AGLI Recortes de Prensa    Lunes 10  Diciembre 2012

Rajoy está desangrando a la sociedad civil
Roberto Centeno El Confidencial  10  Diciembre 2012

La política de Rajoy, dirigida prioritariamente a mantener los privilegios de las oligarquías política, financiera y monopolista, está desangrando literalmente a la sociedad civil, y a la vez agudiza la crisis, lo que llevará a mediados 2013 a la necesidad de un rescate duro. Pensionistas, parados, empleados públicos y clase media se llevarán la peor parte. La sociedad civil está siendo aplastada por la sociedad política, y sin sociedad civil no hay Estado legítimo. Si alguien piensa que es catastrofismo lo que en realidad son hechos y matemáticas, que espere y verá. Sus acciones están arruinando a varias generaciones de españoles y harán permanentes los efectos de una crisis que no terminará en 2014, sino hacia 2020, como afirma Walter Münchau, el analista estrella de Financial Times.

Desde que Rajoy ganó las elecciones, los españoles hemos visto reducida nuestra riqueza en un 20% y hemos experimentado el mayor aumento de la pobreza de toda la Unión Europea, hasta el punto de que lideramos las tasas de pobreza solo por detrás de Bulgaria y Rumanía. Rajoy ha endeudado a los españoles en 146.000 millones de euros adicionales –pasivos en circulación o deuda total–, lo que representa ¡un 25% más que el endeudamiento de 2009 y 2010 juntos!; ha elevado o creado casi 30 impuestos y tasas sobre familias y empresas, el nivel de presión fiscal más alto de nuestra historia; ha destruido 715.000 empleos (1) y acelerado la tasa de incremento del paro del 8,7% interanual -cuando tomó el poder- al 11% de hoy; y ha reducido un 10% el poder de compra –no compensación del IPC enero y noviembre más subida del IRPF– de 8,5 millones de pensionistas. Y el déficit público en tasa interanual al tercer trimestre era casi igual al de 2011: el 8,6% del PIB, sin contar ayudas a la banca, mentiras de las comunidades autónomas y facturas en los cajones, más del 10% en conjunto.

Y de toda esta ingente cantidad de dinero, endeudamiento y expolio fiscal, ni un solo euro ha ido a la economía productiva, que se ha reducido en 90.000 millones: ¡el mayor desplome del crédito a familias y empresas de toda la serie estadística iniciada hace 50 años! Mientras tanto, el crédito a la economía improductiva (Administraciones Públicas) crece un inaudito 42%, hasta 124.000 millones. Y en 2013, entre vencimientos y deuda nueva –toda improductiva–, necesitaremos 190.000 millones adicionales. Además, a la banca y a las grandes empresas les vencen otros 140.000 millones, más de la mitad de los cuales tendrán que ser refinanciados con aval del Estado, mientras los pagos por intereses llegarán a los 40.000 millones. Rajoy nos lleva a la ruina y está convirtiendo España en un país tercermundista con salarios bajos, la inversión en caída libre, la industria en extinción y la mayor diferencia entre ricos y pobres del mundo desarrollado.

Lo que Rajoy debió hacer y no hizo
El mandato de Rajoy está caracterizado por la incompetencia, la mentira a gran escala y una insensibilidad rayana en la crueldad ante la miseria y la desesperación que sus políticas generan a millones de familias, particularmente a las más débiles. Ha puesto los intereses de los oligarcas, la acumulación de la renta y la riqueza en manos de unos pocos y sus intereses políticos a corto plazo por encima de los intereses del pueblo español. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? Cualquiera, porque es imposible encontrar ninguna política económica con efectos tan devastadores a corto y largo plazo como la seguida por Rajoy. Ni siquiera los disparates del indigente mental fueron peores.

Las medidas clave para detener el hundimiento económico y darle la vuelta a la situación son inequívocas: reducción de impuestos a la economía productiva y a las familias –justo lo que dijeron que iban a hacer y no hicieron–; dejar quebrar a comunidades y ayuntamientos e intervenirlos –justo lo que Montoro dijo que iba a hacer y no hizo–; y cerrar todos los bancos inviables, como han hecho todos los demás países –aunque esto no lo han dicho nunca, ya que han sido ellos, la casta política parasitaria y corrupta, los principales responsables del desastre de las cajas–.

Rajoy ha puesto los intereses de los oligarcas, la acumulación de la renta y la riqueza en manos de unos pocos y sus intereses políticos a corto plazo por encima de los intereses del pueblo español

Antes de acabar 2011, subió los impuestos a familias y empresas al nivel más alto de nuestra historia. De haber hecho lo contrario, bajar los impuestos tanto como los subió, el agujero habría sido de unos 20.000 millones. ¿Y cómo se cubre? Bajando gasto inútil, por supuesto, en un presupuesto de gasto de 470.000 millones, donde el despilfarro en duplicidades y exceso de un Estado con tres administraciones paralelas supera los 100.000 millones. Habría infinidad de recortes posibles y esta es una de ellas: el cierre del 50% de las empresas públicas, como había prometido Rajoy. 25.000 millones ahorrados. Y así, las que quieran.

A continuación antepone sus intereses electorales a los de España y retrasa tres meses los Presupuestos, la clave de la política económica de la nación. En febrero, la mayoría de las comunidades estaban quebradas. En las semanas anteriores, Montoro se había inflado a asegurar que aquellas que no cumplieran serían intervenidas y pasarían a estar gestionadas directamente por los hombres de negro. Lo mismo que dice ahora. Se reúne con todas y ¿qué ocurre? Pues que hace todo lo contrario. ¡Dice que no dejará quebrar a ni una sola! Por muy golfos, despilfarradores y corruptos que hayan sido, y uniendo la acción a la palabra, les suelta 15.000 millones de euros para tapar los agujeros más urgentes. En total han despilfarrado 60.000 millones de euros de nuestro dinero para rescatar a un hatajo de irresponsables y granujas, y para 2013 han preparado ya 30.000 más.

Y ahora, en el colmo del cinismo, dicen que van a reducir en las comunidades y los ayuntamientos porque son insostenibles. O sea, que acaban de enterarse. Pero son tan cobardes que, cuando se propone que en Cataluña –¡olé por Wert!– los niños puedan estudiar en español y los separatistas ponen el grito en el cielo, se bajan los pantalones. ¿Cómo van a recortar nada, sin son incapaces de hacer cumplir la Constitución y de hacer respetar la Ley y los derechos más elementales de sus ciudadanos?

Y no, señor Rajoy, en la Constitución no cabe todo. Y aunque su cobardía patológica le ciegue, la Constitución es una norma fundamental de una unidad política de carácter nacional en la que no caben ni la secesión ni la autodeterminación ni el derecho a decidir, y muchísimo menos la discriminación y la vulneración de los derechos humanos. Rajoy carece de la dignidad y del coraje para ser jefe de ningún Gobierno. Hasta permite sin rechistar que unos empresarios tramposos y rapaces destruyan Iberia, una de las grandes líneas aéreas mundiales.

Antes de que quiebren los bancos, que quiebre España
Pero además, Rajoy ha hecho lo que ningún gobierno del mundo: el salvamento indiscriminado de todo el sector financiero, con independencia de la viabilidad o no las entidades. Y lo que es infinitamente peor, permitir que los bancos acreedores –culpables con sus préstamos irresponsables de la burbuja– se vayan de rositas a costa de arruinar a los bonistas minoritarios, a los tenedores de preferentes, a los pequeños accionistas y a los contribuyentes, ya que el impago habría supuesto demandas internacionales contra las mismas, y convertido en inevitable el procesamiento de los responsables –todos los cuales son altos cargos del PP, del PSOE y de los nacionalistas–. Esta es la razón de la sinrazón por la que Rajoy está haciendo recaer todo el peso del ajuste sobre los ciudadanos y sobre los pequeños ahorradores, impidiendo que ninguno de los culpables haya respondido por nada.

¿Y de cuánto dinero estamos hablando? La falta de transparencia es total, pero de forma aproximada, entre dinero entregado, comprometido y coste del banco malo, estamos hablando de unos 160.000 millones, y otros 150.000 millones en avales, parte de los cuales serán ejecutados. Una cifra absolutamente obscena para salvar solo el 40% de los bancos con problemas. Si este 60% que va a cerrarse se hubieran hecho desde el principio, los españoles no habrían perdido un solo euro, porque la liquidación de sus activos habría bastado y sobrado para devolver los depósitos cuentas de hasta 100.000 euros, cuyo pago es el prioritario. ¡Decenas de miles de millones en efectivo tirados por la fregadera a costa de la miseria, el sudor y las lágrimas de millones! Un Gobierno que hubiera realizado la mitad de la mitad de las tropelías del de Rajoy habría sido sentado en el banquillo.

El Gobierno está haciendo recaer todo el peso del ajuste sobre los ciudadanos y sobre los pequeños ahorradores, impidiendo que ninguno de los culpables haya respondido de nada

Lo del banco malo es tan absolutamente obsceno que merece explicación aparte. Nombran a su presidenta, no una profesional, sino una enchufada sin la menor idea del tema, se pone un sueldo de lujo –500.000 euros, que está cobrando desde ya–, coche con chófer y un equipo de amiguetes a juego. En lugar de buscar una oficina en las afueras, como las grandes multinacionales, buscan lo más caro del centro. El banco malo comprará los activos tóxicos con un descuento medio del 50%, frente al 75% que los expertos y Bruselas estiman que es el de mercado, lo que significa que perderá la mitad de su inversión. Y si esto es un expolio, súmenle el hecho de que a los bancos que invierten, el Estado les garantiza que recuperarán su dinero con unos intereses de escándalo. Añadan los costos de gestión y la pérdida oscilará entre en 60.000 y 65.000 millones si invierte los 100.000 previstos. Esto es de cárcel.

No es de extrañar que el jueves, a la entrada del Senado, una señora indignada le gritara a María Dolores de Cospedal: “¡Ladrona, que robas a los pobres para dárselo a los ricos, ladrona , ladrona , ladrona!”. Es lo que piensa la mayoría de los españoles y es exactamente lo que sucede con la casta política. Tan solo les interesa su riqueza, su poder y sus privilegios. Rajoy es como un Robin Hood a gran escala, pero al revés. Y la señora De Cospedal, tan contenta con sus dos sueldos, su rechazo frontal a eliminar privilegios, sus 41 asesores a dedo y una alta dirección con un gasto de 67 millones, con 20 coches oficiales y sus conductores esperándola a ella y sus consejeros, que viven en Madrid, en el AVE de Toledo cada mañana, para que no se molesten en caminar 800 metros hasta sus oficinas-palacio. La gente debería recibirles y despedirles con pancartas cada día.

Y termino con las grandes cifras del desastre financiero: deuda de la banca con el BCE avalada por los españoles, 341.000 millones –más del doble de lo que correspondería en función del PIB–; deuda con el Estado español, de los préstamos de todo tipo recibidos o a recibir en breve, 160.000 millones; morosidad estimada 2012 con datos a junio, 190.000 millones; deuda de promotores de suelo y vivienda “difícilmente recuperables”, según el Banco de España, 180.000 millones; la deuda neta con las empresas cotizadas asciende a más de 300.000 millones –240.000 con las del IBEX–, irrecuperable en una buena parte ya que, para muchas de ellas, la deuda supera ampliamente su valor en bolsa. Si alguien piensa que esto tiene arreglo, que se haga mirar por un psiquiatra. La pregunta es, ¿quiénes son los delincuentes que se van a comer los turrones de millones de familias españolas estas Navidades?

(1) 513.000 EPA enero a septiembre, más 202.000 octubre y noviembre.

Sin rumbo político y con incierta economía
Pablo Sebastián www.republica.com 10  Diciembre 2012

El presidente Rajoy y su maltrecho Gobierno se acercan a la fecha de su primer cumpleaños al frente del poder Ejecutivo cuando la situación política, económica y social de España está mucho peor de lo que estaba cuando asumieron el poder tras recibir la famosa pésima herencia de Zapatero. Ahora a Rajoy le tocará administrar en 2013 su propia herencia y todo anuncia que no para abandonar los terrenos de la crisis económica en pos de una tierra prometida cuyo horizonte el presidente ha situado en los albores de 2014.

Al menos en la economía el Gobierno tiene un proyecto, una hoja de ruta, un plan. O mejor dicho: Rajoy se ha limitado a aplicar en España todas y cada una de las consignas, las recomendaciones y los ajustes y reformas que nos han impuesto desde el corazón de la UE (CE y BCE) y desde el FMI. Rajoy hizo suyo el dictado de Merkel y sus austeras tablas de la ley, que no solo han fracasado en España, sino también en todo el territorio europeo y a la puerta están de la misma Alemania. El excesivo rigor exigido y los apremiantes calendarios para los ajustes han causado estragos en España y en la UE, y en 2013 se deberán reformar los ritmos y los objetivos del déficit.

Pero los problemas y necesidades financieras de España eran de tal envergadura y urgencia -se corría el riesgo de la intervención plena por la UE y de ser expulsados de los mercados- que Rajoy y su gobierno no tuvo mas opción que atender a las exigencias de la UE para recibir el rescate bancario y estar en condiciones de pedir el rescate del Tesoro y la deuda pública el próximo año, si el coste de la enorme financiación que España necesitará en 2013 -que se acerca a los 230.000 millones de euros- se hace inasumible y nos vemos obligados a recurrir a los préstamos especiales del BCE y del MEDE. La financiación y la reforma del sistema financiero eran y son una primera urgencia que había que solucionar y frente a ello no cabían alternativas -sobre todo por la urgencia-, de ahí que el gasto social (educación, sanidad, funcionarios y pensiones) y el gasto público (Presupuestos del Estado y Autonomías) eran, con la subida de todos los impuestos, la única posibilidad rápida para los ajustes sin caer en la quiebra, o en la plena intervención de España.

Sin explicarlo con claridad Rajoy, de vez en cuando, alude a ello con un hilo de voz que emana de entre las bambalinas del palacio de la Moncloa donde su pretendido liderazgo permanece oculto o simplemente inexistente. El presidente en el primer año se convirtió en un alto funcionario encargado de gestionar el déficit y de evitar el colapso financiero del país. Y de momento ya están ahí los más de 40.000 millones del rescate europeo a la banca española, todo un respiro para el sistema financiero nacional. Como cierto es que las administraciones autonómicas y del Estado han recortado una parte importante de sus gastos, aunque el llamado gasto político se mantiene intacto en beneficio de la partitocracia y de la clase política, hoy tan desprestigiada en España.

Rajoy ha atendido la cuestión del déficit, sin lograr su objetivo del 6,3 %, para 2012 pero mejorando la situación y reformando el sistema financiero y la capacidad de endeudamiento de España en los mercados, lo que no es poco. Aunque todo ello ha tenido un alto coste social, y ha adolecido de la política, de la alta política, mientras el país entró en una pendiente de desapego ciudadano de los gobernantes y dirigentes políticos, al tiempo que se agravó el problema de la cohesión de España, especialmente en Cataluña, y crecieron los casos de corrupción, de desprestigio de la Justicia y del propio sistema político.

Lo que ha dado pie al debate sobre la que se presenta como una imprescindible reforma constitucional. Y no solo por la cuestión autonómica o de aspectos formales como dicen algunos dirigentes políticos y sus voceros mediáticos, sino y sobre todo hace falta la reforma democrática. Y en todo esto Rajoy no solo no ha hecho nada, sino que se ha encastillado en su mayoría absoluta, ha roto puentes con toda la oposición y sindicatos y su persona y las de sus ministros carecen de prestigio social y han sufrido, en un año, un desgaste político y de imagen descomunal.

La política -y no solo la comunicación- ha fallado plenamente en el primer año de Rajoy, mientras esperamos que los ajustes y los sacrificios económicos nos lleven por el camino, aun muy lento e incierto, de la recuperación, guiados por la larga mano de la UE, convertida en nuestro gendarme y nuestro conductor. Pero ¿cómo puede Rajoy dar un vuelco en la política, dados sus extraños y casi “autistas” modales de ejercer el poder? Esa es otra cuestión urgente que debe comenzar por una importante reforma de su Gobierno, cosa a la que con seguridad se resiste el propio Rajoy. Pero que no podrá evitar porque el descontento y la tensión social no dejan de crecer y ello le obligará a reaccionar. ¿Cuándo? Eso ya se verá pero cuando antes mejor para evitar males mayores como los que podrían estar al llegar.

Cuentas sencillas: en España sobran mas de 350.000 políticos mantenidos por el Estado
Francisco Rubiales Periodista Digital 10  Diciembre 2012

Si España eliminara los políticos mantenidos por el Estado que le sobran, no serían necesarios la mayoría de los recortes, ni padecerían la sanidad y la educación y, además, no se hablaría de rescate. Nuestro mayor problema como país y como economía es la inmensa manada de políticos que nos obligan a mantener.

Alemania, con 81.702.329 Habitantes tiene 150.000 políticos mantenidos por el Estado y España, con 47.190.493 habitantes tiene 445.568 políticos a cargo del erario público. Si aplicamos a España el modelo alemán y hacemos una regla de tres simple, a nuestro país le correspondería mantener a 86.638 políticos, lo que le permitiría ahorrar cantidades inmensas de dinero, más que suficientes para que lo peor de la crisis desapareciera o al menos dejara de ser tan terrible y dañina:

El ahorro de Políticos en España, con la proporción alemana aplicada, sería de 358.929 políticos, cantidad que surge de restar a los 445.568 existentes los 86.638 que deben existir.

Teniendo en cuenta los sueldos medios que cobra esa inmensa legión de mantenidos innecesarios, el ahorro anual sería de aproximadamente 30.000 millones de euros.

Si se aplicara la proporción lógica de políticos en España no serían necesarios los recortes en sanidad y educación y ni siquiera se pensaría en rescate alguno.

Los que sobran son ellos. España está asfixiada por una inmensa marea de vividores que no aportan nada, exprimen la economía de la nación y generan una ruina atroz.

En lugar de admitir que el país está infectado de políticos y asfixiado por el enorme costo que esa marea conlleva, el gobierno se niega a reducir el número de parásitos y de las instituciones y empresas inutiles que los albergan, prefiriendo con ignominia freír a los ciudadanos con impuestos y realizar recortes dramáticos en sanidad, educación y otros servicios básicos, toda una injusticia antidemocrática y cargada de indecencia.

Voto en Blanco

Cataluña
Todo lo que Sistach no le contará sobre la inmersión
José García Domínguez Libertad Digital 10  Diciembre 2012

Resulta que lo de Quebec era mentira. También lo de Quebec. Pues en ningún rincón de la Vía Láctea, excepto en Cataluña, existe esa aberración pedagógica llamada inmersión lingüística obligatoria; en ninguno. La historia de Canadá, tantas veces repetida, resultó ser otro cuento chino para engañar a los incautos. La inmersión en francés, ahora lo sabemos, es allí voluntaria para los hijos de padres anglófonos, algo más del veinte por ciento de la población local. Así las cosas, nadie que no tenga por lengua materna el francés acaba siendo escolarizado a la fuerza en ese idioma. Ni siquiera en Quebec sucede.

Huelga decir que en Finlandia, el país que goza del mejor sistema educativo del mundo, la minoría de habla sueca recibe la instrucción docente completa en su idioma. No se les ha pasado jamás por la cabeza sumergirlos en el finés. Como el difunto Copito de Nieve, la Sagrada Familia de Gaudí y la coima fija del tres por ciento en cualquier obra pública, la inmersión preceptiva es algo genuina e identitariamente catalán. Un atropello que cuando los nacionalistas intuyen amenazado se justifica apelando al piadoso argumento de la cohesión social, como Sistach. Los niños, predican los alguaciles del Santo Oficio Lingüístico, han de estar todos juntitos y hablando en el mismo idioma a fin de evitar una fatal división entre catalanes.

O sea, justo lo que ya ocurría en el franquismo, cuando en las aulas solo se usaba el castellano, el código común al conjunto de la población. Aunque, entonces, los catalanistas clamaban airados que aquello, el monolingüismo, constituía un muy horrible crimen contra la delicada naturaleza cultural del alumnado. Y por qué lo harán, se podría preguntar algún alma cándida. Buena pregunta que, ay, conlleva una respuesta demoledoramente simple: porque nadie vindicaría el catalán si no resultase obligatorio y comportara mil pequeños privilegios su uso. Si la gente fuese libre para utilizar el idioma de su antojo, el tan loado tesoro de la lengua catalana acabaría en un contenedor de trastos viejos junto a otros cachivaches inútiles. Ningún catalán le concedería la menor importancia. Suena crudo, sí. Pero qué le vamos a hacer, nois, todos los idiomas no pueden ser rubios, tener los ojos azules y medir un metro noventa.

Caso Wert
El acojonamiento nacional
Pedro de Tena Libertad Digital 10  Diciembre 2012

Acojono, acojonarse, acojonado son términos felices de la ingeniería lingüística popular, que acaba por llenar el hueco de los diccionarios cuando hay demasiada o relevante distancia entre el significado y el significante. Se dirá que acojono es sinónimo de miedo, de temor, de pavor, de cobardía, de falta de valor, etc. Acojono es miedo, pero miedo paralizante, temor con estupefacción. Los demócratas españoles, los que creemos en una nación común, la España constitucional; en un discurso moderno y racional con respeto a la verdad y a los hechos; en la necesidad de una representación digna y honesta que use los recursos comunes para el bien común; en el trabajo y el esfuerzo, no el delito, como medios de prosperidad; en la educación y la investigación como métodos de progreso y en determinados valores éticos como guía y sostén de la convivencia, estamos acojonados por las minorías que no creen en la democracia, sino que la utilizan como medio para fines ajenos a la convivencia de todos. Desde el nacionalismo separatista a la izquierda más rancia, incluyendo no pocos abducidos del PSOE, hacen lo que sale de los cojones, para seguir con el término, acojonando a la mayoría de los demócratas. El caso Wert es el síntoma inequívoco del acojonamiento de la democracia española

Pero, al margen de matices y detalles, ¿qué dice el señor Wert que sea fatal, dañino, pecaminoso incluso, respecto a los intereses generales de los españoles? ¿Es que el que se pueda aprender la lengua común española, el castellano, en todo el territorio nacional (sin menoscabo de ninguna otra lengua española) es para que estos fariseos del templo nacionalista se rasguen las vestiduras? No, claro que no. Pero de lo que se trata es que alzar la voz, de gritar "blasfemia" tan alto y tan claro que hasta al más valiente y esforzado de los demócratas quede literalmente acojonado. Mejor dicho, siga acojonado.

Porque acojonados hemos estado durante tres décadas, comprobando cómo la lealtad de los nacionalistas catalanes y vascos y el comunismo recalcitrante añorador de la felicidad de la URSS y otros paraísos era nula. Nos juraron que la transición era un pacto nacional de todos y que todos respetarían sus límites. Mentira. Poco a poco, han ido conquistando dinero, medios, recursos políticos, y hoy se permiten incluso amenazar a quienes creemos aún en que estos restos dispersos del naufragio español tienen arreglo desde la democracia. Que el PSOE haya tildado la reforma Wert de ataque a Cataluña muestra cómo es de gordo el agujero negro que los va a llevar a la ruina.

Frente al acojono, lo necesario no es el descojono, que significa más o menos partirse de risa ante este cuadro esperpéntico nacional. Se trata mejor de recojonarse, vocablo que propongo como significante del afán de reencontrarse con los valores democráticos y hacer que las mayorías dirijan la política nacional. Hay instrumentos. Por ejemplo, la reforma constitucional, una vez comprobada la deriva antinacional de los partidos nacionalistas, deriva contra la que este país ha luchado poniendo muchos muertos y sacrificando a muchos vivos, esperando un final feliz que no existe ni existirá.

Comprendo que a algunos les dé miedo tal reforma porque crean que la componenda, pese a su inutilidad, es mejor que el enfrentamiento político abierto. Pero evitemos ser pusilánimes, démosle tamaño y ley a la dignidad nacional y hagamos lo que se debe hacer. Recojonémonos de una vez y, aunque sabemos que las minorías seguirán ejerciendo su derecho a la protesta, lo cual es legal y legítimo y siempre lo ha sido, impidamos que sigan acojonando a la mayoría nacional.

Derechos humanos
Félix de la Fuente www.vozbcn.com 10  Diciembre 2012

Zanjada por ahora, al menos teóricamente, la cuestión de la posibilidad/imposibilidad de que Cataluña, si se separara de España, formara parte de la Unión Europea (UE), conviene centrarse en la cruda realidad. Puede que nos dejemos llevar por la ilusión de que la derrota de Artur Mas o el triunfo de Ciudadanos van a cambiar las cosas, al menos de inmediato. Sin embargo, Mas, o algún otro político de su partido, seguirán gobernando, quizás incluso con el apoyo del PP, y en la Cámara autonómica catalana siguen predominado los diputados autonómicos independentistas. Es más, los principales actores de la situación actual de Cataluña y de España, Rajoy y Mas, siguen inmutables.

Hasta ahora el peso del debate se ha centrado en si Cataluña, en una hipotética secesión de España, seguiría o no dentro de la UE y sobre las consecuencias económicas que esta secesión reportaría a los catalanes. Pero ni se ha hablado de las consecuencias sociales y humanas, que son tanto o más graves que las económicas, ni se ha mencionado la mala calidad democrática de Cataluña, ni tampoco de lo que significa pertenecer a la UE.

Ser miembro de la UE es algo mucho más serio que pertenecer a un club de mus o de bridge, y esta idea se ha echado de menos en la campaña electoral tanto de los políticos secesionistas -por supuesto-, como en la campaña de los unionistas, y también en las declaraciones de los políticos nacionales y de los miembros de la Comisión Europea. Me hubiera gustado oír de la señora Viviane Reding que Cataluña no sólo no quedaría automáticamente dentro de la UE -como al final reconoció después de sus titubeos iniciales-, y que necesitaría del voto unánime de todos los estados miembros para poder entrar, sino que en el estado actual en que se encuentra Cataluña ni siquiera podría solicitarlo. ¿Por qué? Pues porque para poder solicitar el ingreso en la UE se necesitan cumplir con unos estándares democráticos mínimos que en la Cataluña de las última década no se dan.

‘Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión’, reza el artículo 49 del Tratado de la Unión. Y los valores de que habla el artículo 2 son el ‘respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Estos valores son comunes a los estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres’.

¿De verdad podemos afirmar que la realidad política de la Cataluña actual cumple con estos requisitos mínimos? Una sociedad en la que se desprecia pública e impunemente a la Constitución y en la que prácticamente quedan impunes los casos de corrupción de su políticos, una sociedad en la que a través de las subvenciones se tiene comprada a casi toda la prensa, en la que no cuenta para nada la decisión de los padres respecto a la educación de sus hijos y en la que se menosprecian los derechos de los niños internacionalmente reconocimos, una sociedad en la que se fomenta la denuncia de unos ciudadanos por parte de otros y en la que se manipula la enseñanza, ¿es una sociedad democrática?

¿De verdad creemos que la meta última de la UE, que consiste en la unión cada vez más estrecha entre los pueblos o ciudadanos de Europa (artículo 1 del Tratado de la Unión), es compatible con la política de unos partidos lanzados contra viento y marea (por no decir contra toda ley) a la conquista de la división?

Ya sé que toda democracia tiene grados, pero si una democracia se encuentra por debajo del 50% del nivel está más cerca de una dictadura que de una democracia. Y creo que este es el caso de Cataluña. Y esta situación difícilmente va a cambiar, mientras los gobernantes y los políticos de la oposición -tanto a nivel autonómico, como nacional y a nivel de la Unión Europea- no se percaten de que más importante que la secesión es la calidad democrática de sus ciudadanos. Si en 27 años que España lleva dentro de la UE la Comisión Europea, esa guardiana de los tratados, no se ha tomado en serio el vigilar si se cumplía en España, y en concreto en Cataluña y alguna otra región, el artículo 49 del tratado de la UE, difícilmente lo va a hacer ahora. Los gobiernos de España que desde hace tiempo vienen tolerando esta democracia capitidisminuida catalana lo seguirán haciendo. Si son necesarios ciertos pre requisitos para solicitar el ingreso en la UE, ¿acaso no son necesarios esos mismos requisitos para seguir dentro?

En unas condiciones auténticamente democráticas no deberíamos tener reparos a enfrentarnos a un referendo secesionista, siempre que se hiera conforme a la ley. En una auténtica democracia, las minorías no tienen nada que temer, porque precisamente esto es uno de los rasgos más característicos de la democracia: el respeto a las minorías. Derecho a decidir, sí, señor secretario del PSC, pero siempre que el pueblo cuente con una libertad de prensa y de información, siempre que se hayan retirado todas las subvenciones a la prensa y a la televisión catalanas, siempre que la enseñanza no sea un instrumento de manipulación. ¿Quién nos puede garantizar un respeto a los unionistas catalanes en caso de que Cataluña se separase de España, cuando actualmente ya no se respetan los derechos del 50% de la población? Este es un problema mucho más grave que la secesión en sí. De hecho, los sucesivos gobiernos autonómicos de Cataluña ya han logrado seccionar a la sociedad catalana, sin necesidad de que haya un referendo.

¿Internacionalizar el problema político catalán? No, gracias. Pero los ciudadanos de Cataluña somos, además de catalanes, españoles y europeos, y queremos que se resuelva dentro de un ambiente también nacional y europeo. Sin embargo, tanto los representantes del Gobierno español –léase PSOE y PP- como los representantes de Europa han estando absolutamente missing. También ellos son responsables. Ni el PSOE ni el PP pueden seguir jugando con la democracia de muchos ciudadanos catalanes como si aquí no pasara nada. No se trata de una cuestión de partido, sino de un problema de Estado, que no pueden dejar únicamente en manos de los secesionistas. Por otro lado, si la Comisión Europea se hubiera tomado en serio este problema, probablemente estaría resuelto hace mucho tiempo y satisfactoriamente para todos.

No hace muchos años, al UE llamó la atención a Austria, con motivo de la subida al poder de forma democrática de Jörg Haider y de su partido en el Estado federado de Carintia. En aquel momento saltaron todas las alarmas ante las ideas incendiarias del Partido de la Libertad de Austria (FPO, en sus siglas en alemán). No quiero hacer ninguna comparación ideológica pero en la práctica todos los nacionalismos conducen al mismo puerto. Y las medidas tomadas por Haider no difieren apenas de las tomadas por los sucesivos gobiernos autonómicos de Cataluña. Quisiera que el mismo celo que puso entonces el Parlamento Europeo lo aplicara ahora ante la situación que se vive en Cataluña.

En febrero del año 2000 decía el Parlamento Europeo: ’Considerando las estrictísimas condiciones fijadas [...] por el Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993 para el ingreso de los estados en la Unión Europea, según la cuales dichos estados deben cumplir unos criterios políticos que garanticen la existencia de unas instituciones estables, la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, así como el respeto y la protección de las minorías [...], pide al Consejo y a la Comisión que tomen medidas en caso de violaciones graves y constantes de los derechos humanos’.

Dudo que algunas regiones de España pasaran ese control democrático al que todos los estados miembros de la UE deberían estar sometidos regularmente. Y dudo que una Cataluña separada de España pudiera siquiera solicitar el ingreso en la UE.

Félix de la Fuente es autor del libro Glosario jurídico-político de la Unión Europea

Elogio a la Constitución
Enrique LÓPEZ La Razón 10  Diciembre 2012

La España construida bajo la vigencia de la Constitución es querida y valorada por una inmensa mayoría de ciudadanos

Acabamos de celebrar el 34 aniversario de nuestra Constitución, 34 años de prosperidad y desarrollo en España.

Aprovechando este aniversario, se intenta mantener vivo un debate sobre la necesidad de su reforma, lo cual abre varias incógnitas a despejar. La primera es si es o no necesaria su reforma y la segunda, en qué sentido. Podemos entender que son muchos años, pero la de Estados Unidos de América tiene 220 y en aquel país no existe ningún movimiento de opinión pública convencida de que aquella Constitución esté decrépita u obsoleta. Antes de analizar la necesidad de reformar el texto, declarando su parcial obsolescencia, habrá que analizar hacia dónde se quiere avanzar o retroceder, porque de todo hay. Se dice que cuando no se sabe a dónde se quiere ir ningún viento es favorable y eso le puede ocurrir a nuestra Constitución.

Nuestra norma magna selló un pacto entre todos los españoles, incluidos muchos nacionalistas, donde se sentaron las bases para hacer una España en la que todos cupiéramos. Cualquier intento de propuesta de reforma habrá de ir acompañado de una necesaria explicación que explicite en qué vamos a mejorar; eso sí, mejorar todos, y no sólo algunos. Somos muchos los españoles que nos seguimos sintiendo a gusto con esta Constitución, norma anclada en un principio básico tal cual es que la soberanía popular reside en el pueblo español y que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, a la vez que se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, amén de la solidaridad entre todas ellas.

Pero es que además es un instrumento que garantiza la necesaria convivencia con un catálogo de derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos y sociales que no me parece insuficiente o superado. Ante todo ello se alza el título octavo –de la organización territorial del Estado– como la gran cuestión, una cuestión permanentemente abierta para algunos, como si se tratara de un matrimonio en el que la dulce rutina enmascara la desaparición del amor verdadero. Pero no es así. La desafección de algunos no puede cuestionar la lealtad de otros y querer convertir en pura rutina la lealtad y la afección que siempre ha guiado nuestra conducta.

El problema de nuestra Constitución no es un problema de obsolescencia, es sencillamente un problema de desafección y deslealtad constitucional, ante los cuales hay que oponer la afección generalizada a su espíritu, valores, principios y articulado. Cuando un cónyuge ha perdido la afección por el otro y deja de estar enamorado, articula un discurso agónico, sin buscar en su propio comportamiento el más mínimo reproche. La España construida bajo la vigencia de la Constitución es querida y valorada por una inmensa mayoría de españoles, y no nos merecemos reproches de obsolescencia, hastío o desafección.

Es cierto que el título octavo no está cerrado, pero ello no puede servir de disculpa para su permanente cuestionamiento. Este título, interpretado con coherencia con el preliminar, determina el principio de unidad de España y del pueblo español, junto al principio de autonomía. Las posibilidades de desarrollo autonómico que contiene el art. 150 de la Constitución, en su párrafo y especialmente en el segundo, no son ilimitadas, puesto que, si bien suponen una eventual apertura del reparto competencial, no pueden vaciar el estado central, puesto que ello sería una implosión que dejaría a España como un ente irreconocible, terminando con la reconocibilidad material que ya desde el Imperio romano tuvo.

Por ello, la pretendida reforma de la Constitución exige en primer lugar lealtad con España y con la propia Constitución. En segundo lugar, un ejercicio de sinceridad y no un mero argumento de hastío u obsolescencia. Y en tercer lugar, requiere expresar que es lo que se quiere y lo que se pretende para con ello poder conseguir el necesario e insoslayable consenso que exige la reforma constitucional, y ello al margen el título afectado.

Pero conviene no hacerse trampas y confundir una pretendida apertura del título octavo con una falta de cohesión con el título preliminar, el cual sanciona con extrema claridad el modelo de Estado del que se inviste España, la indisolubilidad de la Nación española y la residencia en el pueblo español de la soberanía popular. Por ello, el que se concite en este debate y haga propuestas debería ser sincero respecto a si asume o no tales principios básicos. Hay que distinguir la evolución de la revolución, porque la primera exige adaptación, altura de miras y responsabilidad, y la segunda trae consigo enfrentamiento y caos, que en España siempre han desembocado en conflictos armados. Conviene recuperar y estudiar nuestro siglo XIX, y para ello recomiendo el próximo proyecto del cineasta Antonio del Real sobre Prim, a buen seguro que todos aprenderemos algo.

ENRIQUE LÓPEZ. Magistrado

Sueños constitucionales
Nota del Editor 10  Diciembre 2012

Es fácil soñar, solo hace falta una cena próxima a la hora de dormir y empiezan los deseoa a vagar entre las neuronas. Pero la realidad aparece al despertar, y es demoledora: la constitución es un tinglado que ha servido para que algunos espabilados, suave, se hayan convertido en profesionales de la políticay nos pastoreen a su antojo, para seguir esquilmándonos.

La constitución no es un papel mojado, es como una ameba que se va deformando siguiendo los deseos de los profesionales de la política, por arte de magia de unos tipos que, en general, habiendo aprobado una oposición, se encargan de guiarla para que no se parezca en nada a lo que fue en su nacimiento.


Los "34 años de prosperidad y desarrollo en España" no han sido debidos a la constitución, han sido debidos a nuestra situacion en esos momentos de la historia, en que teníamos unos costes laborales menores y conseguimos atraer alguna industria que ahora ya se ha ido a otros lugares siguiendo el inevitable ciclo.

Nuestro mayor "negocio", el turismo, sigue ahí porque muchos de nuestros competidores andan "zurrándose" y resulta arriesgado andar por allí.

Cuando De Toro tiene razón
Por ANDRÉS FREIRE ABC Galicia 10  Diciembre 2012

A veces sucede, en el fragor del debate, que uno dice cosas irreflexivamente. Considérese lo ocurrido a Suso de Toro durante una tertulia en su radio favorita, cuando protestó las medidas «españolizadoras» del ministro Wert con estas palabras: «¿No pagamos igualmente nuestros impuestos? ¿Qué es eso? Yo soy gallego-hablante. ¿No pago igual que los demás? ¡Es una falta de respeto por las personas¡». ¿Qué problema hay -se preguntarán- en lo que dice De Toro? Parece sensato. El problema es que ha introducido una variable en la defensa del gallego que sus correligionarios no pueden menos que lamentar: la del derecho de los hablantes.

Desde hace tiempo, justo desde el momento en que pasaron de oprimidos a opresores, los defensores de la lengua han olvidado estos derechos (¡cómo protestaban por los pobres niños que no eran educados en su idioma materno!) para adjudicárselos a la lengua. Idea no solo curiosa, también absurda. Por más que insistan, una lengua no es, en el fondo, más que un sistema de comunicación. Y gallego y castellano no tienen más derechos que los que pueden tener el alfabeto cirílico y el código morse. Son los hablantes de esos idiomas los que los tienen, como el de preservar una lengua mediante su uso y cultivo. Entre esos derechos, sin embargo, nunca puede estar, como argumenta el nacionalismo, el de obligar a los demás a utilizar el gallego.

Suso de Toro nos recordó esta obviedad en un momento de despiste durante un debate de radio. Y se lo agradecemos, porque ni siquiera De Toro puede negar que si él, gallego-hablante español, es un ciudadano con derechos, también nosotros, castellano-hablantes de Galicia, que como él pagamos impuestos, que como él tenemos un corazoncito sensible, tenemos igualmente derecho a usar aquí nuestra lengua.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La educación en Cataluña
El Editorial La Razón 10  Diciembre 2012

Como en todo ejercicio de ingeniería social, la inmersión lingüística catalana de los alumnos castellanohablantes debía operar sobre una realidad preexistente que se deseaba cambiar: que el español era la lengua materna y de relación de la mayoría de los residentes en Cataluña. Veinte años después, la situación apenas se ha modificado. Según estadísticas oficiales de la Generalitat, el 46,53 por ciento de los alumnos en Cataluña se identifica con el castellano, frente al 37,25 por ciento que lo hace con el catalán; y el 45,52 por ciento de los escolares utiliza el castellano como lengua habitual, frente al 35,64 por ciento que emplea el catalán. Esta dicotomía explica en gran parte que el fracaso escolar en Cataluña alcance al 24,4 por ciento de los alumnos que proceden de hogares castellanoparlantes, mientras que éste desciende al 11,4 por ciento entre los originarios de familias que tienen el catalán como lengua habitual. El problema, largamente discutido por las distintas corrientes pedagógicas, no estribaría tanto en la conveniencia de que los residentes en Cataluña conozcan ambas lenguas, lo cual es de una lógica aplastante, como en las consecuencias de la inmersión obligatoria.

Pero el otro gran aspecto de la cuestión es el que se refiere a la existencia o no de un sesgo ideológico de carácter nacionalista en los contenidos del expediente académico.En este sentido, la encuesta/examen hecha a los alumnos de Cataluña, que hoy publica LA RAZÓN, demuestra que existe un evidente desfase entre los alumnos catalanes y los del resto de España en lo que se refiere a la conformación del imaginario histórico. Así, mientras el 85 por ciento de los estudiantes españoles considera falsa la afirmación de que «el Estado español ha sometido durante siglos a Cataluña», la cifra desciende al 58,8 por ciento cuando la pregunta se hace sólo a los alumnos matriculados en Cataluña. Otro tipo de desajustes, que por otra parte afectan a todas las autonomías, se revelan más agudos en el caso catalán. Por ejemplo, los conocimientos geográficos, en los que se prima la visión más localista, necesitan mejorar, y mucho. Sólo el 31 por ciento de los alumnos catalanes sabe dónde nace el río Ebro, frente al 40 por ciento del resto de España; dato este último que por si solo da la razón al ministro de Educación, José Ignacio Wert, de la urgencia de abordar la reforma de un sistema con uno de los mayores índices de fracaso escolar de la OCDE. La serie de encuestas/examen de LA RAZÓN sólo ha venido a confirmar hechos sabidos: que un modelo educativo que prioriza los particularismos y malgasta esfuerzos está llamado a formar estudiantes mediocres. Algo que es de todo punto inaceptable.

Lógica aplastante
Nota del Editor 10  Diciembre 2012

Afirmar "la conveniencia de que los residentes en Cataluña conozcan ambas lenguas, lo cual es de una lógica aplastante", no tiene nada de lógica aplastante. La conveniencia de que los residentes de Cataluña conozcan el inglés es una propuesta muy interesante para impulsar el turismo en la región. La conveniencia de que los residentes en Cataluña que así lo deseen, conozcan la lengua regional, es una propuesta interesante para que la misma no desaparezca

Referirse a ambas lenguas parece inducir a que son iguales, y no es cierto, el español es la lengua común de España y otros muchos países, y lengua "impropia" en Cataluña, y hay deber constitucional de conocerla.

Lo lógico es que los residentes de Cataluña hablen el idioma que quieran, como hacen, pero que la administracion, en todos sus procesos, utilice el español que, repito, todos tenemos el deber de conocer.

El cuento de la cohesión
josé garcía domínguez ABC Cataluña  10  Diciembre 2012

Nuestro Guadiana particular, el muy manido cuento de la cohesión social, de nuevo emerge a la luz. Ya constituye una tradición local, siempre que los micronacionalistas intuyen amenazado el monolingüismo obligatorio en la red de instrucción pública, el espantajo de la cohesión social salta a escena. Otra vez, pues, hemos de escuchar la cantinela mil veces repetida.

Esto es, que no procede «segregar» a los alumnos en las aulas infantiles por razón del idioma materno dado que ello generaría división entre los catalanes. Así nos lo acaban de recordar esos siete sabios de Grecia que integran la actual directiva del Barça.

Por lo visto, tales cráneos «previlegiados» barruntan que los catalanes andamos todo el día a punto de llegar a las manos por causa de nuestras lenguas gemelas. Y que cuando las dos gramáticas propias del personal se topan por azar en los comercios, en los bares o incluso en la cama, tiran de arma blanca hasta que las separa un cordón policial de los Mossos dŽEsquadra.

Pero si tal es la idea que anida en esas cabecitas de chorlito futbolero, lo suyo sería prohibir el castellano también fuera de las aulas. ¿Por qué circunscribir los benéficos efectos civiles de la exclusión del español únicamente a los pupitres escolares?

En procura de tan alto valor cívico, la cohesión, impidamos el uso de la lengua común en cualquier espacio público o privado. Y, de paso, suprimamos también las elecciones. Es sabido al respecto que los catalanes tienen la muy disgregadora costumbre de no votar todos al mismo partido, hábito que conlleva letales efectos para la cohesión ideológica del Principado.

Aunque lo que no se acaba de entender es cómo conseguirán mantener la cohesión social en el resto del planeta Tierra. Y es que, excluida Cataluña, en rincón alguno de la Vía Láctea se practica la inmersión forzosa. En ninguno. Ni siquiera en Québec pese a lo mucho que se ha repetido aquí el bulo. Misterios del Universo.

Wert es una realidad y de sentido común
Álvaro Torrens Abril  www.lavozlibre.com 10  Diciembre 2012

Comentarista político

Cada vez entiendo menos a la consejera de Educación de la Generalitat, la señora Irene Rigau, sinceramente creo que ella representa un papel, un personaje que está dirigido por todo este circo y círculo nacionalista que le envuelve.

No entiendo a esta señora, con miembros de su partido y de otros, como el señor y expresident Montilla, llevaban a sus hijos a colegios privados, con una cuota mensual de más de 600 euros y que su mujer dijo frases como que ella prefería que sus hijos aprendieran antes alemán que catalán. Entonces, ¿qué pasa?, ¿que lo que quieres para tus hijos no lo quieres para los demás niños y/o ciudadanos de Cataluña?. Parece que la respuesta sería afirmativa.

La reforma del sistema educativo, la llamada reforma de Wert, es muy simple de entender en el mal entendido punto 'polémico'. Es una realidad que hay padres en Cataluña que quieren que sus hijos tengan o reciban la educación en la escuela pública en castellano. No entiendo el no de la Generalitat, cuando es más que obvio que el castellano en Cataluña, es la lengua de la mayoría, conjunto con el catalán. Lo de la inmersión lingüística estaba muy bien en tiempos o en épocas postconstitucional ya que el catalán había estado perseguido en épocas preconstitucionales pero después de 35 años, creo que la sociedad catalana ya sabe (aunque creo que nunca dejo de saberlo) escribir y leer en catalán y ya no me refiero a hablarlo cuando según el informe 'Lengua e identidad en Cataluña 2008', de la UOC el 42.6% de los catalanes prefiere y usa el catalán de forma habitual, mientras el 56% que prefiere el castellano como primera opción y sólo el 44% de los jóvenes habla catalán, además de todo esto se suma que el 70% de los catalanes prefieren leer en castellano, solo en teatro se impone el catalán. Entonces todavía no acabo de entender el motivo por el cual no se puede escolarizar, rotular, hacer trámites administrativos… en castellano.

Con los datos en la mano podemos afirmar que la llamada inmersión en Cataluña ha fracasado y eso les consume. Les consume que haya gente que (aún) abra un comercio y quiera poner panadería en vez de 'forn de pa' o 'fleca' y todo ello no trata de discriminar, machacar o 'cargarse' el modelo catalán, se trata de equipar las dos lenguas y como bien dijo el ministro Wert que tanto alertó a los nacionalistas catalanes, el gobierno quiere españolizar a los alumnos, que vivan con normalidad el sentimiento de ser tan españoles como catalanes. Para los que les guste las comparaciones aquí tienes las de la señora Rigau: "Solo mediante la escolarización podremos realmente catalanizar, hacer miembros de pleno derecho, tener sentido de pertenencia a nuestro país, a los hijos de los que han venido de fuera". Y el que fuera responsable de la política lingüística en Cataluña, Bernat Joan, veía innecesario estudiar en castellano, ya que "es obvio que la gente sabría castellano aunque no se enseñara en el sistema educativo, por pura inmersión en el medio, aunque quizás lo escribiría y hablaría peor, la calidad lingüística bajaría, pero se conocería" y en el otro lado tenemos las del ministro Wert: "Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes para que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de sus dos identidades, porque ambas les enriquecen y en esa línea vamos a continuar".

Castellano para ricos en la enseñanza pública catalana
Antonio Casado El Confidencial 10  Diciembre 2012

Le siguen cayendo chuzos de punta al ministro de Educación, José Ignacio Wert, y su controvertido borrador, que está resultando de lo más versátil a juzgar por las alteraciones sobrevenidas y las perlas inesperadas en los márgenes del texto. Una de ellas es que un padre puede llevar a su hijo a estudiar en castellano en un colegio de pago y luego pasarle la factura a la Generalitat. Valiente tontería, con perdón.

El Gobierno está para cumplir y hacer cumplir la Constitución, y las sentencias de los altos tribunales, que también obligan a la Generalitat, como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría recordó al terminar el Consejo de Ministros del viernes pasado. Pero sin castigar a las familias, que no tienen ninguna culpa del contencioso político y legal que enfrenta al Gobierno de la Nación con esta comunidad autónoma por cuenta de la condición de lengua vehicular del castellano, junto al catalán, sin que esta deje de ser el “centro de gravedad” del modelo, según la doctrina vigente del Tribunal Constitucional.

Wert acierta en el cumplimiento de las sentencias de los altos tribunales sobre el uso del castellano en la escuela pública catalana pero patina en su aplicación

Esa idea luminosa –antífrasis al canto-, aparece en la disposición adicional número 38 del anteproyecto. Los padres podrán optar por “escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la Administración educativa sufragar los gastos de escolarización”. Los responsables del Ministerio de Educación han aclarado que en ese caso las familias adelantarían el coste de la enseñanza en castellano de sus hijos, si así lo han decidido con todo el derecho, cuando en su entorno habitacional no exista oferta en el ciclo obligatorio del sistema público.

O sea, las familias corren con todos los gastos al llevar a sus hijos a uno de los escasos colegios que ofrecen enseñanza en castellano en Cataluña. Por cierto, bastante caros. Y luego, a esperar que les reembolsen el dinero adelantado. O a pleitear con la Generalitat en los tribunales ¿Pero cuántas familias catalanas cree el ministro Wert que andan tan sobradas de recursos como para jugárselos en el empeño de que sus hijos estudien en castellano? Las habrá, seguro que las habrá. Pero me temo que no serán precisamente las más necesitadas desde el punto de vista económico. Curiosa forma de fomentar el elitismo.

Una vez más, insisto en que Wert acierta en el cumplimiento de las sentencias de los altos tribunales sobre el uso del castellano en la escuela pública catalana, pero patina en su aplicación. De la referida disposición adicional 38 se infiere un castellano para ricos en el ciclo obligatorio de la enseñanza. Y aquí se le vuelve a ver el plumero al ministro.

El plumero de sus ideas, se entiende, plasmadas en un modelo educativo para España en el que, mire usted por donde, tienen puestas sus complacencias los sectores más reticentes con la escuela pública. O, por decirlo de otro modo, los defensores de la enseñanza privada, incluida la financiada con dinero público en régimen de concierto. En el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa salen igualmente muy airosas las tesis de la Iglesia Católica sobre la educación religiosa de los niños españoles, con equiparable alternativa reservada a una asignatura de Ética.

Las sentencias que obligan a Cataluña a ofrecer enseñanza en castellano
manuel trillo / madrid ABC 10  Diciembre 2012

La Generalitat ignora sistemáticamente las resoluciones judiciales que reconocen «idéntico derecho» a utilizarlo como lengua vehicular. La reforma educativa busca que se cumplan
Las sentencias que obligan a Cataluña a ofrecer enseñanza en castellano

Consuelo Santos, madre que lleva luchando una década por que su hija reciba más clases en castellano

Cataluña está obligada a facilitar la escolarización de alumnos con el castellano como lengua vehicular. Así lo han dejado claro resoluciones tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, además de otras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la Generalitat viene ignorando de forma sistemática. La Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que promueve el Ministerio de Educación busca que se cumplan, sin cuestionar el modelo de inmersión lingüística catalán, como ha señalado el ministro José Ignacio Wert en una entrevista con ABC.

Estos son las resoluciones y los argumentos jurídicos que han llevado al Ministerio a redactar el anteproyecto de ley en los términos que fue llevado a la última Conferencia Sectorial de Educación:

Tribunal Constitucional
La sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce el mismo derecho a emplear el castellano como lengua vehicular que en el caso del catalán: «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza».

El TC indica también que el derecho constitucional a la educación no ampara la pretensión de que la enseñanza se imparta única y exclusivamente en una de las dos lenguas cooficiales. En este sentido, el uso del adverbio «normalmente» en el Estatuto y en la ley catalana convierten el catalán en lengua vehicular por defecto. La sentencia reconoce perfectamente «legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo», aunque siempre con el límite de que «ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma».

Dadas las dificultades prácticas para la ejecución de la sentencia, ya que corresponde a la Generalitat determinar la proporción que proceda en el uso del castellano y el catalán como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, señala los criterios que deberá tomar en consideración:

-Si el Gobierno de la Generalitat creyese que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción.

-Si, por el contrario, se estimase la existencia aún de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de Cataluña, se debería otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable que, sin embargo, no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular.

En este sentido, el Tribunal emplaza a la Generalitat a adoptar las medidas oportunas para garantizar este equilibrio, pero no determina cuáles deben ser. La Generalitat de Cataluña manifestó públicamente su intención de no modificar su política lingüística en este sentido e interpuso, sin éxito, diversos recursos para evitar la ejecución de las sentencias.

Según fuentes del Ministerio de Educación, el Gobierno de la Nación no es parte de estos procesos y su papel en la ejecución de este fallo debe circunscribirse a velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado. En el actual contexto legal, esta función general se concreta en actuaciones de alcance limitado:

-Por un lado, el Ministerio deberá mantener las exigencias en el uso del castellano en la enseñanza primaria y secundaría obligatoria (tercera hora de castellano) y velar para que la normativa catalana de desarrollo de la LEC no excluya la enseñanza del castellano. En este sentido debe recordarse que las sentencias no anulan ninguna de las normas catalanas impugnadas que desarrollan los currículos educativos, limitándose a recordar que deben interpretarse conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, señalan las mismas fuentes, el Ministerio deberá velar para que el uso del castellano y el catalán como lenguas vehiculares en el sistema educativo sea proporcionado al estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana.
Tribunal Supremo

En la sentencia del 12 de junio de 2012, el Tribunal Supremo anula varios artículos del decreto que ordena el segundo ciclo de enseñanza infantil de la Conselleria de Ensenyament de la Generalitat, que definen el catalán como lengua normalmente usada como lengua vehicular en la enseñanza entre los tres y los seis años.

Concretamente, ha anulado ahora los artículos 4.1, 4.3, 4.4 y 4.5 del decreto, que establecen que el catalán debe ser la lengua de expresión en las actividades de las escuelas -tanto en las internas como externas-, descarta la separación de los alumnos en función de la lengua, implanta metodologías de inmersión lingüística y obliga a los centros a aprobar un proyecto para el uso del catalán en la escuela.

También anula el Supremo los artículos 10.1, que obliga a los centros a aprobar un proyecto educativo para conseguir la normalización del catalán en todos los ámbitos docentes y administrativos, y el 14.3, que establece que las escuelas deben dedicar atención preferente a los alumnos inmigrantes para que aprendan el catalán.

En opinión del Supremo, para ser constitucional el decreto de la Generalitat debe reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano, sin condicionarlo «a que se solicite por quien lo posea a título individual». «O lo que es lo mismo, la norma reglamentaria, último producto normativo, debe explícitamente asumir esa doctrina constitucional y declarar el carácter docente y vehicular del castellano, junto con el catalán, de modo que si esa es la lengua habitual del alumno ese derecho se le ha de reconocer sin necesidad de que se inste», aclara el fallo.

El Supremo rechaza en su sentencia que el castellano «quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sin que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza».

Para el alto tribunal, también es inconstitucional la atención individualizada que ofrece la Generalitat a los alumnos que soliciten ser escolarizados en castellano, lo que a su juicio «conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos de clase por razón de lengua habitual».

Según el fallo, al condicionar la atención individualizada a la obligación de solicitarla previamente se incurriría en una inconstitucionalidad que además «desnaturalizaría» el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en su lengua habitual.

Respecto a la incorporación al sistema educativo de los alumnos extranjeros que no conozcan ni el catalán ni el castellano, el Supremo obliga a que la Generalitat inicie a los recién llegados «en esa temprana edad» también en el conocimiento del castellano como lengua cooficial y vehicular en la enseñanza. Por este motivo, anula el artículo del decreto de la Generalitat que excluía «cualquier mención del castellano» respecto a la escolarización de inmigrantes.

No obstante, el alto tribunal acepta que el «centro de gravedad» del sistema educativo lo constituye el catalán, por lo que no pone reparos a que a los alumnos recién llegados que no sepan ni catalán ni castellano se les dé una «dedicación preferente» en catalán.
Cumplimiento de garantías constitucionales

Según sostiene el Ministerio, corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, «el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado»; pues no cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano (artículo 3.1 de la Constitución española) presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos (STC 337/1994, FJ 10).

En este sentido, considera constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas.

Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, explica el Ministerio, hacer cumplir lo fallado en las sentencias arriba mencionadas e instar a la Generalitat para que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a las nuevas situaciones creadas por las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

La LOE contempla que corresponde al Estado la alta inspección educativa, para garantizar el cumplimento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza y la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución.

Entre las competencias, en el ejercicio de las funciones que están atribuidas al Estado, el Ministerio indica que corresponde a la Alta Inspección «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables».

España merece la pena
ÍÑIGO HENRÍQUEZ DE LUNA  www.lavozlibre.com 10  Diciembre 2012

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, ha estrenado su blog, en el que escribió el primer artículo el pasado 6 de diciembre, coincidiendo con el 34 aniversario de la Constitución Española. Por su interés, reproducimos el artículo, titulado 'España merece la pena'

He querido aprovechar el 6 de diciembre, día en el que se cumplen treinta y cuatro años desde la aprobación de nuestra Constitución -año en el que se ha rememorado también el bicentenario de la Constitución de 1812, que sentó las bases de una nueva concepción liberal del Estado-, para estrenar mi nuevo Blog y escribir este primer artículo sobre nuestra Carta Magna, las profundas crisis por las que atraviesa nuestro país y el camino que, en mi opinión, debemos tomar para llevar a España al lugar que le corresponde como la gran nación que somos.

La grave situación económica en la que estamos sumidos, que se está cebando especialmente con el empleo, ha hecho aflorar las carencias de nuestro modelo político que hasta ahora habían pasado inadvertidas o se habían mantenido silenciadas en un segundo plano. Además de la crisis económica, que lleva años mostrando su peor rostro, España debe salvar hoy otros escollos políticos, institucionales y de valores morales.

Durante la Transición, los ciudadanos y todas las fuerzas políticas supimos, con generosidad y responsabilidad, acercar posturas en aras de la construcción del actual sistema político. Eran tiempos de inestabilidad, recién salidos de una dictadura de casi cuarenta años, en la que los españoles supimos estar a la altura de las circunstancias, olvidar las que parecían diferencias insalvables y mirar hacia el futuro con optimismo. Como habíamos hecho anteriormente en otros episodios de nuestra Historia, porque nuestro pasado está igualmente repleto de lamentables y prodigiosas escenas.

Recordar aquel proceso es poner el acento en el esfuerzo ímprobo y en la altura de miras de quienes supieron encauzarlo, pero es también reconocer que España ha cambiado mucho desde entonces y que aquel traje de buen paño que entre todos elaboramos, hoy se ha quedado estrecho y comienza a tirar por las costuras. Sin embargo, aquel proceso nos demostró algo que no debemos olvidar ni encerrar en los cajones del pasado: los españoles juntos, somos mucho mejores. También, con la experiencia de los años, hemos descubierto que posiblemente pecamos de inocentes cuando quisimos integrar a unos nacionalismos que hoy son los mismos que amenazan la unidad de España y ponen en riesgo todo lo construido.

El órdago secesionista de Artur Mas y la presencia de ETA y de sus herederos de Bildu en las Instituciones -formación política, es bueno recordarlo, que no condena el terrorismo ni reconoce a sus víctimas-, tras las últimas elecciones municipales y autonómicas vascas, ha puesto en evidencia la debilidad de nuestro actual sistema político. Una debilidad en la que el PSOE tiene una imperdonable responsabilidad por haber cedido sin descanso ante los nacionalistas, haber tratado de enfrentar a los españoles entre sí con la Ley de Memoria Histórica y haber desbordado los límites constitucionales durante los siete años de Gobierno de Rodríguez Zapatero. Si a esto le sumamos que fue el Tribunal Constitucional -órgano supuestamente responsable de velar por nuestra Ley de leyes- quien permitió que Bildu se presentara a las elecciones, dejando sin valor la Sentencia del Tribunal Supremo, o quien cerró los ojos ante las flagrantes inconstitucionalidades del Estatuto de Cataluña, podemos aceptar que se ha preparado el caldo de cultivo idóneo para que aquel pacto constitucional hoy se encuentre más debilitado que nunca.

Por ello, los españoles nos enfrentamos ahora al mayor reto de los últimos treinta y cuatro años: escoger el mejor camino y adoptar las reformas necesarias que nos permitan continuar adelante. También reformas constitucionales, sí, pero con certidumbres, sin improvisaciones ni parches, sino con la responsabilidad, el consenso, la altura de miras y el sentido común que tuvimos en aquellos tiempos superados que hoy casi recordamos en blanco y negro.

Amparar aquel pacto de la Transición es proteger los derechos de los españoles, los individuales por encima de los colectivos, que es también preservar la Libertad, que es lo mismo que apostar por la nación española y por nuestra Historia. Defender aquel pacto de la Transición es, en definitiva, posicionarse en contra de los extremismos que hoy amenazan con socavar los cimientos de una España centenaria, rica en culturas y diversidades, que debe tener como fin último el de la regeneración y no el de la negación.

Ese es nuestro desafío y el de los jóvenes que nos sucederán. Honestamente, conozco pocas motivaciones mayores que las de España y la Libertad por las que trabajar con denuedo y compromiso. Aunemos esfuerzos, como entonces, como siempre. Merece la pena.

Por qué tienen tanto miedo los Pujol
Editorial www.gaceta.es  10  Diciembre 2012

Esta vez sí. Esta vez el Estado español –sinónimo de la nación de todos para Artur Mas, los independentistas y otros estómagos agradecidos de CiU– mirará de frente a la corrupción catalana en lugar de hacer la vista gorda como en las últimas tres décadas.

Así lo indican las distintas líneas de investigación que está siguiendo la Justicia y que van bastante más allá de las informaciones aparecidas en prensa. Por audaces que estas resultaran, hasta el punto de poner patas arriba la reciente campaña electoral. En próximas fechas, según está en condiciones de adelantar hoy LA GACETA, verán la luz nuevas evidencias llamadas a demostrar que el nacionalismo catalán, por encima de cualesquiera otras consideraciones, ha sido un negocio colosal para quienes se enriquecieron ilícitamente ocultando sus vergüenzas bajo los pliegues de la cuatribarrada (o de la estelada una vez que decidieron echarse al monte). Lo peor de estos presuntos delincuentes, pues –de confirmarse las sospechas que pesan sobre ellos– llamarlos evasores fiscales sería quedarse muy cortos, es que han arrastrado tras de sí durante años a millones de catalanes decentes a los que sólo se les puede acusar de amar a su tierra. Así que la independencia, más que quimera es estafa y por partida doble.

A los Pujol estos días no les llega la camisa al cuello. No es por el raquítico resultado que cosechó Convergència el pasado 25 de noviembre. Ni por las severas fricciones con Unió, el otro cónyuge de la coalición.

Tampoco por los pactos poselectorales, por mucho que el probable acuerdo con los republicanos de Esquerra plantee un escenario de muy difícil digestión para la burguesía catalana. Ni siquiera tiene que ver su aflicción con el hecho de que la opinión pública se haya enterado de lo de los 137 millones depositados en Suiza y Liechtenstein por el clan y por el delfín Mas. Lo que inquieta a la familia Pujol Ferrusola es que sus tradicionales apoyos en Madrit ya no son tan poderosos como antaño. No tanto como para ocultar, por ejemplo, la providencia del juez Pedraz de noviembre de 2008, en la que quedaba patente que el padre de Artur Mas evadió al fisco más de 820.000 euros . LA GACETA da cuenta este lunes de ese escándalo y avanza algunas pistas de lo mucho que está por venir. Anden ojo avizor, porque el nacionalismo, entendido como chollo con el que forrarse, está a punto de saltar por los aires.

Círculo Balear: la reforma de Wert no garantiza el castellano en las aulas
Solicita al ministro de Educación y al consejero balear, Rafael Bosch, que dejen de engañar a la ciudadanía
 www.lavozlibre.com 10  Diciembre 2012

Palma de Mallorca.- La Fundación Círculo Balear (FNCB) ha analizado el anteproyecto de la LOMCE presentada por el ninistro de Educación, José Ignacio Wert, así como el nuevo decreto de "tratamiento integral de lenguas" (nuevo decreto de mínimos) presentado por el consejero de Educación balear, Rafael Bosch, concluyendo que tanto la normativa estatal como la autonómica van en la misma dirección: mantener la actual situación de falta de libertad lingüística en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial.

"El anteproyecto ministerial es insuficiente para garantizar la la libertad lingüística y el derecho a la educación en las escuelas de Baleares donde siguen vulnerados de forma sistemática mediante la imposición del catalán. El anteproyecto demuestra una falta de voluntad política y de impotencia del gobierno para hacer cumplir las leyes, incluso en Baleares, donde gobierna el PP", señala esta plataforma.

El anteproyecto de Ley presentado en su Disposición Adicional trigésima novena deja en manos de las autonomías la decisión en el uso de las lenguas cooficiales:
El apartado b) establece: "Corresponde a las Administraciones educativas determinar la proporción que proceda en el uso del castellano y la lengua cooficial como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado de normalización lingüística." Y el c) indica que: "Las Administraciones educativas podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano."

Para la FNCB, esta disposición deja sin efecto cualquier intento de garantizar la enseñanza en español. Ya que, "la decisión queda en manos de quien tiene la competencia educativa, la comunidad autónoma, quien, incluso, será la encargada de valorar el estado de normalización lingüística". "Permite a los equipos directivos de los centros educativos vulnerar la ley y continuar aplicando con total impunidad el sistema de inmersión obligatoria en catalán al preveer su incumplimiento y otorgando la impunidad a los que la vulneren, transfiriendo las responsabilidades de ese incumplimiento a los ciudadanos: cargando a todos los ciudadanos los costes originados por la plaza en un centro privado a causa del incumplimiento de la ley", añade.

Para el presidente de la FNCB, Jorge Campos, está claro: "La decisión queda en manos de las autonomías quienes valoraran y determinaran la proporción para cada lengua. Lo que pasará en el resto de CCAA es lo que ya sucede en Baleares: Los padres no tienen libertad para elegir, y la decisión de la proporción entre lenguas queda en manos de los equipos directivos de los centros. Así se contempla en el nuevo decreto que ha presentado el conseller de educación balear Rafael Bosch en línea con el anteproyecto de la LOMCE"

Campos afirma que "en Baleares, el presidente Bauzá hace un discurso impecable en defensa de las libertades y la Constitución, que no viene acompañado de los hechos. "Sus decisiones no garantizan la libertad lingüistica con la que se había comprometido. Además Rafael Bosch parece portavoz de la consellería de educación de la Generalitat de Cataluña cuando declara que su principal preocupación es el grado de protección de la asignatura de lengua catalana en Baleares. Olvidando su compromiso con el mallorquín, menorquín e ibicenco, y que seguimos sufriendo un sistema de inmersión en catalán", afirma.

Para el presidente de la FNCB, "una vez más, el Partido Popular, incumple su compromiso con la libertad lingüística gobernando con mayoría absoluta en la práctica totalidad de España. El ejemplo más importante lo tenemos en este retroceso respecto a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la LOE para garantizar la enseñanza del castellano y en castellano en todas las etapas educativas, que el propio Grupo Parlamentario Popular presentó en las Cortes en enero de 2009. Ahora que gobiernan rechazan aquella proposición de ley que es la que respaldaban la mayoría de los ciudadanos".

Así, Círculo Balar considera que "tanto el anteproyecto del Ministerio como el decreto Bosch sirven para demostrar el radicalismo del nacionalismo. "El catalanismo liberticida protesta y anuncia movilizaciones, que podrían considerarse como 'preventivas', ya que la normativa que se ha presentado, en realidad, no cambia la situación de falta de libertad y adoctrinamiento en las escuelas de Baleares". "Sólo hemos avanzado que ahora, por fin, se reconoce que en buena parte de España no se puede educar en la lengua oficial del Estado y que los niños sufren el adoctrinamiento nacionalista, como hace años denunciabamos. Pero se sigue sin poner solución", concluye Jorge Campos.



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