AGLI Recortes de Prensa  Sábado 27 Octubre 2012

Crisis institucional
El paro y la obesidad del sector público
Emilio J. González Libertad Digital 27 Octubre 2012

Las cifras de paro están alcanzando niveles récord en España, tal y como muestra la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre del año; pero esto todavía no ha terminado y el desempleo, por desgracia, seguirá aumentando. La razón fundamental es que nuestro modelo de crecimiento económico de los últimos veinte años ha estado completamente equivocado. Por un lado se ha basado en un crecimiento artificial de la construcción, impulsado por los elementos que explican la burbuja inmobiliaria y por las fuertes inversiones en infraestructuras, no siempre necesarias –ejemplo, el aeropuerto de Ciudad Real–, cofinanciadas con fondos europeos. Por otro lado tenemos que, en lugar de centrarse en la empresa privada, el crecimiento ha sido, sobre todo, fruto de la expansión del improductivo sector público regional y local.

De esta forma, ahora que ha estallado la burbuja inmobiliaria y que los dineros europeos procedentes de los fondos estructurales y del fondo de cohesión se han reducido drásticamente –desde 2007–, nos encontramos con una crisis que no nos esperábamos, y como el sector público nos pesa demasiado y, en términos políticos, no se ha dado a la empresa privada la importancia que debe tener, las rigideces que persistían en diversos mercados, entre ellos el laboral, han provocado que todo el peso del ajuste a las actuales circunstancias adversas recaiga sobre la producción y, cómo no, sobre el empleo.

La derivada lógica de todo esto es que en este país hay que pensarse muchas cosas, porque la construcción no va a volver a ser la misma, pero, sobre todo, hay que poner a dieta al sector público, para que adelgace de forma drástica, porque su peso excesivo es el que explica ese déficit público que ha dejado sin financiación a la empresa privada y ese gasto público desmedido que, al querer mantenerse a toda costa, ha obligado a subir los impuestos y a hundir todavía más la economía.

Por desgracia, los políticos de este país, sobre todo los dirigentes autonómicos, siguen sin enterarse de que esta crisis es al modelo económico y de Estado español lo que la caída del Muro de Berlín representó para el comunismo, y como se niegan a aceptarlo, en vez de poner el foco de sus medidas en la promoción y el desarrollo de un sector empresarial privado que genere empleo y riqueza para todos, insisten en mantener un modelo de sector público que es a todas luces inviable. Mientras sigan pensando de esta forma no saldremos de la crisis; pero como tampoco podemos seguir financiando un sector público elefantiásico, al final la realidad va a imponer esa cura de adelgazamiento que los políticos se niegan a aplicar.

Hasta entonces, el paro seguirá creciendo porque no surgirán, no podrán surgir, esos proyectos empresariales generadores de empleo. Y después se incrementará todavía más, porque, guste o no guste, habrá que poner orden en la parte pública y prescindir de no menos de medio millón de personas, sobre todo en las empresas públicas. Será una terapia de choque, pero si no lo hacemos no podremos salir adelante ni empezar a generar puestos de trabajo.

Editorial
España se rompe por el desempleo
EDITORIAL www.gaceta.es 27 Octubre 2012

A finales de septiembre el número total de desempleados se elevó hasta 5,78 millones de personas y la tasa de paro superaba el 25%.

La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2011 muestra la faceta más dramática de la situación de emergencia en la que se encuentra nuestro país. España se rompe, pero no precisamente por el independentismo disgregador de catalanes y vascos, sino por el sufrimiento y la tragedia del paro: a finales de septiembre el número total de desempleados se elevó hasta 5,78 millones de personas y la tasa de paro superaba el 25%. Se trata, por tanto, de un nuevo récord histórico. Desde que estalló la crisis, la tasa de paro se ha multiplicado por algo más de tres, el número de desempleados ha aumentado en 4,01 millones de personas, y el volumen de empleos destruidos se aproxima a 3,2 millones de personas.

Los datos configuran un auténtico desastre económico y moral, con una generación de españoles perdida y otra venidera que, por primera vez desde la posguerra, vivirá en un país más pobre que el de sus padres.

De hecho, el 21,1% de las familias viven por debajo del umbral de la pobreza y ha vuelto la emigración; una corriente de españoles ha emprendido el éxodo en busca de oportunidades en América y al otro lado de los Pirineos, como hicieron sus abuelos: según el INE desde enero de 2011 hasta octubre de este año han emigrado de España 927.890 personas, de las cuales 117.523 eran españoles, según las estimaciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de personas, mayormente jóvenes bien preparados, que no pueden crear y prosperar en su país. Y todo indica que esta riada se hará más caudalosa en los próximos dos años.

Nunca es una buena noticia que alguien pierda su trabajo, pero uno de los factores clave a tener muy en cuenta radica en la destrucción de empleo público. Es decir, a diferencia de lo que sucedía hasta finales del pasado año, el sector público ha comenzado a ajustar sus plantillas tras experimentar un crecimiento muy sustancial en plena crisis. Esto significa que la evolución del empleo en el sector privado ha mejorado en los últimos trimestres en comparación con lo acontecido durante la crisis, y ahora son las Administraciones las que empiezan a registrar su necesario ajuste de empleados.

Pero, por desgracia, el desolador panorama que dibuja la última EPA no señala el fondo del pozo de la crisis. Las previsiones económicas de 19 centros de análisis económico concluyen que la economía se contraerá un 1,5% el próximo año, y que el paro, en buena lógica, seguirá creciendo.

Un país en el filo de la insolvencia, vigilado por el desorbitado déficit público causado por unos políticos irresponsables, obligado por sus excesos a un recorte del gasto sin precedentes y cuyo Gobierno en lugar de recortar gastos se dedica a subir impuestos, es un país expuesto a un círculo de frustración.

Las dudas persisten y el tiempo apremia. La reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno este año abre buenas expectativas pero no dará ningún resultado mientras la economía no crezca. Y para ello es necesario clarificar el panorama para que la economía española recupere la confianza de los mercados. Y el tiempo apremia.

El Gobierno invierte demasiado en su negocio de política y muy poco en los ciudadanos que cada día se sienten más alejados y más desamparados. Ni España ni sus casi seis millones de parados se pueden permitir más dilaciones. Urge el rescate para lograr reducir el coste del dinero, que vuelva a fluir el crédito y se relance la actividad. Ese es el único camino y hay que tomarlo cuanto antes.

Rescatémonos primero a nosotros mismos
Leopoldo Gonzalo www.vozpopuli.com 27 Octubre 2012

Rescate virtual, rescate blando, rescate placebo… Artificios y malabares para sortear o diferir algo a la postre inevitable si no se adoptan las medidas necesarias para sortearlo. Con tasas de crecimiento negativas y el elevado volumen actual de endeudamiento exterior (público y privado), la economía española no puede salir del hoyo de la recesión, crear empleo ni financiar indefinidamente -menos aún achicar- su abultado déficit público. No hay solución a corto plazo. El único remedio -cuyos frutos no comenzarían a cosecharse sino, en todo caso, a plazo medio- consiste en intensificar las tan traídas y llevadas reformas estructurales con decisión y rigor. Pero antes, o al tiempo, hay que hacer algo más. Mucho más. Menos gravoso para los ciudadanos, aunque muchísimo más para los políticos, dueños del establecimiento (establishment, dicen los ingleses).

Suele decirse que, por la atonía de la demanda interna, la única solución para nuestra economía pasa por intensificar su externalización (bárbaro término). Ha de ser la demanda externa la que tire del carro, se afirma. Pero se da la circunstancia de que los problemas actuales no nos afectan sólo a nosotros, sino al conjunto de la economía mundial. Cosas de la globalización. Es cuestionable que el estímulo necesario para la recuperación pueda venir sólo de fuera. El pulso de las economías más sólidas y dinámicas de la Unión Europea parece debilitarse (Finlandia, Holanda, Francia, incluso la propia Alemania, dan muestras de ello), y lo mismo se advierte en relación con las economías del Sureste asiático. También en la de China. La economía norteamericana no se encuentra, desde luego, en la mejor forma. De modo que, de momento, sin renunciar al objetivo de mejorar nuestra competitividad exterior, antes bien, acometiendo lo antes posible las reformas precisas para lograrlo, es imprescindible poner la casa en orden, insistir en las reformas estructurales emprendidas, profundizando en ellas y extendiéndolas a otros ámbitos de la actividad económica y del conjunto de la vida nacional. No se oculta el gradualismo con que las mismas han de llevarse a cabo, sobre todo por razones políticas y de orden social. Mas ese tempo lento que impone la prudencia es, precisamente, la principal razón para no demorar su puesta en marcha. La confianza, como la seguridad jurídica, es un condicionante fundamental de la prosperidad económica. Un banco presta porque confía en que el prestatario le devolverá lo prestado y le pagará los intereses convenidos. Una persona física o jurídica solicita un crédito a una entidad financiera para emprender, ampliar o sostener un negocio, porque confía en que lo resultados del mismo le permitirán reintegrar el crédito dispuesto y satisfacer los intereses correspondientes. Una firma extranjera invierte en un determinado país porque confía en que la estabilidad social y política en él, así como la seguridad jurídica, están suficientemente garantizadas. Un banco avala la deuda de un cliente a un tercero porque confía en que aquel cumplirá finalmente con su obligación. No hay economía próspera sin confianza, y la confianza se disipa en la misma medida que aumenta la incertidumbre. Hay que recuperar la confianza, la que debemos merecer puertas afuera y la confianza en nosotros mismos.

Delenda est Estado de las Autonomías
Bien, y esto, ¿Qué tiene que ver con el famoso rescate a España?. Ciertamente, deberíamos preguntarnos, en primer lugar, por qué España necesita ser rescatada. Pues porque, como consecuencia de la crisis internacional, ha salido a la superficie la crisis endógena larvada y generada por los defectos estructurales de nuestra economía y, de una manera especial, por los de nuestro disparatado e ineficiente Sector público. En nuestro país, este sector, por su inadecuada configuración política, orgánica y funcional, y por su sobredimensionado tamaño, se ha convertido más en una rémora para el conjunto de la economía española que en una instancia que la ordene y contribuya a subsanar sus fallos y a suplir sus deficiencias. Enfrentamos una crisis política, económica e institucional. No creo exagerado decir que histórica. Por ello, para remontarla no basta con actuar sobre sus síntomas, sino que es preciso hacerlo sobre sus causas. En definitiva, únicamente mediante una radical reforma política y administrativa que economice medios y permita la instrumentación de políticas eficaces para el conjunto de la nación (es decir, mediante un profundo replanteamiento del disparatado “Estado de las Autonomías”); únicamente a través de una reforma fiscal que, partiendo del principio de equidad en el reparto de las cargas comunes, propicie el ahorro, la inversión y el empleo; únicamente mediante una homogeneización del ordenamiento jurídico que permita la recuperar la unidad de mercado y garantice la más eficiente asignación territorial de los recursos disponibles; únicamente a través de reformas de semejante calado, insisto, podrá ofrecerse la confianza imprescindible en los mercados financieros para superar la presente situación.

Delenda est Cartago,”¡Cartago debe ser destruida!”, clamaba en el Senado romano Catón el Viejo al conocer que, tras la segunda guerra púnica, la mítica ciudad fenicia trataba de reorganizarse. ¿Para cuándo, me pregunto yo, la revocación del Estado autonómico que está ya en la mente y la boca de todos, con rara unanimidad, desde hace tiempo?

Nada de parches Sor Virginia
De menor relevancia es la cuestión de si el rescate a nuestra economía ha de venir del Eurogrupo o de cualquier otra instancia, de si ha de ser virtual o real, total o parcial, directo al Estado o a las entidades financieras averiadas, sin mediación estatal. El llamado rescate virtual –ya denegado por Alemania, por cierto- no constituye sino una forma de aval en relación con nuestro endeudamiento al objeto de lograr que mejore nuestro rating (nuestra capacidad estimada para pagar la deuda o, lo que es lo mismo, del riesgo de invertir en ella), y nuestra prima de riesgo (o interés extra que tienen que ofrecer los bonos españoles a diez años, por encima del que ofrecen los bonos alemanes al mismo plazo). El rescate virtual sería, todo lo más, un aval que trataría de suplir interinamente la desconfianza que inspiramos a nuestros inversores y prestamistas foráneos. Se considera que el mero hecho de contar con una línea de crédito disponible suficientemente amplia, aunque no se disponga de ella efectivamente, ha de redundar en una sustancial mejora de los indicadores anteriores. Pero esto no deja de ser un tente mientras cobro, porque esos indicadores miden los síntomas, no las causas del mal que padecemos. Si nos fijamos en el déficit, más que cómo entretenerlo se trata de cómo reducirlo y de cómo evitar que se reproduzca. Y esto sólo es posible lograrlo mediante las reformas apuntadas, que incluyen un profundo replanteamiento del desgraciado modelo territorial autonómico que padecemos, y porque únicamente por medio de ellas a España le será factible recuperar la confianza perdida para mejorar el coste de su financiación, y, sobre todo, porque sólo a partir de ellas podrá retomar el camino de un crecimiento equilibrado y sostenido, además de sobrevivir como nación.

Unas palabras de San Agustín para reflexión de los señores Mas, Urcullu, …y Rajoy
La unidad de España es un bien moral protegible, en efecto. Porque la unidad propicia la solidaridad, y ésta facilita la supervivencia. Axiológicamente, pues, la unidad es superior a la división. Sí, también en lo económico. Esto lo digo yo, con perdón, y, más o menos, ya lo dijo la Conferencia Episcopal Española, de la que deben formar parte monseñor Sistach y cierto epíscope incontinente, colaborador suyo. Dice así el de Tagaste: “La piedra, para que sea piedra, debe tener sus partes y naturaleza trabadas en sólida unidad. Lo mismo el árbol, para que sea tal, debe ser uno […] La esencia de la amistad consiste también en la tendencia a lo uno. Y cuanto más unidos sean dos seres, tanto más amigos serán. El pueblo es una ciudad a la que no conviene la disensión”. Por algo le llamaban El Águila de Hipona.

La supercrisis
césar alonso de los ríos ABC  27 Octubre 2012

Por fin la ciudadanía ha comenzado a darse cuenta de la mala pasada que nos jugaron los padres constitucionales con las regiones «históricas» y el Estado de nunca acabar. Los informadores que nos tachaban de alarmistas a los que advertíamos sobre la «ruptura» de España ya hablan del desmoronamiento de ésta. Hasta Mas, las declaraciones de los nacionalistas eran puramente retóricas. Urkullu también pide sitio en la UE mientras el chacal Bolinaga atusa cabezas infantiles en los parques públicos. No es raro que, al sumarse el problema de la crisis económica al de los separatismos, el desconcierto de los ciudadanos sea inmenso. Los nacionalistas han planteado su guerra en la general económica y social. Como les habría aconsejado Lenin, la mejor garantía para una guerra es colocarla en el marco de otra.

Sin embargo los análisis políticos siguen usando métodos tradicionales. En las elecciones gallegas se dice que gana Seone pero no que en el País Vasco es España la que pierde. Por lo mismo se atribuye el desastre electoral del PSOE a su incapacidad para generar una alternativa cuando el descrédito del PSOE tiene que ver más con sus escisiones internas respecto a la solución territorial global, esto es, su indefinición sobre el Estado.

Por todo esto, Spain sigue siendo «diferente»: ayer, como una dictadura con sol; hoy, en el proceso de una amable balcanización. Por lo mismo ni los progresistas ni los conservadores han querido «celebrar» el centenario de Menéndez Pelayo. Como hemos escrito Aquilino Duque, Ignacio Gracia Noriega y yo en el libro que le hemos dedicado, Menéndez Pelayo fue el responsable de la definición histórica de España, el creador de la conciencia española. Lo dijo don Juan Valera: «Antes de él nos desconocíamos». Un antiguo para los conservadores de ahora. Lo moderno es decir que la separación puede llevar a Cataluña a la pérdida del Estado de Bienestar.


El derecho es como el aire
Antes de infringir una ley, hay que pensárselo; y el que manda ha de pensárselo dos veces
Juan-José López Burniol La Vanguardia 27 Octubre 2012

El derecho es como el aire: sólo se aprecia su valor y la necesidad que de él tenemos cuando nos falta. Sí, lector, usted que tiene una casa en la Cerdanya o en el Empordà, y la cierra tranquilamente en las pocas ocasiones que la visita, con la certeza de que a su regreso la encontrará tal como la dejó, está disfrutando, sin advertirlo, de un orden jurídico respaldado por una violencia legítima potencial. Lo mismo que, cuando respira, aspira el aire sin darse cuenta. En efecto -volviendo al ejemplo-, hay unas normas de derecho civil que regulan y defienden el derecho de propiedad, hay unas normas de derecho penal que castigan los delitos tipificados contra este derecho, y hay unas fuerzas del orden -del orden jurídico democrático-, depositarias de la violencia legítima, que persiguen a los delincuentes para ponerlos a disposición del juez.

Otros ejemplos pueden ponerse de esta perentoria necesidad del derecho, es decir, de un orden jurídico que resuelva los conflictos de intereses. Desde los cónyuges que deciden divorciarse y no se ponen de acuerdo respecto al cuidado de los hijos o acerca del reparto de los bienes comunes, hasta el acreedor que, al reclamar a su deudor el pago de una deuda vencida, líquida y exigible, se encuentra sólo con esta desvergonzada respuesta, hoy de moda: "Hablemos". Tan imprescindible es el derecho que, para no aburrirles más de lo inevitable, concretaré su necesidad desde la perspectiva económica, a la que hoy somos tan sensibles, en estos términos: Hay progreso económico porque hay mercado; hay mercado porque hay seguridad jurídica; y hay seguridad jurídica porque existe un orden jurídico -un derecho- respaldado por una coacción legítima potencial que actúa, sobre todo, de forma disuasoria.

Llevaba razón Tucídides cuando decía que una ciudad es allí donde se puede arar sin llevar la espada al cinto. En el bien entendido de que lo que para Tucídides era la ciudad es hoy el Estado. De ahí que pueda sostenerse que el Estado no es, pese a su apariencia, la estructura de poder jerárquicamente organizada que va desde el Rey hasta el último funcionario. Todos ellos son instrumentos del Estado. El Estado es, en esencia, un sistema jurídico integrado por leyes, trabadas todas ellas entre sí, de modo que el incumplimiento de una cualquiera repercute en todo el conjunto.

De ello no se desprende que el derecho -las leyes- sean inmutables. En absoluto. Nunca, en ningún lugar ni en ninguna circunstancia, la ley es inmutable. Las leyes evolucionan, en primer lugar, con la interpretación que de ellas hacen los tribunales y los juristas, que han de interpretarlas -según la misma ley- de acuerdo con "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas". Por ello he sostenido siempre que el progreso se manifiesta, en derecho, por la erosión de las normas imperativas. Así nacieron, no hace tanto, dos instituciones hoy tan difundidas como la propiedad horizontal -que surgió de una interpretación "flexibilizadora" de las normas reguladoras de la comunidad de bienes- y la sociedad de responsabilidad limitada -que supuso inicialmente una aplicación "imaginativa" de la regulación de la sociedad anónima-.

En segundo lugar, las leyes -todas las leyes, incluida la Constitución- pueden modificarse por otras leyes posteriores. Y ahí reside la tarea fundamental del político: captar el cambio social que exige una nueva normativa. Por lo que tan nefasto es el dirigente que no capta las exigencias del tiempo nuevo, como el que, pese a captarlas, carece de arrojo para acometer la tarea. Y, por último, las leyes se cambian a resultas de un acto de fuerza o de un proceso revolucionario sobrevenidos, habitualmente, cuando están cegados los otros cauces de adaptación de la norma a la realidad.

Silent leges inter arma, decían los romanos. También en esto llevaban razón. Cuando las leyes -no por ellas mismas, pues sólo son unas herramientas, sino por el mal uso que de ellas hacen los hombres- se muestran incapaces de resolver los conflictos existentes, estos quedan a merced de la confrontación de las fuerzas en presencia. Si las leyes no sirven, sólo queda la fuerza. Una fuerza encarnada de diversos modos, que van más allá de la fuerza física, para revestir diversas modalidades, entre las que hoy destaca la económica.

De ahí que sea una decisión muy grave prescindir de la ley. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la ley -la ley democrática- es un plan vinculante de convivencia en la justicia, que a todos nos hace libres y a todos nos iguala. De modo que, contra lo que pudiera parecer, la ley es la mayor defensa de los débiles frente a los poderosos. Por eso a los poderosos les incomodan las leyes. Además, el incumplimiento de la ley -sobre todo si la incumplen los encargados de velar por su vigencia- acarrea siempre una consecuencia fatal: debilita todo el sistema en que consiste el Estado y merma la seguridad jurídica. Por todo ello, antes de infringir una ley, hay que pensárselo; y el que manda ha de pensárselo dos veces.

Blogomaquia
La caída al vacío del Partido Socialista
Teresa González Cortés www.vozpopuli.com 27 Octubre 2012

El batacazo enorme que sufrió el PSOE tras celebrarse a finales de 2011 las elecciones generales no obedeció tan solo al ascenso imparable de las derechas constitucionalistas y anticonstitucionalistas, igual que la falta de empuje de las izquierdas constitucionalistas y anticonstitucionalistas no explica en todo su espectro la razón de los malos resultados electorales alcanzados por el PSOE en los recientes comicios autonómicos de Galicia y País Vasco.

La situación posee mayor enjundia de lo que en principio parece. Y es que, más allá de cualquier esfuerzo por aminorar el peso de la catástrofe, es un dato incontrovertible que el PSOE está hecho trizas por dentro, sobre todo a partir de la pésima gestión de la crisis económica llevada a cabo por Rodríguez Zapatero, figura causante, además, del tsunami pro nacionalista que ha conducido a día de hoy al PSOE a los extrarradios testimoniales de la política.

El ocaso del socialismo en España
En un momento dado, Jean-François Lyotard manifestó su desencanto personal ante la deriva de las ideologías contemporáneas. La experiencia de crisis le hizo concebir a este filósofo francés la idea de que estábamos ante la caída de los grandes relatos que, como el marxismo, habían servido de faro a decenas de generaciones humanas. De ahí nació La condición posmoderna (1979), libro en donde Lyotard registraba la pérdida de validez del pensamiento intelectual y defendía que la postmodernidad, ese estado en que se encuentra el saber en las sociedades desarrolladas, debe desentenderse de la verdad y de su aspiración a la verdad. La respuesta de este viejo marxista resulta, incluso hoy, tan paradójica como desvergonzada ya que Lyotard aprobó de forma oscura la estrategia del “sálvese quien pueda” y del “todo vale ideológicamente”.

¿Pero en política todo vale? La organización del PSOE, y ya desde tiempos de Felipe González, se caracterizó por apoyar en las cámaras del Congreso y del Senado muchas de las peticiones de los nacionalistas. El objetivo no era otro que neutralizar y arrinconar al CDS, a AP, al PP… y de paso, a través de pactos con coaliciones nacionalistas, lograr cómodos réditos políticos. Directa e indirectamente entonces, y con la ayuda de los gobiernos socialistas –también con los del PP-, los micronacionalismos han logrado en las últimas décadas mayor y mayor visibilidad hasta convertirse de manera exponencial en principio rector de ese gigantesco y complejo poliedro administrativo que son las Autonomías en España.

Ni qué decir tiene que la táctica extremista de gestionar los destinos de lo público gracias a la llamada e intermediación de grupos “anti” (antiEstado, antiNación…) le ha pasado, sin ninguna duda, factura al PSOE. Ahora bien, ¿cómo explicar que esta formación política se haya dejado fragmentar, descomponer, desintegrar… por la geometría excéntrica de los nacionalismos? De nuevo hay que retrotraerse al año 1979. De hecho, fue en el XXVIII Congreso del PSOE donde se dejó implícitamente abierta la puerta al nacionalismo, y al aldeanismo rampante también, después de ser desechada la doctrina “internacionalista” marxista.

¿Qué supuso esto? Favoreció la cohabitación del puño, la rosa y la vuelta nostálgica al nacionalismo. Y al prohibirse a sí mismos la posibilidad de intervenir en proyectos nacionales o transautonómicos, los líderes socialistas se fueron acostumbrando a trabajar en programas “miopes” y “cortoplacistas”, perdiendo sin remisión sus señas de identidad hasta caérsele, cual palos del sombrajo, cada una de las letras de sus siglas.

A esto se añade lo que apunta una antigua integrante del PSOE. En su artículo La Tercera España Rosa Díez describió cómo “el Partido Socialista renunció a ser un partido que vertebrara España, a defender un mismo proyecto para todo el país. Y, […] perdida su condición de partido de Estado, puso en marcha una serie de alianzas con los nacionalistas para garantizarse sus apoyos tanto en el Gobierno de España como en todos los ayuntamientos y/o comunidades autónomas; el espíritu del Pacto del Tinell se extendió a toda España y a todas sus instituciones”.

El futuro del PSOE
La situación es harto difícil y muy complicada para el Sr. Pérez Rubalcaba, quien, por cierto, va camino de asistir a muchas mayorías absolutas en España y en las autonomías, con un PSOE en declive y sin apenas representación política, caso de no remediarlo, porque ¿para qué votar a un grupo político que ha ido aligerando su equipaje de solidaridad y justicia e invalidando, a su vez, los rasgos de su propia idiosincrasia para convertirse en un sosias, en un clon, en una mala imitación de las coaliciones nacionalistas?

En este divorcio o, quizá, en esta traición de los cabecillas del PSOE hacia sus votantes y ex votantes, el alejamiento de la ideología igualitaria que, en teoría, movía y definía al Partido Socialista Obrero Español ha metamorfoseado a sus dirigentes nacionales y regionales que, sin crítica ni autocrítica, han aceptado la entropía, la dispersión y abandono de sus ideales originarios hasta dejar en la cuneta la idea de Bien General y, por mantenerse en el poder, olvidar el carácter universal de la ley.

El futuro del PSOE radica entre otras cosas, pues, en mantener o rechazar esa concepción “asimétrica” de un movimiento socialista que, con aspiraciones muy diferentes, nacía en 1879.

Crónica del 'Bienestar del Estado'
La fragmentación del mercado español cuesta 45.000 millones al año
La crónica semanal del despilfarro es un observatorio semanal enfocado a controlar los presupuestos públicos de forma efectiva y vigilante.
Libre Mercado  27 Octubre 2012

El contribuyente español se enfrenta a una Administración demasiado grande y opaca, por lo que esta colección de noticias e informaciones varias ayuda a que los pagadores de impuestos sigan más de cerca el uso que se hace de sus recursos. En esta enumeración entran datos relativos al gasto público, la burocracia estatal, el endeudamiento soberano y el sistema tributario.

"La fragmentación del mercado en España nos cuesta 45.000 millones al año". Hasta que no se aprueben medidas de simplificación y regulación, las trabas que soportan los empresarios españoles seguirán multiplicadas por 17, con un millonario coste que frena la recuperación y limita el emprendimiento.

"Los funcionarios ingresan un 40% más que el resto de los trabajadores". El salario medio de los funcionarios y empleados de empresas públicas está un 40,4% por encima de la media de los ocupados en el sector público. Así se desprende de los datos de la Encuesta de Estructura Salarial publicada por el INE. El sueldo medio del sector privado es de 21.231 euros, mientras que en el sector público asciende a 29.811 euros.

"Los 'ni-nis' le cuestan a España 16.000 millones al año". El organismo europeo Eurofound ha publicado un estudio en el que ha cifrado en 1.348 euros el desembolso en políticas de empleo enfocadas a este colectivo. A esto se le une una pérdida de producción que supera el 1,5% del PIB, es decir, más de 14.000 millones de euros menos cada año.

"El presidente del Senado destina medio millón de euros a mantener su gabinete de siete personas". El presidente del Senado, Pío García Escudero, mantiene un gabinete de siete empleados públicos que engloba asesores, secretarias y un chófer. Anualmente, el contribuyente tendrá que pagar más de 505.482 euros solamente en 2013, lo que supone un aumento del gasto de 20.484 euros respecto a lo presupuestado para 2012 (crecimiento de un 4%). A lo largo de cuatro años de legislatura, el coste total de mantener esta estructura burocrática rondaría los dos millones de euros.

"Mas dispara los subsidios a la prensa catalana". El pasado 28 de junio, la Generalidad de Cataluña publicó una convocatoria de subvenciones públicas para la prensa impresa de la región. El total previsto para este año se fijó en 1.3 millones de euros. El objetivo, "fomentar y consolidar el espacio catalán de comunicación".

"Montoro se contradice sobre el cumplimiento del déficit en 2012." El Ministro de Hacienda asegura que, tras cerrarse 2011 con un descuadre presupuestario del 9,4%, España será capaz de cumplir el objetivo de déficit del 6,3%. Sin embargo, el gobierno ha comunicado a Bruselas que la cifra final superará el 7,3%.

"El 66% de los españoles cree que paga demasiados impuestos". Así se desprende del último barómetro del CIS, en el que también se explica que cerca del 90% de los encuestados preferiría desplazar esa carga tributaria a los más pudientes y que el 64% cree que los servicios públicos no compensan el pago de impuestos exigido. Otra conclusión del estudio es que casi el 40% opina que los impuestos "son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué". El 60% afirma que "nunca ha pensado en abrir un negocio".

"Cataluña, Andalucía y el País Vasco se niegan a cerrar sus embajadas". Las demás regiones aceptan cerrar sus oficinas en el extranjero y apoyan la ventanilla única que quiere poner en marcha Economía. Ni CiU, ni el PSOE vasco y andaluz están dispuestos a cerrar sus embajadas comerciales en el extranjero, a pesar de que, como señala el Gobierno, esto provocará que cada empresario de estas regiones "tenga que ir a dos sitios diferentes, en vez de sólo a uno".

"El bienestar del cerdo costará más de 600 millones ". La directiva europea de bienestar porcino costará a España de 600 a 800 millones en adaptaciones de más de 50.000 explotaciones e implicará el cierre de unas 7.000 granjas que no podrán reconvertirse. Fuentes del sector anticipan desabastecimiento y mayores precios.

"España, puesto 136 en el ranking de facilidad para abrir un negocio". Se ha presentado una nueva edición del prestigioso Índice Doing Business ("Haciendo negocios") que elabora anualmente el Banco Mundial. En la clasificación general, España ocupa el puesto 44. Como recuerda Domingo Soriano, semejante desempeño confirma que a lo largo de la última década, España ha experimentado gravísimos retrocesos en todos los indicadores de libertad, y competitividad económica.

"España es el país periférico que menos reduce su déficit público". Eurostat ha publicado los datos finales de la ejecución presupuestaria de sus Estados miembros en 2011. España obtuvo el dudoso honor de igualar el déficit público griego con un 9,4%. Cabe señalar que el dato previsto por la Administración Zapatero era del 8,5%. Igualmente, como destaca Manuel Llamas, España apenas recortó un 16% su déficit, cifra que contrasta con el 57% portugués, el 57% irlandés, el 28% italiano o incluso el 40% griego.

"Solamente Aruba y Suecia aplican un IRPF superior al de Cataluña". Una renta alta de 700.000 euros que se mude de Cataluña a Madrid puede ahorrarse hasta 15.000 euros en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Este dudoso honor conseguido por la Administración de Mas con un elevadísimo tipo máximo del 56% solamente se ve superado por el 56,6% de Suecia y el 59% de la Isla de Aruba. Cabe señalar, eso sí, que muchas otras regiones españolas han aplicado importantes subidas de la presión fiscal: en el caso de la subida del IRPF anunciada en 2011, Cataluña estuvo acompañada de Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura. Por cierto: el gobierno de la Comunidad Valenciana ya ha anunciado que prepara un nuevo repunte de la fiscalidad aplicada a las rentas altas.

Eso sí: todo es susceptible de ir a peor cuando se trata de impuestos y de administraciones públicas españolas. Un buen ejemplo lo hemos tenido esta misma semana en Madrid y Cataluña. En la región de la capital de España, PSOE e IU han solicitado a Ignacio González que suba impuestos como el IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones... mientras que en Cataluña, el PSC ha pedido que el IRPF suba más aún y llegue al 60%.

"El despilfarro de dinero público, denunciado en un programa de TVE". El espacio "Comando Actualidad" de la emisora estatal emitió un reportaje dedicado al despilfarro. Entre las quejas:

Apenas 10 de los 47 aeropuertos españoles son rentables (26 están en situación crítica);
Somos el país con más kilómetros de AVE de Europa... pero los trenes tienen seis veces menos pasajeros que nuestro país vecino, Francia;
Hay más de 140 palacios de congresos en nuestro país, además de dos decenas más que se encuentran en construcción. La mayoría registran escasa actividad y cuantiosas pérdidas económicas;
La mitad de las autopistas españolas está al borde de la quiebra por la falta de uso de las mismas por parte de los conductores.

"La Junta de Griñán cobija a 26.000 'enchufados' en empresas públicas". Así lo cuenta El Economista: "Andalucía ha creado una administración paralela y no fiscalizada que alberga consorcios, agencias, empresas, fundaciones o institutos. En ellas trabaja un mínimo de 26.000 personas que los sindicatos de funcionarios denomina enchufados, pues nunca han pasado pruebas de selección para acceder a esos empleos. La gran mayoría de ellos están vinculados a PSOE, UGT y CCOO".

"Concejales de Burgos, acusados de viajar en coche oficial a Madrid para ver el fútbol y de gastar 200.000 euros de móvil". Según lo publicado, uno de los ediles acusados de semejante despilfarro escribió en su cuenta de Twitter que su principal error fue "no ofrecer las explicaciones oportunas según crecía la bola de nieve". La oposición municipal denuncia que el asunto viene coleando desde hace año y medio, y se queja de que el grupo popular haya vetado la petición de abrir una comisión de investigación sobre el asunto. Unos 500 empleados del Ayuntamiento se manifestaron contra el concejal acusado.

"En España hay 2.413 grados universitarios, 2.758 másteres oficiales y 1.680 doctorados". Ya en abril, el Ministro Wert alertó de esta tremenda sobredimensión del sistema universitario español. No obstante, según conocimos esta misma semana en las páginas de El Economista, solamente una universidad de Madrid (la de Alcalá de Henares) ha reducido el número de facultades en funcionamiento. El resto de las universidades públicas parecen hacer caso omiso a las recomendaciones del gobierno.

"El 'banco malo' recibirá 55.000 millones en avales públicos en 2012". El Gobierno cifra en 55.000 millones de euros los avales del Estado que deberán realizarse en lo que queda de año para respaldar las transferencias de activos por parte de las entidades financieras con apoyos públicos al llamado 'banco malo', con lo que, unido a lo presupuestado en primavera, el total de avales para 2012 se eleva finalmente a 313.278,56 millones de euros. El próximo año ya están previstos otros 65.000 millones para este fin.

EN JULIO PARALIZÓ LA ANUNCIADA SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS
El Gobierno se toma otros ocho meses para reducir un Estado “insostenible”
Ángel Collado El Confidencial 27 Octubre 2012

El Gobierno se ha fijado como principal objetivo político para la legislatura la reforma de las Administraciones, pero la tarea parece tan ingente después de 30 años de desordenado e incesante crecimiento de las mismas que para empezar necesita levantar un mapa del entramado de las instituciones y sus competencias. El Ejecutivo tiene claro que “el sistema no es sostenible” y que “la cuestión es hacerlo viable”, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero se mueve en varios frentes. Mantiene paralizado desde hace tres meses el proyecto del Ministerio de Hacienda para que las Diputaciones asuman los servicios de los municipios más pequeños y crea ahora un “grupo de trabajo” para buscar el acuerdo con Autonomías y Ayuntamientos para un nuevo reparto de competencias el próximo verano.

No es una comisión porque la palabra recuerda la frase de Napoleón (“Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”) y ya Mariano Rajoy lo anunció como ‘grupo de trabajo’, pero el Gobierno enmienda el guión para adelgazar el Estado. Primero aprobó la ley de estabilidad presupuestaria para prohibir el déficit en todos los ámbitos de la Administración del Estado y en todos sus niveles: central, autonómico y local. Luego Rajoy buscó el diálogo con Alfredo Pérez Rubalcaba para la reforma general de la Administración, único preacuerdo entre ambos, que fue roto en junio por el PSOE.

Después de que los socialistas cerraran las conversaciones para acabar con las duplicidades en la prestación de servicios y las competencias solapadas entre las tres administraciones, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas preparó un proyecto de ley para acometer los cambios más urgentes con el fin de empezar a ahorrar cuanto antes. Además de reducir a la mitad el número de concejales en toda España, proponía que las Diputaciones se hicieran cargo y agruparan la prestación de los servicios en los Ayuntamientos más pequeños.

Se trataba de ahorrar gasto y personal en los municipios con menos ingresos. Los alcaldes frenaron la iniciativa antes de que llegara al Consejo de Ministros y se abrió una negociación a través de la Federación Española de Municipios, con mayoría del PP, que sigue sin llegar a ningún resultado.

Rajoy retomó el asunto en la reunión con los presidentes de Comunidades autónomas celebrada en el Senado el pasado 2 de octubre, de donde salió el compromiso de abordar una reforma de las Administraciones que todos sus responsables consideran urgente e imprescindible, pero sin que afecte demasiado a sus actuales competencias. Para desarrollar ese acuerdo el Consejo de Ministro acordó ayer crear una comisión específica con representantes de todos los ministerios que ‘audite’ toda la Administración. Queda adscrita al Ministerio de Hacienda (Cristóbal Montoro) a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, pero estará presidida por el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, con lo que también queda tutelada por Soraya Sáenz de Santamaría.

La propia vicepresidenta del Gobierno reconoce que poner de acuerdo a todas las partes implicadas para acometer esa “reforma integral de la Administración” equivale a hacer “encaje de bolillos”. Al mismo tiempo destacó el dato de que el Estado español lleva tres décadas años en permanente crecimiento institucional, que ha sido muy fácil crear empresas públicas, fundaciones o agencias desde las Autonomías o los Ayuntamiento que ahora cuesta mucho cerrar aunque no haya fondos para sostenerlas. De momento, el Gobierno se contenta con hacer un mapa de las instituciones ‘clásicas’ más agencias, entes, fundaciones, agencias, corporaciones, consorcios, mancomunidades, observatorios o empresas públicas que orbitan en torno a gobiernos y ayuntamientos para negociar con ejecutivos regionales y locales un reparto claro de competencias y funciones y “eliminar todo lo superfluo”.

El Gobierno no tiene más posición oficial sobre la reforma que la urgencia en reducir el Estado, porque es económicamente insostenible, para salvar lo imprescindible: la prestación de los servicios básicos al ciudadano. La indefinición de la Constitución en la materia, más las licencias que se han tomado las Autonomías a la hora de dotarse de órganos propios de Estado y el despilfarro generalizado, han contribuido de forma decisiva a llevar al Estado a su actual situación de resultar “inviable”. Pese a ello, el Ejecutivo prefiere acometer cuanto ante la reforma de los efectos más perversos que enfrentarse con un cambio en la Constitución para lo que no tendría ni siquiera posibles aliados dada la actual debilidad del PSOE y la apuesta independentista de los nacionalistas.

Faes, la fundación que preside José María Aznar, tiene varios informes sobre la reforma del Estado de las Autonomías, con ideas de recorte en todos los estamentos, empezando por los municipiosmo, como ya informó El Confidencial. También el Ministerio de Hacienda, cuyo secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, volvió ayer mismo a defender en Barcelona, ante los alcaldes del PP, la conveniencia de reforzar el papel de las Diputaciones, que es en lo que insiste el equipo económico del Gobierno.

“Las Diputaciones deberán asumir su nuevo carácter organizativo, técnico y cultural para desarrollar funciones prestadoras de servicios directos”, dijo Beteta en la Unión Intermunicipal del Partido Popular congregada en la capital catalana y que hoy clausura Mariano Rajoy.

A TRAVÉS DE UNA COMISIÓN DEPENDIENTE DE SÁENZ DE SANTAMARÍA Y MONTORO
El Gobierno pone en marcha una auditoría de todo el Estado para evitar gastos inútiles
A. C. El Confidencial 27 Octubre 2012

El Gobierno ha puesto en marcha una comisión, en la que estarán integrados todos los Ministerios, para auditar todos los niveles de la administración (estatal, autonómica y local) para evitar duplicidades y gastos superflúos. Estará adscrita al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro pero la presidencia efectiva recaerá en un hombre de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha anunciado en la rueda de prensa una gran auditoría “a todos los niveles de las administraciones públicas” cuyo objetivo primordial será “ser más eficientes y no malgastar. Un trabajo de bolillos, de tener un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca, pero que no puede retrasarse más. Tendremos que asumir muchas maneras de gestionar de las empresas privadas para hacer una administración mucho más simple y coordinada”, ha dicho Sáenz de Santamaría.

La fecha para que esté lista esta ingente tarea es la del 30 de junio del año próximo. La comisión, que estará adscrita al Ministerio de Montoro, concretamente a la Secretaría de Estado que encabeza Antonio Beteta, tendrá, sin embargo, una permanente vigilancia de la Vicepresidencia de Sáenz de Santamaría, que ha dejado claro que estará presidida por su subsecretario Jaime Pérez Renovales. Tendrá, ademas de un representante de la Oficina Económica de Moncloa y de la Presidencia, un representante de cada uno de los ministerios con rango mínimo de director general.

Sáenz de Santamaría ha explicado que la labor de inspección y evaluación de todos los gastos supérfluos se hará en cuatro subcomisiones con un plan de trabajo para cada una de ellas. La primera se ocupará de evitar duplicidades y solapamientos en una misma competencia.

La segunda tendrá como competencia la simplificación administrativa en los tres niveles, estatal, autonómico y local, para que los trámites que debe llevar a cabo un ciudadano sean lo más sencillos posibles.

La tercera se ocupará de la gestión de servicios y medios comunes. Este punto es el más peliagudo puesto que supondrá la eiminación de puestos públicos que están solapados en las distintas administraciones.

Por último, la cuarta subcomisión se encargará de repasar toda la estructura institucional y determinar los organismos, fundaciones, institutos, entes, etc que cumplen la misma función en los distintos niveles. Se evaluará cuál es el que mejor cumple la labor que tiene encomendada y se recomendará la eliminación de los que estén duplicados o triplicados.

Jornadas de Patología Dual
Federico: "Un país que ha enloquecido por completo no va al psiquiatra, lo quema"
El presidente de Libertad Digital y Raúl del Pozo han analizado como periodistas el componente adictivo de las ideologías.
J. F. Úbeda Seguir a @jfubeda89 Libertad Digital 27 Octubre 2012

Los periodistas Federico Jiménez Losantos y Raúl del Pozo han protagonizado este viernes la "digresión" de las XIV Jornadas Nacionales de Patología Dual, que se celebran los días 25, 26 y 27 de octubre en el Palacio de Congresos de Madrid.

Presentados por el doctor Nestor Szerman, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y Presidente de las Jornadas, el director de Es la mañana de Federico y el articulista de El Mundo han analizado, desde el punto de vista periodístico –y en el caso de Jiménez Losantos, también desde la Psicología- el componente adictivo de las ideologías.
"Gallardón es el principio del placer hecho ministro"

Federico Jiménez Losantos ha arrancado su intervención bromeando, señalando que es "la primera vez que voy a estar con doscientos psiquiatras sin pagar". El presidente de LD ha dicho que en la izquierda hay gente que se rige por el principio de la realidad y en la derecha por el del placer, y lo ha ejemplificado con Múgica, "el mejor ministro de Justicia de la democracia, que era socialista" y con Gallardón, "el principio del placer hecho ministro".

El director de Es la mañana de Federico ha resaltado el "valor" que otorga la derecha a lo privado, empezando por "la familia", concepto que "se expande a la nación", y siguiendo por la religión y por la libertad. Jiménez Losantos ha dicho que "no está nada claro el mecanismo que lleva a una persona a convertirse en adicto a una ideología", y que el adicto "lo tiene fácil", pudiendo acudir a "chistes", a la "tele" o incluso al fútbol, siendo el ejemplo más claro en este sentido el Barcelona, donde existe "la idea de que un club de fútbol equivale a una nación". "Un país que ha enloquecido por completo no va al psiquiatra, sino que lo quema", ha añadido.

Concluyendo, Federico ha dicho que a la derecha la definen tres parámetros: la libertad –"yo hago lo que yo quiero", equivalente al "yo ideal"-, la tradición –"yo"- y el culto a la autoridad –"super-yo", necesario para hacer cosas y representado en la Policía o en el Estado-.
"Zapatero oía ruidos extraños en la Moncloa"

Raúl del Pozo, por su parte, ha expuesto que la izquierda presenta una "enfermedad maniaco-depresiva", aunque existe una "enfermedad en el poder" que abarca a "todas las ideologías". El veterano periodista se ha referido a la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por "verdaderos zumbados" como Hitler, "histérico" y "chapero".

El articulista de El Mundo ha expuesto que todos los presidentes de España "han salido mal de la Moncloa", desde Adolfo Suárez, cuya estancia fue "catártica" pasando por Calvo Sotelo, que tocaba el piano "para espantar a los espectros", por Felipe González, que "empequeñecía árboles", por Aznar –un "chulito de la zona nacional" que "entró como Don Nadie pero que salió como Napoleón- y por Zapatero, que "oía ruidos extraños y le olía el palacio como el de Versalles: mal".
"Preguerra civil virtual"

Ya en turno de preguntas, el presidente de LD se ha referido al pacto que PP e IU mantienen en Extremadura para gobernar. En este sentido, Federico ha dicho que "la ideología define al enemigo", y que el enemigo de la derecha y de los comunistas en España es el socialismo, "partido que no es un espejo de costumbres".

También, tanto Jiménez Losantos como Raúl del Pozo se han referido a la independencia de Cataluña. El segundo ha dicho que "jamás se ha hecho una independencia con la ley, sino rompiéndola", mientras que el primero ha afirmado que, en este sentido, "la Constitución no te garantiza nada", y menos cuando se utiliza con cuentagotas.

Finalizando el acto, Raúl del Pozo ha señalado la "situación de preguerra civil virtual" existente en España, "al menos, en las redes sociales". Jiménez Losantos, por su parte, ha dicho que "las redes sociales están sobrevaloradas" y que es "cosa de niñatos" presumir de guerra civil en internet. "Espero que esa cosa criminal que se ve en las redes sociales no se vea en las masas", ha finalizado.

¿el principio del fin de las autonomías?
El sector mas duro del PP plantea “recentralizar” el estado y que las Comunidades Autónomas Vayan desapareciendo
JAVIER MUÑOZ Minuto Digital 27 Octubre 2012

Sáenz de Santamaría evitó así la polémica con Aznar y otros pero sí dijo una frase que anima a ese ala del PP más crítica con el Estado autonómico. “El sistema, tal y como lo tenemos, no es sostenible. Cuando los ingresos van bien, cuando hay bonanza, el modelo administrativo lo aguanta todo. Pero el modelo tiene que servir también para tiempos de crisis. Por eso proponemos saber primero todo lo que hay, qué tienen las Administraciones y cómo hacen las cosas. A veces las crisis son una oportunidad. Esta puede serlo para hacer una gran reforma”, remató.

El programa electoral del PP era ambiguo sobre casi todo. Mariano Rajoy nunca quiso mojarse en la oposición sobre sus planes para cuando llegara al Gobierno. Sin embargo, sí había una idea muy clara: el PP reformaría en profundidad la Administración. Cambiaremos para evitar duplicidades, era el lema para huir de la concreción y sobre todo de lo que todos sabían: que habría destrucción masiva de empleo público.

El PP organizó conferencias específicas, Rajoy presentó planes, lo incluyeron en el programa electoral. La fundación FAES hizo, por encargo del líder del PP, un voluminoso informe sobre esta reforma. Casi 200 páginas que coordinó Gabriel Elorriaga y que se presentaron en enero de 2011. Parecía que el PP tenía muy claro qué hacer cuando llegara a La Moncloa.

Desde el discurso de investidura de Rajoy, en el que insistió en la idea, casi en cada Consejo de Ministros Soraya Sáenz de Santamaría ha prometido reformas para evitar esas duplicidades. Sin embargo nunca se acaban de concretar. Y este viernes, 10 meses después de llegar al Ejecutivo, la vicepresidenta anunció que va a crear una comisión y cuatro subcomisiones para “evaluar” cómo están las cosas. “Una gran auditoría de la Administración”, lo llamó. Un trabajo que tiene una fecha de conclusión: junio de 2013. Esto es, un año y medio después de llegar al Gobierno el PP tendrá el diagnóstico. Luego vendrán las soluciones, aunque Sáenz de Santamaría insistió en que ya están haciendo muchas cosas y seguirán con otras.

Cuando se le preguntó si acaso no tenían planes sobre este asunto cuando llegaron al Gobierno ya que 10 meses después aún están en la fase de crear una comisión, la vicepresidenta insistió en que ya se han ido haciendo muchas reformas, en especial la Ley de Estabilidad, que obliga a las comunidades a cumplir el déficit y les está forzando a unos grandes recortes y una fuerte destrucción de empleo público, como prueba la Encuesta de Población Activa de este mismo viernes. Para el Gobierno, la tarea es “ingente” y por eso requiere una gran comisión y subcomisiones que trabajarán con las comunidades autónomas, como se pactó en la última Conferencia de Presidentes.

Pero además de una prolija explicación técnica —más de 10 minutos— de cómo funcionará esta comisión, la vicepresidenta lanzó un mensaje político. En el seno del PP se vive un debate interno sobre el modelo de las autonomías. Algunos como José María Aznar y Esperanza Aguirre plantean una reforma total, una especie de recentralización para desde ahí construir “un proyecto nacional”, en palabras de Aznar. Otros, como Alicia Sánchez-Camacho, la candidata del PP catalán, Cristóbal Montoro o el propio Mariano Rajoy quieren ir más suave: no tocar la base del Estado autonómico, ir poco a poco recortando sin buscar el choque de modelos.

Sáez de Santamaría dio la posición oficial del Gobierno en este debate: la reforma a través de esta comisión que dirigirá Jaime Pérez Renovales, una persona de su absoluta confianza, y que se hará de forma pactada con todas las autonomías. Esto es, Rajoy una vez más, ante un asunto que podía generar polémica y problemas internos, ha decidido ganar tiempo con una comisión que le da otros siete meses para no hablar con claridad del asunto. Algunos dirigentes interpretaban que el Ejecutivo esquiva el problema ante las complicaciones técnicas pero sobre todo políticas que presenta. De hecho, ya existe un informe elaborado por el anterior Gobierno que encargó el entonces vicepresidente Manuel Chaves sobre las duplicidades en la Administración, y Sáenz de Santamaría planteó en el Consejo de Ministros la comisión, que es solo de la Administración central, como si empezara de cero.

Sáenz de Santamaría evitó así la polémica con Aznar y otros pero sí dijo una frase que anima a ese ala del PP más crítica con el Estado autonómico. “El sistema, tal y como lo tenemos, no es sostenible. Cuando los ingresos van bien, cuando hay bonanza, el modelo administrativo lo aguanta todo. Pero el modelo tiene que servir también para tiempos de crisis. Por eso proponemos saber primero todo lo que hay, qué tienen las Administraciones y cómo hacen las cosas. A veces las crisis son una oportunidad. Esta puede serlo para hacer una gran reforma”, remató.

Cuando se le preguntó si podría haber resistencias en las autonomías, Sáenz de Santamaría recordó que este asunto se pactó en la Conferencia de Presidentes y sobre todo recordó que las autonomías ya están prácticamente intervenidas, sobre todo las que han recurrido al fondo de rescate. “No es que vayamos a ir por las consejerías para saber qué tiene cada uno, es que las consejerías ya están todos los días en el Ministerio de Hacienda evaluando sus planes de ajuste”, contestó.

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El tongo ideológico del PSOE (ante el 25-N catalán)
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 27 Octubre 2012

“Voy a irme con Pablo Iglesias. Él y su partido son lo único serio, disciplinado y admirable de la España política” (Benito Pérez Galdós. 1919)

El desplome del PSOE en Galicia y en el País Vasco ha desatado la angustia socialista por la percepción de hundimiento electoral de la organización a la que me referí aquí el pasado sábado, agudizada por la seguridad de que el federalismo del PSC es un limbo político que el electorado catalán no va a tener en cuenta el 25-N. Llama la atención la impasibilidad del partido y su dirección ante la crónica de un desastre anunciado y causa extrañeza que por toda reacción su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca –tres días después del 21-O- para reafirmar su liderazgo, sostener que, efectivamente, es necesario elaborar una alternativa al PP, rescatar a López de su fracaso en Euskadi y condenar a Vázquez por el suyo en Galicia. Aunque el veterano socialista demostró tener redaños: una mayoría le puso y sólo otra mayoría le echará, dijo. Al menos, una cierta musculatura política, una cierta resolución. Porque el problema no es sólo Rubalcaba, sino también los barones y demás dirigentes que forman un nutrido grupo de perdedores, incluidos aquellos que pasan por no serlo como el inefable José Antonio Griñán en Andalucía, o Carmen Chacón en Cataluña, o el mismo Tomás Gómez en Madrid. Ninguno de ellos puede prescribir la cirugía que el PSOE necesita y que consiste en extirpar de la entraña de la organización un tongo ideológico que, con infiltración general, se ha convertido en una especie de dogma del socialismo español.

Consiste el tongo –en realidad son varios- en el desistimiento del PSOE a intentar ser alternativa a los nacionalistas –sean vascos, catalanes o gallegos- para mejor aliarse con ellos y doblar con ellos el pulso a la derecha democrática española. El socialismo español –organizado de manera artificial al modo federal- ni ha querido, ni luego ha podido, constituirse en una izquierda nacional (no nacionalista), al estilo alemán o francés, porque la evocación de esa naturaleza le acomplejaba y le sigue acomplejando. De tal forma que el voto de los socialistas en los últimos años acababa retribuyendo a las formaciones nacionalistas o a los partidos a su izquierda, renunciando en todo caso a pactar con la derecha. Y cuando lo ha hecho –es el caso de López y el PSE en el País Vasco- su afán ha sido suplantador: ha querido comportarse como lo harían los nacionalistas, ninguneando a sus socios parlamentarios. Antes, la colaboración entre los nacionalistas y el PSE tuvo un largo recorrido desde mediados de los ochenta hasta las postrimerías de los noventa.

López hizo exactamente lo que hubiera hecho un lendakari del PNV: apoyar la legalización de la izquierda radical abertzale, asistir a la denominada conferencia de paz de San Sebastián y reclamar la libertad de Arnaldo Otegui.Quedó claro cuando los dos tripartitos catalanes –que incorporaron a ERC, el republicanismo independentista- pretendieron arrinconar al PP (el pacto del Tinell de 2003) y, en una segunda fase, desplazar a CiU. Y lo intentaron impulsando un Estatuto en el que se localizan algunas de las causas del proceso secesionista que quiere abrirse en Cataluña. Igual ha ocurrido en el País Vasco. donde en vez de avanzar en reformas profundas, López hizo exactamente lo que hubiera hecho un lendakari del PNV: apoyar la legalización de la izquierda radical abertzale, asistir a la denominada conferencia de paz de San Sebastián y reclamar la libertad de Arnaldo Otegui. Y algo peor en un socialista: esgrimir las competencias propias para liberar a la ciudadanía en el País Vasco de los sacrificios que soportaba el resto. En estas condiciones ¿qué sentido tiene votar a los socialistas en Euskadi, Galicia o Cataluña? Y ¿qué esperan?, ¿que con esos comportamientos sus listas reciban entusiastas respaldos en Andalucía, Extremadura, Madrid, Valencia o Castilla y León? Deje el PSOE su obsesión de cordial vecindad con los nacionalismos, especialmente de izquierda, que le depredan (se bastan y se sobran como se ve en Cataluña y en el País Vasco) y reconstruya su identidad sobre sus propios valores no relativizándolos en función de cuotas de poder que se han transformado en una pléyade de cargos; en esas elites extractivas de rentas ya denunciadas y detestadas.

Este freudiano comportamiento –en tanto que nacido del traumatismo que causó el franquismo en la percepción de todo lo español- no sólo implica una rigurosa amnesia de las esencias fundacionales que alentó Pablo Iglesias y cultivaron luego notorios socialistas del primer tercio del siglo pasado (alguno de ellos en la Segunda República) sino también la interiorización en el seno del partido, y la reproducción en él, de las taifas, de los compartimentos estancos, de la lejanía sentimental, táctica y estratégica entre los socialistas de las diversas comunidades autónomas hasta conformar un puzle.

El escritor catalán Félix de Azúa (El País del pasado día 24) lo ha calificado todo esto de “deriva nacionalista” en el PSOE. Y no le falta razón, como también le asiste cuando sostiene, que “una gran mayoría de la población cree que son los partidos socialistas los que arruinan las cuentas del Estado por su desaforado clientelismo”, citando a Andalucía como ejemplo de esa persistente práctica. Azúa advierte que quien “arguya que eso también lo practica el PP está hundiendo la dignidad de la izquierda”. Bien dicho. Vuelve a tener razón Félix de Azúa cuando apunta a que los socialistas azuzan, retranqueados, a los sindicatos y a los movimientos sociales antisistema, sin absorber esa energía que se descontrola, insolidaria e impermeable, ante los males que afectan al país. Y finalmente, se cubre con toda la razón al sostener que la acefalia del PSOE es absoluta y total, y citando a un confidente del partido reconoce que el candidato del PSC en Cataluña, Pere Navarro, “ha logrado convertir a Montilla en un Churchill” (vaya panorama para el 25-N) Y, por fin, hay que convenir con nuestro autor que la etapa de Rodríguez Zapatero fue letal para el partido y persisten sus secuelas.

La superación de la crisis del PSOE, además de una dirigencia renovada, requiere, justamente, dejar de convertir a determinados personajes en un remedo de Churchill y, en una introspección que abandone los tópicos, reconocer que el socialismo español es tramposo con su electorado, hace tongo ideológico porque no lucha allí donde han de primar los principios que le definen relativizándolos para situarse en el terreno de nadie que es el terreno de lo intermedio, confundiendo moderación con inanición. En el que ahora están y del que salen ellos por sus propias fuerzas o ahí se quedan. La referencia, indómita, de su fundador, Pablo Iglesias –un hombre que hay que entender en su contexto histórico-, o de Indalecio Prieto, de particular actualidad en la España de hoy por lo que significó ante la fuerza centrífuga de los nacionalismos, podrían arrojar alguna luz sobre los verdaderos compromisos españoles del PSOE. El esencial, consiste en creerse que es un gran partido nacional –no nacionalista-, alternativa a la derecha política y no muleta de los nacionalismos periféricos y defensor de valores positivos y no, como ahora, de contravalores propios del populismo y la inanidad ideológica. Decía Gabriel Marcel que “cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive”. Eso es lo que les ocurre a nuestros socialistas. Piensan lo que viven y lo que viven se parece al socialismo como un huevo a una castaña. Y eso pesará en Cataluña, la estación de fin de trayecto de una crisis de identidad de enorme envergadura.

Euskadi: la democracia no es nunca una mala noticia
Carlos Fonseca El Confidencial 27 Octubre 2012

Una mala noticia para el País Vasco y para España. La frase no es mía, sino de la cohorte de políticos y analistas con pedigrí que esta semana han explicado con tal simpleza la apabullante victoria nacionalista en las elecciones autonómicas del pasado fin se semana. El PNV obtuvo 27 escaños y EH-Bildu 21, que sumados suponen el 64% de los escaños de la cámara. Y si es así es porque así lo han querido los vascos, por más que algunos se rasguen las vestiduras.

Los demócratas de toda la vida, los defensores de la esencia nacional, llevan años rebatiendo la reivindicación del derecho de autodeterminación que reclama la izquierda abertzale y el PNV con el argumento de que los ciudadanos vascos se autodeterminan cada cuatro años en las urnas. Es lo que han hecho ahora.

Cuando los resultados han sido favorables a las posiciones de los partidos de ámbito nacional, quienes ahora consideran una mala noticia los del pasado domingo se felicitaban de la responsabilidad que había demostrado del pueblo vasco ¿Por qué entonces cuando ganan los independentistas los resultados son un desastre, el anticipo de todo tipo de males, un aquelarre nacionalista de consecuencias impredecibles?

Los datos son incuestionables, y recurrir al manoseado “en el País Vasco no se puede votar en libertad” es mentir. Quienes eso arguyen ignoran interesadamente que han sido las primeras elecciones sin la amenaza terrorista y que la sociedad vasca ha interiorizado que la paz no tiene vuelta atrás. Si no basta, se descalifica al contrincante, en este caso EH-Bildu, acusándole de ser los amigos de ETA y de no haber condenado sus asesinatos. Conviene matizar.

Herri Batasuna y Batasuna, las dos marcas clásicas de la izquierda abertzale, justificaron durante muchos años los crímenes de la banda con la cínica y perversa afirmación de que eran las “consecuencias del conflicto político”, y por eso fueron ilegalizados y sus dirigentes encarcelados acusados de connivencia con el terrorismo. Ya he escrito en otras ocasiones que no condenar un asesinato es una actitud moralmente deplorable, pero el silencio no es delito.

EH-Bildu se ha presentado a los comicios porque el Tribunal Constitucional (TC) ha dicho que es partido legal, y el Gobierno del PP no ha encontrado pruebas para promover en los tribunales un procedimiento que sitúe a la coalición fuera de la ley. ¿Quiénes antes aplaudían al PP creen ahora que el Gobierno es connivente con el terrorismo?

Los hechos son tozudos, y cuando la razón no alcanza los falsos demócratas recurren al torticero y simplista argumento de que la culpa de todo la tiene el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que claudicó, se arrodilló ante los terroristas y traicionó a las víctimas. De aquellos barros vienen estos lodos, vienen a decir.

El País Vasco es un ejemplo de pluralidad. A diferencia de cualquier otra comunidad, ningún partido ha conseguido la mayoría absoluta desde el advenimiento de la democracia y ha estado obligado a pactar, a acordar con el diferente, o a gobernar en solitario y asumir la derrota en aquellas cuestiones en las que la oposición ha sumado sus fuerzas para impedir la aprobación de una ley o sacar adelante sus iniciativas.

El PNV ha sido siempre la formación más votada, aunque en los comicios de 1986 el PSE de Txiki Benegas consiguió más escaños, coincidiendo con la ruptura del PNV y el nacimiento Eusko Alkartasuna (EA). Entre 1987 y 1995 PNV y PSE compartieron gobiernos de coalición, y desde entonces los peneuvistas han gobernado en solitario hasta que en 2009 el acuerdo PSE-PP convirtió a Patxi López en el primer lehendakari no nacionalista. ¿Cabe más pluralidad frente al bipartidismo de la política nacional?

Las elecciones han deparado un resultado inédito, con una amplia mayoría nacionalista que hay que respetar, se comparta o no. Una mala noticia para quienes hubiesen deseado la victoria de los que han perdido, y excelente para quienes han votado a los ganadores.

Creo que EH-Bildu ha tocado techo. El fin de ETA ha sido el trampolín que convirtió a la izquierda abertzale en la segunda fuerza política en las elecciones municipales y forales de 2011, y el efecto dominó ha funcionado en las autonómicas, pero con matices: no ha subido en número de votos y ha perdido la hegemonía en ayuntamientos en los que gobernaba, entre ellos el de San Sebastián, donde ha pasado de ser la fuerza más votada a la tercera tras PNV y PSE.

A los vascos ya no les bastan las soflamas independentistas. EH-Bildu tendrá que demostrar a quienes le han dado su confianza que además de reclamar la soberanía tienen alternativas para combatir la crisis económica y su consecuencia más dramática, el paro; que es capaz de llegar acuerdos con diferentes, lo que exige estar dispuesto a ceder en beneficio del pacto; que acepta que no son los depositarios de la verdad, y que quienes no comparten sus ideas no son enemigos, sino contrincantes. Ni más ni menos que lo que los vascos van a exigir al Gobierno del PNV, y al PSE y PP desde la oposición.

Desde el pasado domingo la izquierda abertzale es la segunda fuerza política del País Vasco con la legitimidad que le han dado los votos. Solo los vascos se la pueden arrebatar en las urnas. Eso es la democracia.

Democracia o demos gracias
Nota del Editor 27 Octubre 2012

Hablar de democracia es las vascongadas es un insulto. Allí hay una guerra donde unos tienen y utilizan armas y otros son las dianas y han sido asesinados. Los profesionales de la política han rendido el estado ante los terroristas, que siguen con las armas y ahora con el poder. ETA ha cambiado de nombre pero siguen siendo los mismos, y ahora hay mas recogiendo las nueces.

Demos gracias porque últimamente no ha habido asesinatos, pero no gracias a quienes asesinaron o pueden repetirlo, gracias por no tener que ir a acompañar a familias destrozadas por el terrorismo, pero no podemos rendirnos, no somos profesionales de la política, y si quieren hablar de democracia, primero tendrán que entregar las armas, confesar sus crímenes, pagar los daños causados, dejar de aterrorizar a la ciudadanía, dejar de inocular el odio a España, dejar de inocular la lengua regional, y luego ya veremos.

El silencio de los intelectuales
Xavier Pericay ABC  27 Octubre 2012

El pasado verano fue un verano raro en Cataluña. Culturalmente hablando, cuando menos. Pese al calentamiento global a que el presidente Artur Mas y su consejero de Cultura Ferran Mascarell estaban sometiendo a la región con sus actos y declaraciones —el primero, convocando en Palacio a 300 altos cargos para decirles que son «los generales de un ejército que es la Generalitat y que tiene una gran misión»; el segundo, escribiendo en el diario más subvencionado de cuantos se subvencionan en la Comunidad, y son todos, que «los que luchan contra el catalán [entiéndase «el Estado español a través de sus aparatos políticos y judiciales»] (…) desean una sociedad catalana fragmentada en dos comunidades lingüísticas, anhelan una Cataluña socialmente dividida, suspiran por una Cataluña políticamente subordinada»—; pese al bochorno ambiental causado por esas y otras manifestaciones de la clase política autóctona, dos noticias vinieron a refrescar hasta cierto punto las mentes de los ciudadanos que todavía se precian de serlo.

Una la protagonizó el director del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Josep Serra, al sugerir la conveniencia de que la institución incorporara a su denominación la palabra «Barcelona» en vez de «Catalunya», con el argumento de que el sentido de esta última se hallaba ya recogido en el adjetivo «nacional» y de que, por otra parte, no se puede ir por el mundo con el nombre de un territorio que nadie conoce. Eso sí, la ilusión al director le duró poco. A los dos días el consejero Mascarell le enmendaba la plana afirmando que la denominación no se tocaba y, ante esa defensa acérrima del pleonasmo —al fin y al cabo, ¿qué es el nacionalismo sino un descomunal y enfermizo pleonasmo?—, al director del museo no le quedó más remedio que resignarse.

Pero fue la segunda de las noticias la que más novedad aportó, aun cuando tuviera algún que otro lejano precedente. Carles Duarte, recién nombrado presidente del Plenario del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts —para entendernos: una suerte de remedo del Arts Council británico cuyo principal cometido es promover la cultura autonómica y entre cuyas funciones está la de conceder los llamados Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat—, declaró que «debería ser posible» que un escritor catalán en lengua castellana pudiera obtener el premio en su modalidad de literatura. Y tanto más cuanto que el premio, añadía Duarte, no era de literatura catalana, por más que siempre se hubiera concedido a una obra escrita en catalán, sino de literatura a secas, lo que permitía concederlo a escritores como Juan Marsé, Eduardo Mendoza o Juan Goytisolo, por citar los casos más notorios. Al día siguiente el consejero Mascarell, a requerimiento de los periodistas, terciaba en el asunto y, lejos de reconvenir al presidente del Plenario por atreverse a sugerir semejante modificación en un área tan sensible para el nacionalismo gobernante, se mostraba de acuerdo con su propuesta y animaba al propio Duarte a impulsarla desde el Consell.

Ignoro qué ocurrirá con la edición del próximo año, aunque no veo por qué habría que dudar del propósito de ambos altos cargos. Es verdad que la tradición pesa lo suyo. Y no me refiero ahora a aquel «fenómeno coyuntural a liquidar» con que hace 35 años la revista filocomunista «Taula de canvi» calificaba al colectivo de escritores catalanes en lengua castellana. No, esa clase de liquidaciones hace tiempo que parecen descartadas, entre otras razones porque la realidad se ha encargado de demostrar que el fenómeno en cuestión ni es coyuntural ni es liquidable. Sí me refiero, en cambio, a las tres décadas que lleva el Premi Nacional concediéndose fiel a la premisa de que no existe en la Cataluña oficial otra literatura digna de ser premiada que la que se expresa en catalán —algo, por cierto, que la participación en la Feria del Libro de Frankfurt de 2007, donde la literatura catalana era la invitada, no hizo más que confirmar—. Pero, en fin, si hasta la Constitución es revisable, ¿por qué no va a serlo el criterio con que se otorga una modalidad de unos premios culturales?

Aun así, no deja de resultar sorprendente que esa apertura de miras, ese reconocimiento del hecho diferencial del bilingüismo literario —por decirlo a la manera del propio nacionalismo—, se haya producido precisamente ahora, cuando mayor es la presión identitaria en todas las esferas públicas, incluidas, claro está, las institucionales. Es como si ya no diera miedo admitir que esos escritores también existen, por lo que tienen el mismo derecho que los demás a los laureles patrióticos. Aunque también podría ser otra la razón; a saber, que con el cambio de criterio se les estuviera agradeciendo de algún modo los servicios prestados. Y es que, en la última década y, en concreto, desde la llegada al poder de la izquierda nacionalista, si no todos, sí una gran parte de ellos convinieron en que lo mejor era callar ante los desmanes que los distintos gobiernos autonómicos iban cometiendo en lo tocante al ejercicio de las libertades ciudadanas. Nada dijeron del nuevo Estatuto mientras se estaba cocinando. Nada dijeron cuando estuvo listo. Nada dijeron de las tropelías relacionadas con la normalización lingüística perpetradas en la enseñanza, en los medios de comunicación públicos y privados y en el campo socioeconómico. Su silencio fue tan clamoroso como sorprendente. Porque en los años anteriores sí habían hablado. Y, con ellos, otros muchos representantes del mundo cultural y artístico que consideraban incomprensible que a una sociedad bilingüe no le correspondiera una administración y unas instituciones públicas bilingües. Hasta firmaron manifiestos en este sentido, como los dos del Foro Babel. Pero, claro, en aquel momento quien gobernaba era Jordi Pujol.

Más allá del parámetro ideológico, resulta difícil entender el porqué de tanto silencio. Incluso esa posible explicación —que no justificación, por supuesto—, dadas las afinidades políticas de la mayoría de esos intelectuales, desapareció hace cerca de un par de años con la vuelta de Convergència i Unió al Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y ellos, en cambio, han seguido igual de callados. Que Pasqual Maragall dijera en su momento que la lengua catalana es el ADN de Cataluña o que Artur Mas hablara hace poco de la genética de los catalanes les deja igual de indiferentes. No sienten, como cabría esperar de todo intelectual que se precie, la necesidad de intervenir en el debate público, gobierne quien gobierne, para dejar testimonio de su pensamiento. No sienten, ante la que está cayendo en Cataluña y en el conjunto de España, que deban tomar la palabra. No sienten, en definitiva, el hecho de pronunciarse como un imperativo moral. (El que en los últimos días algunos hayan puesto su firma al pie de un manifiesto que llama a los catalanes de izquierda a movilizarse a favor de «una renovada y potente opción federal» sin cerrar por ello la puerta a una posible independencia no constituye, por descontado, noticia ninguna; a lo más, un inofensivo berrinche del socialcomunismo del lugar.)

Aunque sea triste reconocerlo, ninguno de esos intelectuales demuestra poseer las tres virtudes requeridas, según Jean-François Revel, para hacer frente a las presiones, los intereses, las pasiones, los arribismos, los prejuicios, las hipocresías que influyen en los asuntos públicos; esto es, la clarividencia, la valentía y la honradez. E insisto: es triste, muy triste, tener que reconocerlo.

Elecciones 25-N
Rivera: 'PP y PSOE son los máximos responsables del independentismo'
Á. J. M. Barcelona www.gaceta.es 27 Octubre 2012

El presidente de Ciudadanos no huye del debate independentista y afirma que el viaje a Ítaca que se han propuesto hacer los nacionalistas catalanes no tiene un barco fiable.

El presidente de Ciudadanos y candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Albert Rivera, ha señalado que la bandera independista en la que se ha enfundado el Ejecutivo catalán de Artur Mas tapa los peores datos de la historia de la CC AA. El paro no ha hecho más que subir, con 840.400 parados, es decir, un 22,5%, una deuda que no ha dejado de aumentar, 48.000 millones a los que hay que sumar otros 5.423 millones por el Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, un 42% más en las listas de espera, aumento del fracaso escolar, compartiendo el liderazgo por la cola y más de 15.000 empresas cerradas desde que Mas fue proclamado presidente del Gobierno catalán.

Asimismo, el líder de C's, al que las encuestas dan entre 5-6 escaños, es decir, grupo parlamentario, ha asegurado que ahora en Cataluña hay más casos de corrupción, como el caso Palau, la trama de las ITV y de la Sanidad pública en algunos hospitales, como el Maresme y Sant Pau. Recuerda, además, que los empresarios deben pagar para obtener concesiones administrativas, un dinero que va a parar al bolsillo de alguno o se lo queda un comisionista o bien van a parar directamente a las arcas de algún partido. "Esta es la mordida", afirma Rivera en el Fórum Europa celebrado este viernes en Barcelona.

Son los datos que el nacionalismo no quiere que se airen en estos últimos 21 meses y es el motivo principal por el que Mas ha convocado las elecciones para el próximo 25 de noviembre.

El presidente de C's ha terminado su intervención con una reflexión personal: "Para mí Cataluña es mi tierra, España es mí país y la UE nuestro futuro. Mi patria es mi familia. Lo que me duele es que me quieran hacer escoger entre nuestro padre y nuestra madre. No quiero que decidan por mi hija, para que ella pueda elegir su futuro".

En cuanto a la independencia y haciendo referencia al viaje de Ítaca del que habla Mas, afirma que "es un viaje a ninguna parte, sin un barco fiable y quienes reman son los ciudadanos". En este sentido, ha asegurado que si Mas no obtiene la mayoría absoluta lo primero que hará C's será un moción de censura. "No se puede quedar con los mismos resultados tras poner todo patas arriba", ha aseverado Rivera, quien pedirá responsabilidades.

En cuanto a los datos de paro conocidos este viernes, Rivera considera que los 5,77 millones de desempleados en España y los 840.400 en Cataluña muestran la irresponsabilidad política. "Los partidos no generan trabajo, eso lo hacen los empresarios", lamenta tras exigir que hay que fomentar la contratación y anular las cotizaciones sociales a aquellas empresas que incorporen personal en tiempos de crisis. "Los ingresos no mermarían, sino que aumentarían" por el IRPF del trabajador y el propio consumo que realice.

Pide una reforma de los Servicios de Ocupación, que ni dan ni ofertan puestos de trabajo de forma eficiente. El antiguo INEM solo genera el 3% de la fuerza laboral de España.

La salida de empresas preocupa
Especial atención ha tenido para con las empresas que se van y marcharían de Cataluña por la independencia. Rivera ha lamentado que los empresarios dejan parados a centenares de personas por el asunto político y que son los jefes de la empresa quienes menos lo padecen.

Por este motivo, considera que deben alzar la voz frente al independentismo y que lo deben hacer ahora y ante unas elecciones en clave de plebiscito. ¿Cuándo van a quitarse el miedo?, se pregunta.

Los Gobierno de Aznar y Zapatero dieron alas a los nacionalistas
No obstante, culpa a los Gobiernos de España, el de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, por haber pactado con los nacionalistas acuerdos puntuales en vez de hacer que se cumplan las leyes.

En cuanto a la respuesta de Mariano Rajoy, presidente del Ejecutivo, a Artur Mas sobre las pretensiones nacionalistas, cree que se ha pensado antes en el poder y no en los ciudadanos. Pide un plan estratégico al PP y al PSOE para atajar esta deriva soberanista en Cataluña. "Los nacionalistas lo tienen, un plan de humo, pero al menos tienen un plan", indica, tras señalar que los dos partidos mayoritarios de España "son los máximos responsables del independentismo en Cataluña". Ha asegurado que Rajoy ha dado una contestación "poco valiente".

Al respecto, ha dicho que "los problemas hay que afrontarlos y llegado a este punto uno no puede dar una nota de prensa sino una respuesta política y a nivel internacional" y recuerda lo que hizo CiU con sus juventudes cuando regresó Mas de la negociación del pacto fiscal. Así Rivera lamenta que los catalanes que también se sienten españoles "nos sentimos desamparados" por los Gobiernos de España.

Pensiones y encuestas a empresarios
El nacionalismo catalán asegura que los pensionistas cobrarán más pero la realidad es bien distinta. Para hacer frente a esta premisa que ahora promulga el independentismo, el presidente de C's señala que "Cataluña ha recibido 1.800 millones de euros de más para pagar las pensiones" e indica que los políticos cree que son los territorios quienes pagan impuestos, mientras que en realidad quienes los declaran son los ciudadanos.

Sobre la encuesta de los pequeños empresarios, solo el 10% la ha respondido y afirma que éstos deben dejar el miedo para hablar alto y claro. En este punto, exige que los partidos de las Cortes Generales den su respaldo.

La "eurocarta"
Rivera deja claro la imagen que han dado los políticos catalanes al enviar a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Viviane Reding, una misiva que alertaba de la posible entrada del Ejército en Cataluña. Afirma que España en un Estado democrático y no cree que el Ejército invadiesa Cataluña en caso de una declaración unilateral de independencia y recuerda a CiU que votó a favor de la Constitución Española.

La Generalitat enseña a los alumnos a vincular al PP con el boicot a Cataluña
En sus libros se los adoctrina sobre la exaltación anticatalana de la derecha nacionalista española
Carmen Morodo La Razón 27 Octubre 2012

Madrid- En teoría, el objetivo de la Educación debe ser formar ciudadanos libres con el mayor caudal de conocimientos posibles para que puedan tomar sus decisiones y sus elecciones sin ningún condicionamiento. Una teoría que choca de raíz con algunos de los manuales que se utilizan en las aulas catalanas. El adoctrinamiento para formar ciudadanos creyentes en la Nación catalana mete por medio siglas políticas para estigmatizarlas con la etiqueta de que son un dique para la «libertad» del pueblo catalán.

Así ocurre con el PP, partido que en algunos libros de texto es presentado ante los estudiantes como el responsable del boicot que desde el Estado español se promueve contra Cataluña, contra sus competencias, sus leyes, su lengua, su Estatuto e incluso contra el pueblo catalán. Estos estudiantes acudirán el día de mañana por primera vez a votar después de haber aprendido en las aulas quiénes son los teóricos «enemigos» de Cataluña.

Por ejemplo, en el manual de Ciencias Sociales de 4 de la ESO, de la editorial Barcanova, en su página 265, y dentro del capítulo «La Cataluña Autónoma», se da la visión de parte sobre cómo se elaboró el polémico Estatut que impulsó el tripartido catalán bajo la presidencia de Josep Montilla y que el Tribunal Constitucional (TC) enmendó en algunos de sus capítulos esenciales por desviarse del espíritu de la Ley Fundamental. El libro de texto explica que ese Estatut nace de la convicción de «casi todos los partidos políticos catalanes» de que el Estatuto de Autonomía de 1979 limitaba mucho el autogobierno de Cataluña. «Los numerosos recortes hechos por el Congreso de los Diputados, la encarnizada y demagógica oposición del PP y la exaltación anticatalana que se vivió en el Estado español, promulgada por la derecha nacionalista española, hacen pensar que la organización territorial de España es todavía actualmente un problema por resolver. A pesar de todo, el nuevo Estatuto se aprobó en referéndum en el año 2006», reza el manual, en plena coherencia con lo que podría ser un documento programático de CiU.

El libro de Historia de 2º de Bachillerato, de la Editorial Teide, explica en el tema 13 «Las dificultades del autogobierno». Apunta contra las Cortes Generales, por invadir y recortar el alcance de las competencias de las comunidades; y contra el Gobierno central, que por «una voluntad puramente obstruccionista recurrió reiteradamente delante del Tribunal Constitucional muchas leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, incluso la Ley de Normalización Lingüística que había sido aprobada por unanimidad por el Parlamento catalán».

En esa misma asignatura de ese mismo curso, el manual de la Editorial Vicens Vives (la más utilizada en los centros educativos) dedica dos apartados a la autonomía de Cataluña dentro del tema «Transición, democracia y autonomía». A los alumnos se les enseña que el pueblo catalán continúa proclamando hoy como valores superiores de su vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad, y que manifiesta su voluntad de avanzar por una vía de progreso que asegure una calidad de vida digna para todos los que viven y trabajan en Cataluña. En las pruebas finales se les hacen preguntas sobre dos textos comparativos entre la Constitución y el Estatuto. Sobre este último, se incluye este párrafo: «El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido a Cataluña como una Nación de una manera ampliamente mayoritaria». Y luego se pregunta por los objetivos y dificultades de la aprobación del Estatut.

También hay para los socialistas, a los que se acusa de vaciar el contenido los estatutos de autonomía con la creación de una burocracia estatal más grande, incluso en aquellas materias que habían sido transferidas a las autonomías.

«Hasta 1993 las relaciones con la Generalitat de Cataluña fueron tensas, el Gobierno socialista apeló abusivamente al Tribunal Constitucional. Incluso recurrió la Ley de Normalización Lingüística, que había aprobado por unanimidad, el Parlamento de Cataluña, con el intento de limitar el alcance de la autonomía», dice el manual de 2º de Bachillerato, de la Editorial Teide, en el apartado «El Estado de las Autonomías».

Además, hay profesores que utilizan la página institucional creada por la Generalitat EDU365 como recurso didáctico online. En esta página existe un enlace de actividades de ciencias sociales de 4º curso de la ESO que incluye artículos referentes a la guerra civil española en Cataluña.

LIBROS QUE ADOCTRINAN
La «Cataluña autónoma»
En el libro de ciencias sociales de 4º de la ESO, de la editorial Barcanova, se da la visión de parte sobre cómo se elaboró el Estatut y subraya que nace «de la convicción de casi todos lo partidos políticos catalanes».

«Dificultades de autogobierno»
El libro de Historia de 2º de Bachillerato, editorial Teide apunta contra las Cortes Generales que «por una voluntad puramente obstruccionista recurrió reiteradamente al TC muchas leyes aprobadas por unanimidad por el Parlamento catalán».

«Transición y autonomía»
También el manual de Historia, de Vicens Vives destaca que «el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento de la ciudadanía, ha definido Cataluña como Nación».


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