AGLI Recortes de Prensa  Jueves 8  Noviembre 2012

Bruselas tampoco se cree a Rajoy
EDITORIAL Libertad Digital 8 Noviembre 2012

Es cierto que los miembros del Gobierno se han cuidado muy mucho de utilizar la desacreditada expresión "brotes verdes", que popularizó el Ejecutivo de Zapatero. No por ello, sin embargo, han dejado de servirse de algunos de los datos económicos menos negativos, como el saldo por cuenta corriente, el descenso en la deuda de las familias o la estabilización del empleo privado, para transmitir una imagen global de recuperación que puede resultar igualmente engañosa. Al "Estamos saliendo ya de la crisis" de la ministra de Empleo, Fátima Bañez, le ha seguido el "El futuro de España es brillante" de Luis de Guindos, o el menos comprometido pero igualmente optimista "El próximo año será mejor" del presidente Rajoy.

Lo cierto, sin embargo, es que pocas cosas avalan tan prometedoras perspectivas, si tenemos en cuenta las escasas y ligeras reformas llevadas a cabo por el Gobierno, por no hablar de su demencial subida de impuestos. Prueba de ello es el jarro de agua fría que la Comisión Europea acaba de arrojar sobre Moncloa con un informe en el que augura un fortísimo desvío fiscal y una caída del PIB tres veces mayor de lo que espera Rajoy. Concretamente, la CE estima que caerá un 1,4% este año y un 1,4% en 2013 (frente a la contracción del 0,5% que contemplan los PGE), para crecer luego un 0,8% en 2014; asimismo, el paro escalará hasta el 26,6% en 2013, frente al 24,3% previsto en los PGE, y apenas bajará hasta el 26,1% en 2014 (seis millones de personas).

Aun más preocupante, si cabe, es la evolución de las cuentas públicas. Bruselas tumba por completo las estimaciones del Ejecutivo de Rajoy en esta materia al señalar que España incumplirá los objetivos de reducción de déficit pactados con la UE los próximos tres años. La brecha fiscal se situará en el 8% del PIB este año (del 7% si se descuentan las ayudas a la banca), lejos del objetivo del 6,3%; en el 6% en 2013, frente al 4,5% previsto, en el 6,4% en 2014 en lugar del 2,8% comprometido.

Frente a estas previsiones –tanto las del Gobierno como las de la Comisión Europea– podemos afirmar que el futuro siempre está abierto. Y ciertamente lo está. No hay nada que de manera inexorable impida alcanzar, incluso mejorar, las metas del Gobierno. Como tampoco hay nada que nos salve de forma automática de tener un futuro aun más negro que el que nos augura la CE. Dependerá de lo que hagamos. Pero qué duda cabe de que si el Gobierno, lejos de transformar y reducir drásticamente el elefantiásico y burbujístico sector público que padecemos, se sigue empeñando en preservar la mayor parte del mismo con esterilizantes subidas de impuestos; o si en lugar de practicar la austeridad se limita a predicarla hipócritamente, tal y como hace con su pausado e insuficiente reformismo, estaremos abocados a un futuro más similar al que nos dibuja la Comisión que al que nos augura el Gobierno.

Lo que el Gobierno tiene que hacer
Editorial www.gaceta.es 8 Noviembre 2012

El Gobierno debe reflexionar sobre cuáles son las políticas económicas que ha adoptado y sobre el resultado obtenido con su aplicación.

Algo no funciona. Casi un año después de llegar al poder, con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, el Gobierno debe reflexionar sobre cuáles son las políticas económicas que ha adoptado y sobre el resultado obtenido con su aplicación. Cierto que España pertenece a un selecto –y esquizofrénico– club, la Unión Europea, que impone una serie de normas de difícil pero inevitable cumplimiento y que han condicionado las prioridades del Gobierno de Rajoy a la hora de afrontar la crisis. Sin embargo, incluso habiendo tratado de cumplir con Europa, pidiendo un esfuerzo ímprobo a los ciudadanos, y tras haber acometido reformas de calado en nuestra estructura económica –reforma laboral– las cosas en España siguen igual, si no peor en algunos casos.

Pero ni son los 27 los responsables últimos de crear empleo en España ni es Alemania la encargada de ofrecer a las empresas y trabajadores españoles un marco estable en el que poder crear riqueza. Es el Gobierno del PP el que puede y el que debe –pues así prometió que haría, mucho antes incluso de llegar al poder– aplicar las políticas económicas que favorezcan estos objetivos: empleo y riqueza.

Para ello, y en su programa electoral está registrado, se debería legislar de una vez por todas para que en España exista un mercado único que evite que las empresas se pierdan entre montañas de burocracia porque quieren hacer negocios a escasos kilómetros de su sede. Que se desarrolle la tan voceada ley de emprendedores que evite la fuga de cerebros y la destrucción del tejido productivo menor de 30 años. Que la reforma financiera no se quede en el salvamento de unas cajas quebradas por sus gestores políticos y que permita que los bancos puedan dedicarse a su negocio de siempre: guardar y prestar dinero. Y favorecer que aquellos que crean puestos de trabajo y actividad económica, empresarios y consumidores, no se asfixien bajo la losa impositiva en la que se ha convertido nuestro país.

La realidad sigue superando a Rajoy
Primo González www.republica.com 8 Noviembre 2012

Ese termómetro que se ha convertido casi en un oráculo para gentes de toda clase y condición y que responde el nombre de “prima de riesgo” está otra vez en danza, alcista se en tiende. Rajoy ha dicho que quiere que se le garantice a España, desde las instancias del BCE, uno fijo de 200 puntos de diferencia para que podamos trabajar en paz. Nuestro presidente tiene una peligrosa tendencia a mirar las cosas de la economía como si pudieran estar sujetas a disciplina cuartelaria o, cuando menos, a reglas fijas que tanto gustan a los funcionarios. Y por suerte no es así. La vida económica tiene diversos termómetros que funcionan con arreglo a una lógica no siempre fatalista. Algunos de estos termómetros nos han dado la espalda de Zapatero a nuestros días porque desde España, y sobre todo desde la España oficial, hemos desafiado de forma reiterada e incumplido muchas reglas, demasiadas.

La España real es otra cosa, lo malo es que juega fuera, en otras ligas, crea empleo a borbotones, obtiene el crédito que necesita para asombro de muchos, gana concursos internacionales por los más variados rincones y se infla a ganar dinero, pagando impuestos allí donde los genera, mientras aquí, cuna de nacimiento, estamos en el 25% de tasa de paro, las empresas se arruinan, casi nadie invierte, no hay crédito para casi nadie y la capacidad de recaudación del país ha perdido un 30% con relación a lo que era habitual hace cinco o seis años, cuando el país era modelo de bajo endeudamiento público y el Estado tenía unas dimensiones todavía asumibles, aunque disparatadas en muchos casos, pero que se podían sufragar gracias a que la actividad iba viento en popa.

Mirando hacia atrás, la prima de riesgo española puede parecer algo excesiva, pero el ritmo al que se ha enredado el país en esta crisis no carece de lógica el temor que tienen los extranjeros a la hora de poner su dinero en España, sobre todo cuando han visto los precedentes de otros países de la Europa mediterránea. Este jueves, la prima de riesgo se ha ido hasta los 451 puntos básicos. La escalada tiene dos motivos, como toda resta. Los tipos de interés españoles han subido algo, pero los alemanes han bajado en similar proporción, de manera que el punto de encuentro se ha alejado de forma significativa y hoy a todo riesgo español se le exige casi un 6% cuando a los alemanes, por el mero hecho de serlo, les bastan y sobra con el 1,37%, que es la tarifa que el mercado les cobra a los emisores de aquel país por salir a tomar deuda fuera de sus fronteras o incluso dentro de ellas.

Desde los 450 puntos actuales que establece el mercado hasta los 200 que reclama Rajoy hay un serio trecho. La diferencia es más del doble, lo que refleja tanto el mal trato que España recibe de los inversores internacionales como el elevado grado de ignorancia que se gastan las autoridades españolas a la hora de valorar la situación económica actual. Por desgracia, no es el único punto de desatino, ya que contemplando los pronósticos que ha lanzado al aire Bruselas sobre lo que puede suceder a corto plazo en la economía española con los pronósticos que exhibe el Gobierno, la distancia es de calibre grueso. No sabemos bien cómo el Gobierno puede tener un enfoque de la realidad tan distinto al que maneja el resto de los mortales, incluyendo entre los discrepantes a la mayor parte de las mentes pensantes que habitan en nuestro país.

Si el Gobierno esperaba que la valoración que tiene los extranjeros de nuestra situación económica iba a mejorar de forma natural, está claro que ha cometido un error de cálculo, ya que los últimos indicadores nos han conducido a topar con la cruda realidad: no cumplimos los compromisos adquiridos en materia de gasto público y no hay garantía alguna de que la actividad económica resucite antes del año 2014, mientras la pelota del déficit autonómico crece sin cesar y sin que aparentemente el Gobierno muestre la autoridad suficiente para ponerle coto. Y eso pone muy nerviosos a los inversores.

Crisis institucional
Pobre Constitución Española
Emilio Campmany Libertad Digital 8 Noviembre 2012

Estamos de acuerdo en que el sistema político que sufrimos es un asco. ¿Quién tiene la culpa? La Constitución, por supuesto. La Constitución es culpable, para unos, de dar excesivas competencias a las Comunidades Autónomas, si no de crearlas. Para otros, lo es por ser demasiado rácana con determinadas regiones que en realidad son naciones. También lo es de inventarse un Senado que no sirve para nada. Y es igualmente responsable del sistema electoral, que es el que ha generado esta casta política que sólo sabe vivir de desgobernarnos.

Los que con más inquina señalan a la pobre con el dedo son los políticos. Es la forma que tienen de librarse de sus muchas responsabilidades. Los nacionalistas dicen que frena sus aspiraciones y los socialistas, que tiene la culpa de al menos no saber colmarlas, y por eso hay que convertir España en un Estado federal. Unos y otros olvidan que España es ya una federación y, respecto de Cataluña y el País Vasco, una confederación. Y lo es, precisamente, no por culpa de la Constitución, sino porque no se respeta. Si el Gobierno del PP es favorable a conservarla no es porque valore lo que significa, sino porque cree, con razón, que, pudiendo haber consenso para modificarla, no lo hay para determinar en qué dirección.

De forma que el verdadero problema de España es el sistema político, desde luego, pero no por ser el de nuestra Constitución, sino por ser contrario a ella. No tiene sentido decir ahora que la Constitución no nos sirve porque han pasado ya 35 años desde que se aprobó, cuando lo que sucede es que no se cumple. Y siendo de ello responsables los políticos, que se han hartado de aprobar leyes y estatutos inconstitucionales, quien tiene la obligación de defenderla de los muchos abusos que ha padecido, el Tribunal Constitucional, no le va a la zaga. No sólo porque no ejerce esa defensa, sino porque además sanciona con ominosa solemnidad las inconstitucionalidades que perpetra la casta.

El ejemplo más claro lo tenemos en la reciente sentencia del matrimonio homosexual. El artículo 32 dice: "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio". No dice "Los españoles tienen derecho" o "Todos tienen derecho" o "Se reconoce el derecho". Para la Constitución, el matrimonio es el de un hombre con una mujer. Si Zapatero, y con él a lo mejor toda España, quería que los homosexuales pudieran contraer matrimonio, podría muy bien haberlo permitido cambiando la Constitución. Pues no. Se hace una ley, y si alguien protesta ya vendrá el Tribunal Constitucional a explicar por qué es constitucional lo que no lo es. Y todos aplauden. Los pocos que no lo hacen apelan a sus creencias religiosas. Y el Constitucional no está para decir cuándo las leyes se ajustan o no a la doctrina de tal o cual iglesia, sino cuándo una ley es constitucional, y ésta no lo es. Pero qué más da. No pasa de ser una ley más. Pobre Constitución Española.

Proyecto de Ley de Transparencia
Un anhelo que sería temerario frustrar
http://www.elnotario.com 8 Noviembre 2012

El malestar en la democracia se cura con más democracia. Que hoy en día existe malestar con el funcionamiento de la democracia española es una realidad social lo suficientemente extendida como para que no quepa ignorarla. Ese malestar se está expresando en la actualidad por medio de voces de todo tipo, y aunque quizá algunas son desabridas y desenfocadas, hay que reconocer que otras muchas son razonables y constructivas. Se escuchan en la calle, en las redes sociales y en toda clase de foros académicos e institucionales. Es una consecuencia lógica cuando, a una fortísima crisis económica, se le une una crisis política derivada de un sistema muy rígido pensado para una coyuntura política que ya no es la nuestra.

No sería razonable que nuestros responsables públicos respondiesen a esa inquietud encastillándose en las propias posiciones, como si la legalidad que les atribuye su indiscutible legitimidad no fuese manifiestamente mejorable. La exigencia de más democracia, es decir, de una mayor rendición de cuentas, de más participación ciudadana y de más transparencia, que es lo que late tras ese variado conjunto de manifestaciones, no puede contemplarse como una amenaza, sino como una gran oportunidad de recuperar sintonía con la ciudadanía y pacificar así la convulsa situación en la que nos encontramos.

"El malestar en la democracia se cura con más democracia"
Esa oportunidad sólo puede concretarse a través de instrumentos jurídicos. La democracia española necesita urgentemente un conjunto de reformas de calado que faciliten trasladar al nivel político las inquietudes de los ciudadanos. Son muy variadas y la mayoría están en la mente de todos, pero ente ellas existe una que no requiere de complicados pactos políticos ni de reformas constitucionales de ninguna especie. Tampoco plantea especial dificultad técnica. Sólo una mínima voluntad política. Es la de favorecer la Transparencia y el Gobierno Abierto.

Pues bien, el Gobierno ha remitido al Parlamento un Proyecto de Ley sobre esta materia que, como comentamos en este número, no satisface las expectativas. Anclado en una concepción napoleónica de la Administración de clara inspiración paternalista, reproduce planteamientos que, a estas alturas del siglo XXI y en una materia como la que nos ocupa, resultan absolutamente insuficientes para dar cauce al anhelo de participación ciudadana en los asuntos públicos y también, por supuesto, de control de nuestros representantes políticos.

En primer lugar, el Proyecto mantiene el tradicional esquema “pedir – dar” en un momento en el que las plataformas tecnológicas abiertas permiten poner a disposición de los ciudadanos un volumen de información hasta hace poco inimaginable, como la experiencia estadounidense lleva demostrando desde hace años. En segundo lugar, ni siquiera ese esquema queda garantizado de manera efectiva a través de un buen sistema de sanciones o de tutela rápida e imparcial de las solicitudes de información en caso de una injustificada negativa a proporcionarlas.

"El Gobierno ha remitido al Parlamento un Proyecto de Ley sobre Transparencia que no satisface las expectativas suscitadas"
Si realmente existe intención de atender las demandas de una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, y no meramente de desactivar esas inquietudes por medio de una ley que formalmente las satisfaga pero que luego deje todo como está, será necesario entonces aprovechar el trámite parlamentario para reorientar el Proyecto en la buena dirección. Las invocaciones a la Transparencia y al Gobierno Abierto que se quedan meramente en eso y no van seguidas de hechos, no pueden hacer otra cosa que incrementar el nivel de frustración general, que en España, desgraciadamente, ya es demasiado elevado.

Los comisionistas: cuánto nos cuestan
Javier Caraballo El Confidencial 8 Noviembre 2012

Entonces, cuando Filesa, el gerente, Alberto Flores, acabó explicando que el PSOE, en realidad, había montando aquella empresa de sobornos institucionales para poner orden en el descontrol absoluto que existía en el cobro de comisiones ilegales. Todo dios iba por ahí poniendo la mano a quienes pretendían que le adjudicaran una obra, un servicio público o un contrato de proveedor oficial. No era solo por el caso Juan Guerra, que aquello fue el principio, o el final, según se mire desde el punto de vista de la degeneración. No, fue porque el Partido Socialista de entonces, según explicaba Flores, se percató de la proliferación de comisionistas por toda España y, como si se tratase de una tarea más del Gobierno, decidió montar una empresa para organizarlo todo y coordinar adecuadamente los convolutos.

Dos décadas después de que se desmantelara aquella trama de corrupción institucional, no parece precipitado afirmar que el cobro de comisiones ilegales se ha mantenido exactamente igual en España, vinculado como entonces a la clase política y a las administraciones públicas. Uno de los pocos estudiosos de la corrupción en España, el catedrático de Ciencias Políticas Manuel Villoria, sostiene en una de sus publicaciones que el mecanismo que describe este vicio siempre es el mismo. Incluso lo ha plasmado con una fórmula matemática. Dice así: “La formulación más conocida es la famosa ecuación de la corrupción de Robert Klitgaard (1988): C=M+D-A. Es decir, la corrupción (C) equivale a monopolio de la decisión (M) más discrecionalidad (D) menos rendición de cuentas (A). (…) Los resultados de todo ello son un Estado que paga demasiado por sus adquisiciones y recibe demasiado poco por las privatizaciones y la adjudicación de concesiones y permisos”.

La corrupción (C) equivale a monopolio de la decisión (M) más discrecionalidad (D) menos rendición de cuentas (A). (…) Los resultados de todo ello son un Estado que paga demasiado por sus adquisiciones y recibe demasiado poco por las privatizaciones y la adjudicación de concesiones y permisos

Detengámonos en ese punto porque, bien mirado, lo que tendríamos que preguntarnos es cuánto dinero le ha costado a España la corrupción, antes que quedarnos en la hojarasca escandalosa de los casos que, con asfixiante frecuencia, se van conociendo. Cuántos miles de millones de euros se han ido por esa alcantarilla y, sobre todo, qué podría haberse hecho con ese dinero. O, al revés, cuánto no se estaría recortando ahora de derechos sociales y laborales si en España los niveles de corrupción fueran más reducidos.

Aquí, como queda dicho, se estudia poco el fenómeno de la corrupción, pero hay otros países, como Italia o México, en los que se ha elaborado hasta un cálculo preciso de lo que cuesta esa lacra cada año. En México, hace dos años, un centro de estudios y estadísticas privado realizó una encuesta entre tres mil empresas radicadas en aquel país y se llegó a la determinación de que los empresarios gastaban 62.500 millones de euros al año en ‘mordidas’, el equivalente a casi el 9% de su producto interior bruto. Más reciente es el Libro Blanco de la Corrupción que ha elaborado el Gobierno de Mario Monti y que, siguiendo el criterio de la Cámara de Cuentas, aventura que los sobornos y las comisiones ilegales le cuestan a Italia 60.000 millones de euros al año. Y eso que, según añaden, se trata de una cifra que se queda por debajo de la real ante la “renuencia de las víctimas a denunciar los hechos corruptos”.

En España, es de temer, la duda se va a quedar mucho tiempo en el aire porque no se ve por aquí a ningún partido político, ninguna institución, ningún órgano de control, dispuesto a evaluar el coste de la corrupción. Pero sería muy revelador un Libro Blanco, al estilo de Italia. Podría, incluso, tomarse como referencia una sola semana, y calcular el coste de los comisionistas habituales, que si la trama de las ITV de Cataluña, las concesiones municipales en Galicia o las comisiones en el entorno del Gobierno andaluz. Como la última conocida, los seis mil euros de dinero ‘b’ que, al parecer, ingresaba la familia Ruiz Mateos en el bufete de la presidenta del PSOE andaluz, Amparo Rubiales, después de que la Junta de Andalucía aprobase una ayuda de más de dos millones de euros a la empresa Dhul. La afectada lo ha desmentido, afirma que “Amparo Rubiales, por supuesto, no es una conseguidora del régimen” socialista andaluz, pero la duda no está en este caso o en aquel otro, sino en la generalidad. Por esa pregunta que da vértigo: ¿Cuánto nos cuesta la corrupción y qué se podría haber hecho con ese dinero?

El federalismo y la madrastra de Blancanieves
Javier Orrico Periodista Digital 8 Noviembre 2012

O son tontos o se lo hacen. Quieren distraernos. No me cabe en la cabeza que puedan ignorar que las soluciones federales que proponen son exactamente las que rechazan los nacionalistas vascos y catalanes. Me refiero al PSC, al PSOE y a los firmantes del Manifiesto ‘federalizante’ que el pasado domingo hizo público El País y que no es otra cosa que un intento de Miguel Ángel Aguilar y la izquierda de dar un rumbo a los suyos.

El federalismo es un proceso para llegar a la igualdad desde la diferencia. Y fue, en España, sinónimo de revolución igualitarista, la construcción desde abajo de la organización social y política, de los individuos a las comunas y los estados territoriales, un hermanamiento hacia arriba, una democratización radical en la que los gobiernos responderían de verdad a la voluntad del pueblo federadamente construida.

Con variantes, el ideal anarquista y hasta, en apariencia, el de los soviets, que los comunistas, ahora independentistas en Cataluña, usaron para todo lo contrario, para aplastar al individuo. En eso se jugó la vida Antonete Gálvez líder del Cantón Murciano o de Cartagena durante la rebelión de 1873, y no en ningún separatismo. Y por eso intentó, al frente de los cantonales, tomar Madrid, hasta que lo pararon en Chinchilla. Habrá que suponer que, como represalia, no nos hayan electrificado ni desdoblado la línea ferroviaria Madrid-Cartagena, decimonónica aún en todo (y se quejan los catalanes de los trenes, qué jeta tienen), no vaya a ser que volvamos. Antonio Gálvez Arce fue un revolucionario de alpargata y justicia, de federalismo como utopía, todo lo contrario de un burgués regionalista. No nos engañen más con el federalismo.

Lo último que quieren sus asociados catalanes, esa izquierda falsaria y sedicente, es el federalismo, el café para todos. Reclaman la asimetría, la desigualdad. Hasta el AVE en exclusiva.¡Ojalá fuéramos a la Federal! Sólo haría falta acabar con los privilegios: el concierto económico y los derechos forales, las policías autonómicas, las lenguas impuestas como revancha, los mercados cautivos, las financiaciones a la carta. Estallarían de ira. Lo que quieren es la ‘singularidad’, el ‘hecho diferencial’. Tienen complejo de madrastra de Blancanieves:

La determinación de Mas
Los efectos políticos del referéndum
Guillermo Dupuy Libertad Digital 8 Noviembre 2012

Habrá quienes les haya sorprendido la determinación de Artur Mas de celebrar su referéndum separatista aun cuando ya haya tenido que admitir que la secesión de España impediría a Cataluña la permanencia en la UE. Presos del fatal error de considerar a los nacionalistas como falsos suicidas a los que bastaría abrirles la ventana para que cesaran sus amenazas de arrojarse por ella, hay quienes siguen convencidos de que la convocatoria de Mas no resultará más que un farol.

Debemos entender, sin embargo, que no existe nada en el ordenamiento jurídico europeo que imposibilite la celebración de un referéndum secesionista como el planteado por Artur Mas. La única legislación que lo impide es la española, pero el Gobierno de Rajoy no parece decidido a hacerla cumplir. Tan sólo está decidido a anular los efectos jurídicos del referéndum. Ahora bien, que los resultados de ese referéndum ilegal no sean vinculantes ni tengan efectos jurídicos para España y para la UE no significa, en modo alguno, que no los vaya a tener desde el punto de vista político. Los tendrá, y de primera magnitud, con independencia de cuáles sean los resultados de la consulta.

Para empezar, volverá a quedar acreditado algo tan grave como que los dirigentes nacionalistas están por encima de la ley. Delitos como los de desobediencia, prevaricación y usurpación de atribuciones resultarán, en su caso, impunes. Y eso que me limito a los delitos actualmente vigentes, dado que el partido de Rajoy –al igual que ya hiciera el de Zapatero ante el referéndum de Ibarretxe– se acaba de oponer a tratar como delito específico y más penado el de convocatoria ilegal de referendos, tal y como ha requerido UPyD y aprobó en su día el otrora partido de Aznar.

En segundo lugar, es muy probable que los catalanes dispuestos a participar en ese referéndum ilegal vayan a ser mayoritariamente partidarios de la secesión. Esto, por una parte, haría perder a ese referéndum –no vinculante por ilegal– mucho de su valor consultivo. Pero no por ello dejaría de ser explotado por los nacionalistas para sacar más de un Gobierno central acomplejado. Con mucha probabilidad la negativa del Gobierno a otorgar efectos jurídicos a ese referéndum le llevaría a tratar de contentar a los nacionalistas con mayores concesiones.

Por otra parte, no menos degradante es el espectáculo de un Gobierno que, como el de Rajoy, rehúye combatir política y legalmente las mentiras y desvaríos nacionalistas, endosando esa responsabilidad a la Unión Europa. Mucho se puede decir de la desfachatez de los nacionalistas al haber tratado de presentar como vinculante para Europa su referéndum a favor de un Estado propio para Cataluña. Pero esa desfachatez no es mayor que la que presenta esa consulta como vinculante para España. Y es esa desfachatez, junto a la pusilanimidad a la que se enfrenta, lo que precisamente me da garantías de que ese ilegal referéndum se celebrará.

Carta sin destinatario
Aleix Vidal-Quadras Minuto Digital 8 Noviembre 2012

La Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, ha contestado a la carta de los cuatro Eurodiputados separatistas españoles, tres procedentes de Cataluña y la cuarta de Galicia, en los que éstos le solicitaban considerase la aplicación del Artículo 7 del Tratado a España por unas supuestas amenazas de intervención militar en Cataluña por parte del Gobierno central en caso de que el Ejecutivo autonómico siguiese adelante con sus planes secesionistas. El asunto, aparte de disparatado, entra claramente en el campo del delirio obsesivo. Los redactores de la misiva apoyaban su pretensión de sancionar a España por graves violaciones de los principios y valores de la Unión en declaraciones de un par de militares retirados y en unos comentarios míos en un programa de televisión sobre la eventual aplicación del Artículo 155 de la Constitución, precepto que, por cierto, nada tiene que ver con las Fuerzas Armadas.

La Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía responde a los alarmados peticionarios como era de esperar. Por un lado, les recuerda que la Comisión no comenta comentarios realizados en el marco de debates sobre temas internos de los Estados Miembros y que su misión consiste en velar por el respeto al derecho comunitario, por otro, ni siquiera menciona la absurda idea de que las opiniones de coroneles jubilados o de comentaristas políticos en medios audiovisuales guarden relación con posiciones oficiales de Gobierno alguno. Este silencio piadoso demuestra que la Comisaria es una mujer educada y que no ha querido recrearse en la ridiculización de sus corresponsales hasta el extremo que merecen.

De hecho, la posición oficial del Gobierno español frente al anuncio del Presidente de la Generalidad catalana de que piensa saltarse el ordenamiento vigente, ha sido de una prudencia rayana en la timidez. Se ha limitado a ofrecer diálogo y a reiterar, verdad que no presenta visos de excesiva agresividad, que en un Estado de Derecho todo el mundo debe cumplir la ley. Los nacionalistas siempre viven contra y de espaldas a la realidad, que deforman, manipulan, ignoran o simplemente inventan. Balanzas fiscales imaginativas, guerras dinásticas transformadas en luchas por la independencia, reinos pretéritos que jamás existieron, lenguas propias de territorios aunque sus habitantes hablen otras, y toda una larga serie de fantasías oníricas, leyendas carentes de base y ofensas que nadie infligió, con el fin de configurar una causa de liberación nacional basada en emociones identitarias, rencores atávicos e injusticias seculares, fabricados todos ellos para justificar lo injustificable, fastidiar a propios y extraños e imponer juegos en los que todo el mundo pierde. La insistencia en el diálogo a estas alturas aparece como un ejercicio de masoquismo. La evidencia de los hechos y el rigor de la ley son ya los únicos instrumentos a utilizar antes de que la situación descarrile definitivamente.

Cataluña
Mas, los nazis y Justo Molinero
José García Domínguez Libertad Digital 8 Noviembre 2012

Aunque solo fuera por respeto a la memoria de seis millones de judíos, es una obligación moral no incurrir en el uso frívolo del término nazi como arma retórica arrojadiza. Por ventura, tanto en España como en el resto de Occidente esa lacra vergonzosa, el nazismo, ya solo habita en las páginas de los libros de historia. De ahí que resulte igual de injusto que improcedente tildar de nazis, como más de una vez se ha hecho, a los nacionalistas catalanes. Huelga decir que ni Artur Mas ni Oriol Pujol son nazis. Claro que no lo son, aunque, a veces, lo parezcan. Y no pienso ahora en ese complaciente silencio del president ante el propósito de colgar de un árbol a los periodistas en exceso críticos, anhelo que acaba de hacer público un célebre protegido suyo, el pensador Justo Molinero.

Por cierto, incitación al atentado personal contra el disidente que empieza a constituir rutinaria costumbre en los medios de comunicación catalanes. Recuérdense los muy festejados precedentes de Sostres y Boadella, o el asesinato simbólico del propio Jefe del Estado en TV3. Pero no, no me refiero a los frutos más burdos de una pedagogía del odio que ha convertido a España y lo español en el enemigo externo contra el que todo exceso vale. Apelo a algo más inquietante: la deslegitimación del Estado de Derecho siguiendo al pie de la letra la doctrina de Carl Schmitt, el jurista de cabecera de Hitler. La súbita conversión de Mas en el médium místico que descifra para los simples mortales la voluntad sagrada e inobjetable de un ente metafísico llamado Cataluña.

Los movimientos de masas en las calles como suprema instancia legitimadora de los discursos políticos. La consideración de cualquier discrepante como poco menos que un quintacolumnista merecedor de pronto escarmiento. La transformación del proceso electoral entre partidos en una liturgia plebiscitaria, ceremonia germinal en la que "el pueblo" es llamado a ratificar la gran decisión previamente adoptada por el líder providencial. Esa escenografía obsesiva de mástiles y banderas. Todo recuerda mucho más a la Europa de los veinte que a la del XXI. Y también, a qué negarlo, a otro mesías de opereta, Dencàs, gritando "¡Viva España!" antes de desaparecer por las alcantarillas de las Ramblas. Para siempre.

Cataluña
Ni sueca ni periodista, ¡española!
Cristina Losada Libertad Digital 8 Noviembre 2012

Artur Mas fue a Bruselas y se encontró con unos oyentes que tenían, ¡Dios los confunda!, preguntas incómodas y serias objeciones. Se las plantearon cortésmente, como es costumbre en ese foro, pero ahí quedaron. Y como era natural, tratándose de la capital europea, se le hizo notar que no podía asegurar a los catalanes la pertenencia a la UE de una Cataluña independiente. Una periodista sueca dijo que sería deshonestidad intelectual dar aquello por sentado e incluirlo en la pregunta del pretendido referéndum. ¡Menudo atrevimiento! Hay que imaginar el desconcierto en el séquito del president, poco habituado a topar con periodistas que ponen reparos. En la pérfida Madrit lo dan por descontado. Ahí la hostilidad –porque hostil es todo cuanto no es conformidad–, si no existe, se la inventan. Pero de la prensa extranjera esperan comprensión, afecto y simpatía.

¿Cómo era posible que una periodista sueca interpelara a Mas de tan irreverente modo? Pronto dio la prensa afecta con la clave. En gran exclusiva, La Vanguardia reveló que Teresa Küchler es hija de una española. La atrevida corresponsal del Svenska Dagbladet, diario que circula desde 1884, lleva sangre española en sus venas y esto, naturalmente, lo explicaba todo. Basta colocar el dato junto a sus palabras. Ipso facto, el nacionalista la descalifica, la despoja de credibilidad e invalida sus argumentos. También siente alivio. Las piezas vuelven a encajar. Porque la periodista impertinente ya no es sueca, ni tampoco periodista. Es española, y por ello le pone inconvenientes y escollos a la independencia. Igual que los de Madrit, le tiene ojeriza a Cataluña. Problema resuelto.

El nacionalismo, a fin de cuentas, es sangre y suelo, Blut und Boden. El lingüista Jesús Royo Arpón, catedrático de Lengua Catalana, ha contado cómo en una ocasión elogió a Francesc de Carreras y recibió de su interlocutor este comentario: "Claro, el caso de Francesc hay que comprenderlo, porque su ambiente familiar no es muy favorable a Cataluña". Se refería a que Carreras está casado con una riojana. Es la xenofobia latente que aflora. Una esposa gallega, un padre extremeño, un cuñado de Madrid, son motivo suficiente para desacreditar al que no comulga con la opinión obligatoria. La periodista Küchler hizo lo que es propio del periodismo. Pero el nacionalismo catalán no está habituado a lidiar con el periodismo. Así que la anuló como periodista y la transformó en española. Los españoles, ya se sabe.

La autodeterminación y los derechos
Frente al simplismo de la solución autodeterminista parecen preferibles otros posibles tratamientos de las tensiones nacionalistas. Las formas federativas compaginan los principios de la unidad y el pluralismo
Juan José Solozábal El País  8 Noviembre 2012

Las objeciones ideológicas que Jordi Solé Tura hacía a la autodeterminación parecen compartibles. Pensaba el profesor catalán, desde un punto de vista político, que tal reclamación, como vía para conseguir la independencia, de algunos territorios de España, era, en primer lugar, innecesaria, una vez que el Estado autonómico aseguraba a las nacionalidades y regiones suficiente cobertura política, al dotarles de las oportunidades institucionales y competenciales del autogobierno. Creía además que dicha pretensión constituía un expediente incongruente y desleal, pues la demanda de autodeterminación debilitaba la legitimidad de la organización territorial española, que había optado por la autonomía: si se apoyaba como pensaba que debía hacerse esta forma política, no resultaba lógico, ni leal, reducir las bases de su asentamiento. Por último, Jordi Solé creía que resultaba insolidario sustituir una juntura de la intensidad del sistema autonómico, próximo al federalismo, por una solución del problema territorial español, desmembradora y centrífuga.

Estos argumentos son de considerable importancia en relación con el debate autodeterminista, pero quizá no consideran la fuerza de convicción mayor de la autodeterminación que consiste en presentarse como un derecho, esto es, como una pretensión que podría aducir títulos planteables no desde el plano político, y como tales defendibles pero expuestos a la cuestionabilidad de toda opinión, sino desde el punto de vista jurídico y aun ético, y por ello dotados de una superioridad indiscutible, la que corresponde a quien utiliza en su favor el lenguaje de los derechos. Ahora bien, comenzando por el plano jurídico positivo, ¿la autodeterminación es un derecho en nuestro ordenamiento jurídico? Quiero decir, ¿se trata de una pretensión reconocida en el sistema constitucional español, que pueda ser ejercida, y cuya reclamación esté amparada, como puedan serlo la libertad de expresión o, como derechos más próximos, en cuanto ejemplos de participación, el sufragio o la iniciativa legislativa popular?

Concebida la autodeterminación correctamente, como la decisión en un solo acto de una comunidad territorial manifestando su voluntad de separarse o mantener su integración en el Estado, con su actual posición u otra diferente, obvio es decirlo, nuestro ordenamiento no la reconoce como derecho. Hay derechos políticos colectivos como la autonomía o los derechos de los territorios forales. Pero el derecho de autodeterminación no figura entre los enunciados en la Constitución. Lo malo, con todo, no es que en nuestro sistema constitucional no se reconozca la autodeterminación, sino que es lógico que así suceda, pues tal pretensión es contraria a las bases del edificio constitucional, o sea, la unidad de la nación y la atribución de la soberanía al pueblo español. Obviamente la decisión sobre la autodeterminación denota soberanía que por imperativo constitucional corresponde exclusivamente al pueblo español, comprendido homogéneamente, y no a ninguna fracción territorial del mismo. Por supuesto el que no exista el derecho de autodeterminación, ni sea lógico que ello suceda, no quiere decir que no sea lícita su solicitud, se lleve a cabo su demanda ocasionalmente o se integre en el ideario de un partido político, y que, mediando la correspondiente reforma constitucional, no pudiese referirse a la propia Carta Fundamental. Tal derecho efectivamente existía en las constituciones de la órbita soviética y, hoy, figura también, según Francesc de Carreras, en la Constitución etíope.

Como la reforma constitucional necesaria para admitir el derecho de autodeterminación es trabajosa e incierta, pues han de recorrerse los caminos escarpados del artículo 168 de la Norma Fundamental, algunos han propuesto someter a consulta la conveniencia de cambiar la Constitución para permitir la autodeterminación, utilizando el referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución, quitando de paso argumentos a quienes acusan de falta de cintura democrática a los contrarios a la autodeterminación. Sin embargo, tal sugerencia, sin duda bien urdida, no acaba de convencer. La verdad es que el referéndum de la Norma Fundamental a que se acaba de hacer referencia, en mi opinión, no contempla la intervención del cuerpo electoral de una comunidad autónoma, sino la de todos los ciudadanos, de modo que tal expediente no serviría para consultar la opinión de los ciudadanos de solo una parte del territorio nacional. Además, el referéndum para la verificación del apoyo secesionista en un territorio en realidad incurriría en fraude constitucional. Sería convocado como consultivo, pero resultaría realmente vinculante, de modo que no abriría el paso a la reforma constitucional, sino a la independencia. No sería una consulta para la soberanía, sino un referéndum de soberanía, radicalmente prohibido en nuestro ordenamiento, mientras no se reforme la Constitución. En realidad en ningún caso hay referendos consultivos de autodeterminación (no lo fueron los de Quebec ni lo será el de Escocia), entre otras cosas por la simple razón de que en el hecho de la consulta se contiene una definición del soberano, que es constituido cuando se le hace objeto de una pregunta, como digo, de soberanía.

En segundo lugar, la imposibilidad de recurrir a la consulta del artículo 92 CE no quiere decir que los partidarios de la autodeterminación queden privados de las oportunidades democráticas para obtener el reconocimiento de este derecho, que está a su alcance tras la correspondiente reforma de la Constitución, que podría iniciar de manera incontestable el Parlamento de una comunidad autónoma (artículos 87.2 y 166 de la Constitución), solicitándola del Gobierno central a través del correspondiente proyecto o mediante una proposición de reforma a presentar a la Mesa del Congreso, dando voz así, si fuera el caso, a una demanda en ese sentido clara, mantenida en el tiempo y ampliamente compartida en su territorio.

Pero si la autodeterminación no es un derecho jurídico, disponible en nuestro ordenamiento, ni importable desde el derecho internacional que no puede, en una modificación inconstitucional de nuestra Norma Fundamental, imponernos derechos contrarios a nuestra Constitución, como sería la autodeterminación, tampoco es un derecho moral, esto es, una pretensión exigible desde consideraciones de la lógica o de la ética. Desde el punto de vista de la lógica no hay por qué asumir un principio político que supondría el desorden en las relaciones internacionales, si las 3.000 o 4.000 nacionalidades existentes en el universo realizasen su derecho al Estado propio, contando además con la imposibilidad fáctica de ese realineamiento territorial, pues actualmente solo el 4% de la población mundial se encuentra en Estados que se correspondan a un solo grupo étnico. Desde el punto de vista de la ética los títulos de la autodeterminación son equívocos, pues si bien parece asumir la idea liberal de la autonomía, trasladándola del individuo a un sujeto colectivo, en realidad está contaminada por referencias míticas y decisionistas. Por ello, los componentes ultraidentitarios y decisionista-plebiscitarios de la autodeterminación se oponen a las bases racionales y algo escépticas de las democracias constitucionales de nuestro tiempo.

La autodeterminación en este plano ético no debería ser considerada, entonces, el derecho primero o básico de una comunidad. Vendría a ser la correspondencia a la legítima defensa en el plano individual, utilizable en situaciones límite, cuando, fuera de los supuestos coloniales, se trata de asegurar la supervivencia del colectivo. El derecho fundamental de una comunidad territorial sería el derecho al autogobierno, o a desarrollar democráticamente sus potencialidades, lo que llamamos la autonomía o libre determinación. En suma, frente al simplismo de la solución autodeterminista parecen preferibles las credenciales de otros posibles tratamientos de las tensiones nacionalistas en un Estado, como son las formas federativas, que compaginan, eso sí trabajosamente, los principios de la unidad y el pluralismo.

Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

Sin miedo al futuro
El fracaso en las elecciones autonómicas gallegas ha sacudido los cimientos del PSOE
Nicolas Redondo Terreros El País  8 Noviembre 2012

Las elecciones autonómicas gallegas han confirmado que el descenso a los infiernos del PSOE no había acabado con las elecciones generales, colocando en el falso territorio de los espejismos los resultados de Andalucía, interpretados en clave de poder, y los de Asturias, autonomía en la que el centro-derecha se presentaba desunido.

Las elecciones vascas, como siempre aunque por motivos diferentes, tienen su interpretación propia, distante de los factores generales que condicionan la vida política española, pero el fracaso en las elecciones autonómicas gallegas ha sacudido los cimientos del Partido Socialista. Unos piensan que Alfredo Pérez Rubalcaba es el problema y que su sustitución sería suficiente para enmendar el declive, otros se conforman con poder elegir en unas primarias un candidato diferente a la presidencia del Gobierno, una “cara nueva” que pueda escribir un futuro sin la influencia determinante del pasado reciente, los ocho años de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, quien por cierto no encuentra ahora defensor alguno. Tenemos también a quienes ven la solución en un giro del partido a la izquierda, para así ocupar todo el espectro político, recordando a un Alfonso Guerra pletórico diciendo: “A nuestra izquierda el abismo”, sin entender que el PSOE está llamado a ocupar un papel fundamental en el centro-izquierda español, pero no siendo el único actor.

Son reacciones apasionadas, entristecidas, en ocasiones melancólicas, que se ven satisfechas con el mero hecho de moverse, de decir, de simular cambios, creyendo que pueden conseguir de esta manera terminar con este maldito periodo de decadencia electoral. Así lo indica la obsesión por una “cara nueva”, olvidando por el camino que tan importante como la persona es el discurso político, si no lo es más. Y repitiendo la solución Zapatero, quien tras ganar las elecciones de 2004 pudo gobernar para sorpresa de todos, sobre todo para la veterana clerecía socialista, que no se sintió nunca representada por la política del joven líder leonés. Igualmente inmeditadas son las tesis de los que, aprovechando la crisis económica, proclaman ardorosamente que la solución es un giro a la izquierda, sin dar importancia a la realidad que vivimos hoy en España. ¡Todo es bueno si nos diferencia de la derecha!, a este grupo le importan poco los números, prefieren la literatura, al fin y al cabo es mucho menos comprometida.

Pero ni el problema es Alfredo Pérez Rubalcaba, ni la solución es un nuevo rostro. Tampoco encontraremos las respuestas en la propuesta, sin ninguna concreción e inducida por sensaciones pesimistas, de giro a la izquierda en la búsqueda del distanciamiento con el centro derecha. La crisis es más profunda, más complicada y no admite remedios sencillos. Creo que el problema se presentó hace tiempo, en el final del periodo iniciado en Suresnes con la elección de Felipe González, en el congreso en el que este decidió no presentarse y salió elegido Joaquín Almunia (elección inducida, elecciones primarias, renuncia de Borrell a seguir siendo candidato del Partido Socialista, mayoría absoluta del Partido Popular). Pero la sorprendente vuelta a las responsabilidades de gobierno con Zapatero evitó una reflexión profunda sobre el PSOE, desde un punto de vista organizativo, y sobre la renovación ideológica que imponían ya por entonces los cambios sociales, económicos y culturales que aparecían con una fuerza avasalladora en nuestro país.

Decían los veteranos que el partido era un instrumento, no un fin. Con ello querían decir que la importancia de la organización es proporcional a su influencia y hasta tal punto los jóvenes antifranquistas socialistas asumieron este pensamiento, esta convicción, que rompieron y fracturaron el Partido Socialista en la periferia de París. No tuvieron inconveniente en desplazar a la vieja guardia y celebrar un polémico congreso, que no tuvo el reconocimiento unánime de la Internacional Socialista, para adaptar la organización a una nueva realidad que el grupo de Llopis no era capaz de comprender. Esta renovación se impuso en 1974 y ocho años más tarde el “nuevo” partido obtuvo 202 diputados, confirmando el acierto de la decisión tomada por los intrépidos socialistas del interior. Efectivamente, eran caras nuevas, pero sobre todo habían adaptado la organización a la realidad española y se desprendieron poco a poco de la liturgia ideológica de los años treinta, culminando este proceso con el congreso extraordinario en el que abandonaron el marxismo como ideología excluyente en el Partido Socialista. Justamente la nueva organización y el nuevo discurso político, muy alejado de la línea ortodoxa que todavía predominaba en los partidos de izquierda, entroncaron con una España que había perdido el olor a naftalina y que sólo tenía ganas de mirar hacía el futuro.

Hoy el cambio en la sociedad española es tan grande como el percibido en aquel entonces por González y compañía, o aún mayor, y el PSOE, con la misma estructura del siglo pasado, no es ya una organización eficaz. El partido se ha convertido en un ámbito cerrado estructurado en agrupaciones y Casas del Pueblo, que son refugio de la tercera edad y un instrumento de discriminación negativa, dificultando la elección de las personas por sus méritos y patrocinando las carreras políticas internas, tendencia apoyada en una ley electoral inspirada en el recelo histórico entre el centro derecha y el centro izquierda, que obliga a tener unos partidos tan fuertes como herméticos y con pocas oportunidades de adquirir ventaja suficiente para gobernar sin acuerdos. Pasados más de 30 años la sociedad impone un cambio de raíz en la organización socialista del que se pueden salvar las siglas por una nostalgia que entiendo.

La misma profundidad requiere la adaptación ideológica. La relación de la socialdemocracia con lo público y con lo privado no puede ser, como algunos pretenden, la misma que hace 50 años, el ámbito social al que se dirige el socialismo actual es más amplio y las propuestas serán inevitablemente diferentes. Del Estado de bienestar del siglo XIX, obligado hoy a ser más eficiente y menos invasivo, estamos pasando en los inicios del siglo XXI a la sociedad del bienestar, definida por dar importancia a los servicios que reciben los ciudadanos, disminuyendo la trascendencia de quién los gestiona. En nuestro país los socialistas corren el peligro de terminar siendo prisioneros de los sindicatos, al contrario de lo que sucedía antaño, reduciendo su discurso a un “obrerismo” que ya no existe. Inclinación que ya adivinaban los más preclaros sindicalistas de la UGT a mediados de los noventa cuando impusieron unas nuevas distancias con el PSOE, rechazando una promiscuidad familiar que no beneficiaba ni al partido, ni al sindicato.

Y por último, es imposible dar confianza a los ciudadanos españoles sin una idea clara de la nación española. Podemos discutir cómo nos organizamos de forma más eficaz y armónica, pero con una idea clara de quiénes somos y hacia dónde vamos. Las soluciones criptonacionalistas son un fácil remedio para los que carecen de ideas, para quienes su programa es una oquedad que llama a los rellenos de baja calidad. El socialismo democrático es producto de la razón y los nacionalismos lo son de los sentimientos, resultando ambos muy contradictorios, por lo que ha llamando mi atención poderosamente su rápido arraigo en determinadas capas del socialismo español, vestido en ocasiones del ropaje nacionalista o renunciando a la idea clara de “nación española”. Tal vez encontremos una justificación en la carencia de aportaciones intelectuales relevantes del socialismo español, compensado con un fuerte compromiso moral desde su fundación. Todo esto solo se soluciona con una renovación radical, entendida desde su significado etimológico, del socialismo español, renovación que será posterior y consecuencia de un debate amplio y sin que ninguna clase de miedo lo impida. Este será el empeño por el que se le juzgará al actual secretario general, a mí no me cabe ninguna duda.

Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad.

Contra la independencia o contra el Frente de Liberación de Cataluña (el difícil reto de UPyD)
http://luacesmadrid.blogspot.com.es 8 Noviembre 2012

Como decíamos ayer, algunos inmoderados y vehementes tachan a partidos como UPyD y Ciudadanos de extrema derecha basándose en la apuesta sin complejos de estos dos partidos en contra del nacionalismo y a favor de la idea -cosa demoníaca- de España. Sin embargo, la argumentación correcta es precisamente la contraria. Donde a todas luces hay evidentes rastros de política reaccionaria es en los partidos de derechas o de izquierdas nacionalistas. Para estos el territorio tiene derechos en perjuicio y detrimento de los derechos individuales (de los ciudadanos). Así, por ejemplo, existe la lengua nacional y los políticos la priorizan por encima de la lengua materna.

Por lo demás, no se entiende que algunos comentaristas y políticos estén siempre exigiendo la tolerancia hacia las posiciones independentistas -legítimas y democráticas- y al mismo tiempo tachen de fascistas, fachas, españolistas (palabra despectiva, agravio, insulto) las posiciones anti-independentistas -tan legítimas y democráticas como aquéllas-.

En fin. Lo que de todas formas bordea el absurdo es defender un ideario de izquierdas y nacionalista. Aquí ya el escenario se vuelve caricatura, ridículo, un engaño masivo. Y observar a los nacionalistas de derechas y a los nacionalistas de izquierdas -que nunca dudan en considerarse a sí mismos ´uno de los nuestros´- alcanzando pactos, consensuando políticas comunes, liderando gobiernos, es un escándalo desopilante.

El nacionalismo es insolidario, excluyente, elitista; y quizás, como decía Robespierre del ateísmo, aristocrático. O sea, reaccionario.

nota a pie de página: un ideario de defensa de las clases desfavorecidas, más pobres, de los desheredados, no se puede construir desde un proyecto nacionalista (que sólo ve a los individuos como células de un organismo superior, mítico, divinizado). Marx tampoco lo entendería.

segunda nota a pie de página: y el señor Artur Mas sólo piensa que el soberanismo recibe patadas y golpes de España. Al parecer los catalanes le darán un disgusto el 25-N. El independentismo, según los últimos sondeos, se desinfla.

Terrorismo
Escenarios de creciente radicalización islamista
GEES Libertad Digital 8 Noviembre 2012

Tres escenarios donde el terrorismo yihadista cobra vigor en los últimos tiempos permiten extraer interesantes lecciones sobre el menguante papel occidental en los mismos, lecciones aún más útiles en el contexto del nuevo mandato de Barack Obama.

Hablamos de un país del que las fuerzas de EEUU y de otros países occidentales ya se marcharon –Irak–, de otro del que están preparando la retirada –Afganistán– y de un tercero en el que hoy no es posible intervenir directamente pero en el que se están aplicando multitud de estrategias indirectas foráneas –Siria–. Todos ellos nos permiten comprobar tanto la revitalización de los islamistas, por un lado, como el protagonismo violento de los más radicales, por otro.

En Irak, el pasado día 6 un ataque suicida provocaba en Taji, localidad situada a 25 kilómetros de Bagdad, una matanza (25 muertos y múltiples heridos) a las puertas de una base militar. El objetivo eran jóvenes atraídos por una jornada especial de reclutamiento. Los objetivos prioritarios a lo largo de todo este año están siendo la comunidad chií, por un lado, y las herramientas estatales, civiles y militares, por otro.

En Afganistán, la retirada –irresponsablemente anunciada y escalonada de aquí a 2014– no hace sino envalentonar a los talibán. Hoy mismo, en tres ataques suicidas, han asesinado a 18 personas y causado heridas a muchas otras en sus feudos tradicionales de Helmand y Kandahar, en el sur del país, pero también en la provincia de Laghman, al norte de Kabul. Cada vez son más los ataques, más letales y en más partes del territorio. Reflejan la voluntad talibán de ir cubriendo los vacíos que las fuerzas multinacionales van dejando con su retirada, desafiando por doquier a las endebles fuerzas afganas que las reemplazan.

Finalmente, en Siria, los ataques terroristas se van haciendo cada vez más frecuentes, incluso en objetivos duros en la propia capital. Esto demuestra el creciente protagonismo de los yihadistas en la oposición a Bachar el Asad, y ello mientras en el seno del Consejo Nacional Sirio (CNS) la coordinación de una tradicionalmente dividida oposición en el exterior los islamistas acaparan cada vez más puestos. Elegido ayer en Doha, el nuevo Secretariado General del CNS tiene 40 miembros, un tercio de los cuales son islamistas (la mayoría pertenecientes a los Hermanos Musulmanes). La dinamización del CNS se está produciendo en suelo de Qatar, lo que confirma el liderazgo que este país está ejerciendo en el mundo árabe: recuérdese su protagonismo en la asistencia a los rebeldes libios (sobre todo a los islamistas), la reciente visita de su jefe de Estado a la franja de Gaza para apoyar política y económicamente a Hamas; y ahora tenemos su más que evidente apoyo a los sectores islamistas en el seno de la oposición siria en el exterior, lo que no hace sino confirmar el acelerado cambio de fisonomía del mundo árabe desde que las revueltas iniciadas en el otoño de 2010 comenzaran a cuajar.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Los gastos de Botella: 300.000 euros en cinco secretarias y dos conductores a dedo
www.vozpopuli.com 8 Noviembre 2012

Solo cuatro de las secretarias particulares de la alcaldesa de Madrid tienen plaza de funcionarios. Las retribuciones de los cargos a dedo van de 27.000 a 70.000 euros anuales. Los salarios superan los complementos percibidos por cualquier eventual en la Administración del Estado.

Como hace tiempo que son el blanco de numerosas críticas, los funcionarios, irritados por la pérdida de derechos que arrastran desde la primera ración de austeridad en 2010 (desde entonces: fin de la paga extra, congelación salarial, etcétera), suelen enviarse entre sí correos electrónicos con archivos y powerpoints con revelaciones escandalosas que ocurren en las Administraciones Públicas. Y no es casual que el Ayuntamiento de Madrid sea uno de los temas recurrentes: hace tiempo que la contratación arbitraria de personal no funcionario en el Palacio de Cibeles causa escándalo.

La última revelación tiene que ver con el círculo que acompaña a la alcaldesa, Ana Botella: hasta cinco secretarias y dos chóferes contratados a dedo trabajan estrechamente con la alcaldesa. Las retribuciones de estas siete personas oscilan entre los 27.674 euros que gana el “apoyo de la secretaria” hasta los 70.511 que se embolsa el “jefe de la secretaría”. En total, el Consistorio, es decir, el contribuyente madrileño abona 300.000 euros (297 mil y pico) en los sueldos de estos siete eventuales, según se refleja en una tabla de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Madrid.

Hasta nueve secretarias
No solo cuenta con cinco secretarias (o secretarios) la alcaldesa. Esos cinco corresponden a la “secretaría directa de atención al alcalde”, que viene a ser un cuerpo elegido exclusivamente a dedo. Otras cuatro secretarias pertenecientes a la “secretaría personal del alcalde” trabajan a las órdenes de Botella, con la salvedad de que estas cuatro sí son personal funcionario, con plaza, grupo y todo lo que atañe a la función pública. Ana Botella posee nueve secretarias particulares.

No parece un número tan abultado si se tienen en cuenta los eventuales que pululan por el Consistorio madrileño: 254 asesores, con un coste de 12 millones de euros, como publicó este medio en julio.

Los dos chóferes perciben 43.187 euros anuales. En marzo del año pasado, el programa El Intermedio reveló que Botella tiraba de coche oficial para acudir a la peluquería.

No está claro si aquel “coche oficial” tiene que ver con los conductores eventuales de la alcaldesa, pero el sentido común apunta a ello, a no ser que haya más chóferes. Tampoco está claro en la tabla si los sueldos que reciben los siete eventuales corresponden al total o aparecen sin los complementos. “Sea como fuere”, dice un sindicalista de la Administración, “hay un hecho que es vergonzosamente escandaloso: los complementos, si los hubiera, de estos siete puestos son mucho más elevados que los fijados para la Administración General del Estado”.


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Cataluña
Reír para no llorar
Antonio Robles Libertad Digital 8 Noviembre 2012

Dos vídeos, uno riéndose del nacionalismo y el otro mostrando su alma xenófoba, retratan la cara más ridícula y sucia del independentismo. Hacía tiempo que no me reía tan a gusto. Inspirado en aquella genial comedia, La vida de Brian, de los Monty Python, el actor y ahora diputado de UPyD Toni Cantó parodia el "España nos roba" con la famosa escena del Frente de Liberación de Judea, que toma ahora el nombre de Frente Clandestino de Liberación de Cataluña. Para desternillarse. Quizás la única manera de meterse con la irracionalidad del nacionalismo sin alimentarlo. En el otro, el realizado por C’s, una voz en off emite el pensamiento despreciativo de Jordi Pujol sobre la inmigración andaluza. Escrito en 1956 y reeditado en 1977 en su libro La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, rezuma xenofobia: "El hombre andaluz es un hombre destruido..., un hombre que vive en un estado de ignorancia y miseria cultural, mental y espiritual...".

La referencia ha levantado ampollas entre el mundo nacionalista. Alegan que es incitar a la confrontación. Sí, de eso saben mucho, no les llevaremos la contraria. Han logrado educar en solo 30 años a dos generaciones de jóvenes para que detesten todo lo español, o, por ser más exactos, para que llamen español a cuanto detestan. No es un pensamiento adolescente, es la impronta que puso Pujol en cada una de sus decisiones políticas al frente de la Generalidad de Cataluña, para convencer a los catalanes de que el castellano "viene de una violencia antigua" o de que "España nos roba". Ésta es la materia con que se ha construido la deriva actual contra España.

En 2008 Marta Ferrusola, esposa y cómplice, lo emuló al responder así a la pregunta de si le parecía mal que un andaluz (en referencia a José Montilla) presidiera la Generalidad: "Un andaluz que tiene el nombre en castellano, sí, mucho. Y además pienso que el presidente de la Generalitat debe hablar bien el catalán". No era la primera vez, siete años antes denunciaba las ayudas a los inmigrantes y nos prevenía contra las mezquitas. Su marido apoyó sus palabras, y remarcó que su conseller en cap, Artur Mas las compartía. "La gran mayoría de ciudadanos piensa como Marta Ferrusola", dijo el actual presidente de la Generalidad. No era extraño, en su época de estudiante universitario, a decir de uno de sus amigos de veraneo en Vilassar de Mar, el joven Artur ya apuntaba maneras: "La universidad está llena de negros y comunistas".

Esta actitud xenófoba de los dirigentes nacionalistas no es un pecado de juventud, sino los fundamentos emocionales sobre los que se ha construido la desafección hacia el resto de España. Quien les suponga demócratas y tolerantes, hierra. Nunca lo han sido, jamás han respetado las reglas, sólo cuando han ganado, y si han logrado camuflar su mentalidad retrógrada y excluyente es por el papanatismo de una generación de progres acomplejados. Ahora que por primera vez no pueden saltarse las leyes se les ve el plumero: "No me detendrán ni los tribunales ni las constituciones".

Si Durán i Lleida se permite la obscenidad de llamar vagos a los parados andaluces es porque sabe que su electorado está tan educado en los prejuicios contra España como él. La misma actitud de racismo cultural mostraba Marta Ferrusola cuando nos recordaba cómo su hijo Oriol corría a sus brazos en el parque para decirle, afligido: "Hoy no puedo jugar, madre, todos son castellanos". ¿Qué habría oído de sus padres este niño en casa?

De esos prejuicios alimentados en casa, trasmitidos entre iguales, se hicieron todos los planes de normalización, nos infectaron con el expolio fiscal y planifican ahora la separación de España. No es por casualidad que hoy haya muchos más catalanes que desprecian a los españoles que cuando Pujol llegó al poder, en 1980.

El soldado
Alfonso Ussía La Razón 8 Noviembre 2012

Renuncio a escribir a la vicepresidenta de la UE como hicieron los tres soliviantados nacionalistas por el vuelo de unos aviones del Ejército del Aire sobre la comarca del Ripollés. Prefiero enfrentarme al peligro directamente, en la soledad más absoluta. El robusto cantautor valenciano afincado en Cataluña, Paco Ibáñez, se ha ofrecido a Artur Mas para luchar como el primer soldado de Cataluña contra los chulos españoles. La cosa tiene miga, peligro y honda trascendencia.

Hace unos años me demandó. Había manifestado que todos los donostiarras que asistieron a una concentración a favor de las víctimas del terrorismo eran «txakurras», es decir, unos perros. Perdió la demanda. A mi modesto entender creo que le molestó que escribiera que desafina bastante cuando canta –también lo hacía el gran Atahualpa Yupanqui y no se querelló conmigo–, y que su disco prohibidísimo en el franquismo, «Paco Ibáñez en el Olympia», se exhibía en los escaparates de las tiendas de música de Madrid. Yo lo compré –no me lo agradeció–, en el establecimiento «Feryn», sito en la calle de Serrano entre las de Juan Bravo y Maldonado. Un disco aceptable en el que Ibáñez canta poemas de Neruda, Alberti, Goytisolo y Celaya, entre otros.

Cuando fui preguntado por Su Señoría si yo sentía alguna animadversión hacia Ibáñez, le respondí que me sabía sus canciones de memoria, y que esa prueba eliminaba cualquier atisbo de desafecto. Pero Ibáñez no me tiene simpatía alguna, y después de haber anunciado que se ofrece a luchar como el primer soldado a favor de la Cataluña independiente contra los chulos españoles, estoy, y ustedes lo entenderán perfectamente, con la valvulina floja y estercolado de pavor.

No obstante, el valor personal no es otra cosa que la superación del miedo. Y en el caso que nos ocupa creo tenerlo más acreditado que el de los tres independentistas que se asustan con los aviones del Ejército del Aire. Estoy preparado para vivir la tensión del momento. Si en los próximos días distingo a un soldado con casco y mochila que se encamina hacia mi –todavía– aceptable cuerpo, sabré que se trata del primer soldado de Mas cumpliendo su invasión de Madrid, y que el principal objetivo de la operación «Contra los Chulos de España», seré yo. Porque el soldado Ibáñez no está de buen humor. «Cataluña es un pueblo que vive y deja vivir, a ver si lo entienden de una vez todos aquellos cretinos». Es decir, primero nos llama «chulos» y después, «cretinos». Y finaliza su ofrecimiento militar con una heroica arenga: «Así, que aquí tienen un soldado para lo que quieran los catalanes ¡me cago en Dios!».

Tengo entendido que Artur Mas es creyente y muy cercano a una poderosa organización religiosa, de ahí que haga bien en recomendarle al soldado Ibáñez que modere sus expresiones. Si el Ejército de Cataluña tiene sólo un soldado y lo arresta por blasfemo su superioridad, la cosa carece completamente de fundamento. Nos salva a los chulos y cretinos españoles un detalle que no me pasó desapercibido años atrás. El soldado Ibáñez no presenta una gran condición física. Puede engañar la apariencia, pero no lo me lo figuro invadiendo Madrid, que es bastante grande. Y es lógico, por cuanto es bastante mayor que quien escribe, y quien escribe no está para muchos trotes, que los años pasan y pesan para todos. Así que, de momento, estoy en condiciones de mostrarme optimista. O el soldado Ibáñez se zurra en un gimnasio convenientemente, o acabará siendo derrotado por él mismo. Siempre a sus órdenes.

Ojo al caudillismo
Editorial El País 8 Noviembre 2012

La campaña catalana exhibe déficits democráticos de los políticos y de los medios de comunicación

La campaña electoral catalana recién iniciada exhibe preocupantes déficits democráticos, que amenazan con convertir a la Cataluña autonómica de tradición liberal en un territorio de afirmaciones monolíticas y excluyentes. En consonancia con el planteamiento del actual presidente de la Generalitat de configurar la convocatoria como una consulta plebiscitaria, en la que el destino de la nación se fía a su propio porvenir particular, hay que lamentar que esta convocatoria exhiba tantos síntomas de deficiente calidad democrática.

Destaca entre ellos la descarada insistencia en la línea del soberanismo de los medios de comunicación abiertamente gubernamentales Catalunya Ràdio y TV-3, que han perdido el carácter público y general que antes podían exhibir. Acompañada de la ausencia de una mínima neutralidad en la publicidad institucional, de la que se excluye a los medios no afectos, y del exceso de subvenciones ad hoc a los medios adictos. Todo ello pespunteado de un partidismo exacerbado en la actuación directa de la Generalitat: la Junta Electoral ha tenido que desmontar incluso sus mensajes de llamada a las urnas, por partidistas, sectarios y extemporáneos. Nunca como ahora el nacionalismo gobernante había dado muestras de tanto sectarismo.

Todas esas amenazas a la mesura democrática serían menos alarmantes si el principal partido de la oposición, el socialista PSC, mantuviera ante ellas la vigilancia democrática precisa. O si el de la derecha española, el PP, no opusiera a la cerrazón nacionalista periférica una preocupante sordera centralista.

La precampaña electoral ha estado aderezada por excesivos sinsentidos desde el punto de vista del imperio de la ley y de los usos democráticos. No es de recibo que un Parlamento cesante marque la hoja de ruta a su sucesor. No es aceptable que el Gobierno de cualquier nivel político se deje dictar su mandato por una asamblea informal, una manifestación por multitudinaria que esta sea o unas entidades de la pretendida sociedad civil previamente subvencionadas. Y está fuera de lugar que el dirigente de una formación de tanto arraigo moderado y democrático como Convergència i Unió, postule explícita o implícitamente el uso de medios ilegales para alcanzar sus sueños; o fíe el logro de los mismos a la eventual negación de su identidad europea.

Nunca como ahora los ciudadanos catalanes se habían visto constreñidos en tal grado al inconveniente cruce entre un soberanismo improvisado y el neocentralismo asfixiante, que reduce su personalidad lingüística, las atribuciones de su autogobierno y los mandatos de un trato inversor equitativo del Estado. La deriva de ribetes caudillistas de Artur Mas, a la que sus sondeos atribuyen mayoría absoluta, es un peligro democrático. Sea para pavimentar un Estado propio o impropio, la independencia o el regionalismo pujolista de costumbre.

Los datos hablan por sí solos
La independencia oculta la cruda realidad catalana
Á. J. M. Barcelona www.gaceta.es 8 Noviembre 2012

Todos los partidos políticos han hecho que su lema de campaña esté encaminado hacia la pertenencia o no a España. El día a día de los ciudadanos es un drama.

La independencia o la unión a España. Este debate ocupa el centro de los discursos de los partidos políticos catalanes y en su lema electoral dejan constancia de ello. La parte troncal que se han tratado en distintos informes y en declaraciones de los candidatos a la presidencia de la Generalitat han sido los beneficios o costes de la hipotética secesión de la región española. Del "con la independencia habrá menos impuestos y más riqueza -cada catalán cobraría cerca de 2.200 euros más al año-" a la caída del PIB en un 20%, la deslocalización de empresas, el aumento del paro y un sin fin de desastres más.

Asimismo, tampoco se ha escapado de este debate la pertenencia o salida de la UE. Las leyes europeas son claras, Cataluña se quedaría fuera, un hecho que admite el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hasta en dos ocasiones.

Pero el día a día de los ciudadanos, que se han visto inmersos en este intenso y constante debate, es una realidad bien diferente. Los datos económicos que deja la legislatura más corta en la CC AA muestran un cruda realidad sin precedentes.

Tras tres oleadas de recortes para poder pagar las deudas llegará un recorte más de cara a 2013. De nuevo serán los ciudadanos quienes paguen los excesos de una gigantesca administración pública, al que apenas le faltan ya asumir más competencias para convertirse en un Estado, el anhelo de CiU.

Con una població superior a los 7,5 millones de personas, Cataluña suma una tasa de paro del 22,56%, es decir, más de 840.000 personas sin trabajo. De los 2,076 millones de personas que viven en Barcelona, 622.800 están sin empleo, registrando la tasa más alta de Cataluña, 23,07%, seguida de Tarragona, 23,73%, Gerona, 21,87%, y Lérida, 15,05%.

Además, el empleo se destruye a un ritmo sin precedentes. Cataluña supera en este punto a Andalucía y Extremadura juntas. Es la CC AA con más destrucción de empleo de toda España, con 192.100 puestos de trabajo menos.

La economía catalana se encuentra en estanflación, uno de los peores escenarios econonómicos que se conocen, con una caída del PIB del 1,1% y una subida de precios hasta el 3,9%. Asimismo, la sociedad catalana soporta un nivel de pobreza del 30% y Barcelona tiene el barrio con mayor tasa de desahucios de España.

Los ahorros de Mas iban encaminados a eliminar subvenciones identitarias, que finalmente dio marcha atrás, y aún no ha reducido el grueso de la administración. Todo para poder hacer frente a una deuda de 48.000 millones de euros, cuyos intereses dejan muy tocados los presupuestos. El grifo de la financiación está cerrado y por este motivo para poder pagar a parte de los proveedores, la Generalitat de CiU ha tenido que pedir un rescate de 5.423 millones de euros, al que finalmente se le darán 5.370 millones.

Mientras tanto, seis niveles tiene la administración catalana, empresas públicas deficitarias, diputaciones dedicadas a sumarse al proyecto independentista mientras son financiadas por el Estado, la propia Generalitat y los ayuntamientos. Consejos comarcales que son también pagados por los ciudadanos sin que se conozcan los fines concretos para los que fueron creados. Mientras la fusión de Ayuntamiento sigue sin estar encima de la mesa.

El rescate de las Comunidades Autónomas podría elevarse a los 60.000 millones a finales de 2013
El Gobierno ha utilizado el Fondo de Liquidez, el ICO, el pago a proveedores y varias formas de anticipos para asistir a las autonomías. Montoro ha explicado que sólo a Cataluña le ha facilitado liquidez por valor de 11.000 millones. Además, UBS afirma que los 7.000 millones en vencimientos de Cataluña en 2013 cuestionan su independencia a corto plazo.
www.vozpopuli.com 8 Noviembre 2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el pasado lunes en Barcelona que el Gobierno no dejaba en la estacada a las autonomías; que ya había concedido liquidez a Cataluña por valor de 11.000 millones en 2012 y que prorrogaba el Fondo de Liquidez Autonómico durante 2013 para el pago de vencimientos y proveedores.

Y esa extensión del Fondo de Liquidez podría elevar el rescate de las comunidades hasta los 60.000 millones de euros entre 2012 y 2013, según los expertos consultados.

El Gobierno central ha prestado a las CCAA 17.000 millones del plan de pago a proveedores; 10.000 millones en líneas ICO a cinco años y 18.000 millones que está desembolsando del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que ya coloca la cifra de 2012 en los 45.000 millones.

Además, Hacienda ha prometido que habrá una extensión del FLA, y ésta tendrá que hacer frente a dos partidas de las CCAA: por un lado, habrá de financiar al menos la mitad de los más de 20.000 millones de vencimientos que acumulan las comunidades en 2013, según previsiones de los analistas.

Por otro, deberá atender aquellas facturas de proveedores que las autonomías no puedan satisfacer, un montante que este año ya ronda los 10.000 millones según las patronales y que fácilmente absorberá otros 5.000 millones durante 2013.

Así que, con una estimación a la baja, en total el FLA consumiría unos 15.000 millones en 2013, una cantidad que se sumaría a los 45.000 millones empleados en 2012 para arrojar en conjunto 60.000 millones.

Esta suma no incluye, sin embargo, todos los anticipos que el Estado ha ido entregando a las regiones y que engordarían más el cálculo.

El Gobierno ha permitido que las autonomías devuelvan en 10 años los ingresos que se llevaron de más al principio de la crisis y que tenían que devolver ahora. Y ha dado a las CCAA las liquidaciones de 2010 a principios de año, en lugar de a mediados de 2012 como les correspondía.

Sólo en septiembre el Estado ha avanzado otros 850 millones a los gobiernos autonómicos. De hecho, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha explicado que el Estado central todavía ha de recuperar a finales de año unos 5.000 millones adelantados a las administraciones, es decir, Seguridad Social, CCAA y ayuntamientos.

No obstante, si se atiende a la comparación entre las transferencias a septiembre de 2011 y las del mismo mes en 2012, este año el Estado ha dado a las CCAA unos 8.000 millones más que en el ejercicio anterior, lo que se explica en parte porque Hacienda haya concedido más anticipos e, incluso, una parte de ellos sea a cuenta de futuros ejercicios.

El Ministerio de Hacienda no facilita las cifras para conocer cuál es el estado exacto de los adelantos. No obstante, el ministro Montoro detalló el pasado lunes todas las cantidades brindadas a Cataluña en un acto de campaña electoral. El propio comunicado de Hacienda afirmaba:

“En total, el Gobierno ha adoptado medidas de apoyo a la liquidez de la Comunidad Autónoma de Cataluña por un total de 11.687 millones de euros, que se reparten de la siguiente forma: 330 millones por la ampliación del periodo de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de 60 a 120 mensualidades; 945 millones por la concesión de anticipos a cuenta de la liquidación estimada del sistema de financiación de 2010; 1.010 millones por la concesión de anticipos adicionales a reintegrar en 2012; 1.034 millones de la Línea ICO-Vencimientos 2012; 2.665 millones del Plan de Pago a Proveedores (tanto a Entidades Locales como a Comunidades Autónomas), los citados 5.433 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)”.

Estos números simplemente cuestionan la situación financiera de Cataluña, una región donde según datos de la Agencia Tributaria hasta septiembre se ha recaudado por IVA, Impuestos especiales, IRPF y Sociedades un total de casi 21.000 millones.

Es más, en 2013 la Generalitat se enfrenta a más de 7.000 millones en vencimientos, un hecho que en opinión de UBS hace prácticamente imposible la independencia de Cataluña a corto plazo al enfrentarse a unos mercados cerrados. El informe de la entidad suiza argumenta que fuera de España Cataluña no tendría acceso al FLA y, por lo tanto, estaría privada de financiación.

Las siguientes comunidades con mayores vencimientos se encuentran muy por debajo de Cataluña: Valencia, Andalucía y Madrid tienen que amortizar cantidades en el entorno de los 2.000 millones durante 2013.

Las autonomías que recurran al FLA tendrán que suscribir un pliego de condiciones o memorando que recuerda al procedimiento de los rescates ocurridos en Europa y en España.

Vencimientos CCAA

(a fecha de 5-11-2012)
2012-13 Total
Cataluña 11.563 32.225
Valencia 2.450 7.263,2
Andalucía 2.292 10.272
Madrid 2.123 10.878,3
Galicia 865 4.912,8
Murcia 588 1.331,6
I.Baleares 536 2.488,7
Navarra 297 2.325,1
C.La Mancha 210 2.494,9
Canarias 397 3.590,5
Aragón 246 1.698,4
P.Vasco 155 6.274,1
C.León 0 320
Extremadura 1 360,7
Asturias 0 248
Cantabria 0 145
Rioja 0 0

(Millones de euros)  Incluye intereses  No incluye deuda a proveedores

Duras críticas a Artur Mas en su conferencia en Bruselas
Un eurodiputado escocés le dice que ser parte de la UE "no está en su mano" y uno polaco pregunta si ha sido sincero con catalanes sincero con catalanes
Europa Press www.lavozlibre.com 8 Noviembre 2012

Bruselas.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho este miércoles que repensará su estrategia si es "absolutamente imposible" que una Cataluña separada siga perteneciendo a la Unión Europea, si bien ha insistido en el derecho de los catalanes a pronunciarse en una consulta. "Si llegamos a la conclusión de que es absolutamente imposible ser independiente dentro de la Unión Europea, entonces repensaríamos nuestra estrategia", ha dicho Mas en un debate en Bruselas organizado por el 'think tank' Friends of Europe. En el mismo, sin embargo, no ha especificado cuál sería el nuevo camino a seguir.

Con todo, Mas ha advertido de que "incluso en ese caso, la pregunta puede hacerse, porque lo más importante es el derecho que tenemos a ser consultados para decidir nuestro futuro". El presidente catalán ha asegurado que la posibilidad de que Cataluña quede fuera de la Unión Europea es una opción "que no podemos imaginar", pero que si esa fuera la "única forma" de ser un Estado, también habría que "explicar las consecuencias" y "preguntárselo" a los catalanes. "Incluso en ese caso la cuestión puede ser planteada", ha insistido Mas, para defender que "lo más importante" para los catalanes es "el derecho de ser consultados para decidir nuestro futuro".

La posibilidad de realizar una consulta es "lo importante" y, por tanto, a lo que se ha comprometido a hacer en la próxima legislatura si logra una amplia mayoría en las elecciones del próximo 25 de noviembre. Durante el debate, Mas ha considerado que "no sería lógico" que una Europa que promueve ampliar y reforzar los lazos de la Unión apoyara que una Cataluña separada de España no siguiera siendo parte de la UE. Pero también ha admitido que "nadie puede decir sí o no" a la pregunta de si sería excluido.

ADVERTENCIA DE LOS PERIODISTAS
El presidente catalán ha hablado ante un auditorio de unas 200 personas, cerca de la mitad periodistas acreditados, según la organización, y ha recibido aplausos en algunas de sus intervenciones. Sin embargo, también ha escuchado la advertencia de la periodista sueca Teresa Küchler que le ha vaticinado que "probablemente" otros países que no son España vetarían a Cataluña.

Entre los asistentes se han dado cita varios eurodiputados, entre ellos el catalán Ramon Tremosa (CiU) y la vasca Izaskun Bilbao (PNV), así como miembros del equipo de Mas, como el portavoz del Govern, Francesc Homs.

También ha asistido a la conferencia, el embajador de la Representación de España ante la Unión Europea, Alfonso Dastis; el número dos del vicepresidente económico de la Comisión Europea Oli Rehn, Amadeu Altafaf; y una amplia representación de la comunidad catalana en Bruselas; además de prensa española e internacional acreditada. Además de Mas, en la conferencia que después ha dado paso al debate, ha intervenido la periodista sueca Teresa Küchler, corresponsal de 'Svenska Dagbladet', quién ha considerado "deshonesto intelectualmente" que la pregunta de la consulta, si se celebrase, planteara a los votantes si quieren un Estado independiente "dentro" de la Unión Europea.

Küchler también ha apuntado que más allá de la posibilidad de veto de España a una eventual Cataluña independiente, "probablemente otros países" plantearían su derecho a veto. En el plano económico, la periodista sueca también ha puesto en duda que Cataluña dispusiera del dinero necesario para poner en marcha todas las instituciones necesarias para acceder a la UE.

FALTA DE CLARIDAD
Algunas de las intervenciones de Mas han recibido el aplauso de una parte del auditorio, si bien el presidente autonómico ha escuchado como la mayoría de las intervenciones eran duras con sus argumentos y criticaban falta de claridad en su exposición ante los catalanes. Entre ellos, el eurodiputado socialista escocés David Martin ha señalado "contradicciones" en el discurso de Mas, por ejemplo "cuando rechaza compartir sus recursos con España, pero dice estar feliz de compartir los recursos con el resto de la UE". "Entiendo que prefiera preguntar por en el referéndum si se quiere una Cataluña independiente en la UE, pero eso no está en sus manos", la ha advertido Martin.

Otro eurodiputado polaco ha expuesto lo "complicado" que son los procesos de negociación para entrar en el club comunitario y ha preguntado a Mas "si ha informado a los catalanes de cuán difícil es ese proceso".

Mas ha evitado responder directamente al riesgo de que otros países pudieran ser un obstáculo para una Cataluña separada en la Unión Europea, al argumentar que el proceso para la convocatoria de elecciones anticipadas y una posterior consulta va "muy rápido", por lo que no tiene "todas las respuestas". "El proceso está siendo muy rápido y, como pueden imaginar, no tenemos todas las respuestas ahora. Pero tenemos una respuesta muy importante, veremos si en las próximas elecciones hay una amplia mayoría que quiera decidir su futuro en los próximos cuatro años. Eso es lo que puede decidirse ahora", ha zanjado.

A preguntas de los intervinientes, Mas ha ironizado con que no se contempla concurrir en unas elecciones para ser presidente del Gobierno de España: "Nadie me votaría". Aunque después ha añadido que la razón de no presentarse a tales comicios es que para él es "más importante" ser el presidente de Cataluña. El presidente de la Generalitat también ha aprovechado una segunda intervención para responder a quienes le han reprochado que quiera separarse de España en un momento en el que en la zona euro se apela a la solidaridad. Mas ha presumido de que los catalanes son "campeones" en solidaridad, contribuyentes netos al presupuesto de la UE y a las arcas españolas, además de haber ayudado a los distintos Ejecutivos nacionales a "hacer los deberes" para integrar la moneda única.

Reglamentos excluyentes
Trias ahora quiere hacer la misma jugada en el Área Metropolitana que en el consistorio barcelonés, relegar el castellano a un segundo plano
alberto fernández ABC  8 Noviembre 2012

CiU y Trias pretende excluir el castellano del ámbito público con el pretexto de potenciar el catalán como lengua de uso general en las administraciones, Ayuntamiento y Área Metropolitana. Muestra de ello, es que en el Pleno del Área Metropolitana de Barcelona del pasado martes, se aprobó un Reglamento Orgánico para dicha administración, en el que el artículo número dos, constata que el catalán es la lengua propia de dicha entidad, situando el castellano en un segundo plano, cuando ambas leguas deben coexistir en ambas adminis- traciones sin ningún problema.

El Área Metropolitana de Barcelona presidida por el también alcalde de Barcelona, Xavier Trias, consiguió aprobar este Reglamento con el voto a favor de PSC, ICV y ERC, y el único voto en contra del Partido Popular. Una vez más se demostraba que PSC coincide en sus tesis sobre la lengua con los nacionalistas, al consideran el catalán como única lengua propia, dejando el castellano como una lengua impropia, dado que el Reglamento sólo reconoce su uso por parte de los ciudadanos y no por la administración, a pesar que ambas lenguas son de Cataluña.

A todo esto, Trias debería recordar el precedente del año 2009, con el Reglamento Lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona en el que también se excluía el castellano. Un documento promovido por CiU y ERC, que también recibió el aval de PSC, entonces en la alcaldía de Barcelona. El PP frente a este Reglamento Lingüístico que discriminaba el castellano, votó en contra y luego presentó un recurso. Primero al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y más tarde al Tribunal Supremo. Ambos tribunales avalaron dicho recurso considerando que este documento comportaba un perjuicio en su aplicación, y daba la razón a la demanda del PP, obligando a modificar algunos artículos de dicho Reglamento Lingüístico.

Trias ahora quiere hacer la misma jugada en el Área Metropolitana que en el consistorio barcelonés, relegar el castellano a un segundo plano. Por eso, desde el PP defenderemos un modelo lingüístico bilingüe que abogue por la defensa del castellano y el catalán, para garantizar que las administraciones se dirijan en todo momento en ambas lenguas, para que sean los ciudadanos quién decida en qué idioma se quieren relacionar con la administración y no en el que le imponen.

Garitano «premia» con 188.000 euros a 14 bastiones de Bildu
Carlos Castro La Razón 8 Noviembre 2012

MADRID- ¿Coincidencia? Parece que no. Resulta ahora que tan sólo los municipios gobernados por Bildu pueden promocionar el «conocimiento y reconocimiento de la diversidad de orígenes en el territorio histórico de Guipúzcoa y Euskal Herria». Así lo ha decidido la Diputación foral de Guipúzcoa, presidida por el bildutarra Martin Garitano, que repartirá un total de 188.321,17 euros a 14 municipios de esta provincia, en los que –casualidad o no– gobierna la coalición abertzale, según publicó el Boletín Oficial de Guipúzcoa del pasado 26 de octubre.

De Aretxabaleta, a Arrasate-Mondragón, pasando por Hernani, San Sebastián... y así hasta catorce localidades entre las que se encuentran Azkoitia, Bergara, Lasarte, Ordicia, Orio, Pasaia, Urretxu, Zarautz y Zumaia. Todas ellas agraciadas con ayudas que van desde los 1.901 euros a los 11.123,55, y que se abonarán en dos pagos: el 50% en el momento de la concesión y el otro 50%, tras la justificación económica del anticipo.

Así, por ejemplo, para la «diversidad y convivencia de Euskal Herria» en Zumaia se destinan 5.923,20 euros, mientras que en Hernani se destinan 4.500 euros a «talleres y actividades para practicar euskera». Asimismo, la diputación otorga 11.123,55 euros a Pasaia para un proyecto denominado «el conocimiento mutuo y el derecho a ser diferente» y otros 7.025,40 euros en Ordicia para «sesiones de refuerzo del euskera a niños jóvenes e inmigrantes». Y es que «potenciar el euskera como el elemento común de igualdad, cohesión y vertebración social» es el primero de los cinco criterios de valoración para conseguir la ayuda, que convocó la diputación el pasado 12 de junio. El último criterio, por si fuera poco, prioriza a los municipios que reconozcan a «personas de otros pueblos» y a «colectivos originarios del propio territorio de Guipúzcoa o de Euskal Herria».

“Garantías de acceso a la Justicia para las Víctimas desde la perspectiva de la Justicia restaurativa, la justicia procedimental, y la justicia terapeútica”
Teresa Díaz Bada www.forocontralaimpunidad.com  8 Noviembre 2012

Presidenta del Foro contra la Impunidad en el País Vasco

En las últimas elecciones autonómicas, algo más del 25% de los vascos votó a favor de un candidato de EH Bildu, el proyecto político nacido de y tutelado por la banda terrorista ETA para liderar el Gobierno autónomo.

Cincuenta años de barbarie terrorista han abocado a los vascos a las puertas de este indescriptible abismo moral, ya que cuando uno de cada cuatro ciudadanos apoya libremente a un proyecto ideológicamente totalitario y éticamente indecente como el de Bildu, es que algo falla, que algo se encuentra moralmente enfermado en el corazón de Euskadi.

Este vergonzoso número de ciudadanos proclives a las tesis de ETA, y otra gran mayoría de vascos cercanos a las tesis del nacionalismo más irredento, han moldeado un territorio indócil a la aplicación de las leyes democráticas, renuente a la convivencia, impenetrable a la civilidad democrática y rebelde al juego institucional.

Permanentemente empujadas a padecer esta barbarie moral, y a vivir en el interior de ella, las víctimas del terrorismo, durante los últimos cincuenta años, no solamente hemos carecido de ningún tipo de garantía para acceder a la justicia restaurativa, procedimental o terapéutica sino que apenas hemos tenido alguna opción para acceder a la Justicia con mayúsculas.

Las víctimas del terrorismo somos conscientes de que ninguna ley tiene capacidad para devolver la vida al casi millar de personas asesinadas por los terroristas. Pero la imposibilidad de que exista una justicia restitutiva total no exime, de ninguna manera, de la firme demanda de una justicia reparadora que siempre tiene un importante componente terapéutico. De hecho, los principales ordenamientos jurídicos internacionales se asientan sobre dicha exigencia y su no cumplimiento abre el camino hacia la impunidad de los delitos.

A estas alturas de nuestra historia, hay que decir las cosas con claridad: quienes afirman que no se puede hacer justicia en el País Vasco, que hay que hacer tabla rasa y que hay que buscar la "reconciliación" de “toda” la sociedad, están aceptando que el terrorismo, y fundamentalmente el terrorismo de ETA, es una especie de desgracia divina, no provocada por nadie, no sujeta a ninguna medida de corrección y libre de castigo, que las víctimas directas e indirectas hemos de soportar sin ninguna posibilidad de alivio.

Nada más lejos de la realidad. Muy al contrario, creo que la justicia, cuando actúa con precisión, firmeza y eficacia, es excepcionalmente terapéutica para las víctimas, nada tiene que ver con el odio y es sinónimo de ejemplaridad democrática y de probidad moral. Y debemos tener en cuenta que, a pesar de lo que de una forma manipulada se diga desde determinadas instancias oficiales, ésta es la principal reivindicación de las víctimas del terrorismo. Una petición avalada por ellas mismas, individualmente o a través de sus asociaciones, con la enorme legitimidad que les otorga el hecho de que, en España, jamás se ha producido un sólo acto de venganza llevado a cabo por una víctima.

Cuando las víctimas del terrorismo en particular, y muchos otros ciudadanos en general, hemos exigido nuestro derecho a la justicia, desde el País Vasco, fundamentalmente, pero también desde el resto de España, demasiados políticos, intelectuales, periodistas y agentes sociales nos han recriminado, con el mayor de los cinismos, que solamente deseamos obtener beneficios políticos o económicos del asesinato de nuestros padres, maridos, esposas, hijos o amigos. Como muestra, un ejemplo cercano:
quien será el próximo lehendekari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, no dudó en afirmar hace algunos años que las víctimas vascas nos "autodenominamos víctimas del terrorismo"… Y nos decía esto mientras, al mismo tiempo, definía a los etarras encarcelados por asesinar a nuestros familiares como "ciudadanos y ciudadanas vascas privados de libertad".

Esto es una afrenta a la decencia, a la dignidad y a la justicia, pero, además, nos lleva a una nueva cuestión, quizás, más importante: ¿a quién, a quiénes molestan las peticiones de justicia de las víctimas del terrorismo? ¿No será que molestamos a los asesinos porque les colocamos frente a frente su atrocidad; que estorbamos a los cómplices de los criminales porque les evocamos su perversa colaboración con la brutalidad y que cohibimos un poco a tantos y tantos vascos como, a través de todo tipo de acuerdos infames con los criminales, se abrazaron a los verdugos o miraron hacia otro lado?

La sociedad vasca que describía al comienzo de mi intervención no ha surgido de la noche a la mañana. Desde aquel 27 de junio de 1960 en el que ETA asesinó a la niña Begoña Urroz, uno de los elementos que más ha contribuido a que la lacra terrorista se haya perpetuado en el País Vasco y en España a lo largo de más de medio siglo ha sido el hecho de que, durante todo este tiempo, numerosos ciudadanos han interiorizado que el recurso al asesinato, al chantaje, a la amenaza o la extorsión es algo que, aunque reprobable e imposible de compartir, puede ser comprensible, dada la existencia de un presunto y falsario “conflicto político” que, al parecer, no puede ser solucionado por vías exclusivamente democráticas. De hecho, y según un informe del Defensor del Pueblo vasco hecho público en 2009, casi la mitad de los estudiantes de Euskadi todavía cree, con diversos grados de convencimiento, que un atentado terrorista puede tener algún tipo de justificación política.

Perversas razones de interés político nacionalista, falsos progresismos que han alimentado la creencia ignorante de que todas las ideas pueden ser dichas en libertad (incluso las que exigen más tiros en la nuca) y una asombrosa dejación de las instituciones en su deber de hacer cumplir la legalidad democrática, han alimentado estas convicciones atroces. Y, consecuentemente, han abonado el terreno para que en nuestra tierra se anulara, de hecho, cualquier recurso a la Justicia más elemental y para que lo que haya primado durante años en nuestra sociedad haya sido el punto de vista de los verdugos y de los cómplices de éstos, y nunca el de sus víctimas.

Este predominio absoluto del punto de vista del verdugo sobre la vida cotidiana del País Vasco ha imposibilitado en la práctica cualquier forma de justicia restaurativa, ha influido negativamente en la justicia procedimental y ha anulado cualquier atisbo de justicia terapéutica. (Por ejemplo, hay que recordar cómo en diciembre de 1995 dos ertzainas fueron asesinados en Itsasondo y meses después su asesino fue absuelto en un juicio con jurado popular celebrado en San Sebastián).

De hecho, hoy en día, la voz de los terroristas, ahora emitida desde las instituciones, continúa siendo una de las grandes lacras contra las que ha de luchar una sociedad demasiado narcotizada frente a la barbarie, ensimismada, a pesar de la crisis, en su riqueza material y rápidamente dispuesta a olvidar que ante su silencio se han cometido algunos de los atentados más graves contra los derechos humanos que se han producido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Como bien señala el experto Rogelio Alonso, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos I, en un magnifico artículo publicado en “EL Correo” el pasado 17 de octubre, y cito textualmente:... “A menudo socialistas y populares tratan a los representantes de ETA como si fueran verdaderos demócratas amparándose en que la legalidad así lo exige. Relativizan así las exigencias propias de una democracia que debe penalizar a quienes carecen de la necesaria legitimidad para participar en plenitud de derechos mientras siguen sin deslegitimar el terrorismo... Un ejemplo revela los peligros de tan injusta integración. El 12 de junio, Martín Garitano asistió a los premios en memoria de Joxe Mari Korta. Las imágenes del evento mostraban a sonrientes dirigentes del partido popular departiendo amigablemente con Garitano, bridándole las condiciones de demócrata de las que carece quien no tiene la dignidad de condenar el asesinato del emrpesario vasco, ni de los compañeros de partido de aquellos, ni del resto de las victimas de ETA... Con ese complaciente trato y tan macabra presencia explotada por Bildu se escenificaba un empate moral que ahora los electores validan: da lo mismo asesinar que haber sido asesinado”.

Frente a esta mirada orweliana de los verdugos, que ha llegado a su grado máximo de expansión especialmente durante los últimos meses y especialmente en Guipúzcoa, las víctimas del terrorismo nos hemos convertido en la práctica en el último colectivo social que seguimos reivindicando que es necesario que se haga justicia, que el final de ETA ha de tener vencedores y vencidos y que no puede haber espacios para la impunidad de los terroristas.

Y, a pesar de lo que digan muchos, tenemos la máxima legitimidad para continuar insistiendo en esta reivindicación.
¿Por qué? Porque en condiciones profundamente dramáticas hemos dado siempre un ejemplo modélico de respeto al sistema democrático, de renuncia a la venganza y de repulsa a cualquier método violento para terminar con ETA. Porque conocemos mejor que nadie todo el dolor y las consecuencias que se derivan de cada atentado criminal. Y porque somos los máximos exponentes de toda la infamia que se ha vertido en este país y, por ello, poseemos una absoluta autoridad para seguir reclamando, y exigiendo, el cumplimiento de la más elemental de las justicias.

Este papel preponderante y esencial de las víctimas del terrorismo ha sido reconocido recientemente por la directora de la subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de la ONU contra el Delito, Marta Requena. Para esta representante de las Naciones Unidas, “ya que en el terrorismo el foco no es solamente la persona concreta, sino toda una sociedad y sus instituciones, las víctimas debemos jugar un papel activo antes, durante y después del proceso penal”.

También el Parlamento europeo reconoce esta posición especial de las víctimas del terrorismo con respecto a la Justicia al señalar que “las víctimas del terrorismo han sufrido atentados cuya intención última era hacer daño a la sociedad. Por ello pueden necesitar especial atención, apoyo y protección, debido al especial carácter del delito cometido contra ellos. Las víctimas del terrorismo pueden ser objeto de un importante escrutinio público y a menudo necesitan el reconocimiento social y un trato respetuoso por parte de la sociedad. En consecuencia, los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las víctimas del terrorismo, y esforzarse por proteger su dignidad y seguridad”.

En mi opinión, durante los últimos meses se han producido en España dos claros ejemplos de desprotección moral de las víctimas del terrorismo y de ruptura de las “Garantías de acceso a la Justicia de las Víctimas”.

Por un lado, la conocida como “vía Nanclares” para la reinserción de los presos de ETA, basada, según ha explicado el Gobierno de Patxi López, en la vía político-jurídica que a finales del siglo XX se aplicó en Italia para la recuperación de algunos condenados por crímenes terroristas y por delitos relacionados con la Mafia, ha puesto ya a varios miembros de ETA en libertad.
Algunos de ellos, incluso, dan conferencias financiadas con dinero público y escriben libros que reciben la máxima difusión desde muchos medios de comunicación.

Pero en las excarcelaciones de presos etarras derivadas de la “vía Nanclares” falta, en mi opinión, un elemento clave que es, aunque aquí se haya querido ocultar, la esencia del modelo reinsertivo italiano: la exigencia de que los terroristas a quienes se va a beneficiar colaboren con la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El proceso de recuperación social de varias decenas de miembros de las Brigadas Rojas que se llevó a cabo en Italia, conocido como “pentismo”, se construyó, tal y como explica Enzo Musco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Roma, en la necesidad de que los presos asumieran “la propia responsabilidad por uno o más delitos, acompañado de la ayuda proporcionada a los investigadores para el conocimiento del mundo criminal al que pertenece.”

Esta es la clave de los procesos de reinserción de presos en Italia y, de hecho, las prácticas “pentistas” fueron avaladas por el Consejo de Europa el 20 de diciembre de 1996. Esta institución, en una recomendación centrada en la lucha contra la criminalidad organizada, invitaba a los Estados miembros “a solicitar las colaboraciones procesales en consideración a la particular eficacia poseída por las informaciones proporcionadas por los miembros de las organizaciones criminales, valorando la posibilidad de concederles beneficios y medidas de protección.”

Esta recomendación del Consejo de Europa explicaba, además, que deben considerarse colaboradores con la justicia tanto quienes “proporcionan informaciones útiles a las autoridades competentes con fines investigadores y con finalidad de adquirir pruebas pertinentes relativas a la composición o a la estructura o a las actividades de las organizaciones criminales, a las relaciones incluso internacionales con otros grupos criminales y a los delitos que estas organizaciones o grupos han cometido o podrían cometer como quienes proporcionan una efectiva y concreta ayuda a las autoridades competentes para contribuir a recuperar de las organizaciones criminales recursos ilícitos o provenientes de los delitos".

Pero, los defensores de la reinserción de etarras a través de la denominada “vía Nanclares”, del Ministro del Interior al Lehendakari, pasando por Rodolfo Ares, Jesús Loza o la Dirección de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, callan en todo momento sobre la “delación” como pieza angular del modelo italiano que dicen imitar.

Los escasos etarras acogidos a la “vía Nanclares” solamente han tenido que mostrar un indefinido, y generalmente vacuo, arrepentimiento, para alcanzar los beneficios asociados a la misma. El Gobierno vasco en general, y el Comisionado y la Dirección de Atención a las Víctimas en particular, se equivocan al despreciarla “delación” como algo nefasto porque, según dicen “no se puede obligar a los terroristas a ser unos chivatos”.

Colaborar con la justicia no tiene nada que ver con el mentecato concepto de “soplón” (tan utilizado, perversamente, por la banda terrorista ETA) y, además, muchos políticos de todos los partidos mienten cuando, una y otra vez, aseguran que no existe esta figura en el ordenamiento jurídico español.

Fue el Gobierno de Felipe González quien, en mayo de 1988, impulsó la modificación del Código Penal acentuando “el premio a la delación” a los efectos de “la extinción de la pena y la obtención de la libertad condicional”. Y el Código Penal español, actualizado en 2009, es taxativo en esta cuestión en su artículo 90.1.c: “Asimismo, en el caso de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.”

¿Cuántos etarras sujetos a la denominada “vía Nanclares” han cumplido con esta exigencia?

Un segundo ejemplo dramático de ruptura de las “Garantías de acceso a la Justicia de las Víctimas”, es lo que se ha conocido como el “caso Bolinaga”.

La decisión, marcadamente política y amparada en la idea demagógica expuesta por el juez José Luis Castro de que los "principios de humanidad y derecho a la dignidad de las personas deben predominar sobre cualquier otra consideración legal", pone de manifiesto algo en lo que desde el Foro contra la Impunidad en el País Vasco hemos insistido reiteradamente a lo largo de los últimos meses:

Hay en la sociedad vasca, sobre todo, pero también en una parte importante del resto de la sociedad española, un empeño cruel por pasar página, por olvidar nuestra más reciente historia, por recibir con palmas a torturadores como Bolinaga y por hacer surgir, a machamartillo político, un nuevo escenario en el que las permanentes reclamaciones de memoria, verdad y justicia lideradas por la gran mayoría de las víctimas del terrorismo se conviertan en peticiones éticamente indecentes que solicitan perdonar a los asesinos y que apelan a “sumar esfuerzos” entre los verdugos y sus víctimas.

Ante situaciones como esta, que supone uno de los ejemplos más claros de ruptura de la Justicia restaurativa, procedimental y terapeútica, las víctimas del terrorismo nos enfrentamos a un reto enorme en un entorno social, cuando menos, esquivo.

Nuestro desafío, y yo diría que nuestra obligación, consiste en seguir manteniendo vivas las reclamaciones de firmeza policial y aislamiento social contra los muchos terroristas que aún son y frente a quienes se empeñan en considerar a éstos como un colectivo de personas erradas a los que hay que acoger de nuevo en sociedad como si nada hubiera pasado en estos últimos cincuenta años.

Nuestra tarea más urgente consiste ahora en recordar una y otra vez que nuestro sistema de libertades siempre es infinitamente superior a los planteamientos totalitarios, integristas y fanatizados de los terroristas, de los cómplices de éstos o de los que siempre han justificado a los primeros y abrazado a los segundos.

Y, sobre todo, debemos insistir en que jamás podremos hablar de paz definitiva en el País Vasco si, previamente, los terroristas no han cumplido íntegramente sus penas; si las instituciones no se ponen manos a la obra para poner fin a los más de 300 crímenes terroristas que aún siguen sin resolverse; si nadie reconoce que la democracia ha salido victoriosa y que el terror y sus representantes han sido derrotados; y si, por encima de todo, no se asume colectivamente que quienes fuimos víctimas y perseguidos del totalitarismo nacionalterrorista tenemos todo el derecho del mundo a intentar impedir que nuestros hijos vayan a ser mañana las futuras víctimas de una paz tan falsa como moralmente indecente.j

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