AGLI Recortes de Prensa  Miércoles 31 Octubre 2012

UN VIENTO DE LOCURA
GABRIEL ALBIAC ABC 31 Octubre 2012

El nacionalismo no es un discurso en cuya eficacia lo racional juegue papel alguno. Es un impulso emocional asentado sobre tierra y sangre

MARZO de 1933. «La señorita von B. debía venir a buscar un libro a mi departamento». La historia la cuenta el filólogo Victor Klemperer. «Está usted radiante», comenta él cuando la ve entrar. «¿Ha tenido usted una experiencia particularmente feliz?» «¿Particularmente feliz?», replica ella. «Me he rejuvenecido diez años, qué digo, ¡diecinueve! ¡No me sentía así desde 1914!» Klemperer entiende. No hace ni veinticuatro horas que Hitler ha asumido todos los poderes. La prensa de esa mañana recoge su amenaza Parlamento: «Uds. ya no son necesarios. La estrella de Alemania se alzará y la de Uds. se hundirá. La hora de su muerte ha sonado». Victor Klemperer es judío y sabe lo que le espera: la inhabilitación docente. No puede entender que una culta profesora pueda hablar así. Se lo hace notar: «¿Y me dice usted eso a mí? Me lo dice cuando ve, oye y lee cómo humillan a personas próximas a usted, cómo juzgan obras que usted apreciaba hasta hace un momento, cómo reniegan de todas las creaciones del espíritu que hasta ahora usted?» La señorita von B. le interrumpe, condescendiente: «Querido profesor, no contaba con su sobreexcitación nerviosa. Debería tomarse unas semanas de vacaciones y no leer periódicos. Se deja usted ofender y desvía la atención de lo esencial a causa de minucias y borrones inevitables en estos grandes cambios. Dentro de poco tiempo juzgará usted de muy otra manera·. Dentro de poco tiempo, Klemperer verá exterminar a sus parientes y amigos. Sobrevivirá, al menos: casi un milagro. Y dejará el frío testimonio de cómo una lengua se trueca en artilugio asesino, en su Lengua del tercer imperio.

La Lengua del tercer imperio, ese manual de la locura cotidiana que Klemperer pudo dar a la luz en 1946, me viene continuamente a la memoria en la red de palabras que tejen hoy el delirio nacionalista catalán. Los desbarres de Hitler o de Rosenberg podían mover a hilaridad hasta 1932. En no menor medida que la garantía de reducir las muertes por cáncer en un 5% e incrementar fabulosamente la esperanza de vida que CiU promete a los catalanes, una vez liberados de la lápida de muerte que el yugo español les impone. Divertido, ya es. Lo que esa pantalla idílica encubre, tiene menos gracia. Casi un centenar de los diputados que escucharon el epitafio de Hitler aquel 23 de marzo de 1933, acabaran asesinados.

Es difícil tomarse en serio una ristra de disparates como aquellos sobre los cuales el nacionalismo -ya sea el socialista de la Alemania de entreguerras, ya sea el piadoso de la Cataluña en vísperas de despeñarse- alza sus mitologías. Pero el nacionalismo no es un discurso en cuya eficacia lo racional juegue papel alguno. Es el último episodio de una tragedia: la del romanticismo político, la de un impulso emocional asentado sobre tierra y sangre. Ni tierra ni sangre saben nada de razones; sí, de impulsos primarios. Nada hay más eficaz para lanzarse al abismo que un cúmulo de emociones sin filtro lógico. Cuando un político cruza esa frontera, la inercia de lo puesto en marcha es garantía de que amaneceremos en lo peor. Felices, además, de haberlo conseguido.

La señorita von B. se presentó en casa de Klemperer, meses más tarde. Era una dama educada. «¿De dónde viene su certidumbre en el futuro de Alemania?», le pregunta el catedrático ya depurado. «De donde viene toda certidumbre», responde ella: «de la fe? Nuestro Fuhrer tiene razón contra la inteligencia estéril. Yo creo en él». Klemperer sabe entonces que todo está perdido. Creer es tan grato?

Nada que hacer sin reforma constitucional
Carlos M. Gorriarán http://sesiondecontrol.com  31 Octubre 2012

Doctor en Filosofía y licenciado en Historia, profesor de la UPV desde hace dos décadas. Diputado por UPyD, partido donde es responsable de Programa y Acción Política

Carlos M. Gorriarán defiende una reforma constitucional como la solución a muchos de los grandes problemas económicos, sociales y políticos que vive nuestro país.

Aunque los núcleos duros de los partidos viejos rechacen reconocerlo, hay un amplio consenso en que los problemas de España piden a gritos una reforma a fondo de la Constitución. La Transición ha quedado atrás, cambiada por una crisis cuya gravedad ha sido larvada por su sistema de partidos y, sobre todo, por su manera de entender y practicar la política. A saber: tratar de teledirigir todo lo que se mueva en la sociedad civil, anulándolo si ello no es posible o rentable, y fundamentar su poder en la extracción de rentas públicas a través del control de las instituciones autonómicas y locales.

Dicho en román paladino: vivir sobre todo de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (más Diputaciones), y desde éstas controlar la vida social y económica a través de autorizaciones, permisos, exenciones, subvenciones y demás medidas de telecontrol, facilitadas por la exuberante selva de normas y reglamentos nacionales, autonómicos y municipales, a veces contradictorias entre sí. En fin, mientras hubo dinero abundante y fácil gracias a las facilidades de crédito y a la burbuja inmobiliaria, el sistema parecía ir viento en popa, pero han bastado el estallido de la burbuja y la crisis financiera internacional –dos fenómenos negados a conciencia desde el poder político y económico justo cuando eran evidentes- para que las miserias y la insostenibilidad del sistema de la Transición hayan quedado en evidencia. Para todos menos para el sistema de partidos turnantes protegidos por la Ley Electoral, claro está, y sus medios de comunicación concertados. Parece que la adaptación a la realidad les cuesta mucho más que su simple negación. A Darwin le hubiera encantado este misterio evolutivo.

El caso es que la solución de la mayoría de nuestros problemas domésticos –dejando de lado para esta categoría aquellos que son compartidos, como la crisis fiscal y del euro- requiere de una reforma de la Constitución, pactada y refrendada en 1978 para pasar de una vetusta dictadura a una democracia homologada pero, desde luego, inadaptada a las exigencias de la época.

Veamos cuáles son esos problemas: una estructura administrativa irracional y por lo tanto ineficiente y cara, repleta de duplicidades, despilfarros y zonas oscuras; una estructura territorial del Estado confusa y mal resuelta, cuyo caos ha culminado en el proceso secesionista de Cataluña abierto por la propia Generalitat; una profusión de leyes y normas que han remitido a España a la cola mundial en facilidades para crear empresas, en quiebra del mercado único y en competitividad económica; una carencia de políticas de transparencia y derecho a la información que han facilitado la corrupción, el fraude fiscal y el despilfarro.

Hay también una proliferación de sistemas educativos, sanitarios y de servicios sociales que los encarece y hace ineficaces y caros, y además relativiza o anula la libertad efectiva de movimientos e iniciativas de los ciudadanos dentro de España: tantos sistemas prácticamente como Comunidades Autónomas, aunque sean muy pequeñas (diez de las diecisiete CCAA tienen menos de tres millones de habitantes, la población de una gran ciudad corriente). Hay sin duda otros problemas que ya no dependen tanto de la Constitución, como la deslealtad congénita de los partidos nacionalistas y el éxito de su modelo político o la debilidad de la sociedad civil, pero creo que los demás sí pueden comenzar a solucionarse con una reforma constitucional.

Qué traería la reforma
Esa reforma constitucional, que ya deberíamos estar discutiendo en el Parlamento y en el conjunto de la sociedad, debería cerrar para una generación, al menos, el modelo territorial del Estado en un sentido federal, y con eso restaurar el mercado interno, la libertad de movimientos e iniciativa y la igualdad jurídica y social mediante una nueva distribución de competencias entre Estado, Comunidades y Ayuntamientos que deje claramente establecido qué administración se ocupa de qué, cómo financia el ejercicio de sus competencias (sin duda, con plena responsabilidad fiscal y no al actual estilo Robin Hood: el Estado recauda y los gobiernos y alcaldes reparten a sus necesitados respectivos), y cómo se erradica el maremágnum de entes públicos innecesarios, el despilfarro que conllevan y la burocracia estéril que derraman.

De paso obtendríamos un sistema educativo y sanitario igualitario y común con adecuada economía de escala, y estas y otras medidas urgentes, como la reforma del mercado laboral para erradicar su intolerable duplicidad –por mucho que ésta convenga a intereses sindicales y patronales-, liberarían recursos y trabajo que podría dedicarse a la economía productiva, a la educación y a la investigación, entre otras cosas urgentes abandonadas a su suerte por el demencial esfuerzo por mantener como sea un Estado insostenible a costa de las cosas que realmente importan. Una locura compartida por los gobiernos de Zapatero y ahora por el de Mariano Rajoy.

Desengañémonos: ya pueden desgañitarse en reclamar grandes reformas estructurales analistas nacionales e internacionales, entidades, academias, fundaciones y empresas, y por supuesto millones de ciudadanos individuales horrorizados con lo que están haciendo a su país, que nada se conseguirá hasta que no se admita la urgencia de abrir un proceso de reforma constitucional en la buena dirección. Que no es, precisamente, la emprendida por PP y PSOE, y por los nacionalistas, para cerrar aún más el acceso al sistema a nuevos rivales políticos.

Mientras no se entienda que tenemos un modelo de Estado y de sistema político que lejos de solucionar la crisis sólo la empeora, como ha demostrado palmariamente la evolución catalana (de eso hablaremos otro día), no hay nada que hacer. La única pregunta es si saldremos vivos de tanto inmovilismo egoísta, inercia institucional y pobreza intelectual. Y no hablo sólo de la llamada “clase política”, sino también de los ciudadanos como tales y de la sociedad civil.

Los partidos y nosotros

Roberto L. Blanco Valdés La Voz 31 Octubre 2012

Sostener que los partidos políticos son indispensables para la existencia de la democracia parece compatible con afirmar que los que hoy tenemos en España están muy lejos de cumplir con razonable eficacia y seriedad el importante papel político que tienen asignado. Para decirlo con prudencia, la verdad es que quienes controlan nuestros partidos se comportan con un egoísmo que, si en cualquier circunstancia resultaría irritante, en las de España es sencillamente inadmisible.

Aunque las razones de ese egoísmo, que lleva a los políticos a estar pendientes sobre todo de su carrera, son diversas, una destaca sobre todas las demás: su profesionalización. Una profesionalización que afecta no solo a quienes fuera de la política no tienen un trabajo (o uno que les garantice el ritmo de vida que aquella les permite), sino también a los que poseen una profesión, pero prefieren dedicarse a la confortable vida pública antes que a ejercerla. Ya se sabe que la política funciona como una nasa, en la que entrar resulta mucho más fácil que salir. Y es que dentro se disfruta de unos privilegios que no se tienen fuera, lo que permite entender que tantos se la disputen y casi nadie la deje de forma voluntaria.

Resulta, por eso, explicable, que los miles de personas que viven de ocupar un cargo público u orgánico -o ambos, con frecuencia- no quieran ni oír hablar de irse a su casa y también, en consecuencia, que seguir termine siendo su preocupación fundamental, que coloca en un plano secundario todo lo demás.

Pero que sea explicable no significa que sea soportable, porque, de hecho, no lo es. Puestos a ser comprensivos, que los políticos estén sobre todo centrados en sus peleas de partido y en la lucha por los votos resulta triste y decepcionante en esas situaciones en las que los países marchan bien, con la economía creciendo, el desempleo en tasas reducidas y la igualdad consolidándose. Pero cuando el paro ha llegado a los límites de escándalo que tiene hoy en España, la economía se deprime mes tras mes y el progreso en la igualdad sufre como no ocurría desde hace muchos años, ver a nuestros dirigentes enzarzados solo en sus jaleos internos de partido y obsesionados solo con las encuestas y los votos constituye una vergüenza que ninguna sociedad, ni siquiera una que ha hecho las cosas tan mal como la española, puede soportar por mucho tiempo.

Se repite con frecuencia la frase hecha de que un país tiene los políticos que se merece: en la España de hoy esto no es verdad. Nuestros políticos están, en líneas generales, muy por debajo del nivel medio de quienes los mantienen y son con demasiada frecuencia mucho más irresponsables y egoístas que lo que tendríamos derecho a esperar de gentes con tanta capacidad de influir en que nuestras vidas mejoren o empeoren.

Ofensiva anticatalana / Adiós España
Pío Moa www.gaceta.es 31 Octubre 2012

OFENSIVA CONTRA CATALUÑA
Los nacionalistas catalanes y el PSC han logrado convertir a Cataluña en un “oasis” de corrupción. Pero mucho peor es el designio de tapar e institucionalizar esa corrupción con argumentos “patrióticos”, al estilo del PRI mejicano. Indudablemente estamos ante un peligroso ataque a Cataluña.

ERC, amparada por el PSC, reivindica el golpismo de Companys y se ha asociado con la ETA en diversos chanchullos con los asesinos, mutuamente beneficiosos. Y no menos perjudiciales para Cataluña.

La propaganda que presenta al idioma español común, una riqueza inestimable para todos, como ajeno a los catalanes y enemigo suyo, sólo puede considerarse parte de una campaña contra Cataluña.

La retórica injuriosa y despreciativa hacia España mantenida sin tregua por los nacionalistas y socialistas también perjudica muy seriamente a Cataluña, porque ésta es parte de España, y porque esas literaturas provocadoras tienden a fomentar reacciones del mismo estilo contra los catalanes.

El boicot financiado por la Generalidad contra los productos de otros lugares de España también perjudica muy seriamente a Cataluña, entre otras cosas porque promueve una espiral de boicots en sentido contrario.

La literatura entre victimista y narcisista cultivada por los nacionalistas y maragallianos es esencialmente idéntica a la que cultivaron los nazis para llevar a Alemania al desastre. Al igual que entonces, esas melopeas envilecen a la gente y, desde luego, sólo pueden traer efectos catastróficos.

Del mismo estilo nazi es la pretensión de que criticar a los nacionalismos y sus desmanes significa “atacar a Cataluña”. Así hablaban los nazis: denunciarlos suponía ofender a Alemania. Pero es exactamente lo contrario. Denunciar y criticar la demagogia nacionalista significa defender la libertad, a Cataluña y a España entera.

La permanente corrosión y burla de la Constitución que garantiza las libertades de todos en la unidad de España, ataca frontalmente a los catalanes y a todos los españoles, y puede desembocar en una crisis de resultados imprevisibles.

Muy contrario también a los más elementales intereses de Cataluña es el intento de liquidar la libertad de expresión, ya muy restringida en la región catalana, con el pretexto de que defender las libertades y la unidad de España equivale a “sembrar el odio” o a “denigrar a Cataluña”. Quienes siembran el odio, con injurias y calumnias, o con palabras hipócritamente suaves, son precisamente los nacionalistas y el PSC. Ellos han logrado reducir a muy poco la libertad de expresión para los discrepantes de su demagogia, y eso daña muy profundamente a la sociedad catalana.

Lo que es malo para Cataluña es malo para España, y viceversa. Por ello es un deber de todos los catalanes y demás españoles de ideas democráticas oponerse con la máxima resolución a esta ofensiva generalizada contra Cataluña, contra la democracia y contra España.
(LD, 9-12-05)

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ADIÓS, ESPAÑA
Así terminaba un famoso poema de Joan Maragall, y así, en inglés, rezan unas pegatinas que difunde el PNV. Llevan ya un siglo despidiéndose de España los nacionalistas periféricos, interminable despedida cuyas claves nos explica ahora Jesús Lainz en un voluminoso pero muy sustancioso libro del mismo título.

El libro de Lainz llega muy a tiempo y es de lectura obligada para quien quiera conocer unas pseudomitologías que no por absurdas dejan de tener influencia y fundamentar uno de los problemas más importantes, si no el más importante, en el futuro próximo de España. El detenido repaso de Lainz, sobre todo del nacionalismo vasco, aunque también del catalán y el gallego, nos hace ver hasta qué punto son esas ideologías un combinado de vanidad pueril y victimismo paranoico, amasado en una permanente falsificación histórica.

He aquí un ejemplo característico (pero los hay a centenares), que además, de tan repetido, ha llegado a ser aceptado por historiadores no nacionalistas: la frase domuit vascones (dominó a los vascones), atribuida por el PNV y ETA-Batasuna a los reyes godos. El clérigo nacionalista fray Bernardino de Estella afirma en su Historia Vasca, de 1931: «En las crónicas de los reyes visigodos se encuentra una frase constantemente repetida: Domuit vascones. Vencer a los vascos fue la idea que abrigaron todos los reyes visigodos. Pero la frase, siempre repetida hablando del mismo pueblo, indica claramente que jamás lograron dominar a las tribus vascas». Muy lógico. En la misma idea insisten otros historiadores nacionalistas, como Martín de Ugalde. El cura Anastasio Arrinda insistía, en 1997: «Todos los cronicones de la vida de los reyes godos o visigodos terminan con esta frase lapidaria: Domuit vascones (…) señal de que nunca los subyugaron». José Jon Imaz atacaba, en un artículo furioso: «No pongáis vuestras manos en la educación de nuestros hijos (…) Para historia nacional, ya tenemos la nuestra». Y se burlaba de «esa lista de reyes godos cuyas biografías terminaban siempre en el domuit vascones». Y así sucesivamente.

Claro está que el lema altomedieval tiene, sobre todo, una aplicación a la política de hoy, y es invocado por los discípulos de Sabino Arana, terroristas o supuestamente moderados, como augurio de fracaso para «Madrid». El vascómano useño Mark Kurlansky, en una Historia vasca del mundo muy vendida en Vascongadas, repite la expresión y concluye: «Todos los gobernantes de la Península hasta el actual Ejecutivo español han abrigado la misma intención: Hay que controlar a los vascos». Anasagasti cultiva el lema: «El frentismo español diseña una vez más el domuit vascones.» Y tantos otros. «Recordémosles la historia de Rodrigo, el último rey visigodo, que por andar entretenido en dominar una vez más a los vascones perdió su reino y su vida. Para que aprendan», concluyen los batasunos.

La idea tiene el doble componente del narcisismo («nunca nos dominaron») y del victimismo («siempre han intentado subyugarnos»), y de ahí su cultivo incesante como alimento espiritual del odio. Y sin embargo nunca existieron esos cronicones de los reyes godos ni nunca escribió esas palabras Isidoro de Sevilla, a quien también se las atribuyen. Sólo una referencia, posterior en siglos y ceñida a Leovigildo, habla de que venció a «los feroces vascones». Como resume Armando Besga, doctor de la universidad de Deusto, «aunque parezca increíble, lo cierto es que la dichosa expresión domuit vascones no aparece ni una sola vez en las fuentes de la época de los reinos germánicos, lo que demuestra cómo se ha hecho una parte de la historia de los vascones que, además, ha trascendido mucho». Parece increíble, en efecto, que una falsedad tan grosera se haya repetido tanto y llegado a fundamentar toda una visión histórica y política actual. Pero tiene una función obvia: es la clase de historia con que los Imaz y compañía quieren embrutecer y fanatizar a «nuestros hijos».

Otro ejemplo, espigado entre los cientos de ellos que nos ofrece Jesús Lainz: el ex lendacari Ardanza caracterizaba así a Ignacio de Loyola: «Uno de los grandes vascos singulares del siglo XVI que llevaron el nombre de Euzkadi a muchos lugares del mundo». Evidentemente, el fundador de los jesuitas, que se consideraba español, no pudo llevar a ningún sitio un «Euzkadi», que es una invención de finales del siglo XIX, a cargo del locoide Sabino Arana, y que además es un disparate en vascuence, pues reduce a los vascos al nivel de vegetales, al emplear el sufijo -di, parecido al castellano -eda en rosaleda, alameda, etc.

Sólo un enorme desprecio de fondo por los vascos a quienes dicen representar puede permitir a los nacionalistas tratar de engañarles con un fraude tan sistemático. Otro caso: «El visitante del Museo Naval de San Sebastián podrá comprobar cómo, en un museo dedicado a narrar los hechos de los marinos vascos en las edades Media y Moderna, es posible llenar paneles y paneles sin mencionar ni una sola vez la palabra España. De este modo se consigue que cuando se narran las acciones de un marino no se sepa qué causa defendía, en nombre de qué rey tomaba posesión de una tierra, o por qué y contra quién luchaba. Los hechos de los marinos y soldados vascos quedan así fuera del tiempo y del espacio».

Y así, como digo, a centenares. El problema que se plantea es el de cómo esta sistemática maraña de trolas grotescas ha podido difundirse durante estos últimos veintitantos años sin encontrar una réplica tenaz que la desarbolase. Porque el hecho indudable es que en Vascongadas, como en Cataluña, la propaganda nacionalista más frenética y embrutecedora ha hecho estragos precisamente por no haber encontrado una crítica de igual intensidad. Peor aún: ha llegado a constituir el fondo de la enseñanza perpetrada oficialmente y con dinero público –es decir, sin que a los nacionalistas les cueste un duro– contra las nuevas generaciones. Sin duda la derecha tiene en eso una gravísima responsabilidad, sobre todo en Cataluña, donde la complacencia con el nacionalismo que llaman moderado ha llegado a una auténtica sumisión.

Bienvenidos libros como éste, que tanto ayudan a percibir el abismo de estupidez y rencor al que nos vienen empujando impunemente, desde hace años, unas ideologías absurdas. Libros que, es de esperar, actuarán como revulsivo para cambiar ese ambiente de ceguera voluntaria en que tanto tiempo hemos estado inmersos.

Déficit: demasiado pronto para cantar victoria
EDITORIAL Libertad Digital 31 Octubre 2012

El déficit de la Administración central se ha situado en el 4,39% del PIB en septiembre, lo que implica 43.113 millones de euros, un desfase fiscal bastante mayor, por tanto, al 3,53% registrado en el mismo periodo de 2011 (37.540 millones).

Vaya esto por delante para evitar que la brigada del aplauso imponga fijarse sólo en el hecho de que el déficit durante los nueve primeros veces del año ha quedado por debajo, una décima por debajo, del objetivo anual del Gobierno para este año, situado en el 4,5%, en lo que a la Administración central se refiere. Este hecho, sin duda, es cierto, como lo es también el dato, aun más plausible, de que se ha podido reducir el déficit respecto al pasado mes de agosto, que alcanzó el 4,77%.

Sin embargo, no hemos de olvidar que si el gran desfase entre gastos e ingresos de 43.133 millones de euros obtenidos hasta septiembre es compatible con los objetivos fijados por el Gobierno, esto se debe, única y exclusivamente, a que el Ejecutivo ha ido paulatinamente relajando esos objetivos. Recordemos que el PP accedió al poder comprometiéndose a reducir el desequilibrio fiscal –no de la Administración central, sino del conjunto de las Administraciones Públicas– al 4,4% en 2012. Pero en marzo ya lo relajó hasta el 5,3%. Poco tiempo después lo relajó todavía, más hasta situarlo en el 6%. Hace nada lo fijó en el 6,3%, lo que ampliaba el limite de déficit para la Administración central hasta el ya mencionado 4,5%.

No olvidemos que la prima de riesgo de nuestra deuda soberana no sólo se alimenta del déficit de la Administración central, sino del conjunto del todavía Reino de España. Y que no será suficiente que la Administración central cumpla sus objetivos, han de cumplir también las demás Administraciones, autonómicas y municipales. El Gobierno asegura que éstas cumplirán. Ojalá así sea, pero no hay que olvidar que, para lograrlo, el Gobierno les ha concedido créditos extraordinarios que, aunque no computen en este ejercicio fiscal como déficit, sí lo harán en años próximos como intereses de deuda. Eso, sin olvidar la carga que para nuestra recuperación económica está suponiendo atajar el déficit básicamente mediante aumentos de impuestos e incremento de la deuda.

Más sensato nos parece, por tanto, ejecutar ya los planes de reforma y adelgazamiento de nuestro sector público –como los que tienen elaborados desde hace años las Fundaciones del PP o de UPyD–, que no retrasarlos aun más con la creación de una Comisión de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas, tal y como nos anunció Sáez de Santamaría tras el pasado Consejo de Ministros.

En definitiva, que no es que queramos dar por perdida la batalla contra el déficit. Es que no creemos responsable darla ya por ganada.

Los desvaríos del hartazgo
La defensa no nacionalista del referéndum
Guillermo Dupuy Libertad Digital 31 Octubre 2012

Primero creían que los nacionalistas eran como esos inmaduros jovencitos pedigüeños a los que bastaría que sus padres les señalaran la salida de la casa para que dejaran de chantajear y de amenazar con irse de ella. Sin abandonar del todo ese fatal error, estos torpes críticos del nacionalismo han tenido que admitir que los nacionalistas no son separatistas impostados, sino sinceros y decididos aspirantes a consumar la ruptura de España sin tener que renunciar por ello a su permanencia en la Unión Europea.

Ante esta tesitura, nuestros otrora aguerridos y ahora hartos combatientes contra el nacionalismo han pasado a cometer un error todavía mayor, como es conceder carácter democrático a la celebración de un referéndum que tenga por objetivo la voladura del actual sujeto de la soberanía, que es el conjunto del pueblo español. Ellos afirman, sin embargo, tal y como hacen los nacionalistas, que el referéndum sólo tiene sentido y legitimidad democrática si se limita al territorio que pretende separarse. Ignoran para ello que una nación no es un club en el que basta que uno o algunos de sus miembros así lo decidan para que puedan darse de baja o formar un club distinto. Ignoran que no son los territorios sino las personas las que pretenden cosas, y que la misma legitimidad –más bien, falta de ella– le asiste a un ciudadano de Badalona para decidir con su voto si los ciudadanos de Barcelona dejan de ser españoles como la que tiene un ciudadano de Murcia.

Tal vez conscientes de alguna de las contradicciones a las que les aboca no sólo ese funesto, que diría Arcadi Espada, sino falso derecho de autodeterminación, nuestros frívolos partidarios no nacionalistas del referéndum secesionista pasan a hacerse nuevas trampas al solitario, creyendo poder salvarlas imponiendo el criterio de que el sí, para prosperar, tendría que vencer en las cuatro provincias catalanas. Vamos, que de defender el derecho de secesión de Cataluña a nivel regional se pasa a defenderlo a nivel provincial, cosa que, por cierto, tampoco resuelve la contradicción, antes señalada, con el ejemplo de Badalona y Barcelona.

Después de vendernos como "democrático" que el porvenir de nuestra nación lo decidan sólo los catalanes –bueno, una mayoría transitoria de ellos, los que actualmente tienen derecho de voto–, más patética y contradictoria resulta todavía su pretensión de imponerles la pregunta en concreto a la que deben responder. Y que, una vez celebrado el referéndum, no puedan convocar otro hasta pasado un cuarto de siglo.

No nos extrañe. Si ignoran que la democracia es la limitación del poder mediante la valoración y elección periódica del que lo ocupa, para pasar a reivindicarla erradamente como forma de elección del ámbito geográfico de los Estados, no hay que extrañarse de que los partidarios del referéndum –sean o no nacionalistas– tengan que aferrarse a esa versión africana de la democracia que dice: "Un hombre, un voto, una sola vez". O una vez cada 25 años, que para el caso viene a ser lo mismo.

Otro tanto se podría decir de la pregunta en concreto: los que la van a hacer, saltándose a la torera el ordenamiento jurídico vigente, ya la tienen clara: "¿Desea usted que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de la UE?". Pero a los partidarios no nacionalistas del referéndum secesionista no les gusta esta pregunta y sólo consideran democrático que los catalanes respondan si son ellos los que les hacen la pregunta. Por ejemplo: ¿quiere usted que Cataluña sea independiente de España? Con ello no sólo contradicen su supuesto reconocimiento del ámbito catalán de decisión, en lo que a formular la pregunta se refiere, sino que inducen la nada coherente pretensión de que el reconocimiento de una Cataluña independiente conlleva inexorablemente su expulsión de la UE. Vamos, que mucho reconocer estúpidamente el derecho de autodeterminación de Cataluña para separarse del resto de España, para luego negárselo respecto a la Unión Europea.

Naturalmente que el actual ordenamiento de la UE impide el ingreso o permanencia en ella de una región que haya decidido unilateralmente escindirse del Estado miembro del que formaba parte. Pero más claro aun es el ordenamiento jurídico español en contra de un referéndum como el que Mas va a llevar a cabo. La cosa cambiaría, en cualquier caso, si el proceso secesionista de Cataluña fue acordado y negociado previamente con el Gobierno de la nación, tal y como pretenden estos frívolos e irreconocibles partidarios no nacionalistas del referéndum secesionista. ¿O es que vamos a pensar que la unidad de España va a seguir siendo un imperativo europeo aun cuando deje de serlo para los españoles? Venga, hombre, dejémonos ya de memeces.

Es simplemente iluso pensar que un Gobierno voluntariamente incapaz de hacer frente, política y legalmente, a esta nada democrática insurrección sea capaz, sin embargo, de imponer a los insurgentes la forma, el cómo y el cuándo de su insurrección. Eso, por no hablar de la aun más ilusa pretensión de que el nuevo Estado catalán que de ella pudiese surgir asumiera la parte de la deuda que a los gobernantes catalanes corresponde. Para reír, sino fuera para llorar.

En lugar de otorgar falsas credenciales democráticas a ese referéndum secesionista, más no valdría recordar, con Jean-François Revel, que el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos no puede significar en la práctica que cada minoría étnica, lingüística, religiosa o geográfica, disponga de un Estado propio, sino que toda minoría disfrute de la protección del Estado del que forma parte. Y que para proteger los derechos individuales, lejos de consensuar un referéndum secesionista con los nacionalistas, lo que hay que hacer es combatirlos política y legalmente.

PS. Me gustaría saber si los ilustres partidarios del referéndum secesionista, que también escriben en esta casa, se mostrarían favorables a que se celebrase en el País Vasco. Lo digo porque no sólo Otegui estaría interesado en saberlo. Ya nos dirán más adelante también cómo afrontar las pretensiones expansionistas que sobre la Comunidad Valenciana, Baleares, parte de Aragón o Navarra pudieran plantear los futuros Estados catalán y vasco, en caso de someter y salir adelante su creación mediante referendos.

Katalonien, der neue staat in Europa
Javier de Mendizábal www.vozpopuli.com 31 Octubre 2012

El pasado 12 de octubre se celebró la recepción que con motivo de la Fiesta Nacional ofrece en Berlín la Embajada de España, en la que invita tradicionalmente a la Comunidad Española así como a miembros del gobierno alemán, políticos, periodistas y diplomáticos de otras nacionalidades.

Para gran sorpresa de los asistentes, a la entrada del recinto había 2 personas apostadas repartiendo un folleto sobre Cataluña. En perfecto castellano les preguntaban si no les importaba que les explicaran la situación del oprimido Estado Catalán. Una de las personas se identificó como Guim Bonaventura, miembro de la Asamblea Nacional Catalana. El apellido del sujeto no deja de tener su gracia, pero lo importante es el contenido del folleto que pueden consultar directamente en su página web (http://www.anc-deutschland.cat/?page_id=128).

Bajo el lema: KATALONIEN, der neue staat in Europa (volksentscheid, friheit, Am25.November parlamentswahlen) el panfleto que se entregó a los asistentes consistía en un compendio de los supuestos agravios y ataques que sufre Cataluña por parte de España. A saber: la manifestación de 1,5 millones por la autodeterminación del 11 de septiembre, la sentencia del Constitucional en 2010 negando a Cataluña la posibilidad de aumentar sus competencias, la transferencia del 10% del PIB catalán al estado central lo que le supone unas pérdidas de 22 mil millones de Euros y la asfixia económica del país catalán, el tener una lengua que hablan 10 millones de personas y sin embargo no se reconoce como lengua oficial, el tener una cultura e historia milenaria ahora oprimida, para terminar diciendo que Cataluña es un país que siempre se ha resistido a la opresión y ahora se vuelve a levantar para volver a ser un país libre. Olé. Sin comentarios. Los españoles invitados están acostumbrados a leer o escuchar esta sarta de mentiras, pero imaginen la cara del resto de invitados alemanes…

En Alemania nos vienen muy bien este tipo de acciones pagadas por la Generalitat, es decir, por una parte del Estado Español. Denotan seriedad, unidad, compromiso y voluntad nacional de salir adelante. Habría que enterarse quién es el tal Guim Bonaventura y quién financia exactamente la Asamblea Nacional Catalana, pero no me cabe la menor duda que es dinero español de donde provienen los fondos.

Los mismos fondos que sustentan la prensa autóctona catalana, incluida la otrora Vanguardia Española del Conde de Godó, Grande de España por la real gracia de su Majestad, que ahora contempla despavorido la traición. Poderoso caballero es Don Dinero, Señor. Como bien saben los nobles de España, los títulos no dan para comer y eso lo han entendido bien el Molt Honorable y sus secuaces. Se limitan a pagar al Conde.

Pero ahora han saltado al exterior y están destrozando la "Marca España" en el extranjero. Sin duda, tiene razón el alto Comisionado para la misma, D. Carlos Espinosa de los Monteros, cuando dice habitualmente "we have been too shy the last 25 years defending the interests of Spain". Tiene toda la razón, pero lo curioso es que, hasta ahora, no ha sido fuera de España ("Everything under the sun") donde no hemos hecho los deberes. Fundamentalmente, donde no los hemos hecho es dentro de España, permitiendo llegar hasta aquí.

El caso es que, hoy, tampoco los estamos haciendo en el extranjero. Su Majestad no tiene razón cuando dice que a España desde fuera se la ve mejor pero que desde dentro es para llorar. Es para llorar también cuando se la ve desde fuera. Por eso nuestras embajadas en todo el mundo tienen que contrarrestar la ofensiva del nacionalismo catalán. El Estado Español tiene que reaccionar de inmediato. Ya está bien ¿no?

Cataluña
Y la sardana desbancará al hip-hop
Pablo Molina Libertad Digital 31 Octubre 2012

El programa de Convergencia y Unión para las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre, convertidas en un plebiscito independentista, establece un serio compromiso con los ciudadanos, en virtud del cual la Generalidad hará que aumente la tasa de supervivencia de los afectados por graves enfermedades, reducirá los accidentes en carretera y, en consecuencia, conseguirá que los catalanes incrementen notablemente su esperanza de vida. Yo así también lo creo, ¿pasa algo?

Pero mi convicción de que esa alborada salutífera es muy factible no se explica por que la promesa venga del Sr. Mas, por otra parte un argumento de autoridad de consistencia incuestionable, sino porque la frugalidad del modo de vida catalán tras la independencia que persigue CiU podría, en efecto, poner la salud de los catalanes al nivel del que se estila en los monasterios tibetanos.

A saber. Una Cataluña independiente tendría que asumir la parte de deuda del Estado que en función de su población le corresponda, pues se trata de un dinero que ha sido utilizado para gastos e inversiones en todo el territorio nacional y, de paso, para mejorar las cuentas de la Generalidad con generosas aportaciones extraordinarias, como ha ocurrido este año. Esto supone 96.000 millones de euros, a los que habría que añadir los 44.000 millones de deuda emitida por la propia Generalidad. En total, el Estado catalán nacería con un endeudamiento de 140.000 millones, y como los intereses y vencimientos anuales rondarían el 10%, cada año los catalanes tendrían que pagar 14.000 millones, a menos que su nuevo Estado quisiera declararse en bancarrota a los pocos meses de constituirse.

Por el lado de los ingresos, en Cataluña se recaudan actualmente unos 27.000 millones de euros por IVA, IRPF e impuestos especiales. Si estimáramos –a la baja– que el 30% del PIB catalán pasaría a generarse en otras partes de España a consecuencia de la deslocalización previsible de sus grandes empresas, Cataluña recaudaría por los tres grandes conceptos impositivos 18.900 millones, de los que 14.000 tendría que dedicarlos a cubrir la amortización de la deuda y los intereses.

Quedaría de remanente 4.900 millones de ingresos netos, sin contar los impuestos y tasas autonómicos; pero la Generalidad ya gasta anualmente, según su presupuesto de este año, muy moderado respecto a lo que venía siendo normal, 37.000 millones, con lo que el déficit inicial para gastos corrientes sería de 32.100 millones. La solución para cubrir la diferencia sería emitir todavía más deuda, aumentar exponencialmente la presión fiscal sobre los ciudadanos del nuevo Estado o una mezcla de ambas. En cualquier caso, el resultado sería que los catalanes tendrían mucha menos renta disponible para vivir.

Y aquí viene lo bueno, porque la consecuencia inmediata de una bajada brutal de la renta familiar es que los hábitos alimenticios se modifican notablemente. Las carnes rojas y las fritangas, auténticas bombas de colesterol, serían forzosamente sustituidas por un aumento de la ingesta de legumbres y verduras de las feraces riberas del Llobregat, y de fruta de la generosa tierra leridana. Por no hablar de los vinos catalanes, espumosos o no, muy justamente apreciados en todo el mundo por su calidad, cuyo consumo interior crecería marcadamente a consecuencia de las dificultades para la exportación hasta que no se resolviera el encaje institucional del nuevo Estado. El vino, rico en polifenoles, ejerce una acción anticancerígena clínicamente demostrada que –en el caso de los ricos caldos del Priorato, con sus intensos taninos– lo convierte prácticamente en la garantía de un envejecimiento muy saludable. Añadamos a estas dos evidencias que habría menos dinero para comprar coches o para viajar, con lo que necesariamente se producirían menos accidentes, y ya tendríamos la tercera feliz consecuencia que para la salud en general de los catalanes supondría un Gobierno de CiU decidido a proclamar la independencia.

No es seguro que la sardana vaya a desbancar en el mercado mundial al hip-hop, como reza el título de esta columna. De hecho, CiU no lo lleva en el programa. Pero tratándose de una suerte de tai-chi con deliciosas armonías musicales y procedente del lugar con los vejetes más longevos del planeta, yo de los productores de esa música tan moderna no estaría nada tranquilo.

Cataluña
Nuevo varapalo del Consejo de Europa a la inmersión obligatoria en catalán
La organización felicita a las autoridades españolas por su actitud para proteger las lenguas minoritarias pero, en el caso de Cataluña, advierten de que el objetivo no es que el catalán sea la única lengua vehicular escolar -como ahora ocurre-, sino que los padres también puedan elegir educar a sus hijos en castellano.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 31 Octubre 2012

La búsqueda de avales internacionales por parte de la Generalidad para el modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que aplica desde hace dos décadas no está teniendo el éxito que esperaba.

Así se deduce del informe del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre el grado de aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que fue presentado la semana pasada y que, no solo no respalda la prohibición del español como lengua vehicular escolar, sino que, al contrario, entiende que la lengua de enseñanza debe poder ser elegida libremente por los padres.

Compromiso para proteger las lenguas minoritarias
La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias fue firmada por el Gobierno en 1992 y ratificada en 2001. Consiste en una serie de compromisos para promocionar las lenguas minoritarias y garantizar los derechos lingüísticos de sus hablantes, que periódicamente son evaluados por el Consejo de Europa, una organización formada por 47 países europeos dedicada a promover la cooperación internacional y que no tiene nada que ver con la Unión Europea.

En 2002, un Comité de Expertos del Consejo de Europa realizó un informe de situación inicial, y cada tres años (2005, 2008 y 2011) han ido analizando su evolución. El informe conocido la semana pasada corresponde al año 2011.

En 2008 ya advirtieron de que la inmersión no ha de ser obligatoria
Pese a que el análisis realizado por los expertos se circunscribe a evaluar únicamente el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno y de las CCAA para garantizar los derechos de los hablantes de las ‘lenguas regionales’, el informe de 2008 fue más allá. Sorprendidos por el hecho de que, en el caso de Cataluña, eran los derechos de los hablantes de la lengua mayoritaria los que estaban siendo menospreciados, los expertos se atrevieron a lanzar una advertencia más allá de su competencia:

‘El Gobierno español se comprometió a asegurar que se impartiría enseñanza en las lenguas regionales o minoritarias a todos los niveles. El Comité de Expertos entiende que estos compromisos significan que se impartirá enseñanza en catalán en aquellos territorios en los que se emplee esta lengua. La Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean‘.

E insistieron en que:
‘Existe supuestamente un sistema basado en la impartición de educación fundamentalmente en la lengua cooficial para todos aquellos que lo solicitan, pero este sistema no debe ser obligatorio para todos los niños’.

Entienden que los padres pueden elegir la lengua vehicular
En el último informe, los expertos vuelven a incidir en que el objetivo de la Carta es garantizar los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias -que consideran ampliamente cumplidos en el ámbito de la educación en Cataluña-, pero no a costa de los derechos de los hablantes de la lengua mayoritaria.

El Consejo de Europa aplaude que se garantice la educación en catalán, pero advierte que el objetivo recogido en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias no es privar del derecho a recibir, también, la enseñanza en español a quien así lo desee.

‘El Comité de Expertos reitera su punto de vista en el sentido de que los compromisos en cuestión [en materia educativa] no implican necesariamente que este tipo de educación [en la lengua minoritaria] sea obligatoria para todos los alumnos, no el 100% de todas las asignaturas han de ser en esa lengua‘, indican en el párrafo 39.

En ese sentido, el párrafo 256 del documento se hacen eco de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto eliminó el ‘uso preferente’ del catalán por parte de la Generalidad y señaló que la apelación al ‘uso normal’ del catalán en la educación no debe ‘excluir la enseñanza en castellano’.

Y concluyen lo siguiente (punto 257):
‘El Comité de Expertos entiende que esta decisión significa que la educación en Cataluña en catalán es ofrecida y está disponible, y que los padres son libres de decidir si quieren que sus hijos aprovechen ese ofrecimiento o, en su lugar, que sus hijos sean educados solo en castellano: la educación no es que sea, por tanto, ofrecida solo en catalán de manera obligatoria para todos los alumnos, sino que el castellano también puede ser utilizado como lengua de enseñanza’.

Sin embargo, el planteamiento que el Consejo de Europa hace en base a la información que ha recopilado no se aplica en realidad, puesto que, en la práctica y en contra de lo que han dictado los tribunales, el español está prohibido como lengua vehicular en todas las escuelas públicas de Cataluña.

Sorprendentemente, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, en un ejercicio inaudito, se ha felicitado este martes por el informe del Consejo de Europa y ha considerado que “avala la política educativa de conjunción lingüística” de la Generalidad y “reconoce que el castellano es empleado como lengua en el sistema educativo y que los padres son libres de escoger la lengua de la enseñanza”.

Elogios a la acción del Gobierno
Por otra parte, el informe del Comité de Expertos ‘elogia a las autoridades españolas por su alto nivel de compromiso y los esfuerzos continuos para proteger y promover sus lenguas regionales y minoritarias mediante medidas legislativas y prácticas, no solo al nivel de las CCAA, sino también a nivel estatal’. ‘Una serie de nuevas leyes han sido adoptadas con el objetivo de mejorar el marco legislativo y la sensibilización general sobre el carácter plurilingüe de España. En la práctica también muchos de las compromisos marcados en la Carta están cumplidos’, añaden.

En este sentido, y en referencia a Cataluña, destacan el cumplimiento de los acuerdos en el ámbito de la educación; en la emisión de impresos y documentos por parte de la Administración; en los medios de comunicación; en la producción audiovisual y en la colaboración interterritorial. ‘El catalán continúa disfrutando de un excelente apoyo por las autoridades regionales y locales’, señalan. Sin embargo, alertan de carencias en la justicia, en la sanidad y en algunos servicios públicos ofrecidos por el Gobierno.

Maite Pagazaurtundua: «La sociedad vasca no se ha sacudido todavía la mordaza del miedo»
M. Luisa G. Franco La Razón 31 Octubre 2012

Bilbao-Maite Pagazaurtundua deja la Presidencia de la Fundación de Víctimas del Terrorismo con cortesía hacia su sucesora, Mari Mar Blanco, a la que considera su amiga.

–¿Con qué ánimo deja la Presidencia de la Fundación de Víctimas del Terrorismo?
–Con la misma naturalidad con la que llegué. Fui presidenta y gerente por casualidad y afronté ambos retos como aportación al mundo de las víctimas, ya que me sentía previamente implicada en los objetivos de la Fundación. Cuando empecé, en 2005, la situación era muy complicada. Se iniciaba un proceso de negociación con muchos claroscuros y ahora tampoco el horizonte está despejado, porque el mundo de ETA no contempla no ganar.

–De momento, han conseguido 21 escaños en el Parlamento vasco.
–Pero ellos hubieran querido más. Les ha dolido el voto de castigo relativo en Guipúzcoa, por su acción de gobierno. Han probado un poco de frustración, pero veremos qué ocurre cuando termine la racha de legalización regalada y buenos resultados electorales. A lo mejor nos encontramos con que la paz es una burbuja y las burbujas siempre se pinchan.

–¿Cree que la legalización tiene vuelta atrás?
–Si hay causa de ilegalización, tendrá que ejercerse, a pesar de que parece un tabú molestarles. En este país hace falta mucha legalidad para frenar a quienes quieren que haya un proceso de paz de punto final. Sería un fracaso colectivo si lo consiguieran.

–La realidad es que siguen cayendo dirigentes de ETA.
–Sobre esas detenciones pienso lo contrario que Laura Mintegi. Estoy encantada, aunque ellos seguirán intentando que todos pidamos perdón. El PNV nunca quiso molestarles y la sociedad vasca no se ha sacudido la mordaza del miedo.

–No ha sido una presidenta dócil de una fundación pública.
–Mientras he sido presidenta me he visto sometida a autocensura y he procurado buscar el mínimo común denominador entre las víctimas. He procurado respetar las reglas del juego y no herir a los demás.

–¿Qué diría ahora que ha recuperado su libertad de expresión?
–Es un momento de cortesía y paso a ser una persona anónima, lo que también supone un alivio.

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Tontos imprescriptibles, malvados sin fronteras

Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 31 Octubre 2012

El terrorismo es un crimen contra la Humanidad. Los crímenes contra la Humanidad no pueden prescribir. Por tanto, no hay asesinos de ETA que puedan quedar sin condena por pasar el tiempo.

Creo que estamos perdiendo el sentido del orden que pudiese quedar. Hace unos días murió Txomin Ziluaga, y no pocos medios de comunicación legales han hablado de él como si hubiese fundado la Cruz Roja u otra ONG… cuando en realidad fue fundador de Herri Batasuna, es decir de una organización terrorista y como tal fuera de la ley. Algo falla en un país donde circulan libremente razonamientos de ese tipo; quizá sea anormalmente alto el número de tontos, o el de malvados, o las dos cosas. Es el mismo país, por lo demás, que mandó a su casa al etarra Bolinaga, secuestrador y torturador de José Antonio Ortega Lara, y ahora tiene que verlo de bares alegremente por su pueblo. Y hace bien: si han sido tan lerdos como para levantarle la condena, que se aguanten. Si quieren enmendarse, que cambien las normas y los cargos que han hecho todo esto posible.

Ahora mismo, en España, los delitos de terrorismo de la banda nacionalista-marxista ETA son considerados a efectos penales como si se tratase de homicidios involuntarios o de coleccionismo de antigüedades catalogadas. La pertenencia a sus bandas políticas no es castigada, los crímenes prescriben, las penas no se acumulan si no es muy limitadamente. El buenismo de los progres nos ha dejado una Batasuna legal, y por tanto una ETA magníficamente representada en las instituciones, predicando si no imponiendo desde ellas sus políticas, con los medios del Estado. Y con los terroristas sabiendo que no cumplirán íntegras sus penas, y con muchas de sus hazañas impunes. Como para estar contentos, vaya.

En un acto de hace pocos días, en la jornada International Arbitration, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apelaba al llamado ´seny´ de los catalanes en la resolución de conflictos. El ministro pedía respeto a la ley, y así debe ser. ¿Pero qué quiere decir eso? Es bueno saber que el mismo ministro tiene no ya uno sino varios informes jurídicos, el más reciente un dictamen de Miguel Ángel Rodríguez Arias sobre el asesinato impune desde 1981 del empresario vasco José María Latiegui.

En resumidas cuentas, el asunto no es muy complejo. Los delitos comunes, como una garantía de nuestro sistema jurídico, prescriben tras unos años de su comisión, es decir no pueden ser perseguidos después de un cierto tiempo. Si los crímenes terroristas cometidos en España se minimizan y se consideran a la par de hurtos y menos graves que el tráfico de drogas (como parece que se quiere que suceda ahora), muchos de ellos quedarán sin esclarecer, sus autores sin castigar y los castigos, en todo caso, reducidos a la mínima expresión. Según el Observatorio contra la Impunidad, formado por asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo, hay 326 asesinatos de ETA que siguen sin esclarecer. Unos 130 de ellos, aproximadamente, ya habrían prescrito o estarían a punto de hacerlo. Y eso sin considerar los crímenes anteriores a la amnistía final del franquismo, en 1977.

En cambio, si se considerasen los delitos cometidos por la banda terrorista como crímenes contra la humanidad se evitaría la prescripción. Por norma de Derecho internacional, norma discutible en su esencia pero sin duda suscrita por la España actual, norma problemática pero cuya aplicación ha sido pedida y obtenida por la progresía internacional en los casos de la dictadura argentina y de la chilena, los crímenes contra la humanidad no prescriben. Y contra los no nacionalistas ha habido una verdadera persecución selectiva por parte de los asesinos abertzales. En muchos otros casos, con mucha menos razón, lo han llamado "genocidio". Así es para los tres tipos de crímenes juzgados en Nuremberg y desde entonces (crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra), de manera que no se puede pedir su aplicación rigurosa en unos casos y su olvido en otros.

Alberto Ruiz-Gallardón tiene en sus manos una posibilidad que también está sobre la mesa de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. No cabe duda de que es una vía perfectamente jurídica –en la legalidad vigente- para evitar la impunidad. La misma izquierda y extrema izquierda que ha clamado por su aplicación a lejanos y ancianos dictadores no puede ahorrársela a unos asesinos con las manos manchadas de sangre. Usar ese argumento sería, qué duda cabe, un instrumento útil en un país con sobreabundancia de cobardes, de miopes, de tontos y de malvados. Aunque quizá no sea la mejor opción.

España, país soberano, y sus Cortes con todo el poder legislativo, decide qué es y qué no es delito y en qué términos. No necesitamos ampararnos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para declarar imprescriptibles los crímenes de terrorismo, ni para exigir que las penas impuestas se cumplan sin descuento alguno y sucesivamente. Podemos, sí, hacer que sean llamados crímenes contra la humanidad. Pero son algo que para nuestros gobernantes debería ser mucho más grave: crímenes contra España. Por eso, sería aún mejor que España, por sí misma, combatiese hasta el fondo este tumo, sin importar qué partidos y sindicatos hayan de ser ilegalizados, qué criminales hayan de seguir en prisión, qué personajes hayan de ingresar en ellas y, si fuese menester, que instituciones regionales hayan de ser intervenidas y enderezadas. Sin complejos.

La vergüenza de Bildu, al descubierto
EDITORIAL www.gaceta.es 31 Octubre 2012

LA GACETA demuestra que Bildu y ETA son lo mismo.

La exclusiva que hoy publica LA GACETA demuestra, sin lugar a dudas, no sólo la estrecha conexión existente entre Bildu y Batasuna-ETA, sino también la relación de dependencia jerárquica entre la primera formación, hoy poderosa en el Parlamento Vasco, y los secuaces del terrorismo. Alguien dirá que eso no necesitaba demostración. Es posible, porque la certidumbre general siempre ha apuntado precisamente hacia ahí. Y, sin embargo, conviene recordar que tanto el Gobierno español, en su momento, como los más altos tribunales han amparado la existencia de Bildu. De manera que no estamos ante la revelación de un secreto, sino, más bien, ante una rotunda prueba de acusación. Y el objeto de esa acusación no es sólo la órbita del terrorismo etarra, sino también los poderes públicos que han cerrado los ojos ante la evidencia.

Lo que inevitablemente solivianta a cualquier conciencia recta no es que los criminales maten, pues eso está en la naturaleza de las cosas, sino la ambigüedad de quienes deberían combatir el crimen. El autodenominado “proceso de paz” emprendido por Zapatero, después de violar el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, consistió básicamente en ofrecer a los etarras la posibilidad de una reinserción más o menos amable en la vida institucional a cambio de una suspensión temporal de los asesinatos. Semejante estrategia implicaba aceptar, de entrada, una enorme injusticia: de un modo u otro, los crímenes terroristas hallaban una recompensa en términos políticos. A partir de ahí se ha llegado a una situación en la que los voceros de ETA han entrado en las instituciones, la banda terrorista no ha dejado las armas –las detenciones de estos últimos días lo demuestran– y las víctimas de la violencia no pueden sino sentirse humilladas. Que una sociedad entera haya aceptado esto como algo positivo es una vergüenza que algún día nos pasará factura como nación. Quizá nos la esté pasando ya.

Engaño a los catalanes
El Editorial La Razón 31 Octubre 2012

El portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha intentado, una vez más, hurtar a los electores catalanes uno de los aspectos clave de la pretensión independentista –el que la región quedaría automáticamente excluida de la Unión Europea–, con lo que vulnera el derecho de los ciudadanos a disponer de una información exacta y veraz que les permita formar su criterio. Si votar a CiU en las próxima elecciones autonómicas supone hacer una apuesta decidida por la secesión, tal y como ha proclamado Artur Mas, la mínima ética política que cabe exigirle a los convergentes es que expliquen todos los pormenores que conlleva adoptar esa decisión.

Pero muy al contrario, los portavoces de la Generalitat, cuando no su propio presidente, mantienen la ficción de que la Unión Europea no tiene una posición definitiva sobre las consecuencias que acarrearía la segregación de un territorio en cualquiera de los estados que la integran. Ciertamente, no es una estrategia exclusiva de los nacionalistas catalanes, puesto que el presidente escocés Alex Salmond también ha resultado ser un consumado seguidor de la ocultación y las medias verdades, lo que le ha supuesto la apertura de un procedimiento de reprobación parlamentaria, pero posee el agravante de la persistencia calculada en el equívoco.

Tanto Artur Mas como Francesc Homs saben de sobra que la Comisión Europea no se pronunciará oficialmente sobre las consecuencias legales de una hipotética independencia de Cataluña hasta que no sea requerida institucionalmente por el Gobierno español o, incluso, por cualquier otro Gobierno de la UE, y tratan de manipular esa convención extendiendo la falacia de que «hay diversas opiniones» en el seno de los socios comunitarios. Pues no, rotundamente no. No hay división de opiniones ante una hipótesis que ya se ha planteado a la Comisión en otras ocasiones y que siempre ha tenido la misma respuesta: «Cuando una parte del territorio de un Estado miembro dejara de pertenecer al Estado en cuestión, por ejemplo porque se convirtiera en un país independiente, los tratados comunitarios cesarían de aplicarse en ese territorio».

El entrecomillado anterior pertenece a la respuesta que dió en 2004 Romano Prodi, ex presidente de la CE, a una pregunta parlamentaria y fue recuperada ayer mismo por el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, quien aprovechó para recordar que «la ciudadanía de la Unión Europea, tal y como está definida en el Tratado, debe estar vinculada a la ciudadanía de uno de los estados miembros». Éstos son los hechos, la realidad que conforman las leyes europeas, y parece necesario que los votantes catalanes lo sepan y lo puedan valorar antes de depositar su voto el próximo 25 de noviembre sin llamarse a engaño.

Cataluña
Vamos a contar mentiras (2)
José García Domínguez Libertad Digital 31 Octubre 2012

Es sabido, el gran documento teórico que avala el proceso secesionista en Cataluña ni lleva por título La nacionalitat catalana ni su autor resulta ser Enric Prat de la Riba. Bien al contrario, la biblia que inspira intelectualmente a la Generalitat responde por El cuento de la lechera, de padre desconocido. Y de ahí que los cimientos del castillo en el aire que se propone izar Mas descansen sobre una fantasía de parvulario, a saber, que un hipotético estadito catalán no dejaría de pertenecer ipso facto a la Unión Europea una vez consumada la escisión de España. Presunción que implica desconocer qué es esa organización de Estados nacionales. Porque la naturaleza de la UE no remite a nada más que eso: a los efectos de un acuerdo internacional suscrito por Estados soberanos.

Estados provistos de partida de nacimiento y bautismo, dotados pues con su correspondiente nombre de pila, cuya enumeración por estricto orden alfabético figura en el artículo 52 del Tratado de la Unión. Quien no conste en ese libro de familia, sencillamente, no existe a efectos comunitarios. Así de simple. Pero la realidad jamás ha supuesto un impedimento para que los nacional-identitarios siguieran enrocados en sus mundos de Yupi, y ésta no iba a ser la excepción. Urgía, entonces, fabricar alguna mentira piadosa – otra más– sobre el particular. Expediente resuelto por la vía de propalar el bulo de que no existe un pronunciamiento oficial de la Comisión a propósito de tal eventualidad.

Una gran verdad, por cierto. Y es que no hay un pronunciamiento oficial, sino dos. El primero se remonta a 1962, cuando una región francesa llamada Argelia optó por la independencia. Huelga decir que a los cinco minutos ya estaba fuera del aún Mercado Común. El segundo tuvo lugar en 2004, a raíz de una pregunta en sede parlamentaria de la eurodiputada galesa Eluned Morgan a la Comisión. En concreto, ésta: "¿Si un Estado miembro se dividiera, por haber alcanzado una región la independencia democráticamente, sería de aplicación el precedente sentado por Argelia?". Diplomática, edulcorada, elegante y retórica la respuesta de Romano Prodi, el entonces presidente, se puede resumir en una palabra: sí. Cuenta Dante que en la puerta del Infierno figura una inscripción que reza: perded toda esperanza. Pues eso.

El PSC, en tierra de nadie
Francesc de Carreras La Vanguardia 31 Octubre 2012

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

El federalismo no es algo nuevo en el PSC. Esta tendencia arranca, por lo menos, desde mediados de los años ochenta, cuando Pasqual Maragall encargó a un grupo de especialistas un dictamen para determinar el futuro del Estado de las autonomías que poco después dio lugar al libro Informe sobre las autonomías, cuyos autores fueron los profesores Tornos, Aja, Font, Perulles y Albertí (Civitas, Madrid, 1988). En él se proponía la evolución hacia un modelo federal con fuerte influencia alemana. Al poco tiempo, su esquema básico fue adoptado por un amplio sector de la dirección del PSC.

En los pactos autonómicos suscritos por el PSOE y el PP en 1992, con el objetivo de establecer una igualdad sustancial de instituciones y competencias entre todas las comunidades autónomas, estuvo muy presente la línea doctrinal contenida en el citado libro. Mediante estos pactos, los dos grandes partidos estatales se pusieron básicamente de acuerdo en desarrollar el Estado de las autonomías en sentido federal. Primero, atribuir todas las competencias constitucionalmente posibles a las comunidades; segundo, encontrar la vías para integrar la voluntad de las comunidades en las instituciones estatales. Lo primero se terminó puntualmente entre los años 2001 y 2002. Lo segundo quedó, en lo esencial, pendiente, y así sigue todavía.

Dos factores impidieron que tal integración se llevara a cabo. Por un lado, el segundo Gobierno Aznar frenó el proceso; por otro, el proyecto federal del PSOE, plasmado durante estos años, de forma detallada, en diversos documentos, se dejó de lado debido al compromiso de Rodríguez Zapatero con Maragall y ERC para elaborar un nuevo Estatut que iba en dirección contraria al modelo federal configurado hasta entonces. La sentencia del TC de 2010 sobre el Estatut, que tan mala acogida tuvo entre los políticos catalanes, socialistas incluidos, fue un baño de realismo que, afortunadamente, puso las cosas en su sitio: de nuevo se podía emprender la vía federal y recorrer el escaso tramo que quedaba para culminar el Estado de las autonomías. Pero la prioridad dada a la crisis económica lo impidió. En total, se han perdido doce años.

A todas estas, CiU decide emprender un camino sin salida: el pacto fiscal en la línea del concierto económico. Sabían que conduciría al fracaso y precisamente por esto lo plantearon. El nuevo paso era el Estado propio, es decir, la independencia y la separación de España. En este proceso nos encontramos ahora.

Podía pensarse que el PSC, tras la elección de Pere Navarro como primer secretario, retornaría al camino federal que en su momento abandonó Pasqual Maragall. Pero no ha sido así. Aunque Pere Navarro se proclame partidario de un Estado federal, en una reciente conferencia se ha inventado un modelo inédito en el que llaman la atención dos auténticas perlas: la apuesta por el federalismo dual y el derecho a decidir.

El federalismo dual era el propio de los estados liberales decimonónicos, en concreto el modelo de EE.UU. Consiste en considerar que los estados miembros y el Estado central funcionan como esferas de poder separadas, sin interferencia alguna. Si ello fue así en otros tiempos, quebró definitivamente a partir de 1945 debido al gran aumento de funciones estatales que acumuló el nuevo Estado Social. Para desarrollar los principios de igualdad y solidaridad, especialmente en materias sociales, el federalismo dual no servía y por ello se dio paso al federalismo cooperativo basado en las relaciones intergubernamentales. Asombrosamente, a comienzos del siglo XXI, un partido socialista -precisamente ¡un partido socialista!- cree que el federalismo dual es la solución, ignorando las necesidades del welfare state.

En cuanto a incluir en la Constitución el llamado derecho a decidir -un término inventado en la época Ibarretxe para evitar denominarlo derecho a la autodeterminación- supongo que los socialistas catalanes saben que en un tiempo las únicas constituciones que incluían un precepto semejante fueron las de la URSS y Yugoslavia, y así acabaron. En la actualidad, parece que sólo está incluido en la Constitución de Etiopía y, para un supuesto concreto, en la de Sudán. Esto es lo que afirma, cuando menos, el conocido especialista en la materia George Anderson, continuador de la prestigiosa escuela de K. C. Wheare y R. L. Watts, en su libro Una introducción al federalismo, editado en 2008 por Marcial Pons y por el Institut d'Estudis Autonòmics-Generalitat de Catalunya, en respectivas versiones castellana y catalana (pp. 103-104 y 102-103). No creo que estas referencias internacionales -Etiopía y Sudán- añadan argumentos convincentes a la opción de los socialistas catalanes.

¿Adónde va el PSC con esta reforma de la Constitución alternativa a la independencia? Parece un apaño de circunstancias aunque tiene un aroma confederal. El PSOE ya ha comunicado su desacuerdo. Pero adelante: unos cuantos diputados catalanes, solos y aislados, en el Congreso, sin más apoyos. No es serio ni creíble: es el riesgo de situarse en tierra de nadie para quedar bien con todos.

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¿‘Quo vadis’, Artur Mas?
El ‘president’ no entiende ni hacia dónde pretende ir la UE ni, sobre todo, a dónde no quiere volver
Ana Mar Fernández Pasarín El País  31 Octubre 2012

Sorprende constatar, día tras día, la ligereza con la que políticos como Artur Mas claman y proclaman la vocación naturalmenteeuropea de lo que sería un Estado catalán independiente del resto de España desplegando, para ello, una retórica de corte esencialmente antieuropea. Asombra un discurso construido en negativo, articulado en torno a unos argumentos fundamentalmente contrarios al espíritu, los valores y el derecho de la UE.

“¿Cataluña, próximo Estado de Europa?”. A la vista del desconocimiento que delata una afirmación tan grandilocuente, cabe recordar al presidente de la Generalitat algunos de los principios básicos que regulan la Unión Europea. Principios constitucionales y funcionales que obligan a todos sus miembros por cuanto la legalidad jurídica no es una mera noción abstracta que se puede obviar en función de la oportunidad política del momento.

El primero de ellos es el propio concepto de unión. Tal y como estipula el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), esta organización política encuentra su origen en la voluntad de “acercar los pueblos de Europa en una unión cada vez más estrecha” con el doble objetivo de mantener la paz en el continente europeo y lograr su prosperidad económica. Es decir, Europa como entidad política debe su nacimiento a un principio normativo meridianamente claro: es la preferencia de la unión frente a la fragmentación, la cohesión frente a la desagregación o, si se prefiere, las fuerzas centrípetas (que no centralizadoras) frente a las centrífugas lo que constituye la verdadera garantía de estabilidad política y de crecimiento económico. La actual parálisis de la arquitectura comunitaria, bloqueada por la proliferación de los egoísmos nacionales es una buena prueba de ello.

El segundo principio es la idea de integración. Para unir los pueblos de Europa, la fórmula europea consiste en integrar las competencias soberanas y exclusivas de los Estados miembros. En otras palabras, en términos funcionales la construcción europea se basa en un principio básico: la renuncia progresiva, y en grados diversos, de parcelas de poder previamente en manos de los Estados (ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales, donde existan) y su cesión a un nivel político de carácter supraestatal. Desde la política de la competencia hasta la política monetaria pasando por la política agrícola o medioambiental, el modo de funcionamiento de la UE pasa por la inclusión en conjuntos más amplios y no por el repliegue localista. Hoy en día, el 70% de la legislación y, por lo tanto, de las políticas públicas que vinculan a los Estados miembros (y, en consecuencia, también a sus regiones) encuentran su origen en una normativa europea. Responsabilizar en exclusiva al Estado de los males propios es fácil y probablemente rentable desde el punto de vista electoral pero no se justifica desde la perspectiva de la realidad de los procesos decisorios.

El discurso actual del ‘expolio fiscal’, simplista y populista, no es forma de hacer méritos en la UE
Ello remite a un tercer principio: el interés general. La Unión Europea ha sido posible porque unos hombres de Estado —esa categoría en vías de extinción— como Jean Monnet o Konrad Adenauer tuvieron la clarividencia suficiente para darse cuenta de que el bien particular pasa por el bien común. Tras las devastadoras consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, precisamente relacionadas con la marea de ultranacionalismos populistas que anegaron Europa a principios del siglo XX, los Padres Fundadores tuvieron la inteligencia necesaria para darse cuenta y hacer comprender a las sociedades europeas que solo sumando y no restando se puede lograr un bien superior y en beneficio de todos. Un valor y principio de gobierno que encarna la propia idea de Comunidad Europea y condensa el lema europeo: “unidad en la diversidad”.

Esta visión es también la que sustenta el desarrollo de otro vértice del ordenamiento constitucional europeo: la solidaridad interterritorial como factor de cohesión económica y social. Solidaridad europea como condición para el bienestar económico del conjunto y no de una parte de la Unión. Cataluña se ha beneficiado de ingentes cantidades de fondos estructurales europeos debido a su pertenencia a España y en virtud de la aplicación de este principio de solidaridad. El discurso actual, simplista y con tintes populistas, del expolio fiscal no es precisamente la mejor manera de hacer méritos en Europa. En efecto, ¿No augura ello acaso que, mañana, en el caso de que Cataluña tuviese que contribuir de forma neta al presupuesto comunitario, Artur Mas podría emprender una campaña en contra de Polonia, Hungría, Rumanía o Bulgaria diciendo que "roban a Cataluña"? ¿Comenzaría una campaña de propaganda en contra de la financiación de redes transeuropeas en los países de Europa central y oriental con la misma inquina con la que se está actualmente movilizando en contra del AVE gallego o del corredor central? Participar plenamente del proceso de construcción europea requiere algo más (y sobre todo, algo distinto) que el ilusionismo político, la búsqueda de chivos expiatorios y la demagogia populista e insolidaria.

Por último, los anteriores principios y valores se hacen efectivos en la casa europea a través de una regla formal y de extraordinaria importancia que no se puede eludir: el respeto de la jerarquía normativa establecida y pactada por todas las partes firmantes de los Tratados constitutivos europeos. Un líder responsable tendría que tener en cuenta que amenazar con el incumplimiento de la norma constitucional adoptada en su momento dice poco o nada a favor de la fiabilidad y lealtad institucional como socio comunitario, además de que socava de manera profunda la seguridad jurídica que un jefe de gobierno debería transmitir a sus conciudadanos. Todo ordenamiento jurídico se rige por un principio esencial que es el pacta sunt servanda. Las reglas del juego están hechas para ser respetadas. Ello no significa que sean inamovibles pero sí que se deben respetar mientras no existan otras adoptadas por el conjunto de los que conforman la soberanía popular.

En definitiva, no sabemos a dónde va o pretende ir el presidente de la Generalitat. Lo que sí podemos decir es que enarbolar la bandera europea es condición necesaria pero no suficiente para ser miembro de la UE. Más allá de los condicionantes legales que rigen toda adhesión, existen unos valores y principios anclados en la historia y en la propia idea de Europa unida y como tal, exigibles a todos los que pretenden formar parte de ella. Pretender jugar en la liga europea cuando uno demuestra día tras día una escasa capacidad para desenvolverse sin romper en una liga más próxima, como es la española, no parece la manera más acertada e informada de hacer valer unas credenciales europeas. En efecto, demuestra no haber entendido ni hacia dónde pretende ir Europa ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.

Ana Mar Fernández Pasarín es profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la UAB e investigadora del Observatorio de Instituciones Europeas de Sciences Po Paris (CEE).

Diez años después
Santiago González, EL MUNDO.  31 Octubre 2012

Hace 10 años y un mes, el lehendakari Ibarretxe anunció en el Parlamento vasco el Plan que llevó su nombre, una propuesta que se sustentaba en «las bases jurídicas y políticas» que se emplean en Europa «para resolver, pacífica y democráticamente, los conflictos que se derivan de la existencia de hechos nacionales diferenciados en el seno de un mismo Estado».

La entonces presidenta de los europarlamentarios socialistas españoles, Rosa Díez, escribió al presidente de la Comisión, Romano Prodi, para preguntarle si la propuesta del lehendakari tenía relación con las bases jurídicas de la construcción europea. La respuesta fue: «No, el Tratado de la Unión no puede, en ningún caso, constituir la base jurídica que ampare la propuesta presentada por el Sr. Ibarretxe en el Parlamento regional el 27 de sep- tiembre de 2002».

El 23 de octubre de 2002, Ibarretxe declaraba: «Mienten al decir que la UE ha rechazado mi propuesta. [...] Lo que [la UE] dice en su pronunciamiento es: ‘Oigan ustedes, arréglense entre ustedes, resuelvan entre ustedes los problemas y punto, y eso es lo que estamos pretendiendo hacer’».

La historia se repite 10 años después. Artur Mas, que es como Ibarretxe, pero en tonos grises, ha repetido en estos días: «Debemos tener un Estado propio que nos permita progresar [...] y situarnos junto al resto de las naciones de Europa». El secretario de Estado de Exteriores, Iñigo Méndez de Vigo, escribió una carta a la vicepresidenta de la Comisión para que aclarase unas manifestaciones ambiguas. Y Viviane Reding respondió: «Quiero que no quede ninguna duda sobre mi posición, que es igual a la expresada por el presidente Barroso [...] y que coincido plenamente en el análisis del marco constitucional europeo que desarrollas en tu carta».

«El problema es que la UE atenderá el veto del Estado miembro, como no podía ser de otra manera»
Durão Barroso se había expresado hace pocos meses con las mismas palabras que usó Prodi en 2004: «Cuando un territorio de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado, los tratados de la UE no se aplicarán a dicho territorio».

El portavoz de la Generalitat, que es como su presidente, pero sin el don de la palabra, no ha concedido ninguna importancia a la carta de la vicepresidenta Reding: en la UE «no hay una posición clara y definida porque no hay nada planteado formalmente por parte de Cataluña».

Efectivamente, ningún planteamiento, ninguna formalidad. El problema es que la secesión unilateral de una parte de un Estado, la misma palabra lo dice, se hace sin el acuerdo de dicho Estado, y que la UE atenderá la voz y el veto del Estado miembro, como no puede ser de otra manera. La carta ha servido al menos para que a Duran Lleida se le haya pasado la rauxa y haya dado la razón a Viviane Reding. Él tampoco había pensado que entre su voluntad de Estado catalán en Europa y su cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados hay una incompatibilidad moral. Es como ser independentista y querer seguir jugando en la liga española. Ah, que era interdependencia lo que querían decir.

Pérdidas o ganancias
Cuando la mayoría tiene en cuenta la dimensión económica del problema hay más posibilidades de acuerdo
Florencio Domínguez La Vanguardia 31 Octubre 2012

En situaciones difíciles, dominadas por problemas complejos para los que nadie ve un arreglo a corto plazo, es fácil que haya sociedades tentadas de refugiarse en la búsqueda de soluciones milagro. Ocurre en la vida privada y en la colectiva. Cuando las soluciones convencionales tardan en hacer efecto, son dolorosas y, encima, van acompañadas de incertidumbre sobre el resultado final hay gente dispuesta a acogerse a promesas de remedios indoloros que, según se dice, pueden curarlo todo sin que, además, tengan efectos secundarios.

La idea del Estado propio, tal como se plantea en el debate catalán, puede ser percibida como solución milagrosa, pero un Estado independiente no es por sí mismo el bálsamo de fierabrás contra la crisis económica. Depende de muchas cosas: de los recursos de que se disponga, de las relaciones comerciales con otros países, de la estructura económica del país, de la eficacia de las políticas públicas, de la confianza que inspire a los inversores o del contexto internacional, entre otros factores.

La carga económica del debate independentista abierto en Catalunya es tanto o más fuerte que la componente ideológica o identitaria. La encuesta publicada por La Vanguardia el domingo lo dejaba en evidencia al subrayar cómo los independentistas serían menos que los contrarios a la separación si Catalunya obtuviera un pacto fiscal adecuado. Una satisfacción en el terreno económico reducía el porcentaje de adhesión a la independencia. Y esos datos se obtenían en el clima político actual de gran efervescencia en el que sopla un viento favorable a los secesionistas. Hubo un tiempo en el que en el País Vasco también se planteaban las cosas en ese registro. Era cuando Xabier Arzalluz se preguntaba aquello de "autodeterminación ¿para qué?, ¿para plantar berzas?", aunque luego él mismo se olvidó de esos interrogantes.

En un debate en el que prima la pulsión identitaria es más difícil llegar a soluciones dialogadas o al establecimiento de espacios de juego político compartido porque las pasiones se sitúan por encima del razonamiento frío. En cambio, cuando la mayoría tiene en cuenta la dimensión económica del problema hay más posibilidades de alcanzar acuerdos. Todos somos más cuidadosos en la administración de la cartera que en la gestión de nuestras filias y nuestras fobias.

Cuando lo que está en juego es la subsistencia, la mejora del nivel de vida, la conservación del Estado de bienestar o asegurar el futuro de los hijos, a la hora de decidir sobre la independencia pesarán mucho más las consecuencias económicas de un paso de esa naturaleza. Se valorará como es debido la posibilidad de quedarse fuera de la UE, de que haya fuga de empresas o de que el deterioro de los lazos comerciales con el conjunto de España tenga efectos adversos. En el momento actual la discusión política se desarrolla en el terreno de la pasión y se solaza en los agravios percibidos, pero tarde o temprano se trasladará al terreno de la razón y se planteará el términos de pérdidas o ganancias.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20121031/54353675482/perdidas-o-ganancias-florencio-dominguez.html#ixzz2BlcRqvhQ
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Supermás se quita la camisa
http://santiagonzalez.wordpress.com  31 Octubre 2012

El remero Arcu está descubriendo una veta insospechada de ilustrador gráfico en unas habilidades que aquí había mostrado Ikewana. Admirable la serie héroes con mentón, de la que ayer publicábamos a Juan Mas Centella y hoy a Supermas, antecedentes del president de la Generalitat.

Decíamos ayer al final del comentario que:
“No servirá de nada, (la rotunda carta de la vicepresidenta de la CE, Viviane Reding) a ver si va a saber más la vicepresidenta europea que nuestro honorable president. Es todo un déjà vu.”

Vamos a recordar precedentes:
En los años 80, cuando la Unión Europea era conocida como ‘La Europa de los Doce’ el PNV hizo una briosa campaña en reivindicación de la décimo tercera estrella en la bandera de la Unión (‘la treceava’, decían algunos dirigentes). Europa tiene hoy veintisiete (27) Estados miembro y ninguno de ellos es el vasco.

El 27 de septiembre de 2002, Ibarretxe anunció en el Parlamento vasco su plan soberanista. Tal como recoge el Diario de Sesiones de la Cámara, el lehendakari dijo:

“este modelo de relación basado en la libre asociación y en la soberanía compartida, es utilizado y reconocido en el ámbito europeo y en el concierto internacional. Este modelo está en la base de la propia construcción de Europa e, incluso, ha sido el fundamento de estados europeos y de otros existentes en el mundo occidental.

Se trata, en definitiva, de una propuesta que utiliza las bases jurídicas y políticas que en Europa Occidental se han utilizado y se están utilizando para resolver, pacífica y democráticamente, los conflictos que se derivan de la existencia de hechos nacionales diferenciados en el seno de un mismo estado o de los conflictos de relación que surgen entre hechos nacionales que atañen a diferentes estados.”

Rosa Díez, que era entonces la presidenta del grupo de los europarlamentarios socialistas españoles, escribió una carta al entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi para preguntar si esto era como lo decía el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca. Prodi respondió el 22 de octubre:

“No, el Tratado de la Unión no puede, en ningún caso constituir la base jurídica que ampare la propuesta presentada por el Sr. Ibarretxe en el Parlamento regional el 27 de septiembre de 2002.”

Al día siguiente, Ibarretxe fue entrevistado en Radio Euskadi, donde negó su discurso del Parlamento vasco:

“Mienten al decir que la UE ha rechazado mi propuesta.(…) Es obvio que no son las bases jurídicas de la Unión Europea sobre las que se sustenta mi propuesta (…) (La Unión Europea) lo que dice en su pronunciamiento es: oigan ustedes, arréglense entre ustedes, resuelvan entre ustedes los problemas y punto, y eso es lo que estamos pretendiendo hacer”.

La reacción de Mas y su Gobierno estaba cantada: el portavoz Homs menospreció la carta de la vicepresidenta y prefirió las ambigüedades de Almunia. Por cierto, y para vergüenza del comisario socialista, hace diez años, cuando su entonces correligionaria Rosa Díez, escribió a Romano Prodi, contó con toda la simpatía y colaboración de la entonces vicepresidenta de la Comisión, la malograda Loyola de Palacio.

Dos cuestiones:
¿Por qué el Gobierno no ha dado a conocer la carta de la vicepresidenta Reding hasta 25 días después de recibirla? Durante casi un mes, el agitprop de Mas ha estado hinchando el globo ante un silencio incomprensible del Gobierno, en cumplimiento de una estrategia incomprensible, de las que inevitablemente allanan el camino de los desastres: no demos nuestras razones, que es peor.

La segunda es el titular que hoy lleva La Vanguardia a su portada:
“Camacho (Alicia Sánchez-) ofrece más financiación para frenar el soberanismo”.

Ésta es la razón última por la que el problema de Cataluña no tendrá solución nunca. El nacionalismo plantea un problema, llevándolo incluso hasta los extremos de la abierta deslealtad de Mas, un hombre que juró la Constitución y perjuró, que ha practicado esa deslealtad en las peores circunstancias para España y ha llevado el asunto hasta el extremo ridículo de pretender que la Unión Europea va a ser más sensible a un territorio desgajado unilateralmente de un Estado miembro que al estado miembro propiamente dicho, que es el socio, es decir, quien paga las facturas. Pero el nunca se juega nada en sus apuestas. El doble o la mitad, por ejemplo. Mientras haya políticos que consideren inteligente la estrategia de Camacho, los Ibarretxe, Mas, saben que sus fracasos les saldrán gratis. Qué digo gratis, les reportarán beneficios. ¿Por qué no iban a intentarlo de nuevo más tarde, si de su derrota anterior salieron con más financiación y más asimetría?

Así de «españolizados» están los niños catalanes, mallorquines, gallegos, vascos y valencianos
En el mapa autonómico existen realidades que van desde la «hegemonía absoluta» en las aulas de la lengua autonómica hasta el trilingüismo
eva pastrana@ABC_es / madrid ABC  31 Octubre 2012

Hace unas semanas el ministro de Educación José Ignacio Wert sorprendía con sus declaraciones en el Pleno del Congreso: «Hay que españolizar a los alumnos catalanes», dijo. Pero, ¿en qué lengua estudian los niños de las Comunidades bilingües? ¿Existe alguna previsión legal al respecto? La respuesta es que cada autonomía establece su propio modelo, por lo que el pastel lingüístico se reparte de manera distinta en cada una de ellas. En general, todas las regiones bilingües tienden en la actualidad hacia sistemas plurilingües, que fomenten el aprendizaje de inglés y equilibren las asignaturas impartidas en lengua extranjera, castellano y lengua autonómica. Todas, excepto Cataluña.
Baleares sale de la inmersión lingüística

Tras 20 años de hegemonía idiomática catalana, Baleares se prepara para dar un giro a su política educativa. El modelo de la inmersión lingüística (que obliga a impartir el 90% de las asignaturas en catalán, esto es, todas menos la lengua castellana y el inglés) estuvo vigente durante dos décadas en las islas. Los consejos escolares de cada centro eran los encargados de elegir un determinado proyecto educativo, basculando en la mayoría de los casos hacia la inmersión lingüística. De esta manera, si unos padres pretendían que sus hijos dieran en el colegio alguna asignatura en castellano que no fuera la propia materia de lengua y literatura castellana, probablemente tendrían que pagar un centro privado o concertado.

El nuevo decreto educativo promovido por José Ramón Bauzá abre un mayor abanico de posibilidades. Para empezar, se recoge por primera vez el derecho de los padres a elegir la primera lengua de enseñanza de sus hijos. Además, a partir del curso que viene el Gobierno balear rompe con la hegemonía del catalán en las aulas con la puesta en vigor del «decreto de tratamiento integrado de lenguas». Ahora los alumnos de primaria de las Baleares deberán estudiar un mínimo de cinco horas en castellano, cinco en catalán y otras cinco en una lengua extranjera. En la educación secundaria, los centros deberán ofrecer más de un 20% de las asignaturas en castellano, catalán o inglés. El objetivo del Gobierno es «que los alumnos acaben su etapa obligatoria dominando las dos lenguas oficiales y teniendo las competencias adecuadas en lengua extranjera».
Cataluña y la inmersión lingüística

Como decíamos al inicio, Cataluña es la única Comunidad Autónoma que aún mantiene vigente el modelo de la inmersión lingüística. En otras palabras, el 90% de lo que oyen los niños catalanes en las aulas es catalán. Y el castellano tendrá el mismo papel que la lengua extranjera.

El sistema de inmersión lingüística supone que todo el currículo se imparte en catalán (lengua vehicular) excepto la asignatura de lengua y literatura castellana, a la que se dedican 2 ó 3 horas semanales y el inglés, que recibe el mismo porcentaje. Eso quiere decir que si los niños catalanes no aprenden castellano fuera de las aulas, tendrán (y tienen) el mismo conocimiento de lengua española que un niño de Madrid, Cáceres o León pueda tener de la lengua inglesa. Y que probablemente partirán de unas bases mucho más débiles en lengua castellana si pretenden, por ejemplo estudiar en una universidad en Madrid.

Galicia y su 50%-50%
Bilingüismo y equilibrio es lo que se extrae del modelo gallego, que tiende ahora hacia una mayor internacionalización gracias al plurilingüismo. La norma es que el 50% de las horas deben darse en castellano y el otro 50% en gallego. ¿Respecto a qué asignaturas? Los padres pueden decidir con el centro cuáles son las asignaturas que van en un idioma o en otro, aunque hay etapas educativas donde la ley establece previsiones concretas. Además, de los 1451 centros gallegos hay 148 que aplican actualmente el sistema plurilingüe. Es decir, trilingüismo: gallego, inglés y castellano.
Los tres modelos del País Vasco

El País Vasco parte de la libertad de los padres para elegir entre tres caminos distintos. La opción mayoritaria es el modelo D, en el que todo el programa se estudia en euskera a excepción de la asignatura de lengua y literatura castellana. En el lado opuesto se sitúa el modelo A, con todo en castellano salvo una asignatura en euskera, lengua vasca. En medio, el modelo B trata de establecer un equilibrio entre los dos anteriores, y permite estudiar la mitad de las asignaturas en euskera y la otra mitad en castellano.

Como decíamos, el modelo D es el mayoritario en el sistema. Y en los niveles iniciales para 2 y 3 años es casi el único con el 99% de los niños escolarizados, según datos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En otros niveles llega al 80%, mientras que el modelo A, que da preponderancia al castellano, no tiene ni un 5% de implantación en la región y sólo es el mayoritario en los estudios de Formación Profesional, con algo más de un 50%.

Pero el País Vasco también navega hacia el trilingüismo. De momento hay 13.000 alumnos acogidos a este modelo que reparte las horas lectivas entre el castellano, el euskera y el inglés. «Es a lo que aspiramos a que cambie el modelo educativo vasco en un futuro», explican desde el Departamento de Educación. Este sistema establece un mínimo de un 20% del currículo para cada lengua. Y el 40% restante, queda en función del centro y «dependiendo de su realidad lingüística». Lo normal es q se adapten más hacia el modelo del que parten (A,B o D).
Valencia, dos modelos y plurilingüismo

El modelo valenciano es esencialmente el mismo que en el País Vasco. Existen dos grandes programas o modelos lingüísticos. Uno de ellos da el 90% de las asignaturas en castellano y el otro lo hace en valenciano. La diferencia es que no existe una mayoría aplastante de estudiantes que opten por el camino de la lengua autonómica. El 53% de los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria estudian actualmente en valenciano y en Educación Secundaria lo hace el 54,3%, según estadísticas proporcionadas por el Gobierno valenciano.

Además el nuevo modelo del plurilingüismo acaba de implantarse en 270 centros, y avanza a golpe de curso académico. Cada año hay un curso más que se acoge a este tipo de enseñanza.
 

Tertulia PD / Alberto Lardiés (La Gaceta) y Pedro Fernández Barbadillo (blog 'Bokabulario')
"El votante del PP está harto. Nunca había ocurrido que el partido que gobierna en España quedara cuarto en el País Vasco"
"Rubalcaba está batiendo todos los récords de derrotas. Se implicó mucho en Galicia y a veces ni llenaba los salones de actos"
Periodista Digital 31 Octubre 2012

Alberto Lardiés (La Gaceta) y Pedro Fernández Barbadillo (blog 'Bokabulario') han analizado en Periodista Digital lo sucedido en las elecciones gallegas y vascas del 21 de octubre de 2012.

"RUBALCABA ES UN ZOOMBIE"
A. Lardiés: Rubalcaba es un hombre que en su partido está batiendo todos los récords de derrotas. En estas elecciones se había implicado mucho en Galicia. Había ido mucho aunque a veces no era capaz de llenar los salones de actos donde hacía el discurso de turno.

P.F. Barbadillo: Hoy en día Rubalcaba es un zombie. La duda es si llegará a las elecciones catalanas agonizante. ¿Se lo van a cargar antes o van a esperar unos días? Se está dando como casi seguro que Carme Chacón será la sucesora de Rubalcaba y yo sin embargo creo que podemos tener sorpresas. Ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero del que no se conocía ningún discurso hasta su irrupción en 2000. Sólo era conocido en León y poco más. Y luego ha sido el secretario general que ha tenido más poder y ahora se está viendo que ha deshecho el partido.

LA LABOR DE PATXI LÓPEZ COMO LEHENDAKARI
A. Lardiés: El señor Patxi López se ha dedicado a pedir constantemente la legalizaciónde EH Bildu y paradójicamente la irrupción de ese partido ha sido a él a quien le ha hecho más daño.

P.F. Barbadillo: Algo parecido a Patxi López le ocurrió a Ramón Jauregui, que también dirigió el PSOE de Euskadi, fue Vicelehendakari de José Antonio Ardanza y era también de esa tendencia guipuzcoana de llevarse bien con el nacionalismo, incluirlo dentro de España y todos esos topicazos.

Con Jáuregui el PSOE vasco cayó hasta sus peores resultados con 14 escaños. Ahora Patxi tiene 16. Y resulta que el que ha tenido el suelo más alto ha sido Nicolás Redondo, el maldito, masacrado y expulsado del PSOE.

LOS POBRES RESULTADOS DEL PARTIDO POPULAR EN EL PAÍS VASCO
A. Lardiés: En cuanto a los resultados del PP vasco habría que preguntar dónde están María San Gil y Mayor Oreja. En el año 2001, en aquellas elecciones presentadas como frentistas, el señor Mayor Oreja consiguió 19 escaños, un apoyo del 22%. Hoy el señor Basagoiti tiene 10 escaños y un 11% de apoyo. El PP vasco ha aparcado un discurso de firmeza, de defender la dignidad frente a los terroristas. El resultado es que en 10 años los ciudadanos vascos le han quitado la mitad del apoyo al PP. Los Oyarzabal, Basagoiti, los Maroto tendrán que pensar que algo han hecho mal, en que han fallado a su votante. [...] Desde luego que los datos son demoledores para el PP vasco. [...] Va camino de ser un partido marginal.

P.F. Barbadillo: Quedar cuarto en las elecciones vascas nunca le había pasado al partido que gobierna en toda España. [...] Creo que el votante del PP está harto.

OYARZÁBAL, EL HOMBRE DEL PP VASCO QUE DISGUSTA A LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS
P.F. Barbadillo: El PP de Mariano Rajoy se ha hundido en el País Vasco

A. Lardiés: Su caída en picado hay que explicarla desde el Congreso nacional de 2008. Maria San Gil era una de las que tenía que redactar la ponencia con las líneas maestras del PP y acabó abandonando el partido siendo un referente para muchos porque lo que ponía en esa ponencia no sobre ETA sino sobre el nacionalismo en general, sobre el PNV,...ese discurso es el que ha cambiado, con Basagoiti ha tenido el PP un discurso más amable, acercarse a ellos, posibles pactos...no enfrentarse al PNV de la manera que lo hace Rosa Díez -aunque en su día pactaba con ellos- pero que ahora mantiene un discurso duro

P.F Barbadillo: Hay que tener en cuenta quien es Iñaki Oyarzábal:es el símbolo de una casta política. Mayor Oreja, San Gil, Ignacio Astarloa eran gente que tiene ideas, que se expresa en artículos, conferencias...¿que tiene él? Nada, absolutamente nada. Es el mismo caso que el de Urkullu que ya frecuentaba con 14 años el 'batxoki' y de ahí no han salido, como Oriol Pujol. Hombres de partido y toda su vida la han hecho a través del partido

A. Lardiés: El señor Oyarzabal es quizás el hombre del PP vasco que mas ha disgustado a las asociaciones de víctimas del terrorismo con declaraciones a las que algunas les llamó ultras. Así les ha ido ahora. Con un Basagoiti tan amable, tan dialogante pero cuyos valores lo han defendido tan tímidamente que muchos de sus votantes no le han dado el apoyo

P.F. Barbadillo: El batacazo del PP en Álava, es sangrante. Allí tienen la Diputación provincial y la ciudad de Álava. Es que han sido cuarta fuerza en Álava cuando hace un año fueron la primera. En menos de un año y gobernando las dos principales instituciones de la provincia han pasado de primeros a cuartos.

¿DEBERÍAN DIMITIR BASAGOITI Y OYARZÁBAL?
P.F.Barbadillo: Sí
A. Lardiés: Debe haber un congreso interno y ver si los que ahora mandan deben seguir o no. Es el momento de poner en manos de las bases que decidan quien quiere que sea el próximo candidato porque con los de ahora cada vez van peor

P.F. Barbadillo: Deben dimitir para demostrar que hay una renovación que se quiere hacer en serio
A. Lardiés: La pregunta quizás es si quieren hacer renovación

P.F.Barbadillo: Basagoiti ya fue hombre de Aznar. Estamos ante el hombre de partido que bascula hacia un lado u otro en funcion de como sople el viento
A. Lardiés: El PP no depende de ETA. He leído que se puede venir abajo porque ETA no está. Dicen que el PP se aprovechaba porque ETA mataba. Esto es una barbaridad. El PP tiene un apoyo social importante que no ha sabido explotar.

GALICIA Y LOS EXTRAORDINARIOS RESULTADOS DE FEIJÓO
A. Lardiés: Feijóo es un as del markéting político. Hizo una comparecencia tras los resultados austera, seria, apostando por la gestión de luchar contra la crisis. No se deja llevar por la euforia. Es un hombre cabal, de lo que se necesita en la política. Se olvida de debates identitarios. Ha dado una lección.

P.F Barbadillo: Me ha sorprendido su victoria pero por su contundencia, no tanto por si iba a tener o no mayoría absoluta. Él presentaba como bagaje no solo la labor del gobierno nacional sino también algunos asuntos como el lingüistico o la fusión de las dos cajas gallegas para fundar NovaCaixa Galicia o el tema de las preferentes, que afecta a mucha gente. Enfrente la gran alternativa de la izquierda es Beiras, una persona 'locoide', que acusa a Feijóo de estar matando viejecitos.

A. Lardiés: Pachi Vázquez y el PSOE gallego, ¿camino de qué? En Galicia fue un partido que frente a Fraga consiguió llegar al Gobierno y lo hizo tan mal en Galicia que así le va. El señor Pachi Vázquez sí que tiene que dimitir. Un señor que ha hecho la campaña electoral a sacar el asunto de la petrolera 'Pemex' y que luego en el debate Feijóo le demostró que lo que decía de él era falso. Ha quedado en ese asunto como mentiroso y destrozado por los resultados.

L. Balcarce: Como estratega electoral de Vazquez estaba Pepe Blanco, que vuelve a fracasar...
A. Lardiés: El señor Vázquez es una muestra de como esta el PSOE internamente. Ayer hubo socialistas que lo celebraron...
P.F. Barbadillo: Quisiera citar una frase de Pepe Blanco, ese gran estratega, que en 2005 declaró en una entrevista con Esther Esteban: "Cuando finalicemos la reforma del Estatut, Cataluña será más España y Españá estará más unida"
A. Lardiés: Hay gente que no es votante del PP que ha votado a Beiras porque no había otro...y el BNG que se lo haga mirar...

FRACASO DE MARIO CONDE
A. Lardiés: Yo invito a la oposición a que hagan ya una coalición, para que la gente elija entre Feijóo o izquierda y nacionalismo todo junto. Los experimentos solo los hubo una vez y fue tan mal que...
P.F. Barbadillo: El bipartito hundió tanto al PSOE como al BNG. Ahora tenemos a Anxo Quintana de delegado de una constructora en Brasil, como todos los conseguidores. ¿Que sabe un auxiliar de enfermeria de construcción? Este es el tipo de cosas que hunde a la izquierda en Galicia.

También es cierto que hay un mínimo, un umbral del 5% que hace muy dificil la entrada de nuevos partidos, pero el PP se conoce muy bien Galicia de arriba a abajo, tiene grandes alcaldes en las provincias, otros los llaman caciques, pero se patean todos los pueblos, eso lo hacía Fraga, y también Chaves en Andalucía. Al menos se manchan los zapatos
Moderador: Luis Balcarce
 

Galicia / terrorismo radical
Resistencia Galega imita los métodos de financiación de los radicales vascos
La detención de dos de los presuntos tesoreros de la banda gallega deja al descubierto su aparato de financiaciónEl presupuesto que RG manejó el pasado año podría rondar los 16.000 euros
J. ORGAZ / ferrol ABC Galicia 31 Octubre 2012

La detención de dos supuestos miembros de la organización terrorista Resistencia Galega la pasada madrugada en Ferrol ha dejado al descubierto un entramado financiero que guarda claras conexiones con el utilizado por los radicales vascos. Considerados como los tesoreros del grupo independentista, los arrestados este lunes -César Sayans, alias «Xulio», y Silvia María Casal- eran los presuntos encargados de realizar las recaudaciones comarcales para aprovisionamiento de dinero. O lo que es lo mismo, de gestionar y repartir el efectivo que la banda ingresa con la organización de pequeños conciertos de música popular, la venta de todo tipo de merchandising nacionalista, la ayuda de pequeñas asociaciones culturales e incluso del reparto de loterías. Una metodología que imita la de la kale borroka vasca y que podría haber reportado al aparato financiero de Resistencia, según los primeros indicios, un monto de 16.000 euros destinado a la compra de material químico durante el pasado año.

Fuentes de la investigación precisaron a ABC, además, que parte del operativo puesto en marcha en Ferrol se concentrará en determinar si la venta de loterías por parte de los radicales cumplía con las exigencias legales que demandan un alta en la Agencia Tributaria.

«La banda queda diezmada»
Las detenciones practicadas este lunes en la ciudad departamental se enmarcan dentro del operativo que el pasado septiembre propició el arresto de cinco personas más vinculadas a la organización. «Con estos arrestos la capacidad operativa de RG queda prácticamente diezmada», apuntó el ministro de Interior, Jorge Fernández.

A espera de pasar en las próximas horas a disposición de la Audiencia Nacional, el abogado de los detenidos explicó que sus defendidos están «incomunicados en aplicación de la ley antoterrorista por imputárseles un delito de los comprendidos en el capítulo de terrorismo». En su conversación con los medios, el letrado también indicó que se había interpuesto un «habeas corpus» a través del que solicita la puesta en libertad de la mujer detenida por tener un hijo de ocho meses.

Paralelamente, los agentes encargados del caso prosiguen con el análisis del material incautado en la vivienda en la que residían ambos, ubicada en el barrio ferrolano de Santa Cecilia. Durante el registro, los agentes de la Policía Nacional encontraron material informático, agendas y numerosa documentación. Semanas antes, y para dar con los dos supuestos tesoreros de la organización, los efectivos desplegaron un dispositivo basado en escuchas telefónicas y en «ciberpinchazos». De ahí que muchos de los datos obtenidos procedan de cuentas de correo y de mensajes que los implicados enviaban a través de la aplicación móvil conocida como «Whatsapp».

Tras este importante golpe a la estructura organizativa de la banda independentista gallega, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Samuel Juárez, aclaró que no se pueden descartar nuevas detenciones tras el arresto de los dos presuntos gestores. «Este tipo de operativos se llevan a cabo, entre otras cosas, para conseguir más información que puede llevar a más arrestos, aunque por el momento no hay datos ni en un sentido ni en otro», matizó Juárez en la mañana de ayer.

Los registros continuaron durante la madrugada del martes en el área de Ferrol y se espera que de la información recabada se extraiga más documentación que «ayude a reducir la capacidad operativa de la banda», apuntan los investigadores.

Medio centenar de atentados
Las detenciones también fueron comentadas por el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, que llamó a todos los partidos gallegos a cerrar filas «contra los fanáticos que intentan generar miedo e incertidumbre». Por el momento se desconoce si la banda, que ya suma medio centenar de atentados en los últimos siete años, tenía previsto reaparecer con motivo del Día de la Constitución.

Mas levanta una nueva frontera catalanizando la lengua de signos para sordomudos
La Generalitat crea un órgano asesor en relación con el lenguaje de signos catalán para dar un nuevo impulso al reconocimiento de este idioma
 www.lavozlibre.com 31 Octubre 2012

Barcelona.- La Generalitat de Cataluña ha dado otro paso para levantar una nueva frontera con el resto de España, en este caso en lo que se refiere a la lengua para sordomudos. Y es que el Gobierno de Artur Mas anunciaba este martes la creación del consejo social que actuará como órgano asesor en relación con el lenguaje de signos catalán, mediante la aprobación de un decreto que permite dar un nuevo impulso al reconocimiento de este idioma. Una nueva barrera que hará que los sordomudos de Cataluña tengan más difícil entenderse con los de otras zonas de España.

El consejo se adscribe a la Dirección General de Política Lingüística de la Consejería de Cultura, y estará formado por 14 miembros, siete de ellos representantes de la Generalitat y otros siete personas usuarias y profesionales del lenguaje de signos en catalán.

En la época del ‘tripartito’, Josep-Lluís Carod-Rovira, entonces vicepresidente de la Generalitat, inició la implantación del catalán en la lengua de signos aprobando el proyecto de ley. Tras tres años guardada en el cajón, Mas recupera ahora esta iniciativa en el último Consejo de Gobierno antes de las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre para tratar de arañar votos en un nuevo colectivo.

Mas condiciona las ayudas por formar o contratar parados al fomento del catalán
La Generalitat obliga a usar ese idioma a las empresas que quieran acceder a esas subvenciones públicas
 www.lavozlibre.com 31 Octubre 2012

Barcelona.- La Generalitat de Cataluña acaba de publicar una orden que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la formación y contratación de personas en situación de paro de larga duración que hayan agotado la prestación o subisidio y, para acceder a esas ayudas, se pide como requisito que las empresas utilicen el catalán en su rotulación y en sus comunicaciones internas.

Así se recoge en la normativa, publicada por el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 22 de octubre, donde también se advierte de que el incumplimiento de esta obligación es causa de retirada de la subvención concedida, según publica este miércoles el diario ‘ABC’. Estas ayudas están dirigidas a ayuntamientos, empresas y entidades sin ánimo de lucro.



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