AGLI Recortes de Prensa  Martes 13  Noviembre 2012

Grecia
Otro año amagando con la bancarrota total
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 13 Noviembre 2012

Si nos fiamos de las estadísticas que ella misma se encargó de desacreditar, Grecia cerró 2011 con un déficit de 19.600 millones de euros, el equivalente al 9,4% de su PIB –idéntico guarismo al de España–, y con una deuda pública de 355.000 millones de euros. De ese monstruoso déficit, alrededor del 75% (unos 15.000 millones) se corresponden con pagos de intereses, lo que significa que el tipo medio que está abonando por su deuda pública apenas alcanza el 4,1%.

Sí, ha leído bien: el 4,1%. Un tipo medio muy inferior al que estuvo abonando entre el año 2000 y el 2007 y uno muy parecido al que ahora mismo está pagando España por su deuda. Como suele suceder, la bancarrota griega no está relacionada con unos prestamistas usureros que exijan unos intereses desproporcionados (con una inflación del 3%, un interés medio del 4% apenas proporciona una rentabilidad real del 1%), sino con la acumulación de un volumen disparatado de deuda pública derivado de haber gastado durante décadas muchísimo más de lo que se ingresaba.

Para que Grecia lograra cuadrar sus presupuestos y pagar su deuda tendría que reducir, como mínimo, su gasto público por habitante antes de intereses hasta los niveles que exhibía en 2004 (unos 6.700 euros por ciudadano), y si descontamos la inflación hasta los niveles del año 2000; esto es, justo el nivel anterior a que el Banco Central Europeo destara la expansión crediticia que ha destrozado la economía continental. A finales de 2011, tras todos los intolerables y asfixiantes recortes que supuestamente ha padecido el Estado heleno, el gasto público por habitante (quitando el pago de intereses) todavía se ubicaba en niveles burbujísticos de 2007 (8.200 euros por ciudadano), o de 2004 si descontamos la inflación; cifras casi calcadas de las que se espera exhiba en el cierre de 2012.

En esta coyuntura, la Administración helena requeriría de un recorte nominal del gasto público total de al menos 15.000 millones de euros, a saber, prácticamente el mismo importe en que ha logrado reducirlo (antes de intereses) desde 2009. En este sentido, se nos ha dicho que el Gobierno de Samaras ha aprobado unos presupuestos para 2013 que contemplan unos ajustes de 9.500 millones de euros. Todo casi arreglado, ¿no? Pues no: si vamos a la letra pequeña, la reducción del gasto público apenas totaliza 2.500 millones (1.100 millones en sanidad, 400 millones en obra pública, 300 millones en defensa, 300 millones en pensiones, 300 millones en funcionarios); el resto son aumentos temporales de ingresos procedentes de privatizaciones (que, por consiguiente, no contribuyen a reducir el déficit estructural). En suma, el recorte de verdad del gasto es seis veces inferior al mínimo imprescindible: difícil recuperar de este modo la credibilidad en la deuda griega.

Los habrá que consideren que un tijeretazo de la magnitud requerida resulta inasumible, es decir, los habrá que no deseen bajarse del carro de la burbuja estatal cebada hasta la morbidez durante la década pasada. No pretendo entrar ahora en ese debate: sólo diré que es absurdo pretender que Alemania cargue con el sobrecoste de Grecia cuando el gasto público por habitante en la patria de Merkel se encuentra, descontando la inflación y los intereses, en niveles del año 2001 (recordemos, en Grecia sigue a niveles del año 2004). ¿Pedirán los radicales antirrecortes que el gasto público en Alemania caiga a niveles del año 1999 o 1998 para evitar que el de los griegos no retroceda de 2004? No parecería muy coherente.

Mas, sea como fuere, lo cierto es que el Gobierno griego lleva varios años mareando la perdiz y negándose a tomar uno de los dos únicos caminos posibles: o ajusta el tamaño del Estado todo cuanto debe ajustarlo o suspende pagos y sale del euro. Mantenerse durante más de tres años en un estado de semidefault, amagando por enésima vez con quebrar a menos que la Troika autorice descongelar el siguiente tramo de su línea de crédito, no es manera de corregir los desequilibrios de fondo del país y de atraer la inversión extranjera que permita volver a generar riqueza. O toman de verdad el toro por los cuernos o, si consideran que es imposible hacerlo debido a la elevada densidad de pirómanos por metro cuadrado dentro del país, que cierren el chiringuito de una vez, regresen al dracma y procedan a robar a sus ciudadanos con mayor voracidad pero menos visibilidad a través de la imprenta inflacionista.

La actual situación de impasse, de no hacer lo debido a la espera de que se produzca el milagro, no tiene ningún sentido. No estamos resolviendo los problemas sino sólo engordándolos y aplazándolos. Y así no hay manera de salir de la crisis: ni en Grecia ni tampoco, tomemos nota, en España.

El rescate a hostias
Javier Caraballo El Confidencial 13 Noviembre 2012

Una distinguida autoridad del Estado contaba jocosa hace unos días, en la sobremesa de una comida cualquiera, el impacto que le produjo la asistencia a un concierto de la Banda de Guerra de la Legión, con motivo de no sé qué aniversario. Llegó el hombre al concierto, ocupó su asiento en las primeras filas junto al resto de autoridades, y cuando el director bajó la batuta sólo pudo contener la emoción que recorrió todo su cuerpo, como un escalofrío. Rossini, Mozart… Pocas veces había oído una interpretación más fiel, más medida, más sensible. Todos sus prejuicios, todas sus mofas previas, se desmoronaban ante el espectáculo inesperado de aquella maravilla. Al finalizar la primera parte del concierto, giró la cabeza para sincerarse con un alto mando de la Legión, que asistía al concierto en la butaca de al lado. “¡Sublime!”, exclamó aún emocionado. A lo que el militar en cuestión contestó, con media sonrisa: “Son buenos, ¿verdad? Pues a base de hostias han aprendido...”

Se hable con quien se hable, no existe otra sensación que ésa entre el personal. Por muchos debates teóricos que se mantengan, por muchos malabares macroeconómicos que se realicen, al final el peso mayor de la crisis económica y de sus consecuencias está recayendo sobre las espaldas del ciudadano medio

La boutade, que le sirve a los legionarios para mantener en el imaginario el perfil grueso que les convierte en leyenda, surgió en plena discusión, no de ninguna filarmónica, sino de la crisis económica y los recortes presupuestarios que se han impuesto por todos lados. “Lo que quiero decir –añadió, tras contar la anécdota del concierto- es que todo el mundo se está preguntando si España va a pedir el rescate a la Unión Europea y nadie parece darse cuenta de que el Gobierno de Rajoy ha decidido solucionarlo de otra forma, a hostias… Rebajan los sueldos, aumentan los impuestos, las Administraciones no le pagan a nadie, suprimen pagas extras, paralizan todas las obras públicas… Ni una alegría para nadie, todos tiesos. ¿Para qué va a pedir el rescate si lo están arreglando a hostias, como los de la Legión?”

El rescate a hostias. Desde luego, lo que nadie negará es que una expresión así, abrupta, encaja perfectamente con lo que se piensa, lo que se palpa en la calle. Se hable con quien se hable, no existe otra sensación que esa entre el personal. Por muchos debates teóricos que se mantengan, por muchos malabares macroeconómicos que se realicen, al final el peso mayor de la crisis económica y de sus consecuencias está recayendo sobre las espaldas del ciudadano medio. El sacrificio y las privaciones que se le exigen, y se le imponen, no tiene correspondencia alguna con los mínimos recortes realizados, por ejemplo, en la inmensa burocracia política de España. Autónomos y emprendedores fritos a impuestos, funcionarios de carrera a los que le rebajan el sueldo para mantener una corte de asesores, trabajadores precarios con derechos precarios que tiemblan cuando piensan en un despido. En la calle, sí, se mastica un cabreo sordo.

El estallido, en estos días, de la polémica de los desahucios debe guardar una relación directa con ese estado de cosas. Una mujer, un hombre, se arrojan por el balcón cuando oyen llegar a los policías que van a echarlos de su casa y es toda la sociedad la que se ve reflejada en esa tragedia, en esa derrota. Porque sienten que ya no pueden más, porque se rebelan ante una situación que sólo se percibe como una inmensa injusticia. Sin más. Quiere decirse, en definitiva, que ahora que los partidos han decidido consensuar y frenar esta oleada social contra los desahucios, harían bien en pensar que no se trata sólo del problema de la vivienda en cientos de miles de personas en España, sino que ese debate pertenece a un malestar mayor, generalizado. Y que es urgente, sin más aplazamientos, comenzar a enviar a la ciudadanía señales inequívocas de compensación que vayan en la dirección contraria a la actual. La crisis económica puede convertirse en un círculo vicioso si la calle no recupera el optimismo, la esperanza en que se puede salir de esta. Sin consumo, no hay salidas. Sin confianza, no hay salidas. Sin la gente, no hay salidas. El rescate a hostias no vale.

España no va bien
Ramón Pi www.gaceta.es 13 Noviembre 2012

Las reformas política, institucional, social y moral apremian tanto o más que la económica.

No puede decirse que España vaya bien, por recordar aquella frase optimista que Aznar pronunció en la antigüedad. España dista bastante de ir bien. Es verdad que nos queda aún mucho trecho que recorrer para llegar a los abismos de Somalia o de Ruanda, mas convendrá el lector conmigo en que no es consuelo en absoluto que seamos todavía muy empeorables.

Económicamente estamos muy mal; no hay que decir más ante esta evidencia que la Comisión Europea, las Bolsas, los mercados financieros y las funerarias se encargan de recordarnos cada día. Pero es que política, institucional, social y moralmente no estamos mejor, y las reformas estructurales para corregir estos aspectos de nuestra vida colectiva son tan apremiantes o más que las de naturaleza económica.
De esto y otras cosas se trató ayer en el acto público que la plataforma “Reconversión.es” celebró en Madrid. Hubo varias intervenciones que tuvieron, como era inevitable, su parte de lamentación reglamentaria por lo mal que va todo, pero que aportaron soluciones concretas, fáciles de entender y, sobre todo, factibles en la situación presente, con un Gobierno que cuenta con cómodas mayorías absolutas en Congreso y Senado, con el poder en once Comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, y en todos los grandes Ayuntamientos de España, menos seis, y eso sin contar con un presidente hiperactivo como Mariano Rajoy.

Son medidas para asegurar la independencia del CGPJ de los partidos políticos; garantizar la democracia interna de los partidos; establecer el castigo penal (hoy inexistente) para los que convoquen referendos ilegales o proclamen la soberanía de una porción del territorio español; impedir el uso de la escuela para infectar de separatismo las mentes infantiles y adolescentes... Cosas que si no se hacen no es porque cuesten dinero o no se puedan hacer, sino porque no se quieren hacer.

Reconciliación profunda
José María Marco La Razón 13 Noviembre 2012

Dionisio Ridruejo fue una figura al mismo tiempo central y excéntrica en la vida intelectual y política española de tiempos de Franco. Central porque, habiendo militado como joven falangista en la sublevación en contra de la Segunda República, pronto descubrió que Franco no respondía a sus expectativas ultraidealistas. A partir de ahí inició una evolución que le llevaría a la oposición y al exilio. Partiendo de un malentendido que Franco supo aprovechar, acabó convirtiéndose en alguien intolerable para el régimen. Significaba la evolución natural que siguió la sociedad española, por mucho que esa evolución no pudiera tener reflejo político hasta la muerte del dictador.

Ridruejo simboliza y encarna a la vez la reconciliación profunda, la auténtica voluntad de perdón que los españoles pusieron en práctica en esos años, como la pusieron el resto de los europeos. La diferencia es que en nuestro país esa posibilidad, viva y eficaz –como demuestra su figura– quedó congelada hasta más de veinticinco años después de haberse iniciado.

Esta posición, que ha hecho de él una referencia para mucha gente, lo ha convertido también en pretexto para ajustar cuentas con el pasado, con la «España» de enfrente y con variados fantasmas personales. Ridruejo, que tanto admiró la literatura catalana y que intentó comprender el fondo humano de la situación de Cataluña, sigue siendo hoy en día pretexto para que algunos catalanes continúen hurgando en la pequeña herida narcisista, cada vez más local, más provinciana y más clamorosamente hueca.

Habiendo transitado con extrema claridad desde el totalitarismo a la democracia, su figura ha sido utilizada por una derecha española que no acaba nunca de pedir perdón ante una izquierda que ni lo ha hecho ni lo piensa hacer, menos aún cuando el adversario político sigue abrumado por culpas que le son ajenas. Y habiendo adoptado una posición socialdemócrata –es decir, dialogante, abierta, transigente- que la izquierda española no se esforzado nunca en interiorizar ni en construir, Ridruejo le ha servido a esa misma izquierda para deslegitimar a una derecha que tiene un pedigrí democrático con el que esa misma izquierda ni siquiera sueña.Todo esto lleva a que la figura de Dionisio Ridruejo, tan clara, tan generosa, tan limpia y civilizada como su estilo, siga sin encontrar el lugar que le corresponde. Esperemos que las recientes publicaciones en torno a su figura y actos como los de ayer en la Casa de América de Madrid vayan devolviéndole su dimensión.

Fermín Bocos Periodista Digital 13 Noviembre 2012
Lo que nos jugamos en Cataluña.

MADRID, 12 (OTR/PRESS)

No va a suceder, Cataluña no se va a separar del resto de España, pero el daño que está provocando la deriva secesionista impulsada por la derecha catalana nacionalista, es grande. Mucho daño porque, pese a ser una cortina de humo para tapar el fracaso político de los dos años de Artur Mas al frente de la "Generalitat", hay mucha gente, sobre todo jóvenes, a quienes la idea de la independencia les ha podido parecer una suerte de solución mágica para sus problemas cotidianos.

En Cataluña hay cerca de 800.000 parados, varios miles de empresas quebradas, 17 hospitales cerrados, 60.000 pacientes pendientes de ser operados y 200.000 en listas de espera. Por no hablar de la deuda estratosférica de la "Generalitat", la que ha llevado a las agencias internacionales a calificar de "bono basura" el bono catalán.

Artur Mas no quiere hablar de los problemas reales de la gente; no mira al espejo que devuelve la cara amarga de la recesión y los brutales efectos que ha provocado la crisis. De eso se habla poco o cuando se habla es para echarle la culpa a los demás, a la "España que nos roba". Mas está en una huída hacia adelante. Las encuestas colocan a CiU al filo de la mayoría absoluta, pero no de la "mayoría excepcional" que viene reclamando para, llegado el caso, poder interpretar los resultados de las elecciones en clave de plebiscito.

El mal, la inoculación de la cizaña separatista, ya está hecho. Pero los ciudadanos que viven en Cataluña y se saben tan catalanes como españoles, aún pueden frenar la deriva. Evitar que en nombre de una abstracción -el discurso independentista e insolidario de la derecha burguesa- pudiera quebrarse una historia de más de cinco siglos de convivencia pacífica y fructífera entre quienes hablan en catalán y quienes responden en castellano. Eso es lo que nos jugamos en Cataluña el domingo 25 de noviembre.

Hay motivos para una huelga, pero contra los sindicatos
Javier Orrico Periodista Digital 13 Noviembre 2012

Todo el desatino de lo que va a ocurrir mañana se resume en la foto de los de la ‘zeja’ con los sindicatos: todos los cómplices de Zapatero juntos. Nos llaman a la Huelga General aquellos que nos llevaron a la ruina, los que avalaron el disparatado gasto público que elevó la deuda del Estado de 300.000 millones de euros a más de 700.000, esa deuda que hoy nos come; los que nutrieron el cuerpo principal de los pesebristas que se beneficiaron de un sistema de subvenciones escandaloso; los que vivieron espléndidamente como garrapatas del progresismo con presupuesto; los que protestan contra una normativa laboral que han usado apra echar a los suyos; los que no hicieron nada, desde las cajas de ahorro a las que iban a cobrar suntuosas dietas, para acabar con los desahucios; los que cogobernaron con gobiernos socialistas que implantaron las SICAV, o sociedades de evasión legal de impuestos para ricos, y que nada hicieron para que los impuesto no recayeran sólo y siempre sobre los asalariados; los que, llamándose artistas de izquierdas, no pensaban más que en cobrar su canon, ese impuesto mafioso que ZP les regaló, y nunca denunciaron la connivencia de su gobierno con los intereses del capitalismo más descarado, al contrario, muchos tienen sus SICAV o evaden, como algunos millonarios del cine progre, el capital en paraísos fiscales; los que vivieron liberados, en efecto, al amparo del dinero público, y fueron instrumento principalísimo para el mantenimiento y prolongación del régimen; los que, en fin, siguen defendiendo un sistema educativo, el de la LOGSE, que ha condenado a un millón de muchachos a ser carne de hampa y abulia, a carecer de recursos personales y preparación para integrarse en el mundo del trabajo y, sobre todo, para defenderse en la vida. Esos son los que se fotografían juntos en una demostración definitiva de la pérdida de sentido y de vergüenza de las élites parásitas y miserablemente cínicas de un país al que han conducido a la ruina.

Pero claro que hay motivos para una Huelga General. Antes que ningún otro, la cobardía de este Gobierno para acabar con tal ralea de gorrones institucionales. Con todos. También con las estructuras autonómicas que han desangrado y desangran a sus regiones, cuyo máximo ejemplo es la sociovergencia catalana, ese Artur Mas que les saca miles de millones de euros y anuncia que se los va a gastar en “estructuras de Estado”, en tanto el PP no es capaz más que de apelar a Europa, la economía, el pragmatismo, y todo el repertorio de sinsustancias ante el que el nacionalismo se descojona mientras toma el dinero y corre.

La falta de coraje de Rajoy para afrontar todo el sinvergüencerío rampante en España, lo ha convertido en corresponsable del mismo, diluyendo toda esperanza. Se han convertido, juntos, en una especie de agrupación de cheriffs de Nottingham dedicados al expolio del pueblo. Y que sólo reaccionan ante las imágenes de la gente tirándose por los balcones. Actos individuales que no cuajan nunca en una verdadera revuelta, precisamente porque la izquierda sindical y bonita que se presenta como catalizadora, ha sido desde hace muchos años cómplice necesaria de ese estado de cosas, a las que siempre usó para consolidarse, para seguir siendo el cauce que hiciera imposible la furia. Para seguir siendo imprescindible y consolidar sus privilegios.

Hay muchos motivos para ir a la huelga. Pero nunca con quienes nos han llamado para usar luego nuestro dolor y desgracia como moneda en las marisquerías.

Los separatistas y la Corona
¿Delinquiendo se entiende la gente?
Guillermo Dupuy Libertad Digital 13 Noviembre 2012

La verdad es que el Rey no se ha caracterizado, precisamente, por utilizar la firmeza en el desempeño de esa función de moderación que la Constitución le tiene asignada. Lejos de tener presente la célebre advertencia de Julián Marías contra el error que constituye tratar de contentar a los que no se van a contentar, Don Juan Carlos siempre ha abordado los desafíos nacionalistas, por radicales que fueran, con ofertas de diálogo y negociación, a veces no exentas de compadreo, que tiene en su célebre "Hablando se entiende la gente" su más representativa y lamentable divisa.

En esa contraproducente línea, que, lejos de moderar, ha animado a los nacionalistas a radicalizarse todavía más, cabe ubicar la carta de cuatro párrafos, plagados de lugares comunes, publicada en septiembre en la página web de Zarzuela, en la que el monarca advertía contra las "quimeras" de los nacionalistas, a los que sin embargo no nombraba. Lo que sucede es que, comparado con el clamoroso silencio que el presidente del Gobierno mantenía ante el chantaje de Mas, el escrito del Rey sonó como si de un aldabonazo se tratara. Este contraste, y unas aun más desafortunadas declaraciones posteriores del Príncipe de Asturias, en las que aseguraba que Cataluña "no es un problema", ha llevado al hijo de Jordi Pujol y número dos de Mas, Oriol Pujol, a considerar este fin de semana que el problema para ellos es que no tienen delante al Príncipe sino a Juan Carlos I; "el Rey ya ha tomado partido por una cosa muy determinada", ha añadido.

Este lunes el propio Mas se ha ofrecido a informar, tanto al Príncipe como el Rey, sobre "el proceso en Cataluña". Lo que ocurre es que de lo que quiere tratar Mas con el Rey –o, de hereu a hereu, Oriol con Don Felipe– es de la comisión de un delito, que no otra cosa es la convocatoria de su ilegal refrendo secesionista. Y buscar complicidades para ello es algo que no tolera ni siquiera el funesto y condescendiente "Hablando se entiende la gente".

Mucho se podrá hablar del delirium tremens de los nacionalistas, al tratar de buscar complicidades en la Corona, o de manejarse como si esto fuera la Monarquía austro-húngara. Pero lo que también es de locos es que no haya una respuesta clara y contundente por parte de nuestro Estado de Derecho, habida cuenta de la negativa del Gobierno a endurecer la pena por la comisión de tal delito y de su renuencia a referirse a la legislación vigente. Es igualmente demencial que no parezca haber tribunales ante los que Mas o Pujol deban informar, ya sea de la corrupción a la hora de amañar concesiones de ITV, ya sea de sus no menos delictivos proyectos contra la soberanía nacional, pilar de nuestro ordenamiento jurídico y de la Corona.

Una calle a Carrillo, una plaza al GRAPO, un paseo a la ETA
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 13 Noviembre 2012

Las instituciones no tienen tiempo para la seguridad de los jóvenes, pero sí para adular la memoria de un radical de izquierdas. Se invierten ahora las razones dadas en la Transición.

La alcaldesa Ana Botella es una diana fácil para sus críticos políticos. El escándalo del Madrid Arena y la participación, la que sea, del Ayuntamiento en el asunto… se prestan a muchas cosas, sean insidiosas o justas, cosa que el tiempo irá diciendo. El sábado Federico Jiménez Losantos ha señalado que "Botella se comportó como una principiante en su primera crisis seria como alcaldesa de Madrid". Tiene razón el locutor, puesto que el error radica tanto en qué se hizo como en cómo se hizo: en definitiva, las cosas han resultado de una manera nefasta para el PP de Madrid y sobre todo para la primera edil. Las simpatías y futuros votos que se maltratan, se ponen en riesgo y se pierden no son los de la izquierda, sino justamente los más cercanos y fieles, esos que se dan siempre tan por seguros que no se hace nada por satisfacerlos. Y al final llegan los disgustos.

Esa crisis no es sin embargo una excepción, sino el fruto de una política diseñada así. Demasiadas veces en los últimos meses y años se ha prescindido de los sentimientos, valores e ideas de los que durante décadas han sido fieles al PP, se ha dicho, hecho y dejado hacer lo contrario de lo que esas personas esperaban y querían, y luego se confía en que –quizá a falta de otra opción, quizá por miedo a la izquierda- vuelvan al redil electoral del PP. Aunque el PP y sus ediles hagan y dejen hacer cosas no ya ajenas sino directamente ofensivas para esas personas. Es una política atrevida, sin duda, que quizás apunte (no sé con qué base) a una gran cosecha en la izquierda, pero que tiene un gran peligro a la derecha.

Esa política y ese maltrato tienen un símbolo evidente: en la ciudad de Madrid, donde el PP gobierna con mayoría absoluta (es decir, sin excusa), el Ayuntamiento ha decidido poner a una calle el nombre de Santiago Carrillo Solares. El ex secretario general del Partido Comunista tuvo responsabilidades directas en la represión antiderechista y anticatólica de la Guerra Civil 36-39, y en concreto en la capital en 1936 fue responsable de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid, con una participación directa y probada en las muertes de muchos parientes de personas que viven allí y que hasta ahora han votado a los antecesores de Botella.

No es momento de discutir cuántos fueron los miles de personas que murieron con participación de Carrillo, ni la legalidad o no de la actuación de éste (con seguridad ninguna cuando actuó en representación de los servicios secretos soviéticos en la posterior persecución y tortura a enemigos republicanos del PCE como Andrés Nin). Basta saber que intervino en la guerra (jamás en el frente de batalla donde otros defendían sus ideales, los que fuesen), que lo hizo en representación extrema e una facción extrema de un bando extremo, y que muchos años después siguió promoviendo el terrorismo y los atentados en España. Su intervención en la Transición, ahora idealizada, tampoco careció de sombras, fue siempre un hombre de parte y de partido y no un patriota ni un hombre de unidad. Carrillo fue un hombre que si no cumplió penas en España fue porque se benefició de sucesivas amnistías, y si no le fueron impuestas por tribunales internacionales es porque no se le aplicaron los criterios penales que sí se han aplicado en otros casos y países. No es un hombre que, vivo o muerto, deje indiferente ni despierte universal admiración o respeto.

En la Transición, con un criterio que tampoco es el momento de discutir, se decidió corregir profundamente el callejero de Madrid y de muchas ciudades y pueblos, para sacar de él los nombres que pudiesen representar división, partidismo, humillación, falta de respeto. Para borrar el recuerdo negativo del pasado que se quería superar con el nuevo régimen, en definitiva. Discutible y opinable, desde luego, tanto más en casos como el de los mismos muertos de Paracuellos del Jarama, el de muchos sacerdotes y algunos Obispos martirizados, el de la oficialidad de la Armada masacrada o el de José Calvo Sotelo, que murió –asesinado por agentes republicanos- antes de la guerra. Pero aceptemos la decisión: eso sí, una vez tomada no puede aplicarse con criterios sectarios o partidistas. O se aplica siempre o no se aplica nunca. No se puede considerar inaceptable una calle para la División Azul y dar en 2012, un Ayuntamiento del PP, una calle a quien en las mismas fechas era un agente de la Unión Soviética.

Si un Ayuntamiento socialista, comunista o coalición de ambos, como los ha habido, hubiese decidido esto… habría merecido una protesta encendida de parte de la sociedad, y también de parte del PP o de todo él. No hay cosa que más ofenda que un trato injusto, vejatorio y desigual. Y no creo que ahora vayan a reponerse los nombres eliminados antes, pero el criterio entonces esgrimido para quitarlos claramente ha dejado de valer: los hombres violentos de 1936, incluso los más polémicos, incluso los represores, incluso los torturadores (es éste el caso), incluso los que después fueron promotores de delitos y terrorismo, pueden tener calles. Pero sólo algunos. No Juan Yagüe, no Emilio Mola, no el capitán Cortés, no el coronel Moscardó. Sólo Carrillo y los que estuvieron en su bando.

¿Gana con esto Madrid equidad, justicia o imagen? No parece. ¿Gana con esto un solo voto el PP? Es seguro que no. Por la misma razón que se puede poner una calle a Carrillo (en nombre de la democracia…) se puede poner una plaza al GRAPO, que también tendrá sus madrileños que lo apoyen (aunque ninguno vote al PP), y por qué no una plaza a la ETA, que también tiene sus simpatizantes y no pocos en la izquierda, y que en definitiva sólo tiene el defecto de ser terrorista (pero Carrillo también lo fue). Y por qué no poner calles y plazas a Pol Pot, a Stalin, a Honecker o a Beria, todos ellos simpáticos personajes que son perfectamente presentables si su amigo Carrillo lo es. No creo que la alcaldía gane con esto el cariño de nadie, ni a izquierda ni a derecha, pero si es una decisión, adelante. Eso sí, veremos después si tiene un precio. Otra vez diana demasiado fácil para las críticas, y merecidas sin duda en este caso. Aún se puede evitar, si como procede se reconoce el error.

Humillarnos no es gobernar
Enrique Calvet Chambon www.lavozlibre.com 13 Noviembre 2012

Economista y miembro del Comité Económico y Social Europeo

Como siempre sucede en una época de degeneración acelerada, los síntomas más inquietantes pasan desapercibidos muy a menudo. Y, sin embargo, nos va el futuro en ellos.

Recién regresado de Bruselas, tuve allí la ocasión de recoger información de primera mano del 'show' del actual Presidente de la Generalidad Catalana en la sede del 'think tank' 'Les amis de l’Europe' que Artur Mas había alquilado para tal efecto (siempre queda la duda de si lo hizo con mis impuestos, pero no tengo certeza). Un típico acto distrayente de pre-campaña de las elecciones/plebiscito, que por algún misterio del analfabetismo llaman democráticas, del 25 de noviembre (nada es democrático cuando la Ley, y el Espíritu de las Leyes del 'asesinado' Montesquieu son vapuleados y no respetados). El acto, al parecer, fue lo que se esperaba. Gran éxito palmero entre la escasa colonia de separatistas de Bruselas, muchos de ellos colocados por la Generalidad con la aquiescencia de nuestros lenitivos gobiernos nacionales de antes y de ahora, y cierta estupefacción crítica entre los pocos europeos sensatos allí presentes. (Es bastante extraordinario que el propio 'huésped' del evento criticara la falta de solidaridad ética en el despropósito de Mas).

El Presidente de la Generalidad, altísimo representante del Estado por Ley, y por ello obligado a actuaciones leales y beneficiosas al bien común de todos los españoles, pero también al concepto jurídico de España, por Ley y por juramento o promesa, como se podía esperar, se dedicó a su discurso delirante y mentiroso, destructivo para España y sus habitantes todos. Alguno me comunicó su impresión de que había hecho el ridículo internacional, salvo para sus fieles. Aunque algunas frases son para la antología del dislate, como que Íberocataluña ha sido contribuyente neto a la UE!!!!!!! (Me afirman que, sin embargo, estaba sobrio) no estoy seguro que esa sea una apreciación correcta. O por lo menos, no más aplicable que en centenares de ocasiones anteriores. Es más normal pensar que estuviera, simplemente, en su papel de secesionista. El problema es que, en su caso, eso es altamente ilegal, anti-democrático, y de lesa-sociedad. Pero ese no es el síntoma nuevo del abismo grotesco en que se ha sumido la España institucional. Es peor.

Para pasmo y para total recelo alarmado de muchos amigos europeos con cargos institucionales, al acto asistieron... ¡Dos embajadores de España en ejercicio! Han leído bien, pero repito, asistieron, no uno, sino dos embajadores de España, representantes de la soberanía nacional y defensores de los españoles en el extranjero. El nombrado ante el Reino de los belgas y el titular de la embajada ante la U.E.

Por supuesto, estos excelentísimos señores no son responsables ni de su asistencia, ni de su permanencia en el acto, ni de su mutismo e inacción durante él, ya que cumplían con disciplina, sin duda alguna, lo que el cargo les obliga, que es respetar las órdenes recibidas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, o desde más arriba. (*)

Pues bien, la presencia oficial de nuestros embajadores al acto de marras no puede significar otra cosa que el arropamiento a Artur Mas, ¡desde el Gobierno de España! en una actitud y acción del barcelonés, ilegal, neo-racista, anti-democrática, de lesa-sociedad y traidora hacia las obligaciones inherentes a su cargo. (Otra cosa sería que semejante espectáculo lo hubieran protagonizado cualquiera de los dos Pujoles, padre o hijo). Es decir el Gobierno de España, no sólo no aplica la Ley, desde hace lustros ya, sino que es cómplice activo de los que desacatan las leyes, faltan a su deber y atentan contra el bien común con los impuestos de todos.

¡Ahora vayan y lo casquen!... a cualquier responsable europeo al que queremos infundir confianza. El desprecio es absoluto.

Esta situación apenas ha sido difundida. Podría pensarse que para camuflar y ocultar nuestras vergüenzas desde el Gobierno de los españoles. No lo crean. No se ha comentado porque es tal la pobreza intelectual, la gigantesca confusión, la ignorancia del Estado de Derecho que la terrible gravedad de esta noticia apenas hubiera sido comprendida por, digamos, un puñadito de personas. A las pobres víctimas actuales y futuras de la limpieza étnica les parecerá lo más natural, a sus compatriotas, masivamente, les sonará que el Gobierno estaba obligado, como soltar a Bolinaga.

Y, sin embargo, una ciudadanía que se ha perdido el respeto, que ni lo concibe, que provoca mansamente desprecios ajenos, vive en la antesala de una dolorosa agonía.

Es demasiado tarde para aspirar a que los Gobiernos nacionales recuperen plenamente el Estado de Derecho, pero tenemos razones aún los ciudadanos para exigir que no nos humillen ni nos hagan pasar vergüenza ajena.

(*) 'P.S.': Si tienen curiosidad por saber que ocurría cuando los embajadores de España defendían la hacienda y la honra de los españoles ante el extranjero, no hace falta que acudan al mítico embajador Chapuis en la corte de Enrique VIII de Inglaterra, basta con que busquen en Google a un vasco de primera llamado embajador Lojendio en los 60 o se fijen cómo el embajador Valderrama creyó mejor defender España en 2003.

El nudo gordiano catalán
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com  13 Noviembre 2012

Como es costumbre en la España actual, la creciente deriva independentista en Cataluña ha suscitado debates que nada tienen que ver con el verdadero problema. Sostienen algunos que un nuevo pacto fiscal, otra organización territorial o una postura clara de la Unión Europea podrían acallar esas sonoras voces que, denunciando agravios, afrentas y ultrajes, exigen la separación. Craso error, los impulsos secesionistas no responden tanto a un cálculo racional como a una potente marea emocional que, paradójicamente, puede crecer como consecuencia de una recesión económica.

La potenciación de la identidad y la autoconfianza son los mecanismos psicológicos que alimenta los nacionalismos. El ser humano tiende a mostrar inseguridad con respecto a su identidad, cualidades, valores o la propia autoestima, algo que se acrecienta en momentos de crisis económica. Identificarse con una nación, sea ésta real o imaginada, lleva al sujeto a atribuirse todas las supuestas cualidades y virtudes de una idealizada colectividad y a establecer unos potentes lazos emocionales con sus símbolos. El nacionalismo necesita, además, crear un enemigo contra el que definirse pues la sobrevaloración de las propias virtudes requiere la atribución de los vicios y defectos a los “otros”. Así, se forja un relato, siempre exagerado o falso, repleto de tópicos, en el que en el que se traspasa al rival los males y, sobre todo, la culpa.

Este impulso nacionalista ejerce un enorme atractivo porque permite aliviar esos conflictos interiores, contradicciones e inseguridades que aquejan a todo ser humano, proyectándolos hacia el “enemigo”. Proporciona una sencilla vía para sentirse, sin esfuerzo, justo, cabal y repleto de razón. Para considerarse una víctima, disfrutando de una enorme superioridad moral y del derecho a un trato de favor. El peligro consiste en que, lanzando al exterior las miserias humanas, el nacionalismo sustituye el conflicto psicológico interior por otro político y social de mucha mayor gravedad, que puede llevarse por delante la convivencia.

La ideología como una de las señas de identidad
Todo esto explica que un mundo cada vez más complejo, cambiante y globalizado haya sido testigo de un fuerte resurgimiento de estos impulsos en muchos lugares del mundo. Los cambios rápidos y profundos implican un riesgo para la identidad y empujan a muchas personas a refugiarse en el grupo, en la tribu, como una forma de lidiar con la confusión y la inseguridad del mundo exterior.

Pero el nacionalismo catalán posee una peculiaridad adicional. Al contrario que en otras partes del mundo, no dispone de diferencias de raza, religión u origen étnico para separar con nitidez “nosotros” de “ellos”. Y el idioma tampoco es un criterio definitivo pues muchos catalanes tienen como lengua materna el castellano. Las similitudes con el enemigo, los españoles, son mucho más abundantes que las diferencias. Solución: la ideología, ser nacionalista o no serlo, se convierte en uno de los criterios fundamentales de distinción y clasificación. Así, dentro de ese imaginario, los no nacionalistas serían considerados catalanes, tan sólo a medias.

Esta buscada confusión de la identidad catalana con una ideología política estaría en la misma base de muchos equívocos y malos entendidos. Explicaría las misteriosas afrentas a Cataluña, que sólo ven los nacionalistas. Lo que todo el mundo consideraría una mera crítica política es sentida por los independentistas como un ataque a Cataluña pues, para ellos, la ideología nacionalista no es sólo una forma de pensar sino un rasgo distintivo de su identidad nacional. También explicaría que muchos inmigrantes adopten ese imaginario como un intento de ser aceptados en el grupo.

Naturalmente, el conflicto no surge espontáneamente sino que ha sido espoleado desde el poder por ciertas oligarquías, que encuentran su piedra filosofal azuzando las emociones del público y canalizándolas hacia sus intereses. Décadas de siembra en el sistema educativo, más la incesante propaganda de unos medios completamente controlados por el poder, producen finalmente ciertos resultados. Sin embargo, una vez desencadenado ese sentimiento, el proceso se vuelve autónomo, muy difícil de controlar.

Los enjuagues de nuestros constituyentes
Toda la clase política, y no solo la nacionalista, es muy responsable del peligroso odio sembrado. La Constitución del 78 no fue un intento de crear unas reglas del juego claras y eficaces sino un enjuague para dar satisfacción a todos los partidos políticos. Implicaba conceder a los partidos nacionalistas todo lo que pidieran y darles manga ancha para actuar en su Comunidad Autónoma según su voluntad, sin interferencias. Nadie fue consciente, o no quiso serlo, de que la cesión absoluta, incluso concediendo una de las autonomías más amplias del mundo, resultaba contraproducente. Ni de que un marco político, como el español, donde los poderosos no suelen cumplir las leyes, constituye un caldo de cultivo óptimo para estos movimientos.

Como los nudos gordianos, sobrellevar el problema nacionalista quizá requiera enfoques imaginativos. Aceptar que no se trata exactamente de un conflicto de intereses, aunque quienes lo alientan desde el poder busquen el beneficio propio. Que constituye un error caer en la dinámica nacionalista de “ellos y nosotros”, acometer discusiones estridentes, lanzar acusaciones indiscriminadas sobre cuestiones de dinero o alentar absurdos boicots comerciales, que perjudican a muchas familias y sólo logran exacerbar todavía más las emociones. Tampoco será Bruselas quien resuelva el contencioso.

Son los catalanes no nacionalistas quienes, a través de un mayor protagonismo y presencia política, pueden contener esa peligrosa deriva. Estos ciudadanos han resistido la fuerza de la corriente y, a pesar de la presión política y social, desean mantener también su condición de españoles. Son ellos los verdaderos héroes en esta tragicomedia. Han sido abandonados a su suerte durante muchos años, mientras sus derechos eran conculcados. Saben que el sistema político español deja mucho que desear, con toda su partitocracia, caciquismo y corrupción. Pero también son conscientes de que una Cataluña independiente, gobernada por la casta política actual, sería un lugar igualmente corrupto y arbitrario pero mucho más asfixiante para el que desee vivir en libertad. Tienen la posibilidad, y quizá el deber, de convencer a sus conciudadanos de los enormes costes que conlleva tan arriesgado proceso y de las ventajas de mantener la autonomía. Son ellos quienes merecen todo el apoyo y comprensión.

No sirve de nada realizar cambios, o aceptar concesiones, creyendo que los secesionistas quedarán conformes: nunca ha resultado ni resultará. Se trata de reformar el sistema para que la inmensa mayoría de los españoles, catalanes o no, nos encontremos bien representados y podamos confiar en nuestras instituciones. Una emoción negativa sólo puede contrarrestarse con la razón y con fuertes dosis de ilusión: construir una nueva España política de la que todos nos sintamos orgullosos.

España va mal
Leopoldo Gonzalo www.vozpopuli.com  13 Noviembre 2012

Entre Italo Calvino y don Miguel de Unamuno.
Me cuenta un colega de Sevilla que en cierta ocasión preguntaron a Italo Calvino su opinión acerca del régimen de Franco y que éste, entre otras apreciaciones, lo caracterizó como un largo paréntesis en el proceso de descomposición de España. Se me ocurre relacionar la opinión del escritor italiano –italo-cubano, para ser más preciso- con la exhortación formulada por Unamuno en un artículo publicado muchos años antes, en 1917, en El Gráfico, de Nueva York. Dice así el gran vizcaíno, en su contundente y exaltada prosa: “Porque hay que estar bregando a diario para que la España geográfica, terrenal, económica, no sea sino el cuerpo de la otra, de la España histórica o celestial”. Triste sino el de esta vieja nación que se ve condenada a reconsiderar su propia existencia –o subsistencia-, cada generación, salvo algún paréntesis, por lo visto. No se inquiete el lector, no voy a calentarle la cabeza con disquisiciones metafísicas. Aunque, para desazón de algunos y consuelo de otros, dudando acerca del ser ocurre como con las meigas, que haberlo haylo.

El tenaz proceso de la desnacionalización de España.
Ciertamente, la actual situación de España evoca la escena representada en el célebre cuadro de Rembrandt Lección de anatomía, en el cual el doctor Nicolaes Tulp, acreditado anatomista neerlandés, muestra a los asistentes la disección del cadáver de un ajusticiado. Todos asistimos pasivamente –me refiero a los españoles en general, no a los políticos-, al torpe descuartizamiento de España, más que a su disección. Y son los políticos, precisamente, quienes llevan a cabo tan siniestra labor. Sí, los políticos de hoy en nuestro país están empeñados, más que en resolver los problemas de los ciudadanos –lo que parece debería ser su principal cometido y justificación-, en creárselos, cuantos más y más graves, mejor.

Lo que hace tiempo llamo la desnacionalización de España se ha materializado a través de un largo proceso llevado a cabo con admirable tenacidad. Llevo cuenta de los organismos y entidades que, desde la Transición, han perdido los nobles adjetivos de “nacional” o “español/española” en su denominación. Buen ejemplo es el de la originaria “Compañía Telefónica Nacional de España”, que pronto pasó a llamarse “Compañía Telefónica de España”, luego “Compañía Telefónica”, y ahora simplemente “Telefónica”. Y no se diga que ello ha sido consecuencia de su privatización, porque, si no recuerdo mal, su primitiva denominación corresponde, precisamente, a cuando era una sociedad absolutamente privada. Me llega la noticia de que cierta Comisión adjetivada como “Estatal” ha querido cambiar su nombre, escasamente orientativo en el ámbito internacional donde con frecuencia tiene que desenvolverse, por el de “Comisión Española…”. ¿Saben quiénes se han opuesto a tan razonable intento? Pues, al parecer, han sido las clónicas comisiones homólogas de algunas Comunidades autónomas y, especialmente, las de aquellas en las que, de uno u otro modo, gobiernan los separatistas. Porque en esas Comunidades no es necesario que los partidos separatistas ganen unas elecciones para ejercer su influjo disgregador sobre el respectivo gobierno autonómico. Tal es la eficacia que ha adquirido su presión constante sobre la política y la sociedad locales. Los ejemplos de las Vascongadas y Cataluña son demostrativos de lo que digo, hasta el punto de haber logrado transformar allí en nacionalistas vergonzantes a los llamados partidos de implantación nacional, PP y PSOE.

La lista de entidades paulatinamente “desnacionalizadas” es larga. Menciono sólo algunas como botones de muestra: Los Institutos Nacionales de Enseñanza Media pasaron a denominarse Institutos de Bachillerato; los Colegios Nacionales, Colegios Públicos; el Consejo Nacional de Educación, Consejo Escolar del Estado; la Red Nacional de Carreteras, Red de Carreteras del Estado; el Instituto Nacional de Meteorología, Agencia Estatal de Meteorología; el Instituto Nacional del Libro, Centro de Documentación del Libro, la Lectura y las Letras; y el Instituto de Cultura Hispánica, que había protagonizado durante años una eficacísima y prestigiosa labor en el mundo hispanoamericano y filipino, pasó a llamarse, primero, Instituto Iberoamericano de Cooperación y, más tarde, Agencia Española (¿será una errata?) de Cooperación Internacional para el Desarrollo, desvinculada ésta de la específica y tradicional proyección sobre el mundo hispánico. Son sólo, como digo, algunos ejemplos elocuentes.

Por lo demás, es bien conocida la implacable labor de los partidos separatistas en contra de la lengua común (a la que torticeramente llaman castellano, resultando que España viene a ser el único país del mundo donde no se habla español); en contra de la Historia común y a favor de las más peregrinas y subvencionadas historias (más bien historietas) de cada patio nacionalista de vecindad; y en la sistemática elusión de la palabra “España” (aunque parece que ya va remitiendo el uso de aquella expresión de “en este país”, como sustitutiva del nombre propio con que, desde hace centurias, conoce todo el mundo a una de las más veteranas naciones de Europa).

La transustanciación de la Nación española
En 1998, centenario del Desastre nacional por antonomasia, el honorable Pujol, a la sazón presidente de la Generalidad catalana (qué útil es archivar algunos recortes de prensa), hizo una sonora y luminosa declaración en los Desayunos de TVE: “Cataluña es una nación, pero España no lo es”. Y para aclarar un poco más las cosas, añadió que “España es un Estado plurinacional, integrado por tres naciones –Cataluña, el País Vasco y Galicia- y una amalgama de territorios aglutinados alrededor de Castilla”. O sea, lo de la “nación de naciones”, pero unas más naciones que otras, … y algunas nada de nada. Estupendo. No propugnó entonces el honorable la secesión porque, al parecer, España no era una mera realidad administrativa (sic), “[…] sino una realidad afectiva, histórica, de intereses y de memorias comunes”. Lo del afecto se acepta sin reservas (somos muchos los españoles, catalanes y no catalanes, que sentimos sincero y fraternal afecto recíproco, a pesar de la labor de los infatigables sembradores de cizaña) y lo de la historia compartida es una contundente evidencia. Sí, pero ¿y lo de los intereses? No es posible entrar ahora en lo que daría para un tratado de historia económica de España. Importa lo que reclamaba Pujol hace catorce años. Dos cosas, una económica y otra política. La primera, el acceso a un régimen fiscal especial semejante al Concierto vasco. La segunda, el definitivo vaciado competencial del Estado, forzando al máximo lo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución.

Poca cosa nueva hay bajo el Sol.
Como se ve, lo del honorable Mas no es nada nuevo. Sí lo es, en cambio, su absoluto desprecio de la legalidad vigente, su amenazante y tabernario tono. El cual contrasta con lo que de la Ciudad Condal opinaba Alonso Quijano, “el caballero de la fe que con su locura nos hizo cuerdos a todos”, como decía Unamuno: Barcelona, “… archivo de cortesía, …patria de los valientes, …correspondencia grata de firmes amistades…”. Esto lo escribió otro hidalgo -éste de carne y hueso-, vecino de aquella luminosa Alcalá renacentista. Y hay quien dice que don Miguel lo hizo como respuesta a la injusta imputación del eurocomunitario Dante Alighieri, cuando soltó aquello de la “…avara pobertá di Catalogna”.

En fin, que lo que no se puede decir es que los separatismos de hogaño no vinieran avisando desde hace tiempo, desde la mismísima Transición. Para ellos se inventó lo del Estado de las Autonomías (para que se sintieran “cómodos”, como con simpleza se repite), sembrando de minas el texto de la Constitución, a la espera del momento oportuno; y es ahora, en plena recesión y abierta descomposición política e institucional, cuando los separatistas empiezan a prender las mechas. Ya no tienen que respetar ni siquiera aquello que impusieron. Fue el mismo año citado de 1998 cuando Aznar, cuyos errores van quedando cada vez más en evidencia, dijo lo de “¡España va bien!”. Continuó impune, sin embargo, la inmersión lingüística; la aculturación identitaria y secesionista gracias a las competencias irresponsablemente transferidas en materia de educación; el repliegue de la Guardia Civil en Cataluña; la supresión de los gobernadores civiles, hoy delegados del Gobierno (hay que ver la importancia de la manipulación semántica en todo esto); la firma de la “paz fiscal” con el PNV para asegurarse el nuevo Gobierno una cara y precaria estabilidad, en l996 (envenenada alianza con el nacionalismo que ya había practicado el PSOE con anterioridad). Para qué seguir. La lista de las concesiones e inhibiciones en relación con el separatismo es interminable.

Braceando entre euforizantes burbujas de aparente prosperidad, pudo decirse, en efecto: “¡España va bien!”. Pero lo que no se supo o no se quiso ver fue cómo y hacia dónde iba España, en realidad. Ahora comprobamos que España iba mal, y que sigue yendo mal, muy mal.

Infame voracidad de una Administración en quiebra
José Luis Ortín www.vozpopuli.com 13 Noviembre 2012

En la década de los 80 tuve la enorme fortuna y el honor de asistir a varios seminarios dirigidos por el insigne profesor, catedrático de Hacienda Pública y maestro de economistas D. Enrique Fuentes Quintana.

Un referente moral
Escuchar a Fuentes Quintana te brindaba la oportunidad de aprender de un sabio. Fue vicepresidente del Gobierno de España con Adolfo Suárez; responsable de la hacienda y la economía nacional, y muñidor de los famosos Pactos de la Moncloa en los que cristalizó el ejercicio de consenso político más importante que se ha dado en España entre todas las fuerzas del arco parlamentario, incluyendo a los sindicatos y la patronal, que dio como resultado un acuerdo económico y social básico permitiendo a nuestra nación encarar el futuro con esperanza huyendo de lo que podía haber sido un cataclismo sin precedentes.

Tanto en aquellos seminarios como en alguna reunión en la que tuve el privilegio de escucharle en la corta distancia, explicaba con la sencillez y claridad propia de los que auténticamente saben de algo y tienen, además, el don de la generosidad y la pedagogía para que cualquiera pueda entender lo que conocen; sin tecnicismos, anglicismos, ni amago alguno de superioridad intelectual ni suficiencia tan profusas actualmente en tantos ‘maestros ciruela’ de la cosa económica y fiscal. Y en esas charlas explicaba con grandes gestos lo de ‘las voraces zarpas de la administración pública en sus ansias recaudatorias’, haciendo ostensibles gestos con sus manos simulando arañar la mesa hacia sí.

Ahora, con el paso del tiempo y de los tristes acontecimientos que nos asolan, me acuerdo cada vez más de sus enseñanzas. Porque hemos llegado a un momento en que la infame voracidad de las respectivas haciendas que nos saquean está llegando a límites inaguantables. La nacional, la de las Comunidades Autónomas, la municipal, etc., no dan abasto tratando de sacar dinero hasta de debajo de las piedras porque sencillamente padecen unos déficits tan abultados como ruinosos y criminales.

Ruina criminal
Sí, sí, hablo de criminalidad; que debería ser punible para quienes desde cualquier puesto político han llevado a la quiebra a España, a las CCAA, Ayuntamientos, o cualquier otra institución pública. Y les llamo criminales porque han jugado desvergonzadamente con las vidas y haciendas de aquellos a los que deberían haber defendido como representantes suyos que eran, y son; de los que viven y quienes sostienen con los impuestos que pagan el tinglado ese que llamamos Estado.

Algunos ejemplos
Unos pocos ejemplos que podemos comprobar diariamente a nuestro alrededor y que muchos sufrimos ignominiosamente:

- ¿Qué cuerpo tendrán quienes han tenido que pagar miles o decenas de miles de euros, y más, sin exagerar nada, de multas, sanciones y recargos a la Hacienda Pública española por alguna inspección sufrida con motivo de alguna operación real, semi o imaginada, sin posibilidad de defensa efectiva por razones obvias, en la que haya habido algún dinero negro de por medio, cuando ahora contemplan la ley que el ínclito -y nefasto- ministro Montoro se sacó de la manga para beneficiar a los auténticos defraudadores fiscales en masa del dinero ilícito?

- ¿Y aquellos que sufren una reclamación municipal por cualquier motivo con la consiguiente amenaza de sanción económica grave en casos que saben perfectamente prescritos, por ejemplo, pero que llevan hasta sus últimas consecuencias por si cuela o sorprenden a algún contribuyente desprevenido?

- ¿Y los pequeños empresarios que son objeto de inspecciones sangrantes de cualquier consejería autonómica, ministerio o concejalía municipal para ver si les pillan en cualquier gilipollez, que siempre la hay porque la misma administración se encarga de no dar licencias de apertura diligentemente, permisos de funcionamiento, y un larguísimo etcétera; o te cambian la norma correspondiente cuando les apetece, entre otras muchas casuísticas, teniendo que pagar cantidades fuera de lugar por sanciones, recargos, nuevas tasas o multas?

- ¿Y los pequeños empresarios o autónomos que deciden contratar, con lo que cae, a algún nuevo empleado y te dice el asesor laboral que no hay ningún beneficio fiscal ni de ningún tipo real porque las escasas excepciones existentes están sujetas a unas condiciones inasumibles dadas las inciertas perspectivas que cualquier mercado o actividad económica actual tienen?

A quien dude de algo de lo anterior le puedo enviar papeles concretos que lo demuestran. ¿Y, cualquiera, cuando oímos la estafa de que todas esas sangrías que sufrimos son para pagar el actual estado llamado del bienestar que supuestamente disfrutamos, cuando de todos es sabido que se trata en un noventa por ciento de los casos para pagar a empleados públicos metidos a dedo – no a funcionarios de carrera- , políticos en demasía, asesores y demás parásitos irredentos, y no a hacer obras públicas, ni a mejorar la sanidad y la educación o los servicios públicos esenciales?

Nuestra hiriente realidad
Por todo ello me acuerdo, como decía, del sabio profesor cuando avisaba de la tremenda responsabilidad que los políticos adquirían al manejar el dinero del contribuyente, pues tenían en su mano los distintos boletines oficiales como armas poderosísimas, amén de las leyes más importantes: los distintos presupuestos públicos anuales; y los diferentes servicios de inspección como posibles fuerzas de machaque de los ciudadanos.

En definitiva, lo que sufrimos de verdad es un Estado en quiebra por culpa de muchos a quienes hemos votado en todas las elecciones habidas en España en el presente siglo. De ahí las voracidades recaudatorias que padecemos.

Y yo no conozco, no sé si ustedes, a ningún responsable político que haya tenido que pagar algo por ello. Ni tampoco a nadie que parezca apostar por solucionar de verdad esta ruina nacional. ¿Es, o no es esto tan desesperante como criminal?

Al contrario, andan sus señorías, ilustrísimas y excelentísimos viendo cómo permanecer enganchados a todas nuestras ya casi exánimes tetas; con perdón. Sobre todo de quienes tienen el heroico valor de hacer algo socialmente útil en estos tiempos. Al que se mueve privadamente lo despellejan vivo.

Nuevo acto de Reconversión
Vidal Quadras: "No nos respetan porque dejamos de respetarnos nosotros mismos"
El presidente de DENAES aboga por dejar de intentar seducir a los nacionalistas porque "no se puede contentar a quien no se quiere contentar".
J. Arias Borque @ariasborque Libertad Digital 13 Noviembre 2012

La necesidad de reestructurar el Estado como paso primordial para salir de la crisis fue el mensaje principal de un nuevo acto de Reconversión, una plataforma ciudadana integrada por veteranos y jóvenes dirigentes políticos, prestigiosas voces de la judicatura y la sociedad, así como representantes de la sociedad civil y el tejido empresarial español.

Celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid, el acto contó con la participación de las principales caras de la iniciativa, como el eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras; el exparlamentario del PP vasco y presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), Santiago Abascal; el filósofo y exdirigente de UCD José Luis González Quirós; o el ex militante del PP y víctima de ETA José Antonio Ortega Lara, encargado de hacer la presentación.

La primera intervención corrió a cargo de María Jesús Prieto, que leyó una ponencia preparada por exmagistrado del Supremo y exvocal del CGPJ Adolfo Prego, quien no pudo asistir al acto. En la misma, el prestigioso jurista aseguró que hay tres reformas fundamentales que habría que llevar a cabo en el ámbito judicial. La primera, resolver la "incuestionable desconfianza en los tribunales" que existe en la población, fruto de la importante "politización de la justicia" que hay en la actualidad, para lo que abogó por volver a la organización que el CGPJ tuvo durante los primeros años de democracia.

En segundo lugar, habló de la necesidad de terminar con lo que denominó como la dudosa vigencia del Estado de Derecho, en alusión a la laxa sanción que existe para los representantes institucionales cuando incumplen las sentencias judiciales. "Cuando un ciudadano incumple una resolución judicial se enfrenta a una condena de hasta un año de cárcel, cuando lo hace un representante institucional se enfrenta a una multa o, como muchísimo, a una inhabilitación para cargo público", dijo.

Apostó por no penalizar el hecho en sí de convocar el referéndum de autodeterminación que proponen algunos dirigentes nacionalistas, sino de que los mismos se prohíban mediante resolución judicial y que, a partir de esto, estos dirigentes se enfrenten a una posible sanción judicial por desobediencia.

Por último, Prieto leyó la argumentación de Prego acerca de la necesidad de modificar la ley, pues en la actualidad el hecho de que un parlamento regional declare unilateralmente no independencia no podría ser constitutivo de delito en los preceptos que recoge la ley para posibles delitos de traición, rebelión o sedición.

Tras esto, llegó el turno del presidente de DENAES, Santiago Abascal, quien comenzó su intervención asegurando que España no podrá salir de la crisis hasta que no lleve a cabo una importante reforma de su modelo territorial, que en la actualidad se caracteriza por "el acoso a las libertades de los españoles desde algunos gobiernos regionales", "el intento de extirpar en algunas comunidades autónomas el uso de la lengua común en la escuela y la esfera oficial", "la elefantiasis administrativa", y "la agónica unidad nacional por mor de sendos intentos secesionistas en Cataluña y País Vasco".

"Nos encontramos, como Nación, ante una encrucijada histórica: reformas o descomposición", aseguró, ante lo que planteó la necesidad de recuperar el patriotismo y modificar algunos apartados de la Constitución de 1978 como única salida crear un "Estado sólido" que garantiza la existencia de España en el futuro.

Afirmó que "las últimas reformas estatutarias" han supuesto "una muerte de facto" de la Constitución y aseveró que España "sin las comunidad autónomas de Cataluña y el País Vasco no sería España, igual que Cataluña y el País Vasco sin su matriz no serían ellas mismas". Por último, concluyó parafraseando a Julián Marías para asegurar que "no se puede contentar a quien no se quiere contentar. Los nacionalismos estaban, y todavía están, en España, pero no querían, ni quieren, ser España.

El tercer turno de palabra correspondió a Rubén Manso, quien señaló que las constituciones occidentales confunden la obligación de asegurar los derechos de los ciudadanos con la de ser proveedores de esos derechos, y puso como ejemplo de ello la sanidad o la educación.

Según argumentó, el Estado debería suministrar al ciudadano bienes y servicios que deben ser públicos como la defensa o la seguridad interior, pero para otros derechos ciudadanos como la sanidad, la educación, el alimento o la vestimenta el Estado debería ser garante pero no proveedor.

"Necesitamos menos intervención pública y más responsabilidad individual. Impuestos limitados que dejen en los bolsillos de los ciudadanos más recursos para que tomen más decisiones sobre su vida. Un Estado limitado en su actividad y en sus ingresos, como lo estamos todos, para que desarrolle lo que son sus funciones y no todas las funciones que hay que desarrollar en una sociedad libre", aseguró.

Tras Manso tomó la palabra el filósofo José Luis González Quirós, quien aseguró que los partidos políticos incumplen el artículo 6 de la Constitución porque "no tienen un funcionamiento democrático", "no representan a los ciudadanos sino que han suplantado su voluntad", se "financian ilegalmente", "evaden impuestos" y han extendido incluso su poder hasta la justicia.

Según dijo, la crisis económica que atraviesa España no es sino fruto del mangoneo de los partidos políticos, que han "hundido instituciones centenarios –en alusión a las Cajas de Ahorro– que habían sobrevivido a toda clase de regímenes no siempre loables", tras lo que señaló que el sistema burocrático actual es "insostenible" y que esto "no es el Estado de las Autonomías, es el expolio de los partidos y sus beneficiarios".

Así, propuso una reforma de la Ley de Partidos que garantice la democracia interna de los partidos políticos, reglas para que las candidaturas sean aprobadas por los militantes y no por la dirección, la invalidación de las votaciones a mano alzada en los órganos internos, prohibición de la financiación pública de los partidos y transparencia en las donaciones económicas y en las cuentas de los partidos, así como la prohibición de la condonación de deuda por parte de las entidades bancarias.

Concluida la intervención de Quirós, tomó la palabra el eurodiputado Alejo Vidal-Quadras, quien aseguró que el problema del sistema español "no es sólo económico sino también estructural". "La crisis no llegará a final hasta que haya un reconversión del Estado", dijo, mientras criticó que los dos grandes partidos "siguen enzarzados en un enfrentamiento maniqueo".

Denunció que el Estado autonómico "nos está arruinando" y que "no ha conseguido ninguno de los objetivos para los que fue concebido", tras lo que apuntó a los gobiernos autonómicos como "el origen del pavoroso de desequilibrio de las cuentas económicas". También tuvo crítica para los partidos políticos, a los que acusó de ser "maquinarias para explotar al pueblo" y los "grandes beneficiados de un Estado sobredimensionado".

Vidal-Quadras aseguró que en España "no hay división de poderes" y advirtió de que "los nacionalistas no son integrables porque no desean integrarse". "Llevamos treinta y cinco años intentando agradarles", añadió.

Por último, leyó en voz alta el poema de Francisco de Quevedo "Miré los muros de la Patria Mía", tras lo que denunció que a España" no se la respeta ni dentro de nuestras fronteras, donde los asesinos están en las instituciones, ni fuera, donde se nos desprecia. Nos han perdido el respeto porque hemos dejado de respetarnos a nosotros mismos, aseguró".

Envolvente pro-iraní
José Javaloyes www.republica.com 13 Noviembre 2012

En tanto Estados Unidos da su apoyo a la nueva alianza opositora constituida en Siria frente el régimen de los Assad – bien que sólo sobre la base de una asistencia en el plano humanitario -, el segundo impacto de un mortero sirio más allá de la línea divisoria con Israel traía como respuesta una réplica artillera judía sobre el espacio originario del morterazo. Pero había más, de momento, en el progreso de esa tensión militar entre Israel y sus vecinos árabes del norte y del sur de las respectivas fronteras judías.

La reactivación de los ataques con cohetes desde el otro lado de la Franja de Gaza hace algo más que revelar la manifiesta coordinación iraní de estas presiones, dado el nivel de dependencia que tanto el régimen sirio como el sistema islamista de Gaza tienen con la República Islámica de Irán. Relación subordinada que no acaba ahí sino que incluye también, en la transfrontera norte de Israel, la presencia dentro del territorio libanés del importante núcleo chií de Ezbolá, dependiente asimismo de la estrategia de Teherán dentro del Próximo Oriente.

Dentro de este escenario, en el que el Departamento de Estado norteamericano acaba de mover pieza con su apoyo a la Coalición Nacional en Siria -remedo de lo que en Libia aglutinó a las huestes rebeldes contra el régimen de Nuamar Gadafi – hay que reparar en el objetivo cambio, a estos efectos, habido en Egipto con la llegada de los islamistas a la presidencia del país. Del giro egipcio hacia un poder de esta naturaleza, tan opuesto al nacionalismo que gobernó el país casi medio siglo, espera mucho el régimen islamista de Gaza.

Un poder éste objetivamente responsable de la cohetería que de modo variablemente intermitente activan las milicias locales contra el espacio israelí, acumulando tensiones que suelen acabar con incursiones de la fuerza aérea judía en ataques selectivos contra los dirigentes de tales milicias. Operaciones de réplica que, según el Gobierno hebreo, podrían dirigirse en algún momento contra Haniya, responsable político electo de la Franja y hombre de la entera confianza de Teherán, pese a pertenecer Haniya al mundo islámico del sunismo, aun siendo el chiísmo la secta musulmana responsable de la República Islámica de Irán.

De un modo u otro, de forma más o menos explícita, el poder de Teherán es el que viene tejiendo – desde la Siria en guerra civil y desde el Líbano desestabilizado luego del reciente atentado mortal contra el jefe de la Inteligencia Militar en Beirut – una red de actuaciones sobre Israel capaz de trabar su capacidad de iniciativa dentro del marco de tensión geopolítica que se genera desde Irán, con su programa nuclear y sus consolidados progresos en misiles. Aplicables éstos como vectores capaces de portar en su momento cabezas atómicas hasta objetivos en Europa, si esos progresos coronan los esfuerzos armamentísticos entrevistos por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Es dentro de ese conjunto de referencias en el que habrá que valorar cuanto se teje en estos mementos en el entorno de Israel, desde la “escalada” incidental de morterazos en el Golán a las andanadas de misiles artesanales en la Franja de Gaza.

El partido de Artur Mas se llevó el 2,5% de las adjudicaciones millonarias del 'caso Palau'
Los documentos delatan una trama para financiar irregularmente Convergencia a través de comisiones en la concesión de obras
 www.lavozlibre.com 13 Noviembre 2012

Madrid.- El informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que recibió el juez instructor del ‘caso Palau’ en mayo y sirvió de base para imponer a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) una fianza de 3.297.079 euros como responsable “a título lucrativo” del saqueo del Palau, refleja que el partido de Artur Mas se llevó el 2,5% de las adjudicaciones millonarias.

“Existe un desvío de fondos cuantiosos, cuya génesis está en la constructora Ferrovial-Agromán que de una forma ilógica financiaría con ingentes peculios la actividad del Palau de la Música, sobre la base de que estos envíos se referenciarían a una serie de concesiones administrativas favorables a la misma y que mediante la interposición de una serie de sociedades, a modo de capas de cebolla, que simularían la existencia de prestaciones de servicios, disimulando transacciones aparentemente del todo irregulares conseguirían que los capitales acabaran financiando las actividades de un partido político, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), además de enriquecer patrimonialmente a particulares”, detalla el informe, según publica el diario ‘ABC’.

En ese auto se pone de manifiesto que Ferrovial-Agromán descontaba un 4% a las adjudicaciones millonarias que recibía para destinarlo al Palau de la Música. Después, ese dinero se repartía entre CDC -que recibía un 2,5%- y el presidente del Palau, Félix Millet, -que recibía una comisión del 1,5%-.

La investigación se centra en seis años (2002-2008), pero los documentos hallados en 2009 -cuando estalló el caso- retrotraen la corrupción a finales de los noventa. El 8 de septiembre de 1999, Millet escribe una carta al entonces tesorero de Convergencia, Carles Torrent: “El motivo de estas líneas es solicitar tu ayuda para que se adjudique alguna obra a Agromán, dado que estamos muy atrasados y empiezo a tener problemas”.

Millet, que solo dirigía el Palau, le da indicaciones muy concretas: “Te adjunto el proyecto de obra para la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de L’Escala (Girona) donde han quedado muy bien situados. Te agradecería que hicieras lo imposible por tratar de solventar este tema”. Este tipo de cartas y faxes aparecen en todo el sumario.

El desvío real de fondos del Palau es aún una incógnita. Hacienda lo cifró en 2010 en 19.492.842 euros, mientras que una auditoría encargada por los actuales responsables de la institución eleva esa cifra a 35,1 millones, aunque amplía los conceptos. Según Deloitte, 17,5 millones fueron desviados de la Fundación Palau; 13 del Orfeón Catalán y 4,6 millones del Consorcio. El juez instructor calcula en más de 8 millones el dinero que sigue en paradero desconocido, según los informes de la Agencia Tributaria (AEAT).

LA FUNDACIÓN DE CDC SE FINANCIÓ AL 65% CON DONACIONES DE CONSTRUCTORAS
Ese mismo informe policial de la UDEF y los redactados previamente por la Agencia Tributaria sostienen que la labor que se realizó desde la Fundación Trías Fargas está vinculada con CDC, a la que “habría servido como plataforma de aterrizaje y posterior desvío de muchos de estos fondos”.

La Policía contabilizó las cuotas de afiliados y usuarios, las subvenciones de organismos oficiales y las donaciones de particulares entre 2002 y 2008, y concluyó que las donaciones particulares alcanzaron, en este período, el 64,9% del total: más de 6,5 millones de euros. Según informa ‘ABC’, los donantes más generosos fueron constructoras nacionales y catalanas, que posteriormente se beneficiaron de permisos, licencias y adjudicaciones de la Generalitat.

El análisis policial revela que las cuotas de afiliados sólo aportaron a la Fundación un 2% en seis años: poco más de 200.000 euros. No en vano, las empresas pasaron de regalar menos de 400.000 euros anuales al ‘brazo’ de CDC en 2002 a casi 1,4 millones de euros en 2008.


BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL Acto de Reconversión
Ortega Lara Libertad Digital 13 Noviembre 2012

¡Muy buenas tardes a todos!

Desde la iniciativa ciudadana “Reconversión”, queremos agradecerles sinceramente su presencia en este acto. Es posible que muchos de ustedes tuviesen otras obligaciones o actividades a las que atender, pero han preferido acompañarnos y eso, a nuestro juicio, demuestra dos cosas:

- Primero, que su sentido de la responsabilidad denota honda preocupación por la actual situación de España.
- Segundo, que comparten nuestras inquietudes y desean escuchar nuevas propuestas que transmitan confianza y esperanza para el futuro.

Y siguiendo con este capítulo de agradecimientos, deseamos también mostrar nuestra gratitud:

- A los más de 40.000 adheridos a la plataforma digital “Reconversión.es” que han hecho suyo nuestro mensaje, y a quienes pedimos nos remitan sus ideas y reflexiones.
- Al Hotel Intercontinental, que hoy nos acoge con exquisita hospitalidad y atención.
- A los medios de comunicación que nos han ayudado a divulgar esta iniciativa como instrumento de participación ciudadana en estos momentos tan decisivos para España. Sin su concurso y el de las redes sociales nos resultaría muy difícil transmitir nuestras inquietudes ante la estrategia de ocultamiento de la verdadera naturaleza de nuestros problemas impuesta por el poder.
- Los acontecimientos sucedidos desde el nacimiento de esta iniciativa ciudadana, con la carta dirigida al Presidente del Gobierno en el mes de junio y la posterior comunicación del mes de octubre, no han hecho sino confirmar e incluso reforzar nuestro diagnóstico de la realidad política, institucional, moral y económica de nuestro país. Nos reafirman en nuestros postulados, a la vez que nos estimulan a trabajar pidiendo la reconversión de importantes instituciones del Estado, dado el agotamiento y el descrédito en que se hallan inmersas, que responden no sólo a situaciones coyunturales debidas a una mala gestión de las mismas, sino fundamentalmente a defectos estructurales de origen que han empeorado con el transcurso de los años hasta colocarlas en la peligrosa encrucijada en que ahora se encuentran.

Por ello, desde nuestra plataforma, y siempre con respeto al marco constitucional vigente, volvemos a apelar a nuestro Gobierno para que acometa de inmediato las reformas estructurales necesarias para salir de esta profunda crisis y que hasta ahora no se ha atrevido a abordar. Cuenta para ello con la iniciativa legislativa que la propia Constitución le reconoce y dispone de un marco político con enormes posibilidades de actuación (los ciudadanos le han otorgado sendas mayorías absolutas en el Congreso y Senado, gobierna en 11 de las 17 Comunidades Autónomas, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en la gran mayoría de las capitales de provincia y ciudades del país).

Para coadyuvar en esa tarea, traemos hoy aquí una serie de temas a debate y los respectivos ponentes propondrán al Gobierno y también a la sociedad española un conjunto de medidas útiles, factibles y de profundo calado que, a su juicio, contribuirían poderosamente a revertir la situación actual, a fortalecer el Estado de Derecho, a consolidar la seguridad jurídica, y a garantizar la pervivencia y unidad de nuestra Nación.

Somos conscientes de que algunas de ellas conllevarán un doloroso sacrificio para los políticos y para los ciudadanos, pero son necesarias para garantizar la viabilidad del Estado y el futuro de las generaciones venideras. Los primeros (los políticos) deben dar ejemplo en primera persona como gobernantes del país, y los segundos (los ciudadanos, es decir, todos nosotros) tenemos la responsabilidad de denunciar con espíritu crítico aquello que consideramos funciona defectuosamente y, a la vez, colaborar con mentalidad abierta en la búsqueda de nuevas soluciones.

La Plataforma reconversión.es no es una opción electoral ni aspira a articular un programa político detallado. Nuestro denominador común es la Carta Abierta al Presidente del Gobierno de la Nación que presentamos el pasado 29 de junio y la idea central de que nuestro Estado requiere una profunda transformación estructural. En este contexto, las opiniones y las perspectivas de los ponentes invitados de esta noche son de su exclusiva responsabilidad y nuestro propósito al ofrecerles nuestra tribuna para que las expongan es animar un debate imprescindible que las inercias y los intereses instalados demoran o impiden.

Pues bien, ante la imposibilidad material de abordar en tan breve espacio de tiempo (una hora y media aproximadamente) todos los problemas y asuntos que merecen nuestra atención, los intervinientes expondrán sus propuestas en cinco grandes bloques de unos quince minutos cada uno, y cuyo orden les presento a continuación:
1.- La primera intervención versará sobre “Instituciones y Estado de Derecho”, a cargo de Adolfo Prego.

2.- La segunda, sobre “Estructura territorial del estado”, a cargo de Santiago Abascal.
3.- La tercera, sobre “El modelo productivo y económico”, a cargo de Rubén Manso.
4.- La cuarta, sobre “Partidos políticos, democracia y sistema electoral”, a cargo de José Luis González Quirós.
5.- Y la quinta hará referencia a las conclusiones finales, a cargo de Alejo Vidal-Quadras.
Las distintas contribuciones se harán con voluntad sincera de contribuir a la estabilidad y prosperidad de España. Por cruda y difícil que sea la situación, podremos superarla si nos enfrentamos a ella con realismo, coraje y llamando a las cosas por su nombre; los eufemismos y las verdades a medias no hacen sino enmascarar la falta de voluntad y de valentía para hacer frente a las responsabilidades del histórico y dramático momento que vivimos.

Por eso, les pedimos que escuchen con atención las medidas que plantean nuestros ponentes y que, con independencia de la medida en que las compartan, nos ayudarán a despertar la conciencia de muchos de nuestros conciudadanos respecto a la necesidad urgente de la reconversión del Estado.

Y sin más dilación, doy paso a la primera intervención y cedo la palabra a María Jesús Prieto Laffarge que nos hablará de “Las instituciones y el Estado de Derecho”.

Estado de Derecho e Instituciones
Adolfo Prego Libertad Digital 13 Noviembre 2012

Acto de Reconversión

Se ha extendido en España la convicción de que nuestro Estado de Derecho, fundamento del orden constitucional democrático, sufre desde hace años un continuo proceso de descomposición. Se trata de un deterioro manifestado en una progresiva degradación de las leyes y de las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento, y que alcanza ya niveles difíciles de soportar.

Pero no se trata de un proceso inevitable: El Gobierno, además de la información necesaria para percatarse del alcance de este problema, tiene la facultad real de parar ese proceso de descomposición con modificaciones legales que, sin representar costo presupuestario alguno, puede realizar cómodamente con la fuerza parlamentaria de que dispone. Necesita, eso sí, la capacidad para reconocer el problema, y la voluntad decidida de solucionarlo.

No podemos en este acto hacer una enumeración completa de los muchos supuestos en que se manifiesta esta descomposición. Pero mencionaremos los más graves, los percibidos como evidentes por los ciudadanos, y cuya solución resulta más accesible al Gobierno:

1º.- Existe una indiscutible desconfianza en los Tribunales de Justicia. No nos referimos a la que se basa en la secular carencia de medios materiales y personales, que ha sido un lamentable hábito de todos los gobiernos. Nos referimos a la desconfianza nacida de su real o aparente politización; fenómeno reciente de efectos demoledores que destruye en poco tiempo el crédito alcanzado en muchos años. Su origen está, entre otros factores, en la desnaturalización del perfil originario del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de Jueces y Tribunales nacido justamente para preservar al Poder Judicial de intromisiones externas que impidan cumplir el mandato de interpretar y aplicar las leyes de forma independiente y responsable sin otro sometimiento que el del imperio de la ley.

Para garantizarlo nació el Consejo, que cumplió eficazmente esta misión en sus comienzos, cuando su composición se ajustaba a las previsiones constitucionales del art.
122.
Pero los partidos políticos, situados extramuros del Poder Judicial, rompieron la esfera de su independencia, modificando el régimen del Consejo y entrando así en ese ámbito de exclusión de los intereses partidistas, creado precisamente en garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.

El Tribunal Constitucional advirtió del riesgo: señaló que la lógica del Estado de partidos obliga a mantener al margen de su lucha ciertos ámbitos de poder y entre ellos el Poder Judicial. Y declaró que la existencia y aún la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible una actuación contraria a la Constitución, parece aconsejar su reforma.

A partir de ahí las modificaciones del régimen legal del Consejo no han solucionado el problema porque todas han consistido en sustituir su sistema originario por otro distinto, manteniendo siempre el común denominador de abandonar el diseño creado por la Constitución Española.

La solución del problema no está en inventar nuevos modelos afectados de la misma deficiencia, la politización partidista, sino en recuperar el modelo creado por la Constitución, esto es, el que existió en España con eficacia entre 1980 y 1985. No hay que inventar lo que ya se inventó y funcionó durante 5 años cumpliendo su misión constitucional. Para eso no hace falta otra cosa que recuperar su perfil inicial mediante la modificación de la Ley Orgánica de 1985 haciendo uso para ello de los votos parlamentarios de los que dispone el gobierno. Así de fácil. 2º.- Asisten los españoles atónitos a un fenómeno cuya reiteración evidencia la más que dudosa vigencia del Estado de derecho en España. Me refiero a la desobediencia de resoluciones judiciales, incluso del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, cometidas por altas autoridades del Estado central o autonómico sin que de ello resulten consecuencias penales relevantes.

Esto está sucediendo cuando adquieren tintes de dramatismo histórico las actitudes de retadora rebeldía y abierta deslealtad institucional, infringiendo las leyes vigentes, por algunos dignatarios de ciertas comunidades autónomas. Y ocurre en un país cuya Constitución atribuye al Poder Judicial con exclusividad el ejercicio de la jurisdicción, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, y proclama que sus Sentencias son de obligado cumplimiento.

Lo que los ciudadanos no saben, porque no se les cuenta, es que mientras el particular que desobedece gravemente a un Tribunal comete un delito castigado con privación de libertad de 1 año, cuando es una autoridad quien se niega abiertamente a dar debido cumplimiento a una resolución judicial la pena se reduce a una simple multa y a la inhabilitación para empleo o cargo público. Esta es toda la respuesta penal que el ordenamiento ofrece a todas esas conocidas actitudes de desobediencia y rebeldía exhibidas por autoridades autonómicas fundamentalmente, a las decisiones de los Tribunales. No es necesario recordar que en ningún país de nuestro entorno político y cultural sucede nada semejante. Es pues insólito seguir manteniendo en España tal pobreza en la respuesta jurídica por el Estado frente al incumplimiento de una regla democrática elemental como es que las Sentencias de los órganos judiciales deben cumplirse, y que las autoridades no están menos obligados que los particulares a la observancia de la Ley, sino incluso más, por razones de ejemplaridad, Ley cuyo contenido obligatorio se realiza materialmente en cada una de las Sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia.

Por consiguiente: es urgente reformar el Código Penal mediante una Ley Orgánica. Se debe dejar el actual y benigno art. 410 limitado a las desobediencias cometidas por funcionarios frente a sus superiores; sacar de una vez de este precepto las negativas de las autoridades a cumplir las resoluciones judiciales; y tipificar su gravísima conducta como lo que es, un delito contra la Constitución dentro del grupo de los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes.

El nuevo delito, que todavía no existe, deberá incluir una banda amplia entre los límites mínimo y máximo de la pena, con graduación dependiente de la gravedad de la desobediencia y de la jerarquía del desobediente y del órgano desobedecido.

Se ha de solucionar de una vez el penoso espectáculo para el Estado de Derecho que se ofrece cuando el Estado responde con una ridícula multa la rebelde actitud de altas autoridades, que retan al Estado y al orden constitucional incumpliendo sin el menor disimulo las Sentencias de nuestros Tribunales.

Para solucionar esto no hace falta ninguna partida presupuestaria. Basta sumar los votos necesarios para aprobar en el parlamento una Ley Orgánica de modificación del Código Penal.

Por otra parte es aquí donde debe buscarse la solución sancionadora a la amenaza de celebración de un referéndum secesionista: No se debe castigar directamente su convocatoria como una acción criminal –lo que podría venderse en el exterior como persecución de una popular consulta democrática- sino castigando, y muy severamente, la desobediencia al Tribunal que, tras declarar ilegal ese referéndum, prohibiera su celebración ordenando lo necesario para evitarlo.

En cualquier país un referéndum está sometido a un régimen legal controlable por los Tribunales y en todos los países democráticos se entiende que desobedecer al Tribunal Supremo es un delito muy grave.

Por lo tanto: que no se tipifique como delito la convocatoria. Establézcase un urgente procedimiento judicial para impugnarla y obtener su prohibición por Sentencia.

Y por supuesto actualícese la pena del delito de desobediencia a las Sentencias judiciales. Como en cualquier país democrático.

3º.- Dejo para el final lo más grave, lo más llamativo. Algo que los ciudadanos ignoran porque no se les pasa por la imaginación que pueda ser verdad:

En España hoy si un parlamento autonómico, tras la votación de sus miembros, proclama formalmente la secesión de una parte del territorio español erigiéndolo en Estado independiente, no se comete delito alguno. Repito: en la España de nuestros días eso no sería delictivo. Nadie incurriría en responsabilidades penales por perpetrar un ataque de esa naturaleza a la unidad nacional y al orden constitucional.

Al margen de la invalidez jurídica de tal enormidad y de las vías de impugnación ante los órganos del Estado –que naturalmente serían olímpicamente ignorados por los secesionistas- no podría ni detenerse, ni juzgarse, ni castigarse a quienes hicieran tal cosa. Resulta paradójico que si fumaran en el local podrían ser sancionados y si condujeran después por la calle a excesiva velocidad podrían cometer un delito. Pero no por proclama la secesión de parte de España y por constituirse en Estado independiente.

Por eso no:
a). No sería un delito de traición, porque todas sus modalidades previstas en los arts. 581 y siguientes descansan exclusivamente en el supuesto de un conflicto bélico entre España y una potencia enemiga. Han sido barridas de su articulado todas las referencias a movimientos sediciosos y separatistas. Todas las tipologías de traición que antes se preveían tanto para conflictos de guerra con el enemigo exterior, como para conflictos armados internos provocados por sediciones separatistas, se han modificado para limitarlas al primer supuesto, o sea, al conflicto con enemigos exteriores.

b). Tampoco habría un delito de sedición: ésta se construye en los arts. 544 y siguientes sobre la base de un alzamiento público y tumultuario. Este es un concepto conectado con movimientos de masas que se desbordan en algarada callejera, y que tiene relación con la idea de motín, en el que se quebranta el orden público pero no necesariamente el orden constitucional. Pues bien, una declaración de independencia proclamada por una asamblea legislativa o por un gobierno autónomo atacaría gravísimamente el orden constitucional y la unidad de España, pero como en principio no afectaría al orden público callejero ni comportaría ningún alzamiento en forma de tumulto, resulta que no cabría hablar de sedición.

c). Tampoco habría rebelión: su esencia está en que la rebelión implica también un alzamiento, para alguna de las finalidades señaladas en el art. 472 del Código Penal.

Todas ellas se refieren a gravísimos ataques al orden constitucional, y la quinta precisamente consiste en la finalidad de “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Ahora bien el problema está en que la norma exige que ese alzamiento, además de público, sea violento. Con ello quedan fuera del delito de rebelión los alzamientos que pudiéramos llamar pacíficos, por muy eficaces que sin embargo pudieran ser para la consecución de la independencia. Hay que decir sin embargo que esta situación de lastimosa deficiencia legal no ha existido siempre: recordemos que, instaurado el régimen parlamentario democrático, en el Código Penal anterior todavía vigente hasta 1995, la declaración de independencia de parte del territorio nacional se incluía entre los fines del alzamiento rebelde (art. 214) sin exigir requisito alguno de violencia.

Es decir, la verdadera esencia del delito estaba en la finalidad independentista de la acción, y bastaba ese propósito, es decir la finalidad de los alzados de romper el orden constitucional, para cometer el delito. No se necesitaba la exigencia complementaria de que además se usara de la violencia. Lo que importaba al legislador era lo primero no lo segundo. Pero es que además el art. 217 prescindía incluso del alzamiento como requisito, castigando también como rebeldes a quienes cometieran “por astucia o por cualquier medio contrario a las leyes” algunos de los delitos del art. 214, o sea, la consecución de la declaración de la independencia de una parte del territorio nacional por medios distintos de un público alzamiento.

Y tan claro era el propósito del legislador de defender el orden constitucional frente al secesionismo que castigaba también con 6 años 1 día a 12 años de prisión a quienes “atentaren contra la integridad de a nación española o la independencia de todo o parte del territorio bajo una sola representación de su personalidad como tal nación”.

Por cierto que este tipo penal, hoy lamentablemente suprimido en España, procede de una Ley de 1900, pasó al Código Penal de 1928 como traición, se mantuvo también como delito de rebelión en el código de la República de 1932, y continúo en el Código Penal de 1944 y posteriores. El Código Penal de 1995 sin la menor visión de futuro lo ha suprimido. Desde entonces ningún gobierno ha sido capaz de reintroducir esta figura penal de rebelión, dejando así a la intemperie la unidad nacional y orden constitucional frente a los movimientos secesionistas que son hoy una amenaza inmediata.

Quizá pueda pensarse que por tratarse de una pura proclamación de independencia siempre se podría arreglar por la vía de la impugnación judicial. Pero no olvidemos lo apuntado anteriormente, a saber, que hoy en España la desobediencia al Tribunal que restableciese el derecho y declarase la ineficacia de la proclamación de independencia, carece de respuesta penal adecuada.

Esta es la paupérrima defensa del orden constitucional que hoy brinda nuestro Código Penal, llamado pomposamente Código de la Democracia, frente a un hecho tan grave para la misma democracia como es la ruptura constitucional. Si esto sucediera se traspasarían los límites del debate político para entrar directamente en los libros de
Historia.

Creo que lo expuesto justifica sobradamente una actuación enérgica al respecto. El gobierno dispone de la mayoría parlamentaria para hacerlo. La pasividad frente a una laguna legal de este alcance y significación representa en las circunstancias actuales un incumplimiento inaceptable de sus deberes.

LA URGENTE RECONVERSIÓN DEL MODELO DE ESTADO-
Santiago Abascal Libertad Digital  13 Noviembre 2012

Acto de Reconversión

Sin embargo, aquellos que no tienen esa convicción han facilitado que España se encuentre en caída libre.

Pero aun hay esperanza. Aun quedan españoles dispuestos a sacrificarse por el bien común, a aparcar sus pequeñas querellas particulares para defender el interés general.
Creo firmemente que sólo saldremos de la crisis económica, o tardaremos mucho menos en salir, si a significativas reformas del modelo económico y productivo le acompañan reformas aun más importantes en la organización territorial del Estado, y un cambio en la mentalidad de los españoles, y muy especialmente, de sus élites dirigentes.

Tal es la gravedad de la amenaza que enfrentamos, y tal es la seriedad del problema para la convivencia nacional, ahora que vivimos con toda su crudeza la crisis de la España autonómica en su auténtica realidad actual: la de la desigualdad entre los ciudadanos, la del acoso a las libertades de los españoles desde algunos gobiernos regionales; la del intento de extirpar en algunas Comunidades Autónomas el uso de la lengua común en la escuela y la esfera oficial; la de las trabas a la unidad de mercado; la de la elefantiasis administrativa; la de los blindajes de las aguas de los ríos; la de los parques nacionales troceados por un autonomismo desquiciado y por la absurda interpretación del Tribunal Constitucional; la de la protección civil anti-incendios maniatada por la normalización lingüística; la de los traductores de idiomas en un Senado de tintes babélicos en el que todos entienden una lengua común; y la de la agónica unidad nacional por mor de sendos intentos secesionistas en Cataluña y País Vasco.

Dichos sean como ejemplos paradigmáticos de la tan ponderada España plural, dotada de una estructura territorial y de un aparataje autonómico que se ha convertido en un sistema degradado y descompuesto, con una deriva progresivamente antinacional, liberticida, anti-igualitaria, ineficiente y costosísima. Porque es así, y nadie sensato puede contradecirlo con argumentos serios y objetivos, pues la tan alabada capacidad de desarrollo y de reequilibrio económico territorial de las Comunidades Autónomas ha quedado en entredicho con la progresiva desaparición de las ayudas de la Unión Europea, el estallido de la "burbuja" inmobiliaria y el insostenible déficit de todas nuestras Administraciones públicas. Las instituciones autonómicas conforman hoy en día un Frankenstein territorial, hecho de trozos, tambaleante, que camina desnortado, sin meta, sin objetivo y sin posibilidad de financiarse ni de sobrevivir en su estado presente. Alienado. Alienado como España, carente de un proyecto común, de un sitio en el mundo, de una intención, de un destino compartido. Y paralizado, atolondrado e incapaz de acometer las importantísimas reformas estructurales y mentales que necesita la España por venir. Falta patriotismo, falta proyecto común. Sobra egoísmo y sobran proyectos particulares. Necesitamos más España; no descomponernos internamente, ni tampoco disolvernos en el proyecto de una Europa unida que sólo puede fundarse sólidamente en la unión de sus Estados miembros, fruto a su vez de una larga historia de unificaciones nacionales.

Nos encontramos, como Nación, ante una encrucijada histórica: Reformas o descomposición. Tal habría de ser el lema de la España que necesitamos.
Para España solo hay un camino, no hay dos. Sólo uno para salvarnos de la descomposición interna, el desprestigio internacional y la decadencia social, económica y moral. La salvación está en la recuperación del patriotismo, en el acuerdo Nacional, y en la reforma constitucional e institucional.

La España consciente hace tiempo que se ha dado cuenta de esto, y nos pide sentido común y respeto a lo evidente; se identifica y siente la Nación con arreglo a la constatación de su multisecular existencia y continuidad histórica; y quiere un Estado sólido para defender todo eso; para defender la libertad y la seguridad de los españoles, la igualdad jurídica de los ciudadanos, la cohesión social, la integridad territorial y la unidad histórica de la Nación, y la proyección de España en el mundo.

Tenemos la obligación moral de pasar de la retórica a la acción política, de las musas al teatro.

Y los poderes públicos, los partidos políticos, nuestros dirigentes, tienen el mandato inexcusable de responder a los verdaderos, abrumadores y mayoritarios sentimientos y deseos de la Nación. Ésa es la primera y principalísima obligación del Estado y sus instituciones.

Se multiplican las voces que piden, como nosotros, una reforma del Estado frente a los “nacionalistas desleales” y que advierten que “es indispensable reconstruir desde su base un proyecto nacional real que nos devuelva a la senda del progreso”.

Porque a estas alturas ya no sirven las florituras. Tal es la degradación del Estado nacional y tal es el desafío separatista que no sirven los parches, ni los expedientes para salir del paso; ya solo cabe una reforma a fondo y de fondo del sistema, con una reconversión profunda del modelo de Estado, que garantice efectivamente el ejercicio de la soberanía por el conjunto de los españoles y la unidad nacional en el marco del Estado constitucional.

La Constitución española aún vigente -redactada mediante el consenso político y refrendada por la mayoría del pueblo español, con tan buena intención en 1978 como desacierto en su desarrollo posterior- ha sido útil porque ha garantizado un largo periodo de paz en democracia y libertad. Pero desde su nacimiento mismo, al segundo de alumbrarse el acuerdo constitucional, los separatistas, -que no han cejado un instante en su empeño de destruir España-, editaron su catálogo de agravios y exigencias, lograron insensatas cesiones del Estado, y actuaron con deslealtad intolerable, resquebrajando durante más de tres décadas sus cimientos -quizá más débiles desde el inicio de lo que aparentaban-, y que hoy amenazan ruina en lo que ya es una incontestable y estruendoso derrumbe del espíritu y la letra del sistema constitucional del 78.

La herencia que nos ha quedado es la de un Estado autonómico ruinoso para España, pero dadivoso y confortable para los partidos políticos. Y ahí reside precisamente la dificultad de su reforma: en la percepción generalizada de que el Estado autonómico es ya solamente el Estado de bienestar de los partidos políticos.

Por todo ello, el orden constitucional, si desea sobrevivir, debe restaurarse. Y debe hacerlo cuestionando el desmesurado poder de las autonomías, y recuperando el timón en algunas materias como la educación, la sanidad, la justicia, la acción exterior, la ordenación económica general y la unidad de mercado, la ordenación del territorio y el urbanismo, la regulación del medio ambiente y del patrimonio cultural y la protección civil, entre otras, porque necesitamos un Estado nacional eficaz, cohesionado y sostenible.

Pero la reordenación competencial y territorial y la racionalización, administrativa y financiera del Estado autonómico ya no son las únicas fórmulas posibles ante su ineludible crisis. Hay otras, como la restauración de un Estado unitario de base provincial, con posibles Mancomunidades de Diputaciones, y con regímenes especiales para el reconocimiento en sentido estricto de los tradicionalmente llamados "hechos diferenciales" (pluralidad lingüística, foralidad, insularidad), a modo de los antiguos "apéndices forales" de nuestra codificación civil, que permitieron culminarla con éxito hace más de un siglo. Propuesta que, sin duda, merece ser analizada con respeto e inteligencia por dos razones esenciales; porque responde mejor a la realidad histórica de España, y porque responde a los deseos de una parte importantísima y creciente de la opinión pública ya que, según los últimos datos, un 30 por ciento de los ciudadanos españoles -el grupo mayoritario según la reciente encuesta del diario El País- prefieren un “Estado unitario sin autonomías”.

O esto, o la recuperación competencial y la reordenación del mapa autonómico. Pero lo que ya no puede ser es dejar las cosas como están. Entre otras razones, porque el actual modelo territorial, -máxime tras el órdago separatista- se ha revelado como funcionalmente ineficiente y financieramente inviable. Baste el único ejemplo que hoy pondré: En España, las transferencias en materia sanitaria se produjeron entre 1998 y 2002. Pues bien, en el año 2002 el gasto sanitario era de 32.000 millones de euros. Hoy, después de 10 años de políticas sanitarias autonómicas, el gasto sanitario es de 68.000 millones de euros, que no se explican ni por la mejora de los servicios ni por envejecimiento ni por el aumento de la población.

Para asumir la convicción de que urge una profunda reforma del modelo de Estado, es necesario aceptar que la consolidación de la última oleada de reformas estatutarias supone la muerte de facto de la Constitución, y que la materialización de amenazas secesionistas significaría la muerte de hecho y de derecho del Estado español y, quizá, de la Nación española. España, sin Cataluña o sin el País Vasco, no es España, de la misma forma que Cataluña y el País Vasco, separadas de su matriz española, no serían ellas mismas.

Por eso estamos en condiciones de exigir el cambio de la estrategia de pactos de los partidos de ámbito nacional renunciando a las coaliciones con las minorías separatistas que buscan truncar la trayectoria histórica de la Nación española.

Y por todo ello los grandes partidos nacionales tienen la obligación de articular un acuerdo, en representación del 85% de los electores españoles, para acometer una reforma constitucional profunda que, salvando el consenso de la transición, ponga los puntos sobres las íes a los nacionalistas con un fortalecimiento y recuperación de las funciones del Estado.

Todo ello con una máxima que no admite réplica salvo desde la locura, la ignorancia o la traición: los nacionalismos no son integrables en el proyecto común de España, y no porque no se hayan hecho desde la aprobación de la Constitución todos los esfuerzos imaginables para ello, sino por una razón simple: no quieren integrarse. Como ya señaló un profético Julián Marías “no se puede contentar a quien no se quiere contentar”. Los nacionalismos "estaban", y todavía "están", en España, pero no querían, ni quieren, "ser" España.

Ni el año 1978, durante el proceso constituyente, ni el año 1979, con la aprobación de los Estatutos de Guernica y de Sau, ni el año 1986, con los pactos PSOE-PNV en la Comunidad Autónoma Vasca, ni el año 1993 con los apoyos nacionalistas a la investidura del presidente González, ni el año 1996, con los acuerdos del Gobierno del presidente Aznar con los nacionalistas, ni muchísimo menos el año 2004, con los pactos suicidas del presidente Zapatero con ERC, han servido para contener o suavizar el secesionismo o integrarlo en una visión común de España. Al contrario. Y como prueba que no admite apelación ahí tenemos la secesión en el rellano de nuestra casa, llamando a la puerta la de Cataluña, y a punto de tocar el timbre de la del País Vasco.

Pero si de algo estamos persuadidos es de que éstas no son ópticas radicales ni planteamientos extremistas. Porque lo únicamente moderado es el gran acuerdo nacional, la concordia sincera y auténtica entre españoles, el pacto entre quienes representan, -deficientemente, pero representan-, a más españoles. Eso es lo único sensato, razonable y moderado, lo que conduciría la vida política española por la senda de la centralidad política y no por la del esperpento. Eso es lo único que permitirá que la unidad de España sobreviva y que los intentos secesionistas sean sofocados con tanta contundencia como éxito.

Cabe una política nueva, no ensayada, de concordia, de reformas, de sacrificios, frente a la política vegetativa, conformista, vieja, torpe, fracasada y suicida de pactar con los nacionalistas o de contemplar sus desafíos entre boquiabiertos, atónitos y timoratos.
Hay una alternativa. Existe otro camino. Solo hay que proponerse recorrerlo. Y hay que tener el valor para hacerlo, como ha propuesto el manifiesto de Reconversión, con un acuerdo, incluso de gobierno, entre los grandes partidos nacionales, para abordar la reforma del Estado y de las instituciones públicas, incluyendo el sistema electoral, con espíritu de concordia y de superación de cualquier interés de partido, en pro del interés general de España.

Debemos reconstruir España sobre la base de que lo común es más importante que lo particular y sobre la determinación de que ese bien común prevalezca siempre sobre cualquier interés particular. Y debemos hacerlo con confianza en nosotros mismos, con fe en la Nación Española, conscientes del valor de su unidad, porque:

“Uno a uno todos somos mortales, pero juntos somos eternos”

MODELO PRODUCTIVO, DÉFICIT PÚBLICO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
RUBÉN MANSO Libertad Digital  13 Noviembre 2012

Acto de Reconversión

Se me ha invitado a exponerles a ustedes, en unas líneas, un tema que pienso que es algo más que unas simples líneas de reforma, porque no creo que soluciones lampedusianas, es decir, arreglos para que todo continúe igual, o recetas para alargar el actual sistema económico y, por ende, político, sean suficientes. Sin embargo, no piensen por ello que les voy a proponer soluciones rupturistas, sino que lo que les propongo es reconducir la deriva en la que ha incurrido Occidente al abandonar sus principios tradicionales y la vuelta al camino que mostraban los mismos y que tan buenos resultados le dieron.

Los sistemas económicos occidentales se caracterizan en las últimas décadas por dos aspectos que son las dos caras de una misma moneda: la creciente intervención pública y el abandono de la responsabilidad individual. La reducción de la primera, la intervención, conllevará de manera automática el aumento de la segunda, la responsabilidad, y ello no producirá, como afirman algunos, que la provisión de bienes y servicios de carácter esencial sea deficiente, sino, más bien me inclino por aventurar que ocurrirá lo contrario.

Vamos a entrar en materia.
Las Constituciones occidentales tienden a asegurar a los ciudadanos una serie de servicios. Eso está bien. No creo que ninguno de los que estamos en esta mesa vea con malos ojos que bienes como la educación o la sanidad estén asegurados, por citar solamente aquellos dos servicios públicos a los que todos somos más sensibles, por lo que son más susceptibles de ser utilizados por los demagogos. Sin embargo, conviene centrarse en el contenido exacto de los mandatos constitucionales, el de nuestra Constitución también. Los textos constitucionales no indican en ningún sitio que los bienes y servicios asegurados tengan que ser provistos por el Estado, sólo que deben estar asegurados. Sin embargo, con la excusa del aseguramiento, los Estados se han lanzado a proveerlos, expulsando del mercado a provisores privados que, en general, son más eficientes y, por tanto, más baratos. Esto tal vez requiera que hagamos un catálogo de los bienes y servicios de que disfrutamos.

Me atrevo a proponerles el siguiente: a) bienes y servicios necesarios de necesaria provisión pública; b) bienes y servicios necesarios de provisión privada, y c) bienes y servicios superfluos.

Los primeros estarían constituidos por aquellos que sólo el Estado debe proveer, por ejemplo, la Defensa, la Seguridad interior y la Justicia criminal y, en ocasiones, la civil. Tal vez el catálogo pueda ser algo mayor, pero no pretendo ser exhaustivo. Sólo quiero que pensemos en estos tres ejemplos porque es claro que sólo un Estado dotado de la fuerza del imperio público puede y debe producir estos servicios. Estos servicios sólo pueden financiarse por imposición coactiva, es decir, mediante el cobro de impuestos.

Los segundos, bienes y servicios necesarios de provisión privada, constituyen un catálogo que creo que todos convendremos en que deben disfrutar todos los ciudadanos, como son, por ejemplo y sin ánimo tampoco de ser exhaustivo, la alimentación, el vestido, la sanidad, la educación y, en ocasiones, la Justicia civil. Estos servicios debe proveerlos, como hace en muchos casos, pero no en todos, la iniciativa privada. La iniciativa privada ha demostrado que lo hace mejor y más barato que las instituciones públicas y que sabe leer mejor que dichas instituciones lo que necesitan los ciudadanos. Es posible, me dirán algunos de ustedes, que algunos ciudadanos no puedan hacer frente a estas necesidades. Es posible, pero insisto en que el hecho de que el Estado haya recibido el mandato constitucional de asegurar los mismos, no significa que deba proveerlos. Dicho de otro modo, el Estado debe, en todo caso, auxiliar a los ciudadanos pagando estos servicios al sector privado. Pero esto no supone que deba pagarlo todo, sino sólo el importe hasta donde no alcancen los recursos del ciudadano auxiliado. Además, esto requiere una buena definición de lo que consideramos necesario, que bien es cierto que puede variar con el enriquecimiento general de la población, pero que requiere, en cualquier caso, una definición austera del concepto “necesidad”. Se entiende muy bien que los servicios médicos necesarios incluyen una operación de apendicitis, pero no una corrección del desalineamiento dental. Ya ni les digo el cambio de sexo. Esta actuación aseguradora del sector público precisa una financiación por la vía de los impuestos.

Los terceros, los bienes y servicios superfluos, casi todos de los que disfrutamos hoy en día, deben proveerse por el sector privado y deben ser los ciudadanos que los disfrutan los que los paguen. No parece razonable la provisión pública, por ejemplo, del ocio y la cultura, que, además, precisamente por ser pública, termina convirtiéndose en un instrumento de adoctrinamiento. En general, los sectores en los que el Estado no interviene son los que más satisfacción nos dan. Piensen ustedes que, por ejemplo, la alimentación o el vestido, no les hablo ya de la electrónica de consumo, han mejorado muy sensiblemente, pero no así, por ejemplo, los servicios financieros. Sin embargo, nos empeñamos en pedir más intervención en estos últimos, y no en los tres primeros, y siempre nos parece que la intervención no ha sido suficiente. También es cierto que cuando más regula el Estado, más responsable es del fallo de los sectores regulados y menos los individuos y así nos encontramos, por ejemplo, como paradigma el problema que tenemos con nuestro sistema financiero.

En el fondo, lo que les propongo no es más que un caso particular de la aplicación del principio de subsidiariedad, que no sólo forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia, sino que también lo hace de la regulación de la Unión Europea. El principio no es sino una aplicación práctica de la responsabilidad individual y de la organización social de abajo arriba, en lugar de de la organización de arriba abajo, propia de los sistemas de planificación central económica.
Reflexionen, además, que esta planificación central está muy presente en nuestros textos constitucionales, en el nuestro, sin ir más lejos, unas veces explicada meramente como la necesaria coordinación de los intereses económicos y otras, como en nuestra Constitución vigente, y de manera más explícita, como en tanto que planificación económica, aunque sin el adjetivo central. En cualquier caso, el avance de la planificación es muy evidente en nuestras sociedades occidentales y demuestra la desconfianza hacia ese lugar de encuentro que es el mercado cuando los individuos son responsables, incluso ante los tribunales, por sus actos. El mercado intervenido que padecemos no es un lugar de encuentro, sino de lucha política.

El déficit público
No voy a anatemizar el déficit público. Creo que su existencia está justificada en ocasiones.
Determinadas adquisiciones del Estado deben pagarse en varios ejercicios porque requieren desembolsos elevados y porque las mismas se disfrutan durante largos periodos de tiempo, por lo que no se puede imputar su gasto al presupuesto del año en que se realiza la adquisición. Vamos a pensar en uno de los servicios necesarios de necesaria provisión pública: la Defensa.

El año en que se realiza una gran adquisición de material de defensa es posible que haya que endeudarse para hacer frente a la misma. ¿Pero cuál debe ser el límite del endeudamiento? Porque sin límite de endeudamiento puede adquirirse cualquier cosa y uno sólo debe adquirir aquello que sea capaz de mantener, por un lado, y que pueda llegar a pagar, por otro. Un particular cuando realiza una gran adquisición, como un automóvil, por ejemplo, lo paga o bien con ahorro, es decir con superávit pasados que ha ido acumulando, o bien con superávit futuros, con los que amortiza la deuda en que incurrió para la gran adquisición. El problema del Estado es que nunca genera una diferencia positiva entre sus ingresos y gastos corrientes excluidos intereses, es decir superávit, con los que hacer frente a su endeudamiento y a los intereses que este genera.

Como ven, admito el déficit público limitado a la capacidad de generar superávit futuros en las cuentas públicos. Estoy, por tanto, en contra de los límites constitucionales al déficit, aunque me parecen un gran avance dada la situación de la que venimos. Sin embargo, estoy en contra de dichos límites, no porque comprenda que pueda haber déficit, sino porque me parecen una trampa a la buena administración del Estado, que pueden producir, además, un efecto perverso.

La limitación del déficit a cero, o a un porcentaje del déficit, no limita el gasto. La limitación del déficit público sólo dice que la diferencia entre ingresos y gastos públicos tiene que ser una cantidad fija. Basta, pues, elevar las tasas impositivas para alcanzar el objetivo, y ello no entrando en discusiones sobre la bondad de la famosa Curva de Laffer. Los agentes privados no ajustan sus ingresos a su nivel de gastos, sino al revés. La buena administración no consiste en confiar en que se van a conseguir los ingresos necesarios para hacer frente a unos gastos a los que ya nos hemos comprometido. La buena administración parte de unos ingresos y sabe que los gastos en que se incurra no pueden superarlos. En pocas palabras, la limitación constitucional que me parece relevante sería la de los ingresos públicos. Una vez conocidos los ingresos, probablemente como un porcentaje del producto de la nación, el Estado sabría cuánto tiene para gastar y debería ajustar a ello su gasto corriente y, en su caso, el servicio de la deuda que se haya visto a asumir.

Limitar constitucionalmente los ingresos que el Estado puede detraer de la Economía, limita las promesas que los políticos pueden hacer al electorado. La propuesta, sólo por esto, debería tomarse en cuenta.

El reparto de las cargas públicas tiene que abandonar el absurdo de la progresividad, porque elimina los incentivos. No puede seguir afirmándose que el esfuerzo tiene que ser igual para todos los individuos en términos marginales, es decir, que se debe contribuir más que proporcionalmente para igualar dichas contribuciones en dichos términos de esfuerzo. Y ello por dos motivos: uno, más conocido, como es el de la falta de incentivos al esfuerzo, y otro, muy relevante, porque castiga el ahorro, que es la base del crecimiento económico general, y no el consumo, como tantas veces se afirma.

Discriminar a los individuos en función de sus ingresos, en lo impositivo y en muchas otras cosas más, como ya se hace, conduce a que desiguales niveles de esfuerzo y mérito, que generan desiguales niveles de ingresos, produzcan iguales niveles de consumo y ahorro. Y la gente quiere ganar más para consumir y ahorrar más, no para consumir y ahorrar lo mismo.
No podemos esquilmar a los individuos como ha hecho el Estado moderno. Esquilmación que nos ha convertido en menores de edad, pues nuestras grandes decisiones de consumo, como la educación, la sanidad o la jubilación, no las podemos tomar porque carecemos de los recursos que previamente se nos han arrebatado y, una vez que se nos han arrebatado, se nos dejan unas monedas en el bolsillo para ir al cine o salir a cenar.

La protección social
De la protección social ya les he hablado de manera implícita. Está claro que el papel del Estado en este tema puede ser asegurar que los individuos deban estar alimentados y vestidos y que no puede perderse el talento ni la vida por falta de recursos. Sin embargo, deben ser los individuos los que se procuren estos bienes en el mercado con su esfuerzo con sus propios recursos y, cuando ello no fuera posible, con la ayuda pública. Es un ejercicio de responsabilidad intentar sufragarse uno mismo los gastos presentes y futuros. En estos gastos futuros entra en juego la jubilación.

La provisión de los fondos para nuestro consumo futuro, nuestra jubilación, nos obliga a ahorrar. El ahorro es la base del crecimiento y no el consumo, porque, como bien sabemos todos, el consumo depende de la renta y no al revés, como suele insistirse desde un poder que, como ya les expliqué antes, primero compromete el gasto y luego sale a buscar el ingreso.

Sin embargo, me indicarán ustedes, que habrá individuos que no puedan hacer frente a sus gastos necesarios en el futuro por falta de ahorro presente. Es posible. Esto no se puede solucionar asegurando al que no ahorre que el Estado asumirá dichos gastos, porque entonces no ahorrará en muchos casos, ni asegurando una pensión pública mínima igual a todos los individuos, porque no todos los individuos que se jubilan en un territorio han contribuido los mismos años al sostén público y porque constituye un freno al movimiento libre de las personas que se encuentran prisioneras del Estado que parece asegurarles una pensión. Las personas deben tener el derecho a moverse libremente con sus ahorros por el mundo y a disfrutar de los mismos en el momento en que lo deseen. La intervención pública puede exigir al que trabaja un ahorro mínimo para garantizar su futuro y medios de vida suficiente al que decide venir a jubilarse entre nosotros.

Nuestra querida España
Todo lo que les he dicho hasta ahora es trasladable a cualquier Estado de Occidente. Sin embargo, a estos problemas, añade España, no cabe duda, otros propios de los que mis compañeros de tribuna les han hablado con más acierto y conocimiento. En todo caso, y como lo mío es la Economía, voy a señalar aquellos que creo que nos son propios.

La configuración fiscal del Estado de las Autonomías. No voy a entrar, de momento, en la discusión sobre si recentralizar o reducir los entes regionales autónomos a unos pocos en función de algún criterio histórico. No es mi especialidad. Sin embargo, lo que carece de total sentido es la configuración de entes soberanos a la hora de decidir su gasto y totalmente irresponsables a la hora de procurarse los ingresos, de tal modo que actúan aún peor que esos adolescentes de más de treinta años que se apalancan en casa de sus padres. Estos adolescentes, en general, se conforman con unos mínimos de subsistencia porque el mercado les impide adquirir, bien al contado, bien con crédito, todo lo que se les ocurra. De hecho, es la limitación del crédito, o en términos jurídicos: el hecho de que sus padres no sean responsables de las deudas que asuman en su esfera patrimonial, limita el daño que hacen en términos económicos mucho y reduce su capacidad de consumo a límites tolerables. Dicho de otro modo: mientras mantengamos comunidades autónomas o entes regionales similares con soberanía en las decisiones de gasto, éstos deben establecer los impuestos que quieran, y enfrentarse a sus votantes, y no deben gozar ni del aval, explícito ni implícito, de la Administración Central, ni del privilegio de inembargabilidad de sus ingresos y activos.

El otro tema preocupante en España es el de la ruptura de la unidad de mercado. La autarquía es una construcción ideal que no es posible, los beneficios de la misma sólo se alcanzan si definimos un mercado que englobe todo el orbe y los perjuicios de su ausencia son mayores cuánto menor es el tamaño de un mercado. Es por eso que los territorios soberanos muy pequeños no suelen optar por ella, salvo que opten por ser muy pobres, y prefieran el libre comercio o, lo que es lo mismo, integrarse en mercados muy pequeños. La deriva aldeanista de los territorios que componen España sólo puede conducirnos a mayores niveles de pobreza.
La solución está clara: o los entes regionales no tienen competencias sobre la regulación económica o la regulación económica de que gocen sólo puede ser competitiva, es decir, limitada por una general de aplicación en todo el territorio más exigente pero no menos.

Resumiendo Menos intervención pública y más responsabilidad individual. Impuestos limitados que dejen en los bolsillos de los ciudadanos más recursos para que tomen más decisiones sobre su vida.
Un Estado limitado en su actividad y en sus ingresos, como lo estamos todos, para que desarrolle lo que son sus funciones y no todas las funciones que hay que desarrollar en una sociedad libre.


Sistema de partidos y sistema electoral
J.L. Gonzalez Quiros Libertad Digital  13 Noviembre 2012

Acto de Reconversión

Queridos amigos

Tengo que hablaros esta noche de un asunto que no me deja ser lo moderado que me gustaría. Tengo que hablaros de los partidos políticos y del sistema representativo y de gobierno que ha acabado cuajando tras la Constitución de 1978, y es muy difícil ser comedido al describir la magnitud del disparate en que estamos inmersos.

Sin embargo, tengo que decir, con toda claridad, que los errores enormes que voy a evocar en este breve parlamento no son consecuencia de ninguna ley, sino que se deben, en todo caso, a una ausencia de legislación cuya existencia debemos promover, y que se fundan, en último término, en la baja calidad de la cultura política española, que ha heredado, a un tiempo, las artes de gobernar del franquismo, y las pretensiones escasamente liberales de una izquierda convencida de que fuera de ella no existe ni dignidad, ni justicia ni libertad. Esta falta de una tradición noblemente liberal explica mejor que ninguna otra consideración lo que tenemos que lamentar, que nuestra democracia esté secuestrada por las cúpulas de los partidos, que la libertad política sea una pálida apariencia, que nuestro sistema representativo y de gobierno se muestre débil con los enemigos de la libertad e incapaz de afrontar eficaz y valientemente nuestros problemas.

Este problema, con ser grave, tiene, sin embargo, arreglo fácil, como también veremos, y depende de nosotros y de nuestros conciudadanos que seamos capaces de conducir este régimen partitocrático que ahoga las libertades hacia un sistema de plena libertad política, más digno y más eficaz. Tenemos una propuesta clara que hacer y confiamos plenamente en nuestras fuerzas, y en la decidida voluntad del pueblo español, para torcer el rumbo desastroso que actualmente estamos llevando. Sería ideal que unas buenas tradiciones nos hubiesen librado de caer en estos errores, pero ya que no ha sido así y que sería ingenuo seguir confiando en la buena voluntad de quienes se benefician notoriamente de estas deficiencias estructurales de nuestro sistema político, tenemos la obligación de buscar soluciones legales y de luchar por imponerlas respetando siempre el marco constitucional y las leyes vigentes.
Puede parecer difícil, pero no es imposible.

Vayamos ahora a analizar nuestros problemas.
La CE de 1978 habla clara y brevemente respecto a los partidos en el artículo 6º de su Título primero, diciendo: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Pues bien, en 2012, tras 11 legislaturas y un buen número de elecciones de todo tipo, hay que decir con toda energía que los partidos incumplen paladinamente ese mandato. Es un clamor popular refrendado por mil episodios escasamente edificantes que no funcionan de manera democrática, que no cumplen bien su función representativa, porque no representan sino que suplantan la voluntad popular, y que no favorecen la participación política, convirtiéndose en un escalafón de políticos profesionales que no saben hacer otra cosa que decir que sí a sus jefes, lo que ha llegado a conformar una mentalidad entre muchos de sus dirigentes que recuerda poderosamente lo que se atribuye a la reina María Antonieta cuando le decían que los revolucionarios no tenían pan, y contestó que tomasen pasteles.

Este es un breve resumen de lo que no hacen, pero no se puede dejar de subrayar también lo que sí han hecho con notoria maestría:
han tolerado, cuando no fomentado, la corrupción, potencian el maniqueísmo y la exclusión política, han extendido impúdicamente su control hacia terrenos que les debieran estar vedados como el poder judicial, el Tribunal Constitucional, los sindicatos o las universidades, incumplen la ley a su antojo, se financian de manera ilegal, porque nunca tienen bastante con las cuantiosas subvenciones que, a nuestra costa y sin ningún control, se otorgan a sí mismos; son absolutamente opacos con sus finanzas y evaden impuestos; por si fuera poco, han sido responsables principales de lo que se llama la crisis financiera, que en buena medida ha sido el mangoneo descarado de los partidos en el control de las cajas, hundiendo instituciones centenarias que habían sobrevivido a toda clase de regímenes no siempre loables.

Para terminar, cuando, por manifiesto entreguismo e imperdonable cobardía de las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional, se ha dejado el control exclusivo de una región a los nacionalistas, éstos se han dedicado con energía inagotable a fabricar nacioncillas a su medida, a someter a los ciudadanos a imposiciones intolerables, como la inmersión lingüística, y a borrar los leves vestigios de poliarquía que la democracia española todavía contiene. Y, por supuesto, cuando las secciones locales de los partidos no han pensado en declarar la independencia, han levantado para su provecho un tinglado político, empresarial y administrativo absolutamente insoportable que es, en último término, lo que está hundiendo la economía española para llevarnos de nuevo a la pobreza de la que creíamos habernos librado para siempre.

Esto, queridos amigos, no es el Estado de las Autonomías, es el expolio de los partidos y de sus beneficiarios a costa del trabajo de los que todavía conservan un empleo, dado el celo con el que se aplican a ahogarnos con tributos tan onerosos como imaginativos, tan absurdos conceptualmente como nocivos para la economía real de los españoles. Es un sarcasmo difícil de soportar el que sea un gobierno de un partido que se supone liberal el que haya llevado hasta extremos insufribles este yugo impositivo, intolerable, injusto y contraproducente.

¿Qué se puede hacer para evitar todo esto sin invertir siglos en lograrlo? Necesitamos poner a los partidos mayoritarios contra las cuerdas, y eso solo podremos hacerlo con una movilización masiva a favor de una iniciativa legislativa popular, simple, que todos puedan entender y a la que no puedan negarse los políticos decentes de ningún partido, los que todavía sean capaces de recordar que su misión más digna y la única que merece la pena es servir al bien común de los españoles, a la libertad y a la grandeza de nuestra patria, de España.

Necesitamos un millón de firmas para someter a la consideración de las Cámaras un proyecto de ley de partidos -téngase en cuenta que ahora mismo apenas existe en España legislación sobre estas cuestiones-, una norma legal que establezca con claridad una serie de exigencias jurídicas que puedan garantizar que se cumplen los fines que la Constitución encomienda a los partidos y que sirvan para que todos ellos, a la derecha y a la izquierda, puedan ser realmente cauces eficaces de participación, de libertad y de democracia, es decir, lo que ahora no son.

Esta ley debería incluir algunas garantías elementales que ahora no existen. Sin ánimo de ser exhaustivos, me centraré en algunas sugerencias básicas que habrán de ser precisadas técnicamente en un proyecto articulado que se someta al apoyo de una iniciativa popular sin precedentes porque no se hace contra nadie sino a favor de todos.

1. Con el fin de garantizar la pureza democrática efectiva de los procedimientos electorales internos de los partidos, estarán sometidos a control efectivo por órganos independientes y, en su caso, a la tutela judicial.

2. Se establecerán reglas generales que garanticen que las candidaturas que presentan los partidos a las elecciones estén sometidas a la voluntad política de los afiliados y no puedan ser arbitrariamente establecidas por sus órganos de gobierno.

3. Para garantizar la democracia interna de los partidos se prohibirán expresamente las votaciones a mano alzada y las exigencias de avales que invaliden la posibilidad de que los militantes puedan optar a obtener el refrendo de sus pares en los procesos internos de elección de los distintos órganos políticos.

4. Conforme a la Constitución, se regulará la libertad política de los representantes populares que resulten elegidos en los distintos procesos para que no puedan ser sometidos a mandato imperativo de sus electores, y para garantizar su independencia de criterio respecto a las órdenes e instrucciones que puedan emanar de los órganos de los partidos y/o de los respectivos grupos parlamentarios.

5. Como es de sentido común, se eliminará la prohibición de las corrientes internas, pues es imposible comprender como se puede canalizar el pluralismo sin un debate político abierto y legítimo en el seno de los partidos.

6. La ley garantizará la poliarquía y la independencia de los poderes constitucionales, impidiendo que el legislativo controle al poder judicial, y que el ejecutivo se imponga al órgano legislativo cuya justificación última es representar al pueblo y limitar la tendencia de los poderes a extralimitarse.

7. Se prohibirá la financiación pública de los partidos y sus fundaciones y se regulará con claridad su financiación enteramente privada, obligándoles a ser trasparentes en sus cuentas y a someterse a procesos formales de auditoria. Las retribuciones de todos los empleados de los partidos deberán ser aprobadas en los Congresos del partido y tener carácter público. Se prohibirá la condonación de deuda a los partidos por parte de las entidades financieras y se penalizará específicamente la financiación oculta. Las empresas e instituciones pueden contribuir a financiar a las fuerzas políticas, pero sus contribuciones han de ser transparentes.

8. La ley garantizará los derechos políticos de los afiliados de modo que no puedan ser sometidos a sanciones, coaccionados o expulsados arbitrariamente.

Queridos amigos: no es el momento de seguir concretando este proyecto de ley, pero creo que todos compartiremos el espíritu de una reforma legal que busca someter el funcionamiento de los partidos a la ley común, al régimen jurídico propio de un Estado de Derecho, y que pretende evitar los innumerables abusos que, con la débil excusa de la legitimidad electoral de su marca, han cometido los distintos partidos en estos años, excesos que no son discernibles de las causas que nos han arrojado a una crisis gravísima, sin precedentes en nuestra historia.

Para terminar, una breve referencia a la ley electoral. Tengo que empezar por afirmar con claridad que la ley electoral ha sido el chivo expiatorio con el que muchos han querido tapar las inconsecuencias de las fuerzas políticas que han protagonizado estos decenios de democracia, pero es muy importante ser claros al respecto. Por ejemplo, tal vez lo que más nos duele a una parte muy importante de españoles orgullosos de tal condición, sea el excesivo poder político que han tenido los partidos nacionalistas en el Parlamento nacional, el hecho de que menos de un siete por ciento hayan torcido la mano a más del noventa por ciento de la nación. Estos desgraciados episodios no se deben al sistema electoral, sino a la manera de hacer política de los grandes partidos nacionales que han preferido aliarse con el diablo que, supuestamente, dar bazas a su principal rival, porque han basado su éxito político más en los errores y deficiencias del adversario que en la bondad de la oferta propia. No hay sistema electoral que pueda corregir tamaña miopía y vileza, un olvido semejante del bien común y de los intereses nacionales, que si se habría podido evitar, por cierto, si en los partidos se hubiesen abierto paso las corrientes de opinión y los diputados más responsables hubiesen podido negarse a comerciar de manera tan irresponsable con el interés común.

No hay que olvidar, por otra parte, que todo sistema electoral es una representación, y que no es posible representar sin distorsiones a grandes sociedades muy complejas y muy numerosas, además de que la ley electoral debe garantizar la gobernabilidad del sistema. En suma, antes que promover cualquier posible reforma electoral, que deberá abordarse en su momento, hay que contar con partidos que puedan hacer mejor su trabajo, y eso nos queda mucho más a la mano porque no requiere una reforma constitucional y se puede basar en principios absolutamente inobjetables.

¿Porqué no se ha hecho nada hasta la fecha? La respuesta es muy simple: el poder tiende siempre a concentrarse, y a estar en manos de unos pocos; en consecuencia, sería muy extraño que el poder se ocupase de establecer sus límites, y eso es lo que estamos pidiendo, desde fuera del poder, y creemos poder hacerlo en nombre de la inmensa mayoría, porque este sistema no funciona y nos causa daño y oprobio.

No basta con que los partidos exhiban una legitimidad que nadie les niega, pero no se puede sustraer a los ciudadanos la capacidad de exigir que, además de legítimo, el poder sea eficiente, sea más sensible a las demandas razonables de la sociedad, sea más respetuoso con las libertades públicas, y acepte someterse a sistemas de control que son los que han fortalecido a las democracias que han sido capaces de conducir a las grandes naciones por la ruta de la libertad, la dignidad y el progreso económico.

Esto es lo que queremos todos los que estamos aquí, y por eso vamos a promover una reforma seria y perfectamente posible del funcionamiento de los partidos políticos.

Queridos amigos, queremos unos partidos que sirvan a España, no una España a merced de los partidos. Muchas gracias.

Intervención de cierre
Alejo Vidal-Quadras 13 Noviembre 2012

Acto de Reconversión

Buenas noches a todos

Hace cinco meses un grupo de personas procedentes de los ámbitos político, empresarial, profesional, académico y cultural, presentamos una carta abierta al Presidente del Gobierno en la que, tal como recordaba José Antonio Ortega Lara en sus palabras de apertura, afirmábamos esencialmente dos cosas:

1) Las graves deficiencias de nuestro sistema institucional, político y económico no obedecen a un mero problema de gestión, sino que tienen una raíz muy profunda, siendo su naturaleza innegablemente estructural 2) La crisis que atraviesa nuestro país, y que está adquiriendo aceleradamente visos de emergencia nacional, no se solucionará mientras estos defectos estructurales no sean abordados y corregidos, lo que hemos llamado una reconversión del Estado.

A día de hoy no hemos sido escuchados y ninguno de los dos grandes partidos nacionales ha dado síntomas de haber entendido el alcance y la malignidad de las patologías que nos afligen. Siguen enzarzados en el enfrentamiento maniqueo a un nivel intelectual, conceptual y moral manifiestamente mejorable y ninguno de los dos ha sido capaz de realizar un diagnóstico fiel y completo de la situación y de proponer una agenda de reformas de la ambición requerida. Mientras el Estado continúa desangrando a la Nación, los unos ni siquiera saben ya lo que son ni lo que proponen y los otros andan prendidos en la árida maraña de la contabilidad. España necesita un Gobierno que encarne un proyecto, que se fije unas metas y que abra una esperanza y padece en cambio todos los días la decepción de recibir recetas fracasadas que pertenecen a la arqueología del pensamiento social o pulcras hojas de balance trimestral invariablemente en números rojos. Para tener una mínima probabilidad de superar la presente catástrofe, hemos de aceptar un conjunto de verdades cuya ignorancia o cuya negación nos aprisionan en la impotencia. Procedamos a su enumeración:

a) El Estado de las Autonomías no ha conseguido ninguno de los objetivos para los que fue concebido y construido y nos está arruinando. Su mantenimiento en su actual configuración, tal como ha explicado Santi Abascal, es una de las causas principales de la inestabilidad política y de la descomposición interna que amenaza la supervivencia de España como Nación y se encuentra en el origen del pavoroso desequilibrio de las cuentas públicas que no conseguimos cuadrar.

b) Los partidos políticos españoles no son internamente democráticos y operan en manos de oligarquías cooptadas y cerradas que controlan representación política, son especialmente vulnerables a la corrupción y actúan a espaldas del interés nacional transformados en aparatos burocráticos y profesionalizados de conquista, férreamente las listas, impiden conservación y explotación del poder. Estas organizaciones al servicio de sí mismas impiden la reforma del Estado por ser las principales beneficiarias de su tamaño desmesurado, de su colonización de la sociedad civil y del despilfarro de las Administraciones. La denuncia de José Luis González Quirós ha sonado esta noche con la rotundidad de la evidencia.

c) En España no hay separación de poderes. Nuestra partitocracia ha puesto todas las palancas del sistema en manos de un reducido número de dirigentes de partido que influyen decisivamente en la composición y en el funcionamiento de los órganos constitucionales y reguladores, sin ni siquiera respetar, como ha denunciado implacablemente Adolfo Prego en boca de Mª Jesús Prieto, el espacio más sagrado de la democracia constitucional, la independencia de la Administración de Justicia.

d) Nuestro tejido productivo no genera los suficientes recursos para mantener un Estado hipertrofiado, ineficiente e innecesariamente complejo y un sistema de protección social erróneamente concebido que se precipita hacia la quiebra. La ponencia de Rubén Manso ha sido lo bastante explícita al respecto.
e) Los nacionalistas no son integrables por la sencilla razón de que no desean integrarse. La insistencia en el diálogo y la negociación después de treinta y cinco años de intentar complacerles sacrificando la unidad nacional para aplacar sus rencores contumaces y sosegar los delirios de sus mitos historicistas en momentos, además, en los que impulsan desafiantes proyectos de secesión, entra ya sin remisión en el masoquismo.

Nadie puede vivir contra la verdad, nadie es más fuerte que la realidad. Y la realidad española de hoy está compuesta de los hechos que acabo de enunciar. Gobernar como si no existieran, practicar un discurso que los oculte o, lo que es peor aún, que los niegue, resistirse a aplicar las reformas que los enderecen o aplicarlas sólo en parte o con excesiva lentitud, equivale a faltar sustancialmente al deber ineludible de todo responsable público: analizar con rigor lo que sucede a su alrededor, entenderlo, identificar las deficiencias y los obstáculos y proceder a superarlos para que sus conciudadanos disfruten de más y mejores oportunidades de alcanzar una vida más plena, más digna y más próspera.

El empecinamiento de las cúpulas de los dos principales partidos en prolongar un statu quo que nos arrastra al fracaso simplemente porque creen -y se equivocan- que les beneficia a corto plazo es, como diría el príncipe de Talleyrand, peor que un crimen, es un error. Un error monumental que nos ha llevado al borde de la insolvencia, que ha dado alas a los separatistas y que nos ha precipitado en la irrelevancia. ¿O es que alguien cree que es casualidad que España, con un 12% del capital del Banco Central Europeo, se vea obligada a las forzadas y humillantes maniobras a las que estamos asistiendo para ver reconocido su derecho, no estatutario, pero sí absolutamente legítimo, de disponer de un puesto en el Consejo de la entidad? Atravesamos una etapa de nuestra Historia en la que resuenan de nuevo los versos inmortales de Quevedo escritos hace cuatrocientos años: “Miré los muros de la patria mía/ si un tiempo fuertes ya desmoronados/ de la carrera de la edad cansados/ por quien caduca ya su valentía”.

Afrontemos la dura constatación de que no se nos respeta, ni dentro, donde los asesinos ocupan impunemente las instituciones y hozan en el presupuesto, y los separatistas se permiten anunciar que piensan saltarse la Constitución y las leyes, ni fuera, donde se nos ningunea y se nos desprecia mientras se nos dictan las condiciones para rescatarnos de la ignominia del impago. Y ¿sabéis por qué se nos ha perdido el respeto?

Pues muy sencillo, porque hemos dejado de respetarnos a nosotros mismos. Creedme, para gobernar una gran Nación como la nuestra se requieren una serie de cualidades, competencia técnica, experiencia, honradez, dedicación y sentido del Estado. Pero hay una condición previa sin la cual todas las demás, por necesarias que sean, quedan invalidadas:

coraje, valor, valentía, redaños, dadle el nombre que queráis, nuestra lengua es rica en sinónimos para denotar la facultad del alma que distingue a los hombres y a las mujeres de una pieza de las cañas que tiemblan al viento. La crisis sobrecogedora que nos abruma nos derrotará sin remisión si nuestras elites continúan organizando meriendas vegetarianas para tigres de Bengala creyendo que eso les apaciguará. El efecto es exactamente el contrario, su apetito por la carne fresca se ha vuelto incontenible. Es sabido que los malos pueden ganar cuando son más que los buenos, pero a veces son menos y también les aplastan. Basta con que los buenos flojeen de remos. El diálogo, la moderación y la prudencia son muy aconsejables, salvo si son el disfraz de la pusilanimidad y de la falta de convicciones.

Una vez agotados los límites del diálogo, sólo queda un refugio y una herramienta para defender la libertad: el rigor de la ley y la firmeza para hacerla prevalecer. Hemos olvidado estos principios básicos y por eso estamos como estamos.

Nuestra insistencia en la necesidad de emprender la reconversión del Estado no es caprichosa ni gratuita. Deriva del convencimiento, avalado por la experiencia, de que los partidos han erigido un Estado que succiona la savia de la Nación y la consume en forma de subvenciones, duplicidades, miles de organismos y empresas inútiles, multiplicación y superposición de niveles administrativos, engorde mórbido de plantillas de asalariados públicos y desaprovechamiento flagrante de las economías de escala. Nuestra conclusión, la conclusión de la plataforma Reconversión es inapelable: o reconvertimos el Estado o el Estado acaba con la Nación.

Permitidme un ejemplo práctico que ilustra lo que acabo de afirmar. Es conocido que acarreamos un déficit público excesivo que nos está hundiendo en un endeudamiento insostenible. Para ello hemos de reducir gastos y aumentar ingresos. La sabiduría económica más elemental aconseja poner el acento en la primera opción intentando que la segunda se produzca por la vía del crecimiento y no por las subidas de impuestos.

La razón es simple: en etapas fuertemente recesivas un incremento excesivo de la presión fiscal deteriora aún más la capacidad de generar excedentes y suele bajar la recaudación. Pues bien, el Gobierno ha elegido vaciar los bolsillos de los ciudadanos apretando el dogal tributario hasta extremos confiscatorios a la vez que recortaba sin piedad partidas estratégicas para la competitividad como las infraestructuras o la I+D+i.

Todo ello sin olvidar las rebajas salariales a los empleados públicos, con independencia de su productividad o de la necesidad de su función. Como era de esperar, el déficit sigue rampante, la confianza no vuelve y la prima de riesgo fluctúa según las intenciones de otros de respaldarnos o no, es decir, nuestra suerte pende de factores exógenos. Y la pregunta es ¿Por qué se toman tales decisiones cuando todo el mundo sabe, incluso sus responsables, que no van a sacarnos del atolladero y que más bien son contraproducentes? Muy sencillo, por la falta de voluntad o de valor para proceder a la reconversión del Estado. Entre el Estado, del que viven, y la Nación, a la que se deben, los dos grandes partidos han hecho su elección.

Este es nuestro problema y nuestro drama. En tanto que no lo afrontemos y lo resolvamos, seguiremos pendiente abajo hasta la dilapidación completa de un capital humano, histórico, cultural y material acumulado por centenares de generaciones.

En cinco meses, cuarenta mil españoles se han sumado a esta visión y los que llenáis esta sala los representáis entusiasta y dignamente.

Sabemos, evocando a Ortega, lo que nos pasa, y sabemos lo que hemos de hacer colectiva e individualmente para ponerle remedio: reconvertir el Estado. La cuestión es ¿Cómo? Los partidos no lo van a hacer o si fingen que lo hacen, será de manera tan lenta y parcial que no servirá de mucho.

Baste recordar que estos días el Gobierno ha anunciado un estudio de reforma de la Administración para optimizar recursos materiales y humanos y simplificar procedimientos a cargo de una serie de comisiones y grupos de trabajo cuyas primeras recomendaciones conoceremos dentro de ¡ocho meses! A veces cabe dudar si es peor que te atraquen o que insulten tu inteligencia.

Queridos amigos, ¿Por dónde empezamos? Sin renunciar, por supuesto, a la imprescindible reforma de la Constitución que cierre las grietas en el casco del sistema que lo han ido inundando a lo largo de tres décadas, hemos de actuar de forma inmediata, efectiva y práctica movilizando a la sociedad española en pos de un objetivo identificable y factible a corto plazo. Os propongo que ese logro sea la democratización interna de los partidos. Movilicemos una masiva corriente de opinión que exija la transformación antidemocráticas y parásitas de la sociedad en estructuras vivas, abiertas, animadoras de debates relevantes y cuyos dirigentes surjan de abajo arriba despejando el camino a los más aptos con el respaldo auténtico de las bases y no de conciliábulos herméticos entre mandarines cooptados.

Concretemos esa propuesta en una iniciativa legislativa popular y pongamos a los que hoy controlan el sistema ante el espejo de su ilegitimidad. Es muy posible que esta concreta pero trascendente medida higiénica despeje la ruta hacia la reconversión del Estado porque una renovación a fondo de la clase política provocado por un fuerte y amplio empuje ascendente que active a la sociedad española y la estimule a retomar en sus manos su propio destino, será suficiente a lo mejor para sacudir conciencias ahora aletargadas y para remover resignaciones que el tiempo y el desaliento ha petrificado.

Maquiavelo escribió que “el peor defecto que tienen las repúblicas débiles es que son irresolutas, de modo que todas las decisiones se toman por la fuerza, y si alcanzan algún bien lo hacen forzadas, y no por su prudencia” Ha sonado la hora de que los españoles nos pongamos en marcha y recuperemos nuestra autonomía de acción, nuestra soberanía, nuestra de esas maquinarias burocráticas, dignidad y nuestro prestigio como Nación. Para ello, un primer paso: la democratización interna de los partidos. Empecemos por ahí, con arrojo y decisión, y veamos si lo demás se nos da por añadidura.

Cataluña
Entidades de Cataluña envían una carta a Wert apoyando su idea de “españolizar” a los escolares
La plataforma Cataluña, tal cual -que agrupa a seis asociaciones- respalda la idea del ministro de Educación, Cultura y Deporte para que la escuela ‘transmita valores democráticos y respetuosos con la pluralidad española y, en especial, con la propia diversidad catalana’.
Redacción www.vozbcn.com 13 Noviembre 2012

La plataforma cívica Cataluña, tal cual ha enviado una carta al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, apoyando ‘su voluntad de cambiar el sistema educativo catalán’, para que se deje de ‘inculcar’ a los niños de la Comunidad ‘la idea de que Cataluña y España son dos realidades diferentes e incluso antagónicas’.

La entidad -que agrupa a seis asociaciones cuyo punto en común es la defensa de la libertad lingüística en las escuelas de Cataluña- ha señalado, en la misiva enviada al Ministerio, que ‘desde los años ochenta, a través de un plan perfectamente trazado por los sucesivos gobiernos nacionalistas de la Generalidad se viene introduciendo a los alumnos el sentimiento de pertenencia exclusiva a Cataluña, eliminando en muchos casos cualquier referencia a España y, en otros casos, incluso presentándola como el origen de todos los males de Cataluña’.

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte.
La decisión de Cataluña, tal cual se ha tomado después de la polémica surgida tras las palabras de Wert en el Congreso, el pasado 10 de octubre, cuando señaló que quería “españolizar” a los alumnos para que “se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes y que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de esas dos identidades porque las dos les enriquecen y les fortalecen”.

CiU y PSC, sobre todo, cargaron, entonces, contra el ministro de Educación, Cultura y Deporte. Sin embargo, la Generalidad ha dejado por escrito la intención de catalanizar el modelo de enseñanza en Cataluña, que es de lo que se quejan principalmente las entidades que forman Cataluña, tal cual, sin que esto supusiera una sola crítica por parte de CiU, obviamente, o del PSC. Además, la idea de Wert parece contar con el visto bueno mayoritario de la ciudadanía.

Un plan de CiU y el tripartito
En la carta se ha puesto el acento en que es a través de ‘la inmersión lingüística forzosa en catalán y la tergiversación de la historia‘ que los sucesivos gobiernos autonómicos, tanto de CiU como del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA), han basado su plan para convertir las escuelas en ‘el instrumento perfecto para “desespañolizar” a los alumnos y prepararlos para reclamar, llegado el momento, la secesión de Cataluña del resto de España’.

Por ello, la plataforma le ha manifestado al ministro todo su ‘apoyo en el objetivo de hacer posible que la escuela catalana transmita valores democráticos y respetuosos con la pluralidad española y, en especial, con la propia diversidad catalana’. Y le han animado a que ‘no ceje en el empeño y demuestre con la acción legislativa y ejecutiva ese interés en reconducir una situación que, hasta ahora con demasiadas complacencias y omisiones, ha permitido a los sucesivos gobiernos [autonómicos] catalanes favorecer la creación de una escuela al servicio del adoctrinamiento nacionalista‘.

Finalmente, las asociaciones firmantes de la carta se han puesto a disposición del ministro para ‘proporcionarle material relevante en relación con la reforma educativa que está impulsando’ y que, en su opinión, ‘debe basarse en un escrupuloso respeto al derecho a ser educado en Cataluña, tanto en su sistema escolar público como en el concertado, en las lenguas oficiales, en la elaboración de contenidos curriculares que faciliten y potencien el entendimiento entre todos los españoles’.

La carta está fechada el 30 de octubre y la firman la Asociación por la Tolerancia, Ágora Socialista, Impulso Ciudadano, Foro España, Hoy, la Plataforma Hispanoamericana en Cataluña y la Asociación para la Igualdad de las Lenguas Oficiales

El gobierno balear rectifica
Victoria para el bilingüismo en Baleares: Sonia Palma podrá escolarizar a sus hijos en español
Sonia Palma contó su lucha en esRadio. Con el apoyo de Círculo Balear ha conseguido que la consejería de educación le dé la razón.
O. Moya Seguir a @oliviamoya Libertad Digital 13 Noviembre 2012

Por fin, su lucha personal dio sus frutos. Sonia Palma, la madre de los gemelos de cinco años que necesitaban recibir clases en castellano y que un colegio público de Baleares no lo contemplaba, ha conseguido que la consejería de Educación le dé, al fin, la razón.

Con la ayuda de Fundación Círculo Balear (FNCB), que fue la que interpuso la reclamación ante la consejería en nombre de los padres, los niños Álvaro y Óscar deberán tener primero "consolidada" la lengua materna y "posteriormente llevar a cabo las transferencias a la segunda lengua". Por lo que la consejería de educación insiste al recomendar "una adaptación curricular en la que les consolide la lengua materna. Primero lengua materna y después la segunda lengua", apostilla.

En la reunión mantenida con el equipo directivo y tutores del colegio Ponent de Inca, los padres y el Círculo Balear, se ha realizado una adaptación curricular elaborándose un nuevo horario en el que toda la lectoescritura se hará en español, 6 horas semanales, además de un refuerzo de horas de logopedia también en castellano, 3 horas más. El resto de materias (religión, música y gimnasia) se realizarán en la otra lengua cooficial, excepto las horas de inglés que se harán en esta lengua. Es decir, que de las 22,5 horas lectivas semanales, si no contamos las 2 horas y medio de patio, 9 horas se impartirán en español. El resto en inglés y en catalán", explican desde la fundación.

Palma está contenta con la resolución, pero lamenta lo que han tenido que pasar hasta que llegara este momento: "No tendríamos que haber sufrido todo esto, hasta una cacerolada en la puerta del centro con mis hijos presentes, para que un colegio público haga efectivo un derecho y algo que ya sabíamos: que los niños primero tienen que consolidar la lengua materna antes de pasar a la otra lengua."

"Hemos conseguido las 6 horas mínimas de lectoescritura y después el refuerzo de logopedia de 4 sesiones semanales. Hemos mejorado porque antes me daban 6 horas en castellano incluyendo las sesiones de logopedia y sin lectoescritura. Se empleaban para tareas diversas, no para lectoescritura. Siempre he querido que mis hijos aprendan las dos lenguas oficiales, pero que hicieran la lectoescritura obligatoriamente en catalán les estaba perjudicando", manifiesta.

"Lectura y escritura", primero en lengua materna
Lo más notable de esta resolución, más allá de dar respuesta a los gemelos y su familia, es el precedente que ésta sienta. Y es que el informe de la consejería reconoce que "respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura, se debe iniciar, según información de organismos internacionales en niños sin patología, en la lengua materna (L1)".

Es por esto que el presidente de la FNCB, Jorge Campos, lo ha considerado "una victoria para todos los ciudadanos que defendemos los derechos lingüísticos individuales y las libertades ciudadanas, y en concreto, para los niños Álvaro y Óscar, una satisfacción por haber conseguido lo mejor para ellos. La finalidad es conseguir lo mejor para los niños y que la lengua no sea un problema en la educación".

Campos ha añadido que "este informe es muy importante para los que defendemos la libertad lingüística puesto que da la razón a los argumentos defendidos siempre por el Círculo Balear. Demuestra que no hay problema alguno para llevar a la práctica la libre elección de lengua, siendo el mejor sistema para respetar los derechos de los hablantes de ambas lenguas y para el correcto desarrollo de los niños, frente a la inmersión en catalán que se sigue sufriendo en las escuelas de Baleares". "Además – ha subrayado– en el momento en el que la consejería de educación ha dictado unas instrucciones claras y precisas de cómo aplicar la elección de lengua el equipo directivo del centro se ha mostrado colaborador para cumplir con el informe. Lo que demuestra que si hubiera voluntad política en cumplir con la libre elección de lengua no habría demasiados problemas a la hora de hacerla efectiva en los centros educativos".

No obstante, el presidente de Círculo Balear considera que "algo funciona muy mal en este país cuando para escolarizar a unos niños en su lengua materna, si ésta es la española, la común y oficial del Estado, debe superar tantos obstáculos. ¿Cómo es posible que con un gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta haya tantos problemas para hacer uso de un derecho que no perjudica a nadie? Máxime cuando su programa electoral, respaldado por la mayoría de los ciudadanos, se compromete a facilitar la elección de lengua y a garantizar la enseñanza en castellano en todas las etapas educativas", denuncia.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Programa XI Ciclo de Cine para la Tolerancia
Asociación Tolerancia 13 Noviembre 2012

"Territorio Bildu"

Tres ciudadanos vascos, Raúl González Zorrilla, periodista, director de "Euskadi Información Global", David Rentero Corral, 29 años de experiencia en lucha antiterrorista y Jovino Fernández Álvarez, abogado, exconcejal del Ayuntamiento de Pasajes por el PSE-PSOE nos cuentan como es la vida diaría en un "Territorio Bildu". Modera José Domingo.

... Los gobiernos de Bildu, con el Ejecutivo de Martín Garitano en primer lugar, han superado los recelos más pesimistas de los demócratas de este país y están sumiendo los territorios que controlan en un desierto de tierras movedizas, aberrantes y caóticas. Martin Garitano y su corte de filoetarras con despacho público, al intentar plegar su agenda a las demandas incongruentes de los terroristas, de los amigos de los terroristas, de los independentistas más ariscos, de la eco-izquierda más obtusa y de los sectores sociales más radicales y populistas, ha roto unilateral, irresponsable e indecentemente con todos los principios sobre los que se ha asentado la modernidad y el progreso occidental a lo largo de los últimos siglos y nos está abocando a padecer una realidad hedionda en la que los delincuentes son alabados como líderes del futuro, en la que los demócratas son expulsados al gueto misterioso de la derecha extrema y en la que, en el colmo de las vilezas, las víctimas del terrorismo son consideradas como peligrosos elementos de intolerancia y crispación... (del libro "Territorio BILDU", de Raúl González Zorrilla).

Convergència y la corrupción
EDITORIAL Libertad Digital 13 Noviembre 2012

El diario ABC hizo público este lunes un informe policial demoledor, encargado por el juzgado que instruye la trama de corrupción en el caso Palau de la Música de Barcelona, en el que se relata con todo lujo de detalles el procedimiento por el que Convergència Democràtica de Catalunya, el partido de la familia Pujol y de Artur Mas, se apropió de al menos seis millones de euros entre 2002 y 2008 con destino a su financiación y al enriquecimiento delictivo de los principales protagonistas de la trama. El citado informe afirma que CDC es responsable "a título lucrativo" de lo ocurrido con las finanzas del Palau, y señala aquellas transferencias de fondos cuyo destino irregular está más que constatado. Los responsables de las cuentas del partido de Mas durante esos años, insiste el informe, habrían recibido, en ocasiones a través de entregas en efectivo, cuantiosas "donaciones" de importantes empresas a cambio de la adjudicación de sucesivas licitaciones de obra pública.

No es un caso aislado. Desde los tiempos de Pujol padre, CDC ha venido protagonizando notables escándalos de corrupción, con el silencio cómplice de una prensa local cortesana que sobrevive gracias a la puntual entrega de cuantiosísimas subvenciones públicas.

El caso Banca Catalana fue el episodio seminal en esta escalada de corrupción al por mayor. Después vendría el saqueo de las subvenciones para los parados, donde la Unió Democrètica de Duran i Lleida presentó sus credenciales como socio igualmente competente en tales lides. Más recientemente supimos del caso Pretoria, del escándalo de las concesiones de ITV –con Oriol Pujol de por medio– y del entramado de corruptelas relacionado con la sanidad catalana, cuya precaria situación es sobradamente conocida.

Sólo una sociedad sin resortes morales, entregada a un nacionalismo que ha convertido la democracia en una farsa, puede no sólo tolerar sino votar mayoritariamente a una formación como CDC. La corrupción en Cataluña es una lacra de carácter endémico y condición estructural; aun así, es poco lo que se conoce de ella, porque, como ocurre en las sociedades cerradas, pocos se atreven a denunciarla.

Acostumbrados a la impunidad, al menos en los escalones superiores, los nacionalistas de CiU no se dan por aludidos y continúan alegremente su campaña electoral, prometiendo la independencia. No cabe mayor prueba de que saben que su corrupción no es algo que preocupe a los votantes. El colmo del sarcasmo es que afirmen que la secesión es imprescindible porque el resto de España les roba.

Covite contesta a Otegi con grabaciones de Gregorio Ordóñez
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha respondido hoy a las palabras del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi sobre el "diálogo" con las víctimas con grabaciones de Gregorio Ordóñez, en las que el edil asesinado del PP se muestra en contra de "privilegios" para "los asesinos de ETA".
San Sebastián - Efe La Razón 13 Noviembre 2012

Son declaraciones efectuadas por Ordóñez unos años antes de que ETA lo asesinara en San Sebastián, en 1995, que Covite ha utilizado hoy para recalcar, según ha explicado a EFE su hermana y portavoz de Covite, Consuelo Ordóñez, que las víctimas "no tienen nada que hablar con los terroristas".

"Responde a Otegi un asesinado, cuyo asesinato Otegi no ha condenado como tampoco lo ha hecho con el resto", ha destacado Consuelo Ordóñez, a raíz de la publicación en el diario "Ara" de una entrevista con el dirigente de la antigua Batasuna, en la que este señala que la izquierda abertzale tiene "pendiente" el diálogo con las víctimas, que "sería muy beneficioso para todos".

En una de las imágenes remitidas por Covite, de 1992, el concejal donostiarra se muestra en contra de la negociación del Estado con ETA y dice que, además de "prostituir la democracia", sería como "si un banco negociara con sus propios atracadores".

En otra, asegura que los presos de ETA se tienen que ganar el tercer grado "a pulso" y que "los demócratas no deben moverse hacia los asesinos, sino viceversa".

Consuelo Ordóñez ha asegurado que las víctimas "no tienen nada que hablar con quienes no se han arrepentido y no colaboran con la Justicia".

"Lo tenemos tan claro como lo tenía mi hermano en 1992. No hay reinserción si no hay colaboración con la Justicia. Todavía tenemos 326 casos sin esclarecer. Y las autoridades deben exigir el requisito legal de la colaboración, cosa que no hacen", ha añadido.



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