AGLI Recortes de Prensa    Sábado 24  Noviembre 2012

Demasiados frentes abiertos
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 24 Noviembre 2012

Se decía aquello de que “casa con dos puertas es difícil de guardar” y por ambientes cinegéticos lo de “zorra con dos rabos” apunta a la dificultad de atender bien varias cosas al mismo tiempo. Pues bien la raposa de Rajoy no tiene un par sino un ciento y la casa más que puertas tiene boquetes a docenas abiertos por los cuatro costados. Demasiados frentes abiertos, algunos porque ahí están y otros porque ellos mismos han encargado el estropicio.

Los dos grandes asuntos, de orden interno el uno, Cataluña, y externo el otro, la negociación del Presupuesto de la UE que nos quería meter un sartenazo de –20.000 millones, son sin duda los esenciales y prioritarios.

Finalizada la campaña catalana, trufada de sobresaltos, salpicada de medias verdades y de absolutas mentiras como esa bandera catalana a solas con la europea cuando sin la española son imposibles y contradictorias y con el arreón final de las presuntas cuentas y fortunas suizas de las familias Pujol-Mas, queda por ver el veredicto de las urnas. Pero puede adelantarse que con mayoría absoluta o no de CiU, (no tengo claro si la imputación del Mundo no puede tener un efecto perverso y reactivo, no lo sé pero ello es secundario, lo esencial es saber que hay de verdad en ello, si de verdad hay cuentas y de donde salió la “pasta”), si habrá mayoría nacionalista con ERC y el desafío separatista no habrá hecho más que empezar. Esto no era un farol con clave electoralista sino que, y mejor estar preparados, es la hoja de ruta de la independencia y el que no quiera verlo es que quiere seguir ciego y sordo. Ese va a ser el principal dolor de cabeza de España en los meses y tal vez en los años venideros. Esa si que es la peor herencia recibida y de la que un tal ZP, que ahora parece no haber existido nunca España debería responder ante la ciudadanía y ante la historia.

Por el frente europeo parece que Rajoy ha logrado detener la rebaja y salvar buena parte de las posiciones y ayudas. No es poco y habrá que considerarlo como un éxito en los tiempos que corren. En este aspecto, en el de la UE, es de justicia reconocer que es donde el Gobierno ha recuperado pie, se bate con fuerza y vuelve a estar sentado en la mesa donde se reparten las cartas. No es, desde luego, de lo peor que ha hecho el presidente ni el ministro De Guindos, aunque le tenga manía el Financial Times. Las subastas del tesoro, el tener cubierto ya todo lo necesario en financiación del 2012 y estar haciendo caja para el que viene, la prima más o menos embridada y los intereses un poquito menos graves, son mejor que las inquinas inglesas.

Pero esta semana no son solo estas “dos puertas” y estos “dos rabos” es que ha caído lo de las tasas judiciales con la chapuza final a añadir al sabanazo de que no estaban aún preparados ni los formularios. Puede tener razón Gallardón en frenar los abusos y recursos en el país donde “pleitos tengas y los ganes” es una maldición gitana pero parece que en fondo, forma y cuantías puede haberse pasado muchos pueblos y hasta algún principio constitucional por el forro. Se lo ha dicho hasta su amigo, que lo es, el otro Alberto, el Feijoo.

Y si Gallardon la tiene liada, la que lo tiene turbio es su sucesora en Madrid, Ana Botella, que está dando prueba evidentes de haber superado el nivel de llena para estar directamente desbordada con el Caso Madrid Arena, una absoluta vergüenza donde a la repugnancia ante las declaraciones de los implicados directos, los empresarios responsables, se une un balbuceo político que no hace nada más que cerrar en falso y donde encima se reproducen las batallas del PP madrileño. Porque el sucesor de Esperanza Aguirre, Ignacio González también se ha consagrado a nada como otro factor de conflicto con su euro sanitario como insignia diferencial y discriminatoria. Ah! Y Esperanza que se fue de presidenta y dijo que también del Partido, pero que ahí se ha quedado y sin trazas de moverse ni mucho menos.

O sea, que uno hasta siente una cierta compasión ante las tribulaciones de don Mariano, y no puede evitar comprenderle al hombre cuando ponía una sonrisa en la Renault y casi venía a excusarse por su alegría con aquello de “para una sola buena noticia que puedo dar” , que era verdad que era buena, aunque fuera una gota de agua en medio del calor de estos infiernos. Se le entiende en el gesto y en el momento de respiro. Bueno, tampoco le han convocado aún en esta semana la tercera huelga general. A lo mejor hasta no lo hacen hasta pasadas las navidades.

La tentación populista
Fernando Savater, EL CORREO  24 Noviembre 2012

El populismo separatista, incluso cuando no hay ninguna prisa para ponerlo en práctica, es un útil entretenimiento para tapar errores y hasta fechorías, inflamando egoísmos colectivos y adormeciendo cerebros individuales.

Parece ser una ley histórica del funcionamiento de las ideologías políticas que el vacío dejado por la democracia institucional –cuando fallan en la práctica las garantías de derechos y las promesas de prosperidad general– se vea inmediatamente lleno por la mermelada demagógica del populismo. Lo característico de la oferta populista es denunciar los procedimientos y garantías del sistema democrático como lo opuesto a la democracia, que sería una emanación directa, inmediata y sin trabas del Pueblo. En efecto, ya en sus comienzos griegos pero sobre todo desde su reinvención en la modernidad a partir de las revoluciones del siglo XVIII, la democracia –o sea el gobierno de los ciudadanos por los ciudadanos y para los ciudadanos– se ha caracterizado por establecer una serie de cautelas y barreras defensivas frente al Pueblo. O más bien frente a los que se autoproclaman portavoces inapelables del Pueblo, que se expresa por su boca sin atender a zarandajas legales. El Pueblo es precisamente lo contrario de la democracia, porque cuanto quiere, exige o reivindica –según sus espontáneos voceros, claro– es indiscutible e inapelable; mientras que lo propio de la democracia de los ciudadanos es que todo pueda y deba ser discutido –por eso la democracia es parlamentaria– y siempre quepa apelar a instancias de arbitraje, para lo cual se establece la división de poderes.

El nacionalismo es una ideología política que puede y en ocasiones sabe someterse a la disciplina democrática, pero que siempre guarda muy viva la tentación populista. Después de todo, su base es mucho más afectiva y sentimental que razonante. Si uno se proclama comunista o liberal, pongamos por caso, no puede coherentemente negarse a discutir sus principios, a argumentar a favor de las medidas que propone frente a otras diferentes o a discernir entre las diversas escuelas doctrinales que se enfrentan dentro de su tradición política. Hace falta manejar cierta bibliografía… Pero todo eso es superfluo para quien declara que se siente nacionalista: no hay nada que explicar ni razonar, nada que justificar porque es algo que hay que ser como mandan las tripas y quien no lo es se cae del Pueblo y se enfanga en la tiniebla enemiga. Se trata de una doctrina política muy barata, al alcance de cualquiera, por indigente mental que sea… y sobre todo si lo es.

El señor Artur Mas ha sido durante largo tiempo un nacionalista formal (quiero decir: democráticamente formal) hasta que últimamente parece haberse entregado de lleno a la tentación populista. Y como es clásico ha pasado inmediatamente a considerar prescindibles y opresoras las leyes del Estado en que vive (y mediante las cuales ha llegado al destacado cargo que ocupa) para vitorear una voluntad popular que podría expresarse al margen de ellas de modo plebiscitario, aunque sólo en Cataluña. Pese a que su propuesta independentista afecta por igual a todos los ciudadanos españoles y no únicamente a los empadronados en esa región autónoma, el referéndum de bordes imprecisos respecto a su fondo y a su momento que viene planteando sólo se dirigirá a los catalanes. Los catalanes pueden decidir si quieren seguir siendo españoles pero los españoles nada tienen que decir sobre si aún quieren ser catalanes. Sorprendente. Y también sorprende que el propio término de ‘independencia’ quede en segundo plano en tal consulta respecto a otras fórmulas como la de ‘un Estado propio en Europa’, que es algo que obviamente no depende de la voluntad de los catalanes, ni siquiera de la del resto de los españoles sino que debería contar con la aprobación de los socios de la Unión Europea. Aunque, claro, una vez arrolladas las leyes de España por la democracia directa popular, por qué detenerse ante la legislación de Europa…

Decía Paul Válery que «hay palabras que cantan más que hablan». Sin duda ‘independencia’ es una de ellas pero podríamos señalar que en este caso ‘canta’ no sólo en el sentido imaginado por el poeta francés (es decir que expresa una exaltación del ánimo más que un contenido político) sino también en el de nuestra lengua, cuando decimos que ‘canta mucho’ o que ‘da el cante’. O sea que con ella se enmascaran intereses poco elevados que no quieren reconocerse abiertamente. Por ejemplo, encubrir una mala gestión de los asuntos públicos que han llevado a Cataluña a un enorme déficit y a severos recortes para los que se quieren buscar culpables fuera de los gobernantes locales mismos, cuya responsabilidad es obvia. No cabe duda de que el populismo separatista, incluso cuando no hay ninguna prisa para ponerlo en práctica, es un útil entretenimiento para tapar errores y hasta fechorías, inflamando egoísmos colectivos y adormeciendo cerebros individuales. Pero sólo sirve a los intereses de la cúpula nacionalista que se aprovecha de él, mientras causa daños difíciles de reparar y dificulta la recuperación económica del país de la que depende la prosperidad de la mayoría de los catalanes como la del resto de españoles. Las flatulencias que inflan el globo del Pueblo serán costeadas a alto precio por las economías domésticas y la disensión política de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes: lo veremos, ojalá me equivoque, más pronto que tarde.

Santiago Abascal. Presidente de Danaes
«Tenemos que ser fuertes para no someter la unidad de España a los nacionalistas»
Alberto Rubio La Razón  24 Noviembre 2012

Madrid- «Los nacionalistas plantean una ofensiva secesionista. No podemos negar la realidad de la amenaza. La tenemos a las puertas y eso es poner a España en peligro», asegura a LA RAZÓN el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), Santiago Abascal. «Nosotros queremos apelar a esos ciudadanos que, durante muchos años, por hartazgo o por educación, han estado callados para que hablen ahora. No podemos permanecer callados por más tiempo», añade.

–Hay quien aboga por más flexibilidad y cree que si se permitiera la convocatoria de un referéndum se demostraría que la secesión no tiene tanto apoyo como dicen los nacionalistas.
–No comparto esas tesis. La flexibilidad a la que alude es la política planteada por España durante los últimos 30 años. Y no ha dado resultado. A los nacionalistas se les ha intentado integrar desde la Transición, pasando por los gobiernos sucesivos de González, Aznar o Zapatero. Diría que se les ha tratado hasta con cariño. Pero no ha funcionado. Y hemos llegado al momento de decir «basta, hasta aquí hemos llegado». No debemos permitir que la unidad de España sea atacada.
En cuanto a la posibilidad de que pierdan un referéndum y que ya no pase nada más, también discrepo: aunque los nacionalistas perdieran, pasado el tiempo insistirían y querrían hacer otra y otra más. Creen que, aunque perdieran ahora, podrían ganar en cinco o diez años. Y con lo esencial, con la igualdad y la democracia, no debemos permitir que se juegue. Para ello tenemos que ser suficientemente valientes y fuertes y no someter la unidad de todo un país al arbitrio de los nacionalistas.

–¿No le parece paradójico que, ahora que el nacionalismo vasco está aparentemente más calmado, sea el secesionismo catalán el que salte a la palestra?
–Estamos en una carrera de relevos entre los nacionalistas. A veces son unos los que van por delante y otras otros. Ahora, aparentemente, e insisto en el término aparentemente, son los catalanes los que van a la cabeza de esta carrera secesionista. Pero el separatismo vasco sólo está «aparcado». Volverá, y con más fuerza. La marca política de ETA tiene mucha fuerza y eso puede darles un impulso en el futuro.

–Permítame desviarme por un momento del tema, pero entonces ¿cree posible que ETA vuelva a tomar las armas?
–No podemos descartarlo. Si ETA necesita las armas para impulsar el secesionismo, lo hará.

–¿No son irracionales planteamientos separatistas como éstos en el mundo actual?
–Son completamente irracionales, sin duda. Pero es una constante histórica. Ya pasó en 1898, cuando la pérdida de las últimas colonias provocó un auge de los movimientos nacionalistas. Ahora, la mayor crisis que España ha sufrido en décadas está sirviendo como argumento para los secesionistas.

–¿Cómo se pueden refutar los argumentos a favor de la independencia? ¿Con la historia? ¿Con las consecuencias económicas?
–Yo no apelaría tanto a la historia, la economía o, por poner un ejemplo, a dónde jugaría el Barça la Liga. Prefiero que pongamos en valor el concepto de unidad frente a la separación, igual que ponemos en valor el de solidaridad frente a egoísmo. Debemos ser capaces de defender la unidad con todo tipo de argumentos y no sólo con razones utilitarias como las económicas.

–Dígame alguno.
–Un modo de apoyar la unidad es coger los argumentos históricos que los nacionalistas han retorcido para inventar un pasado inexistente y reconstruirlos como son. Otro es demostrar que el «derecho a decidir» no es de unos pocos, como quieren ellos, sino de muchos, que somos todos los españoles.

–¿Qué papel juega la educación en el auge del nacionalismo?
–El sistema educativo ha sido determinante. Ahora ya no es sólo que el secesionismo sea impulsado desde arriba, como ha ocurrido en los últimos años. Ahora tiene un apoyo social importante. Y en eso tenemos parte de culpa porque se les ha permitido tergiversar la historia de España y ocultar los elementos que nos unían.

–¿Esperan una respuesta masiva el 6 de diciembre?
–La cuestión es que la preocupación es masiva. Pero tenemos que dejar de lamentarnos y empezar a plantearnos qué vamos a hacer. Nuestra convocatoria es para una acción pacífica, festiva, pero también reivindicativa. Y en ella consideramos esencial que el manifiesto haya sido firmado por personas de muy distintas órbitas políticas y sociales. Los españoles podemos tener muchas diferencias, pero debemos aparcarlas cuando se trata de defender algo que nos afecta a todos. Unidos somos más fuertes y mejores. Con la manifestación no pretendemos decir cuáles son las soluciones. Cada uno tiene las suyas. Federalismo, centralismo... todas las aportaciones pueden ser válidas. Pero ahora se trata de mantener la unidad de la nación. Eso es lo que queremos poner en valor.

–¿Qué responsabilidad tienen los partidos en lo que está pasando?
–Los partidos pueden tener su responsabilidad. Pero esa no puede separarse de la responsabilidad que corresponde a toda la sociedad. Es una responsabilidad colectiva de todos los españoles. Y tenemos que reconocer que hemos fallado, sin señalar a nadie en concreto. No es bueno, ni tiene sentido ahora señalar a los culpables, sino de apelar a la conciencia de los españoles.


«España somos todos», el 6 de diciembre
«España somos todos» es el manifiesto en el que se sustenta la movilización cívica que DENAES ha convocado para el próximo 6 de enero en la madrileña Plaza de Colón y que lleva la firma, entre otros muchos, del vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras; los eurodiputados del PP Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz; el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina; el exdiputado de IU Pablo Castellano; el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo; el dramaturgo Albert Boadella; el actor y diputado de UPyD Toni Cantó y el funcionario de prisiones, que fue secuestrado por ETA, José Antonio Ortega Lara. Frente a lo que califican como un «clima de tensión e incertidumbre generado por algunos movimientos rupturistas», los convocantes apelan a «la concordia y unión entre todos los españoles, independientemente de su ideología o lugar de origen» y advierten de que el éxito del secesionismo provocaría «la fractura traumática de una realidad histórica y acarrearía nefastas e impredecibles consecuencias para todos los españoles».

El PSC y la destrucción que le inoculó ERC
El socialismo catalán ha perdido 14 escaños y 456.000 votos desde su alianza con los republicanos en 2003
E. L. Palomera La Razón 24 Noviembre 2012

MADRID- Sitúense en 2003, elecciones autonómicas en Cataluña. ¿Recuerdan? El PSC obtuvo el mejor resultado de su historia: 1.026.000 votos, 8.000 más que CiU, y 42 escaños, tan sólo cuatro menos que el partido de Artur Mas. Eran aquellos tiempos en que Zapatero dijo que aceptaría lo que llegara del Parlament; cuando el otrora presidente del Gobierno se fotografiaba en el balcón del Palau junto a Maragall y Carod Rovira, cuando se firmó el primer tripartito, cuando se perpetró el Pacto del Tinell, cuando los socialistas se aliaron con los independentistas, cuando entre el alma soberanista y el alma socialista se impuso el primero....

Desde entonces y hasta 2010, el PSC perdió 456.000 votos y 14 escaños. Así que lo que ocurra mañana en las urnas a nadie pillará desprevenido. La debacle que se espera tiene mucho más que ver con la conversión al nacionalismo y la traición a sus votantes que con la delicada situación por la que atraviesa el PSOE, aunque voces habrá, seguro, que vinculen el esperado hundimiento, al contexto general del partido y a un liderazgo cuestionado.

Sin embago, el electorado socialista en Cataluña lleva años emitiendo señales al PSC para que corriga el rumbo, pero lejos de tomar nota sus dirigentes han hecho en todo este tiempo caso omiso. Y no será porque no recibieran advertencias. Un dato para la desmemoria: en 2006, después de tres años de Gobierno tripartito, el PSC de José Montilla pasó de 42 a 37 diputados, y perdió casi 300.000 votos. Y esto ocurrió en plena ola alcista de un PSOE que, la misma noche electoral, tuvo claro que el PSC debía irse a la oposición como así se lo trasladó a su partido hermano. Zapatero designó a dos interlocutores, Manuel Chaves y Alfredo Pérez Rubalcaba, para que convencieran a los socialistas catalanes de que no reeditaran un segundo tripartito. Y no sólo porque, como desvelara Artur Mas, se hubiera comprometido con él a que si CiU era la fuerza política más votada, los socialistas facilitarían su investidura. Entonces en Madrid ya se intuían los daños colaterales de una nueva alianza con los independentistas. Ni Chaves ni Rubalcaba tuvieron tiempo de hacer llegar el mensaje de Ferraz, ya que el pacto se cerró a espaldas de la dirección federal. Tanto es así que Zapatero se enteró de él al bajar del avión que le llevaba a la Cumbre Iberoamericana de Montevideo.

Hoy, un alto dirigente del PSOE recuerda una advertencia que le hizo Miquel Roca un día que se lo encontró en Barcelona cuando salía de un céntrico hotel en el que acababa de mantener una entrevista con el entonces líder de ERC, Joan Puigcercós para explorar las posibilidades de acuerdo antes del primer tripartito: «Cualquier cosa menos acercaros a ERC. Lleva en su ADN la inestabilidad y la destrucción», le dijo el histórico convergente.

Nueve años después nuestro interlocutor no tiene ninguna duda de que esto es así y de que el varapalo que el PSC volvería a tener en 2010 -28 diputados y sólo 570.361 votos- no fue por los efectos de la crisis, ni porque Zapatero abandonara el proyecto socialdemócrata, sino única y exclusivamente por «la destrucción» que contagia ERC a todo el que se le acerca.

El virus está inoculado desde el 2003 y el PSC, ahora pilotado por Pere Navarro, lejos de tomar medidas para su propagación ha vuelto a las andadas y reclama «el derecho a decidir de los catalanes en un referéndum». Y la dirección federal, para no molestar en plena campaña, va y dice que está en contra pero «comprende la posición del socialismo catalán». Pues en el PSOE son mayoría los que dicen que ni comprenden ni apoyan. Y advierten también, como hizo el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, hace unos días: «O rectifica el PSC o rompe el PSOE.» «¿Quién es el PSC para quitarle al resto de España su soberanía? ¿En nombre de qué derechos históricos hablan para autodeterminarse? ¿Cuándo ha habido una comunidad catalana independiente?», se preguntaba en un artículo en «El País». Como él hay quien echa mano del voto dual en Cataluña, esto es que un sector considerable de votantes cambia su voto entre las generales y las autonómicas. Y recuerdan que esta fluctuación afecta al PSC-PSOE, ya que el primero pierde a una parte sustancial de sus electores en comicios catalanes que optan históricamente entre votar a CiU y la abstención mientras que en generales se produce el efecto contrario, que los convergentes pierden apoyos en favor del PSOE. Así en generales, con la única excepción de 2011, el PSOE ha sido siempre el partido más votado en Cataluña, posición que en autonómicas nunca ha logrado, salvo en 2003. Ha habido ocasiones en las que el voto PSOE en legislativas ha duplicado el voto PSC de las autonómicas. En 2008, los socialistas sumaron 1.674.000 votos y 25 diputados mientras que dos años después en las catalanas de 2010, el PSC se quedó en 570.000 votos.

Resucitar la federación socialista
Hay sectores del Partido Socialista que esperan impacientes los resultados de la cita electoral de mañana para trazar un rumbo en el futuro del propio PSOE y del PSC. Entre otras cosas, esos sectores quieren hacer saber a los de Pere Navarro que no cuente con el PSOE si desea transitar por el camino del derecho a la autodeterminación y que si hay que recuperar la extinta federación socialista en Cataluña sustituyendo al actual partido se hará sin que a nadie le tiemble el pulso.

El voto de la razón
El Editorial La Razón 24 Noviembre 2012

El final de la campaña electoral catalana ha venido marcado por un supuesto informe policial que atribuye comportamientos delictivos a políticos y familiares relacionados con CiU y por la denuncia del Sindicato Unificado de Policía, que es el mayoritario en la Policía Nacional, de que algunos jueces y fiscales ponen trabas a las investigaciones de corrupción cuando se trata de determinados nombres. Frente a este asunto, potencialmente explosivo, la única postura sensata es la mantenida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien, al término del Consejo de Ministros de ayer, pidió que los jueces investiguen los hechos denunciados, y que el Ministerio del Interior, a través de la unidad de Asuntos Internos, haga lo mismo sobre la filtración del informe.

Todo lo demás, desafortunadamente, sólo contribuye a desenfocar el verdadero desafío que representan para Cataluña y para el conjunto de España las elecciones autonómicas que se celebran este domingo. Son unos comicios innecesarios, puesto que apenas había transcurrido la mitad de la legislatura y el Gobierno de Artur Mas disponía de estabilidad parlamentaria, convocados, además, en un momento de crisis económica, ajustes presupuestarios y reformas estructurales que era imperativo abordar para garantizar el futuro de Cataluña. Pero el president de la Generalitat ha optado por una fuga de la realidad que, como expresó ayer Mariano Rajoy en Bruselas, lo único que ha conseguido es perder un tiempo precioso y generar una gran división.

Porque, sea cual sea el resultado electoral, y como en el cuento de Monterroso, el lunes por la mañana, cuando Artur Mas despierte, comprobará que el dinosaurio de la crisis y los sacrificios inaplazables, aún sigue ahí. Ante esta situación, que amenaza con retrasar muchos años la recuperación de Cataluña, y por ende del resto de España, la mejor opción, casi la única, es que el Partido Popular obtenga un buen resultado electoral; un número de diputados autonómicos suficiente para impedir que CiU, sola o en compañía de ERC, arrastre al barranco estéril del soberanismo a los ciudadanos de Cataluña. Apelamos, por lo tanto, a todos aquellos votantes populares que se abstienen en las elecciones autonómicas pero que ejercen su derecho al voto religiosamente cuando se trata de las Generales o las Municipales. Apelamos también a los electores nacionalistas preocupados por la estabilidad política y social de su región. Y apelamos a los votantes socialistas, que rechazan la deriva soberanista de una parte del PSC. La apuesta independentista de Artur Mas es un sinsentido que a quien acabará por perjudicar es a Cataluña.

Todos independientes
Alfonso Ussía La Razón 24 Noviembre 2012

Lo escribí años atrás. En España todos somos independientes de algo. El Escorial es independiente de San Lorenzo; Alcobendas de San Sebastián de los Reyes, y Elda de Petrel. Viajaba con Antonio Mingote hacia Villafranca del Bierzo, convocados por Luis del Olmo para hacer su programa de radio «Protagonistas» en un precioso teatro de esa ciudad berciana. Pinares de Ávila y Valladolid. Una casa derruida y una pintada: «Castilla independiente». –Atento, Antonio, Castilla se quiere independizar–; –pues muy bien–.

Ya en la provincia de León, otras pintadas con el mismo mensaje: «León, independiente de Castilla». Por lo menos, los independentistas leoneses sabían de quién deseaban independizarse. De Castilla, así de golpe y porrazo. Ponferrada superada, un gran cartel en la carretera: «El Bierzo, independiente de León». La cosa se complicaba. A pocos kilómetros de Villafranca, una última llamada a la locura: «Villafranca, independiente del Bierzo». Y Antonio Mingote, con la mente en blanco, se preguntó en voz alta: -¿Cómo va a ser Villafranca independiente del Bierzo si se llama Villafranca del Bierzo?-.

Algo no funciona bien en España con tantas independencias frustradas. La idea de reducir los municipios creando grandes comunidades puede llevarnos a una situación de incendio social devastador. Me contaban unos amigos del Escorial, que todavía no está bien visto que una chica de San Lorenzo sea sorprendida con un chico del Escorial. Vuelan tortas. La mayor parte del Monasterio pertenece a San Lorenzo, pero hay muros y jardines que forman parte del municipio del Escorial, y nadie quiere dar su brazo a torcer. San Sebastián de los Reyes y Alcobendas son ya dos grandes ciudades unidas. En una cafetería de la primera se oyó el comentario estremecedor de un parroquiano. «Prefiero que mi hija se case con un australiano que con uno de Alcobendas. Son muy malos». Y si un vecino de Elda fallece y la puerta principal de su casa pertenece a Petrel, sacan su féretro por una ventana para que el ataúd no pase por la hermanísima villa rival.

Un español que no quiera ser independiente de su vecino inmediato, es un español rarísimo. De ahí que por mucho que les moleste, los nacionalistas vascos y catalanes sean unos españolazos de aúpa. Estamos en el País Vasco. Sabino Arana, fundador por inspiración de su hermano menor Luis del PNV, fue el gran separador de las provincias vascongadas. Para él, lo importante era la independencia de «Bizkaia». Guipúzcoa se la traía floja –la verdad es que en eso de la flojera destacó bastante, y de ahí su viaje de novios a Lourdes para pedir el milagro del encabritamiento de su bálano– y Álava era víctima de su tenaz desprecio. «Los alaveses, en el fondo, son como los burgaleses», y de paso le arreaba su desafecto a la vecina Castilla, que esa sí que es histórica. Ese segundo grado en el vasquismo es el que ha llevado a Vitoria a ser la capital de la comunidad. Un guipuzcoano jamás habría admitido que la capital fuera Bilbao, ni un vizcaíno que la capital fuera San Sebastián. Vitoria era la solución y la excusa, y de esa manera conseguían aliviar la humillación tantos años experimentada por los alaveses. Y Cataluña, la españolaza Cataluña, tiene problemas. Los primeros en marcharse si algún día Cataluña es independiente serán los araneses, que se llevan mucho mejor con los madrileños que con los barceloneses. En Andalucía, la gresca entre Sevilla y Málaga se agría año tras año, y en Galicia los ha salvado El Santo. La Coruña no admitía a Vigo, Vigo no toleraba a La Coruña, y en Pontevedra no entendían nada. Santiago de Compostela, del Campo de las Estrellas, fue una magnífica solución. Cuanto más independentista, más español. Molesto, lo sé, pero qué quieren que les diga.

Carrillo sí, Franco no
Editorial www.gaceta.es 24 Noviembre 2012

En fechas recientes el Ayuntamiento de Madrid, con el aval del Gobierno municipal del PP y la anuencia de la mayoría de sus concejales, aprobaba dedicar una calle al líder comunista Carrillo, fiel peón del totalitario régimen soviético durante la mayor parte de su vida política y responsable de crímenes tan espantosos como la matanza de Paracuellos.

Ayer mismo, la Fundación Nacional Francisco Franco denunciaba que las presiones gubernamentales –de un Gobierno del PP– han obligado a suspender el homenaje previsto al ex jefe del Estado en un espacio de Madrid. El PP, el mismo que aplaude a Carrillo y censura a Franco, es el partido que pretende dar voz en España a un amplio espectro de la derecha social. Es un partido fundado –en su día, con la marca Alianza Popular– por varios ex ministros del régimen de Franco e históricamente representa, en fin, todo aquello que Carrillo quiso exterminar por la vía más cruenta en 1936, desde la convicción monárquica hasta la inspiración cristiana, pasando por el derecho a la propiedad y la economía de mercado.

Franco fue un dictador autoritario. Perfectamente puede entenderse que desde una óptica actual el Partido Popular, que es un partido democrático, no se sienta para nada vinculado con su figura. Entre otras cosas, porque Franco murió hace la friolera de 37 años y la España de hoy tiene poco que ver con la que vivió su régimen. Pero el mismo argumento, y aún con más razón, debería aplicarse a Carrillo, que representa exactamente todo aquello a lo que ha de oponerse cualquier defensor de las libertades más elementales.

¿Por qué hoy el PP es más amable con la figura de Carrillo que con Franco? En la respuesta a esa pregunta se condensa toda la indigencia cultural de la derecha española, que ha terminado por asumir como propio el discurso de la izquierda sobre la legitimación histórica. Un discurso según el cual la izquierda, contra toda evidencia, tenía razón.

Por otra parte, la Historia es Historia, es decir, no puede servir para dictar una especie de eterno “pasado que no pasa”, por emplear la expresión de Ernst Nolte. Que una izquierda histerizada como la del zapaterismo haya buscado su legitimidad en la reconstrucción imaginaria del pasado no puede obligarnos a todos a vivir bajo esa misma histeria. ¿Quiere alguien homenajear a Carrillo? Hágalo. ¿Quiere alguien homenajear a Franco? Hágalo también. ¿Dónde está el problema? Sólo en los complejos de una derecha que preferiría ser otra cosa.

Artur Mas y los dinerillos para la patria
Cristina de la Hoz www.vozpopuli.com  24 Noviembre 2012

Contentos, contentísimos deben andar en CiU por esa gran campaña que le han hecho a Artur Mas a cuenta, nunca mejor dicho, de los dinerillos que, supuestamente, tiene en paraísos fiscales. Porque estas cosas en mitad de una campaña electoral como la catalana sólo sirven para engordar el discurso del victimismo, de la persecución y del desafecto español hacia todo lo catalán. Tiempo le ha faltado al president para hablar de las cloacas del Estado que quieren destruirle, aunque he de admitir que yo, en su lugar, hubiera hecho lo mismo. Eso refuerza la lealtad de la clientela, la moviliza. No hay nada mejor que un enemigo exterior y el que ha hecho el corta-pega con ese borrador de borrador de borrador de informe basado en datos reales judicializados se ha cubierto de gloria si lo que quería era deteriorar la imagen de Artur Mas.

Da igual que el padre del president tuviera una cuenta opaca en Liechtenstein de la que el candidato convergente era beneficiario, incluso aunque, como le dijo el otro día el cabeza de lista del PSC por Tarragona, Xavier Sabaté, se hubiera beneficiado de ella doblemente al suprimirse el impuesto de sucesiones, que promovió el Gobierno de CiU. Da igual que el caso Palau parezca dormir el sueño de los justos, de manera discreta, sin el ruido, que digo ruido, sin el estruendo que hizo el caso Gürtel del que acabamos conociendo día a día toda la instrucción: informes policiales y de la agencia tributaria, conversaciones telefónicas, comisiones rogatorias…; da igual que nunca se supiera, aunque se supusiera, qué era aquello del problema del 3 por ciento que espetó Pasqual Maragall a Mas en alusión a una presunta red de financiación ilegal del CiU a través de comisiones ilegales. Da igual todo. Por eso ese informe, cuanto menos fraudulento y apócrifo, acaso una fantasía, o no, construido sobre elementos reales para que tenga algo de credibilidad, lejos de deteriorar sus opciones a la mayoría absoluta pueden allanarle el camino.

Resultan urgentes dos cosas: que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, busque de una vez al autor de ese borrador de borrador de borrador y se aclare todo en torno a su origen para depurar responsabilidades --"caiga quien caiga", que diría Esperanza Agurire-- y, en cuanto al contenido, exigir al president, si es que no lo ha hecho ya, que se traiga los fondos de Liechtenstein, porque no se construye una nación llevándose los dinerillos fuera, que hay que ser un poco patriota, hombre.

La cuestión catalana, hoy
Las facturas de la independencia: 'eurización', 'capital público y deuda pública'
Clemente Polo analiza el problema económico que supondría la separación catalana
CLEMENTE POLO*  www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

1. Introducción
La independencia de Cataluña por la que abogan algunos partidos catalanes con gran insistencia desde hace unos años se ha convertido en el problema político más grave al que se enfrenta España desde la aprobación de la Constitución en 1978, y lleva trazas de convertirse en un problema económico de primer orden. Las dudas que ha generado este debate sobre la futura configuración territorial del Reino de España en los próximas años constituyen un importante hándicap para los inversores extranjeros, y aumentan la incertidumbre a la que se enfrentan las entidades financieras y las empresas no financieras en un momento donde la combinación de una doble recesión y una profunda crisis financiera han puesto a la economía española contra las cuerdas.

Contra lo que han venido afirmando con grave irresponsabilidad Mas, presidente en funciones del Gobierno catalán, Mas-Colell, su consejero de Economía, y otros miembros del mismo, el mero anuncio de su intención de constituir un Estado independiente, y la incertidumbre que ha generado sobre la futura configuración de Cataluña y España, ya está teniendo consecuencias indeseables sobre la actividad económica en Cataluña (y en España) y el bienestar de los catalanes (y españoles). Y si Mas insiste en seguir adelante con su improvisado y conflictivo proceso de secesión tras las elecciones del 25 de noviembre, la incertidumbre irá en aumento, e incluso si el proceso llegara a culminarse con éxito de manera civilizada se puede afirmar que los catalanes, contra lo que afirman Mas y Pujol, tendrán que pagar un alto coste por ello.

Además de la retracción en la inversión mencionada, algunos empresarios catalanes ya han manifestado su disposición a trasladarse a España si la eventualidad se materializa, y otros callan, como les aconseja Mas, temerosos de exponer con franqueza su posición por temor a las posibles represalias del Gobierno catalán. Por mucho que Mas cuide la puesta en escena exhibiendo en todas sus apariciones públicas la bandera de la UE junto a la catalana, y reafirme la voluntad europeísta del ‘pueblo’ catalán, todos los líderes europeos, conscientes de que la desunión que preconizan Mas y los independentistas va en contra del espíritu que ha impulsado la constitución de la UE, ya le han advertido que si Cataluña se independiza quedará fuera de la UE. Por cuánto tiempo es algo que nadie sabe, pero el proceso de entrada podría demorarse al menos una década (o incluso no llegar a consumarse) y algunas entidades financieras catalanas, como la Caixa o el Banc Sabadell, saben que si se constituye un nuevo Estado en Cataluña tendrán que hacer las maletas para no quedar excluidas del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).

Las grandes empresas no financieras son también conscientes de los enormes riesgos que comporta el proceso y temen, con razón, que la secesión de Cataluña, además de aumentar sus costes de transacción y fiscales, al quebrar la unidad de mercado, acabe teniendo un impacto muy negativo sobre sus exportaciones al resto de España. Un mercado que ha desempeñado un papel esencial en los procesos de acumulación de capital y riqueza en el pasado y del que todavía dependen los sectores más dinámicos de la economía catalana. Polo y Valle cuantifican, en este mismo volumen, el peso en la economía catalana de las exportaciones de bienes y servicios al resto de España, y valoran las negativas consecuencias que tendría la independencia de Cataluña sobre la producción, el valor añadido y el empleo. A estas pérdidas habría que sumar otros dos impactos negativos. Primero, la caída de las exportaciones a la UE, al pasar a estar gravadas las exportaciones catalanas a la UE con el arancel comunitario. Segundo, la probable reducción del consumo de no residentes del resto de España y restantes miembros de la UE.

Este artículo aborda las consecuencias económicas de la independencia de Cataluña desde otros ángulos que ponen de manifiesto los altos costes que tendrán que pagar los ciudadanos catalanes para alcanzarla. Para empezar, la exclusión de Cataluña de la UE comportaría también su exclusión de la Eurozona, y el nuevo Estado catalán pasaría a formar parte del ‘selecto’ club de Estados que utilizan una moneda extranjera como unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor. Esta situación se denomina ‘dolarización’ en la jerga económica y se utiliza para describir la situación de Estados independientes cuyos residentes mantienen una parte sustancial de sus activos denominados en moneda extranjera, el euro en el caso de Cataluña. La ‘eurización’ de la economía catalana presenta algunas peculiaridades al formar Cataluña parte de un Estado que adoptó el euro el 1 de enero de 1999, a diferencia de lo que suele ser el caso en los procesos de ‘dolarización’, que conllevan la sustitución de la moneda local por otra moneda, el ‘dólar’.

Otra de las cuestiones que amenaza con convertir la independencia de Cataluña en un problema económico muy serio es el reparto de los bienes y las deudas comunes acumulados durante varios siglos, a lo largo de los cuales Cataluña y el resto de España han compartido gobiernos, mercados, moneda, fiscalidad, etc. El capital público, entendido en sentido amplio como la suma del capital propiedad de las administraciones y empresas públicas, localizado en Cataluña, resulta indispensable para el buen funcionamiento tanto de la economía catalana como del resto de España. La cuestión que se plantea en la eventualidad de una secesión de Cataluña es cómo repartir de manera civilizada y equitativa el capital público acumulado en su territorio, y financiado con los impuestos de todos los ciudadanos. Un problema, en mi opinión, insoluble, al haberse concebido el capital público como una red indispensable para el buen funcionamiento de la economía catalana y el resto de España. En el caso de la deuda pública, el reparto no presenta las mismas dificultades por tratarse de un activo financiero. Sin embargo, los problemas aquí son de legalidad, factibilidad y reputación. Me temo que también en este caso nos enfrentamos a un problema insoluble en la práctica.

2. La ‘eurización’ de la economía catalana
Aceptado que la independencia de Cataluña resultará en la salida de la UE y de la Eurozona, la pretensión de mantener el euro como unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor planteará problemas de diversa índole a la economía catalana. El más apremiante de todos se presentará a las entidades financieras que hoy tienen su domicilio fiscal en Cataluña para no quedar excluidas del Sistema Europeo de Bancos Centrales, “cuyas actividades se desarrollan en conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”, y poder seguir operando como entidades de contrapartida de la institución central del sistema, el Banco Central Europeo (BCE). En otro caso, las entidades financieras con domicilio fiscal en Cataluña quedarán excluidas de las facilidades permanentes del Eurosistema y no podrán participar en las operaciones de mercado abierto, una situación claramente inaceptable para la mayoría de ellas. Cabe esperar, por tanto, que las entidades financieras catalanas desplacen de manera inmediata su domicilio fiscal a España tras constituirse Cataluña en un nuevo Estado, y dejen sus operaciones en Cataluña en manos de filiales cuyas operaciones en Cataluña estarían sujetas al control de la ‘agencia de supervisión monetaria’ creada a tal efecto en el nuevo Estado. Un efecto colateral es que estas filiales sólo tributarían al nuevo Estado por los resultados de sus operaciones en Cataluña.

Una cuestión de más largo alcance es cómo evolucionará la oferta monetaria en Cataluña. La cantidad de dinero en circulación dependería del saldo de las operaciones entre residentes y no residentes. Por una parte, si bien Cataluña presenta, por primera vez,31 un superávit por cuenta corriente en 2011, los resultados de Polo y Valle en este volumen, indican que el superávit se tornaría en un abultado déficit, tras la caída de las exportaciones (bienes, servicios no turísticos y consumo de no residentes) al resto de España y al resto de la UE, que provocaría su salida de la UE. De ser así, el saldo negativo por cuenta corriente provocaría una contracción de la oferta monetaria.

Cataluña ha sido también receptora de importantes inversiones directas, principalmente de empresas multinacionales interesadas en establecer centros de producción en España tras su ingreso en la Comunidad Europea en 1986. La salida de Cataluña de la UE también afectaría negativamente a este flujo de inversiones porque reforzaría las ventajas que ya ofrecen otros Estados que se han incorporado posteriormente a la UE y presentan costes salariales inferiores. A estos efectos habría que sumar la salida de capitales que induciría el aumento de la incertidumbre de los inversores extranjeros sobre la viabilidad del nuevo Estado catalán.

3. El reparto del stock de capital público en Cataluña y de la deuda pública del Estado
Para los independentistas, como el propio presidente en funciones Mas ha sugerido al comparar la independencia de Cataluña, primero, con el divorcio civilizado de una pareja y, más tarde, con la emancipación de su propia hija, el dilema entre constituir un Estado independiente en Cataluña o seguir formando parte de España debería resolverse por cauces estrictamente políticos, permitiendo a los catalanes expresar libre y civilizadamente en las urnas su opinión al respecto, y aceptando tanto los catalanes que no quieren la independencia como el resto de los españoles el resultado.

Dos son los problemas que plantea esta fórmula basada en un mecanismo de decisión estrictamente político. En primer lugar, ni los propios defensores de la independencia defienden el carácter universal de su propuesta que permitiría a cualquier grupo de ciudadanos (los vecinos de Barcelona, Hospitalet, Castelldefells o el Vall d’Aran), organizar consultas para convertirse en un principado como Luxemburgo, una ciudad independiente como Andorra o un cantón suizo. En segundo lugar, resulta inadecuado aplicar un mecanismo estrictamente político a un problema en el que están en juego importantes intereses económicos. Las alusiones que hizo el propio Mas al divorcio de una pareja o a la emancipación de su hija permiten ilustrar lo absurdo que resultaría aplicar un mecanismo de decisión democrático para la resolución de conflictos, incluso en el ámbito familiar. A nadie se le ocurriría resolver por votación en un caso de divorcio quién se queda con todos los activos adquiridos conjuntamente por la pareja mientras duró el matrimonio. O que una hija apoyada por su madre aprovechara su emancipación para exigir al padre que abandonase el hogar familiar. Estos conflictos no se resuelven ‘democráticamente’ realizando una votación, no porque no haya cónyuges o hijos dispuestos a perpetrar el expolio del contrincante, sino porque hay derechos de propiedad y jueces que los interpretan. No parece ser ésta la posición del presidente Mas que, con gran irresponsabilidad, ha afirmado que “la democracia está por encima de las constituciones y los tribunales”.

El capital público en Cataluña: del planteamiento político al conflicto de intereses

Mas y los independentistas dan por sentado que si una mayoría de catalanes vota a favor de la independencia, el resto de catalanes y españoles han de aceptar que todos los bienes públicos –infraestructuras, edificios civiles, empresas públicas, etc.– concebidos como una red, y financiados conjuntamente durante al menos 500 años de vida en común, pasen a ser propiedad del nuevo Estado catalán. Este planteamiento meramente político de la independencia de Cataluña esconde una transferencia potencial de riqueza del perdedor al ganador del envite, que se apropiaría de todo el capital, y dejaría al perdedor las deudas acumuladas. Y como ocurre con el divorcio, si bien cualquier cónyuge puede solicitar la ruptura del vínculo, son las leyes y los jueces quienes deciden, en última instancia, a quién se asignan los hijos y cómo se reparten los bienes comunes y las deudas pendientes del matrimonio.

Los Cuadros 1 y 2 muestran la evolución del valor del stock neto acumulado en euros corrientes del año 2000 de diversos tipos de infraestructuras, educación, sanidad, infraestructuras locales y otras infraestructuras de las Administraciones Públicas y otros entes. El capital público acumulado en Cataluña ha crecido en términos nominales y reales hasta alcanzar los 80.177 millones en 2005, una cifra que no incluye las importantes inversiones realizadas para llevar el AVE primero a Barcelona y ahora hasta la frontera francesa, o la construcción de la nueva terminal del aeropuerto del Prat. No obstante, el capital neto en términos reales creció un 69,2 % entre 1992 y 2005.

El reparto del capital público es un asunto que, a pesar de su enorme trascendencia, ha pasado casi inadvertido en el debate sobre la independencia de Cataluña. Numerosos estudios realizados indican que el capital público aumenta la productividad privada, y aunque su tasa de rentabilidad social parece haber disminuido a medida que se incrementaba el stock neto de capital, resulta evidente el importante papel que desempeñan los servicios de las infraestructuras públicas, el capital social y el capital de algunas empresas públicas en los procesos de producción, distribución e inversión en capital humano.32 Financiado con impuestos de todos los ciudadanos y emisiones de deuda a cuyos pagos tendrán que hacer frente en el futuro, la eventual independencia de una Comunidad Autónoma como Cataluña plantea el problema de cómo repartir de manera civilizada y equitativa entre los ‘cónyuges’ el capital público acumulado. Porque lo que es seguro es que la mera apropiación del mismo por el Gobierno de una Cataluña independiente, además de constituir un expolio injustificable, podría provocar graves disfunciones y costes al resto de España.

¿Hay formas civilizadas y equitativas de repartir el capital público?

Más allá de la imponente cifra que representa el stock de capital público acumulado en Cataluña, hay otra consideración que no puede olvidarse cuando se buscan fórmulas para repartir de forma civilizada y equitativa el capital público. A saber, que una parte sustancial de las infraestructuras públicas han sido concebidas en forma de red y su productividad depende de que se mantenga su integridad. Los beneficios que derivan los ciudadanos de la construcción del AVE que conecta Madrid –e indirectamente otras muchas ciudades integradas en la red ferroviaria– entre los catalanes partidarios de laindependencia y el resto de catalanes, y la mayoría de los españoles que desean seguir formando parte de España, con la frontera francesa, dependerán de que Cataluña continúe siendo una Comunidad o pase a ser un Estado independiente.

Algunas posibles soluciones al problema que plantea el reparto del capital público pueden descartarse enseguida. Cataluña podría dividirse en dos zonas contiguas, la ‘catalanófona’ y la ‘castellanófona’, como a veces se ha planteado en Bélgica, aunque esta hipotética solución resulta imposible de poner en práctica al vivir los catalanes partidarios de la independencia y los partidarios de seguir siendo españoles entremezclados, compartiendo a veces incluso el mismo rellano de escalera. Tampoco resultaría factible ni eficiente –los independentistas además tampoco se avendrían a ello- que en Cataluña convivieran dos Estados, como a veces se ha sugerido para Palestina, que compartirían el territorio y cada ciudadano podría elegir el Estado al que pertenece, paga sus impuestos y del que recibe servicios públicos y transferencias. Es obvio que esta posibilidad, además de introducir duplicidades muy costosas, resultaría también muy difícil de implementar en la práctica por las fricciones y tensiones que surgirían entre las dos administraciones y la necesidad de contar, a la postre, con una administración común para financiar las infraestructuras que proporcionaran servicios a las dos comunidades.

Descartadas estas dos posibilidades, cabe preguntarse si hay alguna otra fórmula civilizada y equitativa para repartir el capital público entre los catalanes y españoles que quieren seguir formando parte de España, y los catalanes que aspiran a lograr la independencia de Cataluña. Resulta difícil encontrar una solución satisfactoria para repartir unos activos de naturaleza indivisible, y que en bastantes casos forman una red integral, salvo que una de las partes renuncie a sus derechos de propiedad a cambio de una compensación apropiada. Mas, sus consejeros y los independentistas catalanes en general dan por sentado que la titularidad del capital público en Cataluña pasaría inmediatamente a manos del nuevo Estado catalán. Y, ¿qué hay de las compensaciones? Consideran que no harían falta, ya que al mismo tiempo los catalanes renunciarían a sus derechos sobre el capital público acumulado en el resto de España.

La solución no resulta, sin embargo, satisfactoria, a menos que la distribución del capital público sea relativamente homogénea en todo el territorio español, y no lo es, y el reparto deje inafectada la productividad del capital público en los dos Estados, algo muy difícil de satisfacer cuando algunas infraestructuras forman parte, como ya se ha indicado, de una red diseñada desde una concepción unitaria del Estado. Que el Estado español esté ahora invirtiendo, por ejemplo, cientos de millones en perforar túneles para que el AVE atraviese el subsuelo de Barcelona en lugar de perforar un túnel en el Pirineo oscense, o anteponga la construcción del corredor ferroviario del Mediterráneo frente al corredor central, sólo se comprende desde esta perspectiva unitaria. Y resulta meridianamente claro que la transferencia de éstas y otras infraestructuras localizadas en Cataluña al nuevo Estado catalán generaría serias disfunciones, y reduciría la productividad de la red ferroviaria en el resto del Estado. Tampoco esta solución resultaría satisfactoria para aquellos catalanes que, para seguir viviendo en España, se verían obligados a dejar sus hogares y empresas en Cataluña.

Estamos ante un conflicto de intereses de gran alcance e insoluble en la práctica, por lo que sólo si una abrumadora mayoría de catalanes se manifestara a favor de la independencia –digamos más del 80% del censo– mercería la pena seguir explorando esta opción, a fin de establecer las indemnizaciones pertinentes que el nuevo Estado catalán tendría que pagar a los ciudadanos españoles antes de constituirse en Estado independiente. Y que nadie se engañe, la independencia incluso en este escenario civilizado resultaría también muy gravosa para el nuevo Estado. Además de quedar fuera de la UE y perder casi con toda seguridad una parte significativa de los mercados español y europeo, su Hacienda perdería ingresos por cotizaciones sociales e impuestos sobre los productos al caer la actividad y el empleo, por la exención del IVA de las exportaciones al resto de España y por la reducción de los beneficios de las sociedades, resultante de la menor actividad y deslocalizaciones. Cataluña tendría, además, que destinar recursos para proporcionar multitud de servicios ahora financiados por el Estado español, tales como defensa, representación exterior, recaudación de impuestos, sistema judicial, pensiones, incapacidad temporal, bajas maternales, prestaciones a los desempleados, inversiones en I+D+I, etc., y pagar a España las indemnizaciones acordadas. A la vista de este panorama, la afirmación de que la eliminación del ‘déficit fiscal’ de Cataluña aumentaría entre el 1,35 % y el 2,85% la tasa de crecimiento de Cataluña (Sala i Martí, 2001, p. 16) resulta francamente ridícula.

Cabe también, claro está, la posibilidad que el Gobierno catalán ya ha insinuado de declarar unilateralmente la independencia, y proceder a ‘nacionalizar’ las infraestructuras y empresas públicas propiedad del Estado español y no asumir la parte de la deuda que le corresponde, un escenario que nos adentraría en un conflicto abierto cuyas consecuencias podrían resultar trágicas para todos. La independencia como el divorcio sin mutuo acuerdo y con bienes comunes de difícil reparto no puede tratarse con la frivolidad con que lo han hecho Mas, sus consejeros y CDC desde que accedieron al Gobierno a finales de 2010. Su irresponsabilidad nos aboca a un conflicto de imposible solución –Rajoy ha acusado con razón a Mas de llevar “a un dilema imposible a los catalanes”– que sólo servirá para añadir más zozobra e incertidumbre a la ya muy delicada situación que atraviesa la economía española.

El reparto de la deuda pública

Además de los activos que integran el capital público, hay también pasivos de la Administración Central en circulación por un importe de 685.438 millones al final del segundo semestre de 2012. Estos pasivos se han acumulado mientras Cataluña formaba parte de España y, por tanto, y con independencia del acuerdo alcanzado sobre el reparto del capital público, Cataluña debería asumir la parte que le corresponda en caso de materializarse su divorcio de España, que podría estimarse en 128.177 millones aplicando al total de los pasivos el porcentaje del PIB de Cataluña sobre España (18,7 %), una cifra muy respetable.

Hay, para empezar, una dificultad de carácter legal para transferir la titularidad de la deuda, en tanto que los pasivos emitidos por la Administración Central están mejor calificados que los de la administración catalana y los acreedores no estarían dispuestos a aceptar la transferencia. Si Cataluña fuera Dinamarca o la Holanda del Sur, países con los que los independentistas se comparan con frecuencia, es posible que los acreedores accedieran complacidos al cambio, pero la deuda de Cataluña ha alcanzado ya la cotización de bono basura.

4. Conclusiones
A la vista de lo expuesto, el escenario de una Cataluña independiente que ofrecen los independentistas debería ser motivo de preocupación para todos los catalanes reflexivos.33 El Gobierno catalán se ha lanzado a una aventura cuya hoja de ruta comienza y termina con la promesa de celebrar una consulta para preguntar a los catalanes “si quieren constituir un Estado independiente miembro de la UE”, como si los deseos pudieran convertirse en realidad. Tras declarar inicialmente que Cataluña ingresaría en la UE en 24 horas, Mas tuvo que reconocer pocos días después que quedaría excluida y apuntó, sin base alguna, que podría incorporarse a la UE en 2020. No obstante, Mas y sus consejeros continúan predicando las enormes ventajas que reportarían a los catalanes contar con un Estado propio: pagarían menos impuestos, se reduciría el fraude fiscal, percibirían pensiones más elevadas, se crearía empleo, mejoraría en dos años la esperanza de vida ‘saludable’, etc. Lo que no les dicen es cómo van a operar semejante milagro cuando acaban de abortar la legislatura porque no pueden pagar las nóminas de los empleados públicos y las facturas de los proveedores del gobierno de la Generalitat.

Algunos economistas abducidos por la fiebre independentista mantienen sin rubor “que una Cataluña independiente y fuera de la UE no tendría que abandonar el euro”, todo un logro cuando ya están dentro de la UE y utilizan el euro. Efectivamente, nadie puede obligar a los catalanes a deshacerse de sus activos denominados en euros – ¡lo seguro es que tendrán difícil deshacerse de sus pasivos!–, aunque la perspectiva de la ‘eurización’ de la economía no resulta especialmente halagüeña. Las entidades financieras que hoy tienen domicilio fiscal en Cataluña, y operan en todo el territorio español, se verían obligadas a fijarlo en España para poder seguir operando como entidades de contrapartida del BCE. Por otra parte, la reducción de las exportaciones al resto de España y de la UE resultaría en un déficit por cuenta corriente que tendería a drenar la cantidad de euros en circulación en la economía catalana. Tampoco cabe esperar que un aumento prodigioso de la inversión directa en una Cataluña excluida fuera de la UE pudiera compensar el drenaje de liquidez; más bien al contrario, los inversores preferirán localizarse en Estados miembros de la UE con similares o menores costes laborales. Por otra parte, tampoco cabe esperar grandes inversiones de cartera en un mercado de valores como el catalán y con una deuda de la Generalitat calificada como bono basura.

Los independentistas catalanes dan por hecho que tras la creación de un Estado independiente la propiedad de todo el capital público en Cataluña se transferiría al Gobierno del nuevo Estado, sin abonar compensación alguna a quienes hoy ostentan esa titularidad. El hecho cierto es que el capital público instalado en Cataluña y en el resto de España ha sido financiado con los impuestos de todos los ciudadanos, y resulta absurdo creer que su titularidad puede cambiar como resultado de la voluntad expresada por los catalanes en una consulta política. Desafortunadamente para todos, ni la partición del territorio en dos Estados, ni la convivencia de dos Estados paralelos en Cataluña, ni la transferencia de su titularidad al Gobierno catalán, previo establecimiento de las indemnizaciones que correspondan a los catalanes y resto de los españoles que quieren que Cataluña continúe siendo parte de España, permiten solucionar el conflicto de intereses de manera civilizada y equitativa. Nada o poco dicen tampoco los independentistas acerca de si el nuevo Estado catalán asumirá la fracción que le corresponde de los pasivos acumulados por la Administración Central hasta el momento de la independencia, aunque teniendo en cuenta que Cataluña no dispone de liquidez ni puede acceder a los mercados en busca de financiación, no resulta plausible que el nuevo Estado asuma una fracción de dicha deuda en los próximos años.

El futuro económico de una Cataluña independiente fuera de la UE y ‘eurizada’ se presenta francamente desolador: caídas significativas de las exportaciones al resto de España y al resto del mundo, deslocalizaciones de empresas no financieras y financieras, reducción de los ingresos impositivos y aumento del gasto público, contracción de la oferta monetaria, menor inversión directa extranjera y escaso atractivo para la inversión en cartera, etc. Este análisis presupone que el proceso de implantación del nuevo Estado se desarrolle de manera civilizada y el Gobierno del nuevo Estado asuma los costes que comporta. Cabe también, claro está, la posibilidad de que el nuevo Gobierno proceda a lo largo de la próxima legislatura a nacionalizar el capital público propiedad del Administración Central y las empresas públicas estatales, y rechace asumir la fracción que le corresponde de los pasivos contraídos por la Administración Central. En ese caso, nos adentraríamos en un conflicto incivilizado entre dos gobiernos con consecuencias todavía más negativas para todos.

Examinadas en este artículo algunas de las implicaciones económicas del proceso de secesión de Cataluña, sorprende sobremanera la frivolidad con la que Mas y el ex presidente Pujol lo han impulsado, minimizando ante los ciudadanos sus consecuencias. Una mención especial merece la observación de Mas-Colell, consejero de Economía, quien en su intento por tranquilizar a un grupo de desasosegados empresarios les recordó que, aunque las relaciones entre los pueblos pueden pasar por "momentos más o menos difíciles”, al final se superan, como demuestra que "los croatas votaron a favor de los serbios" en el último festival de Eurovisión. Desafortunada referencia donde las haya, habida cuenta de la cruenta y despiadada guerra que libraron sus ejércitos.

Escribía el nacionalista Hurtado (2008) el 8 de junio de 1934 que “Cataluña no ha producido, ni por ahora puede producir, ningún otro tipo político que el agitador propenso a la protesta y diestro en aprovechar cualquier motivo de orden sentimental para dar miedo al adversario mientras dura la llamarada. Desde la Liga hasta el sindicalismo, la historia política de Cataluña se ha desarrollado siempre con este mismo patrón y al mismo ritmo. Puede ser que no valga la pena empeñarse en cambiarlo. Pero esta vez parecía que por el hecho de tener el Gobierno de una Cataluña autónoma se había de ir con más cuidado porque la política tradicional ha de traer como consecuencia dar al pueblo la sensación de que la República, a pesar de haber reconocido la autonomía catalana, es tan odiable como la monarquía, y eso además de injusto, puede ser funesto”. Sustituyan ‘Liga’ y ‘República’ por ‘CDC’ y ‘Estado de las Autonomías’, y el párrafo podría perfectamente describir la situación actual. Si Don Amadeo levantara la cabeza se quedaría pasmado al constatar lo poco que han cambiado las cosas con Mas y el Gobierno de los “mejores” en Cataluña.

(*) Clemente Polo es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La cuestión catalana, hoy
El año de las decisiones discutidas
Joaquín Trigo repasa las decisiones políticas catalanas del último año
JOAQUÍN TRIGO*  www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

La presente (aún) legislatura se inició de acuerdo con las pautas estatales y con las orientaciones de la UE. La Administración catalana fue pionera en decidir recortes en la retribución del personal a su cargo, en la reducción de gastos, en la introducción del copago farmacéutico, etc. Sin embargo, tras la reunión fallida del Molt Honorable Mas con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vuelta del primero a Barcelona sin lograr una financiación adicional fue el inicio de un rápido cambio. No era normal que a la vuelta de una reunión en Madrid, en la que no se lograron los objetivos deseados, hubiera una recepción de notables en la calle, ni que se hiciera un alegato doble, en contra del trato a Cataluña y a favor de una ruta propia. Ese cambio fue el inicio de una serie de acusaciones acerca de los reiterados abusos de España para con Cataluña que se manifestaban en los intentos reiterados de la primera por debilitar los ingresos y el nivel de vida de la segunda.

El actual Gobierno catalán, al hacerse cargo de la gobernanza del país, se encontró con una elevada deuda en un momento de recesión en el que no era posible aumentar la recaudación ni tampoco mantenerla. El recurso inicial al creciente endeudamiento fue caro y escaso y la renovación aún más complicada. La salida de la crisis se veía más lejana y la renovación de la mayoría más incierta. La sugerencia de llegar a un pacto fiscal -que suavizara la carga fiscal soportada por Cataluña- solo encontró apoyo en Cataluña.

El Gobierno llegó pronto la convicción de que se podía evitar una renovación incierta y complicada recurriendo a una anticipación sorpresiva y rápida, lo que daría un margen de cuatro años en lugar de los dos que faltaban hasta la renovación. La justificación se apoyaría en cuestionar la gestión de la crisis hecha por el Gobierno y resaltar la carga sobrevenida a Cataluña. La responsabilidad del Gobierno precedente se daba casi por supuesta y, para superar el trance, se ofrecía una nueva era al margen de España que permitiría reducir las cargas fiscales, amentaría los recursos financieros disponibles, aumentaría las prestaciones públicas, reduciría el paro, mejoraría los sueldos. La eventual salida de la UE sería breve o, incluso, no sería necesaria si España compartía sus puestos con Cataluña. Con este nuevo marco se resaltaba la capacidad exportadora de Cataluña y se minimizaba la importancia de las ventas al resto de España.

Vista desde el exterior, esta opción puede parece más audaz que lógica. En realidad tiene mucho de las dos cosas pues, en condiciones normales, eso sería muy difícil, aunque, es posible gracias a décadas de comunicación y enseñanza que resaltaban el coste soportado por Cataluña en favor del resto de España, la diferencia del idioma, que se hacía obligatorio y único. También a la exigencia de rotular en catalán con multas a los incumplidores y con delatores voluntarios del incumplimiento, si bien con tolerancia para idiomas como el chino, turco y otros. La exigencia de que los profesores demostrasen el conocimiento del catalán en nivel tres (un nivel alto); la creación y mantenimiento de emisoras de televisión y radio por parte de los distintos niveles de administración del país, que superan en número a otras opciones; el apoyo público a los diarios en catalán y otras medidas tendentes a facilitar y arraigar el idioma… todo puede defenderse como encomiable, pero siembre que se respeten las normas españolas y la pluralidad de puntos de vista.

El aumento de los niveles de las administraciones de la Comunidad Autónoma que en lugar de reducirse, cuenta con uno más: los “Consejos Comarcales”, que se ubican entre las Diputaciones y los Ayuntamientos. Para ubicar esta medida cabe decir que Alemania, que prácticamente duplica a España en población, tiene una quinta parte de los ayuntamientos con que cuenta España y de Landers, que equivaldrían a nuestras CC.AA. Los Consejos Comarcales, llegado el caso, podrían agrupar los ayuntamientos bajo su tutela y asumir las funciones de los Ayuntamientos con mejores prestaciones y menor coste, pero, por ahora es un nivel adicional lejos de la potencia que podría tener. Hasta ahora es un nivel que, mantenido entre los otros, tiene una relevancia prescindible.

Esta base previa facilitó la rápida difusión de acusaciones y afirmaciones en torno a dos temas básicos: el espolio fiscal del tipo “España nos roba”, y la mejoría económica que se lograría en breve tiempo con un Estado propio si eso llegase a efecto. Los dos enfoques son cuestionables.

La afirmación de que España roba a Cataluña se basa en que los impuestos soportados superan al retorno que vuelve en forma de inversiones y ayudas a Cataluña.

Esto es lógico aquí y en cualquier otro país, porque los mayores ingresos deben soportar una cuantía más que proporcional, que permite atender a los más necesitados. La queja, sin embargo, considera que lo pagado supera a lo recibido y esa diferencia es el despojo. Aquí se prescinde del carácter progresivo de la tributación, con lo que los ingresos más altos deben pagar más que proporcionalmente. En línea rigurosa con esta consideración se debería devolver a cada Comunidad el total de los impuestos recogidos y, antes de asignar esa suma, devolver a los mayores contribuyentes el diferencial entre lo que han pagado y la media, o algún otro retorno equivalente. Con lo que se habría eliminado la progresividad y con ello la aportación fiscal a la reducción de la diferencias entre ciudadanos.

Un alegato parecido, algo más sutil, para aludir al “espolio fiscal“, se apoya en la balanza fiscal. Ésta se obtiene por uno de dos métodos, el del fijo monetario o el del flujo del beneficio, pero sin mezclarlos. El primero recoge el coste soportado por los contribuyentes y el segundo la proporción que representa la devolución fiscal recibida por cada comunidad autónoma. A este respecto hay que decir que es cierto que Cataluña paga más que la media y recibe menos que eso, como ocurre en las regiones más ricas de la UE y, también, añadir que las filiales de empresas catalanas ubicadas en otras CC. AA., hasta ahora, pagan en la casa madre, lo que no ocurriría si Cataluña se desligara de España. Si se mezclan los dos métodos, y en el segundo se prescinde de una buena parte de las prestaciones genéricas, tales como la representación internacional, el ejército, o una parte relevante de las mismas, se puede ampliar a voluntad la brecha entre aportaciones y prestaciones.

Antoni Zabalza (El País, 19 nov. 2012) clarificó los malentendidos del saldo fiscal catalán. Partiendo de que, según la Generalitat, en 2009 el Estado obtuvo de Cataluña un saldo fiscal de 16.410 millones de euros, que equivalían al 8,4 % del PIB catalán. Y utilizando la metodología del flujo monetario, recurriendo a las cifras de la Generalitat, en ese año los ingresos del Estado en Cataluña fueron 46.195 millones, mientras que el gasto público del Estado ascendió a 45.403 millones de euros, lo que rebaja el saldo fiscal del Estado dejándolo en 792 millones. De acuerdo con el método del flujo del beneficio, y con la misma fuente, los ingresos del Estado en Cataluña fueron 45.184 millones y el gasto público ascendió a 49.199 millones, lo que deja el saldo fiscal real negativo para el Estado de -4.015 millones.

Un tema relevante y poco, o nada, mencionado en el marco de las discusiones previas a la elección, es la financiación bancaria. El Profesor M. Martín Rodríguez presentó (El País, 18 nov. 2012) las proporciones correspondientes a Cataluña en los depósitos y los créditos de las entidades de depósitos. El volumen de los depósitos de sectores residentes en Cataluña representaba, en julio de 2012, el 16,17 % y los créditos el 19,34 % de los préstamos. La relación entre los depósitos y los créditos era del 55 %, lo indica que el 45 % de la financiación bancaria de Cataluña viene del resto de España y, en menor cuantía, del de la financiación mayorista del exterior, lo que supone en torno a algo más del 75 % del PIB catalán. Atinadamente añade que la secesión cortaría vías de financiación externa, como los mercados de capitales nacionales y la financiación de las entidades de depósito en el Banco Central Europeo. La pérdida de estas fuentes puede dilatarse en el tiempo creando serias dificultades a la actividad empresarial.

Para justificar la secesión se requiere, por una parte, la presencia de una de tres cosas: Una presión constante contra la historia y cultura, un expolio continuado o, peor aún, ambas cosas. Por otra parte, debe haber una razonable certeza acerca de la capacidad para conseguir el objetivo sin incurrir en costes superiores a las ganancias esperadas.

Los que, desde Cataluña postulan la bondad de la secesión quitan importancia a la reducción de ventas al resto de España, que, en plena recesión sigue comprando más que cualquiera otro país aislado, alegando que lo se venda al resto del mundo es más y puede aumentar. Es cierto. Sin embargo “olvidan” algo importante. Los ingresos por ventas al resto de España (49.389 millones de euros en 2011) superan con mucho a las compras provenientes de ella (26.705 millones en 2011), lo que da un saldo favorable de 22.684 millones. Con el resto del mundo las ventas fueron de 55.525 millones (en el mismo 2011) y, en el mismo año, las compras en el extranjero ascendieron a 70.850 millones, lo que aporta un superávit importante que no podría pagarse sin las ganancias generadas en España. La fuente básica acerca del comercio interregional en España es C-intereg, promovida por CEPREDE, y patrocinada por seis entidades entre las que está la Generalitat de Cataluña. Con la misma fuente, el mercado de mayor ingreso de Cataluña en 2010 fue Francia con 2,28 miles de millones de euros (mm €). Seguían Andalucía (7,77 mm €), Aragón (6,76 mm €) y la Comunidad Valenciana (6,56 mm €). A renglón seguido van Italia, Alemania, Comunidad de Madrid, Portugal, el País Vasco, Baleares, Castilla-La Mancha, Reino Unido, Castilla y León, Canarias y Región de Murcia.

Tras una secesión las ventas en el resto de España se reducirían, no necesariamente debido a posibles boicots suscitados por el despecho, sino porque otras fuentes de aprovisionamiento serían más asequibles que compradas a un país ajeno a la UE o, también, porque empresas catalanas (y otras con sede social ubicada en terceros países) querrán continuar donde se mantengan las leyes a las que están habituados y, además, podrían estar más cerca de sus mercados ya consolidados en el conjunto de España.

La entrada en la UE es lenta para todos. Incluso para quien proviene de un país miembro. Requiere unanimidad, cumplir con los requisitos y dedicar tiempo a conseguirlo. La entrada de Cataluña en la UE podría requerir, a tenor de lo que necesitaron los últimos países incorporados, entre 8 y 14 años.

Crear una moneda nueva es posible, y “tratar” de ligarla al euro también es posible, pero conseguirlo es muy difícil, especialmente para un país endeudado que cuestiona a sus compradores y a quienes tienen con él una historia conjunta desde hace siglos que, por más que se proclame, no se sabe bien por qué se cuestiona. Crear una nueva moneda es muy costoso porque no se sabe cómo se gestionará. La voluntad de ligarla al euro es irrelevante porque la aceptación o no de una moneda depende del riesgo que se le presume de modo que, desde el momento de su impresión, tendría un recorte muy importante que dificultaría su uso en los mercados exteriores y, en poco tiempo, en el propio país emisor.

La experiencia de la ruptura de un país suele ser amarga, especialmente para la parte menor. La separación de Eslovaquia y Chequia fue rápida y, aparentemente, indolora, y el comercio entre ambas partes apenas cayó algo más del 6 % en el primer lustro. Este caso parece avalar la inocuidad de la separación, pero debe considerarse que ambas partes están en la UE, que se parecen mucho, y que ambas han recibido importantes inversiones desde Alemania. La divergencia está en otra parte: según datos de Eurostat, actualizados a 10 de octubre de 2112, la tasa de paro de larga duración en Eslovaquia, que fue la promotora de la división, fue del 9,2 % la más alta de la UE - superando incluso al 9 % de España-, mientras la República Checa estaba en el 2,7 %.

La relación que, hipotéticamente, se puede dar entre España y Cataluña parece depender de cada uno, pero en realidad tiene un arraigo basado en la proximidad, la historia y la convivencia. Enfrentar a una parte contra otra puede ser fácil, pero no es ético ni útil. Ambas partes tienen mucho que perder, incluso desde el punto de vista del separador, que busca una ganancia fácil malquistando a unos contra otros y pierde más de lo que obtiene.

Un ejemplo superficial que se repite reiteradamente es el del boicot del cava, que fue la respuesta ante una intemperancia, decidida por una persona que, aún hablando por sí misma, tenía un puesto relevante obtenido por votación. La alegación de que España roba a Cataluña es algo más fuerte pero no ha hecho una mella relevante, aún viniendo de personas con cargos académicos, lo que puede deberse a falta de conocimiento o, simplemente, considerarse como una “boutade” irrelevante. No es ninguna de las dos. Es más importante cuando se trata de una entidad, especialmente si se presenta como una asociación empresarial que en su web dice: “El Cercle Catalá de Negocis fa una crida a boicotejar la llet española”… La causa es que una empresa española ha dejado de comprar leche a una empresa catalana.

Cui prodest?

(*) Joaquín Trigo es Director General del Instituto de Estudios Económicos.

La cuestión catalana, hoy
La perversidad de las balanzas fiscales
Almudena Semur Correa analiza el sistema de financiación catalán
ALMUDENA SEMUR CORREA*  www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

1. Introducción
En estos momentos en que la Eurozona no ve la luz al final del túnel y en los que seguimos inmersos en una crisis de deuda, crisis bancaria y con una recesión galopante, en la que nuestro país se enfrenta a una contracción en el PIB, ha saltado a la palestra el debate sobre la financiación autonómica, motivado por las reivindicaciones secesionistas proclamadas por dirigentes políticos de la comunidad autónoma de Cataluña a raíz de la negativa del presidente del Gobierno de España a aceptar el Pacto Fiscal aprobado por el Parlamento de Cataluña el 25 de julio de 2012. En el caso de haberse aceptado, habría significado un cambio radical en el actual sistema de financiación autonómica, aprobado y consensuado por todos los grupos políticos plasmadas en la Ley de Financiación Regional ( Ley 22/2009) y la reforma de la LOFCA (Ley Orgánica 3/2009).

Merece la pena destacar que durante los últimos treinta años nuestro país se ha visto inmerso en una gran transformación respecto al grado de descentralización de los ingresos y gastos. Se ha pasado de tener una estructura centralizada a ponerse a la cabeza de los países más descentralizados de la OCDE. Así en el año 2007, los gobiernos regionales llegaban a absorber un 36% del gasto total y un 54% del personal. Si a esto se añaden los servicios prestados por los entes locales y las Administraciones Territoriales, nos encontramos con que representan actualmente la mitad del gasto del Sector Público gestionando los servicios con más incidencia directa sobre el bienestar del ciudadano, como son todos los gastos relacionados con educación, sanidad y servicios sociales (Ángel de Lafuente. La financiación de las Comunidades de Régimen Común. Preliminares).

2. El debate de la Financiación
Tanto Cataluña como otras Comunidades Autónomas, han venido denunciando ciertos defectos del actual sistema de financiación y que el mismo necesita una revisión dentro del marco constitucional. Pero cosa bien distinta son las exigencias esgrimidas por la Generalitat de Cataluña para que el Gobierno central tuviera que aceptar un giro tan radical y diera el visto bueno a las medidas introducidas en el Pacto Fiscal, medidas que quedan extramuros de nuestra constitución al pretender extender al Principado catalán los privilegios del Concierto Vasco y Navarro. Esto es, la Generalitat a través de su Agencia Tributaria propia, asumiría la regulación, gestión, recaudación e inspección de los tributos, y como contrapartida aportaría a las arcas del Estado español una cantidad que se negociaría cada cinco años de una manera bilateral. La cantidad aportada cubriría el coste de las competencias no transferidas y otra parte se destinaría a cubrir el porcentaje de solidaridad prefijado por la voluntad de las autoridades catalanas.

La propuesta impulsada por la Generalitat, además, pretendía pasar de un sistema de relaciones fiscales basado en la Constitución donde las comunidades autónomas deciden conjuntamente con el Estado a través del Consejo de Política Fiscal, a un sistema de relaciones bilaterales a través de una comisión mixta Estado- Generalitat, más propia de estados soberanos.

Cierto es que el sistema de Financiación actual adolece de determinados fallos, y que necesita una revisión, pero más cierto es que los dirigente políticos de nuestro país han ido condicionado las sucesivas reformas del modelo a cambio de apoyos políticos en épocas electorales. Buena parte de la reforma tendría que suplir las carencias que hay en el actual sistema en cuanto los principios de igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a los servicios públicos, y de responsabilidad fiscal de nuestras comunidades.

Con la llegada de la crisis, el debate sobre la financiación se ha ido agudizando en la comunidad autónoma catalana, llegando incluso a convertirse en uno de los principales argumentos del independentismo. El hecho de que no todos los ingresos aportados por la comunidad autónoma catalana través de los impuestos pagados por sus ciudadanos a las arcas del Estado, no reviertan después en la misma proporción en territorio catalán mediante gastos e inversiones, ha calado en la opinión pública catalana de tal manera que una gran proporción de la ciudadanía catalana tiene la sensación de estar injustamente maltratada en materia impositiva al recibir como contrapartida pocos beneficios del Estado. Bajo su punto de vista, el esfuerzo fiscal que soportan los catalanes genera un déficit que resulta perjudicial para el desarrollo económico de Cataluña y España. Y expresiones como “España nos roba “ o “el expolio fiscal” están en el orden del día de la campaña electoral catalana.

En referencia a los impuestos pagados por los ciudadanos, cierto es que un ciudadano de Cataluña paga más por IRPF en su comunidad autónoma que un ciudadano de Logroño, o de Extremadura, con un mismo nivel de ingresos, pero esto es debido a que nuestro sistema de financiación permite que las CC.AA. tengan capacidad para poder aumentar la tarifa a tipos impositivos superiores en el tramo autonómico del impuesto, o puedan elevar los mínimos exentos del impuesto; esta posibilidad no incide de ninguna manera en la balanza fiscal, ya que la recaudación percibida por el tramo autonómico va directamente a las arcas de la comunidad autónoma. En cuanto a la parte estatal recaudada del impuesto, los tres ciudadanos pagarían lo mismo.

Si se analiza la evolución de los impuestos pagados por los ciudadanos catalanes a las arcas del Estado, se aprecia que la recaudación ha ido disminuyendo durante los períodos 2007/2009 en un 33 %.

Por el contrario, los gastos del Estado en territorio catalán se han ido manteniendo e incluso incrementando.

Habría que recordar, que a pesar de que las CC.AA. de régimen común tienen cedido total o parcialmente la mayor parte de figuras tributarias con un peso recaudatorio, no se puede afirmar que se haya logrado alcanzar el objetivo de la corresponsabilidad fiscal. Las CC.AA. siguen apareciendo a los ojos de sus ciudadanos como las responsables en el gasto, pero no como recaudadoras de los tributos, por lo que persiste de manera generalizada la idea de que es el Estado el que recauda la mayoría de impuestos.

En materia de ingresos nuestra regulación introdujo un aumento significativodel porcentaje de participación de las CC.AA. en el rendimiento del IRPF, IVA e Impuestos Especiales, alcanzando dicho porcentaje prácticamente el 50 %. Además permite la cesión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Matriculación. Lo que facilita la potestad para fijar la escala de gravamen, las deducciones y la recaudación de determinados impuestos.

En este sentido, en materia de imposición indirecta, las CC.AA. carecen de competencias normativas sobre los principales impuestos. Tal es el caso del IVA, en el que por exigencias comunitarias no está permitido modificar el tipo de gravamen por el hecho de que no puede haber distintos tipos de gravamen entre las regiones.

Con todas estas medidas, se pretendía que las CC.AA. tuvieran un instrumento que les permitiera obtener unos ingresos adicionales que posteriormente se compensarían con una reducción equivalente de las transferencias estatales recibidas del fondo de suficiencia (Ángel de la Fuente. Sistema de Financiación Autonómica).

3. El déficit de la balanza fiscal de Cataluña
Ciertamente existe un déficit con Cataluña hoy, y que ésta aporta más ingresos al Estado que los que recibe, en forma de transferencias, servicios e inversiones, pero al fin y al cabo, lo mismo le ocurre en otras comunidades como es el caso de Madrid. Son las denominadas comunidades ricas que con sus excedentes pagados financian a las comunidades más pobres. Si aplicáramos la misma regla de tres que aplica el Gobierno catalán, los contribuyentes que más impuestos pagan al Estado deberían recibir más contraprestaciones que aquellos que menos pagan.

En el caso que nos ocupa, la Generalitat cifraba su déficit en el ejercicio 2009 en 16.409 millones de euros, equivalente a un 8,4 % del PIB catalán.

Para llegar al cálculo de dicha cifra, la Generalitat utiliza el método del flujo monetario, mediante el cual únicamente se imputan los ingresos y los gastos en el territorio en el que se producen. Lógicamente es el método que más beneficia ya que exagera el déficit fiscal al no tener en cuenta aquellos gastos que, aunque no se hayan realizado físicamente en el territorio analizado, repercuten en él de alguna forma, como puede ser el ejército, la política exterior o ciertas infraestructuras.

En cuanto a los ingresos tributarios imputados mediante este método, se computarán en el territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen (hecho imponible). Por ejemplo, el IVA pagado por un ciudadano de Oviedo en un comercio en Mataró se imputaría en Cataluña, que es donde se localiza el hecho imponible ( Resultados de la balanza fiscal 2006-2009 Generalitat de Catalunya).

Si por el contrario, el método de cálculo de la balanza se realiza bajo el método del Flujo beneficio, esto es, teniendo en cuenta los gastos pagados por el Estado no necesariamente incurridos en territorio catalán, pero que benefician a dicha comunidad, el déficit fiscal disminuirá a 11.261 millones euros, lo que equivale a un 5,8 % del PIB.

Por tanto de la cifra inicial, reclamada por la Generalitat no refleja el saldo real y habría que sustraer de la misma 5.148 millones, que es la parte que corresponde a Cataluña del coste de los servicios generales prestados por el Estado y que benefician a Cataluña.

4. La discutida neutralización del saldo
Como se podrá observar en los cálculos recogidos en las tablas la Generalitat, el saldo está neutralizado por el ciclo económico. Esto es, se tiene en cuenta a la hora de efectuar el cálculo una hipotética situación de existencia equilibrio presupuestario. La doctrina no resulta pacifica en este tema. Según Pascual Fernández, que se muestra contrario a la neutralización de la balanza. En su estudio sobre la Balanza Fiscal de Cataluña 2006-2009, señala “este es un análisis absolutamente ficticio, que evidentemente, no tiene nada que ver con la realidad, porque los flujos financieros que financian el déficit del Estado de cada año se aportan desde mercados de capitales (nacionales -en cuyo caso, una parte tendrá su origen en Cataluña- y extranjeros). Pero la hipótesis que realiza la Generalitat es que el déficit de la Administración General del Estado de cada año, si no se hubiera financiado con deuda, se tendría que haber financiado con mayores ingresos aportados desde las distintas regiones. Y en el caso de superávit presupuestario se tendría que haber devuelto el exceso de ingresos”. “Se trata de un cálculo absolutamente ficticio porque el déficit de cada año (el real no el inventado) se ha financiado con deuda pública -no con ingresos no financieros provenientes de las comunidades autónomas-, y se amortizará a lo largo del tiempo”.

En cambio, para Xavier Sala Martín, claro partidario de la neutralización, “las balanzas fiscales no neutralizadas no reflejan la redistribución que el sistema fiscal genera entre las diferentes regiones de un Estado. Por lo tanto, son irrelevantes y no consiguen el objetivo que buscan las balanzas fiscales: estimar la redistribución interregional que genera el sistema fiscal. Para conseguir estimar la redistribución, se puede hacer con un cálculo estructural pero para ello hay que esperar a que el Gobierno central equilibre el presupuesto y pague todo lo que debe. Si no se sabe cuándo el Estado va a pagar sus deudas y, por lo tanto, no se sabe cuando se acaba su ciclo fiscal, la alternativa econométrica es calcular el saldo “neutralizado”. Eso es, exactamente, lo que hace la metodología que usó el conseller Castells en 2008 y lo que ha usado el conseller Mas Colell en 2012. Y es por eso, exactamente, que no se puede decir (como dijo la portavoz del PSC) que las estimaciones de las balanzas no neutralizadas tienen el mismo valor que las neutralizadas. Las no neutralizadas contienen CERO información sobre lo que realmente uno quiere saber de las balanzas fiscales: la redistribución” (Xavier Sala Martín. Por qué neutralizar las Balanzas Fiscales).

En definitiva, cuando las cuentas públicas están desequilibradas y existe un déficit, éste debe financiarse de alguna manera. Es cierto que, para volver a la senda del equilibrio, las comunidades autónomas y el Estado han aumentado los impuestos, pero también lo es que el Estado se ha endeudado más, como lo demuestra que la deuda respecto al PIB se ha disparado desde el inicio de la crisis.

En el cuadro siguiente elaborado por Pascual Fernández en su estudio sobre “La balanza fiscal de Cataluña 2006-2009” puede observarse la variación que experimenta el saldo del déficit si no se neutraliza.

Como dice Antonio Zabalza en referencia al cálculo de las balanzas fiscales ( El País 19 de noviembre de 2012): “No estamos ante un concepto nítido y estadísticamente acreditado como puede ser por ejemplo, el volumen de deuda pública publicado por el Banco de España sino ante un cálculo materialmente complejo”. Es por ello que resulta de gran importancia quitar relevancia a este concepto debido a la gran arbitrariedad existente a la hora de medir los saldos fiscales así como a la dificultad de imputar los ingresos y los gastos.

La confección de las balanzas fiscales surgió en España como demanda de las nacionalidades históricas. El Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió públicamente durante su discurso de investidura, el 8 de marzo de 2008, a publicar las balanzas fiscales de las CC.AA. Desde el momento en que surge la petición de la publicación de las balanzas fiscales, se alzaron diversas voces críticas. Los principales argumentos esbozados señalaban que la elaboración de las mismas dentro de un territorio nacional era un ejercicio técnicamente imposible.

Supongamos una sociedad mercantil cuyo mercado es todo el territorio español, lógicamente la sociedad mercantil tributara por el Impuesto de Sociedades por el beneficio conjunto obtenido en todo el territorio español sin detallar la contribución de cada región al beneficio global de la empresa, hecho que hará técnicamente imposible imputar el Impuesto de Sociedades a las distintas demarcaciones en que se basan las balanzas.

Sin embargo la publicación de las balanzas resulta decisiva para la valoración económica de desequilibrios territoriales, sirviendo de instrumento para la evaluación, generación y corrección de las políticas redistributivas del Estado. Debe recordarse que el propio concepto de balanza fiscal territorial es perverso, ya que quienes pagan impuestos son las personas, no los territorios. La balanza fiscal, vista desde esta perspectiva, solamente tiene sentido en el plano individual. Cada individuo es quien tiene una balanza fiscal positiva o negativa, en función de su carga impositiva y de la valoración de los servicios que recibe del Estado.

(*) Almudena Semur Correa es coordinadora del Servicio de Estudios Instituto de Estudios Económicos.

La cuestión catalana, hoy
Perspectivas económicas: realidades, incertidumbres y temas en la agenda
Juan Tugores Ques ofrece una visión panorámica de los aspectos más relevantes de la secesión
JUAN TUGORES QUES*  www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

1. Introducción
Ya sabemos que la economía es una parte importante, pero sólo una parte, de las dimensiones de la vida de las personas y de las sociedades. Y que los mecanismos económicos deben ser instrumentales para otros objetivos de más alto nivel. Pero ello no es justificación para la polarizada dualidad que encontramos en las argumentaciones acerca de los eventuales impactos de una nueva configuración de las relaciones económicas y políticas entre Cataluña y España, incluido el escenario de un proceso de independencia. Los maniqueísmos tan asociados a la naturaleza humana conducen a planteamientos que fluctúan entre lo idílico en un extremo a lo catastrofista en el otro, degradando los argumentos económicos, presentados de forma selectiva y parcial, a simples ratificaciones de posiciones, por supuesto legítimas y respetables, adoptadas en otras esferas.

Más allá de estos enfoques de justificación de preconcepciones, el objetivo de estas líneas es ofrecer una visión más panorámica de algunos aspectos relevantes –que no necesariamente coinciden con los que tiene más proyección mediática o política– de las complejidades de los procesos que podrían ponerse en marcha, presentando algunos datos, formulando incertidumbres, y, especialmente, introduciendo en la agenda temas que cualquier vía razonable de reconfiguración o negociaciones debería abordar. Con ello, tal vez se contribuya a clarificar los problemas que se deben afrontar, prerrequisito imprescindible para tratar de encontrar las soluciones adecuadas. Y, llegado el caso, a mejorar la forma en que la ciudadanía pueda expresar sus preferencias y decisiones a través de los mecanismos democráticos de nuestras sociedades.

El hilo conductor de las siguientes páginas es presentar algunos aspectos relevantes en los análisis de competitividad y crecimiento, considerando tanto vertientes importantes (cómo salir de la crisis y fundamentar con solidez la recuperación) como otras urgentes (problemas de transición entre escenarios de articulación política) e inquiriendo qué modificaciones, modulaciones o reversiones podrían producirse en las dinámicas actualmente en marcha. La viabilidad de países de reducida dimensión, el potencial del tejido empresarial, los lastres que supone el endeudamiento (explícito o, por ahora, encubierto) eventualmente a repartir de forma negociada, los problemas de acceso a la financiación y los riesgos para la calidad institucional son los epígrafes que consideraremos en las siguientes líneas.

2. Viabilidad, competitividad y dimensión de los países
Existen en Europa países con dimensiones –demográficas, territoriales, productivassimilares a las de Cataluña que permiten superar el debate acerca de la viabilidad económica. Es cierto que a escala global estamos discutiendo el papel de los grandes actores y que uno de los argumentos más serios a favor de una construcción europea que supere las graves dificultades actuales es la necesidad de una masa crítica y cohesionada para aspirar a tener una voz y un peso en la esfera global, en la que competir con gigantes como Estados Unidos o China, además de otros como India o Brasil. Pero dentro de Europa hay países-estado de dimensiones más reducidas y con adecuada – incluso envidiable– performance. Suiza (por citar un país con muchas especificidades pero que no es miembro de la UE ni de la Eurozona) ocupa desde hace varios años el primer lugar en el ranking de Competitividad Global que publica el World Economic Forum 34 con una población y territorio limitados, además de una heterogeneidad lingüística notable. Y por lo que hace referencia a otros indicadores de competitividad, si se hace el sencillo ejercicio de comparar, con datos de la Organización Mundial de Comercio 35, el ranking de países exportadores de mercancías referido a 2011 con el mismo ranking referido al año 2000, se obtiene el resultado de que, entre los diez primeros países, los dos únicos europeos que ganan posiciones son los Países Bajos y Bélgica (que acompañan a China y Corea del Sur como los que mejoran posiciones dentro del top ten), ambos países de dimensión reducida, mientras que los Estados de la Unión Europea de mayor dimensión se limitan a mantener o perder posiciones. Otro importante estudio comparativo de competitividad, el elaborado anualmente por la escuela de negocio IMD, de Lausanne, hasta 2006 incluía entre los territorios objeto de análisis no sólo a los Estados en sentido jurídico sino asimismo algunas importantes economías territoriales, entre ellas Cataluña, así como Baviera, Sao Paulo, Rhône- Alpes, Lombardía, Escocia, Maharashtra (la región de Mumbai-Bombay), Zhejiang (la provincia costera de China en torno a Hangzhou) y otras tan cercanas a las capitales estatales como la región de Île-de-France, obteniendo la economía catalana posicionamientos mejores que los referidos a España .

3. El papel del tejido empresarial
Si el tejido empresarial es siempre definitorio de una sociedad y un país, su importancia estratégica pasa aún más a primer plano en momentos como los actuales de crisis, incertidumbres y transformaciones. Desde hace algún tiempo se reconoce que el problema de fondo de nuestra economía es encontrar nuevas fuentes de generación de riqueza, actividad y empleo que tomen el relevo, con más solidez, de las que protagonizaron la etapa de crecimiento (ahora sabemos que con demasiadas fragilidades) previa a la crisis. Nuestra economía no se encuentra ante un mero problema cíclico sino de profunda necesidad de “reasignación de recursos”, por utilizar la expresión del premio Nobel de Economía 2010, Peter Diamond. Y es aquí donde las dinámicas emprendedoras, de innovación y creatividad, de asunción de riesgos, se convierten en activos esenciales. La superposición de incertidumbres a escala global con las específicas asociadas al tema que estamos comentando, dan todavía un papel más relevante al comportamiento del tejido empresarial, así como al papel de las políticas y de las condiciones de entorno sociopolítico que inciden sobre los incentivos y las capacidades de las empresas.

A este respecto cabe señalar que Cataluña tiene en su tejido empresarial, de larga tradición, uno de sus activos esenciales, probablemente el más valioso. Pero también en muchos sentidos uno de los más maltratados en los últimos tiempos. Preterido ante los sectores que nos obnubilaron colectivamente antes de la crisis, y ahora sujeto a dificultades que van desde los problemas de acceso razonable al crédito hasta impagos de administraciones públicas y particulares, agravados por políticas contractivas mal orientadas en sus contenidos, pasando por un marco regulatorio que sigue siendo muy restrictivo y convierte en heroica la asunción de iniciativas emprendedoras. La referencia comparativa más interesante para Cataluña es el denominado Mittelstand alemán, el conjunto de empresas no necesariamente grandes sino muy mayoritariamente medianas y pequeñas. Este Mittelstand es un puntal esencial del éxito exportador de Alemania y su excelente posicionamiento global al respecto 37, que permite a ese país, con una población muy inferior a la de Estados Unidos y China, pugnar desde hace
iempo con esos países por el liderazgo exportador de mercancías a escala mundial.

La utilidad y pertinencia de la comparación con el Mittelstand catalán no es tan forzada como algunos podrán estar pensando. Acostumbrados a comparaciones odiosas entre Cataluña y otros territorios de España debemos constatar que uno de los indicadores en que la posición catalana se mantiene con más vigor es precisamente en su papel exportador. Solo por citar datos recientes, entre enero y julio de 2012 las exportaciones catalanas suponían el 26,5% del total de las españolas, más que duplicando a las siguientes comunidades autónomas –Madrid con un 11,8% y Andalucía con un 11,5% – mientras que, por el lado de las importaciones, suponía un 27,5% 38 , lo que, al menos en una significativa porción, refleja asimismo un posicionamiento interesante en las redes globales de producción. Ello es especialmente mimportante en el actual escenario en que las exportaciones –y, en general, los indicadores de internacionalización– son la principal, y a veces se diría que la única, fuente de noticias positivas para la economía española.

Por eso parece claro sostener que el futuro de la economía catalana, bajo cualquiera de los escenarios alternativos que se puedan imaginar, depende de manera crítica de la performance del Mittelstand catalán. Su potencial es un sólido punto de partida pero, como ya se ha dicho, subsisten importantes dificultades que están impidiendo sacar partido de todo ese potencial. Además de los problemas de financiación, que se comentan más adelante, cabe señalar también algunas influyentes orientaciones que priorizan el papel de las grandes empresas más “emblemáticas” –las denominadas en alguna literatura national champions– proponiendo, en España y Cataluña, centrar las estrategias en ellas y confiar en su capacidad de arrastre del resto del empresariado. Enfoques alternativos como los que reinterpretan el Mittelstand en términos de los denominados “campeones ocultos” –hidden champions– son más prometedores y relevantes para fundamentar con solidez la recuperación, no repetir errores del pasado, y conformar unas economías y sociedades más solventes, entre otras cosas porque la experiencia a menudo demuestra, más allá de cualquier duda razonable, con qué facilidad se da la transición entre la apuesta por (solo o principalmente) un conjunto de grandes empresas y la “captura” por parte de éstas de procesos de decisión político-económica, con resultados que a medio plazo son perjudiciales tanto para la equidad como para la propia eficiencia o competitividad que se dice querer priorizar con los planteamientos de national champions.

4. Problemas de transición
Los enfoques más pragmáticos, alejados de interesadas posiciones extremas, tienden a coincidir a que, en la práctica buena parte de las incertidumbres acerca de eventuales escenarios se refieren sobre todo a los problemas de transición entre la situación actual y las nuevas realidades. Algunos de esos problemas están recibiendo tratamientos específicos por parte de autorizados analistas y no se va a entrar en ellos en estas líneas. Nos limitaremos a mencionar dos de ellos. Por un lado, los problemas para Cataluña de eventuales “problemas comerciales” con España, la cuestión coloquialmente denominada como el problema del boicot. Algún precedente no muy lejano referido a algún emblemático producto catalán está en la memoria cercana. Asimismo, existen análisis referidos a problemas similares a escala internacional originados por circunstancias en que la herramienta del boicot comercial se ha planteado como forma de represalia. En general, los estudios disponibles sugieren que, incluso cuando están presentes “efectos frontera”, a medio plazo la racionalidad económica y las pautas de competitividad acaban imponiéndose, al menos entre los agentes económicos cuyas pautas de comportamiento requieren pautas económicas objetivas.

Por otra parte, las controversias acerca de la continuidad o no –y en ese caso el procedimiento para la reintegración– de un eventual nuevo Estado catalán a la Unión Europea y a la zona euro tienen su propia especificidad y quedan fuera del alcance de estas líneas, ya que se cuenta con más autorizados especialistas. Sin negar, obviamente, la trascendencia económica y política de los temas (incluidos los problemas de perder el acceso a los recursos de la Política Agrícola Común y otras fuentes de financiación como el Programa Marco de Investigación, que tan buenos réditos ha ofrecido a Cataluña) cabe recordar que la plena condición de miembro no es la única forma de beneficiarse del mercado interior de la UE: los acuerdos de asociación de países del espacio económico europeo son ilustrativos y, en todo caso, tal vez no sea ocioso recordar que ni Suiza ni Noruega, por ejemplo, son integrantes ni de la UE ni de la zona euro sin que su performance parezca resentirse. Algunos incluso argumentarían justo lo contrario…

5. Repartir activos… y deudas
La distribución de activos y pasivos es un ingrediente inevitable de cualquier proceso de separación y algunos aspectos esenciales deben tenerse previstos incluso como “plan de contingencia” para evaluar la factibilidad, deseabilidad y capacidad negociadora bastante antes de llegar a plantearse –o evitarse – la cuestión de fondo.

La situación del endeudamiento público en España se sitúa todavía en niveles medios en las comparaciones internacionales, pero su rápido ritmo de crecimiento, junto a las dudas acerca de la capacidad para regenerar las fuentes de creación de riqueza y crecimiento, está castigando sobremanera, como es de sobra conocido, en los últimos tiempos el coste del acceso a la financiación de volúmenes importantes de deuda del conjunto del Estado, mientras que las perspectivas de financiación de la deudaautonómica de Cataluña son, por ahora, incluso peores.

Los análisis recientes de organismos internacionales apuntan a aspectos preocupantes a corto y medio plazo que aparecerían con toda crudeza en el escenario de tener que poner sobre la mesa “todas las cartas”, tanto las ya conocidas como otras más o menos sigilosamente mantenidas de forma discreta que, eventualmente, aflorarían. Y no se trata sólo de un tema eventualmente “bilateral” entre España y Cataluña sino que nuestros acreedores exigirían clarificaciones importantes al respecto y sus requerimientos condicionarían de forma importante los acontecimientos.

Los datos resumidos en el Fiscal Monitor 39 del FMI, en su edición de octubre de 2012, indican que el porcentaje de deuda pública sobre el PIB para España, que era del 40,2% en 2008, podría situarse en 2013 en el 96,9%, aunque concreta que ello sería incluyendo los 9,4 puntos porcentuales del PIB que supondría el pleno acceso a los 100.000 millones previstos en el plan de “rescate bancario” por parte de la eurozona, aprobado inicialmente en junio de 2012. Incluso sin el cómputo de esa cifra, se trata de una dinámica más que delicada.

En esa dinámica del endeudamiento cuya distribución se debería clarificar, la publicación del FMI nos recuerda que hay tres ingredientes básicos: por un lado, la evolución de los “déficits primarios”, es decir, los desajustes que persisten entre gastos públicos e ingresos antes de tener en cuenta los pagos de intereses; por otra parte, el coste adicional derivado de que el tipo de interés a pagar por la deuda vigente supera a la tasa de crecimiento del PIB –lo que en la jerga es el componente “r-g”-, que presiona al alza la ratio carga de la deuda respecto al PIB; y el tercer elemento son otras partidas denominadas los “ajustes stock-flow” que, en el caso de la economía española, tienen en las diversas aportaciones de recursos públicos para el rescate de entidades financieras. Especialmente relevante para dimensionar la magnitud de los problemas es el gráfico 8 del Fiscal Monitor citado en que se muestra cómo, según las previsiones del FMI, entre 2011 y 2013, España sería el país en que la acumulación de deuda bruta como porcentaje del PIB crecería más, incluso por delante de Grecia y Portugal. Se trata pues de un problema grave en todo caso, sujeto al escrutinio de los acreedores, que debería clarificarse para ver cómo gravita sobre el proceso de eventual reconfiguración del marco político. Es cierto que en todo caso se trata de un muy serio problema a afrontar, incluso si continuase inalterado el statu quo, pero la mera consideración de hipótesis de tener que negociar al respecto exigiría clarificaciones.

Otro aspecto hasta ahora llevado con discreción, pero cada vez con más dificultades, son los saldos que los bancos centrales nacionales mantienen en el Banco Central Europeo, como reflejo de las crecientes asimetrías entre las economías de la eurozona y la necesidad de financiar los desequilibrios resultantes. Hasta ahora el principal debate se había originado en Alemania, al alcanzar su posición acreedora en el denominado TARGET2 40, un volumen que algunos analistas encabezados de forma destacada por Hans Werner Sin – consideraron preocupante e insostenible. No sorprenderá constatar cómo son los bancos centrales de España e Italia los que lideran los saldos deudores. Los debates al respecto incluyen las referencias a que se trata de “rescates encubiertos” que ya habrían alcanzado un volumen notable incluso en ausencia de un “rescate formal”. Y asimismo se ha abierto la cuestión sobre cómo podrían Alemania y otros países acreedores recuperar sus saldos acreedores ante diversas eventualidades, incluida la ruptura de la zona euro. En este clima parece previsible que una eventual negociación acerca de la distribución de activos y pasivos del Estado español tuviese que incluir, de alguna forma, que los saldos deudores acumulados por el Banco de España puedan cifrarse en cientos de millones de euros. Añadir esa cuantía a los datos de endeudamiento más “visibles” conforma un escenario que, debe insistirse, requiere una clarificación de alcance.

6. Reabrir el grifo del crédito: urgente e importante
Recordar que el papel esencial del sistema financiero es captar adecuadamente el ahorro y canalizarlo eficientemente hacia la inversión productiva parecería innecesario si no fuese por la constatación de que en los últimos tiempos ese aspecto elemental se ha olvidado, con graves consecuencias. Antes de la crisis, el carácter “productivo” de las operaciones mayoritariamente financiadas por muchas entidades del sistema quedaba relegado y tras la crisis el desplazamiento del péndulo hacia severas restricciones en el acceso al crédito hace que a menudo proyectos potencialmente interesantes queden sin financiación adecuada. No es ninguna novedad en términos históricos: al menos desde el análisis de Irving Fisher (en 1933) sabemos que el sobreendeudamiento de unos y el correspondiente exceso en la concesión de créditos por parte de las entidades financieras son los elementos comunes más nítidos de todos los episodios de crisis financieras. También entonces Fisher comentó cómo tras los excesos el péndulo oscila con fuerza hacia la restricción de créditos durante la dura –y a menudo larga– etapa de “desendeudamiento”, lo que es uno de los factores explicativos de la mayor gravedad que, en promedio, presentan los episodios recesivos en cuyo origen se encuentra una importante “avería” del sistema financiero 41. No es objetivo de estas líneas entrar en el debate de cómo las políticas públicas deberían ponderar más adecuadamente la reapertura del acceso al crédito, incluso en presencia de importantes problemas de balance de las entidades financieras, especialmente en los países en que el endurecimiento del crédito para el tejido empresarial ha sido más duro.


Los estudios comparativos resaltan, además, de forma abrumadora, la asimetría entre los países de la eurozona por lo que hace referencia no sólo al volumen de crédito sino asimismo a las condiciones de acceso. Tanto los datos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional en la edición de octubre de 2012 del Global Financial Stability Report (GFSR) –en que los habituales análisis comparativos entre, por ejemplo, Estados Unidos y la zona euro tienen que dejar paso a desagregaciones dentro de ésta, adquiriendo el dueto “Italia y España” presencia específica 43- como por parte del Banco Central Europeo en diversas publicaciones, entre las más recientes en el momento de redactar estas líneas el recuadro con el expresivo título “Heterogeneidad en los tipos de interés aplicados por las IFM a los préstamos a sociedades no financieras en los distintos países de la zona del euro” 44, en el Boletín Mensual de noviembre de 2012.

Una pregunta esencial a plantear a la hora de valorar cualquier posible escenario de futuro es la referida a cómo quedaría la configuración del sistema financiero y, en especial, cómo podría verse afectada la disponibilidad y el coste del acceso al crédito. Ello es especialmente importante allí donde el tejido empresarial de mediana y pequeña empresa tiene más fuerza, no solo por su mayor dependencia a menudo de la financiación externa sino porque hay evidencias, incluido el reciente artículo del boletín del BCE en el párrafo anterior que, explícitamente, documentan que son este tipo de empresas las más negativamente afectada por las restricciones crediticias. El hecho de que tengan sede en Cataluña, tanto una de las tres entidades más importantes del sistema financiero español, como otra de las que están escalando posiciones entre las que vienen a continuación, ambas con notable presencia e intereses en múltiples lugares del conjunto de España, obliga a plantear dos cuestiones: por un lado, la eventual incidencia de nuevos escenarios sobre los balances de las entidades financieras con sede catalana (pasivos, activos, acceso a fuentes de financiación típica de banca central y, en su caso, mercados internacionales); y por otro lado, clarificar el posicionamiento jurídico y las perspectivas de negocio bancario de las principales entidades financieras con sede en otros lugares de España (y del extranjero).

7. La calidad de las instituciones: ¿hacia dónde vamos?
El papel de las instituciones –y de la calidad institucional– hace tiempo que ha ganado reconocimiento como uno de los factores explicativos del crecimiento económico. El premio Nobel de Economía, Douglass North, explicó ya hace décadas cómo las instituciones tienen importantes impactos económicos al menos en dos cruciales aspectos: la provisión de los incentivos –más o menos adecuados– a los diferentes actores de la vida económica y sociopolítica, y además afrontar la resolución de los conflictos distributivos que se dan de forma prácticamente inevitable en la vida y que adquieren en épocas de dificultades, incertidumbres y transformaciones una dimensión especialmente relevante. Contar con instituciones que propicien mecanismos y soluciones percibidos como razonablemente equitativos es importante, sobre todo, cuando se hacen llamamientos a participar en proyectos compartidos, a “remar todos en la misma dirección” extrayendo las implicaciones de que “estamos todos en el mismo barco”.

De manera especial, Acemoglu y Robinson 45 han venido desarrollando desde hace años (con otros colaboradores que incluyen al antiguo economista jefe del FMI, Simon Johnson) unos comprensivos y documentados análisis acerca del papel de las instituciones en los procesos de crecimiento económico. En su libro “¿Por qué fracasan las naciones?” concretan cómo diferentes tipos de instituciones contribuyen de forma decisiva a la prosperidad o al fracaso de los países. Y destacan un factor que puede ralentizar el progreso: el predominio de unas “élites extractivas” que ponen sus intereses personales, de lobby o grupo, por delante de los intereses generales del conjunto de la sociedad, y consiguen “extraer” una porción desproporcionada de la riqueza generada, incluso a expensas de la eficiencia y equidad del funcionamiento del conjunto del sistema económico y social. Aunque podría parecer que esas “élites extractivas” tienen sus arquetipos en economías de bajo nivel de desarrollo (de hecho, contribuyen a ese rezago) asimismo se pueden detectar manifestaciones de esas pautas en economías con mayor nivel de PIB per capita, especialmente a la hora de explicar comportamientos diferenciales. César Molinas 46 ha formulado una propuesta de aplicación del enfoque de Acemoglu-Robinson para tratar de contribuir a explicar la forma en que se gestó y se está afrontando la crisis en España que, pese a la polémica abierta, contiene interesantes y en algunos puntos sustanciales elementos de validez.

De hecho uno de los argumentos que se esgrimen desde algunas posiciones en Cataluña es la necesidad de contar con un marco político que permita “desconectar” de las importantes deficiencias que genera el capitalismo-con-élites extractivas (políticas, económicas y financieras) de España. Y ciertamente es importante, para una salida con solidez de la crisis, modificar sustancialmente aspectos de esas pautas de comportamiento que, cabe constatar con preocupación, están por ahora superando la crisis con inmunidad e impunidad, incluso a menudo dando lecciones al conjunto de la sociedad de cómo afrontar los estropicios que ellos mismos generaron. Pero, desde la perspectiva catalana, aflora otro importante elemento de preocupación: los importantes síntomas de que esos argumentos para legitimar la “desconexión” realmente están siendo la coartada para simplemente el relevo de una élite extractiva por otra que, eso sí, adopta, o trata de adoptar, formulaciones más “modernas” que resistirían poco el análisis de sus motivaciones e implicaciones si no tratasen de beneficiarse del clima emocional generado (entre otras importantes causas, por los errores y excesos de las élites a escala estatal) y que esas impacientes nuevas élites están tratando de “capturar”. Es absolutamente legítimo, en mi opinión, plantear todas las opciones de modificaciones en la articulación jurídico-política de Cataluña y su relación con España, pero ello debe hacerse con la mayor transparencia y pluralidad, bajo los parámetros europeos de los países integradores –no patrimonializados por determinados grupos– y democráticos, que potencien, en vez de propiciar retrocesos, lo que probablemente es el rasgo más esencial del amenazado modelo europeo: la complementariedad entre efectiva democracia política, sólido progreso económico y avanzadas políticas de bienestar social.

(*) Juan Tugores Ques es Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona.

La cuestión catalana, hoy
Radiografía del tejido empresarial catalán y posibles impactos del debate independentista
Oriol Amat analiza las principales características económico-financieras catalanas
ORIOL AMAT*  www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

1. Intruducción
Este trabajo tiene dos objetivos. En primer lugar, se trata de analizar las principales características económico-financieras del tejido empresarial catalán. Para ello, se presentan las principales conclusiones del Informe Anual de la Empresa Catalana1.

En segundo lugar, se pretenden apuntar posibles impactos que se pueden producir en relación con el debate independentista. Este debate se ha ido acrecentando a partir de la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional que anuló diversos artículos del Estatuto de Autonomía que había sido aprobado por el Parlamento catalán, por las Cortes españolas, y refrendado en el Referéndum de 2006. Posteriormente, la intensidad del debate creció exponencialmente a partir de 2012 tras la manifestación del 11 de Septiembre y la convocatoria de elecciones autonómicas del 25 de noviembre.

2. Coyuntura económica catalana
El entorno económico en el que se mueven las empresas catalanas continúa muy complicado, al igual que sucedió en los años anteriores. A pesar de que ya queda lejos la caída del PIB del 3,73 % del año 2009, el incremento del PIB ha sido sólo del 0,32 % el año 2010 y del 0,82 % en 2011. Estos porcentajes de crecimiento son muy bajos pero, al menos, son positivos.

Según los datos del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, la mejora que se inició en 2010 se explica por varios factores:
-Buen comportamiento de la industria. La recuperación de la actividad del sector se ha visto favorecida por su apertura exterior, que le ha permitido beneficiarse del mayor dinamismo de las principales economías europeas.

-El sector servicios también mostró una recuperación, sobre todo por el mayor dinamismo de la actividad turística.

-Sin embargo, la construcción todavía mantiene una fuerte contracción y no ofrece síntomas de recuperación. La caída de la actividad del sector refleja el ajuste en curso del mercado residencial y el impacto de las restricciones presupuestarias sobre la obra civil.

De cara a 2012, los datos que van llegando son peores, puesto que se espera de nuevo un decrecimiento del PIB, aunque con valores bajos. Por lo tanto, la recuperación iniciada en 2010 puede frenarse, entre otros motivos, por las medidas de contención de gasto e inversión de las administraciones públicas, por los aumentos de impuestos y por mla desaceleración que se está produciendo a nivel internacional. La evolución del entorno económico debe tener lógicamente su reflejo en las cuentas de las empresas.

3. Número de empresas no financieras por tamaños y sectores
El número de empresas con establecimiento en Cataluña que han desaparecido a lo largo de los últimos años es significativo, especialmente en la industria. Por dimensiones, donde ha disminuido más el número de empresas es en los segmentos de empresas medianas y grandes.

Seguidamente, se presentan los datos principales que explican la evolución de las empresas catalanas durante estos últimos años. El análisis se fundamenta en las bases de datos de la Central de Balances del Banco de España. El volumen de negocio de las 2.394 empresas que integran la muestra en la que se basa este estudio equivale al 18,8% del valor añadido bruto generado por las empresas no financieras catalanas.

4. Capacidad de generar riqueza y situación financiera
Después de unos años muy negativos (2008 y 2009) en los años 2010 y 2011 la evolución de la actividad ha sido positiva. En 2010 el volumen de ventas de las empresas catalanas aumentó un 4,5 % y en 2011 un 2 %.

La evolución de las ventas en el mercado interior y exterior experimentó un cambio en el año 2010, si tenemos en cuenta la evolución de los años anteriores. Del 2000 al 2009, a excepción de tres años (2000, 2005 y 2009), las tasas de crecimiento de las ventas en el mercado español son superiores a las de las ventas en el extranjero. En 2010, la tasa de variación de las ventas en el extranjero fue muy positiva y mucho más elevada que la de las ventas en España.

Lo mismo ha sucedido en 2011. Por lo tanto, ha sido la actividad exportadora la que ha tirado más de las ventas. Este dato explica el repunte de la intensidad exportadora, sobre
todo en 2010. La intensidad exportadora es el peso de las ventas en el exterior sobre las ventas totales.

La mejora de las ventas en el extranjero es consecuencia de varios factores, entre los cuales se puede destacar que los países a los que se exporta se están recuperando más rápidamente de la crisis. También señalamos la importante actividad que están llevando a cabo muchas empresas en los mercados exteriores, para compensar la caída de las ventas en el mercado nacional. El resultado está permitiendo reducir el déficit exterior. Este déficit es, precisamente, uno de los principales desequilibrios que tiene el patrón de crecimiento de la economía catalana, al igual que la española.

La evolución del empleo es muy desfavorable. Por lo tanto el aumento de las ventas no está sirviendo para generar ocupación. En todos los años analizados, desde 2008 hasta 2011, ha continuado la reducción en el número de trabajadores, a pesar de que los porcentajes de destrucción de empleo ya son menores que los de los años anteriores.

La reducción ha seguido afectando sobre todo a los trabajadores no fijos. A finales de 2011, el paro registrado era de 600.930 personas. En 2012 también ha continuando destruyéndose empleo y a finales de septiembre el paro registrado era de 632.457 personas, lo que representa más del 22 % de la población activa.

La inversión en activos inmovilizados e inversiones inmobiliarias siguió creciendo durante el año 2010, aunque menos que en los años anteriores. En 2011, en cambio, se vio reducida. Por lo tanto, muchas empresas han optado por posponer inversiones en inmovilizado a la espera de tiempos mejores. Esto también puede ser consecuencia de las restricciones crediticias que imposibilitan a muchas empresas a financiar sus planes de inversión.

En términos de eficiencia hay evoluciones divergentes. Así, en 2010 aumentó la productividad laboral, pero en 2011 volvió a disminuir, a pesar de la reducción de los salarios en términos reales. La causa está relacionada con la caída de los márgenes y el valor añadido, que ha sido superior a la caída de los salarios.

Con respecto a la eficiencia en la gestión de los activos, ha habido mejoras en la rotación del inmovilizado en 2010 y en 2011 y, en cambio, ha empeorado la rotación del activo corriente en 2011. En conjunto, la rotación del activo mejoró en 2010 y también, aunque menos, en 2011. Por lo tanto, las empresas son más eficientes en la utilización de activos.

Los costes reales de la financiación disminuyeron tanto en 2010 como en 2011, como consecuencia de la bajada de tipos que se ha producido en estos años. Hasta el año 2009 las empresas catalanas habían ido perdiendo rendimiento del activo. La explicación estaba en la menor rotación de los activos y el menor margen. En cambio, en 2010 cambió la tendencia y tanto la rotación como el margen contribuyeron a mejorar el rendimiento del activo. El efecto positivo del apalancamiento financiero también contribuyó a incrementar la rentabilidad de los fondos propios. En 2011, el margen ha vuelto a bajar y, aunque la rotación de los activos ha mejorado ligeramente, se ha reducido el rendimiento de los activos y también la rentabilidad de los fondos propios.

Este es un tema muy importante, puesto que uno de los objetivos principales de cualquier empresa, inclusive en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, es generar riqueza financiera para poder crecer y retribuir adecuadamente a todas las partes interesadas (socios, trabajadores, proveedores, comunidad...). La rentabilidad de la empresa mide su capacidad de generación de beneficios en relación con la inversión y, por lo tanto, es un indicador del beneficio generado a partir de los recursos disponibles.

La rentabilidad de los fondos propios ha estado bajando desde el año 2001, a excepción del año 2010, en que experimentó un repunte. En 2011 la rentabilidad de los fondos propios ha sido algo superior al 5 %. A pesar de ser positiva, es inferior al coste de oportunidad de muchos accionistas, que está normalmente entre el 8 % y el 12 %. El rendimiento del activo ha tenido una evolución similar. También ha ocurrido más o menos lo mismo con el apalancamiento, que mide si la deuda es rentable para la empresa. El hecho de que el apalancamiento sea superior a cero significa que la deuda es rentable, puesto que su coste es inferior al rendimiento de los activos.

Se comprueba que la rentabilidad ha caído como consecuencia de la bajada del rendimiento del activo. Este rendimiento ha bajado debido a la caída de los márgenes, consecuencia de la menor productividad y las rebajas en los precios de venta, puesto que las empresas han aumentado ventas a expensas de rebajar precios.

La dimensión ha influido en la marcha de las empresas. La evolución ha sido más favorable para las empresas medianas y grandes, puesto que han aumentado más las ventas y han reducido menos los márgenes que las empresas pequeñas. En cambio, el empleo se redujo en todos los casos.

Durante los años 2010 y 2011 la estructura del activo de la empresa catalana se ha mantenido bastante estable. Donde ha habido cambios es en la financiación, puesto que ha continuado el proceso de desapalancamiento en el que están inmersas la economía catalana y la española. No hemos de olvidar que una de las debilidades más importantes de nuestra economía es la dependencia de la financiación exterior, dado que el ahorro interno ha sido insuficiente para financiar todas las inversiones que se han hecho durante los años de la burbuja inmobiliaria. En estos últimos años, tanto los particulares como las empresas están reduciendo su volumen de deuda. Por ello, en la parte de financiación las empresas han seguido priorizando los fondos propios, lo cual es bastante razonable. Como ya hemos recordado, sin duda a ello han contribuido las restricciones generadas por la crisis del sistema financiero.

Las empresas catalanas tienen un perfil económico y financiero similar al de las empresas del resto de España, aunque hay algunas diferencias. Así, las empresas del resto de España han tenido una mejor evolución de la actividad y valor añadido en los últimos años. Por otra parte, las empresas españolas están más endeudadas, y al igual que las empresas catalanas, disponen de un apalancamiento financiero favorable, hecho que explica que la deuda sea rentable. En las empresas catalanas, el mayor apalancamiento financiero ha permitido que en 2011 la rentabilidad financiera sea algo más elevada que la que obtienen las empresas españolas.

5. Posibles impactos del debate independentista en las inversiones, comercio con el resto de España y deslocalización de empresas
El debate independentista abre muchos interrogantes cuya respuesta condiciona los impactos económicos:

-¿Se producirá la independencia? Este es un tema esencialmente político que no abordamos en este trabajo.

-En caso de independencia: ¿Se saldrá de la Unión Europea? De nuevo se trata de un tema jurídico y político que escapa de los objetivos de este trabajo.

-Si Cataluña se sale de la Unión Europea: ¿Cuándo volverá a reingresar? ¿Abandonará el euro? ¿Habrá nuevas fronteras y aranceles? En este caso, parece que lo más razonable en un escenario de abandono de la Unión Europea es que Cataluña siguiese con el euro (otros estados que no son de la UE tienen el euro) y no hubiese aranceles para facilitar
un reingreso más rápido en la UE.

Dada la dificultad de visualizar las características de los escenarios que se abren no es posible cuantificar de manera precisa y creíble los impactos que se producirán. De
todas formas, seguidamente, apuntamos algunos de ellos.

El análisis de los posibles impactos del debate independentista para las empresas puede hacerse considerando el corto plazo o un horizonte temporal más largo, en caso de que Cataluña pasase a ser un estado independiente. Estos impactos pueden afectar a temas como el comercio entre Cataluña y el resto de España, al comercio entre Cataluña y el resto de la Unión Europea, a la deslocalización de empresas o al aumento de sedes de empresas multinacionales, entre otros.

Impactos durante el debate independentista
La etapa actual tiene grandes incertidumbres en lo que se refiere a su duración y a cómo acabará, ya que puede ser que al final se descarte la independencia (tanto si se producen cambios en la relación con España como si sigue todo igual que hasta ahora) o bien que Cataluña pase a ser un estado independiente.

En esta etapa, el principal impacto puede ser consecuencia de boicots comerciales por parte de empresas y consumidores del resto de España. Ya ha habido otros precedentes de boicots. Por ejemplo, durante el debate de la reforma del Estatuto, las empresas de vino y cava informaron de una reducción de ventas en 2005 en el resto de España de entre un 10% y 15 %. Algunas empresas han informado recientemente de que aún no han recuperado a todos los clientes que se perdieron durante dicho boicot. Para identificar qué parte de las ventas puede verse afectada por este boicot, es útil la información de la figura 6, en la que se aprecia que las ventas de bienes al resto de España representan una tercera parte de las ventas totales. Este porcentaje se ha ido reduciendo en los últimos años como consecuencia del aumento de la internacionalización.

De los datos anteriores se desprende que el impacto de este tipo de boicot es menor al que se habría producido hace unos años. Sin embargo, a la vista de los antecedentes expuestos, parece claro que habrá boicot. De hecho, en el momento de redactar estas notas (noviembre 2012), diversas empresas ya han comunicado que no comprarán a proveedores catalanes y son varias las empresas catalanas que han anunciado que algunos clientes les han anulado pedidos.

Sobre la reacción de los empresarios ha habido opiniones diversas. Desde empresarios que han manifestado que si hay boicot deberán cerrar la empresa, hasta empresarios que han hecho público que este tema puede tener un impacto mínimo. Otros empresarios han manifestado que los beneficios de la independencia (desaparición del déficit fiscal, corrección de déficits en infraestructuras...) son mayores que las posibles pérdidas de ventas. Lógicamente, esto depende mucho del peso de las ventas realizadas al resto de España para cada empresa. Una encuesta de la patronal CECOT realizada en 2012 entre sus socios muestra que el 66 % de los empresarios no tiene miedo a un posible boicot.

Impactos en caso de independencia de Cataluña
En caso de que Cataluña se independice, parece obvio que el boicot sería mayor. Sobre este tema, se han efectuado diversos estudios. Guinjoan y Cuadras (2011), tras analizar diferentes escenarios de impacto en el PIB de la reducción de ventas a empresas y a consumidores finales concluyen que el escenario más factible es el de una reducción de ventas a empresas del 20 % y una reducción de ventas a consumidores finales del 40 %, lo que implicaría una reducción del PIB catalán del 4%.

Más negativos son los impactos previstos por otros estudios como el realizado por Comerford, Myers y Rodríguez (2012), que diagnostican un proceso gradual de caída del comercio entre Cataluña y España (en total una caída del 80 %) para llegar a los niveles de la relación existente con Portugal. También prevén un aumento del comercio entre Cataluña y el resto del mundo del 10 %, por lo que el impacto conjunto sería de una caída del 9 % del PIB catalán.

Según otro estudio elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores el impacto en el PIB catalán sería una caída del 19 % por la disminución de 28.000 millones de euros en el comercio entre Cataluña y España, como consecuencia de la instalación de fronteras y una caída de 7.400 millones de euros en el comercio con la Unión Europea, como consecuencia de la salida de Cataluña de la UE. En cualquier caso, el boicot comercial puede tener un efecto indeseado para los contrarios a la independencia, y es que la menor dependencia de las compras efectuadas desde el resto de España puede dar más alas a los independentistas.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el boicot a productos catalanes puede provocar un boicot en sentido inverso, si consumidores catalanes sustituyen productos del resto de España por productos de empresas catalanas. Dada la reducción gradual en el saldo comercial entre Cataluña y el resto de España (ver figura 9), en caso de que se produzca este contra boicot, podría reducir de forma significativa el impacto global de un boicot.

Otra consecuencia de la independencia serían las deslocalizaciones, ya que hay empresas (Planeta, por ejemplo) que han anunciado que en un escenario de independencia se marcharían de Cataluña. Sin embargo, diversas multinacionales (BASF, Dow...) han comunicado que no tienen intención de marcharse en caso de independencia.

Finalmente, un estado independiente podría atraer a sedes de multinacionales que en estos momentos tienen la sede española fuera de Cataluña, pero que podrían estar interesadas en abrir una sede en este nuevo Estado. Esto se ha observado en Estados de nueva creación, como Eslovenia o Eslovaquia, por ejemplo.

Todos estos impactos dependen también de cómo reaccionen las empresas a las que pueden perjudicar o beneficiar, ya que pueden poner en marcha estrategias empresariales (apertura de filiales en otras ciudades, potenciación de nuevas marcas...) para afrontar este tipo de retos.

6. Conclusiones
Este trabajo ha descrito, en primer lugar, las principales características económicofinancieras del tejido empresarial catalán. Hasta el año 2011, las empresas catalanas han tenido una buena evolución de las ventas, sobre todo gracias a la exportación. A pesar de ello, se ha reducido el número de empresas y, sobre todo, el empleo. Desde el punto de vista financiero, las empresas están más capitalizadas puesto que han seguido reduciendo el endeudamiento. En cambio, han perdido rentabilidad puesto que para vender más han funcionado con un margen menor. Este diagnóstico hace evidente que cualquier reducción de ventas puede ser altamente perjudicial, y más en estos momentos en que muchas empresas están sufriendo las negativas consecuencias de una crisis que está durando más de lo previsto.

A continuación se han apuntado impactos que se pueden producir en relación con el debate independentista. La cuantificación creíble de los mismos no es posible, ya que requiere utilizar hipótesis demasiado subjetivas. Esto explica las grandes discrepancias en los estudios publicados hasta la fecha. Los estudios elaborados por personas que simpatizan con la independencia muestran que los impactos son poco negativos o incluso favorables para las empresas catalanas y que quien más tiene que perder es España. En cambio, los estudios realizados por personas u organismos contrarios a la independencia concluyen con impactos extremadamente perjudiciales para Cataluña y sus empresas.

Independientemente de las hipótesis utilizadas, el debate puede estar produciendo impactos negativos desde el momento en que se ha abierto, como consecuencia de la incertidumbre y de los boicots a productos catalanes y posibles boicots hacia productos del resto de España. También se pueden producir efectos negativos (deslocalizaciones de empresas) o positivos (aumentos de sedes de multinacionales en Cataluña). El resultado final de estos impactos depende mucho de cómo actúen a partir de hoy las empresas, ya que pueden adoptar estrategias para protegerse ante impactos negativos y beneficiarse de los impactos positivos.

Teniendo en cuenta el diagnóstico efectuado de las empresas catalanas con fortalezas significativas, pero también debilidades como la caída de la rentabilidad y el empleo, es conveniente incidir en todo lo que pueda contribuir a reducir incertidumbres que pueden retrasar inversiones. Por ello, es fundamental conseguir un nivel de diálogo que permita organizar de una forma adecuada el proceso que lleve a una solución de los problemas existentes, tanto si Cataluña sigue en España como si se acaba independizando. La duda es si los que deberían conseguir pactos y consensos para conseguir situaciones win-win (en las que las dos partes ganen) están por la labor. La historia de los últimos años recuerda que, en la mayoría de temas relevantes, esto no es fácil... y así nos va.

(*) Oriol Amat es Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Universidad Pompeu Fabra

La cuestión catalana, hoy
Las falsas premisas del Estado catalán
Donato Fernández parte de la premisa de que "Cataluña nunca ha aspirado a ser un Estado independiente"
DONATO FERNÁNDEZ NAVARRETE*  www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

1. Planteamiento general
Desde que Cataluña consiguiera su primer Estatuto de autonomía en la Segunda República (que fue abolido por el franquismo), dicha Región ha aspirado a tener una cierta autonomía que finalmente fue conseguida con el Estatuto de Sau de 1979, al amparo de la Constitución de 1978. Cataluña nunca ha aspirado a ser un Estado independiente porque forma parte del corazón de España, a la que históricamente ha contribuido a crear. La reivindicación del soberanismo por los partidos nacionalistas catalanes es, pues, una cuestión artificial y absolutamente novedosa que arranca de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró parcialmente inconstitucional el Estatuto catalán de 2006 (que reforma al de 1979). La crisis económica, que es muy profunda en Cataluña, ha contribuido a agravar la situación debido a las elevadas cotas alcanzadas por el presupuesto de dicha autonomía, que no son financiables con los recursos disponibles en épocas de crisis. Este es, bajo mi punto de vista, el fondo de la cuestión que ahora se debate.

La Generalitat viene elaborando balanzas fiscales con el fin de demostrar el supuesto expolio que sufre Cataluña por parte del Estado2. Aparte de señalar la escasa utilidad práctica de estos trabajos en un Estado unitario –con independencia de que esté regionalizado- con un sistema fiscal unificado –a pesar de los matices que puedan hacerse- en el que el sujeto de los tributos es el ciudadano -con independencia de donde viva- y no los territorios, la metodología aplicada por la Generalitat deja mucho que desear. Al no encontrar la réplica y difusión adecuada por otras investigaciones que contrasten sus resultados, tales trabajos, avalados y financiados por una institución pública, se convierten en la verdad establecida3. A este propósito debe recordarse que Cataluña es una de las 15 comunidades autónomas a la que se le aplica el régimen común de financiación que regula la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Dicha Ley, promulgada en 1980, en buena parte está inspirada en el Estatuto catalán de 1979. Las reformas posteriores lo han sido, en todos los casos, por iniciativa y a plena satisfacción de los gobiernos catalanes aprovechando los sucesivos pactos de los nacionalistas con el PSOE o con el PP.

Con la actual crisis económica, en la que se ha producido una fuerte caída de los ingresos tributarios, el gobierno catalán ha dejado de sentirse cómodo en el régimen LOFCA y aspira a conseguir el de Concierto, que es el que se aplica al País Vasco y a Navarra; un modelo, por lo demás, absolutamente insolidario con el resto de las comunidades autónomas, que no debió reconocer la Constitución de 1978 para las dos comunidades citadas.

Como la cuestión está planteada, no parece existir otra alternativa viable que la de consensuar algún tipo de acuerdo político, que puede implicar la reforma de la Constitución, para darle una salida a este problema. Una solución que debe ser equitativa para todas las regiones y que no debe suponer privilegio para ninguna de ellas; esto pasa por suprimir el sistema de conciertos, lo que puede abrir otro frente de conflicto. Si dicho acuerdo no se consigue y el pueblo catalán realmente desea la independencia de España y sigue un procedimiento escrupulosamente democrático, Cataluña no puede ser condenada eternamente a permanecer en España. Ahora bien, debe quedar absolutamente claro que la independencia no es gratuita o que incluso puede resultar muy rentable, como hacen creer los nacionalistas. Por el contrario, la independencia tiene un coste tan elevado que puede suponer para Cataluña su ruina económica por muchos años. Y también la de España, que pagaría un alto precio.

En los dos epígrafes que siguen me propongo debatir por qué son falsas las dos premisas de las que parte el nacionalismo para reivindicar una Cataluña independiente: su permanencia en la Unión Europea (UE) y que será un Estado próspero.

2. Una Cataluña independiente no encaja en la UE
El nacionalismo no cuestiona la permanencia de una Cataluña independiente en la Unión: la da por supuesta. ¿Una Cataluña independiente podría continuar en la UE? La respuesta es rotundamente no. Y no podría hacerlo porque Cataluña no ha firmado los tratados de la Unión y por lo que no es parte contratante de la misma. Sí lo es España en función de su soberanía y en función de ésta, al igual que el resto de los Estados, le atribuye competencias a dicha Organización internacional. Como Cataluña no es un Estado, ni nunca lo ha sido, de conseguirlo en un futuro, tendría que pedir su ingreso en la Unión como país tercero. Y otro tanto ocurriría con el resto de las organizaciones internacionales.

Los tratados comunitarios no contemplan el supuesto de que uno de sus Estados miembros se fraccione en nuevos Estados, ni tampoco el encaje de esos nuevos Estados segregados en la estructura de la Unión. Por el contrario, lo que sí se encargan de regular es que tal supuesto no se dé: “La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro” (Art. 4.2 del TUE).

La garantía de la integridad territorial de los Estados es un elemento central en la filosofía de los tratados de la UE. Y lo es por razones históricas: los nacionalismos, que proliferan por doquier en Europa, han sido el germen de los conflictos bélicos del pasado. Tratar de construir una Unión sobre las autodenominadas naciones sin Estado significaría la ruina del proceso de integración debido a la defensa que hacen de todo tipo de intereses mezquinos: la ideología nacionalista es un galimatías conceptual que se fundamenta en actos colectivos de fe, en afirmaciones y creencias, pero no en ideas; y en el victimismo, la irracionalidad y la negación del otro. En fin, el modelo de integración comunitario no contempla a las regiones como entidades políticas –sí administrativas- sobre las cuales se vertebre el futuro político de la UE; incluso en una situación federalista de la misma, su base continuarían siendo los Estados, que no desaparecerían.

Hasta el vigente Tratado de Lisboa (TL), ninguno de los precedentes contemplaba el abandono de un Estado miembro de dicha Organización internacional. Lo hace por primera vez el TL (que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009), en el apartado 1 del Art.50 del TUE que estipula: “Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión”. El procedimiento de retirada se desarrolla en los apartados siguientes del mencionado artículo.

Hasta el momento, ningún Estado miembro ha solicitado su retirada de la Unión; por lo tanto, no contamos con memoria histórica a este respecto. Sí existen dos casos, ambos de carácter regional, que pueden servir de ejemplo: uno de retirada de la Unión y otro de entrada en la misma. El primero corresponde a Groenlandia, que solicitó salir de la Unión (entonces Comunidades Europeas) en 1985, pero no de Dinamarca de la cual dependía y depende políticamente (Groenlandia no es un Estado independiente). La solución que adoptó la Unión fue la de concederle a esta región el estatus de “Asociación de los Países y Territorios de Ultramar” (que se regula en la Cuarta Parte del TFUE), territorios que si bien tienen vínculos especiales con la UE, no son parte de la misma.

El segundo supuesto es de ampliación, fue el que se dio con la reunificación de Alemania en 1990. En este caso, se produjo la absorción por parte de la República Federal -que ya era miembro de la UE-, de la República Democrática, pero no como tal Estado –que dejó de existir- sino de sus cinco Länder que se integraron en la Federal para formar la Alemania reunificada. Fue una ampliación encubierta de la Unión. Cataluña constituiría un ejemplo diametralmente opuesto a los dos anteriores. En este caso, se trata de una región de un Estado miembro (España) que aspira a constituirse en Estado soberano. De culminar con éxito dicho acto de independencia, Cataluña no solo dejaría de formar parte del Estado al que pertenece sino también de todos los organismos internacionales en los que España participa, entre ellos la UE, en los que tendría que pedir su ingreso. Cataluña, de lograr su pretensión de constituirse en Estado soberano, se autoexcluye de la representación del Estado de origen (España), que dejaría de representarla tanto en la Unión como en cualquier otra organización internacional.

Centrándonos en el caso de la Unión, la pertenencia de Cataluña a la misma depende mucho de cómo se produjese su separación de España. A mí modo de ver se presentan tres grandes alternativas, que paso a considerar. Primera opción: Cataluña se constituye como Estado asociado de España. En tal supuesto, Cataluña continuaría formando parte de la Unión sin solución de continuidad. España seguiría ostentando la representación en las instituciones de la misma e internamente podría negociarse su reparto. El problema aquí reside en que no es un procedimiento constitucional; y con toda seguridad la Constitución española, de reformarse, tampoco contemplaría este supuesto confederal. Una iniciativa similar ya fue intentada por el gobierno Ibarreche del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en su proyecto de Estatuto de 2005, bajo el subterfugio de una Comunidad libremente asociada al Estado Español pero con derecho a decidir libremente su organización y sus relaciones públicas. El proyecto Ibarreche fue rechazado por abrumadora mayoría: ni tan siquiera fue admitido a trámite por el Congreso. Es posible que el futuro gobierno catalán esté en la idea de presentar una propuesta de este tipo. De hacerlo, correrá la misma suerte.

Segunda opción: Cataluña negocia su independencia con España. Como la actual Constitución no admite la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la cuestión solo en Cataluña, previamente sería necesario reformar la misma y someterla a referéndum en toda España para su refrendo. Si esa nueva Constitución lo admite, habría que celebrar otro referéndum sobre la independencia, en este caso solo en Cataluña. De lograr ésta su pretensión, vendría obligada a abandonar la Unión (y por supuesto el euro y el espacio de Schengen) y a solicitar -siguiendo el procedimiento previsto por el Art.49 del TUE- su ingreso como país tercero. De ser admitida su solicitud de candidato a Estado miembro, que con bastante probabilidad seria vetada por más de un Estado miembro (y que España de alguna forma se vería obligada a celebrar un referéndum al respecto), las negociaciones, una vez cubierto este trámite, podrían prolongarse entre cinco y diez años, que es la media que se viene dando en los nuevos candidatos (España y Portugal, 8 años; la ampliación a los Estados del Este y del Mediterráneo, entre 10 y 14 años; Croacia, 10 años, etc.). Dicho ingreso en la UE no implicaría que lo hiciese simultáneamente en la Eurozona ya que son dos actos
diferentes: el primero es una condición necesaria pero no suficiente. El ingreso en la unión económica y monetaria se produciría con posterioridad y dependería del cumplimiento de los criterios establecidos en el Tratado de Maastricht. En el interregno, a lo máximo que podría aspirar Cataluña sería a un acuerdo cambiario de su peseta con el euro (no sería posible un acuerdo monetario) con la Unión, acuerdo que sería administrado por España.

Tercera opción: Cataluña se separa de España por un acto unilateral de secesión. En este tercer supuesto (que suele darse en Estados federales o confederales, pero no en los unitarios como lo es España), entrarían en funcionamiento los mecanismos previstos por la Constitución en numerosos de sus artículos, entre otros, el Art.1.2 “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y el Art. 2 “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

El ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña para constituirse en Estado soberano es legalmente muy cuestionable por varias razones, entre las que destacan las dos siguientes: la primera, porque a diferencia, por ejemplo, de Escocia que fue Estado independiente hasta 1707, Cataluña nunca lo ha sido; y la segunda porque tampoco ha sido ni es una colonia de España, supuesto para el que ha sido previsto el derecho de autodeterminación.

Como es sobradamente conocido, Cataluña formó parte del Reino de Aragón que, conjuntamente con el de Castilla, crearon la nación española a finales del siglo XV iniciando a partir de entonces la construcción del Estado, uno de los más viejos de Europa. El matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón permitieron la alianza de las dos coronas participando ambas en la conquista, primero, del Reino de Granada (1492) y, posteriormente, del de Navarra (1512), así como en el descubrimiento de América. A partir de la unión de dichas coronas, la historia de España ha sido común y nunca se ha vuelto a diferenciar entre las antiguas coronas de Aragón y de Castilla y mucho menos entre Cataluña y el resto de España.

España ha sido históricamente el común denominador sobre el que se ha cimentado el espacio económico (el mercado interior) a lo largo de varios siglos a través de un prolongado proceso de reformas de todo tipo. Entre estas cabe citar losdenostados –por los nacionalistas catalanes- Decretos de Nueva Planta de Felipe V (en la segunda década del siglo XVIII) que permitieron la reorganización de la administración territorial y acabar con muchos privilegios feudales de los reinos. Afectaron al de Aragón, al de Castilla y al Consejo de Indias y fue excluido de las mismas el Reino de Navarra y las provincias vascas. Por dichos Decretos perdieron parte de sus instituciones propias. El de Aragón, que en la Guerra de Sucesión había apoyado mayoritariamente las pretensiones a la corona del Archiduque Carlos, perdió sus fueros y en el de Castilla quedaron suprimidos, entre otros, los privilegios
municipales.

Un siglo después, a partir de la Constitución 1812, comenzaron a sentarse las bases para la modernización de España. Se abolió la Inquisición, los señoríos jurisdiccionales, los mayorazgos, los gremios, la Mesta, etc.; se prosiguió con la desamortización de la propiedad rústica y urbana (eclesiástica y civil) y la del subsuelo (legislación de minas); se estableció, en 1841, el arancel común; la unidad fiscal, teóricamente se consiguió con la reforma de Alejandro Mon y Ramón de Santillán de 1845; el sistema de pesas y medidas común (el sistema métrico decimal), fue implantado por el ministro de Hacienda, Bravo Murillo, en 1849; la unión monetaria se consiguió en 1868 tomando como base la peseta de cien céntimos (la peseta es de origen catalán y la primera peseta fue acuñada en Barcelona en 1808); etc.

Todas las reformas citadas, y otras muchas que se omiten, fueron comunes y afectaron –salvo alguna excepción puntual- a todo el territorio español. Y muchas de ellas fueron impulsadas por insignes catalanes, que afortunadamente han proliferado en la historia de España; baste citar, a mero título de ejemplo, a Juan Prim, Laureano Figuerola, Francisco Cambó, Agustina R.M. Zaragoza y Domènech (Agustina de Aragón), Andreu Nin, Marcelino Domingo, Joan Sardà i Dexeus, Juan Antonio Samaranch, etc.

Por lo que respecta a la Unión Europea, Cataluña, lo mismo que en el caso precedente, tendría que abandonarla y pedir su ingreso en la misma como país tercero. Pero en este caso, el proceso se complicaría de manera considerable ya que Cataluña no tendría ni tan siquiera la opción de solicitar su ingreso en muchos años. Al producirse tal independencia por un acto de secesión, no sería reconocida durante un largo periodo por ninguno de los Estados de la Unión, puesto que España invocaría la aplicación del ya mencionado párrafo segundo del Art. 4 del TUE. Y el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión, entre otras instituciones, tendrían que pronunciarse al respecto.

Cataluña pasaría por un amplio periodo de hibernación quedando como Estado aislado hasta que fuese reconocido por la comunidad internacional y en particular por los Estados de la Unión. Una vez logrado tal reconocimiento por todos los Estados que formen parte de la Unión en ese momento, Cataluña tendría la posibilidad de solicitar su ingreso en la misma. España, y con alta probabilidad otros Estados, vetarían su entrada durante muchos años; incluso el gobierno español, con más razón que en el supuesto precedente, se vería moralmente obligado a celebrar un referéndum para dar su aprobación. En fin, para restañar las heridas producidas, no es descabellado pensar que Cataluña tendría que esperar no menos de 30 años para ser parte de la UE y otros cuantos más para entrar en la Eurozona.

3. El presupuesto de la independencia: el nacionalismo promete un paraíso económico que no existe
La segunda de las premisas de la que parte el nacionalismo, que una Cataluña independiente solucionaría sus problemas económicos, también es falsa. Esto equivale a decir que España es una rémora para el desarrollo catalán y que le impide ser uno de los Estados más ricos de Europa. En este extremo, la estrategia nacionalista pasa por el establecimiento de un presupuesto sólido y por pactar con los principales países mundiales, y destacadamente con los de la UE, un rápido reconocimiento de Cataluña como Estado independiente.

El presupuesto para el futuro Estado Catalán ha sido elaborado por el Cercle Catalàn de Negoces5. Lleva por el título de El Pressupost de l’Estat Català6 y toma como base el ejercicio de 2012 (como comunidad autónoma) y partir del mismo se hace una proyección, ya como Estado independiente, para los ejercicios 2013 a 2017. En esta simulación, se presume que, en 2013, Cataluña habría recuperado la totalidad de los tributos hoy en poder de España y, naturalmente, se haría cargo de la totalidad de los gastos públicos. El escenario que se expone en el documento presupuestario para el nuevo Estado catalán, no puede ser más prometedor. Sus principales características las voy a agrupar en las siguientes cuatro categorías:

- Fuerte crecimiento económico. A partir del 2016, se prevé que el PIB de Cataluña se incremente anualmente entre el 4 y 5%, una tasa muy superior a la media de la UE y de la OCDE, que sitúa entre 0,9 y 2,2%. Un crecimiento de este tipo permitiría la creación de mucho empleo y la reducción drástica del paro; sobre lo primero no ofrece previsiones, pero en lo relativo al paro indica que en cinco o seis años se reduciría a la mitad (pasaría de los actuales 822.000 parados a poco más de 400.000). Ello sería posible por el fuerte crecimiento previsto, por la progresiva reducción del déficit presupuestario, por el incremento de las inversiones en infraestructuras, territorio y sostenibilidad (de 1.563 millones de euros en 2013, se pasa a 3.105 en 2017) y por el incremento de funcionarios (hasta situarlo en una cota por cada 1.000 habitantes similar a los pequeños y ricos países europeos).

- Un presupuesto sólido y saneado. En estas condiciones de intenso crecimiento económico, el presupuesto de Cataluña pasaría de los 29.727 millones que tiene en 2012
como Comunidad a 67.393, en 2013 y a 76.062 en 2017, ya como Estado independiente. Esto es, en solo cinco años el presupuesto se multiplicaría por 2,6 veces gracias al fuerte crecimiento del PIB y a que todos los tributos serían recaudados por la hacienda catalana. Se produciría un fuerte incremento en la recaudación por impuestos directos, en particular en IRPF, cuotas de la seguridad social y sociedades; y también en los indirectos, señaladamente en IVA e impuestos especiales.

Por lo que respecta al déficit y endeudamiento público de Cataluña, se prevé, en cuanto al primero, que sería del 3,7% del PIB en 2013, se incrementaría hasta el 5,4% en 2014 y a partir de ahí se iría reduciendo hasta lograr el 2,7% del PIB en 2017 (y 1,4% en 2018); es decir, en 2017, Cataluña ya cumpliría en este extremo con lo estipulado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE. Y por lo que respecta al endeudamiento público, el estudio lo sitúa en el 75,3% del PIB catalán en 2013, incrementándose hasta el 81% en 2015 en que iniciaría un decrecimiento hasta al 78,7% en 2017 (y del 75,8% en 2018); si bien Cataluña no cumpliría con lo previsto por el PEC, sí se situaría por debajo de la media comunitaria.

Como resultado de la favorable situación económica y presupuestaria, de la eliminación del expolio fiscal español y de la acción de la Agencia Tributaria catalana en persecución del fraude fiscal y de la economía sumergida, el Estado Catalán podría reducir los actuales tipos impositivos con el fin de favorecer el consumo privado y la competitividad empresarial. A tal efecto, se estima que, entre 2013 y 2016, se podrían disminuir en un 10% los tipos impositivos del IRPF, del de sociedades y las cotizaciones de los empresarios, asalariados y autónomos a la seguridad social.

- Reducido efecto de un posible boicot comercial de España. El informe admite que es previsible que, por parte de España, pudiera producirse un cierto boicot comercial a determinados productos catalanes. En todo caso, dicho boicot sería pasajero y poco importante: elevado en el primer año, moderado en el segundo y residual en el tercero y posteriores. Para paliar sus efectos, se prevé una partida de 1.750 millones de euros en el presupuesto de gastos, a razón de 1.000, 500 y 250 millones de euros para los tres años de su duración.

- Un Estado catalán rico y solidario. Es evidente que con una situación como la expuesta, el Estado Catalán será rico, situándose entre los pequeños y desarrollados Estados europeos. Ello le permitirá pagar sin problemas las pensiones de sus ciudadanos (cuyo coste se situará en el entorno de los 23.000 millones de euros anuales), prestaciones por desempleo (de unos 7.000 millones de euros anuales, con tendencia a la baja por la disminución del desempleo), la defensa (1.176 millones de euros anuales), asuntos exteriores (de 313 millones de euros en 2013, pasa a 540 en 2017) y la contribución a la Unión Europea, que se prevé en una cantidad fija de 2.127 millones de euros anuales (de los cuales y a través del presupuesto de la UE -vía fondos estructurales y otros-, retornarían a España 1.475 millones).

El esplendor económico del nuevo Estado catalán sería rápidamente apreciado por las agencias internacionales de calificación, que le otorgarían su máximo grado: (entre AA/AAA, en las ratios de las agencias S&P y Fitch, según el trabajo que comentamos) situándola entre los primeros quince países más solventes del mundo, con una prima de riesgo (respecto al bono alemán a 10 años) de solo 140. España, por el contrario, continuaría relegada –y por añadidura intervenida- en su baja calificación de BBB y con una prima de riesgo de 517.

Frente a este idílico paraíso que dibuja el estudio del Círculo Catalán de Negocios para una Cataluña independiente, la situación real es muy otra: su actual crecimiento es prácticamente nulo y así es previsible que continúe en el corto plazo (digamos en los próximos cinco años), el paro superaba los 820.000 personas a mediados de 2012 y la deuda pública autonómica es asfixiante: hasta el extremo de que, al carecer de fuentes alternativas de financiación, Cataluña se ha visto obliga a solicitar, como bastantes otras comunidades autónomas, su rescate por el Estado a través del recién creado Fondo de Liquidez Autonómica.

La metodología utilizada en la estimación del Presupuesto del Estado Catalán por parte del Círculo incurre en los mismos sesgos que la seguida por la Generalitat en las balanzas fiscales: escaso rigor. Adicionalmente, al basar dicho presupuesto en la continuidad de Cataluña en la Unión sin prever escenarios alternativos, todo este artificio se desmorona irremediablemente. Las principales objeciones que se le pueden hacer a este trabajo, son las siguientes:

- Sobrevalora los ingresos y minusvalora los gastos. En las estimaciones realizadas y según convenga a los intereses catalanes en cada caso, se utiliza la ratio de PIB de Cataluña sobre España, el de población y o el de la media de ambos.

- Crea un Estado prácticamente sin costes. Así para la rúbrica “Unión Europea, Asuntos Exteriores e Inmigración” se presupuestan 3.696 millones de euros en 2013 aumentando hasta 3.923 en 2017. Si se tiene en cuenta que aproximadamente un 55% de esta cantidad se destina a contribuciones de Cataluña al presupuesto de la UE, con el resto es altamente improbable que se puedan atender con un mínimo de eficacia los otros compromisos que entraña el funcionamiento de un Estado, tales como la defensa, fronteras, relaciones internacionales, etc.

- Subestima la deuda pública. El documento que comentamos del Círculo Catalán de Negocios, no menciona ni una sola vez la deuda generada por Cataluña como comunidad autónoma que, a mediados de 2012, se situaba en 44.000 millones de euros, a la que hay que añadir la que también ha generado la maraña de empresas públicas creadas, que en dicha fecha era de 6,4 miles de millones. No obstante, implícitamente sí la tiene en cuenta al estimar la deuda total inicial que correspondería a Cataluña. Dicha deuda ascendería a 149.368 millones de euros en 2013 (75,3% del PIB), iría creciendo hasta situarse en los 181.108 en 2017 (78,7% del PIB) y 183.724 en 2018 (75,8 del PIB). Aunque la deuda total continuaría incrementándose anualmente sobre la inicial de 2012 (que es la misma con la que comenzaría a operar a partir de 2013), su proporción sobre el PIB catalán descendería a partir de 2016 habida cuenta de los importantes incrementos que prevé para este último.

Pero lo que ocurre en realidad es que en este, como en otras tantas estimaciones que realiza el documento presupuestario del Círculo, las cuentas no están bien hechas. A junio de 2012, la deuda pública generada por la Comunidad de Cataluña ascendía a 43.954 millones de euros y la que le correspondería del Estado, según mis propios cálculos, sería de otros 142.243,6 (según la ratio de PIB de Cataluña sobre España) o bien 121.705,8, utilizando el de población; cantidades ambas bastante alejadas de la prevista por dicho documento, que sitúa dicha herencia en 97 mil millones7. De manera que la deuda pública total inicial de Cataluña se situaría, en la fecha de referencia, entre 86.197,6 millones de euros (hipótesis máxima) y 165.659,8 (hipótesis mínima) en lugar de los ya mencionados 149.368 millones que refleja el referido documento.

El trabajo del Círculo Catalán no hace referencia alguna a la deuda privada catalana que, si bien no corresponde propiamente al presupuesto público, no deja de ser también deuda. En tiempos de crisis como los actuales, es práctica cotidiana que, por el principio de socialización de pérdidas, una parte creciente de dicha deuda se vaya convirtiendo en pública. La deuda privada correspondiente a Cataluña (utilizando la ratio de PIB) era, a mediados de 2012, de 389.280,4 millones de euros; de ellos, 226.405,8 correspondían a empresas no financieras y 162.874,6 a las familias.

- Ignora la gravedad de las repercusiones económicas. En este punto sigo el trabajo realizado por Convivencia Cívica de Cataluña8, bajo el título de Las cuentas claras de Cataluña9. Las principales conclusiones a las que llega pueden resumirse en las siguientes:

En primer lugar, una separación de Cataluña del resto de España implicaría una disminución de su PIB en 42.266 millones de euros, que se desglosa así: 12.155 por disminución del saldo comercial; 13.632 por deslocalización de empresas y 16.478 por la contracción de la demanda interna (consumo e inversión). Esto significaría una caída del PIB de Cataluña en un 20,5% respecto del que tenía en 2010.

En segundo lugar, todo Estado implica la creación de un efecto frontera, incluso -aunque mitigado- dentro de la UE y máxime si no se pertenece a la misma (moneda propia, barreras arancelarias y no arancelarias y otras normas que afectan al comercio). El efecto frontera sería muy negativo para los intereses catalanes. Está ampliamente comprobado que las fronteras nacionales afectan a todo tipo de comercio y señaladamente al de bienes: favoreciéndolo cuando no existen y obstaculizándolo en caso contrario. Los ejemplos que existen a escala internacional, demuestran que la separación política de un territorio y la consiguiente aparición de nuevas fronteras, originan una caída del comercio bilateral entre los nuevos Estados que oscila entre un tercio y dos tercios sobre el que existía cuando estaban unidos. A este respecto baste citar los casos de las viejas repúblicas de la ex-Yugoslavia, de Checoslovaquia o de las repúblicas de la antigua URSS.

En 2010, el saldo comercial en bienes de Cataluña con el resto de España fue positivo en 21.937 millones de euros, lo que repercutió en una mejora de su PIB equivalente a un 10,5% (el que obtuvo con el resto del mundo fue negativo). En el trabajo de Convivencia Cívica puede leerse que: “En el año 2010 las ventas exteriores de las empresas catalanas fuera de Cataluña sumaron 130.629 millones de euros. De ellas, más de la mitad, 66.304 millones de euros, fueron compras del resto de España mientras las demás, 64.325 millones de euros, procedieron del resto de los países del mundo. De los 15 principales mercados donde venden las empresas catalanas, 10 son comunidades autónomas españolas. Por citar sólo algunos ejemplos, Cataluña vende más a Murcia que a Estados Unidos, de la misma manera que vende más a Aragón que a Alemania”. En una hipotética independencia de Cataluña, en el supuesto de que las empresas catalanas vendieran en el resto de España lo mismo que actualmente venden a Francia (su otra frontera), sus ingresos se desplomarían en unos 40.000 millones de euros anuales. Los sectores más directamente afectados por el efecto frontera con España serían –señala este Informe- los de la industria agroalimentaria, la textil, la química y la metalúrgica, con una reacción en cadena que se iría transmitiendo a los demás sectores, incluido el público. Esto, unido a la probable deslocalización de grandes empresas, pondría en peligro a 1 de cada 6 empleos actualmente existentes en Cataluña (solo con la deslocalización de SEAT se perderían unos 40.000 empleos directos e indirectos).

En tercer lugar, la deshonestidad política del nacionalismo. Los partidos nacionalistas catalanes transmiten a la sociedad datos sesgados e inflados sobre el déficit fiscal de Cataluña con el resto de España; repetida esta información de forma machacona, como se hace constantemente en todo tipo de medios, acaban influyendo sobre la población y de manera determinante a la hora de emitir el voto. La cantidad de 16.409 millones de euros de déficit fiscal de Cataluña en el año 2009, se ha obtenido mediante artificios contables que tratan de enmascarar la drástica caída de impuestos pagados en Cataluña por efectos de la crisis económica. De las cuentas elaboradas por Convivencia Cívica, se desprende que para dicho año lo que realmente hubo fue un superávit de 4.015 millones de euros favorable a Cataluña.

En cuarto y último lugar, la independencia generaría costes económicos difícilmente evaluables pero que sí son muy importantes. Entre ellos están la incertidumbre política que se generaría; las tensiones sociales de todo tipo que surgirían y de manera particular entre la comunidad nacionalista y no nacionalista; la desconfianza que se originaría en los mercados internacionales con la introducción de una nueva moneda provocaría la deslocalización de las grandes empresas instaladas en Cataluña, que huirían a otros lugares (ya lo han anunciado el Grupo Planeta, SEAT y Volkswagen-Audi España) y la fuga de capitales buscando refugios más seguros; etc.

En fin, y como conclusión final y general, una Cataluña al margen de la UE, con moneda y fronteras propias, con estancamiento económico y con un paro y una deuda pública y privada insoportables, tendría considerables dificultades económicas para constituirse en Estado independiente. Su presupuesto inicial, que en las actuales circunstancias de crisis le impediría acudir a los mercados financieros internacionales, no podría superar los 48.000 millones de euros; es decir, un 28% inferior al previsto por el presupuesto estimado por el Círculo Catalán para 2013.

4. El realismo de los hechos. Las soluciones posibles
Es obvio que, tras más de treinta años de andadura, el Estado de las autonomías no funciona. No ha logrado su principal finalidad: la cohesión política española y la solidaridad entre las regiones que pretendía la Constitución de 1978. Los nacionalismos catalán y vasco, con sus insaciables reivindicaciones, no cesan de retar al Estado en todos sus frentes provocando conflictos permanentes al pretender diferenciarse del resto de las comunidades autónomas. En el ámbito económico, las comunidades autónomas y señaladamente las dos citadas, han puesto en cuestión la unidad de mercado nacional que tantos siglos ha llevado conseguir. Es obvio que la libre movilidad de las personas en lo relativo al mercado laboral ya no está garantizada en todo el territorio nacional, desde el momento en que el idioma se ha convertido en una barrera de entrada. También está cuestionada la libre circulación de mercancías y la de servicios mediante una maraña normativa que ha compartimentado el espacio económico español en diecisiete mercados regionales en todo. Los costes de transacción para empresas y ciudadanos son muy elevados debido a las duplicidades –y a veces triplicación- de servicios absolutamente innecesarios que nada añaden en beneficio de la sociedad pero que sí son muy costosos de mantener: representaciones en el exterior -embajadas encubiertas-, empresas públicas deficitarias y otros muchos servicios que ya presta el Estado y que han duplicado las comunidades autónomas sin añadir nada (piénsese, por ejemplo, en los servicios de meteorología, cartográficos, centros de estudios de opinión, agencias autonómicas de protección de datos, control de la competencia y tantos otros).

Las comunidades autónomas han contribuido de manera decisiva a incrementar la corrupción en todos sus frentes, en particular en el político. Son las responsables más directas de la burbuja inmobiliaria que se fue generando desde mediados de los años noventa del siglo pasado hasta el estallido de la crisis en 2008. A través del control político que han ejercido sobre las cajas de ahorro, han pervertido sus fines y manipulado su gestión hasta que las han acabado arruinando, provocando la quiebra de la mayoría de ellas que han tenido que ser intervenidas por el Banco de España (estos son los casos de las que han constituido Bankia, Banco CAM, Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Catalunyacaixa, Novacaixagalicia y Unnim). Una de las razones principales del incremento de la prima de riesgo de España (y de su intervención por la Unión Europea) radica en la falta de control de los presupuestos autonómicos, que han provocado el recelo y la desconfianza de los mercados financieros internacionales y de la propia Unión Europea.

En estas condiciones, y ante el reto soberanista que ha lanzado el nacionalismo catalán, la Constitución debe ser reformada profundamente y de manera consensuada entre todos los partidos políticos, en particular entre el PP y el PSOE. Las principales opciones que se plantean son estas dos: continuar con el Estado de las autonomías o constituir un Estado federal. Si la opción por la que se optase fuese por continuar con el Estado de las autonomías, que personalmente considero la más acertada, la reforma constitucional, con independencia de que se aprovechase para actualizar todo aquello que se estimase conveniente, se centraría prioritariamente sobre su título VIII: “De la Organización Territorial del Estado”. En sentido estricto, sería una reforma de la actual Constitución. Aprovechando dicha reforma, tal vez fuese conveniente revisar la actual delimitación autonómica procediendo a reducir su número y, desde luego, habría que precisar con absoluta claridad las competencias administrativas, políticas y financieras que pueden asumir las comunidades. Habría que poner fin de una vez a los conciertos económicos vasco y navarro, uno de los frentes de agravio comparativo más importantes que existen con el resto de las comunidades de régimen común, aún a riesgo de provocar otro conflicto con dichas comunidades. Mientras que se continúen manteniendo privilegios financieros de unas comunidades frente a otras, el nacionalismo siempre encontrará razones para sus reivindicaciones.

Si la alternativa fuese constituir un Estado federal, la reforma de la Constitución afectaría a gran parte de la misma, hasta el extremo de que se convertiría en una nueva Constitución. Con independencia de que se clarificasen las competencias, incluso de manera más precisa que en el caso precedente –sin que ello significase necesariamente su incremento-, el Estado dejaría de ser unitario y la reivindicación nacionalista añadiría argumentos muy sólidos para lograr sus pretensiones soberanistas, entre ellos, el derecho de autodeterminación. Por otra parte, no existe memoria histórica de Estados unitarios que se transformen en federados –sí, y numerosos, del caso contrario- y el experimento podría resultar traumático para España. Y mucho más si fuese asimétrico.

(*) Donato Fernández Navarrete es Catedrático de Economía Aplicada.
 

Totalitarismo en estado puro.
Poder Limitado 24 Noviembre 2012

El estado decide, los padres no.

Veremos qué pronto empiezan los maestros a castigar a los niños por expresarse en una lengua impropia. Y lo harán, además de con felicidad plena, con el respaldo de una sentencia.

La sentencia al final es confusa en cuanto a la posibilidad de un recurso de casación. Para mi no queda claro si es ante el mismo tribunal (¡ja, ja, ja!) o ante el Tribunal Supremo. Pero no creo que la Junta recurra; supongo que, en el fondo, estarán felices ante la sentencia.

Pero ¿qué se puede esperar de un tribunal donde los magistrados (no sé en que proporción) son nombrados por el parlamento de Galicia?

Poder Limitado ahi teneis otra Sentencia para la infamia de los "perros" del Estado

La primera sentencia contra el reglamento de la lengua en la escuela
http://www.libertadlinguistica.com 24 Noviembre 2012

A la vista de lo que se ha adelantado de la sentencia del TSJG en el recurso interpuesto por el sindicato nacionalista contra el decreto 79/2010, ya podemos afirmar que el frente judicial del social-nacionalismo ha ejecutado su venganza contra la mayoría de los electores que echó del gobierno regional al llamado Bipartito en las elecciones de 2009 y lo ha mantenido en la oposición en las celebradas el pasado mes de octubre.

La historia judicial de la linguocracia en Galicia es la historia de una infamia rectilínea y unidireccional, en la que los órganos del poder judicial naturalizados o asilvestrados en el territorio irredento, han preferido siempre, aún pisoteando la Constitución y el sentido común, trabajar en pro de eso que unos llaman “facer país” y otros “construción nacional”.

Que un tribunal de ¿justicia? Pueda sentenciar que los niños no pueden usar su lengua sino la que les imponga el estado o sus esbirros puede sorprender a cualquiera que lea estas líneas, pero es algo muy celebrado en el espacio pútrido delimitado durante más de treinta años por este régimen de permanente golpe de estado en que la proclamación constitucional de que todos los poderes públicos están sujeto al ordenamiento jurídico es una falsedad manifiesta, empezando por algunos que visten toga.

Ya sabíamos que el Sr. Seoane Pesqueira tenía serias dificultades para dictar una sentencia congruente con la demanda. También es obvio que no puede mantenerla dentro de los límites de la ley: el art. 42 de la Ley 3/2011, de 30 de junio de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia (sic) lista los Derechos de especial protección de la infancia y la adolescencia y establece que

"De conformidad con lo establecido en la Constitución española; la Convención sobre los derechos del niño; la Carta europea de los derechos del niño; la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, los poderes públicos garantizarán el ejercicio de los siguientes derechos de las personas menores de edad:

k) El derecho a expresarse en su lengua propia, de origen o de libre elección, y a no ser discriminadas en razón a la misma."

Antes que atenerse a la ley como era su deber, el ponente y sus acólitos han preferido dar la razón al dudoso Foucault, que “sugiere que en todos los planos de la sociedad moderna existe un tipo de 'prisión continua', desde las cárceles de máxima seguridad, trabajadores sociales, la policía, los maestros, hasta nuestro trabajo diario y vida cotidiana. Todo está conectado mediante la vigilancia (deliberada o no) de unos seres humanos por otros, en busca de una 'normalización' generalizada”.

Esta sentencia no sólo no se cuestiona lo obvio: ¿cómo es posible que los niños estén sometidos a un reglamento administrativo sobre la lengua en que deben o pueden expresarse?. Asume esa estupidez burocrática como lo nomal, para, a continuación, suprimir los mínimos vestigios de libertad que contenía, configurando la escuela al gusto nacional-socialista, como un espacio-tiempo de excepción, en el que la persona se degrada a materia, objeto y medio de una normalización concebida por unos evidentes anormales. En ese espacio tiempo de reclusión forzosa, quedan en suspenso los derechos y la dignidad de los reclusos, por haber nacido o hallarse en el territorio equivocado.

Esperamos, no sabemos si en vano, que el gobierno regional defienda a los ciudadanos contra esta infamia, mediante el oportuno recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es lo menos que puede hacer.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

"ESPAÑA SOMOS TODOS"
6-D: es hora de que los españoles alcen la voz contra el nacionalismo
El Semanal Digital 24 Noviembre 2012

"Ha llegado el momento de dejar de preguntarnos qué va a pasar en España para preguntarnos qué vamos a hacer". Así quiso el presidente de la Fundación para la Defensa de España (DENAES), Santiago Abascal, hacer un llamamiento a la sociedad civil para que el 6 de diciembre una marea tiña la madrileña Plaza de Colón con los colores de la bandera nacional bajo el lema España somos todos.

La fecha elegida, el trigésimo cuarto aniversario del referéndum en el que fue aprobada una Constitución que se fundamenta en "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", no podía ser más propicia para una concentración que, en clave "integradora, cívica y positiva" -como remachan sus convocantes-, pretende demostrar que la grandeza de este país reside precisamente en su pluralidad.

España atraviesa por un momento crucial de su existencia, igual que lo fue la transición a la democracia. Los nacionalismos han aprovechado la debilidad que las crisis económica, política e institucional le han provocado para lanzarse a su espina dorsal como aves de rapiña.

El preocupante resultado de las elecciones vascas, con el PNV de vuelta a la Lendakaritza y Bildu como segunda fuerza; y la ofensiva secesionista emprendida por Artur Mas, que salvo sorpresa tendrá un amplio respaldo en las urnas catalanas del domingo, hacen necesario que la sociedad española alce la voz en la calle.

La manifestación del jueves 6 de diciembre no lleva el membrete de ningún partido político, sino que pretende ser una "gran concentración cívica", en palabras de Abascal. Porque es hora de que sea la gente corriente la que plante cara al nacionalismo de forma pacífica y defienda su derecho "a que la legalidad vigente sea respetada", según reza el manifiesto de la convocatoria.

La unidad de España trasciende mucho más allá de unas siglas políticas, sean cuales sean. No es patrimonio de ningún partido, ni tampoco de la derecha o la izquierda. Por eso, que entre las primeras firmas que han refrendado públicamente el manifiesto del 6-D haya cargos y excargos del PP, el PSOE, IU, UPyD y Ciudadanos es un éxito de DENAES, cuyos responsables están convencidos de que su llamamiento surtirá efecto.

De hecho, entre los firmantes figuran dirigentes políticos de ideologías tan variopintas como el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja; el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina; el líder de C´s, Albert Rivera; el exdiputado nacional de IU Pablo Castellano; el diputado de UPyD Toni Cantó; el exsecretario general del PSE Nicolás Redondo; y la expresidenta del PP vasco María San Gil.

Así como catedráticos, jueces, periodistas, empresarios... entre ellos el exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego, los catedráticos Gustavo Bueno y Amando de Miguel y el escritor Manuel Muela. Al llamamiento se han adherido también varias asociaciones como la AVT, Voces contra el Terrorismo, Convivencia Cívica Catalana y Hazte Oír.

Puede que a todos ellos les separen muchas cosas, pero les une una fundamental: el convencimiento de que España somos todos, desde el municipio coruñés de Mañón hasta la isla del Hierro, donde se encuentra el punto más al Sur del país. Habrá quienes traten de vilipendiar y menospreciar el 6-D vinculándolo a ese "nacionalismo español" que se han inventado los auténticos nacionalistas para tratar de rebajar a quienes se sienten españoles a su nivel. Pero, como afirmó Santiago Abascal, un patriota no tiene "obsesiones nacionalistas ni obsesiones identitarias". Sólo ama su país.

Con las cartas marcadas
Kepa Aulestia, EL CORREO  24 Noviembre 2012

Una semana es suficiente para percatarse de que en Euskadi el diálogo es el lugar común bajo el que se oculta un juego amañado.

Toma uno. El pasado 12 de noviembre, en una entrevista concedida al periódico Ara, Arnaldo Otegi declaraba: «tenemos pendiente el diálogo con las víctimas», precisando a continuación que hay que «distinguir a las víctimas de determinadas élites que hablan en su nombre y que instrumentalizan su lógico dolor en beneficio de sus intereses».

Esta misma semana Pernando Barrena dio el paso al encontrarse en Barcelona con Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, y revelar la fórmula que se deducía del preámbulo de Otegi: «su padre no debió morir». «No debieron morir» es la frase mágica que permite a la izquierda abertzale deshacer su particular nudo gordiano para el reconocimiento de las víctimas, porque puede emplearse indistintamente para unificar a todas ellas sin mayor compromiso. «No debieron morir» permite exonerar a quienes les señalaron, a quienes les asesinaron y a quienes luego jalearon su terrible final porque su acción venía forzada por circunstancias ajenas a su voluntad. «No debieron morir» remite, finalmente, a la incapacidad del Estado y en general de los demás –incluidas las propias víctimas– para evitar su deceso.

El diálogo deseado por Otegi está marcado de antemano porque parte de la negativa a condenar esos asesinatos sugiriendo, además, un encuentro selectivo; porque solo las víctimas que se dispongan a dialogar con la izquierda abertzale con las cartas marcadas por ésta quedarán libres de la sospecha de haber sido instrumentalizadas. La izquierda abertzale también podría mostrar su aflicción con esta otra frase: «Aiete no llegó a tiempo para salvarles de la muerte».

Toma dos. El diálogo entre todas las demás fuerzas políticas y partícipes de la asamblea general de la caja de ahorros guipuzcoana ha impedido esta semana que EH Bildu se hiciera con el control de Kutxa sin que haya habido diálogo alguno con la izquierda abertzale al respecto. Se da por sobreentendido que la exclusión de EH Bildu por parte de quienes –léase el PNV– proclamaron la política de no exclusión tras las elecciones locales y forales de mayo de 2011 obedece en este caso a la necesidad de preservar el bien superior que representaría la creación de Kutxabank. El riesgo de que una Kutxa controlada por EH Bildu revirtiera la cesión de su negocio financiero a la nueva entidad bancaria sería motivo suficiente para unir fuerzas contra el Mal.

En este caso nadie parece haber propuesto dialogar con la izquierda abertzale para ver si se retractaba de sus propósitos iniciales respecto a la unificación bancaria de cajas, aunque fuese como tributo a la «normalización» del país. El sentido democrático que permitió que la izquierda abertzale se hiciera con la Hacienda guipuzcoana que antaño amparaba a las personas susceptibles de ser víctimas de la extorsión no alcanza a verla pilotando una entidad cuyos cajeros automáticos parecen fuera de peligro, según Jonathan Powell. Claro que EH Bildu acabó justificando su exclusión al arremeter contra «el modelo financiero de las derechas vasca y española», fingiendo desconcertarse porque lo apoyasen el PSE-EE y CC OO con los que no debió dialogar mucho.

Toma tres. El presidente del Athletic, Josu Urrutia, en un acto de indudable responsabilidad, dialogó con la UEFA para evitar que el equipo tuviera que volar a Israel el mismo día en que un atentado terrorista dirigido contra un autobús hería a veinte personas en Tel Aviv. Los jugadores debieron sentirse aliviados al eludir la doble gesta de realizar el viaje en pleno fragor entre bombas y cohetes con el más que incierto propósito de lograr la clasificación para la siguiente fase batiéndose con el Kiryat Shmona FC en la ciudad norteña de Haifa. Pero el episodio invitaba a recordar las innumerables veces que deportistas de otros lugares viajaron a Euskadi para disputar partidos de fútbol o competiciones de cualquier otra especialidad durante los peores años del terrorismo etarra sin que nadie recurriera a instancias internacionales para suspender un encuentro.

En este caso es de suponer que los expedicionarios no temían las incursiones israelíes sobre suelo palestino sino las réplicas de Hamas, por aire o por tierra, contra Israel. Un elocuente silencio ha acompañado al episodio, lleno de sobreentendidos, gracias a la inocencia que salva siempre al ‘once contra once’. Se ha hablado de «tiros» y de «conflicto», y por momentos parecía un relato de nuestra existencia pasada. Pero nadie ha osado calificar la naturaleza del riesgo que debía evitar el Athletic. Forma parte de las reservas mentales con las que se dialoga en este país nuestro, tan renuente a dialogar consigo mismo.

Toma cuatro. Tras su elección como presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria abogó por el «diálogo y el acuerdo» la misma semana en que su partido disgustaba a EH Bildu por su «deslealtad» al excluirle del gobierno de Kutxa y al PSE-EE por seguir poniendo en entredicho la actuación económica del gobierno López en puertas del traspaso de poderes. Iñigo Urkullu se sorprendía ante el ‘rebote’ de los demás, quizá porque los jeltzales están acostumbrados a concebir el suyo como el único enfado legítimo. El diálogo en Euskadi se promueve sobre lo ajeno, más que sobre lo propio.

Lo mío es mío y lo tuyo es negociable. Los temas sensibles, en los que los principios cuentan, son siempre los propios; mientras que los asuntos comunes son susceptibles de cualquier apaño. Un alcalde puede invocar la arcadia de un amplio acuerdo en materia de pacificación al tiempo que trata a baquetazos a los concejales que osan objetarle algo. Un partido puede propugnar la superación del Estatuto y el desbordamiento de la Constitución y enrocarse en la naturaleza inmutable de la Ley de Territorios Históricos. Un consejero puede declararse insumiso frente a una imposición legal y ningunear a los interlocutores sociales de su área de responsabilidad. De modo que tener cintura –como esta misma semana recomendaba Egibar– no es necesariamente una virtud. Puede ser también el reflejo de una arbitrariedad para la que siempre se encuentran argumentos marcados.

Quejas y desencanto en el primer aniversario del Gobierno del PP.
Magdalena del Amo Periodista Digital 24 Noviembre 2012

Al cumplirse un año del triunfo del Partido Popular, los que aquel día acudimos a las urnas con la responsabilidad y la ilusión del cambio urgente y necesario, no hicimos demasiadas celebraciones. Algunos incluso en el centro de la tarta han colocado una vela negra, no como un símbolo ocultista de esos que se gastan los brujos y oficiantes del vudú, sino por el luto que significa ver un país que se está yendo a pique sin remedio, no solo en materia económica sino en clave moral. Puede que sea demasiado alarmista. O puede que no, como suele decir Rajoy. Hay quien opina que la situación está mucho peor de lo que podamos imaginarnos. No para todo el mundo, claro. A los banqueros les va de miedo; ídem a los políticos y a la corte de seguidores y palmeros que les ríen las gracias –al PP o al PSOE, me da igual— aunque la cosa esté para llorar. Me llama la atención esta otra “casta” de gente babosona que porque o bien recibe o espera recibir del poderosillo de turno, un cargo o un puesto periodístico en un medio público, son capaces de defender lo indefendible una y otra vez sin el menor rubor, no importándoles incluso perder la dignidad al inclinarse ante el Emperador desnudo, no solo elogiando su espléndido traje sino intentando convencer al resto de la concurrencia de la singular patraña. Por eso, a la hora de hacer análisis del primer año del Gobierno de Rajoy –que en honor al rigor, son diez meses— los ciegos e inmutables seguidores son incapaces de reconocer que ha sido un periodo nefasto. Que se enfrentaron a una herencia endemoniada, sí, pero eso ya estaba descontado y se les extendió la alfombra roja a La Moncloa para que arreglaran la desfeita. ¿O no? Resulta que ahora, quienes criticaban a Zapatero de ampararse en la crisis financiera internacional para justificar su pésima gestión, emplean los mismos argumentos para disculpar que el actual gobierno vaya de error en error y de ocurrencia en ocurrencia. Cuando Zapatero cambió la Constitución por orden de Europa y subió el IVA nos echamos encima como buitres y decidimos votar a una opción de Gobierno con personalidad y experiencia en gestión, que no tocara al compás de la batuta de la fuhrer Merkel del Cuarto Reigh.

Por eso no hubo celebraciones el 20 N; porque es el aniversario del desencanto. Dejando a un lado el agitprop de los sindicatos, que sí lo hay y grande, tal como estaba previsto, dada su sed de calle por el largo periodo de abstinencia zapateril –recordad cuando el nieto del capitán Lozano les pedía cariño—, es difícil mayor descontento y hay razón para ello por las situaciones sangrantes que se están viviendo. Y los más afectados, como siempre, son los más desfavorecidos, los que más necesitan de unos servicios sociales justos, a la altura de una sociedad desarrollada. Menos mal que existe Cáritas Diocesana, que desde todos los centros ejerce una labor humanitaria que deja al descubierto, sin pretenderlo, eso sí, las vergüenzas del Gobierno. Los dependientes por edad, enfermedad o por alguna minusvalía han visto menguadas sus prestaciones en un 39 por ciento. ¡Como si fuera un artículo de lujo! Y para castigar aún más a los necesitados, también han eliminado de los presupuestos el servicio de teleasistencia, que afecta a unos 250.000 ancianos. Nunca los recortes debieron extenderse a estas partidas. Hay mucho de donde recortar, pero, claro, eso afectaría al bienestar de la clase política y su multitudinario séquito. ¡Así gobierna cualquiera!

Gallardón, a pesar de lo difícil que sería superar al Bermejo de las cacerías y las bajantes, está haciendo méritos para pasar a la historia como el peor ministro de Justicia de la democracia y va camino de conseguirlo. No se puede tener a todo el mundo en contra, ¡y con razón! Es la primera vez que jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales se manifiestan contra las medidas del Gobierno. Con el denominado “tasazo” Gallardón acaba de inventar una justicia para ricos y otra para pobres, o mejor dicho, que los pobres no tengan acceso a la justicia, porque, si para reclamar una factura de 80 euros de una compañía de gas o de telefonía, por ejemplo, tenemos que pagar 200, mejor nos quedamos como estamos y nos tragamos la reclamación con papel y todo. Eso propiciará el abuso de determinadas compañías, que ya nos sablean por diferentes métodos. Gallardón quiere entregarle a Montoro 300 millones de euros y qué mejor ocurrencia que subir las tasas y así, de paso, aligera los juzgados. ¡Vamos, que ni los de Lepe! Incluso al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, le parecen desproporcionadas. Pero el ciudadano sufriente no va a tener más remedio que aguantarse una vez más. Qué fácil resulta ser así de bizarros para legislar contra los ciudadanos, y en cambio que cobardía para corregir las muchas injusticias y abusos perpetrados por los bancos. Ah, ¿y para cuando la derogación de la ley del aborto? Miles de bebés en gestación siguen siendo víctimas del genocidio legal y silencioso de la ley socialista. Las sombras de Zapatero y Aído son más que alargadas.
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Por Magdalena del Amo
Periodista y escritora, pertenece al Foro de Comunicadores Católicos.
Directora y presentadora de La Bitácora, de Popular TV
Directora de Ourense siglo XXI
periodista@magdalenadelamo.com

España
El TSJG tumba la consulta a los padres para elegir la lengua escolar en infantil
El tribunal también señala que, en los cursos de educación obligatoria, los alumnos no pueden usar una lengua diferente a aquella en la que se imparte cada asignatura. Sin embargo, la sentencia mantiene en vigor el modelo de conjunción lingüística al 50%.
Redacción www.vozbcn.com 24 Noviembre 2012

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha invalidado dos artículos del decreto autonómico sobre bilingüismo escolar que establecía una consulta a los padres como fórmula para elegir la lengua predominante de la enseñanza infantil de los centros educativos de Galicia, y que, por otra parte, permitía a los alumnos de toda la enseñanza obligatoria elegir la lengua de uso -entre el gallego y el español- en las asignaturas no lingüísticas.

El TSJG ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por las entidades nacionalistas Mesa por la Normalización Lingüística, CIG-Ensino y Queremos Galego contra siete artículos del Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia.

En concreto, el tribunal ha anulado los artículos 5.2 y 12.3 del decreto, pero ha desestimado el resto de las impugnaciones, de forma que se mantiene el modelo de conjunción lingüística que establece que en primaria y secundaria las asignaturas se impartirán en gallego y en castellano distribuyéndose el tiempo para cada uno de ellos al 50%.

Los padres no pueden elegir la lengua vehicular de infantil mediante votación

El artículo 5.2 señalaba que, para la enseñanza infantil, ‘la lengua materna predominante del alumnado será determinada por el centro educativo de acuerdo con el resultado de una pregunta que se efectuará a los padres, madres, tutores/as o representantes legales del alumno/a antes del comienzo del curso escolar acerca de la lengua materna de su hijo o hija’.

El TSJG señala en su sentencia que los poderes públicos ‘tienen encomendada la programación general de la enseñanza’, de cuya potestad la Administración autonómica ‘no puede abdicar, sometiendo a votación un aspecto tan fundamental como la lengua a emplear en la etapa de educación infantil’.

Y recuerda que, según el artículo 13.1 de la autonómica Ley de Normalización Lingüística (LNL) señala que ‘los niños tienen derecho a recibir su primera enseñanza en su lengua materna’, encomendando la Junta de Galicia el arbitrio de ‘las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho’, algo que, según la sentencia, debe hacerse ‘sin posibilidad de intermediación ninguna de los familiares’.

‘No cabe duda de que dicha abdicación de la potestad de ordenación general de la enseñanza tiene lugar cuando se establece que el profesorado usará en el aula la lengua materna predominante entre el alumnado, reputando decisivo para determinarla el resultado de una pregunta que se les efectuará a los padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos antes del comienzo del curso’, añade el TSJG.

No se puede usar una lengua diferente a aquella en que se imparte la materia

El otro artículo anulado, el 12.3, señalaba que ‘en todas las áreas, asignaturas o módulos, excepto en las señaladas en el párrafo anterior [lengua y literatura gallega, y lengua y literatura castellana] y en las asignaturas de lengua(s) extranjera(s), el alumnado podrá utilizar en las manifestaciones oral y escrita la lengua oficial de su preferencia. No obstante lo anterior, se procurará que el alumnado utilice la lengua en que se imparte el área, asignatura o módulo’.

El TSJG considera que, dado que la LNL y el Tribunal Constitucional avala que el gallego sea con carácter general el vehículo de comunicación en la enseñanza no universitaria, dicho artículo ‘es ilegal’, al dejar libertad al alumno a utilizar una lengua diferente a la que se imparta en la materia.

También señala que, aunque el artículo insta a procurar que el alumnado use la lengua en que se imparte cada área, eso no garantiza que así ocurra ‘porque aquella expresión no es imperativa, sino meramente indicativa o de tendencia’.

En opinión del TSJG, la doctrina del Tribunal Supremo como al del Tribunal Constitucional se muestran ‘contrarias’ a que la lengua de la enseñanza esté condicionada por la libertad de opción de los interesados, por lo que ‘no resulta lógico que se otorgue dicha libertad al alumnado’.

La sentencia indica que el artículo anulado también ‘resulta contrario al fomento del uso progresivo del gallego en la enseñanza que, como mandato imperativo, se contiene en el artículo 13.2 de la LNL’. Y ‘no facilita la adquisición de la destreza exigida al alumno en la lengua propia de esta Comunidad Autónoma desde el momento en que se le permite que no hable o escriba en la lengua gallega cuando es esta al propia del área, materia o módulo’.

Galicia Bilingüe denuncia que no se está cumpliendo el bilingüismo previsto

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Galicia han destacado que solo han sido invalidados dos apartados del decreto, y han insistido en que, pese a no poder realizar la consulta a las familias, tratarán de que los proyectos lingüísticos de educación infantil de los centros escolares sean “lo más consensuados posibles con las familias”.

A pesar de que el TSJG ha desestimado la mayor parte de los puntos impugnados, el presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística, Carlos Callón, se ha felicitado por la sentencia y, especialmente, por la prohibición de la elección de la lengua vehicular por parte de los padres en la educación infantil.

Galicia Bilingüe ha anunciado que probablemente presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia, si bien, están a la espera de que el TSJG resuelva otros recursos presentados por esta asociación, que defiende la libertad de elección de la lengua escolar por parte de los padres.

Galicia Bilingüe considera que el verdadero problema es que el supuesto bilingüismo establecido en el decreto (que insta a utilizar ambas lenguas oficiales -gallego y castellano- al 50%) no se está aplicando por la negativa de muchos profesores a utilizar el español en las clases que les correspondería. Además, critica que las asignaturas que se imparten en castellano son las más técnicas (como matemáticas, tecnología, física y química), que son las que menos inciden en el desarrollo lingüístico del alumno.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE INXUSTICIA DE GALICIA CONTRA LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA DE LOS ALUMNOS GALLEGOS
//juanjulioalfaya.blogspot.com 24 Noviembre 2012

http://www.cig-ensino.com/descargas/Sentenza%20CIG-Ensino.pdf
Lamentablemente, los jueces han cedido a las presiones del sindicato marxista y separatista CIG.

Por supuesto, la sentencia viene toda en gallego. Los castellanohablantes somos ciudadanos virtuales, pero, eso sí, tenemos que pagar impuestos como si fuéramos ciudadanos reales y estamos obligados
a mantener a toda esta chusma parasitaria que se está forrando a cuenta del "feito diferencial".

Han presentado un informe
Covite denuncia que el Gobierno de López ha permitido el “negocio” con la paz
El Departamento de Interior, con 5,3 millones de euros, es el que más recursos ha invertido en estas políticas y el que ha destinado la partida más importante, 2,5 millones
Covite denuncia que el Gobierno de López ha permitido el “negocio” con la paz
EFE | SAN SEBASTIÁN www.republica.com 24 Noviembre 2012

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha acusado este sábado al Gobierno de Patxi López de haber utilizado a las víctimas del terrorismo como "excusa" para presupuestar más de 13 millones de euros durante su mandato dedicados al ámbito de la paz y que han servido, según este colectivo, para que otras personas hagan "un suculento negocio". La portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez, ha hecho hoy esta denuncia durante una rueda de prensa, en la que ha presentado un informe, elaborado por el periodista Juan Fernández Calderín, que señala que desde que el socialista Patxi López llegó a Ajuria Enea, el Gobierno Vasco ha destinado 13.414.160 euros a este tipo de políticas.

En concreto, a aquellas relacionadas con los Derechos Humanos, la convivencia democrática, la educación para la paz y la memoria histórica, indica este estudio, preparado con documentación procedente de fuentes oficiales de las distintas consejerías y de información publicada por el propio Ejecutivo.

El Departamento de Interior, con 5,3 millones de euros, es el que más recursos ha invertido en estas políticas y el que ha destinado la partida más importante, 2,5 millones, al organismo que ha recibido hoy las críticas más duras, la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que dirige Maixabel Lasa.

Ordóñez ha dicho que esta oficina de “desatención” ha dedicado más de 900.000 euros a personal, más de 680.000 a funcionamiento, además de otros gastos que suman 100.000 euros, y ha opinado que no se justifica “semejante dispendio”, dada “la escasa, por no decir nula, relación que ha tenido con Covite, que es la asociación de víctimas mayoritaria del País Vasco”.

Ha indicado que la Dirección de Maixabel Lasa les ha negado prestaciones con el argumento de que ya se encuentran cubiertas por la legislación nacional, por lo que consideran “obvio” que éste es “un caso más de duplicidad de órganos que lo único que hacen es generar un doble gasto sin ningún tipo de justificación”. ”Y todo ello por no decir que en los dos últimos años dicha Dirección ha centrado su actuación y preocupación no hacia las víctimas del terrorismo, sino hacia las denominadas víctimas de abusos policiales y motivación política”, ha criticado.

También ha cuestionado que el Departamento de Interior haya otorgado más de la mitad de las subvenciones para asociaciones -852.759 euros de un total de 1.635.000- a colectivos de fuera de Euskadi, cuyas respectivas comunidades autónomas “ya reconocen ayudas de este tipo” y a las que no tienen acceso colectivos vascos. Las consejerías de Justicia, con 3,9 millones de euros, y Cultura, con 2,8 millones, son las siguientes con mayores partidas para las políticas sobre la paz, según el informe.

Ordóñez ha dicho que Justicia y Cultura, “más el segundo que el primero”, se han centrado “más que en las víctimas del terrorismo, en cuestiones tales como la recuperación de la memoria histórica, la represión franquista, el bombardeo de Gernika o materias de similar tipo”.

Frente a todo ello, ha denunciado que el Gobierno de López ha destinado únicamente 415.000 euros de subvenciones a fondo perdido a los damnificados por la violencia terrorista, ninguno de los cuales ha recibido ningún miembro de Covite, y ha sugerido que debía haber partidas para aquellas víctimas cuyos familiares murieron en atentados que no han sido resueltos.

La Justicia se pronuncia sobre el uso del gallego en la escuela
JESÚS VÁZQUEZ: ´Me niego a derogar un decreto que avala el tribunal y se ratificó en las urnas´
La Opinion 24 Noviembre 2012

"La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ve positiva la consulta a los padres en Infantil, pero dice que no puede ser vinculante"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumba dos aspectos fundamentales del decreto del plurilingüismo de la Xunta -la consulta a los padres en Infantil y que los alumnos puedan hablar y escribir en cualquier idioma en el aula-, pero la Consellería de Educación no se plantea derogar esta norma. El conselleiro Jesús Vázquez sostiene que el alto tribunal "ve positivo" consultar a los padres sobre la lengua en que se dan las clases aunque reconoce que su opinión "no puede ser vinculante" ya que es la Administración la que debe elegir el idioma. La Xunta mantendrá la consulta y está pendiente de que salgan el resto de sentencias sobre el tema

SELINA OTERO A CORUÑA En mayo de 2010 entró en vigor el decreto del plurilingüismo, que había sido una promesa electoral de Alberto Núñez Feijóo para lo que sería su primera legislatura. Del 50% de reparto establecido por la norma del bipartito entre gallego y castellano en las aulas, con el nuevo decreto se introdujo el inglés, de modo que la distribución ideal de horas en las aulas quedaría así: un tercio en inglés, un tercio en castellano y un tercio en gallego, siempre que el profesorado del centro permita alcanzar esa organización. La presencia de las dos lenguas cooficiales se reduciría a favor del inglés. Además, la norma dio cancha a la participación de las familias, de modo que la lengua en la etapa de Infantil la eligen los padres a través de una consulta y en clase el alumnado puede expresarse en gallego o castellano independientemente del idioma en el que esté la materia. Tras los recursos presentados contra el decreto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumba precisamente estos dos últimos aspectos en la primera sentencia conocida el jueves. "Está claro que el alto tribunal avala la norma en su conjunto", según Vázquez.

-¿Qué deja claro el Tribunal?
-Para empezar, quiero mostrar mi total respeto a la decisión del alto tribunal. Estamos estudiando los tres primeros fallos, de A Mesa, Queremos Galego y CIG-Ensino, pero vamos a esperar a que salgan los cinco que faltan. Debemos ser cautelosos. Lo que está claro con los primeros fallos en la mano es la legalidad del conjunto del decreto.

-Invalida dos puntos clave: la consulta a los padres y la libertad de usar cualquier lengua en el aula...
-A ver, cuando presentamos el decreto hablamos y así lo hicimos constar en la norma del equilibrio entre gallego y castellano, el mismo bilingüismo cordial que había en las calles. En la sentencia, el TSXG vuelve a decir que ese equilibrio es legal, que es legal la introducción del plurilingüismo, cuando muchos decían que no se adaptaba a la ley e iba en contra del estatuto y de la Lei de Normalización Lingüística; también avala su legalidad.

-¿Anula la consulta a los padres en Infantil antes de empezar el curso para que decidan la lengua en que estudiarán sus hijos?
-Dice que es legal la participación y colaboración de las familias en las decisiones educativas. Lo que no es acorde a la ley, según el alto tribunal, es que esa consulta sea vinculante. Pero incluso habla positivamente de la participación de las familias y de realizar las consultas.

-¿Seguirán realizando las consultas?
-Sí. Insisto en que el tribunal no dice que no se deba preguntar; eso que las personas que recurrieron la norma veían como un desastre, el TSXG lo ve positivo. No puede tener carácter vinculante, es decir, que un padre no puede elegir: será la Administración en base al conocimiento de las circunstancias, con la opinión de los centros, del claustro y de las familias la que decida y establezca los criterios. Eso sí.

-Porque compete a la Administración fijar el idioma.
-Sí, nos dice que no podemos hacer dejadez de funciones y que la Administración debe ejercer sus competencias.

-¿Para qué realizar una consulta a los padres si al final no pueden elegir?
-Es importante conocer cuál es la lengua materna de los niños porque en la primera etapa educativa se establece que el proceso de lecto-escritura debe ser en dicha lengua, con la incorporación de una segunda. La propia ley así lo establece. Por eso esa pregunta debe hacerse para que el centro conozca cuál es esa lengua materna.

-¿Derogará el decreto, como pide A Mesa y la oposición?
-No tendría sentido. Me niego a derogar algo que el propio tribunal dice que es conforme a la ley y que hace solo un mes la inmensa mayoría de los gallegos también ratificaron en las urnas.

-Critican que la norma resta presencia al gallego.
-Pero si la propia sentencia constata que el decreto potencia la promoción de la lengua gallega en el sistema educativo, cumpliendo por lo tanto con la Lei de Normalización Lingüística del 83. Los principios básicos del decreto están avalados. De los 33 artículos, los recursos cuestionaban 18 y el TSXG solo anula dos aspectos. El decreto es conforme a la ley.

-¿Presentarán recurso?
-Aún no se lo puedo decir. Esperaremos al resto de sentencias. La Secretaría xeral y la Asesoría xurídica ya están trabajando y analizando las opciones.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) presenta 'La cuestión catalana, hoy'
Análisis de las principales características económico-financieras del tejido empresarial catalán
 www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

Madrid.- El IEE ha presentado un documento de trabajo, titulado ‘La cuestión catalana, hoy’, en el que se analizan las principales características económico-financieras del tejido empresarial catalán y los posibles impactos que se pueden producir en relación con el debate independentista. A lo largo del documento se cuestionan datos oficiales aportados por diversos órganos públicos de la Generalitat de Catalunya.

El acto ha presidido por el Presidente del IEE, José Luis Feito, que ha indicado que “quienes buscan la secesión, no saben lo que hacen, porque no saben lo que les hacen”. Ha añadido que los costes de la secesión son mucho mayores de los que se está barajando, debido a la salida de la Cataluña independiente de la Eurozona. En ese caso, tanto si introduce una nueva moneda, como si adopta el euro como moneda de curso legal. Los bancos catalanes no tendrían acceso al eurosistema y el Estado Catalán no tendrían acceso a los distintos mecanismos de financiación que se han creado en la Eurozona. En esas circunstancias, la caída de la renta sería descomunal.

Joaquín Trigo, Director General del IEE, ha señalado que la experiencia de la ruptura de un país suele ser amarga, especialmente para la parte menor. Por ejemplo, la separación de Eslovaquia y Chequia fue rápida y, aparentemente, indolora, y el comercio entre ambas partes apenas cayó algo más del 6 % en el primer lustro. Este caso parece avalar la inocuidad de la separación, pero debe considerarse que ambas partes están en la UE, que se parecen mucho, y que ambas han recibido importantes inversiones desde Alemania. La divergencia está en otra parte: según datos de Eurostat, actualizados a 10 de octubre de 2012, la tasa de paro de larga duración en Eslovaquia, que fue la promotora de la división, fue del 9,2% la más alta de la UE -superando incluso al 9 % de España-, mientras la República Checa estaba en el 2,7%. Por otro lado, enfrentar a Cataluña con el resto de España puede ser fácil, pero no es ético ni útil. Ambas partes tienen mucho que perder, incluso desde el punto de vista del separador, que busca una ganancia fácil malquistando a unos contra otros y pierde más de lo que obtiene.

También ha participado en la mesa, Donato Fernández Navarrete, Catedrático de Economía Aplicación de la Universidad de Madrid, que ha resaltado que una Cataluña al margen de la UE, con moneda y fronteras propias, con estancamiento económico y con un paro y una deuda pública y privada insoportables, tendría considerables dificultades económicas para constituirse en Estado independiente. Su presupuesto inicial, que en las actuales circunstancias de crisis le impediría acudir a los mercados financieros internacionales, no podría superar los 48.000 millones de euros, es decir, un 28% inferior previsto por el presupuesto estimado por el Círculo Catalán para 2013.

Clemente Polo, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que las exportaciones de Cataluña al resto del mundo podrían registrar caídas significativas durante varios quinquenios en el escenario más optimista, afectando al índice al paro. Por otro lado, ha hablamos en su intervención de la ‘eurización’. De producirse la independencia, Cataluña tendría que abandonar la UE y la Zona Euro. La pretensión de mantener el euro como unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor, plantearía problemas de diversa índole a la economía catalana. El más apremiante de todos se presentará a las entidades financieras que hoy tienen su domicilio fiscal en Cataluña para no quedarse excluidas del Sistema Europeo de Bancos Centrales. También ha indicado, que además de los activos que integran el capital público, hay también pasivos de la Administración Central en circulación por un importe de 685.438 millones al final del segundo semestre de 2012. Cataluña debería asumir la parte que le corresponda en caso de materializarse su divorcio de España, que podría estimarse en 128.177 millones de euros.

La crisis económica ha contribuido a agravar la situación debido a las elevadas cotas alcanzadas por el presupuesto de dicha autonomía, que no son financiables con los recursos disponibles en épocas de crisis. Este marco económico ha producido una fuerte caída de los ingresos tributarios, por lo que el gobierno catalán ha dejado de sentirse cómodo en el régimen LOFCA y aspira mediante el Pacto Fiscal a un modelo propio de financiación, según ha indicado Almudena Semur, Coordinadora del Servicio de Estudios del IEE. Además ha añadido que la Generalitat viene elaborando balanzas fiscales con el fin de demostrar el supuesto expolio que sufre Cataluña. Las distintas metodologías para el cálculo de la balanza fiscal hacen que la Generalitat utilice el método que más le conviene, cifrando el déficit fiscal en -16.409 millones de euros, -8,4% del PIB (cálculo flujo monetario neutralizado por el ciclo económico). Sin tener en cuenta otras metodologías que darían otra cifra de déficit (cálculo flujo beneficio neutralizado), que resulta -11.261 millones de euros, -5,8% del PIB. Si los métodos no se neutralizaran, las cifras se rebajarían considerablemente.

En el trabajo también han participado expertos, como Oriol Amat que indica que si las ventas a empresas se redujeran un 20% y las ventas a consumidores finales cayeran un 40%, se reduciría el PIB catalán entre el 4%, en el mejor de los escenarios, y el 20%, en el peor. Por otro lado, Juan Tugores, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, ha expuesto en su trabajo que si el tejido empresarial es siempre definitorio de una sociedad y un país, su importancia estratégica pasa aún más a primer plano en momentos como los actuales de crisis, incertidumbres y transformaciones. Otro punto destacado ha sido que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una de las que con mayor profusión ha utilizado su capacidad normativa. Es la que más alto tiene el IRPF, llegando hasta un 56% de tipo marginal, frente al 52% estatal, según Valentín Pich Rosell, Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España.

De producirse la independencia, habría que consensuar algún tipo de acuerdo político, que pudiese implicar la reforma de la Constitución, para darle una salida a este problema. Habría que dar una solución que debe ser equitativa para todas las regiones y que no debe suponer privilegio para ninguna de ellas; esto pasa por suprimir el sistema de conciertos. Estos son algunos de los puntos económicos más importantes del documento de trabajo presentado, ya que el único argumento económico con el que los políticos catalanes han defendido su independencia ha sido la eliminación del déficit fiscal.

La cuestión catalana, hoy
El peso de las exportaciones en la economía catalana
Clemente Polo analiza las exportaciones que son fuente de crecimiento importantísima
CLEMENTE POLO*  www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

1. Introducción
Las exportaciones resultan una fuente de crecimiento importantísima en cualquier economía pero muy especialmente en las economías regionales que, por su relativo pequeño tamaño, dependen en gran medida del resto del “mundo”, tanto para colocar una fracción sustancial de su producción (exportaciones) como para adquirir productos en otras áreas del mundo (importaciones). Cataluña no es una excepción y el objetivo de este artículo es estimar el papel que juegan en su economía las exportaciones que realiza a la economía española. Los cálculos se han realizado empleando la tabla input-output (TIO) de Cataluña elaborada por el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) para el año 2005. Aunque hay datos de exportaciones e importaciones de bienes y servicios para años más recientes, hay que lamentar que la TIO de 2011 está todavía en fase de construcción.

La economía catalana tiene un peso importante dentro de la economía española. Con una población estimada de 7.539.618 el 1 de enero de 2011, aproximadamente el 16% de la población de España (47.190.493), el INE cifra su Producto Interior Bruto (PIB) en 200.323,5 millones o el 18,7% del PIB español (1.073.383 millones) en 2011.18 El valor añadido bruto asciende a 184.058,1 millones y los impuestos netos sobre los productos a 16.265,2 millones, el 18,7% de las correspondientes cifras para España. El valor añadido bruto se desglosa en remuneración de asalariados, 95.737,3 millones, y el excedente bruto de explotación/renta mixta bruta, 81.529,0 millones, que suponen el 18,9% y el 18,9% de los totales para el conjunto de España. Finalmente, el INE cifra en 3.266,5 el número de ocupados y en 2.928,7 el número de personas asalariadas, aproximadamente el 17,7% y de los totales. En conjunto, las cifras apuntan a una economía que aporta algo menos de un quinto del PIB, VAB y empleo a la economía española.

El hecho de que Cataluña haya formado parte de España durante al menos cinco siglos, aunque manteniendo algunas peculiaridades, explica la intensidad de las relaciones comerciales entre España y Cataluña, y la configuración territorial del proceso de acumulación de capital y distribución de las infraestructuras que ha producido desigualdades en términos de bienestar y fricciones. La unión aduanera, la armonización impositiva y la libre circulación de personas bienes y servicios se alcanzaron en España mucho antes de que algunos países europeos soñaran siquiera con poner en marcha la CEE en la segunda mitad del siglo XX para lograr esos objetivos, todavía imperfectamente alcanzados. Por ello resulta paradójico que algunos partidos y líderes políticos en Cataluña quieran poner fin a esa unión secular con España, al mismo tiempo que dicen querer formar parte de la UE. Un objetivo inalcanzable en el futuro previsible. En este artículo se cuantifica la importancia de las exportaciones desde Cataluña hacia el resto de España y las pérdidas que podría ocasionar la ruptura de las privilegiadas relaciones existentes hasta ahora si Cataluña se constituyera en Estado independiente.

2. El mercado español y la acumulación de capital en Cataluña
En Cataluña se ha concentrado históricamente una significativa fracción de la producción fabril o industrial, términos empleados en distintas etapas históricas, y durante muchas décadas sus empresas se beneficiaron de la existencia de aranceles y otras barreras no arancelarias que restringían la competencia exterior y facilitaban la colocación de sus productos a precios superiores a los que de otro modo habrían satisfecho al resto de españoles por productos importados equivalentes. No sabemos cómo se habría desarrollado la historia económica de Cataluña en ausencia de políticas proteccionistas, pero lo cierto es que los empresarios catalanes y sus dirigentes políticos siempre las exigieron y consiguieron aprobarlas. El nivel de protección nominal19 se mantuvo entre el 20% y el 30% la mayoría de los años desde 1850 a 1899, y ese fue precisamente el período en que Cataluña se convirtió en la “fábrica de España” pasando su peso en la industria fabril del 28,56%, en 1856, al 38,58% en 1900.

La protección a las manufacturas se acentuó en el primer tercio del siglo XX, situándose las tasas de protección nominal entre el 50% y 60% hasta 1929. Aranceles, controles cuantitativos y barreras no arancelarias se mantuvieron también durante la dictadura de Franco y de ellos se beneficiaron las regiones donde estaba concentrada la actividad industrial. A pesar de la destrucción de capital físico y humano que ocasionó la Guerra Civil, en 1955 Cataluña generaba el 28,65% del valor añadido y el País Vasco el 11,32% y estas proporciones alcanzaron el 33,32% en Cataluña y el 12,5% en el País Vasco en 1975. En ese período, decisiones meramente políticas, como localizar la fábrica de SEAT en la proximidad de Barcelona, resultaron decisivas para el desarrollo de un sector automovilístico moderno en Cataluña, amparado, primero, en una protección que limitaba con efectividad la competencia exterior, y más tarde inyectando dinero público para sanear la empresa antes de transferirla a una empresa extranjera. La importancia de estas decisiones y ayudas del Estado español han resultado también mdecisivas y sin ellas es difícil entender que esta división suponga el 16,1% del total de bienes exportados al extranjero en 2011.

Tras la entrada de España en la CEE el 1 de enero de 1986, los impuestos a las importaciones y otras barreras arancelarias se eliminaron gradualmente hasta la puesta en marcha del Mercado Único el 1 de enero de 1992. Desde entonces, solo las importaciones provenientes de países no miembros de la UE están gravadas con el arancel comunitario y las exportaciones catalanas hacia el resto de España compiten en igualdad de condiciones con el resto de importaciones provenientes de la UE. Lo mismo ocurre a la inversa y, lógicamente, la intensidad de los flujos comerciales entre Cataluña y el resto de España ha disminuido al tiempo que se han incrementado los flujos entre ambos y el resto de los países que forman parte de la unión aduanera europea.

Hace pocas semanas, Mas, presidente del gobierno catalán, señalaba alborozado que ahora las exportaciones catalanas hacia el resto del mundo han superado las exportaciones hacia el resto de España, dando a entender que “en los tiempos que vienen, es muy bueno que sea de esta manera”, porque así se atenúa el riesgo que comporta su proyecto independentista. Resulta prepotente e injusto olvidar que el capital físico y humano acumulado en Cataluña y el superior nivel de vida que han disfrutado durante décadas los catalanes se explica, en buena parte, por los sacrificios y los elevados costes que pagaron el resto de los españoles, residentes en regiones menos desarrolladas. Y grotescas suenan las palabras escritas en 1976 por Pujol, presidente del gobierno catalán entre 1980 y 2003, sobre la “naturaleza” del “hombre andaluz” –“un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años pasaba hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual”–, cuya preponderancia numérica “introduciría su mentalidad anárquica y pobrísima” y destruiría Cataluña.

Todo indica que los políticos catalanes, tras la eliminación del manto proteccionista que tantos beneficios proporcionó a la economía catalana durante más de un siglo, y comprobar cómo disminuía en el nuevo escenario la dependencia de las empresas catalanas respecto al resto de España y se estrechaban las diferencias materiales y culturales entre los residentes en Cataluña y los de otras regiones menos desarrolladas de España, han llegado a la conclusión de que las beneficios que obtienen del mercado español ya no compensan la mayor carga impositiva que conlleva la elevada concentración de la actividad económica en su territorio y el mayor nivel de renta de sus ciudadanos. Un craso error de cálculo, porque el mercado del resto de España continúa siendo el mercado más importante de la economía catalana y una eventual independencia podría poner en riesgo el bienestar de una fracción significativa de sus ciudadanos.

3. Exportaciones de Cataluña hacia el resto de España y hacia el resto del mundo
A pesar de la mencionada disminución en la intensidad de los flujos comerciales entre Cataluña y el resto de España, las cifras disponibles indican que el resto de España continúa siendo, y con gran diferencia, el mercado más importante de las exportaciones catalanas. Además, la importancia de este mercado excede en mucho el mero valor de las exportaciones de bienes y servicios realizadas, ya que para producirlas otras empresas han tenido que producir los bienes intermedios empleados en su producción, y, a su vez, otras empresas han producido los bienes y servicios intermedios empleados por las últimas, y así sucesivamente. En otras palabras, para estimar el impacto de las exportaciones catalanas hacia el resto de España hay que sumar al impacto directo las producciones indirectas a que dan lugar, algo que, al parecer, no comprenden algunos empresarios catalanes que, al observar que sus clientes son otras empresas catalanas, creen que su producción no depende de las exportaciones hacia el resto de España.

Y la historia, como saben muy bien todos los economistas, no acaba aquí, porque también las rentas generadas directa o indirectamente en la producción para satisfacer las exportaciones van a parar a familias y empresas catalanas que las utilizan para financiar el consumo y la inversión. Los comerciantes de Vilobí del Penedès, los peluqueros de Vic y los gestores de Mataró están, casi con toda seguridad, convencidos de que la independencia de Cataluña no afectará negativamente a su negocio, sin darse cuenta de que algunos de sus clientes trabajan en bodegas productoras de cava, en empresas alimenticias y multinacionales automovilísticas que exportan sus productos al resto de España y del mundo. Estimar con objetividad el peso real de las exportaciones catalanas en su economía resulta, por tanto, imprescindible para que los ciudadanos puedan calibrar lo que realmente está en juego si Cataluña se constituye en un Estado independiente y queda fuera de la UE, como así ocurriría y durante bastantes años en el mejor de los casos.

La TIO de Cataluña elaborada por el Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) para 2005 (TIO-CAT05) cifra las exportaciones totales de bienes y servicios no turísticos de Cataluña en 108.948,8 millones, distribuidos entre exportaciones al resto de España (XRDE), 62.654,4 millones, y al resto del mundo (XRDM) 46.294,4. Estas exportaciones constituyen demanda a cada una de las 65 ramas incluidas en la TIO-CAT05, de modo que podemos calcular cuánto hay que producir para satisfacer la demanda dirigida a cada una de ellas, a algún subconjunto o a la totalidad de las ramas presentes en la matriz. Como ya se ha indicado, en este estudio se ha utilizado la información de la TIO-CAT05, por encontrarse todavía en construcción la TIO-CAT para 2011.

La información más reciente que proporciona el IDESCAT sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios tampoco permite siquiera actualizar los vectores XRDE y XRDM de la TIO-CAT05. En efecto, las estimaciones del PIB por el lado de la demanda para 2011 proporcionan el valor de las exportaciones de bienes y servicios al extranjero que asciende, incluido el consumo de no residentes o turistas, a 72.313 millones, y de las importaciones de bienes y servicios del extranjero que alcanza, incluido el consumo de residentes en el extranjero o turistas, 68.492 millones. Aunque el saldo exterior de los flujos con el extranjero es por primera vez positivo, 3.821 millones, la aportación del sector exterior resulta ser bastante mayor, 8.463 millones, al incluir en el cálculo las exportaciones e importaciones al resto de España, que habrían arrojado un saldo positivo de 4.642 millones. Este saldo fue incluso mucho mayor en años anteriores: 8.012 millones en 2009 y 6.431 en 2010. En todo caso, se puede afirmar que el resto de España ha sido, y todavía lo era en 2011, una fuente importante de crecimiento de la economía catalana.

4. El peso de las exportaciones en Cataluña
Como se ha indicado en la introducción y se explica con detalle en el Apéndice, el peso de las exportaciones de Cataluña a España y al resto del mundo se ha calculado empleando el modelo intersectorial de Leontief para tener en cuenta las relaciones intersectoriales en los procesos productivos y estimar la producción indirecta necesaria para satisfacer la demanda final de exportaciones de bienes y servicios. Los resultados que se presentan en este artículo se refieren exclusivamente a las exportaciones de bienes y servicios tradicionales, esto es, bienes y servicios producidos en un territorio que satisfacen la demanda en otro territorio, el resto de España (RDE) o el resto del mundo (RDM).

El Cuadro 1 en el Apéndice 2 presenta la producción requerida a cada sector para producir las exportaciones al resto de España en los dos escenarios indicados. En la columna (2) aparecen las producciones que directa e indirectamente (PDI) se requieren para producir las exportaciones al resto de España; y en la columna (3) el porcentaje que representan sobre las producciones totales en la TIO-CAT05 incluidas en la columna (1). La columna (4) proporciona el valor de las producciones requeridas directa e indirectamente e inducidas (PDI+I) al tratar al consumo como un bien producido que cada rama requiere para producir, a su vez, los bienes y servicios; y la columna (5) proporciona el porcentaje que representa PDI+I sobre la producción total. La información del Cuadro 1 presenta una radiografía muy interesante del grado de dependencia de la economía catalana respecto a las exportaciones hacia el resto de España. Así, por ejemplo, indica que el 36,98% de la producción agrícola y ganadera se explica por las exportaciones al resto de España, un porcentaje que aumenta hasta el 47,6% cuando el consumo se considera un bien producido.

La información que presenta el Cuadro 1 del Apéndice 2 para la producción se ha obtenido también para el valor añadido, el empleo total y el número de asalariados. Aquí vamos a presentar únicamente los resultados agregados para los sectores más importantes de la economía: Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria, Construcción, Servicios Privados y Servicios Privados y Públicos que incluye los servicios Educativos y Sanitarios además de los servicios generales de las AA.PP. Los Cuadros 1, 2 y 3 resumen los resultados obtenidos para la producción, el valor añadido bruto y el empleo. Como puede apreciarse en los resultados globales, las exportaciones de las empresas catalanas hacia el resto de España explican, por su impacto directo e indirecto, el 26,23% de la producción total, el 21,64% del VAB y el 20,22% del empleo total en Cataluña.

Estos porcentajes aumentan en más de 10 puntos porcentuales en todos los casos cuando el consumo se incluye como actividad productiva, pasando a ser el 36,29% de la producción, el 33,97% del valor añadido bruto y el 33% del empleo total.

Las cifras agregadas incluyen una considerable dispersión sectorial. Cuando el consumo se incluye como un factor de producción, el escenario más realista, las exportaciones de Cataluña al resto de España explican casi el 50% de la producción, el empleo y el valor añadido generado en Agricultura, Ganadería y Pesca e Industria y cerca del 40% en Servicios Privados. En contraste, las exportaciones al resto de España tienen una escasa incidencia en los sectores menos dinámicos como Servicios Privados/Públicos y Construcción. Como puede observarse en el Cuadro 1 en el Apéndice 2, hay sectores industriales donde las exportaciones al resto de España explican más del 50% de la producción (y también del valor añadido bruto y el empleo total), destacando Productos lácteos y helados, 76,27%; Cemento, cal y yeso, 63,25%; Servicios de reciclado, 61,28%; Productos del refino, Bebidas, 59,08 %; Madera, corcho y derivados, 58,54%; Productos editoriales, 57,12%; Vidrio y productos de vidrio, 57,05%; y muchos otros sectores con porcentajes superiores o muy próximos al 50%, como Carnes y productos cárnicos, Productos alimentarios, Vestido y piel, Cuero, productos de cuero y calzados, Metalurgia, Productos metálicos, Servicios de transporte aéreo y espacial, Servicios afines al transporte, Servicios de producción de energía, Gas manufacturado, Productos químicos, etc.

Resulta evidente que una caída significativa de las exportaciones a España tendría efectos desastrosos sobre los sectores más dinámicos de la economía catalana. Y eso es lo que ocurriría en caso de producirse una ruptura no pactada –no veo ninguna otra manera de que se produzca- y la constitución de un Estado independiente que, además, quedaría fuera de la UE, y sus entidades financieras inhabilitadas para recurrir al BCE. En un escenario más bien optimista, la reducción del 50% de las exportaciones al resto de España supondría la pérdida del 18,1% de la producción, el 16,6% del valor añadido y el 16,5% del empleo total. Un panorama sencillamente desolador.

5. Conclusiones
Varias son las conclusiones que se pueden extraer de lo expuesto en este artículo. Primera, la breve incursión histórica ha dejado patente que la acumulación de capital físico y humano en Cataluña y el consiguiente bienestar relativo que disfrutó su población durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros dos tercios del siglo XX se alcanzaron bajo el manto de unas políticas proteccionistas a las empresas fabriles e industriales que los empresarios y políticos catalanes demandaban al Estado español. Así fue como Cataluña se convirtió en la “fábrica de España” durante la segunda mitad del siglo XIX y mantuvo ese estatus hasta el final de la dictadura, a costa, claro está, de reducir el bienestar económico del resto de los españoles.

Segunda, los resultados presentados en las dos secciones anteriores demuestran la enorme importancia que tienen todavía las exportaciones catalanas hacia el resto de España. Cuando únicamente se tienen en cuenta las relaciones intersectoriales, los sectores manufactureros que disfrutaron de protección durante muchas décadas son los que más dependen del resto del mercado español. Ahora bien, cuando el consumo se considera un bien producido más, las exportaciones a España explican hasta el 36% de la producción total y el 33% del valor añadido bruto y el empleo. En dos grandes sectores, Agricultura, Silvicultura y Pesca e Industria, esas proporciones se aproximan al 50% y en el sector Servicios Privados al 40%.

Con el grado de dependencia del mercado español que muestran estos resultados, resulta evidente que una reducción en el entorno del 50% de la demanda del resto de España tendría efectos devastadores sobre la producción, el valor añadido y el empleo generado en los sectores más dinámicos de la economía privada. Se puede aducir en contra que el comercio con España no tiene por qué verse afectado, pero quienes así razonan no explican por qué las exportaciones a España en 2005 ascendían a 62.654,4 millones, y al resto del mundo a 46.294,4 millones, ni tampoco por qué Cataluña exportó a Francia tan sólo 9.285,7 millones en 2011, a pesar de tratarse de un país miembro de la UE cuya economía es mucho mayor que la del resto de España y con el que Cataluña comparte frontera. Lo anormal es la intensidad de las “exportaciones” al resto de España y, si tomamos las exportaciones a Francia como punto de referencia, la reducción del 50% de las exportaciones al resto de España resulta ser una hipótesis más bien conservadora.

Pero esto no es todo. Las estimaciones que se han presentado deben tomarse como relativamente benignas del impacto de la hipotética independencia de Cataluña, porque a los efectos ya descritos habría que sumar el impacto negativo que tendría el cambio de régimen sobre otros componentes de la demanda final. En primer lugar, las exportaciones al resto del mundo podrían registrar caídas significativas al quedar Cataluña excluida de la UE durante varios quinquenios en el escenario más optimista.

Las exportaciones de Cataluña hacia la UE, cifradas en 36.971,6 millones en 2011, equivalentes al 65,4% de las exportaciones al resto del mundo, tendrían que soportar los costes de transacción y aduanas habituales (costes NTB11), que la OCDE estima para los países desarrollados en el 8,5% de su valor. La repercusión de estos efectos precio no puede captarse con el modelo de Leontief empleado en este artículo, pero no cabe duda de que la competitividad de las empresas localizadas en Cataluña se vería afectada negativamente y reforzaría la pulsión a deslocalizarse hacia otros países miembros de la UE, libres de este coste, o a países fuera de la UE con costes laborales más bajos.

En segundo lugar, el análisis no incluye el impacto negativo que la constitución de un Estado independiente tendría sobre el consumo de no residentes procedentes del resto de España y de otros países europeos. En la TIO-CAT05, el consumo de no residentes alcanzaba la cifra 10.225,7 millones, 1.550,3 millones realizado por turistas del resto de España y 8.675,4 millones por turistas del resto del mundo. Pues bien, una parte de estos ingresos podría perderse como consecuencia de las reacciones negativas que a buen seguro se producirían en el resto de España, incluida la venta de inmuebles propiedad de españoles en las costas catalanas, y las fricciones y costes adicionales que supondría el establecimiento de fronteras con el resto de los países de la UE. En una ampliación prevista de este trabajo se intentarán cuantificar estos efectos.

Finalmente, el modelo empleado no tiene en cuenta los efectos negativos que la reducción de la producción y el valor añadido generado tendrían sobre el ahorro y la inversión. En el Apéndice 1 se presenta un modelo alternativo que incorpora la inversión de reposición como un coeficiente técnico más en todos los sectores y una columna de coeficientes de inversión para representar la tecnología de producción del bien de inversión. Los resultados obtenidos por los autores con este modelo indican que la reducción de la actividad afectaría también a la demanda de bienes de inversión y amplificaría notablemente los efectos de la reducción de las exportaciones al resto de España.

De todo lo dicho se deduce que la independencia de Cataluña puede causar serios problemas económicos, añadidos a la difícil situación en que ya se encuentra la economía catalana. El único argumento económico con el que los políticos catalanes han defendido la independencia de Cataluña ha sido la eliminación del déficit fiscal. Además de que para reforzar su argumento eligen la cifra más elevada de cuantas tienen a su disposición, deberían ser, al menos, conscientes de que los beneficios serían muy inferiores si la independencia tiene un impacto negativo sobre la producción, el valor añadido generado y el empleo del orden de la magnitud calculada en este artículo. La recaudación de la nueva administración catalana registraría también caídas importantes en una administración que, recordemos, tiene ya en estos momentos serios problemas de liquidez y de financiación. Decía Zabalza (2012), en una columna en el diario La Vanguardia, que cabía esperar “más costes que beneficios” de la independencia. Los resultados que se han presentado en este artículo refuerzan considerablemente este diagnóstico.

(*) Clemente Polo es Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La cuestión catalana, hoy
Régimen de financiación de la Generalitat de Cataluña
Valentín Pich analiza el modelo impositivo comparado con el resto de las CC.AA.
VALENTÍN PICH ROSELL*  www.lavozlibre.com 24 Noviembre 2012

0. Introducción
Con este artículo pretendemos aproximarnos a cómo el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha venido, y está, utilizando su capacidad de financiación comparándola con la del resto de las administraciones autonómicas vía impuestos. Dada la amplitud que supondría realizar un análisis en profundidad sobre la influencia de todos los recursos de ésta, vamos a centrarnos en señalar los de mayor peso específico e impacto social, como son los ingresos tributarios.

No nos toca valorar si el actual sistema de financiación es el más adecuado o si es o no necesaria su modificación, lo que pretendemos es detectar cómo está siendo utilizado por las autonomías y las consecuencias prácticas de todo ello. Lo que sí nos toca, desde un aspecto puramente técnico, es poner de manifiesto e incluso criticar algunos aspectos que consideramos que no se están realizando conforme lo que establecen algunos principios tributarios esenciales como el de eficiencia. Por estos motivos, además de comparar la situación de Cataluña con las demás autonomías nos atrevemos también a esbozar algunas conclusiones a modo de resumen. Ante todo, debe precisarse que en relación con la financiación de las Comunidades Autónomas, en España existen dos modelos: el régimen común y el régimen foral. A su vez, dentro del régimen común, Canarias posee un régimen económico y fiscal peculiar por razones históricas y geográficas, que ha sido adaptado, respetando sus particularidades, como región ultraperiférica dentro de la Unión Europea.

Junto a ella, Ceuta y Melilla son dos ciudades que participan de la financiación autonómica, de conformidad con sus Estatutos de Autonomía y según el régimen de financiación de las Haciendas Locales. Asimismo, disponen de un régimen de fiscalidad indirecta especial, en virtud del cual recaudan el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Nosotros trataremos sólo sobre el denominado régimen común.

1. Breve reseña histórica del modelo de financiación
Hasta el año 1997, la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas quedaba circunscrita a los tributos propios, es decir, a los creados por las propias Administraciones territoriales. No será hasta el cercano ejercicio 2003 cuando las Comunidades Autónomas tengan un marco normativo sobre aquellos tributos cuyas competencias son cedidas por el Estado, el cual les otorga facultades de gestión y recaudación.

El fundamento legal que posibilita un modelo de financiación autonómico se encuentra esencialmente reconocido en el artículo 156 de la Constitución Española cuando establece que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos”. Y el artículo 157 de la Carta Magna es el que enumera los recursos de las Comunidades Autónomas, determinando que estarán constituidos por los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

Actualmente es la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas –LOFCA- la que enumera los recursos de las Comunidades Autónomas. En concreto estarán constituidos por los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado; la participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado; las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos que establezcan las leyes; el producto de las operaciones de crédito; el producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia y, finalmente, sus propios precios públicos. También pueden obtener igualmente ingresos procedentes de las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado y por las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial.

Una vez establecido de manera sucinta el marco legal vamos a detenernos sobre cómo Cataluña y el resto de Comunidades Autónomas han hecho uso en el ámbito del régimen común de la capacidad normativa que les reconoce el marco legislativo actual.

2. Modelo de financiación: tributos propios y cedidos
2.1. Tributos propios
La mayor parte de los ingresos de las Comunidades Autónomas son el resultado de la parte de recaudación obtenida de los grandes impuestos estatales: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales. La recaudación conjunta de los tres reportaba a las autonomías en 2009 el 79,69 %, casi 4/5 partes. Concretamente, el 42,79 % lo aporta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En Cataluña, en el año 2011 dentro del total de ingresos, los impuestos representaban un 80 %. No obstante, debido al oscuro mecanismo de financiación territorial, este porcentaje puede variar sensiblemente de un año a otro. Por otro lado, el peso específico de las otras dos grandes figuras tributarias, como son la tasa por abastecimiento de agua potable y la de residuos, son directamente recaudados por los organismos autónomos asignados para ello. Finalmente, hay que traer a colación la nueva figura tributaria por servicios turísticos que ha entrado en vigor recientemente y cuya eficacia no veremos desplegada enteramente en su capacidad recaudatoria hasta el año que viene.

Los “tributos propios” suponen un porcentaje muy pequeño sobre los recursos financieros de las Comunidades Autónomas, asumiendo, en determinadas ocasiones, una finalidad distinta a la estrictamente recaudatoria, como es la de financiar determinadas políticas, por ejemplo, medioambientales. La realidad de que no se persiga solo un fin recaudatorio es debido, en gran medida, a que la LOFCA limita bastante su creación, ya que no podrán recaer éstos sobre hechos imponibles que ya sean gravados por los tributos estatales. Tampoco podrán sujetarse elementos patrimoniales situados, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. Ni suponer, tampoco, un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas o a la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades Autónomas.

Ante este contorno limitativo, las autonomías tienen escaso margen de maniobra para establecer tributos y, en numerosas ocasiones, la creación de nuevas figuras ha ido acompañada de recursos de inconstitucionalidad (tales como el impuesto balear sobre el medio ambiente, hoy derogado). Recientemente, en el mes de julio de 2012, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso interpuesto contra el Impuesto de Grandes Establecimientos creado en Cataluña donde el recurrente invocaba que se vulneraba el bloque de constitucionalidad, concretamente el art. 6.3 de la LOFCA, que establece la imposibilidad de regular tributos en la legislación de Régimen Local de aquellas materias reservadas al Estado, en el supuesto de hecho concreto, por coincidir con el hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas. No obstante, se han establecido nuevos hechos imponibles que han supuesto la aparición de diversos impuestos propios que recaen, entre otros, sobre los premios del bingo (Asturias, Baleares, Galicia y Murcia); las tierras infrautilizadas (Andalucía y Asturias); aprovechamientos cinegéticos (Extremadura); depósitos bancarios (Extremadura) y, el ya citado, sobre grandes establecimientos comerciales (Cataluña, Asturias o Aragón). Cataluña fue la pionera en crear y regular el canon de saneamiento del agua en el año 1981. Fue el primer paso de una Comunidad Autónoma en el ámbito de la fiscalidad del agua, fiscalidad que, progresivamente, ha ido extendiéndose entre un número considerable de Comunidades Autónomas, asumiendo un papel principal en el campo de la imposición propia.

Respecto de los Impuestos ambientales, es la modalidad más ampliamente desarrollada por las autonomías en los últimos años. Así, se han creado impuestos que recaen sobre residuos, emisión de gases a la atmósfera o vertidos a las aguas litorales. En cualquier caso, y con carácter general y salvando ciertas particularidades, los tributos propios de las autonomías no han supuesto una elevada recaudación en prácticamente ningún caso y, en numerosas ocasiones, los gastos de gestión del tributo casi superan la recaudación obtenida por el mismo, por lo que, en la actualidad, no representan una fuente de financiación apreciable para las Comunidades Autónomas. Es más, algunas de ellas han optado por suprimir ciertos tributos. Tal es el caso de la Comunidad de Madrid que había creado un impuesto sobre los premios del bingo y un impuesto sobre la modalidad de juegos colectivos de dinero y azar simultáneos y, recientemente, los ha suprimido, llegando a modificar los tipos de gravamen de la tasa sobre el juego para adaptarlos a la nueva situación. Se suma a la causa el caso de Extremadura, que ha decidido suprimir para 2011 el Impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas que había creado con anterioridad.

Cataluña ha ido creando importantes tributos propios, como por ejemplo, el ya citado canon del agua, heredero del canon de infraestructura hidráulica y de saneamiento. Los ingresos obtenidos han ido a financiar las soluciones al problema del tratamiento de las aguas residuales, así como a las mejoras de los ríos y el suministro de agua potable para determinadas poblaciones e industrias. También hacemos referencia al canon de protección civil, destinado a que determinadas actividades privadas asuman los costes de una aportación pública a la protección general. Sin olvidar el Impuesto de grandes establecimientos comerciales, cuyos recursos estaban afectados a la reordenación del pequeño comercio en las ciudades. Reseñamos el canon sobre la deposición de residuos destinado a gravar esencialmente aquellos residuos urbanos y también los industriales que no sean tratados para su posterior reutilización, tratándose de un tributo medioambiental y, finalmente, la ya mencionada figura tributaria de servicios turísticos.

En definitiva, aunque el objetivo subyacente de recaudación dista mucho con la importancia de la protección de los recursos, en todas las comunidades, sí se han perseguido, no obstante, otros objetivos loables, como la creación de políticas de tratamientos de agua y de creación de depuradoras y, además, cierta sensibilidad medioambiental en los ciudadanos.

2.2. Tributos cedidos
Otra cuestión necesaria de comentar para entender cómo funciona el modelo de financiación autonómica es determinar cuáles son los tributos que pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas, así como el porcentaje de los recursos que suponen a las mismas cada tipo específico. De esta manera, se cede el 100 % del Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre la Electricidad, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, de los Tributos sobre el Juego y del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Se cede el 58% de los Impuestos Especiales de Fabricación, con excepción del Impuesto sobre la Electricidad, y el 50% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Valor Añadido.

Como es conocido, y no es objeto de estos comentarios, existen otros recursos no tributarios que completan el sistema de financiación, como las transferencias del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, cuyo fin es asegurar que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar. El Fondo de Suficiencia Global, que es la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de la Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria, más la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales o el Fondo de Cooperación que se reparte anualmente entre las Comunidades Autónomas de régimen común que tengan un PIB per cápita inferior a un porcentaje de la media. Como ya ha quedado dicho en la introducción, solo será objeto de análisis la incidencia de los tributos.

Anteriormente hemos apuntado que es a partir de 1997 cuando se fija un modelo de la financiación autonómica a través de los tributos cedidos, aunque aún con poco margen de maniobra pues, no es hasta 2003, cuando se tiene un marco normativo. Es a partir del año 2006 cuando las Comunidades Autónomas se lanzan a aprobar un sinfín de normativas, encaminadas, en algunos casos, a disminuir la factura fiscal de sus ciudadanos y, en otros casos, como desde el año 2010, las medidas que se aprueban son, en su gran mayoría, meramente recaudatorias. Como ejemplo un botón: los aumentos de los tipos de gravamen de los diferentes impuestos, en los que Cataluña, como a continuación veremos, ha sido una de las pioneras en elevarlos. Esta Comunidad Autónoma ha ido regulando, fundamentalmente a través de las denominadas leyes de acompañamiento de los presupuestos, todo un marco normativo de financiación respecto a los tributos cedidos.

Hay que resaltar que las Comunidades Autónomas han acudido con mucha frecuencia a su capacidad normativa. Previamente constatamos, sin ánimo de generalizar, que la tendencia va encaminada a promulgar cada vez más normas y, en muchos casos, sin demasiada trascendencia cuantitativa sino, más bien, con fines de efecto pantalla. Esta circunstancia se consolida y amplía. El resultado es que existen verdaderos problemas para el ciudadano, sus asesores, y para las Administraciones gestoras, no ya sólo en aplicar cada año una nueva norma sobre la que no se han establecido los criterios doctrinales ni jurisprudenciales, sino que, en muchos casos, ya es un logro conseguir adivinar la norma o el precepto aplicable. Existen Comunidades Autónomas que, con buen criterio, publican textos refundidos de sus normas sobre un determinado impuesto, pero otras, con los mismos niveles de promulgación de normas y de cambios en las mismas, ponen a prueba al que quiere saber cuál es la redacción vigente de una determinada letra o apartado de una ley publicada hace cinco años, puesto que es harto probable que haya sufrido modificaciones en cuatro ocasiones.

Desde luego, si la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no pusiera a disposición del contribuyente el programa de ayuda para la declaración de la Renta, dudamos mucho de que un ciudadano medio pudiese cumplir correctamente con los requisitos exigidos en algunas Comunidades Autónomas con su obligación de presentar la declaración sin contar con el asesoramiento de un profesional. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados casi siempre se acude a los profesionales y, no digamos ya, en el de Sucesiones y Donaciones, cuando se debe utilizar el sistema de autoliquidación.

En definitiva, además de todo lo anterior, el entramado y complejidad de la normativa de carácter formal que hemos indicado, nos da la sensación de que, en un principio, la tendencia es rebajar para determinados colectivos la tributación directa y aumentar la presión fiscal en la imposición indirecta. Todo ello supone que existan notables diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas, abriendo el debate sobre si es o no conveniente planificar el vivir en uno u en otro territorio a efectos fiscales o sobre la elucubración teórica o práctica del desarrollo de determinados proyectos en uno u otro territorio. Seguidamente pasamos a resumir las principales tendencias que observamos respecto de los impuestos examinados en este estudio de Cataluña y su comparativa con las del resto de las Administraciones territoriales.

2.2.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Las Comunidades Autónomas pueden regular el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico, el cual puede incrementar o disminuir dentro de una horquilla. La escala autonómica deberá ser progresiva. Las deducciones por circunstancias personales y familiares. Inversiones no empresariales. Aplicación de renta. Subvenciones y ayudas públicas no exentas percibidas de la Comunidad Autónoma y, finalmente, pueden aumentar o disminuir los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual.

Cataluña fue pionera en lo que se refiere a la regulación del tramo autonómico de la deducción en vivienda rebajándolo en general y aumentándolo en determinados supuestos. En concreto, con carácter general, del 7,5% al 6% e incrementándolo, al 9 %, para jóvenes, discapacitados, parados o parejas con un hijo al menos. Lo que significa que sólo en Cataluña el tipo efectivo de algún contribuyente puede ser superior al que resultaría de aplicar la normativa estatal. En todas las demás Comunidades Autónomas, el tipo efectivo será inferior o igual, según resulte de aplicación o no alguna de las deducciones autonómicas establecidas. Otra comunidad que regula algo parecido es Baleares, que establece un tipo incrementado para obras de adecuación de vivienda a discapacitados. Respecto a la tarifa autonómica, aunque ya en 2010 cuatro Comunidades Autónomas habían aprobado tarifas diferentes y rebajándolas, Cataluña no modifica la misma.

Cataluña también se adelantó al resto de Comunidades Autónomas regulando una deducción del 20% (límite de 4.000 euros) de las cantidades invertidas en adquisición de acciones para la constitución o ampliación de capital de una sociedad por un ángel inversor, siempre que se cumplan una serie de requisitos respecto a la sociedad y al inversor, entre los que se cuentan que éste no detente la mayoría del capital y que no realice funciones de dirección o ejecutivas. En paralelo, crea una deducción del 20 % de la compra de acciones en ampliaciones de capital de las empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil (máximo 10.000 euros de deducción). Sometida a requisitos de participación (inferior al 10%) y mantenimiento (2 años). En años posteriores, copian estas medidas algunas Comunidades Autónomas.

Es en el año 2011, cuando Cataluña aprueba una nueva tarifa autonómica con dos nuevos tramos a partir de 120.000,20 euros y de 175.000,20 euros, gravándolos al 23,5% y 25,5%, respectivamente, por lo que un residente en dicha Comunidad puede llegar a tributar a un marginal máximo conjunto (Estado más Comunidad Autónoma) del 49%. En este año, la caída de recaudación motivada por la crisis económica parece que invierte la tendencia y solo tres Comunidades Autónomas rebajan la tarifa que se aplicaba por defecto, mientras que seis Comunidades Autónomas han subido tipos para las bases liquidables más elevadas. Esto, unido a la subida estatal de 2 puntos en el marginal máximo, hará que los contribuyentes con rentas muy elevadas puedan llegar a pagar un 47% ó 49%. No obstante, con la incorporación de otros dos tramos en la tarifa estatal y, transitoriamente en 2012 y 2013, con el establecimiento de una tarifa complementaria estatal con tipos que van desde el 0,75% al 7%, se ha producido una notable subida del Impuesto. Podría ocurrir que contribuyentes con rentas muy elevadas tributen, por ejemplo en Cataluña, a un marginal del 56 %.

En 2012, el tramo autonómico de la deducción por adquisición de vivienda solo es regulado en Cataluña siendo, en general, del 6% (1,5 puntos inferior al que aplican el resto de Comunidades por defecto -7,5%-), 9% (1,5 puntos superior) para contribuyentes que tengan 32 o menos años y su base no supere 30.000 euros, hayan estado en paro en el ejercicio, sean discapacitados o formen parte de una unidad familiar con un hijo, al menos.

2.2.2. Impuesto sobre el Patrimonio
Las Comunidades Autónomas pueden regular exenciones del patrimonio protegido delos discapacitados. Mínimo exento. Tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones propias de la Comunidad y complementarias a las del Estado. Cataluña es una de las Comunidades Autónomas donde se exige este impuesto tras el restablecimiento del Impuesto para 2011 y 2012. Ninguna Comunidad Autónoma ha regulado un mínimo exento general diferente del estatal de 700.000 euros, y únicamente Extremadura ha establecido mínimos exentos más elevados para discapacitados. En las Islas Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana se ha establecido una bonificación del 100% de la cuota, con lo que en estos territorios no se pagará nada por este Impuesto.

2.2.3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Las Comunidades Autónomas pueden crear reducciones propias, siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o social. Mejorando las de la norma Estatal. También tiene capacidad para regular la tarifa, la cuantía y los coeficientes del patrimonio preexistente, así como las deducciones y bonificaciones de la cuota.

En el año 2009, Cataluña continúa siendo una de las Comunidades Autónomas donde aún se sigue pagando el Impuesto. Prácticamente se ha suprimido en la mayoría de las Comunidades Autónomas para cónyuges, ascendientes, descendientes, adoptados y adoptantes en los territorios forales y en las siguientes Comunidades de régimen común: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Comunidad Valenciana. Respecto a las donaciones, en Cataluña se regula un gravamen progresivo del 5% al 9%, como en Galicia. El resto de las Comunidades se encuentran casi liberadas de tributación entre familiares cercanos, además de en los territorios forales, en Canarias, Castilla y León (no para ascendientes y adoptantes), Castilla-La Mancha y Madrid. En Baleares pagan un 7 %, en la Comunidad Valenciana la bonificación del 99 % tiene un límite de 420.000 euros. Queremos incidir, en este punto, sobre la complejidad técnica del legislador catalán, por ejemplo, cuando regula incentivos fiscales por grado de parentesco en el Impuesto sobre Sucesiones. Véase la redacción tan farragosa a pie de página, nota.

2.2.4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Las Comunidades Autónomas pueden regular los tipos de gravamen de las concesiones administrativas, de las transmisiones de bienes muebles e inmuebles, así como de la constitución y cesión de derechos reales sobre muebles e inmuebles, excepto los derechos reales de garantía, de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Por último, tienen capacidad sobre las deducciones y bonificaciones de la cuota en relación a los actos anteriores.

En el año 2009, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, tanto los territorios forales como el resto de Comunidades aplican a las transmisiones de inmuebles el tipo del 7% (6% en la norma estatal) salvo Canarias, con el 6,5%. En muchos casos se prevén tipos reducidos para vivienda protegida o cuando jóvenes, familias numerosas o discapacitados adquieren la vivienda habitual, incentivando también el que no se renuncie a la exención de Impuesto sobre el Valora Añadido para que se satisfaga el impuesto cedido a las Autonomías. En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, Documentos Notariales, el tipo que se ha generalizado es el 1%, excepto en Canarias, que aplica el 0,75% (0,5% es el establecido por defecto en la norma estatal). También en esta modalidad se establecen tipos inferiores al 1 % que se aplican a escrituras de adquisición o de préstamo hipotecario para viviendas habituales de jóvenes, discapacitados o familias numerosas. Por otra parte, excepto en los territorios forales, Canarias y Castilla-La Mancha, el tipo se incrementa cuando se produce la renuncia a la exención en Impuesto sobre el Valor Añadido.

Es en el año 2011, cuando Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña y Extremadura aplican un tipo general del 8% o una escala que llega hasta dicho tanto por ciento o superior, incluso existen marginales del 10%. No obstante, nuevamente es Cataluña la pionera en subir el Impuesto. Lo mismo ocurre en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (Documentos Notariales) Asturias, Cataluña y Extremadura incrementaron el tipo general, al 1,2% las dos primeras, y al 1,15% la última. También crecen las Autonomías que establecen un tipo mayor del 4% en transmisión de vehículos potentes. Los territorios forales continúan con el tipo general del 6% y en transmisiones de viviendas, el 4%. Existen tipos inferiores sobre todo para adquisición de viviendas por determinados colectivos como jóvenes, discapacitados o familias numerosas. A partir de 2012 más Comunidades Autónomas se unen al carro de la subida de este impuesto debido, fundamentalmente, a la corriente contagiosa de subidas de impuestos, posiblemente condicionada a la situación financiera del momento.

3. Conclusiones
A continuación recogemos unas series de conclusiones, fruto de todo lo comentado anteriormente, y que, seguramente, no dejarán a nadie indiferente. La idea de las mismas es que suscite cierta reflexión, debate e inquietud en el lector, De ser así ya se justificarían, si cabe aún más, estas humildes reflexiones sobre una realidad cada día más compleja, oscura y dispar, en la que la Comunidad Autónoma de Cataluña no es distinta a las demás. Incluso, nos atreveríamos a afirmar que es una de las Administraciones en donde percepción y realidad coinciden a la hora de abordar el entramado opaco y dificultoso que es esto de la capacidad normativa y de que, seguramente, sea la Comunidad Autónoma donde más tributos se exigen a los ciudadanos.

Inquietante vorágine normativa en tributos cedidos y propios

Las Comunidades Autónomas han utilizado con profusión su capacidad normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Sin embargo, en el Impuesto sobre el Patrimonio se ha legislado poco, además del hecho de que dicho tributo fue congelado desde 2008 a 2010, ambos inclusive.

Como hemos podido ver, la Comunidad de Cataluña es una de las áreas geográficas donde más impuestos se pagan. En este caso, no es sólo una percepción, sino una realidad. Por poner algunos ejemplos: es la Comunidad que más alto tiene el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, llegando hasta un 56% de tipo marginal, frente al 52% estatal. Se paga el Impuesto sobre el Patrimonio. No ha desparecido con carácter general el Impuesto sobre Sucesiones, como sí ha ocurrido en la práctica totalidad de las autonomías y aún, aunque con cierta rebaja, se sigue tributando por las donaciones14. En lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados15, los tipos de gravamen generales son más altos que en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Beneficios fiscales insustanciales
Se puede constatar que buena parte de las normas se aplican a muy pocos contribuyentes por haberse establecido condicionadas al cumplimiento de requisitos muy estrictos. La regulación de los beneficios fiscales en casi todos los impuestos es muy restrictiva, sometiendo el disfrute de las ventajas tributarias a condicionantes estrictos y de regulación complicada. La consecuencia inmediata de lo anterior es que, en general, el impacto recaudatorio de toda esta regulación es insustancial. Por ejemplo, en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se refiere, las deducciones por circunstancias personales y familiares son muy numerosas y, generalmente, bastante limitadas en su cuantía.

Podemos citar las establecidas por nacimiento de hijos, discapacidad, cuidado de hijos (en guardería o con persona empleada en el hogar), estudios (vestuario, libros, etc.) o familias numerosas. Otras deducciones reguladas en bastantes Comunidades Autónomas se refieren a la adquisición de vivienda o por segunda residencia, muchas tienen deducciones para emprendedores, también para el capital semilla y otras por inversiones medioambientales. Cataluña ha seguido esta política de inventos variopintos como el resto de las Comunidades Autónomas y, muchas veces, con poco recorrido e innovando situaciones copiadas luego por otras Administraciones, como así ha ocurrido con los Business Angel por ejemplo.

Compleja técnica normativa
Cuando el legislador autonómico hace uso de la capacidad normativa, lo hace pero complicándolo de manera excesiva; con una legislación que lleva a límites insospechados lo que provoca en los obligados tributarios un desconcierto y una inseguridad jurídica a la hora de aplicar las normas. La técnica de la legislación tributaria autonómica en muchos casos entraña problemas, no sólo porque sea de difícil comprensión, sino porque, a veces, incumplen principios tributarios básicos o normativa comunitaria. En definitiva, la financiación autonómica es muy compleja y opaca, lo que provoca que casi ningún ciudadano la entienda, véase el caso de Cataluña, por ejemplo, cuando el legislador regula un incentivo fiscal en el caso de sucesiones por grado de parentesco del causante con los herederos al que ya hicimos mención anteriormente.

Aunque hay Autonomías que publican textos refundidos de las normas que han dictado, en muchas es difícil encontrar el texto vigente en un momento determinado. Este problema es cada vez más grave, por un lado, porque se ha ido incrementando la capacidad normativa y, por otro, porque parece que existe un efecto contagioso y unos territorios emulan a otros cuando introducen modificaciones novedosas. Cataluña no ha aprobado un texto refundido, por lo que es complejo acudir a la norma que actualmente se encuentra en vigor con el desconcierto que ello genera a los contribuyentes. Además, si bien se observa una tendencia clave a promulgar nuevas normas, sin embargo no se revisan las existentes, lo que produce que muchas queden desfasadas y con problemas interpretativos, porque no se corrigen las referencias que quedan obsoletas. Esto es muy frecuente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, donde nos encontramos referencias, por ejemplo, a la base especial, cuando en el Impuesto ya no existe este concepto.

Desigualdades normativas y competitividad territorial
En los últimos dos años, coincidiendo con la crisis económica, se ha generalizado la tendencia a subir tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los tipos impositivos marginales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se han colocado entre los cuatro más elevados de Europa, cosa que puede disuadir a algunas personas a establecer su residencia en nuestro país. Además, son especialmente delicados y peligrosos los tipos elevados, no sólo para las empresas sino especialmente para los directivos.

En este punto, es quizás, donde se ve claramente las diferencias de tributación entre los distintos territorios y, por lo tanto, se produce el debate sobre si es o no conveniente la movilidad geográfica para disminuir los costes fiscales, ya no sólo presentes, como la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Patrimonio, sino también a vistas del futuro, de sucesión de los bienes y derechos a los herederos para tributar con el menor coste fiscal posible.

No es el objetivo de esta exposición que nos ocupa el determinar la fiscalidad como un instrumento de competitividad de nuestra economía. No obstante, hay que reconocer la inquietud creciente de muchos profesionales de la economía que observan con preocupación cómo los tipos nominales de impuestos en nuestro país ya están en la media de los países más desarrollados de la Unión Europea, cuando no son superiores, lo cual no parece conveniente atendiendo a la realidad y posibilidad de nuestro tejido productivo. Especialmente en el caso de Cataluña, en relación al exagerado tipo marginal del Impuesto sobre la Renta del 56% a quienes sus rentas superen los 175.000 euros, y la desafortunada gestión de la normativa del Impuesto sobre Sucesiones se ha hablado de las supuestas deslocalizaciones dentro del territorio nacional. Independientemente de que puedan existir supuestos concretos, el tema de la residencia, establecida como el territorio de aquella Comunidad Autónoma donde el causante tuviera su residencia habitual durante el mayor tiempo de los últimos cinco años anteriores al momento del fallecimiento, tampoco tiene recorrido. Lo cuál no quiere decir que la imagen de Cataluña como una Comunidad Autónoma con impuestos altos, tenga efectos devastadores de cara al futuro.

Coste administrativo de control
Otra consecuencia de la extensa y complicada regulación es que el control de los beneficios fiscales se hace muy difícil, máxime cuando se establecen requisitos de cumplimiento en ejercicios siguientes al de la autoliquidación en la que se aplican. Para los contribuyentes no sólo es difícil aplicar correctamente las normas de su Comunidad, sino que ya es difícil conocer los beneficios fiscales que puede utilizar. Si para una persona que no se dedique a la materia fiscal ya es complicado seguir la normativa estatal, creemos que para nada es consciente de las normas autonómicas.

Buen ejemplo de lo anterior es la diferencia de tipos de retención en algún territorio foral con el que se aplica en el resto del Estado. Los contribuyentes debemos constatar, con un cierto grado de indignación, que en muchas Comunidades es difícil seguir la norma vigente en cada ejercicio al sucederse modificaciones y más modificaciones de una norma antigua. En resumen, se regulan muchos aspectos y, encima, se van modificando. Por ello se agradece la iniciativa de algunas Autonomías que han publicado Textos Refundidos.

Las labores en un mundo cada vez más interconectado y complejo se centran en los organismos de control y de gestión de los impuestos como elemento capital. Además, paralelamente a las normativas coercitivas, los Organismos encargados de estas cuestiones deben gestionar el capital más importante: la información. Sin duda, una de las cuestiones cruciales que deberá abordarse es la consolidación de la colaboración y coordinación de la Agencia Tributaria con los organismos específicos autonómicos. Hoy, con los procedimientos digitales y con la avalancha de información, además de la creciente importancia de los contactos internacionales, constituye, sin duda, un tema de gran trascendencia, independientemente de la eficiencia global del sistema, la unidad de criterios, la obtención y gestión de información de una manera sistemática, el control integral de los contribuyentes o la reducción al mínimo de los costes indirectos, constituyen variables imprescindibles a tener en cuenta en este estratégico debate.

La calidad de esta legislación autonómica es, en ocasiones, manifiestamente mejorable y, no es raro que encontremos referencias a normas estatales obsoletas, errores de salto o requisitos que la Unión Europea consideraría contrarios a los principios de no discriminación o libertad de establecimiento.

(*) Valentín Pich Rosell es Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España.


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