que ya estaba derogada", por lo que afirma que las sanciones lingüísticas en Cataluña van a continuar.

"Se han pronunciado sobre una cosa que ya no existía. Es como si el médico hace un diagnóstico y da unos resultados de una persona que está muerta", ha declarado este martes el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, horas después de que el TC haya declarado nulo un artículo relativo a sanciones por no informar en catalán a los consumidores, y que, según la Generalitat, hacen referencia a "una normativa que ya no es vigente".

Homs ha considerado paradójico que el TC declare una ley que no es válida, lo que a su juicio pone en evidencia su funcionamiento, y ha ironizado: "Como el TC es tan rápido y veloz, ha dictaminado sobre una ley de 1993 que ya no está en vigor".

El portavoz del Ejecutivo ha precisado que el posicionamiento del alto tribunal se limita "a la capacidad sancionadora" de la Generalitat y no a otros aspectos que recogía esta normativa catalana. En cualquier caso, el Parlamento catalán aprobó en 2010, a finales de la anterior legislatura, el Código de Consumo vigente en la actualidad, que también establece sanciones, y que por este motivo fue también recurrido.

España
El TC anula un artículo de la ley que sancionaba por no atender en catalán
La norma, derogada en 2010 por la Generalitat, no concretaba qué conductas eran sancionables ni qué multas debían imponerse a los infractores
nieves colli / madrid ABC Cataluña  17 Octubre 2012

El Tribunal Constitucional ha anulado un artículo del viejo estatuto catalán del consumidor, una norma que sancionaba a los propietarios de tiendas y establecimientos por no atender en catalán a los clientes. Esa norma, de 1993, fue derogada en 2010 por la Generalitat y sustituída por otra ley, actualmente en vigor (Ley 22/2010 de 20 de julio del Código de Consumo de Cataluña) que mantiene las sanciones por aquellas conductas que considere lesivas con «los derechos lingüísticos de las personas consumidoras». En ningún caso el Tribunal Constitucional valora si la imposición de esas sanciones es o no constitucional.

Lo que sí considera la sentencia contrario a la Constitución es el artículo 30 del citado estatuto del consumidor (el derogado) porque no especifica qué conductas concretas constituyen infracciones (ya sean leves, graves o muy graves) y tampoco concreta qué sanción correspondería a cada una de ellas. El Constitucional no cuestiona que se multe por no atender al público en catalán, sino únicamente la inconcreción del artículo impugnado, que lleva al ciudadano a desconocer qué concretas conductas son merecedoras de una sanción administrativa.
Reiterada doctrina del TC

El Tribunal aplica su reiterada doctrina sobre el llamado «principio de seguridad jurídica» y reitera en este caso que es necesario que la ley «predetermine suficientemente las infracciones y las sanciones así como la correspondencia entre unas y otras». De lo contrario se deja a la absoluta discrecionalidad de la Administración la imposición de las sanciones y su cuantía, lo que condena a los ciudadanos a «ignorar las consecuencias que han de seguirse de la realización de una conducta genéricamente tipificada como infracción administrativa». En otras palabras, una ley sancionadora no puede dejar de especificar qué es o deja de ser infracción en cada supuesto y cuál es la sanción correspondiente. Porque ello genera inseguridad jurídica.

La sentencia, de la que ha sido ponente Andrés Ollero, resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona que debía resolver el recurso contra dos multas impuestas por la administración: una de 600 euros por vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores y otra de 2.000 euros por la inclusión de cláusulas abusivas para los consumidores. El recurrente había sido sancionado en 2007, es decir, cuando el estatuto catalán del consumidor aún estaba en vigor.
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