AGLI Recortes de Prensa    Miércoles 12  Diciembre 2012

La educación sentimental
Kiko Méndez-Monasterio www.gaceta.es 12  Diciembre 2012

La cosecha de ninís y analfabetos crece al ritmo de los desempleados, por eso sorprende que la única acusación que recibe el proyecto del ministro Wert sea la de que se retrocede 30 años en educación.

Dejando a un lado mentes preclaras, espíritus elevados, pozos de erudición como Bibiana Aído o Leire Pajín -para quienes las reales academias debieran ir haciendo sitio-, el producto de tres décadas de escuela socialista es lo más parecido a una fábrica de losers trabajando a pleno rendimiento.

La cosecha de ninís y analfabetos crece al ritmo de los desempleados, por eso sorprende que la única acusación que recibe el proyecto del ministro Wert sea la de que se retrocede treinta años en materia de educación. Es una crítica muy pobre y muy obtusa. Primero porque es radicalmente falsa -como puede comprobar cualquiera que se tome un breve tiempo y todavía sepa leer-; y segundo porque ojalá fuese verdadera, que supondría reducir el fracaso escolar hasta niveles europeos, abandonando la liga tercermundista que ahora disputamos. Pero qué más les da a los políticos robar futuros o robar carteras, si a sus hijos -como al de aquel ministro de la república- ya les han hecho subsecretarios o, mejor aún, les han solucionado el porvenir en Suiza.

La crítica más furibunda a este intento de reducir en algo el desastre, por supuesto, ha nacido en las gargantas de las oligarquías nacionalistas, que se indignan con modos de ultrajada vestal ante la simple posibilidad de que se cumplan las sentencias judiciales. No quieren ni oír hablar de un proyecto que disminuya un ápice el control orwelliano que tienen sobre las aulas. Lógico, por otra parte. Es como si el iluso Wert hubiese llevado al Reichstag de los años treinta una ley que amparase la educación sefardí. No se dejaron ellos la sangre en el putsch de Munich para tragar ahora con tales disparates libertarios.

Los caciques aldeanos entienden las cifras espeluznantes del fracaso educativo como un mal menor que hay que soportar en aras del triunfo de la voluntad. Las siguientes generaciones serán todavía más necias, se dicen, pero serán nación, y eso es lo único importante. De qué sirven las ciencias, las artes, las humanidades, la formación profesional, si aprenderlas puede suponer un retroceso en ese arrebatador sentimiento que les inunda al escuchar el aire domado por los tres agujeros de txistu, o en la cobla atacando la sardana. Wert es muy facha, y no lo entiende. Su proyecto reaccionario está poniendo en peligro toda una educación sentimental. Y el odio -ese sentimiento tan subestimado por los políticos de la meseta- hace más de tres décadas que es asignatura troncal de millones de alienados.

Pitorreo rect(or)al
Daniel Martín www.republica.com 12  Diciembre 2012

Llueve sobre mojado. España es uno de los países europeos que dedica un menor porcentaje de su PIB a la Educación. A cambio, nuestros diputados viajan siempre en preferente. El primer dato explica que estemos en el vagón de cola en lo que se refiere a la comprensión lectora y capacidad matemática de nuestros alumnos escolares, cifra que se ve ahora ratificada con un dato que afecta a los de 9 años. El segundo, por el contrario, tan solo sirve para explicar por qué la gente quiere tan poco a su casta dirigente, empeñada en recortar donde más falta hace y seguir engordando aquellas partidas de las que viven y se enriquecen los partidos.

Ningún dato sobre nuestro sistema educativo puede invitarnos a un mínimo de optimismo. Quizás por ello los rectores de las 50 UNIVERSIDADES PÚBLICAS españolas lanzaron un manifiesto conjunto para advertir del deterioro de la universidad española. Su denuncia se basó casi exclusivamente en los recortes presupuestarios que las distintas comunidades autónomas han aplicado a sus respectivos centros de estudios superiores (?).

Por la mañana, antes de que se reunieran, José Carrillo, rector de la Complutense de Madrid, afirmó que el problema principal es que se había dejado la universidad en manos de las desalmadas leyes del mercado. No sé muy bien lo que significa eso, pero el ilustre poco ilustrado negó que en España hubiese demasiadas universidades. Da igual que haya más que provincias, que sea materialmente imposible encontrar buenos profesores para tanto campus, que la elefantiasis se cargue la esencia elitista de una buena universidad. Según Carrillo, tenemos las universidades que necesitamos.

El preboste, no obstante, no habló de los numerosos ascensos -de categoría y/o sueldo- de carácter político que se han producido durante su rectorado. Ni de que, con un 1,3 millones de estudiantes, en las aulas universitarias españolas haya una proporción de un profesor por cada trece alumnos, algo que sorprenderá a cualquier maestro de instituto. Ni de que la investigación, aparte de por recortes autonómicos y estatales, se ve terriblemente afectada por políticas -como la del propio Carrillo- que favorecen el igualitarismo parasitario en perjuicio del mérito y del prestigio nacional e internacional de los mejores investigadores.

Los muchos problemas que nos afectan son profundos, graves, endémicos, estructurales. El de la Educación es trágico porque afecta a nuestro futuro más inmediato. Los niños no saben leer y los universitarios… tampoco necesariamente. Con 50 universidades públicas, y otras veintitantas privadas, tenemos mucha tela para poco relleno. Parece evidente que los políticos no quieren ni pueden arreglar nada. Cuando los rectores y similares se convirtieron en cargos políticos, comenzó el fin de un sueño nacido en Salamanca y continuado en Santiago, Alcalá o Granada.

Afortunadamente, los años, los lustros, las décadas, los siglos… nos han demostrado que España es capaz de sobrevivir a circunstancias mucho peores.

dmago2003@yahoo.es

Logse, profesorado y fracaso escolar
EDITORIAL www.gaceta.es 12  Diciembre 2012

Tras el varapalo del Academic Ranking of World Universities de Shanghái, que situaba a las universidades españolas entre los puestos 200 y 300 a nivel mundial, el sistema educativo español fue puesto ayer otra vez en evidencia por el IEA: los alumnos españoles de cuarto de primaria –9 años de edad– están por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias, tres de los pilares educativos más importantes.

Año tras año, España sale en todos los rankings educativos como uno de los países europeos con mayor fracaso escolar, lo que queda plasmado en dos aspectos: el alto índice de adolescentes que abandona los estudios tempranamente y la baja calidad de la enseñanza, reflejada en la comprensión lectora –número elevado de analfabetos funcionales– y deficientes conocimientos matemáticos.

Desde hace décadas, los recursos públicos dedicados a la educación han ido incrementándose hasta situar a España a la cabeza de los países de la OCDE en la ratio de gasto por alumno. Esta evolución, sin embargo, ha ido paralela a una degradación de nuestro sistema educativo que ha llevado a los alumnos españoles a cosechar uno de los mayores índices de fracaso escolar. ¿A qué se debe ese fracaso? En buena medida a que, aunque ha habido muchas leyes educativas, ninguna ha sabido romper con el fracasado marco impuesto por los socialistas en la Logse, que erradicó como valores caducos los del esfuerzo, la excelencia, la disciplina o el respeto a la autoridad del profesor.

Pero no todo es achacable a la desfachatez de la izquierda política y a su furibundo inmovilismo. El mal rendimiento escolar de los niños españoles tiene relación también con el creciente fracaso familiar, el divorcio exprés y el desapego hacia los hijos de esas familias desestructuradas –otro legado que ha dejado a la sociedad el “progresismo” socialista– y sobre todo a la falta de preparación y la ineficiencia del profesorado. Por que si bien es verdad que con una buena ley se trabaja mejor, también lo es que un buen educador puede suplir las lagunas de la ley.

El fracaso de los niños es, sin duda, el fracaso de sus profesores. Por ello es tan necesario que salga adelante el anteproyecto de ley propuesto por Wert, que parece destinado a cambiar esta situación y a abandonar la cultura del acomodo y la mediocridad en favor del esfuerzo, el mérito y la satisfacción por el trabajo bien hecho. Pero atención: una buena ley no basta. También hacen falta profesores mejor formados.

Lo que el secesionismo se llevó.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12  Diciembre 2012

No podría ser otro que Durán Lleida, ese aragonés renacionalizado catalán, portavoz de CiU y látigo de todos los Gobiernos de España desde su eterno cargo de Diputado en el Congreso. Digo que no podía ser otro el que dijera que "No hay Gobierno que pueda cambiar el sistema educativo catalán". Su bravuconería es insultante y además no se corta en afirmar que la nueva reforma que promueve el Ministro de Educación Sr. Wert "es un asalto al catalán". De hecho, la manifestación de ayer en Barcelona y la gansada del Govern de Artur Mas al recibir a los promotores, es simplemente bochornosa.

Estos secesionistas trasnochados y con comportamientos fascistas se creen que por parlotear en su lengua sus consignas de independencia, eso les da más derechos y más justificación para imponer al resto de españoles sus pretensiones. Confunden autonomía y delegación de competencias con cuotas de poder nacionalista de un Estatuto que consideran de rango superior a la Constitución de España de la que depende. Una aberración jurídica que les ha llevado a la insubordinación y al incumplimiento constante de las sentencias del Tribunal Supremo de España. Todo ello, consecuencia de la pasividad y cobardía de los distintos Gobiernos de España que son los verdaderos culpables de la escalada de secesionismo que se ha apoderado de Cataluña y que pronto lo hará con El País Vasco y quizás otras regiones de España.

Lo peor es que estos miserables, y me refiero a los del Gobierno de España, están otra vez dispuestos a sacrificar la legalidad con tal de aplacar las iras del secesionismo. Lo que debe ser un simple acto de vuelta a la normalidad, a la sensatez y a la optimización de la enseñanza, se ha convertido en otro campo de lucha nacionalista donde expresar su sempiterno y cansino victimismo y donde se siga imponiendo la opresión y reclusión de los hispano parlantes en una comunidad española abandonada a la dictadura de los partidos secesionistas.

Ya he escrito muchas veces sobre este asunto y sé que cuando lo hago, pronto tendré la respuesta de alguno de los rebuznos de esos burros secesionistas que representan a ese animal de una forma incuestionable. Sé que al final este Gobierno y su partido, sacrificarán al osado Ministro de Educación que con su pragmatismo y buen hacer, ha agitado el avispero en el peor momento de zozobra nacional por la recesión, el paro y el inminente e inevitable rescate que puede que lleve a nuevas elecciones o a un Gobierno tecnocrático que satisfaga a los acreedores.

Solo lamento el futuro que les espera a quienes tienen la desgracia de vivir en una comunidad española donde no existe libertad ni para educar a los hijos en la lengua materna de sus padres. Es perfecto el que aprendan catalán y aquello de que el río Ebro "nace en tierras extrañas". No me extrañaría que esos analfabetos intelectuales sea la próxima generación de energúmenos que quemen banderas de España y pidan la independencia. Y la verdad es que al final acabaremos con aquella frase de la espléndida película de "Gone with the wind", cuando Cataluña pregunte ¿Si te vas, qué es lo que voy a hacer?", España le conteste, "Francamente querida, eso no me importa".

Como un toro
bernardo fernández ABC Cataluña 12  Diciembre 2012

La inmersión lingüística en Cataluña es más una norma de convivencia y cohesión social, que una cuestión meramente formativa

CON el órdago soberanista de Artur Mas, las relaciones entre el los Gobiernos central y autonómico de Cataluña habían quedado bajo mínimos. Después, tras el varapalo electoral sufrido por los nacionalistas catalanes, parecía que, poco a poco, se podían ir rehaciendo los puentes y en consecuencia el dialogo.

Pero cuando apenas han trascurrido quince días de las elecciones, el Ministro de educación José Ignacio Wert ha presentado el borrador de la nueva ley de educación que parece obedecer más a una segregación extra de testosterona que a la iniciativa de una persona con visión de Estado.

Es verdad que ni la reacción de la Consellera Irene Rigau marchándose a mitad de reunión, ni el plantón de Antoni Castellá, secretario de universidades de Cataluña, al día siguiente, son para enmarcar, pero como diría un jurista la carga de la prueba recae en el Señor Ministro.Estamos ante un borrador polémico que si no se modifica de forma sustancial, es más que probable que acabe en los tribunales. Es evidente que con la que está cayendo, presentar una inicaitiva como la mencionada, aunque sea un borrador, es cuando menos inoportuno e inadecuado.

La inmersión lingüística en Cataluña es más una norma de convivencia y cohesión social, que una cuestión meramente formativa. Si aquí tenemos algún valor a preservar por encima de cualquier otro, eso es la mencionada convivencia y la cohesión social que han sido, son y deberían seguir siendo ejemplares.

Vivimos en libertad y cada cual se puede sentir como quiera, y si el Ministro Wert «se siente como un toro bravo que se crece con el castigo», allá él. Pero no perdamos de vista que la intransigencia y el dogmatismo son terreno abonado para generar independentistas; en cambio, la convivencia y la cohesión social son la base del acuerdo y el consenso.

De como se resuelva este asunto, depende, en buena parte, el futuro de nuestra sociedad y eso, no es poca cosa.

Libertad e inmersión
Nota del Editor 12  Diciembre 2012

Hay que ser miserable para afirmar que en las regiones donde el español es lengua "impropia" se vive en libertad y que la inmersión lingüística es una norma de convivencia.

FRENO A LA DESLEALTAD AUTONÓMICA
Editorial ABC  12  Diciembre 2012

LA decisión del Tribunal Constitucional de suspender el abono de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco es una consecuencia inevitable de la presentación, por el Gobierno central, de un conflicto de competencias. Sucederá lo mismo con todas las Administraciones Públicas que se desentiendan de la medida adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, porque la Constitución prevé este efecto suspensivo con un carácter automático e inmediato a la admisión del recurso del Gobierno central. El aviso, por tanto, es claro para toda comunidad autónoma que pretenda lo mismo que el Ejecutivo vasco, aunque, políticamente, se genera una situación de deslealtad manifiesta, porque es el Gobierno central el que asume la ingrata responsabilidad de impedir que unos funcionarios autonómicos cobren una paga extraordinaria, mientras el Ejecutivo de la comunidad autónoma sabe de antemano que su decisión de ir por libre le supone el beneficio de no enfrentarse a sus funcionarios y ningún perjuicio por la suspensión de la medida. Es evidente que suprimir la paga extraordinaria de los funcionarios es un recorte salarial doloroso, que añade un nuevo sacrificio a un colectivo que lleva años sufriendo congelaciones de nóminas y una constante e injusta campaña de desprestigio ante la opinión pública.

Pero la respuesta admisible no es la manipulación de su protesta por los gobiernos autonómicos, ni la deslealtad de estos con una política nacional de ajuste fiscal y austeridad en el gasto público. La insolidaridad entre Administraciones Públicas no va a suponer ningún beneficio a los ciudadanos, porque, como se ha visto con la decisión del TC relativa a los funcionarios vascos, el Gobierno central tiene instrumentos constitucionales para imponer la efectividad de su medida, al menos durante los cinco meses en los que no se revisa la suspensión del acuerdo autonómico impugnado. Todo sería más llevadero -no más fácil- para el ciudadano si al menos percibieran una unidad de actuación entre las diversas Administraciones del Estado.

Un mal modelo
Victoria Prego El Mundo  12  Diciembre 2012

Ese modelo de inmersión que, según dicen los nacionalistas, tan bien funciona y ha producido en Cataluña una armonía y cohesión sociales envidiables, no se aplica en ningún lugar del mundo porque es un modelo que expulsa del sistema educativo la enseñanza de la lengua común de todos el país y, por tanto, atenta contra la igualdad de derechos.

Así que no es un buen modelo. Es malo. Es verdad que ha resultado muy útil para los proyectos y los sueños nacionalistas, que ya se han visto cuáles son. Pero resulta que es ahí, en ese modelo excluyente, en el que se ha enseñado a los niños que Cataluña fue durante siglos una nación independiente posteriormente invadida y sometida por España; que la guerra civil fue una guerra de España contra Cataluña; que los catalanes siempre fueron antifranquistas y, ya más modernamente, que «España nos roba». Vaya un modelo.

Y es mentira, además, que la modesta pretensión gubernamental de que el castellano sea incluido en la escuela en condiciones de «razonable proporcionalidad» con el catalán suponga dinamitar el sistema, como dicen ellos. Sólo supone intentar evitar la expulsión de hecho del castellano que se practica en las escuelas catalanas. Hace siete años que el propio Artur Mas lo explicó crudamente en un foro celebrado en la sede de EL MUNDO: «Que monten un colegio privado en castellano para el que lo quiera pagar, igual que se montó uno en japonés en su momento». Es esta filosofía, la suya, la que abofetea el espíritu constitucional. No la de quien pretende abrir un discreto hueco a la lengua de todos.

En Cataluña, el castellano no tiene ningún problema en la calle. Eso es un hecho. Pero es precisamente eso lo que a los nacionalistas les preocupa y lo que pretenden modificar. Resulta, por lo demás, asombroso que el portavoz Homs acuse al Gobierno de intentar una reforma encubierta de la Constitución. Primero, porque, en esta misma línea, el Supremo ha dictado varias sentencias ordenando a las autoridades catalanas el cumplimiento de la ley, cosa que se han negado a hacer porque ni tribunales ni Constitución pararán su camino hacia la libertad. De momento se lo han parado las urnas, pero parece que también se van a hacer los sordos ante eso.

Y, segundo, porque lo que realmente supuso un intento de vaciamiento constitucional encubierto fue el Estatuto aprobado en el Parlamento catalán en 2005, que rompió amarras con la Carta Magna y su espíritu político sin que los líderes de CiU – que iban de segundones, intentando ponerse a la altura de las ocurrencias de Maragall- se sintieran mínimamente escandalizados por la gravedad de la operación. Carecen de toda autoridad política para esgrimir ahora un argumento como ése.

Corrección de excesos
Eliminar duplicidades y podar gastos no es ceder al radicalismo centralizador ni al soberanista
Editorial El País  12  Diciembre 2012

El saneamiento de las finanzas públicas exige poner fin a los excesos que se han cometido en el gasto de distintas Administraciones, no solo de las autonomías. Esas tareas urgentes deben diferenciarse bien de dos fundamentalismos: el de enrocarse en el centralismo y defender la reducción al mínimo del Estado autonómico, de un lado, y el de los que quieren exacerbar las tensiones soberanistas. El Estado de las autonomías es una fórmula de éxito y a nada conduciría la súbita concentración de competencias en un Estado unitario y elefantiásico, que podría ser aún más difícil de manejar y optimizar.

Pero tampoco se puede aplazar eternamente un proyecto de racionalización de competencias y servicios. Las estructuras autonómicas canalizan bastante más de un tercio del gasto público, de modo que volver grupas sobre lo actuado haría temblar los cimientos del edificio institucional. Tampoco es posible plantear a los ciudadanos la opción entre pagar el Estado del bienestar o pagar el Estado de las autonomías, como si uno y otro no tuvieran nada que ver: esa dicotomía es falsa. Servicios públicos esenciales se prestan a través de las autonomías, de modo que pretender una reducción sustancial del gasto en educación o sanidad equivale a cuestionar, en realidad, tales prestaciones o dar el volantazo hacia su privatización.

Asunto distinto es que la emergencia económica del presente exija correcciones urgentes. Un sector de la sociedad demanda la reducción del aparato político de las autonomías, sobre todo de los despliegues en personal o empresas públicas. La demanda se extiende al recorte de tamaño de los Parlamentos, operación aconsejable donde no encubra un ardid para reducir o suprimir el pluralismo. La emergencia exige replantearse también la necesidad de las diputaciones provinciales, la enorme cantidad de ayuntamientos y el número de ediles. Un país de tamaño medio no necesita cuatro niveles administrativos —Estado, comunidad autónoma, provincia, ayuntamiento— sobre todo si duplican servicios. Reducir un 20% de funcionarios y empleados de las administraciones públicas hasta 2020 sería un objetivo realizable sin medidas traumáticas, aparte de las que ya hay en marcha.

Cualquiera que sea el mapa resultante, la clave es asegurar un control muy serio y profesionalizado del gasto público; en el Estado central, desde luego, pero también en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. El rosario de déficits ocultos, impagos o atribuciones de sueldos escandalosos a asesores o altos cargos alimentan la creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política y la tentación populista de desprestigiarla.

Tampoco se justifican las tensiones independentistas. Añadir esa fuente de inestabilidad a la crisis no ayuda a resolver los motivos de descontento esgrimidos y contribuye a ensanchar la zanja de incomprensión. Las quejas desde Cataluña deben ser analizadas conjuntamente. Tiene que ser posible hacer frente a las emergencias y replantearse con calma la cuestión territorial en una futura reforma constitucional. Esa reconsideración sería la oportunidad de revisar la función del Senado, declarado cámara "territorial” desde 1978 pero que nunca ha jugado ese papel, ni recibido cuentas, ni discutido una evaluación precisa de los programas autonómicos.

En todo caso, ninguna operación duradera podrá hacerse sin el consenso y la lealtad entre los principales partidos, a cuya responsabilidad apelamos con firmeza desde estas páginas. A estos efectos, tampoco sería suficiente el consenso entre fuerzas de ámbito estatal: el respeto al espíritu con que se redactó la Constitución precisa también de la participación de los nacionalistas con mayor implantación.

Radicalismo centralizador
Nota del Editor 12  Diciembre 2012

Afirmar que el estado de las autonomías es una fórmula de éxito es totalmente concordante con los intereses de nuestros peores enemigos. Asumir que un estado unitario se convertitía en  elefantiásico, es insultar a los españoles responsables de optimizar los recursos procedentes de sus bolsillos.

Iba a seguir escribiendo, pero este editorial de El País, es tan irracional, ridículo, estúpido e incoherente que no vale la pena, y además para lo que les queda, aun menos.

Rasgose el velo de los tabúes
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 12  Diciembre 2012

Corría el mes de febrero de 2005. La campaña previa al referéndum para la ratificación de la Constitución Europea estaba a punto de proporcionar un momento cumbre. El gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero había contratado al dúo musical “Los del Río” para animar y jalear el voto afirmativo. Ante las cámaras, aire desenfadado, Antonio y Rafael exponían con convicción las razones para otorgar su entusiasta e incondicional apoyo: “Si los políticos más importantes, tanto de izquierdas como de derechas dicen sí, nosotros tendremos que decir que sí. ¿Cómo vamos a decir que no a la Constitución Europea, si no la hemos leído?”.

Aunque algunos tomaran estas declaraciones con agitada mofa y chirigota, no se trataba de ningún disparate o astracanada. Tampoco de una broma copiada del genial Groucho Marx. Los cantantes sevillanos describían, sin intención pero con desparpajo, ciertos rasgos distintivos del régimen político español. Se limitaban a exponer, con extraordinaria crudeza, algo tan familiar que podía palparse en el ambiente. Buena parte de los mitos, tabúes y profundas deficiencias de la democracia española quedaban reflejados en un par de ingenuas pero incisivas frases.

Un pacto implícito: pasividad a cambio de bienestar
Era innecesario leer el texto sometido a referéndum pues los políticos lo hacían por todos, velando supuestamente por los intereses de la población. Se trataba de un pacto tácito, impuesto por las élites, de pasividad política a cambio de bienestar material: una de las piedras angulares del régimen surgido en 1978. El buen ciudadano delegaría sus responsabilidades en la clase política y se limitaría a votar cada cuatro años una lista cerrada y bloqueada. Los gobernantes se encargarían del resto en un marco fuertemente paternalista que, enlazando con la recomendación franquista de “no se meta usted en política”, mantendría a los ciudadanos en una infancia irresponsable y tutelada.

El sistema eludía los debates públicos sobre decisiones políticas o sobre las diversas opciones que se abrían en cada encrucijada. Mediante el dominio de los medios de comunicación de masas, los gobernantes cerraban la discusión argumentando que “era la única opción posible”, “no había otro remedio” o “era obligado desde Europa”. Como máximo, sometían a la deliberación pública los detalles más superficiales, los aspectos más llamativos y mediáticos. Se conformaba así un discurso público que primaba la imagen sobre la sustancia y el morbo sobre el debate en profundidad. En aquel referéndum se trataba de que España fuera el primer país en aprobar la Constitución Europea, con independencia de lo que el texto estableciese. Meses después, otros electores extranjeros bastante menos sumisos la enviarían al baúl de los recuerdos.

Un terrible tabú protegía el sistema constitucional vigente contra todo tipo de crítica. El buen ciudadano podía identificarse con una formación política y criticar vehementemente a otra (participando así en la teatral contienda partidista), pero nunca oponerse a lo consensuado por los partidos mayoritarios. El rechazo a la cerrada partitocracia gobernante, o la crítica del abuso, la arbitrariedad o la generalizada corrupción, eran descalificados como intentos de deslegitimación del sistema, ocultando que la conducta de las élites gobernantes era el principal elemento deslegitimador. Los autores de “Macarena” percibieron esta prohibición y la expusieron sin sonrojo. Huelga decir que el tabú blindaba la Constitución del 78, el Sistema Autonómico o la figura del Rey, entre otros, con amenaza de ostracismo para quien osara quebrantarlo.

También escapaban de lo políticamente correcto las dudas sobre ese inigualable concepto llamado Europa y los recelos ante los dictámenes de sus infalibles gurús. No se trataba de un regreso a la conocida máxima orteguiana de “Europa como solución al problema de España”. Consistía, más bien, en un moderno mito de Europa.

Los mitos han caído; los tabúes se han roto
Siete años después de tan lamentable referéndum, todo aquello destila un sabor antiguo, rancio y apolillado. Los mitos han caído con estrépito, anunciando el final de un régimen. La crisis económica y la incapacidad de los gobernantes para garantizar el bienestar material aceleraron la rotura del nefasto pacto de servidumbre. El velo de los tabúes ha comenzado a rasgarse, dejando al descubierto la podredumbre que ocultaba. Pocos perciben ya a Europa como el cuerno de la abundancia, o el hada madrina, después de que los políticos patrios comenzasen a atribuir la responsabilidad de todas las decisiones impopulares a las presiones de nuestros socios.

La ruptura del monopolio de la información, propiciada por las redes y por la irresistible expansión de los diarios digitales, ha espoleado importantes cambios en la mentalidad de los ciudadanos, reduciendo considerablemente su sumisión ante el poder político. Según las encuestas, un elevado porcentaje no considera ya inmutable la Constitución de 1978, ni cree que el Sistema Autonómico deba mantenerse en su caótico estado actual. Hasta el mito del Rey, sostenido por arcaicos lazos sentimentales, ha caído ante la evidencia racional de que la monarquía sólo es útil cuando su titular mantiene un comportamiento ejemplar. Y ante la comprobación de que, en contra de lo manifestado por el Monarca, en España la ley no es igual para todos: los tribunales no discriminan por el color de la piel pero sí parecen conceder escandalosos privilegios por el color de la sangre.

La actitud de los españoles ha cambiado tanto en los últimos años, que discursos como el de Mariano Rajoy reivindicando la plena vigencia de la Constitución resuenan hoy con estridente disonancia, casi como una cacofonía. Una puerta de esperanza se abre hacia una trasformación que devuelva a los ciudadanos la capacidad de decidir su futuro. Pero, cuidado, en esos momentos críticos surge la prueba más dura, la mayor de las barreras, la argamasa del vergonzante pacto de servidumbre: el miedo a la libertad y a la responsabilidad.

Sobre la calidad democrática
Víctor Andrés Maldonado www.vozbcn.com 12  Diciembre 2012

A la vista de los resultados de las pasadas elecciones autonómicas catalanas, una gran cantidad de ciudadanos creímos en un primer momento que Artur Mas y CiU se darían por enterados de que, por ‘voluntad de un pueblo’ (como rezaba su lema electoral), la tan reclamada “mayoría excepcional” no se había producido y que, por lo tanto, se tomarían un período de reflexión para sacar las conclusiones oportunas. Bien al contrario, y en una pirueta política excepcional, hemos podido comprobar que la lectura hecha es bien diferente, resaltando que ‘la voluntad del pueblo’ les ha transmitido la urgente necesidad de proseguir por la senda del proceso soberanista.

Como es conocido, el establecimiento de un nuevo Estado requiere no sólo de una declaración en tal sentido de las instituciones representativas de dicho territorio (gobierno y/o parlamento), sino también, y sobre todo, su reconocimiento internacional. Según el actual derecho internacional, dicho reconocimiento se puede realizar sea por acuerdo mutuo de las partes (como en la antigua Checoslovaquia), sea en el cuadro de las Naciones Unidas. Bajo este último supuesto, existen dos posibilidades: a) la existencia de una situación colonial (que no es el caso para Cataluña, ya que los territorios bajo dominio colonial están especificados en una lista de la ONU y el único existente en Europa es Gibraltar), o b) una situación donde exista un déficit democrático evidente, es decir, donde no se respeten las reglas democráticas fundamentales y el Estado de derecho y, por ende, el respeto de los derechos de las minorías. Es, en este contexto, donde el desprestigio por parte de determinados políticos nacionalistas hacia la democracia española, cuando insisten en calificarla de baja calidad, cobraría todo su sentido y significación (en el fondo, éste sería el supuesto que sustentaría la creación de Kosovo como estado independiente de Serbia).

En este contexto, ¿en base a qué parámetros podríamos determinar la calidad democrática dentro de España? Esta cuestión tiene también un valor importante a efectos de nuestra pertenencia a la Unión Europea (UE), ya que según lo estipulado en el Tratado de Lisboa, en caso de manifiesto déficit democrático se deberían aplicar las sanciones previstas en el mismo, como ya sucedió respecto a Austria algunos años atrás (cuando la extrema derecha pasó a formar parte de un gobierno de coalición) o como advirtió recientemente respecto a Hungría (en relación a la nueva Constitución aprobada en el país). No podría ser de otra manera, ya que la UE se fundamenta sobre los valores democráticos que forman la quintaesencia de su propia existencia.

En primer lugar, las leyes fundamentales del Estado (incluida la Constitución) contienen los elementos necesarios para definirla como democrática y respetuosa con el Estado de derecho y los Derechos Humanos fundamentales: instituciones representativas, elecciones democráticas periódicas, separación de poderes, independencia judicial, derechos humanos fundamentales tales como la libertad de expresión, libertad de asociación, etc.

En segundo lugar, deberíamos poner nuestra atención en las prácticas existentes dentro del Estado, es decir, si de su funcionamiento podemos deducir elementos que supongan la existencia de un déficit democrático. Aquí es muy importante diferenciar entre el funcionamiento deficiente de las instituciones y del Estado de derecho en general a causa de una voluntad política en debilitarlas e impedir su buen desempeño (por ejemplo, nombramientos de jueces en función de su afiliación política con el fin de influir en las sentencias dictadas por los mismos) y debido a causas ajenas (por ejemplo, la falta de recursos financieros suficientes para su buen funcionamiento, solapamiento de funciones entre distintas administraciones, etc.). Evidentemente, el actual análisis debería concentrarse en la primera causa, si bien en las segundas también podrían encontrarse elementos indirectamente relacionados.

En mi opinión, en el caso del Estado español, los principales elementos de duda se refieren a tres campos fundamentales: el funcionamiento de determinados ámbitos del sistema judicial, el comportamiento de la mayoría de partidos políticos y la extendida existencia de corrupción.

La falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para el nombramiento y renovación del Tribunal Constitucional durante los últimos años ha sido el principal déficit del sistema judicial español. La necesidad de alcanzar un consenso entre ambos para el nombramiento de los magistrados del TC debido al requerimiento de mayorías reforzadas para tal fin, inicialmente introducidas para asegurar la excelencia de los mismos, se ha transformado en un espectáculo muy poco edificante de cambio de cromos por el cual se proponían candidatos más en función de su perfil político que por sus méritos profesionales con la intención de asegurarse interpretaciones de la Constitución lo más acordes posibles con los respectivos postulados ideológicos. Todos conocemos el resultado de dicha situación, con un TC al borde de su funcionalidad durante varios años.

La falta de democracia interna de la mayoría de partidos políticos debería ser otro elemento de preocupación. La inexistencia de elecciones primarias en muchos de ellos para elegir las personas que deberían asumir las responsabilidades de dirigir los mismos (la designación digital de Mariano Rajoy como sucesor de José María Aznar fue más un ejemplo de otros tiempos que de una situación democrática) o encabezar y conformar las listas a presentar en los diferentes procesos electorales no es una buena praxis democrática. Asimismo, el incumplimiento de muchas de las promesas electorales por parte de la mayoría de partidos políticos una vez alcanzan el poder es otro modelo a no seguir. En este apartado deberíamos incluir la utilización de los medios públicos de comunicación por parte de determinados gobiernos (incluidos los autonómicos) con el fin de promover su acción política, abandonando el deber de proporcionar una información objetiva a los ciudadanos.

Finalmente, la existencia de un gran número de casos de corrupción y, en particular, la banalización de los mismos por parte de determinados partidos políticos es una lacra que pone en riesgo la credibilidad y el funcionamiento mismo de las instituciones.

Así que a la pregunta si existe un problema de calidad democrática en España creo que podríamos responder, hasta cierto punto, de manera afirmativa. Sin embargo, en mi opinión, las deficiencias mencionadas no son lo suficientemente importantes como para que la UE pudiera considerar el aplicar algún tipo de sanción según lo dispuesto en el Tratado de Lisboa. En cualquier caso, todos los responsables políticos deberían esforzarse en introducir los cambios necesarios y corregir la situación de deterioro actual. De no ser así, me temo que la desafección de los ciudadanos por el sistema en su conjunto seguirá creciendo, poniendo en peligro su propio funcionamiento.

¿Cuál es la situación de Cataluña a este respecto?
¿El funcionamiento de sus instituciones es reflejo de una calidad democrática fuera de toda duda? Me temo que la respuesta es negativa. En primer lugar, la convocatoria misma de elecciones plebiscitarias con el fin de buscar el apoyo de los ciudadanos de Cataluña al proceso soberanista, abandonando el objetivo fundamental de elegir sus representantes para una acción global de gobierno durante un período de cuatro años, es un elemento que presenta dudas en cuanto a su pertinencia democrática. Particularmente, en medio de una profunda crisis económica, cuando la anterior legislatura estaba a medio camino y la gobernabilidad asegurada. A este hecho, hay que añadir el no asumir el fracaso de esta estrategia.

En este mismo sentido, la práctica democrática en Europa exige que después de la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones, el poder ejecutivo (en nuestro caso el presidente de la Generalidad y su Gobierno autonómico) se limite a la gestión de los asuntos corrientes (es decir, el día a día) del país y no utilice su prerrogativa institucional con el fin de obtener ventaja en el proceso electoral abierto. En mi opinión, éste fue el caso de los viajes de Mas a Rusia y Bruselas. No me extraña que no fuera recibido por ningún responsable político de importancia en ninguno de los dos casos (en particular, en Bruselas).

El contraponer una supuesta “legitimidad democrática” al cumplimiento de la ley y las sentencias de los tribunales de justicia es algo insólito en la Europa occidental que habrá puesto los pelos de punta a más de un responsable político de la UE, pues atenta directamente contra los principios y valores sobre los que se asienta: el respeto al Estado de derecho. Esta actitud, rayana en el caudillismo, es realmente preocupante. Aspirar a quedar en la historia como padre de la patria pasando por encima de las leyes y los tribunales es algo que a muchos ciudadanos nos cuesta aceptar.

En mi experiencia profesional, dentro del ámbito de las relaciones internacionales, este tipo de situaciones sólo suelen producirse en países con regímenes semi-democráticos y autoritarios. Además, creo que muchos de nosotros podríamos concordar con que en Cataluña se produce también, con demasiada frecuencia, una utilización de los medios de comunicación públicos para defender posiciones del partido instalado en la Generalidad convenientemente engrasada con las adecuadas subvenciones a los medios privados afines.

En segundo lugar, si bien desde el restablecimiento de la Generalidad se ha producido una alternancia en el poder (todos recordamos que Jordi Pujol dejó paso al tripartito en 2003 tras 23 años como presidente de la Generalidad), las elecciones autonómicas siempre las gana el mismo partido. Este hecho no es frecuente en otras latitudes del mundo desarrollado (aunque sí lo sea en otras Comunidades Autónomas). Sin embargo, hemos de decir que en otros ámbitos de poder dentro de Cataluña (como en los ayuntamientos) el grado de variabilidad es mayor, lo que sirve indudablemente para oxigear el sistema y reducir el riesgo de consolidación de redes clientelares. En este contexto, se podría añadir la existencia de un cierto regusto por el nepotismo y si no ¿cómo llamar al hecho que Oriol Pujol parece destinado a suceder a su padre (con el período de interregno del actual presidente autonómico)? Pero el caso de CiU no es el único, ya que, por ejemplo, también se ha dado en el PSC con los hermanos Maragall compartiendo gobierno. Desde luego, no hay nada como tener la vocación política y el mérito juntos en los genes familiares.

En tercer lugar, los casos de corrupción no tienen mucho que envidiar a los que se producen en el resto de España: las comisiones por adjudicación de obras (que parecen estar cotizando entre el 3 y el 4%), el caso Palacio, el caso de las ITV, etc. Aquí de nuevo la suerte está repartida, aunque tanto CiU como el PSC parecen haberse atribuido los principales premios. Pero en este apartado, creo importante resaltar el embargo judicial de la sede de CiU para responder a las responsabilidades derivadas: en mi experiencia, un caso insólito en el mundo desarrollado para un partido de gobierno.

Para finalizar, y ante el anuncio de Mas de “internacionalizar el conflicto”, me permitiría sugerir a nuestro presidente autonómico que la próxima vez que vaya a Bruselas no lo haga durante un proceso electoral (la UE no recibe en dichos casos para evitar su utilización espúrea) y hágalo con los deberes hechos; déjese aconsejar por Juan Prat, su delegado en la capital de Europa, con una amplia experiencia en esas lides.

Víctor Andrés Maldonado es economista y experto en relaciones internacionales

Wert desmonta las cinco mentiras de los nacionalistas sobre la nueva Ley de Educación
El ministro ha querido dejar claro que la norma "no pone en cuestión el modelo de inmersión" sino que sigue la sentencia del TC sobre este asunto
 www.lavozlibre.com 12  Diciembre 2012

Madrid.- El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha ofrecido hoy a CiU negociar un acuerdo sobre la reforma educativa que incluya una "nueva fórmula" sobre la enseñanza en catalán que garantice que no se excluya el castellano y que cumpla la doctrina del Tribunal Constitucional.

Wert, que ha hecho esta propuesta en el Congreso durante el debate de una interpelación de CiU sobre la "acción discriminatoria" que el anteproyecto de la LOMCE supone para el modelo lingüístico catalán, ha pedido a CiU que se siente a negociar porque "no se puede encontrar una base de acuerdo para modificar aquello que no se ha comprendido".

Por ello, el titular de Educación ha instado al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, que ha defendido la interpelación urgente, a sentarse "sin prejuicios" para encontrar un mecanismo que dé efectividad al anteproyecto y se ha mostrado convencido de que se tratará una fórmula "libre y eficaz".

Wert ha apostado como única salida por establecer unas bases "duraderas y sostenibles" para que la convivencia lingüística y social tenga el arraigo que se merece en Cataluña.

Por su parte, Duran, que no ha respondido a la oferta de una negociación, ha advertido al ministro de que "habrá resistencia activa de la comunidad educativa" y ha asegurado que el asunto es "eminentemente político" ya que cuando el Gobierno precisó del apoyo de CiU para gobernar "no se cuestionó el sistema".

Duran i Lleida ha asegurado que el anteproyecto de ley suponía "el peor ataque desde el franquismo al catalán" y ha insistido en que desde 1978 "no se había menospreciado tanto la lengua catalana como en el texto que motiva esta interpelación".

"Ningún Gobierno -ha dicho- ha lanzado una ofensiva como la practicada por ustedes con el anteproyecto de ley respecto al catalán".

El portavoz de CiU ha querido transmitir al ministro que la escuela catalana "no es una factoría de independentistas sino una garantía de cohesión social, y eso es lo que está en peligro".

Duran ha recordado que el modelo escolar de Cataluña no se cuestionó por el expresidente José María Aznar "cuando hablaba catalán en la intimidad" ni cuando el PP necesitó el apoyo de CiU para gobernar pero "ahora sí lo cuestionan". Duran ha remarcado al ministro que "la lengua no es negociable".

Finalmente, el diputado de CiU ha instado al ministro a retirar su proyecto o presentar su dimisión.

En su intervención, el ministro ha alertado de que el modelo se basa "en una farsa contada sobre cinco mentiras".

Wert ha relatado estas cinco mentiras y ha asegurado que, en ningún momento, el anteproyecto ataca al modelo lingüístico de Cataluña, trata al catalán con desprecio, invade el espacio de la comunidad autónoma, impone el castellano forzoso o aplica una política discriminatoria hacia Cataluña.

El ministro ha querido dejar claro que la norma "no pone en cuestión el modelo de inmersión" sino que sigue la sentencia del TC sobre este asunto que marca un modelo conforme a la Constitución.

El titular de Educación ha recordado que según la sentencia del Constitucional es legítimo que el catalán sea el centro de gravedad del modelo de bilingüismo pero sin excluir el castellano como lengua docente, que deberá tener garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma.

Además, ambas lenguas deben ser reconocidas por los poderes públicos como vehiculares.

No obstante, en el transcurso de la intervención Wert ha reiterado en varias ocasiones la predisposición del Gobierno a encontrar "cualquier fórmula" que satisfaga a CiU pero también que cumpla su objetivo.

"Con buena voluntad no hay barreras. Vale la pena intentarlo si somos capaces de encontrar una fórmula", ha insistido.

Cataluña
Wert desmiente a Rigau: el catalán será obligatorio y la Generalidad fijará sus contenidos, horarios y evaluación
Ni cuarta lengua, ni optativa, ni residual. El Ministerio de Educación responde a las críticas lanzadas por partidos y entidades nacionalistas que denunciaban un supuesto menosprecio hacia el catalán en el borrador de la LOMCE.
Redacción www.vozbcn.com 12  Diciembre 2012

‘No es cierto que [el borrador del proyecto de] la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) haga que el catalán sea la cuarta lengua en la escolarización de los niños, ni que el alumnado pueda obtener las titulaciones de ESO y Bachillerato sin examinarse de la asignatura de catalán’.

Así lo ha asegurado este martes el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, respondiendo a las afirmaciones lanzadas en las últimos días desde partidos y entidades nacionalistas en contra de la futura LOMCE que, eso sí, prevé que el castellano también sea lengua vehicular junto al catalán para cumplir lo ordenado por media docena de sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Los bloques responden a qué Administración es competente
En una ‘nota aclaratoria’ emitida por la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades se afirma ‘rotundamente’ que ‘el catalán forma parte de la riqueza cultural española y es un tesoro que hay que conservar’, y se rechaza que haya ningún menosprecio hacia esta lengua por situarla en el bloque de asignaturas ‘de especialidad’, puesto que la distribución de las asignaturas en los diferentes bloques responde a qué Administración tiene la competencia sobre cada una de ellas. ‘La clasificación propuesta no está relacionada con la importancia de las asignaturas’, subraya.

El Ministerio señala que ‘el establecimiento del currículo de la asignatura Lengua Cooficial y Literatura en Cataluña se reserva íntegramente a la Generalidad, lo que supone que será el Gobierno autónomo el que determine el currículo en su integridad, los objetivos de la asignatura, los horarios, los criterios de evaluación, la metodología, etc’. ‘Esta asignatura se ha situado en el bloque de asignaturas de especialidad precisamente porque es, en este bloque, en el que las competencias de las CCAA operan plenamente’, añade la nota.

El catalán seguirá siendo obligatorio
El comunicado explica que ‘tampoco existe la posibilidad de que un alumno pueda obtener su titulo sin haber acreditado conocimientos suficientes en esta asignatura, dado que se trata de una materia evaluable’.

E indica que la evaluación de la asignatura de catalán ‘se hará de forma simultánea al resto de las asignaturas y tendrá el mismo tratamiento que, por ejemplo, la Lengua Castellana y Literatura, si bien los criterios de evaluación serán fijados por la Comunidad Autónoma’. ‘Además, a lo largo de todo el texto del anteproyecto se hace referencia a ambas asignaturas (Lengua Cooficial y Literatura, y Lengua Castellana y Literatura) en total paridad‘, concluye.

El Ministerio ha desmentido de esta forma las afirmaciones realizadas en los últimos días por la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, quien había asegurado que el borrador de la LOMCE situaba la asignatura de catalán como optativa, por lo que “podrías tener el título de ESO y de Bachillerato sin examinarte de catalán”. Rigau también había denunciado que el anteproyecto de ley preveía menos horas lectivas para la lengua cooficial, “dejando residualmente la enseñanza del catalán”, lo que finalmente se ha demostrado que no es cierto.

"Lamentablemente"
Duran admite que "la mayoría de los niños" habla castellano en el recreo
En su alegato contra Wert, al nacionalista se le ha escapado cuál es la realidad en Cataluña.
libertad digital 12  Diciembre 2012

De entre la catarata de críticas de la oposición a Wert por la reforma educativa, en especial desde los escaños nacionalistas, destacan las palabras de Josep Antoni Duran i Lleida.

El portavoz de CiU, tras ensalzar el actual modelo lingüístico en Cataluña y afirmar que es lo que pide la sociedad en la región, ha explicado un aspecto de la realidad catalana que pocos nacionalistas reconocen. Cuando decía que el castellano no corre peligro por la inmersión, ha lamentado que "incluso en la escuela catalana, en el recreo, muchas veces la lengua mayoritaria sigue siendo lamentablemente el castellano".

Duran reconocía así implícitamente cómo en la práctica muchos niños que son obligados a estudiar en catalán tienen el castellano como lengua materna y es el idioma que eligen cuando tienen libertad para hacerlo.

El falso debate sobre la inmersión lingüística
La reforma en absoluto quiere reducir el peso de la enseñanza en catalán
MONTSERRAT GOMENDIO  www.lavozlibre.com 12  Diciembre 2012

Madrid.- La secretaria de Estado de Eduación, Montserrat Gomendio, publica este miércoles un artículo en el diario 'El País' en el que, bajo el título 'El falso debate de la inmersión lingüística', niega que la reforma educativa que prepara el Gobierno quiera reducir en absoluto el peso de la enseñanza en catalán, Por su interés, reproducimos íntegramente el texto:

Tras la presentación a las comunidades autónomas del nuevo borrador del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se ha generado un intenso debate sobre el tratamiento de la lengua castellana y las lenguas cooficiales. La consejera catalana, después de abandonar la reunión sectorial por considerar “innegociable” el tema de la lengua cooficial acusó, ante los medios, al equipo del ministerio de atacar el modelo de inmersión lingüística de Cataluña y pretender disminuir la relevancia del catalán en la escuela.

Estas acusaciones se han multiplicado de forma exponencial en los medios de comunicación, transmitiéndose así la idea de que la reforma educativa tiene como uno de sus objetivos “ideológicos” dañar o acabar con un modelo educativo que se considera un éxito en Cataluña y que representa mucho más: una señal de identidad. Sobre esta base, la reforma educativa ha sido calificada de sectaria, recentralizadora, fanática, neofranquista; y de representar un ataque sin precedentes a las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la educación, tan importante para los nacionalistas.

La capacidad de generar un debate de tal magnitud revela un problema de fondo muy grave: la facilidad con que la manipulación y la distorsión de la realidad con fines políticos se acepta, sin el menor esfuerzo por conocer los hechos objetivos, cuando se apela a un victimismo histórico que sigue despertando pasiones. De esta forma, se crea una caricatura de la realidad que a continuación es duramente criticada, alimentando así en la opinión pública la imagen de un monstruo voraz frente al cual no cabe otro posicionamiento que el ataque o la postura defensiva. Dicha estrategia resulta muy efectiva desde el punto de vista del impacto mediático, pero no contribuye en nada a un debate constructivo al desplazar el centro de atención de las cuestiones reales a otras imaginarias.

La propuesta del ministerio se basa en sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que ponen de manifiesto la necesidad de garantizar el derecho de los alumnos a elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. De acuerdo con el contenido de dichas sentencias, se reconoce que, a lo largo del proceso de normalización lingüística, las comunidades autónomas con lenguas cooficiales podrán discriminar positivamente a favor de la lengua cooficial. Tan solo define un límite: la discriminación a favor de la lengua cooficial no puede suponer la exclusión del castellano.

No excluir al castellano es el único límite a la discriminación positiva a favor de la lengua cooficial

Este límite ha sido reconocido, de forma reiterada, en las sentencias mencionadas, pero en el caso de Cataluña no se ha hecho efectivo el ejercicio de dicho derecho. Es por ello por lo que se ha introducido, como novedad, un mecanismo de actuación en caso de que, como ya ha anunciado el Gobierno catalán, se incumpla la ley. Este mecanismo contempla la posibilidad de que, cuando la Administración educativa no respete el derecho de los alumnos a escoger el castellano como lengua vehicular, puedan acudir a un centro privado y el coste sea sufragado por la comunidad autónoma. Siendo verdad que en tiempos de crisis económica esta opción resultaría particularmente lesiva a las arcas del Ejecutivo autónomo, no lo es menos que, por la misma razón, resulta un elemento disuasorio importante frente a una potencial actitud de insumisión.

Es fundamental aclarar que Cataluña es una excepción a la regla general, pues solo oferta el modelo de inmersión lingüística que discrimina a favor del catalán, excluyendo al castellano como lengua vehicular. El resto de las comunidades autónomas han elaborado modelos que integran a las dos lenguas cooficiales: bilingües, en los que se reparten las materias que se enseñan entre ambas lenguas e incluso, cada vez más, plurilingües, donde se integra una tercera lengua, extranjera. El País Vasco y Navarra, además de estos modelos, ofertan inmersión lingüística, lo que en la práctica representa la convivencia de una variedad que garantiza la pluralidad de la oferta.

Otra de las críticas al borrador presentado por el ministerio es que la importancia relativa de la lengua cooficial se rebaja al no ser considerada asignatura troncal. Uno de los principales objetivos de este anteproyecto de ley es definir claramente cuáles son las competencias del Estado, de las comunidades autónomas y de los centros, una asignatura pendiente desde que las competencias de la gestión de la educación fueron transferidas. En la actualidad, los porcentajes de los contenidos asociados a la carga lectiva de cada asignatura se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas, lo que en la práctica es difícil de medir y ha generado problemas en asignaturas donde los contenidos definidos dentro de cada margen competencial resultaban contradictorios entre sí.

Se propone, pues, un cambio de modelo, donde las asignaturas se reparten en bloques dependiendo de a quién correspondan las competencias, pero que de ninguna forma representan una jerarquía de importancia. Las asignaturas denominadas troncales son aquellas en las que el Estado define los contenidos y diseña las evaluaciones de final de etapa, aquellas comunes a todos los alumnos españoles. Las asignaturas específicas son en las que el Estado establece los estándares de evaluación y diseña las evaluaciones finales, pero la definición de contenidos corresponde a las comunidades autónomas. En las asignaturas de especialidad, a la que pertenecen las lenguas cooficiales, la comunidad autónoma define totalmente los contenidos. La importancia que les corresponde a las lenguas cooficiales radica en el hecho de que serán evaluadas por las comunidades autónomas y tendrán la misma consideración que el resto de asignaturas con vistas a la superación de la prueba de evaluación a nivel nacional y, por tanto, requisito necesario para la obtención del título de ESO y de bachillerato.

Las evaluaciones externas a nivel nacional son motivo de preocupación para el Gobierno catalán, pero este punto de desencuentro no ha sido aireado públicamente como parte del debate. Son ya muchas las experiencias internacionales que demuestran que este tipo de evaluaciones conducen a una mejora rápida de los resultados de los alumnos.

La propuesta del ministerio en absoluto quiere reducir el peso de la enseñanza en catalán

Es difícil, pues, entender la aversión que existe en Cataluña a que sus alumnos sean evaluados con los mismos niveles de exigencia que el resto, pues es de sobra conocido el impacto tan positivo que pruebas como PISA han tenido sobre los sistemas educativos.

Es, pues, rotundamente falso que la propuesta presentada por el ministerio tenga como objetivo modificar en modo alguno el sistema de inmersión lingüística o disminuir el peso relativo de la enseñanza en catalán. El debate real es saber si el Gobierno catalán va a garantizar el derecho a elegir el castellano como lengua vehicular. Dentro de un proceso de negociación y debate, plantear de forma unilateral cuáles son los temas innegociables sin escuchar al resto de las comunidades autónomas, manifestar públicamente la negativa a aplicar una ley que aún está en fase prelegislativa y desviar el debate de los temas centrales hacia cuestiones demagógicas, representa una falta de respeto a las normas de convivencia democrática. Las reacciones extremadamente polarizadas, tanto de los que se suman a la crítica radical como de aquellos que consideran esta propuesta un acto heroico, son, en mi opinión, un triste reflejo de la inmadurez de nuestro sistema democrático. La reforma de la educación debería ser objeto de un debate informado y sensato.

Los buceadores
Nota del Editor 12  Diciembre 2012

Como el PP defiende la inmersión lingüística, que como poco consiste en que los alumnos español hablantes sufran la mayor  parte de la enseñanza en la lengua regional, y les sea exigido su conocimiento con mayor profundidad que el español (discriminación positiva),  a todos los padres español hablantes que andan por las regiones con lengua regional "propia" y por tanto con el español como lengua "impropia", tenemos que aconsejarles que doten a sus hijos de un equipo de buceo para aguantar la larga inmersión que a este paso tambien alcanzará a sus nietos, biznietos y así.

Y luego se les llena la boca con la Constitución, los derechos humanos, la libertad, la eficacia, la transparencia y muchos los bolsillos con la corrupción.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Ternera, peor que el Faisán
EDITORIAL Libertad Digital 12  Diciembre 2012

Este martes se ha cumplido el 25 aniversario de la masacre en la casa cuartel de Zaragoza, uno de los más salvajes atentados perpetrados por la banda terrorista ETA, en el que fueron asesinadas 11 personas –entre ellas cinco niñas– y resultaron heridas 88, dos de las cuales eran mujeres embarazadas que también perdieron a sus hijos en gestación.

El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha querido acompañar a las asociaciones de víctimas en tan emotivo aniversario asegurándoles que todos los etarras serán perseguidos y detenidos "se encuentren donde se encuentren". Es muy de agradecer este gesto del ministro, así como que, en esta ocasión, no nos haya salido con que su objetivo es la "autodisolución" de ETA o circenses "entregas de armas".

Ahora bien, si nos hemos de creer la disposición del ministro del Interior a cumplir activamente con su deber legal de perseguir a todos los terroristas y delincuentes "sin excepciones", hemos de advertir que unos de los principales inductores de ese bestial atentado en Zaragoza fue Josu Ternera, con quien el anterior presidente del Gobierno mantuvo contactos a través del dirigente del PSE, Jesús Eguiguren.

Mucho se ha hablado, aunque nunca lo suficiente, del delito de colaboración con banda armada en el que incurrieron los policías que, en el bar Faisán, alertaron a los miembros del aparato de extorsión de la banda de que estaban siendo vigilados por orden del juez Grande Marlaska. Pero peor aun y mucho más ignorado es este otro infame capítulo de la paz sucia de Zapatero, en el que los miembros del gobierno socialista, empezando por su presidente, faltaron activamente a su deber, en favor de Josu Ternera, del "deber de perseguir delitos y sus responsables", omisión del deber tipificada como delito en el artículo 408 de nuestro supuestamente vigente Código Penal.

A pesar de que desde 2002 pesaba contra Josu Ternera una orden del Tribunal Supremo de búsqueda y captura precisamente por su imputación como inductor de la masacre que hoy recordamos, el secretario general del PSE no tuvo empacho en reunirse en repetidas ocasiones con este cabecilla de la banda terrorista y, entre cafetito y cafetito, transmitirle los mensajes del presidente del Gobierno. Y esto lo sabemos por el propio Eguiguren, quien lo ha confesado en libros y entrevistas.

Por todo ello, antes que nada, tenemos el derecho y el deber de preguntar al actual ministro del Interior si puede prometer por su conciencia y honor que ignora el actual paradero de este sanguinario terrorista. Y si lo ignora, preguntarle también si ha requerido información sobre este asunto a su antecesor en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Ejemplar" fue el calificativo que empleó Fernández Díaz, hace ahora un año para referirse a la gestión de sus antecesores socialistas, de quienes dijo también "para que lo sepa todo el mundo, que me consta que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho".

Pues bien. Esperemos que el actual ministro del Interior sea algo más que "ejemplar" en su anunciado objetivo de detener y enjuiciar a Ternera. Algo más de lo que lo ha sido a la hora de detener a los autores del chivatazo del Faisán.

La herencia de los GAL
José Luis Manzanares www.republica.com 12  Diciembre 2012

Los asesinatos y secuestros del GAL no sólo fueron terrorismo de estado en su versión más chapucera sino también una tremenda equivocación por sus previsibles consecuencias. Aunque según el Felipe González nunca habría pruebas de la implicación de su Gobierno en tales crímenes, las hubo hasta el extremo de que el Tribunal Supremo condenó por ellos a su Ministro del Interior y a algún otro cargo de ese departamento. El lector es muy libre de pensar lo que estime oportuno sobre si resulta creíble o no que dichas personas actuasen por cuenta y riesgo propios, confiando en que el presidente nunca se enteraría de sus arriesgadas apuestas por el bien del país.

La verdad es que el juez instructor, Baltasar Garzón, insistió una y otra vez en colocar una X por encima de quienes acabaron en la cárcel de Guadalajara entre muestras de afecto de muchos correligionarios, entre los que destacaba quien más motivos tenía para indignarse con los que habían traicionado su confianza. En su opinión -mantenida hasta hoy- la sentencia habría sido un enorme error de una justicia escasamente fiable, cuando no interesadamente tuerta. Lástima que las críticas no fueran acompañadas de alguna posible alternativa en la autoría directa e indirecta de unos crímenes cuya existencia ya nadie, ni siquiera el entonces presidente del Gobierno, se atreve a negar.

El recuerdo de aquel triste episodio, negación absoluta de un Estado de Derecho, me ha venido a la memoria porque el reciente homenaje del PSOE a Felipe González coincidió con los organizados por BILDU en San Sebastián para honrar a “todas las víctimas del terrorismo”. Se comprende y comparte la indignación de quienes han sufrido el terrorismo etarra, pero aquella formación política no ha hecho sino degustar a su debido tiempo los frutos servidos en bandeja muchos años atrás. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, como escribió Tirso de Molina en “El burlador de Sevilla”, y ahora nos toca contemplar, impotentes, esa equiparación de víctimas como si hubiera habido dos facciones en guerra.

Casi mil muertos inocentes frente a diez o veinte inocentes también, pero en compañía de cuantos terroristas etarras fueron justamente condenados, huyeron al extranjero o murieron porque el artefacto explosivo que portaban cumplió su misión a destiempo. Los números quedan en un segundo lugar y ya se encargará de engordar los suyos el entorno de ETA. Ahora comprendemos mejor lo que aquel terrorismo de Estado supuso en términos políticos y hasta de dignidad o indignidad nacional. Aquí nadie tuvo los reaños suficientes para seguir el ejemplo de Margaret Thatcher con los miembros del IRA muertos en Gibraltar, cuando dio un paso adelante y asumió todas las responsabilidades.

Valga terminar recordando la ocasión perdida por un conocido periodista para hacer la pregunta del millón en una entrevista a Felipe González. Acababa de declarar éste que se había enterado de todo por la prensa, pero el entrevistador se guardó mucho de preguntarle seguidamente por lo que hubiera hecho después para descubrir a los criminales y ponerlos a disposición de la justicia. Eso se llama libertad de información e independencia del informante.

La corrupción legalizada (2)
Joan Tubau www.gaceta.es  12  Diciembre 2012

Todo es una farsa. Políticos, banqueros y economistas del establishment controlan el juego.

No es casualidad que los casos de corrupción se concentren en los municipios, los alcaldes españoles son los nuevos caciques. Manuel Bustos imputado finalmente por un delito contra la administración pública. Preguntado por una suite de lujo pagada con dinero de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Bustos respondió que no quedaban habitaciones convencionales libres. Conducta ejemplar de un político que tenía a media familia trabajando en el Ayuntamiento. Pero el dinero robado son las migajas del banquete, la corrupción legalizada es el verdadero cáncer de la economía. Perdonar multas de tráfico y cobrar un 3% en las concesiones es una cuestión menor, impugnar el correcto funcionamiento del mercado es el verdadero problema.

El Ayuntamiento de Sabadell gestiona en 2012 un presupuesto de 171 millones de euros; ninguna auditora firma sus cuentas. El consistorio dilapida 333.997 euros en “Innovación e Industria”, 277.112 euros en “Dinamización y Promoción Comercial” y 342.575 euros en “Servicio de Tecnologías y Ciudad del Conocimiento” (sic). Perdone que sea yo quien tenga que decírselo señor Bustos, Sabadell no será Silicon Valley. Con presupuestos públicos en I+D, la ineficiencia está asegurada. Ni innovaron, ni dinamizaron, ni generaron conocimiento. Los empresarios crean, los políticos destruyen. Gestionaron la oferta de pisos y formaron la burbuja, abrieron oficinas de empleo y la tasa de paro supera el 25%. Parece que no quieren entenderlo: la Generalitat seguirá ofreciendo un programa para aumentar las exportaciones de las empresas catalanas (ACC1Ó). Un gobierno mejora la competitividad cuando reduce impuestos, flexibiliza el mercado laboral y elimina empresas públicas. Si ACC1Ó quiere ayudar sólo tiene que desaparecer.

Todo es una farsa. Políticos, banqueros y economistas del establishment controlan el juego. Los lobbies dirigen hoy la economía: los sindicatos persiguen la subvención, la patronal sólo busca el favor político. El Estado y su capitalismo de coleguillas, privatizar significa regalar empresas a los amigos de Moncloa. Aquellos empresarios que sí quieren generar valor no pueden operar en el nuevo mundo globalizado, la sobre regulación impide competir con los países asiáticos. Un mercado laboral rígido frena el talento de los jóvenes. Justicia politizada, indultos a policías. Ministros de Hacienda rescatando a bancos, bancos perdonando deudas a partidos. Algunos economistas justifican la farsa mientras los ciudadanos seguimos pagando la fiesta. Nada funciona en una España—y esta es la peor parte—que podría ser eficiente si los políticos impulsaran medidas valientes, la gente quiere trabajar pero el marco actual (salario mínimo, regulación horaria, etc.) frena el crecimiento.

La pérdida de confianza entre inversores—nacionales e internacionales—está asegurada. ¿Quién invertiría en la España de Rajoy? El dinero vuela hacia países más seguros. Los universitarios emigran en busca de oportunidades, Singapur espera a los licenciados nacionales. Sin el talento de los creadores, el sistema no podrá pagar las rentas de los parásitos. La economía es cuestión de incentivos. África empieza a crecer porque la corrupción es cada día menor, los jóvenes creen por vez primera en un futuro dentro del país. Sin trampas gubernamentales, los empresarios deciden invertir en el continente negro. España sigue el camino opuesto: los incentivos premian el oportunismo del corrupto y el mercado colapsa. Necesario establecer un sistema judicial eficiente—reglas claras e iguales para todos—y vigilar de cerca a los nuevos legisladores. Si la partida es limpia, el capitalismo funciona. Pero los políticos controlan hoy el mercado, el juego está trucado.

Twitter: @JoanTubau

Catalán, castellano e inglés
Francesc de Carreras La Vanguardia  12  Diciembre 2012

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Otra vez en Catalunya se ha suscitado el enésimo debate sobre la inmersión lingüística en la escuela. La inmersión en una lengua es la mejor manera de aprenderla. De eso no hay duda. Pensemos: ¿cuándo aprendimos nuestra lengua materna? En los primeros años de vida, sin darnos cuenta, inmersos en el lenguaje familiar. Aprendemos la lengua materna con la misma facilidad con la que aprendemos a caminar. Pero en familia sólo alcanzamos el lenguaje hablado más elemental. Después se debe perfeccionar aumentando el léxico, conociendo las normas de ortografía y sintaxis, aprendiendo a redactar y a escribir. Esta es la tarea de la escuela.

La polémica se enturbia en Catalunya al confundirse dos conceptos distintos, la inmersión y la lengua vehicular. La lengua vehicular es la que se utiliza en la escuela o instituto para las actividades docentes y no docentes, en las aulas y fuera de ellas. La inmersión, como hemos dicho, es simplemente un método para aprender una lengua que se ignora. Por tanto, no sólo son conceptos distintos, que no deben mezclarse, sino que, además, ambos tienen distintas funciones que cumplir.

Para el niño que llega a la primera enseñanza sin saber catalán, la inmersión, aplicada con sentido común para que el alumno no se bloquee y también comprenda el contenido de las asignaturas, es la mejor manera de aprender catalán: una lengua se aprende practicándola. Pero para el niño de lengua familiar catalana, la inmersión en esta lengua pierde su función porque, a nivel elemental, ya la ha aprendido en casa. Más bien lo que quizás le interesaría, por lo menos en determinados casos, es una inmersión en castellano.

Ahora bien, para dar una solución práctica a todo ello hay que tener en cuenta otro factor: el catalán y el castellano son lenguas muy parecidas, es muy fácil para quien conoce la una aprender la otra. Por esto no tiene sentido en Catalunya la separación en aulas distintas: una y otra lengua deben ser utilizadas en la misma aula sin problemas graves de comprensión. En consecuencia, todo es fácilmente solucionable empleando la inteligencia y el sentido común, dejando de lado sectarismos y fundamentalismos.

Si el modelo actual, mal llamado de inmersión, no ha ocasionado graves problemas, es debido a que la ley no se aplica en sus estrictos términos -a todas luces inconstitucionales e irrazonables- sino que, en general, en escuelas e institutos, la han ido adaptando a la realidad sociolingüística de los alumnos. Por ello creo que es conveniente una nueva normativa que, en consonancia con una jurisprudencia constitucional que tiene su origen en una lejana sentencia de 1994 -no en la sentencia del Estatut-, se traslade a la ley lo que ya se da muchas veces en la práctica, es decir, tomar las medidas necesarias para que se cumplan los objetivos que se pretenden: que los alumnos acaben los estudios obligatorios dominando catalán y castellano.

Sostener, como hace la actual ley de educación aprobada por el Parlament, que el catalán es la única lengua vehicular, a lo que conduce es a que la ley se incumpla por parte de los profesores razonables -que priman lo pedagógico sobre lo identitario- y que se aplique estrictamente por quienes son unos fundamentalistas del catalán como lengua única, lo cual deja indefensos a padres y alumnos, creando en las escuelas el riesgo de la arbitrariedad.

La función de toda ley debe ser siempre la defensa de los débiles y para ello debe asegurar en lo posible la igualdad en su aplicación, aunque en muchos supuestos tenga que dejar un margen de discrecionalidad para quien la aplique, en este caso el centro educativo, el cual debe decidir, dentro de unos determinados límites, el porcentaje de asignaturas que se impartirán en una y otra lengua, según las necesidades de los alumnos.

Más difícil de solucionar es el verdadero problema lingüístico en las escuelas: el aprendizaje del inglés. Sabemos perfectamente que hoy en día, para desenvolverse adecuadamente tanto en el campo social como en el profesional y del conocimiento, es necesario saber inglés. Para que la educación primaria y secundaria cumpla con su función social de dar igualdad de oportunidades a todos, el aprendizaje del inglés es imprescindible. El conocimiento generalizado del inglés es el que de verdad se necesita para lograr una mayor cohesión social. Por costumbre, seguimos considerando al inglés como una lengua extranjera pero, en realidad, ya deberíamos estimarla como propia.

Para aprender inglés, la inmersión es el método más adecuado. No se trata de aumentar las horas de lengua inglesa, se trata de que, desde pequeños, a los niños se les hable progresivamente en esta lengua en todo tipo de asignaturas y en actividades fuera del aula. Muchos se muestran de acuerdo con ello pero poco se hace, especialmente en la escuela pública, el principal instrumento de cohesión social. No es sencillo solucionarlo: hay que tener un profesorado preparado para ello. El camino de cien lenguas comienza con un primer paso, decía Lao Tse. Quizás hemos dado un primer paso, pero no muchos más. Este es el verdadero problema de la lengua en la escuela.

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Galicia Queremos Galego inicia hoy las protestas para exigir que se derogue el decreto de la lengua
Piden la elaboración de otra norma que parta del Plan de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad en el Parlamento en el 2004
santiago / la voz 12  Diciembre 2012

A las doce del mediodía de hoy, día doce del 2012, comienza el calendario de movilizaciones de la plataforma Queremos galego para exigir la derogación del decreto del plurilingüismo y del anteproyecto de la LOMCE, y la elaboración de otra norma que parta del Plan de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad en el Parlamento en el 2004.

Antes de la concentración, que simbólicamente se celebra a las 12 del 12/12/2012, los miembros de la plataforma entregarán un escrito en el Rexistro xeral de la Xunta. El portavoz del BNG, Guillerme Vázquez, ya anunció que acudirán a la movilización. Este es el primero de una serie de actos que incluirán una manifestación el próximo mes de enero.

Precisamente ayer el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, aseguró que se buscará la mejor solución al decreto del plurilingüismo, aunque el conselleiro explicaba que no se ha decidido aún si se acatará la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza sobre el decreto o se recurrirá. García realizó estas declaraciones durante la presentación de una nueva herramienta de fomento del gallego entre los más pequeños, un juguete electrónico llamado A cidade de Cenorio, dirigido a niños de tres a seis años.

Desestiman el octavo recurso

El octavo recurso presentado contra el decreto, el de la Mesa por la Libertad Lingüística junto con AGLI, fue desestimado por el TSXG al igual que el de Galicia Bilingüe. Los otros cinco fueron estimados parcialmente, anulando el carácter vinculante de la consulta a los padres y la libertad del alumno para utilizar de forma oral y escrita la lengua cooficial que prefiera

Sánchez-Camacho: 'Queremos unas aulas que hablen en catalán y en castellano'
Afirma que la LOMCE garantiza la "proporcionalidad razonable" de castellano y catalán y propone un cambio de denominación en las asignaturas de especialidad
Europa Press  www.lavozlibre.com 12  Diciembre 2012

Madrid.- La líder del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, destaca que el proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) garantiza la "proporcionalidad razonable" de castellano y catalán, y que la Generalitat es la que tiene la competencia de definir esta proporcionalidad. "Lo que queremos son unas aulas que hablen en catalán y en castellano", ha dicho.

En este sentido se ha manifestado Camacho tras reunirse este miércoles en el Congreso de los Diputados con el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, en un encuentro en el que la líder de los populares catalanes le ha entregado un documento con una serie de aportaciones para el proyecto de reforma educativa.

Entre las propuestas, según ha apuntado, destaca el cambio de denominación de las asignaturas de especialidad, para las que propone que se establezca una denominación "más adecuada" como propia o autonómica, y que la nomenclatura no sirva como pretexto para afirmar que el catalán es una lengua de especialidad.

"Algunos partidos se excusaban en esto para decir que el catalán se ha convertido en lengua de especialidad y no es verdad. Es evaluable y obligatoria en todas las etapas de esta ley", ha afirmado la dirigente popular, que ha acusado de mentir al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

Según ha afirmado, el PP catalán siempre ha apoyado esta reforma, ya que la considera "muy positiva" para luchar contra el fracaso escolar, y ha recordado que lo que han cuestionado al ministro es que no se les hubiese trasladado con anterioridad, no el contenido del proyecto, que defiende lo mismo que siempre ha hecho el PP desde Cataluña, un modelo de bilingüismo integrador en catalán.

PIDE A MAS QUE RECTIFIQUE
Por ello, Camacho ha indicado que espera que el Govern "rectifique" en sus posiciones, por lo que ha emplazado al Gobierno de la Generalitat a que acepte la oferta de diálogo y mano tendida del Ejecutivo central.

Camacho espera que la consejera Rigau acuda a la reunión sectorial de Educación, que tiene lugar el próximo miércoles, y que el Govern modifique su actitud de "manipulación, engaño y tergiversación" de la realidad del contenido de la Ley.

En su opinión, estas "manipulaciones y tergiversaciones de CiU pueden deberse a una táctica para evitar hablar de su fracaso electoral y de los posibles pactos que puede mantener con ERC, y su objetivo de lograr un referéndum en Cataluña".

Asimismo, Camacho ha lamentado que Mas celebre "una cumbre urgente para atacar al Gobierno", en alusión a su convocatoria a los partidos para hacer un frente común contra el borrador de la Ley, cuando, en su opinión, debería trabajar con el Ejecutivo desde la lealtad y la cooperación.

Finalmente, ha asegurado que en este proyecto, el modelo vehicular y educativo catalán obtiene rango de ley por cumplimiento de sentencias, y que quien afirme que el modelo segrega a los alumnos catalanes en diferentes aulas "actúa de mala fe, porque es radicalmente falso".

El PP con la normalización de los anormales (según ellos todos los español hablantes)
Nota del Editor 12  Diciembre 2012

Si en algún momento otorgó su voto al PP, no se deje atormentar por el remordimiento, espere a la próxima oportunidad para darles su merecido. Al PP le importa un comino el idioma español, lo han demostrado en todos los tiempos y autonomías, lo que quieren es nadar entre aguas para conseguir votos y como creen que defendiendo la imposición de las lenguas regionales ganan mas, en eso andan.

Hoy, en el congreso, un diputado nacionalista atacaba al ministro Wert diciendo que no iba a permitir que les quitase el catalán a sus hijos, el muy miserable habla del catalán de sus hijos, que a los demás ni nos va ni nos viene, en vez de decir la verdad: no quieren permitir que los hijos de los demás puedan estudiar en español y seguir imponiéndoles el conocimiento del catalan, lo que es claramente anticonstitucional y conculca tambien sus derechos humanos.

Pide que se haga el referéndum separatista
La subvencionada Òmnium Cultural pide la 'insumisión' a la Ley Wert
ÁLVARO J. MEDINA www.gaceta.es 12  Diciembre 2012

La plataforma que recibe grandes cantidades de dinero público, 1,43 millones en la última partida, se queja de cómo el Gobierno de España se ha gastado los impuestos de los españoles. Exige que las escuelas no apliquen el bilingüismo.

La subvencionada (1,43 millones de euros en la última partida recibida) plataforma Òmnium Cultural, que defiende que el bilingüismo -español y catalán- no se imparta en la escuela pública catalana exige la insumisión de los colegios si finalmente el borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, LOMCE, presentada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, no se modifica. Así, la presidenta de esta organización nacionalista, Muriel Casals, afirma que esta ilegalidad sería ser "leal a las instituciones propias del país -en referencia a Cataluña-".

Sobre la cumbre que se celebrará hoy en Barcelona con los partidos que defienden la inmersión lingüística, Casals pide que se invite a la CUP para que el movimiento catalanista tenga más fuerza.

Asimismo, asegura que "el Gobierno de España ataca con leyes, como las de Wert, porque ve que el camino catalán hacia el Estado propio es serio y plausible" y añade que "la cumbre de hoy nos dará fuerza para seguir aplicando nuestra ley -la imposición del catalán en la escuela y un modelo único en el mundo, en el que la lengua materna apenas tiene cabida, dos horas a la semana y porque hay que estudiar Lengua Española- la que ha hecho el Parlamento de Cataluña" aunque no se hace eco de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que fallaron a favor de que el catalán fuera lengua vehicular en la escuela.

Por otro lado, critica, pese a recibir 1,43 millones de euros del erario público, cómo se ha gastado el Gobierno de España. "Muchos catalanes están irritados", dice Casals, quien señala que su objetivo es que "queremos tener incidencia en la forma que nos toca, en la sociedad civil. La política, para los políticos".

La presidenta de esta plataforma considera, en una entrevista a TV3, que es necesario que "el Gobierno catalán tenga la fuerza para garantizar el referéndum". Asimismo, señala que "con España nos toca ser muy buenos vecinos, pero cada uno en su casa, tanto por nuestro bien como por los españoles". "No hay nada que hacer dentro en España", remacha en favor de la independencia.



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