AGLI Recortes de Prensa    Miércoles 5 Diciembre 2012

Ya está bien con Cataluña
Pablo Sebastián www.republica.com  5 Diciembre 2012

Ya sabemos que la gestión económica del Gobierno de Rajoy no funciona y que su actuación política -y de comunicación- es mas bien desastrosa, pero esto es lo que hay y además no hay alternativa hasta 2015, salvo que se produzca algún acontecimiento excepcional, lo que tampoco conviene descartar. Pero dicho esto hay que subrayar la falta de estrategia global y de inteligencia del Gobierno como se acaba de demostrar ahora con el proyecto de ley de la Educación que acaba de presentar el ministro Wert, provocando un revuelo general en Cataluña, y también en Andalucía y en el resto de España. Una ley conflictiva en muchas cosas pero acertada en lo esencial de la enseñanza en castellano en el territorio catalán. Aunque puede que inoportuna en cuanto al calendario politico catalán porque le ofrece a Artur Mas un territorio nuevo para abundar en la idea del victimismo nacionalista, decir que España agrede a Cataluña e intentar recomponer su fracasado liderazgo en la recientes elecciones autonómicas en pos de conseguir apoyos para su investidura y su gobierno. Siendo la propuesta del Gobierno solamente un proyecto de ley, ¿acaso no podría haber esperado el ministro Wert (y Rajoy) unas semanas a ver como solucionaban Artur Mas y CiU -hoy perdidos en el laberinto catalán- sus muchos problemas en ese territorio? Pues sí que podían haber esperado, pero Wert es especialista en conflictos inutiles o inoportunos y en la Moncloa se suelen utilizar estas polémicas -Gallardón es un ariete especializado véase lo del aborto, tasas, etc- para que los ciudadanos no hablen de las otras malas y mas importantes noticias como la nueva subida del paro o el incumplimiento del déficit de 2012 que ayer confirmó el ministro Montoro.

Ahora bien, dicho esto tenemos que añadir con la mayor claridad que muchos de los abusos y disparates que ocurren en Cataluña de la mano de los partidos nacionalistas y ahora especialmente bajo el mandato -en funciones y puede que pronto renovado de CiU- no sólo son ilegales e inconstitucionales, sino que atentan contra los Derechos Humanos, las libertades y la Democracia. Y están más cerca de regímenes autoritarios o fascistas que de cualquier otro modelo político de la Unión Europea y de las democracias más consolidadas del planeta. Y ese discurso de que “en Cataluña no ha problema lingüístico” es completamente falso, porque lo que hay para evitar que esos problemas estallen en la calle es presión política y casi amenazas, y aunque solo afectara a una sola familia catalana es motivo mas que suficientes para que se aplique la ley y la Constitución y se defiendan los derechos de los ciudadanos. Además como ha dicho Wert esta reforma no recorta ni daña en nada la enseñanza en catalán sino que mejora o iguala la enseñanza en castellano lo que es un derecho fundamental.

El derecho de los españoles que viven en Cataluña a estudiar y a utilizar el idioma castellano, lengua oficial del Estado, en la vida institucional, comercial, cultural y social sin sufrir discriminación alguna, amenaza o sanción -lo que ocurre con asiduidad- es de todo punto incuestionable, e inadmisible su violación. Y ya se han desbordado esas líneas rojas demasiado tiempo y se ha admitido el atropello de los gobernantes catalanes contra la democracia, las libertades, la legalidad, los Derechos Humanos y la Constitución por los gobiernos de España del PSOE (con Zapatero, de manera especial), como por los del PP (de Aznar y Rajoy). Y hora es que a todo ello se le ponga un punto y final implacable y sin el menor atisbo de duda o concesión.

De ahí que la parte de la Ley de Educación del ministro Wert que se refiere a la enseñanza en castellano en territorio catalán está bien -y debe de ser extendida a las Administraciones Públicas y al conjunto de la vida catalana-, por más que otros preceptos de esa ley sean discutibles. Pero en el caso del castellano hasta aquí se ha llegado y no puede pasar un solo día más sin que el Gobierno de España, los tribunales y el conjunto de la ciudadanía pongan en marcha una decidida y frontal rectificación de estos abusos que en muchos casos son de maneras fascistas, como lo ocurrido ahora en Barcelona con la petición de “boicot” del actor nacionalista Toni Albà en contra de la actriz Carmen Machi, porque ella había firmado el manifiesto de intelectuales titulado “A favor de Cataluña en España”. Petición indecente la de Albà quien luego rectificó, pero no del todo, que desvela un discurso intolerante con la libertad e insultante a España, al estilo de los de la Diada de “España nos roba”.

No existe ninguna nación en el mundo donde esté prohibido, o reducido, el derecho de sus ciudadanos a comerciar, estudiar o actuar en sus instituciones en su propio idioma oficial en todo su territorio, salvo lo que ocurre en el territorio español de Cataluña, lo que ha sido denunciado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y lo que se tiene que acabar de una vez por todas.

Máxime en el vigente momento político español y especialmente catalán, donde los nacionalistas anti democráticos de CiU acaban de fracasar en su intento mayoritario electoral, están peleándose entre sí -Unión con Convergencia-, no salen de los escándalos del gran pantano de la corrupción política catalana -con CiU y PSC en la picota-, y además tiene a la Comunidad catalana en quiebra y pidiendo todos los días ingentes sumas de dinero al Estado.

Los Derechos Fundamentales de los habitantes de Cataluña son irrenunciables y nadie ni ningún gobierno o institución puede reducirlos o eliminarlos, como ha ocurrido con la enseñanza en castellano, promoviendo un sistema de inmersión lingüística de corte intimidatorio y obligatorio que viola la Constitución.

O sea que vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el gobierno de Rajoy y cuál es la actitud a este respecto de formaciones que se dicen de izquierda, como PSC e ICV. Pero sobre todo lo que aquí importa es el imperio de la Ley y esta vez con todo su peso y con todas sus consecuencias. Y que se ande con cuidado Rajoy de sus devaneos con Unió, o incluso con CiU en este capítulo porque los españoles no van a dar un paso atrás. Y que se cuiden también el PSOE e IU porque en esto de la democracia, las libertades y los Derechos Humanos la inmensa mayoría de los españoles no van a dar un paso atrás. Bien callados han estado sobre todo esto, en sus recientes reapariciones, Aznar, González y Zapatero, pero a Rajoy un silencio, o un aplazamiento en la obligada rectificación de este atropello del nacionalismo catalán nadie se lo va a consentir ni a perdonar. Lo que le faltaba a la desprestigiada clase política de España es que no sólo fracase en la gestión económica y social y en sus prácticas democráticas y de moralidad, sino que también colaboren en amparar la violación de la ley, y los recortes de los Derechos Humanos y de la Libertad.

Enseñanza y lengua común
El Editorial La Razón  5 Diciembre 2012

El objetivo que pretende la reforma educativa abanderada por José Ignacio Wert de que el castellano tenga un peso razonable en la enseñanza de las comunidades autónomas con lengua cooficial es loable y congruente con el deber del Gobierno de la nación de garantizar el uso del idioma común de todos los españoles. Cosa bien distinta es si el ministro de Educación ha empleado la metodología adecuada para lograr su propósito sin darle ventaja al victimismo nacionalista. Habría sido deseable un mayor esfuerzo negociador para que la convivencia lingüística que establece la Constitución se articule sin crispación ni estériles enfrentamientos.

En todo caso, la reacción airada de Artur Mas, secundada por los separatistas, es impropia de un gobernante cuya comunidad habla con normalidad los dos idiomas. Su llamamiento a la «insumisión» es inaudito en un presidente autonómico que debe ser ejemplar en el cumplimiento de la legalidad. Pero también supone una falta de consideración hacia los millones de catalanes catellanohablantes, muchos de los cuales se sienten agredidos por una política que hasta el propio Tribunal Supremo ha condenado en repetidas ocasiones.

Resulta elocuente que de las cinco comunidades con lengua cooficial sólo en Cataluña hayan llamado a rebato sus gobernantes, con la típica retórica victimista. El motivo es que desde hace treinta años los sucesivos gobiernos catalanes han hecho de la lengua en las aulas un arma identitaria y del castellano su enemigo natural.

Por tanto, el Gobierno de la nación hace bien en cumplir con sus obligaciones constitucionales en velar por los derechos de todos y especialmente, en el ámbito educativo, por el de los padres a elegir la lengua en la que desean educar a sus hijos.

Garantizar el empleo de la lengua común y la libertad de elección de ningún modo erosiona o margina el catalán, como demagógicamente afirma la consejera Rigau. El futuro y la pujanza de la lengua catalana no se aseguran con imposiciones, multas o delaciones, y menos aún con la estigmatización del castellano, sino con la libre voluntad de los ciudadanos, que todos los poderes públicos deben respetar.

Se equivocan, otra vez, los nacionalistas y separatistas al envolverse en la bandera. No obstante, también sería conveniente que el ministro Wert trabajara con más ahínco para limar diferencias, de forma que una buena reforma, como la suya, no se vea como un trágala o como una agresión que no es. El proyecto presentado ayer a los consejeros de Educación tiene recorrido y es susceptible de modificaciones para acercar posturas y, sobre todo, para disipar malos entendidos, uno de los cuales es que la enseñanza en catalán queda relegada a la cuarta fila. No es cierto, pero no estaría de más hacer el esfuerzo para clarificarlo.

¡Viva Wert!
La sonrisa de la avispa Estrella Digital  5 Diciembre 2012

Hace un par de meses ya hablé aquí de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) que el Gobierno está queriendo imponer en España. Para aquellos que no quieran perder el tiempo buscando el archivo, les diré que hice una gran alabanza de ella. Incluso, políticamente, porque creo que la raíz de los problemas que tiene España está en la Educación y ya iba siendo hora de que alguien abordase de verdad el tema.

Lo que han hecho las CCAA con la Educación en España es un crimen de lesa patria. Especialmente, Cataluña. En Cataluña hace 30 años que sus dirigentes perdieron la cabeza y se echaron al monte negando un derecho fundamental como es la libertad de los padres a elegir el idioma en que quieren educar a sus hijos. Y el problema es que ningún Gobierno de España, hasta ahora, se había atrevido a pararle los pies.

La 'inmersión lingüística' catalana no es más que una vulneración de la Constitución
Y es que la llamada 'inmersión lingüística' catalana no es más que una vulneración de la Constitución Española, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley y en el artículo 3.1 señala que "el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".

Una ilegalidad corroborada por los más altos tribunales del Estado como el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS), que vienen emitiendo sentencias contra esa inmersión lingüística y en las que sus fallos instan a la Generalidad de Cataluña a introducir el castellano también como lengua vehicular en esa comunidad autónoma. Pero ninguno de esos fallos ha sido cumplido. Los dirigentes de la Generalidad siempre se han creído por encima de las leyes y de los tribunales.

¿Y qué pasa ahora, entonces, para que anden rasgándose las vestiduras y el fracasado Artur Mas convoque a rebato a todo el catalanismo radical?
Sencillamente, que el ministro Wert quiere aplicar a la LOMCE esas sentencias de los tribunales. Algo a lo que obliga, incluso, la propia sentencia del TC sobre el actual Estatuto, que dice:

'Las Administraciones públicas (...) no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. [Ya que acabaría con el] equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que, en ningún caso, deben tener un trato privilegiado (...) Solo los particulares (...) pueden preferir una u otra de ambas lenguas. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones (...), lo que excluye que (...) quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente.' Pero, ay amigo, cumplir la ley es anatema en Cataluña.

Wert quiere que los niños que quieran estudiar en castellano y no puedan en centros públicos, que se escolaricen en centros privados con cargo a la administración autonómica. Así de fácil. Si no existen centros oficiales castellanohablantes, que se rasquen el bolsillo. Pero eso es imposible. Va contra el catalanismo más pueblerino.

No se puede ser más cateta
Tan cabreados están que, tras plantar a Wert en medio de la reunión sobre la LOMCE, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha rechazado comparecer ante los medios en un lugar en el que aparecía el escudo de España junto al del Ministerio de Educación. No se puede ser más cateta. Ante algo así, solo puedo decir ¡Viva Wert!

Una buena noticia educativa
Editorial www.gaceta.es  5 Diciembre 2012

El Ministerio de Educación ha dado a conocer el borrador del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que comprende la Educación Primaria y la Secundaria Obligatoria. Presentado como reforma de la ley de 2006, se trata en realidad de una ley nueva, puesto que algunos de los principios ideológicos fundamentales de la norma de la época de Zapatero han desaparecido. Esta es, probablemente, una de las mejores virtudes del nuevo texto, si es que llega a aprobarse con esta nueva inspiración neutral y propia de la escuela pública en una sociedad libre. Vaya por delante que estas líneas no pretenden entrar en detalles técnicos o pedagógicos que requerirán más espacio, sino que, en esta primera aproximación, quieren dejar constancia de algunos aspectos que consideramos significativos. En primer lugar está el hecho de dar a conocimiento público este borrador, lo que abre desde ahora mismo un debate, siempre necesario en materia tan sensible sobre todo si aspira a gozar de una vigencia duradera. En segundo término, se trata sólo de un primer texto, que sufrirá modificaciones hasta llegar a proyecto de ley, y una vez en sede parlamentaria tendrá que experimentar todas las variaciones que diputados y senadores impriman sobre él.

Hechas estas consideraciones, no es de extrañar que las primeras reacciones críticas hayan partido del ámbito nacionalista catalán, pues uno de los pilares de la Lomce es el rescate de la importancia capital de la lengua española por antonomasia, el castellano, dentro de un marco unificador de la enseñanza en todo el país, sin el cual las taifas educativas resultarían deletéreas de la nación española misma. A estas críticas se añadirán las de medios nacionalistas vascos con toda probabilidad, y, en menor medida, otras procedentes de las comunidades con “lengua propia” distinta de la que ciertamente es también lengua propia de todos los españoles: la castellana. El Gobierno ha querido abrir este debate, y no podemos sino aplaudir esta actitud tan valerosa como de sentido común.

Otro de los fundamentos de la Lomce es en este primer borrador, como queda dicho, la voluntad de neutralidad ideológica del Estado plasmada en el sistema educativo; y cabe añadir, entre otras virtudes que se apuntan, la restauración de valores como la exigencia, la autoridad del profesor o el papel activo del Estado en la homogeneización de programas y calificaciones. En suma, cabe decir que este borrador es, en principio, una muy buena noticia.

Fuera lenguas regionales de los servicios del estado
Nota del Editor  5 Diciembre 2012

Por muchas vueltas que le den, los que se benefician de la imposición de las lenguas regionales no tienen ninguna base ética, moral o económica (salvo su propio abuso) para tratar de obligar a los demás a aprender ninguna de ellas.

Es un disparate económico y social imponer las lenguas regionales. La imposición de conocer las lenguas regionales no está en la constitución española, por muchas vueltas que el tribunal constitucional le quiera dar al texto: hay deber de conocer el español, no hay deber de conocer lengua regional alguna.

Con más de cinco millones de parados y aumentando, los profesionales de la política siguen poniendo piedras en el camino de España, para que sus ciudadanos no puedan trabajar en libertad.

La primera medida que el gobierno debería haber puesto en marcha es la derogación de todas las leyes de lenguas regionales para eliminar barreras en la educación, administración, control de la actividad del estado y la libre empresa.

La segunda medida tambien indispensable pero de elevado costo social inevitable es derogar todas las leyes autonómicas y desmantelar el tinglado.

Desgraciadamente no hay ningún profesional de la política o de los medios de comunicación afectos a su influencia que se haga eco de la perentoria necesidad de tomar estas medidas, pero aquí queda constancia para la ignominia de tales miserables sujetos, porque su silencio no puede atribuirse a su falta de sentido común que tan bien aplican para conseguir sus empeños personales a costa de España.

¡Menos adhesiones y más actuaciones! Si no se atreven a gobernar ¡váyanse!
Vicente A. C. M. Periodista Digital  5 Diciembre 2012

La diferencia entre un Gobierno débil y otro fuerte no está en la de haber obtenido un apoyo mayoritario de los ciudadanos, sino de su actitud ante los grandes desafíos. Es evidente que el Gobierno de Rajoy tiene una actitud cobarde y que es incapaz de hacer prevalecer algo tan esencial como la Constitución de España que todos y cada uno de sus cargos ha jurado o prometido defender. Y es propio de cobardes el hacer pagar sus frustraciones con los más débiles para compensar su falta de valentía ante los desafíos de los "chulos" en forma de nacionalistas separatistas.

Es triste comprobar la sumisión y la cesión al chantaje frente a esas minorías separatistas, que llevan desde la Transición "chuleando" a la sociedad española como cualquier matón de patio de colegio o macarra callejero. Por eso no es creíble el que el partido que sustenta al Gobierno, el PP, quiera parecer que defiende los valores fundamentales que la Constitución de España proclama. Resulta patético y cínico a la vez, el que se quiera sumar, aunque sea de forma disimulada, a la concentración promovida por DENAES en defensa de la Unidad de España y como respuesta al desafío inaceptable del separatismo catalán de CiU, ERC y demás grupos radicales secesionistas, con la ambigüedad incomprensible de los dos partidos llamados "nacionales" PSC y PPC.

Ha sido triste comprobar también la cobardía manifiesta en la reforma de las administraciones locales y de las competencias autonómicas. Porque España lleva ya demasiado tiempo bajo el poder de unos sátrapas feudales en las autonomías que no están dispuestos a perder nada de lo obtenido, para lo que no dudan en incumplir reiteradamente las normas que el Gobierno pretende imponer como única alternativa para la salida de la crisis. Una actitud que se ve reforzada ante la posición retraída del Gobierno de España en aplicar la Constitución y asumir las competencias que sean necesarias.

Aún no es tarde para dar un golpe de timón e imponer la Ley y el orden constitucional. No hay que tener miedo a los desafíos ni bravatas de los secesionistas, sino desnudarlos ante la sociedad y poner en evidencia su objetivo único de independencia aunque con ello destruyan al resto de España. Tampoco es tarde para acabar con las satrapías autonómicas insolidarias y plagada de corruptos que se han perpetuado en el poder durante décadas y que mantienen el desafío de su insolidaridad apoyados en un clientelismo mercenario y en la pasividad, resignación y despreocupación de una ciudadanía desinformada voluntariamente.

Es muy loable la concentración que DENAES ha promovido para mañana en defensa de la Unidad de España. Sin embargo, la sola presencia de líderes del actual PP, aunque sea de carácter voluntario y no oficial, solo me puede causar un profundo rechazo y desprecio. Es incompatible el que gente que toleró la expulsión de referentes políticos como María San Gil o que critican a Mayor Oreja, aparezcan ahora como defensores de la Unidad de España. Nunca podré ir al lado de quienes no han dudado en traicionar a los españoles con la política continuista de los pactos con ETA. Nunca podré tolerar la hipocresía de quienes solo quieren lavar su imagen, mientras no dudan en permanecer silenciosos y sumisos ante las directivas del Partido.

Creo que la Unidad de España debe ser defendida desde el Gobierno y todos los partidos democráticos que se jactan de declararse constitucionalistas. El PP tiene el Gobierno de España con la mayoría dada por el pueblo español y ni siquiera es capaz de hacer cumplir la Constitución ni las sentencias del Tribunal Supremo de España. Lejos quedan aquellos tiempos de apoyo a las víctimas del terrorismo donde todo el partido se ponía al frente de las manifestaciones. Lejos quedan los recursos de inconstitucionalidad contra los estatutos secesionistas. No puedo ni quiero olvidar. Los cobardes no merecen respeto.Si no se atreven a gobernar, ¡VÁYANSE!.

Ante los fracasos y traiciones de los partidos políticos españoles, acudir a las urnas es vergonzoso para un demócrata
Francisco Rubiales Periodista Digital  5 Diciembre 2012

Con la decisión de no actualizar el poder adquisitivo de las pensiones, el gobierno de Rajoy ha destruido la poca credibilidad que le quedaba y ha dejado a la sociedad española con una triste y peligrosa sensación de soledad, desamparo y rabia rebelde. Los demócratas y los ciudadanos decentes de España rumian ya su revancha frente a un ejecutivo que consideran hostil y adversario del ciudadano y del interés general. La situación en España se torna muy peligrosa y se sitúa en el borde del enfrentamiento entre ciudadanía y gobierno, una base sólida para el conflicto generalizado.

Millones de ciudadanos opinan que el gobierno del PP está superando al de Zapatero en mentiras, arrogancia, injusticia y destrucción del bienestar. Solo actúan cuando no tienen mas remedio o cuando el clamor popular les produce miedo. Así lo han hecho con los desahucios, con el endeudamiento, con el despilfarro, con los privilegios de la casta política, con las subvenciones politizadas y con todos los deberes y retos del liderazgo en España. Los políticos españoles acumulan un balance estremecedor de carencias, ausencias, arbitrariedades, injusticias, traiciones y fracasos que el ciudadano tiene el deber de cobrarse en las urnas, votando en blanco o no acudiendo para poner de manifiesto su oposición a un sistema que, lleno de perversiones, conduce al país hasta su derrota y desaparición.

Aunque no es el único abuso arbitrario e injusto, los desahucios son el mejor ejemplo para explicar la baja calidad de la democracia española y el pésimo nivel de nuestros políticos. Los jueces siguen aplicando una legislación de principios del siglo XX, lo que significa que la democracia ha sido incapaz de reformar la injusticia de otorgar a los bancos un poder absoluto sobre las familias que no pagan sus hipotecas, a las que arrebatan sus viviendas y siguen embargando por el resto de sus vidas, convirtiéndolas en excluidas y miserables. La demora de los desahucios de los más necesitados, por dos años, no es la solución sino un ridículo parche que hasta beneficia a la banca, ni significa la desaparición de una ley hipotecaria injusta y desproporcionada, que aplasta al individuo y a la familia en beneficio de un sistema financiero opresor e inmisericorde.

El PP y el PSOE rechazaron en las Cortes la solución del problema y votaron en contra de que la entrega del piso saldase la hipoteca. En el Pleno del Congreso de los Diputados confirmaron en 2011 su rechazo a tramitar una proposición de ley de IU e ICV, que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria. Ambas formaciones han asegurado que la iniciativa, que también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también han esgrimido CiU y PNV para justificar su abstención.

El mismo fracaso e idéntica capacidad de anticiparse a los problemas han rodeado otros grandes dramas de España que pudieron ser solucionados por los políticos, como el auge del nacionalismo, el saqueo de las cajas de ahorro, el endeudamiento masivo y el despilfarro. La última muestra de despotismo sin respeto ni sensibilidad hacia el débil y pobre es la reforma de la Justicia que impulsa el gobierno, con Gallardón a la cabeza. La desaparición de la justicia gratuita beneficia también a los poderosos y aplasta todavía más al débil, para el que España ha dejado de ser una patria para transformarse en un tormento.

Ni siquiera tuvieron previsión y acierto a la hora de cambiar el modelo productivo de España, a todas luces desfasado e insuficiente para un país moderno. La abundancia de dinero recaudado en el pasado, inmensa, debió ser utilizada para reformas estructurales que hoy sustentarían nuestra riqueza, pero aquellas enormes plusvalías procedentes de urbanizarlo todo y construir más que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas, fueron despilfarradas o robadas por una clase política que, por inepta, mentirosa e inmoral, merece ser disuelta y enviada a las mazmorras de la Historia.

La sociedad española es golpeada a diario por el impacto seco de la injusticia, el abuso de poder y un sistema legal inútil. El ciudadano se convence de que el poder les ha olvidado y se ha convertido en un hacha al servicio de los poderosos. Los políticos mantienen sus privilegios, los que han saqueado las cajas de ahorros y las arcas públicas no devuelven lo robado, ni pagan por sus crímenes, el sistema siempre beneficia a los de arriba y aplasta a los de abajo. La reacción pasa rápidamente del desencanto al rechazo y, en algunos casos, al odio. Están abonando el terreno para que España se convierta en un hervidero de frustración social.

Nadie sabe cual será la respuesta de las masas ante las agresiones del poder político que padece, pero ya no cabe la cobardía, y la más suave, lógica y natural es la venganza del pueblo en las urnas, una venganza que ya no se ejercerá masivamente, como en el pasado, votando a un partido de oposición para castigar al que gobierna, sino votando en blanco, anulando las papeletas y absteniéndose para expresar así el profundo dolor que sentimos y el desprecio que los políticos nos merecen.

Voto en Blanco

A la sombra de su ejemplo
Fernando García de Cortazar, Dir. de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, ABC  5 Diciembre 2012

En una de sus sentencias morales, La Rochefoucauld dijo que los viejos son aquellas personas que dan buenos consejos porque ya no pueden proporcionar malos ejemplos. En un tiempo de indolencia como es el nuestro, esa referencia a la edad puede trasladarse al desdén generalizado por considerar modelos de conducta cuya calidad moral sea más importante que su exhibición estética. La virtud de una época no sólo se mide por la forma en que se comportan las personas, sino también por todo aquello que la gente admira. No hay ejemplaridad posible donde no existe una ciudadanía que esté dispuesta a imitar una manera de vivir. No hay liderazgo ético donde no puede conmoverse a los espectadores. Quizás el mayor problema que experimenta nuestra cultura no sea la ausencia de quienes convierten sus actos en una lección cívica, sino la escasez alarmante de quienes están dispuestos a aprenderla.

La noticia del secuestro y asesinato de María Santos Gorrostieta demanda reflexionar sobre la ejemplaridad de una vida y sobre nuestra disposición para aceptarla de ese modo. Fue alcaldesa de Tiquicheo, en Michoacán, el estado natal del presidente Lázaro Cárdenas, uno de los fundadores del México moderno. Su tarea política no proyectaba su imagen sobre los suculentos escenarios de las ambiciones nacionales, sino en la laboriosa custodia de los derechos de los quince mil vecinos cuyo bienestar le había sido encomendado. Por ello, su conducta no debía ajustarse a las suntuarias exigencias de la fama, sino a la dignidad discreta del servicio público. En un país asolado por una delincuencia poderosa, resuelta y despiadada, quiso cumplir con el deber de dar protección a los ciudadanos a quienes gobernó. Quiso que su ciudad dispusiera del más elemental de los derechos, el de una existencia que no estuviera manoseada por el miedo ni deformada por la corrupción. Y lo pagó con su vida.

El primer atentado que perpetraron contra ella las bandas del narcotráfico causó la muerte de su marido. En el segundo, tres balas la hirieron gravemente, y exhibió ante la prensa sus heridas. Quien pueda ver en ello un afán de notoriedad o la obscena manifestación de circunstancias dolorosas no comprende el profundo mensaje que aquellas imágenes contienen. María Santos Gorrostieta era consciente de que su cuerpo había dejado de ser un asunto privado desde el mismo momento en que la muerte empezó a cercarlo. No había sido el objetivo de una venganza personal, de un asunto de familia o de una desdicha del azar. Lo que se buscaba aniquilar era lo que representaba. Por ello, al mostrarla a la prensa, su carne lacerada había dejado de ser un espacio limitado a su propia persona, para convertirse en el molde de la libertad de todos, en la materia de la que siempre está hecha la voluntad de ser hombres y mujeres íntegros. Esquivar una muerte que te busca para cancelar tu misión sobre la tierra no es sobrevivir, sino vivir de un modo más difícil, tomándole la medida a tus convicciones, sin venderle al miedo tu dignidad y sin regalar a los miserables esa plenitud de todos que, de pronto, depende sólo de tus actos. Quien vive de ese modo sabe que apura un tiempo precario, con su sentencia escrita, con su condena en marcha.

Los verdugos esperaban que la destrucción de su familia y la vejación de su cuerpo le privasen de algo más que su salud y sus seres queridos. Suponían que podrían someterla a una existencia mezquina, a una vida atenuada por el temor y encogida por la pérdida. En 1944, al acabar la ocupación alemana en Francia, Camus dijo que nunca podría perdonar a quienes, antes de quitar la vida a sus víctimas, les habían arrebatado la inocencia. Que nunca podría aceptar a los criminales que, creyéndose dueños del destino de otros hombres y mujeres, habían convertido su vida atemorizada en un tiempo de temor, de desconsuelo, de rendición. Si la muerte es el momento supremo de la tragedia, su más infame precursora es la existencia reducida a un barrizal de espanto y de claudicación, de renuncia a los principios y de negociación aterrada de la supervivencia.

Cuando a Gorrostieta se le preguntó sobre las razones de su tenacidad, no permitió que los asesinos pudieran albergar ilusión alguna. Iba a permanecer donde siempre había estado. Iba a permanecer en su sitio porque el dolor sufrido le permitía hablar en nombre de muchos. Había logrado una trágica representación de todas las víctimas de la violencia, y no era una condición que estuviera dispuesta a abandonar. Disponía del terrible privilegio de ser la imagen en que podían sentirse ejemplificados quienes padecen persecución, los hombres y mujeres indefensos ante la brutalidad y la codicia, las criaturas sacrificadas a diario por los desalmados. Tuvo la generosidad y la plenitud moral de decidir que su vida había dejado de pertenecerle, pero también tuvo la inteligencia de comprender que, de este modo, nunca habría de pertenecer a los asesinos. Llevó su carga sin autocompasión, con energía, para poder decir: «Tengo que predicar con el ejemplo». Y hasta qué punto.

Nada sabemos del horror de unas últimas horas en que el cuerpo de María Santos Gorrostieta fue entregado a la violencia de sus secuestradores. Nada sabemos de ese calvario recorrido a oscuras, de esa soledad completa en la que un individuo torturado, sabedor de la cercanía de la muerte, se enfrenta a la exacta validez de su conciencia. Queremos creer que su mirada no se humilló, ni se extravió su coraje, ni se quebró la envergadura de su corazón. Podemos creer que, hasta el final, se mantuvo erguida, sobre esa representación asumida de sus vecinos, pero también siendo la expresión de todos los hombres y mujeres honrados, de los pacíficos, de los virtuosos, de los justos llamados a merecer la tierra.

«Somos el tiempo que nos queda», escribió Caballero Bonald. No pertenecemos a una de esas infelices ideologías en las que se proclama el júbilo de la muerte, ni la propia ni la ajena. No existe causa que merezca cancelar el milagro de una vida humana. Hemos soportado en nuestro país la indolencia moral, la flaqueza cívica y la ferocidad homicida, cuando el terrorismo puso a los ciudadanos españoles en la perpetua vigilia de una libertad condicional. Sabemos de qué estamos hablando cuando acude a nuestros ojos una historia de degradación y violencia. Lo hemos aprendido a un precio muy alto. Cuando una mujer muere porque representa la voluntad de vivir en una nación de ciudadanos libres, cuando una mujer es asesinada porque no ceja en el empeño de cumplir ese sueño de todos, hay algo que nos interpela desde el fondo de nuestra propia historia. Hay algo que eleva nuestro homenaje desde la humildad de nuestro recuerdo hasta el orgullo de la vigencia moral de los ausentes. Nos interrogan, de nuevo, las víctimas que se han convertido en ejemplo e inspiración. Porque su muerte nos pertenece. Porque en nosotros cobra sentido su sacrificio. Porque ante su recuerdo habremos de rendir cuentas. Porque somos celadores de su honor. Porque somos el tiempo que les queda.


Diez mentiras de la inmersión lingüística
Convivencia Cívica Catalana La Razón  5 Diciembre 2012

Falsedad 1
La mayoría de catalanes quiere la inmersión
Realidad
El 88% de los catalanes defiende el bilingüismo
Así lo confirman las encuestas del CIS, que insisten en que una amplia mayoría de ciudadanos están a favor de la enseñanza en catalán y en castellano. Sólo el 9% se decanta por el monolingüismo.

Falsedad 2
Sólo tres familias han pedido enseñanza bilingüe
Realidad
800 familias han pedido estudiar las dos lenguas
y la cifra va en aumento. En 90 centros escolares de Cataluña varios padres han solicitado la enseñanza bilingüe. En 2007, más de 56.000 ciudadanos firmaron una iniciativa popular para promover este modelo.

Falsedad 3
La inmersión está avalada por Europa
Realidad
La UE ha invalidado el modelo catalán
Un informe realizado por el Comité de Expertos independientes del Consejo, en 2008, no aprobó el modelo de lingüístico catalán. Los expertos insistían en que no se daba el requisito de voluntariedad.

Falsedad 4
La inmersión se utiliza internacionalmente
Realidad
El modelo catalán es único en el mundo
Cataluña, con la inmersión lingüística sólo en uno de los dos idiomas oficiales, es una excepción mundial. Es el único territorio donde se excluye a una lengua oficial como lengua vehicular de enseñanza.

Falsedad 5
Hay padres que no quieren que sus hijos sepan catalán
Realidad
Las familias buscan una enseñanza bilingüe
Los progenitores defienden un modelo de enseñanza respetuosa con ambos idiomas oficiales y que los dos se utilicen de forma conjunta y equilibrada frente al modelo de inmersión monolingüe.

Falsedad 6
Quieren separar a los niños según su lengua
Realidad
Pueden aprender las dos lenguas sin ser separados
Los padres que abogan por el bilingüismo quieren que los alumnos aprendan asignaturas en catalán y castellano equitativamente. Se trata de compaginar en el mismo grupo ambos idiomas.

Falsedad 7
La inmersión no perjudica a los castellanohablantes
Realidad
Estos alumnos presentan un fracaso escolar del 39,6%
La ratio de fracaso escolar es del 18,9% en los catalanohablantes y alcanza el 39,6% en el caso de los castellanohablantes. Ocurre lo mismo con la puntuación de PISA: 521 para los primeros y 481 para los segundos.

Falsedad 8
La inmersión no perjudica el rendimiento de los inmigrantes
Realidad
Perjudica de forma clara el rendimiento de los inmigrantes
De acuerdo con el informe PISA, Cataluña es el territorio donde existe mayor diferencia entre el rendimiento de los alumnos inmigrantes y los autóctonos. La diferencia supera los 70 puntos a favor de los segundos.

Falsedad 9
Los alumnos, con un nivel de castellano en la media nacional
Realidad
Su nivel de castellano es sensiblemente inferior
El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) examinó al alumnado de todo el país. Un 51% de los alumnos españoles se expresaba correctamente; el porcentaje caía al 33% en lo que respecta a Cataluña.

Falsedad 10
La inmersión es un modelo de cohesión
Realidad
La inmersión produce desigualdades educativas
Un sistema educativo no puede ser cohesionador de la sociedad si su única lengua vehicular admitida es la lengua que habla la mitad de la población. Para que algo sea cohesionador, debe saber integrar y no excluir.

Las intocables autonomías dificultan la reforma municipal
EDITORIAL Libertad Digital  5 Diciembre 2012

La reestructuración de las Administraciones Públicas es una reforma prioritaria para asentar las bases de la recuperación, no solo económica sino institucional. La reunión que este martes ha mantenido el presidente del Gobierno con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), destinada a buscar una mayor eficiencia en el ámbito local, debería ser, en este sentido, motivo de esperanza.

Lo cierto, sin embargo, es que pocos compromisos han salido de la reunión de marras, como no sea la ya conocida intención de reducir el número de concejales y la homogeneización del sueldo de alcaldes y concejales. Pero hasta este insuficiente recorte ha quedado sin perfilar, puesto que la propuesta inicial de reducir un 30% el número de concejales –recogida en el borrador de la Ley de Gobierno local– ha quedado ahora reducida a mera "estimación orientativa", sujeta a un "proceso de negociación común", al cual tampoco se ha fijado calendario alguno.

Una de las razones fundamentales para que en esta reunión no se hayan abordado proyectos más ambiciosos y concretos, como lo sería una propuesta en firme de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que contemplara la reducción del número de ayuntamientos, su financiación y la clarificación de sus competencias, es que ello obligaría a entrar de lleno en la reforma de nuestro modelo autonómico, habida cuenta de las tan traídas duplicidades. Y esa es una reforma de la que Rajoy parece no querer ni hablar.

No ignoramos lo mucho que las CCAA deben a los entes locales, y no pretendemos sacrificar ayuntamientos y diputaciones en el altar de disgregadoras y manirrotas autonomías. Pero también somos conscientes de que en el ámbito local y provincial se puede y se deben llevar a cabo reformas estructurales que busquen una mayor eficiencia. España, con sus 8.114 municipios, es uno de los países de la UE con mayor número de ayuntamientos. El 60% de ellos tiene 1.000 habitantes o menos, y más de 1.000 siquiera tiene cien vecinos.

Es obvio que la contratación de servicios como la recogida de basuras, el mantenimiento de jardines, el alumbrado, etc., es muy superior en cien municipios de 1.000 habitantes que en uno de 100.000, por lo que la anunciada reducción de mancomunidades y diputaciones, que en muchas ocasiones limitan las ineficiencias de la atomización municipal, debería haber ido de la mano de todo proyecto destinado a reducir el número de ayuntamientos.

Lo que no se puede es racionalizar el funcionamiento y aligerar el peso de las diferentes Administraciones Públicas como si éstas fuesen compartimentos estancos. Y menos aun salvando de la poda un ámbito tan decisivo y responsable de nuestra crisis económica y nacional como es el de las autonomías. Y es que ya es bastante gravoso el peso del actual modelo autonómico como para que encima dificulte la reforma de todo lo demás.

Ajustes y reformas
¿Para qué pagamos impuestos?
Emilio J. González Libertad Digital 5 Diciembre 2012

¿Para qué pagamos impuestos? Esta pregunta siempre es importante, porque las distintas respuestas que se puedan ofrecer afectan a cuestiones tan fundamentales como la libertad, el bienestar social, la creación de empleo y el buen funcionamiento de la economía; pero hoy por hoy adquiere una relevancia especial, ante la necesaria política de ajuste presupuestario que debe llevar a cabo el Gobierno. De la respuesta que ofrezca el Ejecutivo a la misma se derivará el apoyo o el rechazo de la población a las medidas de ajuste.

Si uno pregunta a cualquier ciudadano, la respuesta más probable es que la gente paga impuestos para tener una buena sanidad pública, una buena educación pública y una buena pensión. Esas son las cosas que de verdad importan, y por las que muchos consideran justificado tener que entregar parte de sus ingresos a la Hacienda Pública; en buena lógica, deberían conformar la terna de prioridades del Gobierno a la hora de aplicar la tijera al gasto.

En cambio, para Rajoy, su equipo y su partido –como para los socialistas– las prioridades son otras muy distintas, empezando por la de mantener como sea todo ese sistema de dádivas y mamandurrias en torno a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De esta forma nos encontramos con que buena parte del grueso del ajuste presupuestario se está cargando sobre la sanidad, la educación y las pensiones. Las dos primeras partidas han experimentado recortes de gasto, mientras que las pensiones se han congelado o subido tan sólo un 1% (frente a una inflación de más del 3% este año), después de que los socialistas las congelaran. Las justificaciones que se presentan son variopintas: que si con la demografía actual son insostenibles los sistemas públicos de sanidad y pensiones, que si los profesores hacen o dejan de hacer esto o aquello, etc. Pero todo esto lo que justifica es la adopción de reformas en profundidad de los modelos vigentes en lo relacionado con sanidad, educación y pensiones, no recortes del gasto en esos capítulos para reducir el déficit público, mientras siguen abiertas miles y miles de empresas y entidades públicas, mientras autonomías y ayuntamientos siguen derrochando el dinero público, o sea, el de todos los contribuyentes, en políticas y subvenciones de todo tipo que son lujos que, con la que esta cayendo, este país ya no se puede permitir.

No es de extrañar, por tanto, que muchos ciudadanos protesten por la privatización de la sanidad o por la moderada subida de las pensiones. No pagamos impuestos para mantener las autonomías y los ayuntamientos, con su pléyade de empresas y organismos públicos para colocar a familiares, amigos, correligionarios y allegados; pagamos impuestos para tener buenos servicios públicos y buenas pensiones, no para que los políticos y los sindicatos tiren el dinero como lo están tirando o se lo lleven crudo como se lo están llevando.

Fábrica de fascistas
Ramón Pi. www.gaceta.es 5 Diciembre 2012

Urgen decisiones valerosas y políticos decididos a tomarlas.

Los nacionalismos catalán y vasco están tensando la vida pública, los unos con su raca-raca separatista, los otros a la espera de lo que ocurra en Cataluña, ya instalados confortablemente en las instituciones vascas gracias a la lenidad del TC. Estas son las manifestaciones exteriores más llamativas de que en la vida española se respira de un tiempo a esta parte un aire cada vez más viciado. Pero hay otras más. Algunos creyeron que la crisis económica ayudaría a corregir algunos defectos estructurales de nuestra política que han disparado la corrupción –sobre todo en los ámbitos autonómico y municipal–, han contribuido al deterioro de la solidaridad interregional y han tirado por los suelos los últimos restos del prestigio que pudiera tener la llamada clase política.

Sin embargo, el Gobierno Rajoy se comporta como si todo fuera muy bien salvo el déficit público, como si la única forma de luchar contra él fuese, al final, aumentar los impuestos, y como si las tensiones separatistas se fueran a disolver por sí solas.

Se comprenderá fácilmente que el panorama de nuestra convivencia presente hoy unos perfiles tristones y pesimistas en cada vez más sectores sociales. Muchos españoles de a pie son también corresponsables, sin embargo, de este paisaje lamentable, acostumbrados a esperarlo todo del Estado, exigentes de todos los derechos y refractarios a cualquier responsabilidad.

La crisis, a este paso, durará varios años más y aumentarán las probabilidades de que la luz que se vea en el túnel sea la de un tren que nos pasará por encima. Urgen decisiones valerosas y políticos decididos a tomarlas: si no devuelven por las buenas el protagonismo a los ciudadanos que los partidos les han usurpado, estarán fabricando fascistas que engañarán a la gente para recuperarlo por las malas. Como en la Alemania de entreguerras.

Cómo está el patio
Mariano debería robar aún más a los pensionistas
Pablo Molina Libertad Digital 5 Diciembre 2012

La decisión del gobierno de no actualizar las pensiones el próximo año es la perita en dulce que el equipazo de Rubalcaba, abarrotado de genios, como es bien sabido, va a utilizar durante los próximos meses para acusar a Rajoy de querer exterminar a los ancianos. A su vez, el PP esgrime la congelación de las prestaciones decretada en su día por Rubalcaba y ZP para desmontar la campaña socialista ante su evidente falta de autoridad moral. A la vista de la altura del debate queda claro que tanto el PP como el PSOE roban a los pensionistas; de lo que se trata ahora es de dilucidar cuál de los dos partidos es más ladrón. Yo voto por los sociatas como medida cautelar, a falta de afinar los datos del latrocinio efectivo que unos y otros han llevado a cabo con los resortes del Estado a su merced.

Pero deberían robar mucho más aún, única vía, dada nuestra condición lanar, para que los perceptores de rentas pasivas comiencen a sospechar que el sistema público de previsión social es una estafa en toda regla y ellos sus principales víctimas. Cuanto más roben los políticos a los pensionistas, mucho mejor para acelerar el fin de esa estafa piramidal, a ver si, con un poco de suerte, entre unos y otros destruyen el sistema entero antes de que los cuarentones actuales lleguemos a la edad de la jubilación.

La desgracia para los españoles que son esquilmados cuando alcanzan la edad de retiro es que toda la clase política y la inmensa mayoría de la periodística están de acuerdo en defender este robo a gran escala. De nada sirve la grosera evidencia de este timo piramidal, ni la cuantía irrisoria de las pensiones a causa de los repetidos escamoteos de los políticos. España tiene consagrado como principio intocable que los jubilados han de depender para comer caliente a diario de la voluntad de nuestros gobernantes, que por otra parte no es que destaquen por su inteligencia y honradez, salvando las consabidas excepciones.

La sustitución del actual sistema de reparto por otro de capitalización individual avalado por el Estado, similar al modelo Piñera chileno, que en otras partes de Europa –como algunas repúblicas excomunistas o la misma Suecia– se ha llevado a cabo sin excesivos traumas, en España es hoy por hoy una aspiración inalcanzable por la oposición no sólo de los políticos y sus voceros de ronzal en la algarabía mediática, también de los propios jubilatas, que no tardarían en echarse a la calle para exigir que el dinero de su retiro siga dependiendo de la generosidad del gobernante de turno, o de su falta de escrúpulos.

Von Bismark, el viejo junker prusiano creador del primer sistema estatal de pensiones, acertó plenamente cuando justificó su decisión en que un trabajador que dependa del gobierno para su retiro será siempre mucho más servil hacia los políticos que otro que pueda jubilarse con sus ahorros. Ciento treinta años después, aquí los españolitos seguimos dándole la razón.

DE MAL EN PEOR
Desmontando el felipismo: el PSOE idealiza su pasado con falsedades
Javier López www.elsemanaldigital.com 5 Diciembre 2012

Aquella época nunca fue como pretenden ahora hacer creer desde el barco naufragado del PSOE el paradigma de un socialismo en libertad, ni mucho menos.

El PSOE mira atrás y convierte el felipismo en un mito fundacional sobre el que tomar impulso para intentar salir de una ruina que no es discutida ni discutible ni por los propios socialistas. Lo dicen Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba: "Hemos tocado fondo", "salgamos delante de una puñetera vez", pero la primera, que vertió lagrimas adolescentes mirando a Felipe, sigue aferrada al zapaterismo aunque pidiendo perdón con los cachorros del video a los que movilizaron desde el PSM de Tomás Gómez, y el segundo pretende hacer un curioso borrón y cuenta nueva apelando al felipato como si su etapa zapateril nunca hubiese existido. Los chaconistas rinden homenaje a Gregorio Peces Barba para marcar territorio, y al acto no se presenta ni un alma de la Dirección Federal. Las espadas están en alto.

El felipismo fue ciertamente más provecho que el zapaterismo en la medida en que la categoría política de su mentor era bastante mayor que la del recientemente fenecido para la política Rodríguez Zapatero. Pero el felipismo, con el que España se llenó de autovías financiadas con los fondos europeos y se extendieron ciertas políticas sociales cuyas bases ya estaban creadas, nunca fue como pretenden ahora hacer creer desde el barco naufragado del PSOE el paradigma de un socialismo en libertad, ni mucho menos.

Más bien, fue la apoteosis de la corrupción, el inicio de las vergonzosas cesiones a los nacionalistas a cambio de su deslealtad, la privatización de las industrias estratégicas españolas, la politización del poder judicial, la cultura del pelotazo, el exhibicionismo ridículo de nuevo rico quintaesenciado en la Expo de Sevilla, ejemplo supremo de todo lo que podía dar de sí ese PSOE al que Felipe González hizo transitar del marxismo a un pragmatismo cuyo poder de atracción no era otra cosa más que el carisma cautivador de su mentor. Felipe González fue el flautista de Hamelín de la sociedad española hasta que la realidad se impuso y José María Aznar llegó a arreglar unas cuentas quebradas.

Felipe González en ese acto de celebración del treinta aniversario de su propia investidura dijo que el PSOE tiene que recuperar a la mayoría del país con un proyecto creíble, como si eso fuera una cuestión de programas políticos. ¿O es que olvida que él fue el primero en enseñarnos sin tapujos que los programas se hacen para incumplirlos? Desde la salida de la OTAN hasta la creación de ochocientos mil puestos de trabajo. Ah, ¡gran encantador de serpientes! Aquí nunca hubo un felipismo coherente con unos principios socialistas o socialdemócratas ni nada por el estilo. Aquí hubo un Felipe al que ahora se lanzan como a un bote salvavidas los náufragos del zapaterismo y al que las mujeres gritaban: "¡Queremos un hijo tuyo!". Era la época en la que Carmen Chacón le miraba con los ojos de la cándida adolescencia.

A levantarse
Alfonso Ussía La Razón 5 Diciembre 2012

El gran poeta malagueño Manuel Alcántara, «con quien tanto quiero» al uso de Miguel Hernández a Ramón Sijé, tiene la gracia de la ráfaga, de la luz imprevista y cegadora que sólo administran los poetas del sur, los andaluces. Manolo huye de la muerte, pero si esta llega, que llegará, convierte su huida en un abrazo inmortal, en un sueño invencible y plácido que no desea ser interrumpido. A Manolo, más que la muerte, le abruma la promesa de la resurrección, aunque si en ella se garantiza un brindis con un buen martini seco con José Luis Garci, Antonio Mingote y Jaime Campmany, le molestaría menos. «Cuando se muera la muerte/ si gritan ¡A levantarse!/ A mí, que no me despierten». Eso de levantarse por obligación siempre ha sido un algo ordinario. Hay que levantarse, pero no es acción digna de presumir. A quien escribe, le enseñaron a levantarse los militares, en mis tiempos de Camposoto. Gracias a sus enseñanzas, hoy, que nadie manda en mi trabajo, mantengo la disciplina de mi obligación y de mi desafecto a la cama, que tiene que ser un desafecto inmediato, brusco, como el que obliga el toque de diana, porque el más leve dejarse llevar desemboca en la entrega a la indolencia y la vagancia. Levantarse es una obligación, no una heroicidad, y por ello no entra en los espacios abiertos a la presunción.

Carmen Chacón se lo ha dicho a Rubalcaba: «Tenemos que levantar el PSOE de una puñetera vez». No hay armonía lírica en la frase, ni poesía andaluza. Siento decepcionar su ímpetu. El PSOE no puede levantarse hasta que el PSOE se entere de qué va la cosa. El PSOE ha sido y es un partido disgregador. El concepto de España siempre le ha atormentado. Han militado y militan hondos patriotas en el socialismo, pero están escondidos desde muchos años atrás. El PSOE, por el hecho de gobernar y ejercer el poder legítimo –la legitimidad no garantiza la decencia ni la limpieza–, ha sido cómplice del nacionalismo separatista vasco, del nacionalismo separatista catalán y del nacionalismo separatista gallego. Carmen Chacón sabe mucho de ello.

Hace una semana, los socialistas navarros de Villaba apoyaron con su acojonada abstención la moción de censura que UPN había llevado al pleno municipal para extraer de esa localidad al hacha y la serpiente de ETA. Los socialistas han sido cómplices del estalinismo gallego de Beirás. Han gobernado con el separatismo catalán en el tripartito. Han mostrado siempre una deriva antiespañola. Hoy el PSOE en Andalucía, cuyo Presidente de la Junta es el educado Griñán, está siendo permanentemente humillado y coaccionado por las gamberradas que le propone su socio comunista.

El PSOE, con su poder en el Gobierno, intervino directa y políticamente para que sus magistrados complacientes abrieran las puertas al terrorismo vasco en las instituciones democráticas. He leído lamentos y justificaciones de Salas y compañía, y entiendo que esos lamentos son el principal motor de su vergüenza, de su pavor ante el espacio negro del favor político, de su obediencia al Poder Ejecutivo personalizado en Zapatero, al que el propio PSOE ha defenestrado con el peculiar cinismo de los desagradecidos. El PSOE, por mucho que quiera Carmen Chacón, no puede levantarse ni con ella ni con Rubalcaba. Menos aún con Madina y la señora Valenciano. Están todos enfermos.

El socialismo en España necesita un alguien nuevo sin complejos. Que se olvide de los «Cien años de Honradez y cuarenta de vacaciones». Que se enfrente a los nacionalismos, enanos que ellos agigantaron. Una persona nueva. Ni Chacón ni Rubalcaba, están capacitados para levantar de una puñetera vez un partido político necesario que necesita la inmediata ausencia de la innecesariedad. Si no son españoles, se hundirán cada día más.

La Inocentada Constitucional
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 5 Diciembre 2012

Cada 6 de diciembre, partidos y autoridades rinden homenaje a la Constitución que, según la disparatada frase, “los españoles nos dimos a nosotros mismos” como si de un fortuito y desgraciado tiro en el pie se tratase. Sin embargo, a pesar de esa insistente propaganda oficial que identifica Constitución y Democracia y convierte su crítica en tabú, no hay tantos motivos de celebración en una Carta Magna de torpe factura y escasa eficacia, incapaz de establecer una estructura institucional equilibrada. Y generadora de una organización territorial tan caótica, indefinida y gravosa, que ha desembocado en el complicado laberinto actual. Aunque muy poco tiempo después de su promulgación comenzaron a notarse sus graves deficiencias, ninguno de los partidos mayoritarios planteó seriamente su reforma: “sostenella y no enmendalla”, era el lema.

Algunos defienden la validez de la Carta Magna de 1978 atribuyendo el actual desastre institucional a aquellos gobernantes que la violentaron, degradaron, retorcieron o pervirtieron: “la idea era buena pero fue incorrectamente aplicada”, sería el argumento. Sin embargo, una constitución fracasa cuando no establece mecanismos fiables que impidan el quebrantamiento de las leyes, el abuso o la arbitrariedad. Hay que juzgar la Constitución, no por sus intenciones retóricas, sino por su eficacia para promover un funcionamiento equilibrado del sistema democrático y por su capacidad para garantizar el cumplimiento de las normas.

Consenso entre partidos; ruina para el ciudadano
El principal defecto se encontraba en la supuesta virtud esgrimida por los constituyentes: el mal entendido consenso. Una Constitución debe fijar unas reglas del juego coherentes y diseñar una estructura institucional apropiada que garantice los controles recíprocos entre instituciones. Debe asegurar el imperio de la ley, la representación efectiva de los ciudadanos y el funcionamiento neutral de las instituciones. Requiere, por tanto, un texto muy preciso y congruente. Sin embargo, en lugar de partir de un borrador consistente, se sometió a discusión abierta la redacción de cada artículo por separado, intentando buscar una imposible aquiescencia de todos los partidos involucrados.

El método de apaño y componenda no podía llevar más que a la incoherencia, la contradicción o la indefinición, como resultado de un infame e intenso mercadeo en el que cada cual presionaba para introducir reivindicaciones en los artículos de su interés. Cuando el acuerdo no era posible, se recurría directamente al embrollo: no mencionando el tema, remitiéndolo a una ley posterior, esgrimiendo distintas opciones o introduciendo conceptos suficientemente ambiguos. Así, los valores técnico-jurídicos fueron sacrificados en aras del pacto entre partidos, siendo finalmente políticos, no expertos constitucionalistas, los responsables de la redacción. No importaba tanto el texto definitivo de la Constitución, o sus consecuencias a largo plazo, como la foto final con la sonrisa de todos los representantes de los partidos. Se inauguraba así esa política que prima el corto plazo sobre los principios, la imagen sobre la sustancia y la palabrería sobre los fundamentos.

El pretendido consenso sustrajo el debate a la opinión pública. Los acuerdos se alcanzaban frecuentemente en el transcurso de cenas en restaurantes de lujo, fuera de las miradas de la plebe. En la mejor tradición del despotismo ilustrado, los partidos políticos se reunieron, discutieron y consensuaron aquello que era mejor… para los propios partidos. Quedaba así patente la permeabilidad de la frontera que separa el acuerdo del enjuague y el consenso de la componenda. Se argumentó que las direcciones de los partidos representaban los intereses de los ciudadanos cuando, en realidad, tan sólo defendían los suyos propios.

Un limbo jurídico-político “por su propia naturaleza”
El resultado fue un texto constitucional que tendía a la inconsistencia y a la ambigüedad. Mostraba claridad en lo obvio y elemental: la enumeración retórica de derechos y libertades. Pero no diseñaba con precisión ni coherencia una arquitectura institucional equilibrada. Concedía implícitamente el protagonismo a los partidos, sin poner freno a su permanente expansión por las instituciones. Y era tan ineficaz en su definición de la organización territorial que no planteaba un modelo concreto sino un arriesgado e imprevisible proceso, al albur de la voluntad y discrecionalidad de los partidos gobernantes.

Se definió el Estado de las Autonomías de manera tan confusa, improvisada y abierta, que los expertos discrepaban sobre si caminaría hacia un modelo regional, federal, confederal, plurinacional o hacia un híbrido de todos ellos. La Constitución reconocía la existencia de “nacionalidades”, sin nombrar cuales eran. Como las meigas, parecían existir aunque los constituyentes no supiesen donde, quedando este concepto en un limbo político-jurídico.

La Constitución se abstuvo a la hora de preservar para el Centro mecanismos suficientes de coordinación territorial, introduciendo un grave riesgo de fragmentación política, jurídica y económica. No delimitó aquellas competencias que debía retener obligatoriamente el Estado pues, ante la imposibilidad de acuerdo, el texto acabó rizando el rizo de los absurdos: las materias que no podían transferirse a las Comunidades Autónomas eran tan sólo aquéllas intransferibles… “por su propia naturaleza”. Un momento cumbre que unía, en estelar actuación, el derecho constitucional con la metafísica.

Una buena inocentada
Aunque la Constitución fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978, no fue publicada el día siguiente, como era la costumbre. Se aplazó al 29 para eludir el apodo que hubiera correspondido en la socarrona tradición española: “la Inocentada”. En poco tiempo, los partidos superaron las pequeñas barreras que establecía el texto constitucional y comenzaron a colonizar todas las instituciones del Estado, amenazando la separación de poderes, teóricamente contemplada.

El marco territorial completamente abierto condujo a un lamentable cambalache, donde las competencias se transferían a cambio de algún favor entre partidos, nunca con criterios de eficacia y economía en la prestación de los servicios. En este contexto, fueron traspasadas a las Autonomías atribuciones imprescindibles para la consistencia territorial y el mantenimiento del mercado interior. Los partidos vendían la autonomía como un bálsamo que todo lo remediaba tras percatarse de que el traspaso de competencias incrementaba de forma exponencial el número de cargos a repartir entre sus miembros. Finalmente, el caótico sistema autonómico ni siquiera logró su principal propósito: integrar a los partidos nacionalistas en el marco constitucional español.

Ante el grave deterioro de las instituciones, la reforma constitucional no puede esperar. El régimen de 1978 otorgó a los partidos una función de tutela de los españoles. Hoy los ciudadanos no son tan “inocentes” pero los partidos tradicionales parecen haber regresado a una infancia consentida y caprichosa. En contra de lo que la propaganda vendió hace 35 años, la democracia no es un fin en sí misma sino un medio para garantizar la libertad y el buen funcionamiento de las instituciones. El simple voto no es suficiente: debe servir para controlar a los gobernantes y proporcionar una eficaz representación. Y la prioridad de la constitución debe consistir en garantizar unas instituciones neutrales, sometidas al oportuno juego de contrapoderes y al imperio de la ley. Por desgracia, los políticos no contemplaron estos sencillos principios en 1978.

El presidente de Denaes: «La constitución ha sido traicionada por los nacionalistas»
Santi Abascal- "La Constitución ha sido traicionada por los nacionalistas"
j. g. m. / madrid ABC 5 Diciembre 2012

Santi Abascal cree que valores como la concordia o la solidaridad son «moralmente superiores a los de la secesión»
El presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), Santi Abascal, que ha convocado una manifestación en favor de la unidad de España, ve necesaria la «adhesión» frente a las aspiraciones secesionistas de Artur Mas.

«Estamos convencidos de que a pesar de las diferencias que tenemos los españoles, ante lo que viene de Artur Mas y los nacionalistas catalanes, es necesario que los españoles nos unamos y mostremos nuestra adhesión a España», ha dicho Abascal en los micrófonos de ABC Punto Radio.

La manifestación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas en la plaza de Colón de Madrid, con el lema «España somos todos». Al acto se han sumado distintos políticos y personalidades, entre los que destacan el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja y la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre. Otros que se han adherido son el expresidente de Madrid Joaquín Leguina y el diputado de UPyD Toni Cantó.

También han dado su apoyo son Aleix Vidal-Quadras y Carlos Iturgaiz, eurodiputados del PP; María San Gil, expresidenta del PP vasco; Alberto Rivera, diputado catalán y líder de Ciudadanos; Nicolás Redondo Terreros, exlíder del PSE, y el funcionario de prisiones y víctima de ETA José Antonio Ortega Lara. También el premio Nobel Mario Vargas Llosa o Albert Boadella.

«Los apoyos trasladan la intención de pluralidad de esta convocatoria», ha defendido Abascal, entrevistado por Melchor Miralles en «Cada mañana sale el sol». A juicio del exdiputado del PP vasco, «unidad de los españoles es un valor que nos hace mucho bien porque es la garantía de nuestros derechos, libertades y convivencia cívica».

«Es esencial que estemos unidos y apelemos a los valores de unidad, concordia y solidaridad, que son valores moralmente superiores a los de la secesión, el egoísmo y la discordia que están abonando algunos partidos políticos y personas que son nuestros patriotas a los que invitamos a la reflexión», ha defendido. «La unidad de los españoles es un valor que nos hace mucho bien porque es la garantía de nuestros derechos, libertades y convivencia cívica».

Preguntado por la vigencia de la Constitución, Abascal ha opinado que es necesario «introducir reformas para que el Estado recupere algunas de sus funciones esenciales», si bien mañana no se van a abordar esas cuestiones, sino algo superior: «La unidad entre todos los españoles». «La constitución ha sido traicionada desde el principio por los nacionalistas, a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos imaginables e inimaginables para que se sintieran integrados en el proyecto común de España», ha zanjado.

La constitución no ha sido traicionada por los nacionalistas.
Nota del Editor 5 Diciembre 2012

La constitución española es un texto, indefectiblemente ridículo e irracional, y como tal no puede ser traicionado, la traición de los nacionalistas es contra los españoles, apoyados por otros profesionales de la política.

Quien ha desvirtuado, desfigurado, malversado y emputecido la constitución española ha sido y es el tribunal constitucional, que debería cambiar de denominación y ser tribunal anticonstitucional español.

Sólo se "clarifica"
Wert dice que "no ha reculado" sino que es una corrección "técnica"
"Recular quiere decir cambiar la posición para retrotraerse de la postura anterior" y eso el Gobierno "no" lo ha hecho, sostiene el ministro.
Olivia Moya Seguir a @oliviamoya Libertad Digital 5 Diciembre 2012

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha reiterado que su Ministerio no reculó ayer, martes, tras el plante de la consejera catalana en lo concerniente a las lenguas cooficiales. Únicamente, dice, cambió una frase en el articulado para que, desde el punto de vista técnico, quedara explicitado que en las evaluaciones terminales (de final de etapa de ESO y Bachillerato) habrá un examen de lengua cooficial.

A la pregunta, formulada por esRadio, sobre si el Ministerio está reculando ante las presiones de la Generalidad de Cataluña, el ministro contestó que "el verbo recular está cargado negativamente. Recular quiere decir cambiar la posición para retrotraerse de la postura anterior No, lo que ha hecho el Gobierno y este Ministerio es fundamentalmente recoger una situación que había quedado mal resuelta desde el punto de vista técnico en la formulación anterior y en la que consideramos que puesto que en la redacción existía ambigüedad y no quedaba claro, en eso sí tenía razón Cataluña, era preciso dar claridad: que la lengua cooficial tenía que ser tratada a efectos de evaluación como el castellano. Ahora, eso no es recular porque si cada vez que escuchamos a alguien se está reculando", no habría procesos de diálogo posibles.

El ministro volvió a insistir que lo que se hace es dar "rango legal" a los "pronunciamientos reiterados" de los tribunales a este respecto. "No responde a la verdad" que el borrador de la ley "impida el modelo de enseñanza en catalán", tal y como ha denunciado la Generalidad, sino que "establece límites", atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional. Según ha recordado, ambas instituciones sentenciaron que la utilización de las lenguas cooficiales en la enseñanza no pueden ser utilizadas en una proporción superior al castellano.

Así se ha manifestado Wert tras la Conferencia General de Política Universitaria, donde el secretario general catalán de Universidades e Investigación, Antoni Castellá, ha plantado al ministro. Preguntado por este aspecto, Wert ha señalado que valora este gesto "negativamente". No obstante, el titular de Educación ha desvelado que Castellá "está de acuerdo" con lo que se iba a tratar en la reunión de Universidades, por lo que "confía" en poder restablecer el diálogo con la Generalidad.

El adiós definitivo de Educación para la Ciudadanía
La asignatura que provocó una judicialización sin precedentes de la educación (ha provocado más de 55.000 objeciones en toda España, se han abierto 3.000 procedimientos judiciales y 400 demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo e incluso ha obligado a pronunciarse al Tribunal Supremo y Constitucional) desaparecerá definitivamente del currículum si el proyecto de reforma de la ley de Educación sale adelante. La asignatura estaba herida de muerte, debido a la carga ideológica que algunas comunidades habían incluido en sus temarios. A su llegada al Ministerio, Juan Ignacio Wert ya mostró su intención de acabar con ella, aunque algunos de sus contenidos pudieran ofrecerse de forma transversal en otras asignaturas. En un primer momento, se planteó la posibilidad de reformar sus contenidos, cambiar su denominación a Educación Cívica y Constitucional y relegarla a Secundaria. Finalmente, el borrador de la Lomce deja fuera del sistema educativo la asignatura «zapaterista» por excelencia.

LA CONSEJERA CATALANA HA ABANDONADO EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE EDUCACIÓN
Wert mantendrá su apoyo al castellano
«Es falso que la ley de educación minusvalore el catalán». Mantiene el control total del Estado sobre materias básicas
Cataluña amenaza con ir al TC si Wert no retira la reforma del catalán en la escuela
Madrid - Rocío Ruiz La Razón 5 Diciembre 2012

MADRID-El ministro de Educación, José Ignacio Wert, acudió ayer a la conferencia sectorial de Educación a presentar su reforma educativa envuelto en la polémica del catalán y salió cuatro horas después con el apoyo mayoritario a la nueva ley de las comunidades del PP, las objeciones de cuatro de ellas y el plante de Cataluña, que amenazó con recurrir al Constitucional por un texto legal «inadmisible» que «contradice el Estatuto de Autonomía y la ley de educación catalana». La consejera, Irene Rigau, advirtió que el Gobierno catalán tampoco va a pagar la factura de un colegio privado de aquellos padres que quieran educar a sus hijos en castellano, una posibilidad que ahora ofrece la ley, «porque es inviable».

Eso sí, se comprometió a remitir un informe al Ministerio en el que explicará punto por punto todas las disposiciones legales que Cataluña considera que se contradicen con el modelo educativo que «Cataluña, su mundo cultural y su mundo educativo entienden como propio».

Texto alternativo
No obstante, el ministro ofertó a las comunidades un texto alternativo en el que ofrecía la posibilidad de que el catalán o cualquiera de las lenguas cooficiales fueran una asignatura de las que los alumnos se tendrán que examinar en las evaluaciones que el Estado realizará al finalizar la ESO y el Bachillerato y que contará en la misma proporción que el Bachillerato. Una opción que tampoco contentó a la catalana, que confirmó que abandonaba la reunión «para que no se entienda que Cataluña ha participado en la negociación de esta norma».

Algunas comunidades, entre ellas las de lengua cooficial, se mostraron molestas por el desplante catalán. «Igual que nosotros hemos escuchado a la consejera, podía haberse quedado a oír nuestras propuestas», criticaban al término del encuentro. Incluso hubo quien se atrevió a decir que la consejera catalana «se ha pensado que toda la reforma educativa de un país gira sólo en torno al catalán».

Wert dejó claro que «no hay ningún elemento en la Lomce que minusvalore el catalán, ni se disminuye un ápice su uso en la escuela». También tachó de «rotundamente falso» el ataque a esta lengua y la nueva ley «tampoco cambia el régimen lingüístico del catalán» ni «invade competencias autonómicas», dijo con rotundidad.

Incluso aclaró que las lenguas cooficiales no serán asignaturas troncales porque, por definición, este tipo de materias «son de obligada aplicación en todo el Estado «y no se puede aplicar la lengua cooficial en todas las comunidades autónomas».

Pero Wert contó con más objeciones, la de la consejera andaluza, Mar Moreno, y algunas otras que se quejaban de que apenas habían tenido 24 horas para empaparse de una reforma de calado. Una circunstancia que «vulnera el reglamento». «Hemos tenido que sacar los dientes y anunciar acciones legales para que el ministro rectificase en este punto», dijo la consejera.
Wert negó que jurídicamente se hubiera contravenido el reglamento de funcionamiento de la sectorial de Educación, pero decidió dejar más tiempo para que las comunidades autónomas pudieran plantear más aportaciones que permitieran «pulir el texto» y las emplazó al próximo día 19 para una nueva reunión en la que zanjar el proyecto legal.

El titular de Educación garantizó que seguirá manteniendo su apoyo al castellano y dejó claro que lo que ha tratado de hacer a través de la nueva norma es garantizar el cumplimiento de las distintas sentencias que reconocen el derecho de que unos padres puedan educar a su hijo en castellano como lengua vehicular.

Con el nuevo sistema, los padres podrán educar a sus hijos en castellano y la Administración correrá con los gastos cuando «ni en el municipio ni en la zona limítrofe exista oferta formativa que use el castellano como lengua vehicular». No obstante, puede que este supuesto se reconsidere por parte del Ministerio ya que las comunidades del PP que tienen lengua propia apuntaron al ministro que existen otras alternativas a situaciones como ésta sin que pudiera suponer mayor coste a la Administración autonómica como es la posibilidad de establecer itinerarios específicos.

El texto presentado ayer también mantiene un elemento clave para el sistema educativo y es que el Estado seguirá controlando el cien por cien de lo que los alumnos deben estudiar en materias básicas como Matemáticas, Ciencias Sociales y Naturales, Lengua Española e Inglés, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN.

Y si vamos ya al detalle, la reforma también regula nuevos aspectos como es el hecho de que la Educación Obligatoria, establecida en nuestro país entre los 6 y los 16 años, se ampliará hasta los 17 años, aunque sólo en el caso de los alumnos de la Formación Profesional Básica. Su coste deberá ser abonado por las administraciones educativas, aunque el ministro de Educación ha comentado a las autonomías que la medida se aplicará con un «calendario generoso». Esto significa que el desembolso económico de lo que cuesta este año «extra» no se haría efectivo hasta el curso académico 2015-2016. La FP Básica consta de dos cursos y se puede acceder a ella ya con 15 años y se acaba a los 17. Es el equivalente a lo que conocíamos hasta ahora como PCPI.

La consejera catalana monta un «circo» dentro y fuera de la reunión
Madrid- La consejera catalana en funciones, Irene Rigau, llegó al Ministerio con la intención de plantar batalla. Poco antes del inicio de la reunión, convocada a las 16:00 horas por el Ministro de Educación, trató de ganarse el favor de la consejera andaluza del ramo, María del Mar Moreno, para que secundara su protesta contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y abandonaran juntas la reunión, pero no convenció a la andaluza, que no se levantó de la silla. A pesar de ello, siguió adelante con sus planteamientos, se levantó de la mesa y dejó plantado al ministro y al resto de consejeros «porque las implicaciones para la enseñanza en catalán de la nueva reforma educativa son inadmisibles». Fuera de la sala, continuó el espectáculo ofrecido por Rigau, dispuesta a contar a los medios lo sucedido. Pero el problema era dónde. A pesar de tener un espacio habilitado para ello, la consejera catalana se negó a hacer declaraciones porque no quería que la retrataran con un cartel institucional del Ministerio a su espalda. Intentó meterse en un despacho en el que contar su versión de los hechos a los medios, pero fue invitada cortesmentes a abandonarlo tras advertirla de que era el despacho del Secretario de Estado. También la avisaron de que no podía hacer declaraciones en la sala en la que el ministro convoca las ruedas de prensa, aunque lo planteó. Finalmente, encontró un lugar tan idóneo como incómodo: un pasillo en torno a una balaustrada que causa vértigo, eso sí, sin símbolos que le hicieran sombra. A la hora de responder a las preguntas de los informadores, decidió formar grupos para hacer declaraciones ante el estupor e indignación que provocó la situación de los especialistas en Educación de los medios, que no dejaron de quejarse. Rigau no escatimó tiempo a la hora de contar su versión a todo aquel periodista que se acercaba. Y cuando acabó, salió del Ministerio acompañada por el personal de protocolo, como es habitual en estos casos. Aunque hay sectorial de universidades hoy otra vez en el Ministerio, no volverá a repetirse la misma escena, porque Cataluña no asistirá a la reunión. Ya lo ha anunciado.

El blindaje del castellano y la religión y el fomento de la segregación por sexos, puntos clave de la polémica de la reforma educativa de Wert
La lengua castellana y la primera lengua extranjera se consideran troncales, pero no las lenguas autonómicas cooficiales, que serán materia de especialidad
El blindaje del castellano y la religión y el fomento de la segregación por sexos, puntos clave de la polémica de la reforma educativa de Wert
Agencias | Madrid www.republilca.com 5 Diciembre 2012

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, debate este martes con los consejeros autonómicos una propuesta de reforma educativa que pretende garantizar a los alumnos que lo deseen recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lenguas cooficiales. Esas autonomías tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano cuando no haya oferta docente pública o concertada "razonable" para quienes deseen ser escolarizados en la lengua oficial del Estado, entre otras novedades.

Puntos clave:
1) Clasificación de asignaturas:
-Las asignaturas de primaria, secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato se agrupan en troncales (que supondrán al menos el 50 % de toda la carga horaria), de especialidad y específicas.

- El Gobierno determinará los contenidos y el horario mínimo de las troncales y el horario máximo de las específicas. Las comunidades completarán las troncales y fijarán su horario máximo; establecerán los contenidos de las específicas y de especialidad.

- Los centros completarán los contenidos de los tres tipos de asignatura y configurarán una oferta formativa propia.

2) Castellano y lenguas cooficiales:
- Lengua castellana y primera lengua extranjera se consideran troncales, pero no las lenguas autonómicas cooficiales, que serán materia de especialidad, aunque de estudio obligatorio.

3) Se refuerza Religión:
- Los alumnos elegirán entre religión confesional (asignatura específica) y una alternativa de formación en valores en primaria y ESO. Desaparece Educación para la Ciudadanía.

4) Se ‘premia’ la segregación por sexos:
.- Las administraciones podrán concertar financiación de centros que eduquen separadamente por sexos, siempre que no exista discriminación entre el alumnado.

5) Evaluaciones finales y transición a FP o bachillerato:
- Los centros someterán a todos alumnos a una evaluación individualizada al terminar segundo o tercero de primaria. Los docentes podrán tomar medidas ordinarias o extraordinarias si el resultado es desfavorable. Sólo se podrá repetir una vez en toda la etapa.

- Al final de primaria habrá también una evaluación de todos los alumnos de carácter informativo y orientador.

- Cuarto curso de ESO será de iniciación hacia el bachillerato o la FP. Los alumnos podrán repetir hasta dos veces en ESO. Habrá programas de mejora del aprendizaje y rendimiento desde segundo. Se podrá pasar de curso con dos suspensos, que se deberán recuperar, o tres excepcionalmente.

- Al final de ESO habrá una evaluación individualizada por la opción de bachillerato o FP, que será necesario superar para obtener el título. Será sobre las materias troncales y específicas, excepto religión y su alternativa.

- En bachillerato, sólo se podrá repetir una vez por curso y excepcionalmente dos veces un mismo curso. Se pasará de un curso a otro con hasta dos suspensos, de los que los estudiantes deberán matricularse nuevamente.

5) Bachillerato:
- El bachillerato tendrá las modalidades de ciencias, humanidades, ciencias sociales y artes, según decidan comunidades y centros.

- Habrá que superar una evaluación final para obtener el título de bachiller, que versará sobre troncales y específicas. El título facultará para acceder a la educación superior, aunque las universidades pueden valorar además formación complementaria y pruebas específicas.

6) Regulación del sistema educativo:
- El Ministerio establecerá para todo el sistema educativo los criterios y características de la evaluación de fin de primaria, ESO y bachillerato y establecerá el contenido para cada convocatoria.

- Los resultados del rendimiento académico se publicarán por centros, aunque ponderados con las circunstancias económicas, sociales y culturales del alumnado.

- Las enseñanzas obligatorias tendrán un mínimo de 175 días lectivos.

- La FP básica (dos cursos) se destina a alumnos de entre 15 y 17 años de segundo o tercero de ESO con dificultades de progreso. Permitirá adquirir la cualificación profesional mínima y optar al título de ESO.

- El Gobierno regulará las convalidaciones y equivalencias entre FP media y superior y el resto de enseñanzas.

- La programación de las enseñanzas gratuitas tendrá en cuenta la oferta de centros públicos y privados concertados y “la demanda social”. Los conciertos durarán como mínimo seis años en primaria y cuatro en el resto.

7) Profesorado:
- Los directores de los centros públicos deberán acreditar cinco años de docencia y un curso específico de formación. Podrán fijar requisitos y méritos para los puestos de funcionarios docentes y de interinos.

- Las comunidades podrán “excepcionalmente” incorporar “expertos” (no precisa si serán nativos) como profesores bilingües o plurilingües con la formación y titulación requerida en cada caso.

PRESENTÓ EN MENOS DE 24 HORAS DOS BORRADORES DISTINTOS
Wert y el PP catalán negocian cómo dar marcha atrás al blindaje del castellano en la reforma educativa
Daniel Forcada El Confidencial 5 Diciembre 2012

Al ministro de Educación se le ha vuelto a abrir un nuevo frente interno con el Partido Popular a cuenta del blindaje del castellano por ley en las comunidades bilingües. Una improvisación de última hora introducida por Wert en el penúltimo borrador de la reforma educativa que ha generado una rebelión sin precedentes en Cataluña (el propio Mas ha anunciado ya que la incumplirá y recurrirá al TC) y ha sembrado un enorme malestar en otras comunidades del PP como Baleares.

La última en sumarse a este nuevo incendio ha sido la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que ha anunciado este miércoles que se reunirá la semana que viene con el ministro para negociar modificaciones en el borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Un gesto más que evidencia la soledad con la que Wert sigue gestionando la reforma y el escaso apoyo interno con el que cuenta dentro del partido, pese a que, el pasado fin de semana, se reunió con todos los consejeros del PP para consensuar un texto de cara a la conferencia sectorial de ayer.

En rueda de prensa, Camacho ha explicado que tras hablar con el propio ministro y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha concertado esta cita -previsiblemente este lunes en Madrid- para abordar, entre otros aspectos, la proporción de catalán y castellano que debe contener la enseñanza en Cataluña. "Intentaremos mejorar el texto que no ha querido negociar el Govern", ha continuado Camacho, que ha censurado que la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, plantase este martes la reunión sectorial de Educación disgustada con la reforma que impulsa el Gobierno y que, a su juicio, pone en peligro el modelo educativo catalán.

La enésima improvisación alimenta la rebelión de las CCAA
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, tendrá que volver a convocar, por tercera vez, a todas las comunidades autónomas el próximo 19 de diciembre después de que ayer volviera a sufrir un nuevo plante de los consejeros del ramo ante el último borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). Un texto con importantes novedades para la reforma como el blindaje del castellano por ley en las comunidades bilingües o que vuelve a imponer la alternativa entre Religión y Ética como obligatoria. Sin embargo, el Ministerio no se lo adelantó a las comunidades hasta el pasado lunes, apenas 24 horas antes de la conferencia sectorial que debía dar el visto bueno al anteproyecto de ley. Es más, el propio Wert puso ayer sobre la mesa de la reunión un nuevo borrador, y va ya, oficialmente, el tercero para esta misma ley, lo que acabó por irritar del todo a los consejeros del País Vasco, Andalucía y Cataluña, que impugnaron la cita.

Wert, que se reunió el pasado viernes y sábado en Toledo con los consejeros del ramo de su partido, también ha provocado un nuevo enfado entre los suyos, sobre todo en el consejero balear, al que también afecta el blindaje del castellano y el hecho de que las comunidades tendrán que pagar una plaza en un centro privado cuando los colegios públicos no garanticen la enseñanza en castellano como lengua vehicular. En el cónclave interno de Toledo, convocado por Wert, precisamente, para llevar una propuesta consensuada de cara a la cita de ayer, el ministro y su equipo se presentaron con un Power Point de ocho diapositivas en la que no dijeron nada sobre los importantes cambios que se filtraron el lunes en el penúltimo borrador de ley. El disgusto del consejero balear, Rafael Bosch, y el plante de Cataluña –su consejera, Irene Rigau, abandonó incluso la reunión- hizo que a lo largo del día de ayer los rumores difundidos desde las consejerías del ramo hicieran pensar en la posibilidad de que el Ministerio echase marcha atrás en tan polémica iniciativa.

El ministro, finalmente, no reculó en este sentido, pero sí que provocó, con su último borrador, que el debate se centrase en una primera parte sobre la legitimidad de la reunión y en la necesidad de postergar una decisión final sobre el contenido de la LOMCE a una tercera conferencia sectorial a la que las comunidades puedan acudir con los deberes hechos y sin improvisaciones. A juicio de las tres comunidades díscolas, se ha vulnerado el reglamento de dicho encuentro al presentar cambios en el texto normativo con menos de 24 horas de antelación.

“El texto nos llegó ayer a media mañana con modificaciones muy importantes respecto al que habíamos estado negociando el viernes por la tarde”, denunció la vasca Mariam Ozcariz, al tiempo que señaló que esto suponía un “defecto de forma”, porque los consejeros han venido a opinar sobre un borrador que el departamento envió por primera vez este lunes por la tarde. “El uso de la lengua en la enseñanza lo hemos debatido hoy por primera vez”, añadió.

La andaluza Mar Mora añadió, por su parte, que “la legalidad es la legalidad”. “No podemos permitir que con 24 horas de antelación se oculten grandes cambios para el debate y análisis de las comunidades autónomas, y la Conferencia se convierta en un papel mojado. Aunque hemos tenido que enseñar los dientes, finalmente se va a convocar otra”.

La nueva rebelión autonómica, sumada al descontento de algunas comunidades del PP como la balear con el último texto de la reforma, vuelve a poner en entredicho la gestión del ministro de Educación, que debía haber sacado adelante la ley hace un mes en la primera conferencia sectorial sobre la materia. Entonces, la rebelión de los consejeros del PP forzó la cita celebrada ayer en la que, supuestamente, el anteproyecto debería haber recibido el visto bueno preceptivo de la conferencia previo a su tramitación parlamentaria en el Congreso. Por el camino van ya tres borradores de una misma ley y cientos de cambios sobre el proyecto original. Regiones como Madrid, por otra parte, siguen exigiendo que la norma recoja la libertad de elección de centro de los padres.

MAS GASTO PÚBLICO QUE NUNCA
¿Realmente hay austeridad?
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA www.gaceta.es 5 Diciembre 2012

En los últimos años el Estado no ha gastado menos, sino muchísimo más. Mediante déficits insostenibles el Gobierno hoy tiene que devolver casi 400.000 millones de euros. En España lo que no hemos tenido es austeridad.

Uno de los mantras más machacones que, de un tiempo a esta parte, distribuye la izquierda y buena parte de la derecha política es que la austeridad está matando a la economía nacional. Si las administraciones públicas no gastan, arguyen, el consumo se resiente y se entra en un círculo vicioso del que es imposible salir. Cuadrar las cuentas, es decir, conseguir que el Estado gaste lo mismo que ingresa vía impuestos, no sólo es malo per se, sino que nos condena a que la crisis se eternice indefinidamente.

La austeridad tiene, además de sus diabólicos efectos macroeconómicos, muy mala prensa en la calle. Si el Gobierno gasta menos el primero en notarlo es el sistema asistencial creado por el propio Estado. Eso ocasiona dramas humanos que se traducen en malestar social y protestas callejeras.

Cuando los contribuyentes no dan más de sí y los incrementos fiscales consiguen justo lo contrario de lo que perseguían, a los Gobiernos que quieren mantener el tren de gasto no les quedan más opciones que pedir el dinero prestado fuera o devaluar la moneda y diluir el gasto en inflación y pobreza.

El Gobierno se ha subido encima de una pila de deuda

Los Gobiernos de la zona euro no pueden, afortunadamente, escoger lo segundo. Atados como están a una divisa que no pueden malear se ven obligados a subirse encima de una pila de deuda que, llegado un punto, empieza a ser gravosa en términos de credibilidad y termina por amenazar la viabilidad misma del país en cuestión, cuando los acreedores sospechan que el deudor nunca devolverá lo prestado o lo hará mediante una sustanciosa quita.

Ese es el punto en el que se encuentran actualmente Estados como el español, el griego, el irlandés o el portugués. La culpa, no obstante, de su dolorosa situación se carga sobre los hombros de una presunta austeridad. Los Gobiernos que hace unos años pedían alegremente pensando que nunca habría que devolverlo se ven ahora ante la disyuntiva de devolver o ver como se cierra el mercado para ellos. Esto implica recortes en unas partidas (generalmente las asistenciales) para llevarse ese gasto a otras, las relativas a amortización de deuda.

En un asombroso acto de prestidigitación se ha terminado por convencer a la mayoría de la población de que los problemas que nos afligen se deben a este último movimiento, los recortes sociales, corriendo un tupido velo sobre los anteriores. Así las cosas, lo que habría que preguntarse es si de verdad en España y otros países de Europa que se encuentran en problemas hay austeridad. Vayamos a los fríos e implacables datos.

En el siguiente gráfico tenemos el déficit público sobre el PIB de los llamados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) durante los últimos cinco años comparándolo con el de Alemania.

Austeridad poca. Desde 2008 todos los países han incumplido el compromiso del 3% y han llevado en algunos casos sus déficit a cotas escandalosas. España, por ejemplo ha pasado tres ejercicios (2009-2011) flirteando con el 10% y este año duplicará con creces los límites impuestos en Maastricht. El caso de Grecia es todavía más llamativo. El Gobierno heleno llegó en 2009 a superar el 15% de déficit. Las acusaciones de austeridad que hacían desde la calle al entonces primer ministro Papandreu eran una fabricación interesada.

España flirtea con el 10% de déficit desde 2009

Alemania, entretanto, cumplía con lo pactado y, a excepción de 2010, año en el que superó por poco el 4%, se mantuvo durante todos estos años en cifras muy comedidas.

Evidentemente no es lo mismo Grecia que Estados más grandes como España o Italia. En la siguiente gráfica se puede apreciar en euros contantes y sonantes el diferencial entre gastos e ingresos de todos estos Gobiernos. 

Entre 2009 y 2011 el Gobierno español gastó, de promedio, 100.000 millones de euros más de los que ingresó. Durante su última legislatura el descuadre de Zapatero fue de casi 400.000 millones de euros, que hubo de pedir prestados en el mercado de deuda o, simplemente, dejar de pagar a los proveedores, que es lo que llevan haciendo masivamente las administraciones españolas desde que comenzó la crisis.

Y, por último, una gráfica que muestra el déficit fiscal, es decir, la relación directa entre ingresos y gastos reales. Aquí es donde la presunta austeridad salta por los aires.

Ahora supongamos una empresa que en 2008 gasta el 12% más de lo que ingresa, en 2009 el 31%, en 2010 el 25% y en 2011 el 26%. ¿Alguien diría que esa empresa es austera con semejantes descuadres año tras año? Pues bien, eso es lo que ha hecho el Gobierno español en los últimos años, los de la crisis y la falsa austeridad. 

El círculo vicioso no es la falta de gasto público sino su exceso

Entonces, ¿por qué hay recortes en casi todas las partidas del presupuesto desde hace dos años? Simplemente porque el Estado ha gastado de un modo sistemático mucho más de lo que ingresaba con la esperanza puesta en que ese gasto extra propiciase la recuperación económica. A estas alturas es evidente que el gasto público no ha conseguido sacar a la economía del marasmo y, encima, las alegrías hay que pagarlas más pronto que tarde.

Así, el único capítulo presupuestario que crece es el de amortización de deuda mientras otros se ven recortados, pero no lo suficiente porque el Estado sigue incurriendo en gravosos déficit que tiene que financiar pidiendo más dinero. Un dinero que habrá que devolver en el futuro con nuevos y más dolorosos recortes. El círculo vicioso, al final, no es la falta de gasto público sino su exceso. Una lección de economía básica que los políticos debían haber tenido aprendida desde los años setenta


  • ******************* Sección "bilingüe" ***********************
    Más pedagogía
    editorial El Correo 5 Diciembre 2012

    Hay razones para pensar que la propuesta lingüística de Wert responde más a una situación hipotética que a un problema real

    El anteproyecto de la ley de Mejora de la Calidad Educativa que el ministro Wert presentó ayer a los consejeros autonómicos contiene cambios de importancia, como la conversión de 4º de ESO en curso de iniciación al Bachillerato o a la FP, las evaluaciones globales al final de cada etapa, la más prolija determinación de los contenidos entre asignaturas troncales, de especialidad y específicas, e iniciativas discutidas como la supresión de Educación para la Ciudadanía o la posible concertación con centros que separan a los alumnos por sexo.

    Desgraciadamente, el debate entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, previo a la tramitación legislativa de la reforma, se escoró ayer hacia una de las iniciativas del ministro: garantizar la escolarización privada en castellano, sufragada por el erario, a quienes no hallen una oferta 'razonable' en la red pública o concertada de las comunidades bilingües.

    La consejera catalana, Irene Rigau, abandonó la reunión alegando que dicha medida va dirigida a «liquidar de un plumazo» el modelo de inmersión lingüística de su comunidad; incluso algunos dirigentes nacionalistas llegaron a denunciar que ataca al catalán y a Cataluña. El tremendismo en nada ayuda a una discusión franca de la iniciativa y contribuye a presentar el problema como un conflicto entre identidades.

    La primera pregunta que ha de hacerse es si la previsión del Ministerio responde a un problema real en Cataluña (Euskadi u otra comunidad) o a una situación hipotética o marginal. Hay razones para pensar que se trata de esto segundo. De ser así, la solución que propone Wert resultaría de una aplicación residual, además que de una discutible viabilidad en tanto que el óptimo lingüístico debería conciliarse con otros criterios como el de proximidad del centro y coincidencia con su ideario. Es cierto que la inmersión lingüística se ha convertido en bandera identitaria dentro y sobre todo fuera de la comunidad educativa catalana.

    Pero, a no ser que se vulneren derechos fundamentales, el juicio sobre su conveniencia debe remitirse a sus resultados en términos de destrezas en la comprensión de la materia académica y en la comunicación plurilingüe. La razón pedagógica está llamada a terciar en el encono ideológico.

    Comunicación plurilingüe
    Nota del Editor 5 Diciembre 2012

    ¡ Escolarización privada en castellano ! ¡ Comunicación plurilingüe ! Solo los enunciados indican el nivel de estulticia de las instituciones, de los profesionales de la política y de la prensa que nos pastorean.

    ¿ Comunidades bilingües ? ¿ Qué es una comunidad bilingüe ademas de una falacia, un imposible ¿ Es una región donde unos profesionales de la política han antepuesto sus miserables intereses y despojan a los ciudadanos que tienen la lengua materna española de sus derechos humanos y constitucionales, y hunden España en el fango de la ineficacia, de la estupidez, de la locura para seguir viviendo del cuento a costa de los demás.

    Cataluña
    Desmantelemos la inmersión lingüística
    José García Domínguez Libertad Digital 5 Diciembre 2012

    Hasta en Alemania una persona como Joachim Fest pudo escribir Yo no. En el imperio de la vileza moral, al menos alguien mantuvo la decencia. Incluso en Alemania. No se me ocurre quién podría firmar un libro equiparable en Cataluña a propósito de esa basura llamada a ocupar un lugar de honor en la historia universal de la infamia, la inmersión lingüística obligatoria. Quizá el profesor Jesús Royo Arpón, los también profesores Caja y Robles, o el sabio Aracil, padre de la normalización lingüística y primer disidente de la causa al descubrir el Frankenstein que había ayudado a crear. Nadie más.

    Porque también aquí tenemos a nuestros Günter Grass de andar por casa, discretos colaboracionistas durante los años de plomo del pujolismo, ahora reconvertidos en heroicos luchadores de la resistencia merced a un piadoso ejercicio de amnesia selectiva. Más de uno y más de dos. La inmersión forzosa, esa aberración pedagógica fruto de la mente enferma de un cura trabucaire, Joaquim Arenas. El camarada Arenas, fanático capellán comunista de cuya talla intelectual dan fe sus muy sesudos tratados en defensa de la catalanidad de Cristóbal Colón. Porque la inmersión nunca quiso ser un método para aprender el idioma. Bien al contrario, constituye la piedra roseta ideológica de los nacional-sociolingüistas. Y la gran cuestión para ellos no reside en difundir el catalán, sino en proscribir el castellano.

    He ahí la almendra del nacionalismo lingüístico: extirpar el idioma común del territorio catalán. Convertirlo en una anomalía a extinguir cuanto antes mejor. Para eso se implantó la inmersión en su día. Y para eso se amotinarán ahora, nadie lo dude, contra el ministro Wert y su empeño por aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional a cuenta de la lengua. Una sentencia, la del Estatut, que, entre otras cosas, reza:

    Las Administraciones públicas (...) no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. [Eso rompería el] equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que, en ningún caso, deben tener un trato privilegiado (...) Solo los particulares (...) pueden preferir una u otra de ambas lenguas. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones (...), lo que excluye que (...) quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente.

    Porque no hace faltar cambiar ninguna ley: bastaría simplemente con aplicarlas.

    Razones del independentismo
    Francesc de Carreras La Vanguardia  5 Diciembre 2012

    Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

    Durante las pasadas semanas se han ido formulando diversas razones por las cuales se podía ser partidario de la independencia de Catalunya. Casi todas ellas, como es natural, giran alrededor de alguna de las vertientes del nacionalismo.

    Una primera, la más común y tradicional, es la del nacionalismo identitario, es decir, la ideología según la cual Catalunya es una nación y, en consecuencia, debe dotarse de un Estado para seguir existiendo como tal o, en palabras recientes de Jordi Pujol, "para no desaparecer". Esta idea parte de que Catalunya es una nación dotada de ciertos rasgos singulares a los que todos los catalanes deben adaptarse. Cuando Artur Mas, el 12 de septiembre pasado, se refirió a los manifestantes del día anterior como "los mejores de Catalunya", estaba aplicando esta idea: quienes allí se congregaron, venía a decir, eran aquellos que mejor se identificaban con esta identidad colectiva definida previamente por los ideólogos nacionalistas. Naturalmente, si allí estaban los mejores, quienes no acudieron debían ser considerados de peor condición, catalanes que se habían desviado de las normas que prescribe el nacionalismo. De ahí la división entre los buenos y malos catalanes.

    Esta idea de nacionalismo se contradice con las bases de la democracia y los valores de libertad e igualdad que la sustentan. En efecto, la democracia parte de que las personas son libres, es decir, cada uno tiene capacidad de determinar su forma de pensar y actuar dentro de los límites establecidos por las leyes. A su vez, estas leyes son legítimas siempre que sean aprobadas por los representantes del pueblo y su contenido se justifique en tanto sea necesario para garantizar la libertad del resto de ciudadanos, igualmente libres. En consecuencia, sólo la ley -y no las ideologías- delimita el ámbito de la libertad. Quienes se manifestaron legítimamente el 11 de septiembre no son ni mejores ni peores que aquellos que no acudieron a la manifestación.

    La voluntad de separar Catalunya de España no deriva, pues, de los principios de libertad e igualdad, sino que responde al viejo principio de las nacionalidades según el cual a toda colectividad con rasgos identitarios muy definidos le corresponde un Estado propio. Estos rasgos identitarios están hoy muy debilitados ya que Catalunya es una sociedad culturalmente mestiza. Por su parte, el lema Freedom for Catalonia (Libertad para Catalunya) resulta absurdo y hasta ridículo si lo aplicamos a un país que forma parte de un Estado de la UE, está gobernado por una democracia representativa y sus ciudadanos gozan de todos los derechos fundamentales.

    Pero la independencia se justifica también desde el nacionalismo económico, idea últimamente en auge. El argumento principal que utiliza este tipo de nacionalismo es el de que los tributos que se pagan en Catalunya revierten de forma excesiva en el resto de España y el ahorro fiscal que supondría la independencia contribuiría a mejorar sustancialmente el bienestar de los catalanes. Se trata de un argumento parecido al de la Liga Norte italiana y no muy lejano de los nacionalismos escocés y flamenco. Al nacionalismo identitario, que probablemente había alcanzado su techo como elemento movilizador, se le añade este nuevo factor: España nos maltrata financieramente y con la independencia los catalanes viviríamos mejor.

    El aumento del independentismo en los últimos años es probable que sea debido a este argumento. En estos meses últimos se han publicado suficientes trabajos como para desmentirlo: pertenecer a España ha sido históricamente, y sigue siendo, un buen negocio para Catalunya. No obstante, la machacona propaganda del "España nos roba" todavía ejerce una poderosa atracción y el debate debe seguir.

    En tercer lugar, hay otro factor que induce al independentismo, del que casi no se habla y que tiene una gran influencia porque afecta a los intereses de las élites políticas, culturales y profesionales, todas ellas de un gran peso en la opinión pública. Se trata del nacionalismo que podríamos denominar corporativo. Los anteriores nacionalismos, el identitario y el económico, con razón o sin ella, estaban formulados desde los intereses generales, por el bien de todos. Este tercer factor, que naturalmente se oculta, sólo tiene en cuenta los intereses privados de unos pocos.

    Pensemos en ejemplos concretos. Si ahora el president de la Generalitat visitase EE.UU. seguramente sería recibido por un funcionario de segunda categoría. Si Catalunya fuera un Estado lo recibiría Obama en la Casa Blanca. Descendiendo algo más: las actuales delegaciones comerciales se convertirían en embajadas, de las de verdad. Pasemos al plano de la sociedad civil: un filósofo o sociólogo, por ejemplo, hoy situado en el tercer rango de filósofos o sociólogos españoles, podría situarse en el primer rango catalán. Y ello es extensible a todos los demás profesionales: el Estado propio recompensaría la mediocridad al reducir el campo de la competencia. Este es el factor que nunca se menciona.

    Las elecciones pasadas no cerrarán el debate que está en sus comienzos.

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    Fin del sectarismo nacionalista en la Educación
    El Gobierno deja el catalán como una asignatura de segundo nivel. El Ejecutivo controlará el 100% de los contenidos de las asignaturas básicas
    En sus manifestaciones, los independentistas aprovechan siempre para reivindicar la inmersión lingüística en el catalán
    Cataluña considera que sufre «el mayor ataque al catalán desde 1978» El Ebro dejará de ser un río catalán que nace en tierras extrañas
    R. Ruiz / P. Rodríguez La Razón 5 Diciembre 2012

    MADRID- Los niños catalanes ya no estudiarán que «el Ebro es un río catalán que nace en tierras lejanas y extrañas». Ni los vascos que el acontecimiento más importante de 1978 fue el Festival de Cine de San Sebastián, en lugar de la aprobación de la Constitución. El proyecto de ley de educación (Lomce) que presentará hoy el Ministro de Educación a las comunidades autónomas en conferencia sectorial pretende poner fin a la dispersión de contenidos de tal manera que todos los alumnos tendrán los mismos conocimientos en asignaturas básicas independientemente de la comunidad en la que residan.

    Así, el Gobierno controlará por ley el cien por cien de los contenidos que se impartan en materias denominadas troncales en todas las etapas educativas, que deberán ocupar, como mínimo, el 50% del horario escolar. En Primaria serán: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua Española y Literatura y primera lengua extranjera; en Secundaria Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas e Inglés; y en el Bachillerato: Filosofía, Lengua Matemáticas, Inglés, y Fundamentos del Arte.

    Independientemente de esta regulación, el Estado será a fin de cuentas el que decidirá lo que deben estudiar los niños españoles en asignaturas fundamentales para su formación, ya que determinará los contenidos de las tres pruebas básicas por las que tendrán que pasar los niños españoles al final de cada etapa educativa.
    Las comunidades autónomas también tomarán decisiones en este ámbito, pero en las asignaturas de especialidad, mientras que a los centros educativos se les dará libertad para que implanten las materias específicas que quieran, dependiendo del valor añadido que se pretenda dar al colegio o instituto y el nivel de especialización que quiera tener.

    Con esta nueva vuelta de tuerca a la ley el Gobierno se asegura que haya la misma educación para todos los alumnos y trata de evitar las diferencias tan grandes que existen en rendimiento educativo entre comunidades autónomas.
    La nueva medida supone un cambio importante con respecto a la primera regulación que había hecho el Ministerio de Educación sobre los contenidos, ya que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros fijaba que el Estado decidiría el 65% de todo lo que estudian los alumnos en las comunidades con lengua propia y el 75% en el resto, un 10% más que lo que ahora tenía (55% y 65% respectivamente). Ahora, se dividen las asignaturas en tres grupos y el Estado decide sobre las principales.

    El catalán se convierte ahora en una asignatura de especialidad que regulará la comunidad autónoma e impondrá las horas que desee, aunque no podrá obviar que, al final, los alumnos se tendrán que examinar de las materias instrumentales. De ahí que la consejera de Educación, Irene Rigau, se quejara ayer del «tratamiento residual y ofensivo contra el catalán» que da el proyecto de ley del Gobierno ya que pasa a ser la cuarta lengua en la enseñanza primaria.

    La nueva ley de educación también trata de garantizar la educación en castellano dentro de Cataluña. Así, prevé que la Generalitat tenga que pagar la factura de la escolarización en centros privados cuando los alumnos no encuentren una oferta docente pública o concertada que les permita esta posibilidad. El proyecto de ley que el Gobierno pone hoy sobre la mesa establece que la alternativa a la asignatura de Religión será Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria.

    Otros aspectos que regula es el de que los alumnos podrán pasar de curso con dos materias suspensas como máximo y de forma excepcional podrán pasar con tres siempre y cuando dos de ellas no sean ni Lengua castellana ni Matemáticas. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Pero si hay una novedad importante es que el nuevo proyecto de ley promoverá la libertad de elección de centro por parte de los padres y las administraciones educativas se verán obligadas a programar el número de aulas en función de la demanda de las familias.
    ración mínima de seis años en Primaria y de cuatro en el resto de casos. Respecto a la universidad, la pruebas específicas de acceso tendrán carácter excepcional y las que se hagan podrán tener validez en varias universidades.

    Wert: «La reforma educativa no minusvalora el catalán»
    José grau / esther armora / madrid / barcelona ABC Cataluña 5 Diciembre 2012

    El ministro convoca otra reunión para el próximo día 19 para tratar de ampliar el consenso. La consejera de la Generalitat abandonó la reunión al considerar «inadmisible» la norma

    La consejera catalana señalando al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la Conferencia Sectorial

    El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha convocado una nueva reunión con los consejeros autonómicos para el próximo 19 de diciembre para tratar de ampliar el consenso en torno a la reforma educativa.

    Según ha explicado el ministro en rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial, doce de las 17 comunidades han mostrado su apoyo a la reforma, mientras que cuatro han mostrado discrepancias y otra, Cataluña, ha abandonado el encuentro al poco de comenzar.

    El ministro ha asegurado que en el proyecto de ley «ningún elemento que minusvalore el catalán». «Es falso que vaya contra la inmersión lingüística», ha señalado. Según dice, la futura norma tan solo se limita a recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo. «Ni se disminuye el uso del catalán ni se entra en cualquier elemento de minusvaloración del catalán en la enseñanza», ha explicado.

    La decisión se produce después de que la consejera catalana de Educación, Irene Rigau, haya abandonado el encuentro. Tras permanecer en la reunión con el resto de consejeros apenas hora y media, ha abandonado la sala donde se celebraba porque el texto de la reforma era, a su juicio, «inadmisible». Rigau ha reprochado a Wert que añadiera una disposición adicional sobre las lenguas cooficiales en el último momento «sin ningún debate».

    Rigau ha reconocido que Wert le había ofrecido un texto alternativo, que consistía en que hubiera que pasar una prueba de lengua cooficial para pasar de la ESO al Bachillerato y de éste a la Universidad. La consejera catalana se ha comprometido a enviarle un estudio jurídico de por qué invade las competencias del Estatuto y la ley educación de Cataluña.

    Fuentes del Ministerio de Educación han indicado que Wert estaba dispuesto a negociar uno de los puntos más polémicos de la reforma: la obligación de financiar colegios privados si los públicos no podían ofrecer la enseñanza del castellano.
    Mañana, nuevo plantón

    Siguiendo los pasos de la consejera de Enseñanza, el secretario de Universidades e Investigación de Cataluña, Antoni Castellà, ha anunciado esta tarde que también plantará al ministro Wert en la Conferencia General de Política Universitaria, que se celebrará mañana. En una nota, la Secretaría ha avanzado que Castellà no asistirá a la reunión con el ministro «al estar en desacuerdo con el contenido del anteproyecto de Ley de Calidad Educativa».

    La Generalitat exige la retirada del texto porque, según afirma, «supone una agresión directa contra la lengua catalana, el Estatuto y deja en ruinas el modelo catalán de acceso a nuestro sistema universitario».

    El secretario de Universidades catalán recuerda que en la última reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, Wert «se comprometió a rectificar los artículos de la Lomce que vulneran las competencias de la Generalitat en materia universitaria».

    «Ningún ministro se había atrevido»
    Antes de la reunión de hoy, Rigau había asegurado a ABC que el rechazo de la Generalitat a la reforma «no es un enfado personal, es una cuestión de país». Rigau, que por la mañana ha rechazado la aplicación de la nueva norma y la ha tachado de inconstitucional, ha señalado: «Desde el año 1978 la lengua castellana y la catalana han tenido el mismo trato curricular y de horario, algo que ningún ministro se ha atrevido a alterar. Es una tema de país. Es un tema de gobierno».

    De esa manera, una vez más, Rigau se ha opuesto al anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que blinda el castellano también en las escuelas catalanas. Rigau, seguidamente, ha entrado a debatir, junto con el resto de los consejeros autonómicos de Educación, y frente al ministro, José Ignacio Wert, en la llamada Conferencia Sectorial.

    La viceconsejera de Educación del País Vasco, Marian Ozcariz, también se ha mostrado muy en desacuerdo con la Lomce y, casi más, «con las formas». Ha afirmado que Wert ha hecho el añadido sobre las lenguas cooficiales en el último momento. Ella había estado en Madrid la semana pasada, negociando, y en el anteproyecto de la Lomce no había ninguna disposición sobre las lenguas autonómicas. «Si antes se sobrepasaban las líneas rojas, ahora ni les cuento», ha subrayado.

    La viceconsejera de Canarias, Manuela Armas, ha calificado la Lomce de «impresentable y retrógrada». «Esto va a ser una olla a presión, que va a tener enfrentando a todos los colectivos del sistema educativo. No entendemos muy bien por qué se hace», ha advertido antes de la reunión.
    «Hay otros problemas acuciantes»

    Desde las filas del PP, el consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha pedido que el debate no se centre en la cuestión lingüística, «puesto que a la inmensa mayoría lo que le importa es que se acabe con otros problemas acuciantes, como el fracaso escolar y los malos resultados en la enseñanza».

    Esa era también la postura de otros consejeros del PP, como el de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, y el de la consejera valenciana, María José Catalá, que se mostraba feliz porque el ministerio había aceptado sus propuestas (por ejemplo, no quitar el Bachillerato de Artes). Respecto a la lengua, Valencia aceptaba el anteproyecto de la Lomce y lo único que iba a pedir era una corrección pequeña sobre el reconocimiento del valor académico del valenciano.

    El "bilinguismo cordial" de Feijoo
    Internet JOSÉ MANUEL LESTÓN DÍAZ

    El "bilinguismo cordial" de Feijoo, un falso bilinguismo (por irreal), que tiene que ser adjetivado para ser creíble, algo muy típico de los políticos, al igual que expresiones como "muerte digna", "educación para la ciudadanía", "normalización linguística" o "derecho al aborto", conlleva sentencias tan inmorales e injustas como la que sigue. De eso trata la ingeniería social, de deshumanizarlo todo en base a intereses creados. La primera sentencia contra el reglamento de la lengua en la escuela.

    En http://www.libertadlinguistica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3Ala-primera-sentencia-contra-el-reglamento-de-la-lengua-en-la-escuela&catid=1&Itemid=42
     y en http://www.abc.es/sociedad/20121122/abci-sentencia-decreto-gallego-201211222133.html

    Lo peor es que ese "bilinguismo cordial" de la Xunta no va a recurrir tan infame sentencia, si lo hiciera dejaría de ser "cordial". Título de la película o posible nombre de una asociación judicial: "Jueces Para La Infamia". En España son conocidos unos cuantos (casos: Bildu, Bolinaga...), entregados a sus secuaces políticos, una vez que manchan sus togas con el polvo del camino. Y precísamente son las togas las que le han allanado el camino a la Xunta para disfrazar el monolinguismo creciente en las aulas gallegas con la denominación de orígen acuñada por el propio Feijoo "bilinguismo cordial". Enhoarabuena a sus autores intelectuales y judiciales. Han logrado cuadrar el círculo restando una vez más Democracia a sus administrados, por culpa de una administración política y judicial que van de la mano, unidas en la Injusticia.

    Nota: Las autonomías son "asimétricas" como las leyes.

    Galicia Bilingüe: 'La Ley Wert impide la elección de lengua en la enseñanza'
    Aseguran que no garantiza un reparto igualitario de asignaturas en las dos lenguas cooficiales
     www.lavozlibre.com 5 Diciembre 2012

    Vigo.- Galicia Bilingüe ha advertido que "la ley Wert impide la elección de lengua en la enseñanza". Tras conocer el contenido del borrador, Galicia Bilingüe ha lamentado que el Gobierno haya dejado pasar la oportunidad de poner en marcha una Ley que garantice la libre elección de lengua en la enseñanza, un modelo que se aplica en todas las democracias con más de una lengua oficial en un territorio.

    El borrador de la 'Ley Wert', asegúran, "borra de un plumazo el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la enseñanza y también el derecho de los más pequeños a estudiar en lengua materna". Según han comunicado, a pesar de que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, las CC.AA. pueden optar por un modelo de elección de lengua o por un reparto de asignaturas en ambas lenguas, "el Ministerio de Educación ha descartado el modelo de libre elección".

    Además, desde Galicia Bilingüe ase asegura que la 'ley Wert' permitirá que el reparto de asignaturas no sea igualitario, sino que se le podrá dar más peso en el currículo a las lenguas cooficiales. El borrador de la Ley dice textualmente que: “las autoridades educativas podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable”, y a continuación establece que “esto en ningún caso podrá suponer de hecho la exclusión del castellano”.

    Con esta redacción, desde el punto de vista de Galicia Bilingüe, "sería legal que en una comunidad autónoma con lengua cooficial se impartiesen en español, por ejemplo, sólo las asignaturas de Música y Plástica y que todas las asignaturas troncales se enseñaran en gallego, catalán, valenciano o euskera, ya que el único límite estaría en que no se excluyese al español como lengua vehicular".

    Teniendo en cuenta que el término “razonable” queda supeditado a las necesidades que la otra lengua esté “normalizada” y que los límites que implica este concepto nunca se han establecido de una manera clara, se produce una situación de peligrosa inseguridad jurídica. Galicia Bilingüe considera que con esta Ley se antepone la normalización lingüística a los derechos de los alumnos a aprender la terminología de muchas asignaturas troncales en castellano y a estudiar en él en cualquier lugar de España.

    El FC Barcelona defiende «de forma enérgica» el uso del catalán
    efe ABC Cataluña  5 Diciembre 2012

    EL club catalán emite un comunicado para reivindicar la lengua catalana en el sistema educativo

    El FC Barcelona ha salido hoy en defensa de la lengua catalana en la educación a través de un comunicado en la que reivindica «de forma enérgica» su uso y el modelo de inmersión lingüística vigente en Cataluña en los últimos 34 años.

    «La lengua, como nuestro club, es un elemento de integración que permite identificarse con el país, al margen de procedencias y sensibilidades. La lengua catalana y su enseñanza en la escuelas forma parte de nuestra identidad y es un elemento capital por la cohesión social y la convivencia de nuestro pueblo», reza el comunicado.

    De este modo, la entidad azulgrana se ha posicionado sobre la polémica abierta en Cataluña por la reforma educativa impulsada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y afirma que se pone «al servicio del país, como ha hecho a lo largo de su historia» para defender su cultura e identidad.

    El capitán del primer equipo de fútbol, Carles Puyol, ya se significó ayer en contra del proyecto de ley para la mejora de la calidad educativa utilizando dos etiquetas escritas en catalán en su cuenta de Twitter: #Wertgonya (un juego de palabras con el apellido del ministro y la palabra vergüenza en catalán) y #Somescola, un conjunto de entidades que apoya el modelo educativo en catalán.


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