AGLI Recortes de Prensa    Miércoles 19 Diciembre 2012

El año Mariano.
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital 19  Diciembre 2012

Después de pasar un año conviviendo con las mentiras de Mariano Rajoy, me atrevo a hacer un análisis de su gestión. No voy hacer un examen como tantos otros análisis que se han hecho en estos días. Para empezar no voy a cuestionar absolutamente ninguna de las medidas económicas que este Gobierno ha tomado, aunque no esté de acuerdo con ellas, es más, me parecen literalmente un contrasentido total. Ha tomado un camino equivocado y por tanto cuanto más corre Rajoy, más se aleja de la salida. Pero eso es otro tema.

Sólo te voy a hablar de todo lo que el PP prometió y de todo lo que se supone que es la esencia PPera, pero sin tocar temas de economía para evitar excusas como: “Me he visto obligado..., o me lo exigen desde Europa”.

Todo esto viene a raíz de una de tantas cartas recibidas en Masby, donde un ciudadano denunciaba que el Gobierno de Rajoy seguía en la misma línea que Zapatero y por tanto su casa está injustamente afectada por la Ley de Costas. Este ciudadano con una casa escriturada y legalmente construida –en su momento- contactó con la administración del PP para pedir ayuda y una rectificación de la Ley de Costas a lo que le respondieron desde el PP que todo va a seguir igual.

Pues bien, empecemos por aquí. La ley de Costas afecta a millones de ciudadanos en España que se les ha expropiado administrativamente unos bienes legalmente conseguidos. En Masby no defendemos las construcciones ilegales, defendemos a los millones de ciudadanos que compararon una casa legalmente construida –en su momento- y con escritura. Rajoy no ha hecho nada.

Si el aborto lo llevaban en el programa del PP, debían haber abordado y “abortado” al minuto uno y Rajoy no ha hecho nada

Sobre el aborto. En Masby no entramos a valorar este tema, sólo opinamos a nivel personal, pero reprochamos que si el aborto lo llevaban en el programa del PP, debían haber abordado y “abortado” al minuto uno y Rajoy no ha hecho nada.

Los terroristas y ETA. ¿Qué puedo decir?, ¿estamos mejor o peor que con Zapatero?. Estamos peor y con los terroristas reciclados a políticos chupando de nuestros impuestos.

Estudiar en español en España. Espero que no salga ningún periodista palmero afirmando que en Valencia o Galicia sí se puede estudiar en español por que eso lo convertiría automáticamente en un “hijo de puta manipulador”. En Valencia no se puede estudiar en español aun eligiendo la “supuesta” opción de línea en castellano. Reto desde aquí públicamente a un debate abierto sobre el tema.

Ley del Tabaco. El PP se manifestó claramente en contra de la ley de tabaco con Zapatero y los Reinos Feudales del PP plantaron cara a esa ley prohibicionista. Rajoy como en todos los temas ha cambiado de opinión y no permite que hayan bares de fumadores. Bares y restaurantes que a nadie se obligaría a entrar. Lo mismo que ocurre con los bares de putas, de maricones, de juego, etc. Seguro que lo que no ha hecho el PP por la libertad de los españoles lo hará por algún extranjero como EuroVegas.

Duplicidades de organismos. Sirva tan sólo un botón de muestra. La Generalidad Valenciana del PP tiene una administración de Consumo. El Ayuntamiento de Valencia del PP tiene otra administración de Consumo. Ambas se hacen la competencia y ambas están formadas por directores, subdirectores, jefes de departamentos, equipos jurídicos, etc. Y no nos equivoquemos, en la práctica no defienden al consumidor, ambas existen para tener colocados a dedo a sus amigos de partido y de paso “putear” a las a PYMES y autónomos. ¿O crees que Consumo investiga al Corte Ingles?.

España dispone de 15.000 coches oficiales
Coches oficiales. EEUU dispone de 1.500 coches oficiales mientras que España, del tamaño medio de un sólo estado norteamericano, dispone de 15.000 coches oficiales.

Educación. En España tenemos un nivel educativo que estamos por detrás de Grecia y Portugal. A los niños españoles se les enseña una educación endogámica y se les adoctrina políticamente. Los alumnos suspenden en Matemáticas, lectura y conocimiento del Medio. El 80% de jóvenes de 18 años no tiene comprensión lectora de textos sencillos en español. El 40% de estudiantes de 13 años no sabe las tablas de multiplicar. Sr. Wert, España no necesita una reforma educativa, necesita una reestructuración total. España no se puede permitir el lujo de quitar 4 horas lectivas de materias troncales para estudiar unas lenguas inventadas para fomentar las diferencias entre españoles.

Canon de autor. El PP no ha quitado el Canon de autor, lo ha ampliado y además se lo cobra a todos los ciudadanos, sean consumidores o no.

Traductores del Senado. El PP no ha quitado la esperpéntica estampa de los traductores del Senado.

Subvenciones a partidos, sindicatos y títeres nacionales. El PP ha crujido económicamente a todos los españoles, les ha quitado pagas extras, salarios, impuestos, etc. en cambio no ha quitado las subvenciones a sindicatos, partidos y títeres nacionales.

Todos estos casos no tienen nada que ver con la economía, pero sí con los españoles, la libertad y la Nación

Unidad de mercado. El PP no ha restablecido la unidad de mercado español impidiendo que un ciudadano pueda trabajar en cualquier otra comunidad de funcionario sin conocer la lengua feudal de esa Autonomía.

Esto es tan sólo un ejemplo ya que la lista de fraudes y mentiras de Rajoy sería interminable. Todos estos casos no tienen nada que ver con la economía, pero sí con los españoles, la libertad y la Nación. Su antecesor Presidente, “El Idiota”, al minuto uno cambió la ley de educación y al minuto dos puso en marcha toda su maquinaria de destrucción. Pero no te equivoques, Rajoy no ha hecho nada porque sigue las mismas directrices masónicas de Zapatero, que en definitiva son las que marcan la línea en España.

Vivir en España e intentar ser español con el PP o el PSOE es como una experiencia religiosa que sólo la Fe te puede ayudar.

En definitiva, Rajoy lo único que ha cumplido es un año.

Así lo pienso y así lo digo.
Juan Vte. Santacreu - en Twitter @JVSantacreu – Estrella Digital

Laffer, Montoro y la trampa fiscal
Juan Manuel López-Zafra El Confidencial 19  Diciembre 2012

“Si hubiera un Gobierno PP, estaría aplicando bajada de impuestos para pymes y familias”
Cristóbal Montoro, 27-09-2009

“Multamos el exceso de velocidad porque correr es malo, gravamos el tabaco porque fumar es malo; ¿por qué gravamos el trabajo?”
Arthur B. Laffer, 13-12-2012

Fue el pasado jueves 13 de diciembre cuando el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, planteó en el Senado la posibilidad de publicar la lista con los “mayores evasores fiscales y morosos”. Casi a la vez, Arthur B. Laffer daba una conferencia en la Fundación Rafael del Pino en la que, de nuevo, defendía la bajada de impuestos como la única vía de salida de la crisis.

Vaya por delante que las obligaciones tributarias están para ser cumplidas; que una cosa es ser absolutamente contrario a la perpetración sistemática del latrocinio por parte del Estado por la vía impositiva y, otra, evadir impuestos. Pero, precisamente por ello, es imprescindible estudiar si la forma de tortura fiscal a la que este Gobierno está sometiendo a las clases medias es la única para salir de la crisis. Y la respuesta es, claramente, no.

Presentó Laffer sus cinco claves para la prosperidad: un tipo impositivo único e igual para rentas del trabajo y de sociedades (la flat tax); la limitación del gasto público; una moneda sólida, con valor constante en el tiempo, no sujeta a procesos inflacionistas ni a devaluaciones “competitivas”; un comercio libre y una mano de obra con libertad absoluta de movimientos, sin barreras artificiales de acceso; y una revolución legal que redujese al mínimo el número de normas.

Centrándonos en el primero de los aspectos, es sobradamente conocida la propuesta del norteamericano, según la cual incrementos de los tipos impositivos por encima de un determinado nivel provocan desincentivos en el trabajo y en el capital, y generan rendimientos fiscales decrecientes. Una de las principales críticas mendaces de los neokeynesianos es que la curva de Laffer es un cuento chino y que no existen pruebas ni empíricas ni teóricas que avalen tal comportamiento.

El debate Laffer vs. Montoro se desequilibra a favor del primero. Estamos inmersos en una trampa fiscal, en la que subidas de impuestos para generar ingresos y reducir así el déficit no hará sino agravar la recesión para de nuevo elevar los impuestos y empeorar con ello la situaciónEn cuanto a las primeras, ya hablamos aquí del milagro estonio. Allá por 2009, Azacis y Gillman publicaron su Flat tax reform: The Baltics 2000–2007. Los autores comprobaron cómo la reforma del sistema impositivo de los países bálticos fue desgraciadamente sub-óptima, pues los ingresos fiscales crecieron, pero menos de lo que su modelo muestra de haberse aplicado un tipo impositivo plano idéntico a las rentas del trabajo y a los beneficios societarios. Añaden que la clave del proceso se encuentra en mantener controlado el gasto del Estado en una fracción constante del PIB, tal y como señala Laffer en su segunda clave anterior.

Ese mismo año, Alesina y Ardagna estudiaron el efecto de las políticas de estímulo fiscal (esas que pomposamente nuestros economistas de cabecera y políticos socialdemócratas denominan “de crecimiento”) frente a las de recortes de impuestos en un conjunto de países de la OCDE, nada menos que en el período 1970-2007. Su conclusión es también clara: el estímulo fiscal procedente de los recortes de impuestos genera más crecimiento que el proveniente del aumento del gasto público; y si esto puede parecer poco, encima comprueban que los ajustes en el gasto público tienen como efecto añadido reducir la probabilidad de recesiones posteriores.

Pueden argumentar los defensores del gasto que el artículo se para en 2007, justo antes de la crisis actual. Acudan entonces al análisis que el propio Alesina, junto con Favero y Giavazi, efectúan este mismo año y en el que señalan que los ajustes basados en la falsa austeridad, la relacionada con subidas de impuestos tan practicadas en estos lares, no hacen sino provocar recesiones más profundas y prolongadas. Y hace sólo unos días publicaba el propio Alesina su “Cut deficits by cutting spending” aleccionando a las economías periféricas de la UE a reducir su déficit no por la vía de los ingresos (que, según señaló Laffer, es imposible de forma efectiva y sólo provocará frustración en contribuyentes y gobiernos) sino por la de la reducción real del gasto público. Y, si las matemáticas no son el fuerte del lector, en City lo explica de forma sencilla.

En el plano de la modelización teórica, el problema que tienen los neokeynesianos son los monetaristas. El principal desprecio que tanto Keynes como sus seguidores efectúan de la escuela austriaca, a la vez que la principal debilidad de esta, proviene de la renuncia al empleo de aparato matemático por parte de Hayek y los suyos. Esto no ocurre con los monetaristas (“los mismos perros con distinto collar,” en palabras de un austriaco ilustre), cuyo manejo de las técnicas matemáticas, estadísticas y econométricas es sobradamente conocido.

En su Laffer curve revisited de 2011, Trabandt y Uhlig estudian las curvas de Laffer para los EEUU, la UE-14 y, de forma individualizada, para todos sus miembros, bajo el modelo neoclásico de crecimiento. Su conclusión es apabullante: un recorte de la imposición al trabajo del 54% y del 79% a la del capital se autofinancia en el caso europeo. Finalizan su artículo afirmando que “we therefore conclude that there rarely is a free lunch due to tax cuts. However, a substantial fraction of the lunch will be paid for by the efficiency gains in the economy due to tax cuts”.

En su muy reciente paper de mayo pasado, referido al caso norteamericano, Strulik y Trimborn van aún más lejos y demuestran a su vez que el recorte del impuesto de sociedades entre un 70 y un 90% mejoraría los ingresos fiscales federales hasta en un 1,2%.

Por todo ello, creo que el debate Laffer vs. Montoro se desequilibra a favor del primero. Estamos inmersos en una trampa fiscal en la que subidas de impuestos para generar ingresos y reducir así el déficit no harán sino agravar la recesión para de nuevo elevar los impuestos y empeorar con ello la situación. Sólo devolviendo al ciudadano y al sector privado la renta que le pertenece saldremos de esta. Es imprescindible cambiar de mentalidad, aprender de Laffer y de los textos anteriores y bajar impuestos recortando al tiempo gasto público; no será sencillo, pero valdrá la pena.

Las armas del Tribunal Constitucional
L. R. N.. Madrid. La Razón 19  Diciembre 2012

El pulso soberanista de Artur Mas puede terminar, si sigue adelante con su intención de convocar un referéndum independentista, ante el Tribunal Constitucional. Los nacionalistas no guardan muy buen recuerdo del Alto Tribunal, a quien reprochan que descafeinara el Estatut con una sentencia que, además de negar efectos jurídicos a la definición de Cataluña como nación, recortaba algunas de las competencias que se había atribuido por considerarlas inconstitucionales. Ahora, éstas son las vías a las que podría acudir el Gobierno para frenar el desafío independentista de la Generalitat:

Recurso de inconstitucionalidad ante el TC
Si finalmente el Gobierno catalán recurre a un proyecto de ley para convocar la consulta soberanista, el Ejecutivo podría recurrir a esta vía, que suspendería la consulta hasta que se conociera la sentencia. Así sucedió en 2008 con el «plan Ibarretxe». Un mes antes de celebrarse el referéndum, el TC lo declaró inconstitucional por invadir las competencias exclusivas del Estado.

Conflicto de competencias ante el Constitucional
En el caso de que Cataluña convoque la consulta por decreto sin autorización del Gobierno, éste podría plantear ante el TC en el plazo de dos meses un conflicto positivo de competencias al entender que «no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución». Esta iniciativa suspendería automáticamente la convocatoria. Si antes de cinco meses no hubiese sentencia, el tribunal debería pronunciarse sobre el levantamiento o la prórroga de la suspensión.

Delito de desobediencia
En el hipotético caso de que Artur Mas insistiese, pese a una sentencia contraria del Tribunal Constitucional, en convocar el referéndum, el presidente catalán podría incurrir en un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, castigado con penas de multa e inhabilitación para el desempeño de cargo público de seis meses a dos años por «negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales».

Peligro: el tribunal constitucional tiene armas
Nota del Editor 19  Diciembre 2012

Lo bueno que va a ocurrir con el tribunal constitucional, es que van ha utilizar sus armas, las armas de siempre, es decir, el espejo constitucional que permite interpretar la constitución al revés y van a oficializar la ruptura de España, Cataluña seguirá su camino al desastre total, pero por libre, y como necesitaran magistrados obedientes y sumisos para su propio tribunal que les permita silenciar las quejas de sus siervos, les ofrecerán crear el tribunal supremo constitucional catalan y ejercer de por vida esa elevada responsabilidad, únicamente sujeta a obedecer las directrices que les vayan imponiendo los viejos señores feudales convertidos ahora en reyes.

Doscientas treinta mil razones
Ignacio del Río www.republica.com 19  Diciembre 2012

A Rajoy y a su gobierno le está haciendo la evaluación de su primer año de gestión, acompasada al año natural del 2012, el del fin del mundo según el calendario maya, profecía que ha sido desautorizado por la NASA por causa de errores en la cronología. En la contraprogramación, el Partido Popular se ha reunido en Toledo para hacer su balance y lanzar algún rayo de esperanza por boca de Rajoy en los finales de 2013.

Lo cierto es que España está en la mitad de la cuesta y, aunque el camino que se ve por delante es duro, la alternativa de dejar de pedalear o de bajarse de la bicicleta supone caer por el precipicio sin conocer la profundidad de la sima. No hay nada fuera del euro y de Europa por más que nos cuenten, día tras día, que lo que está sucediendo no da resultado, que el paro aumenta, que crecen los desahucios y que se está desmontado el estado social de bienestar.

Desgraciadamente la Arcadia feliz no existe en la política española de hoy más que en el recuerdo de los años de “vino y rosas” en los que se hacían inversiones públicas, se inauguraban hospitales, crecía el PIB, se despachaban hipotecas y préstamos como barras de pan y recibíamos a inmigrantes para que empujasen los carros de las maletas en los aeropuertos y cuidasen a los niños y a los abuelos en las casas.

Lo he repetido en estas páginas. Si hay un escenario inadecuado e incongruente con el genoma político de Rajoy es, precisamente, el que estamos viviendo en la actualidad. Aunque no hay que olvidar que como ha dicho él mismo, “ha sido obediente en política”, sin duda refiriéndose a su pasado en el Partido Popular y, especialmente, a sus años de convivencia con Fraga y con Aznar.

El gobierno de Rajoy está cumpliendo la hoja de ruta marcada en la famosa carta a Zapatero en la primavera de 2010, cuando los poderes políticos y económicos le dijeron que, si quería mantener el acceso de la deuda soberana a los mercados, tendría que aplicar un riguroso y duro plan de “estabilización”, expresión que ha utilizado Rajoy en su intervención de Toledo.

El plan de estabilización, unido a la devaluación de activos, inmuebles y acciones, en una banda entre el 40 y el 60 por ciento de su valor, junto a la rebaja de los costes laborales y a la rápida reconversión del sector empresarial, en primer lugar con la reducción de empleo y, al mismo tiempo, con la drástica disminución de los márgenes empresariales, está aplicándose con la urgencia que han marcado los mercados de deuda soberana y las indicaciones del directorio formado por Alemania, el BCE y el FMI.

En la gestión del plan de estabilización, integrado por ajustes contables y reformas, es cierto que el Gobierno ha cometido tres errores este primer año. La escasa sistematización y ordenación de las acciones gubernamentales, apremiada sin duda por las oscilaciones de la prima de riesgo, pero que ha trasladado a la opinión pública una percepción de actividad política espasmódica, de recortes sobre recortes que debieron presentarse como planes integrales y estructurales. El ejemplo de la sanidad que va sumando ajustes parciales, retroalimenta la contestación política y social y mantiene demasiado tiempo frentes políticos abiertos. Digamos que la administración de la dosis en el tratamiento, no del remedio, no ha sido muy acertada.

En segundo lugar, los ciudadanos tienen la percepción que las reformas y los recortes han sido más intensos para los ciudadanos que para los políticos que han mantenido “sus privilegios”. Sintéticamente, se entiende que nuestra política es un sistema de reparto de cargos por los partidos políticos, sobredimensionado y con grados significativos de corrupción, a lo que contribuye el goteo permanente de noticias en los medios de comunicación.

Esta percepción se ha imputado por los ciudadanos a los dos grandes partidos como lo constatan las encuestas que penalizan sus respectivas previsiones electorales, sin que se produzca un trasvase equivalente a las fuerzas minoritarias que, por el momento, están perdiendo la oportunidad de sustituir un modelo de bipartidismo imperfecto por un modelo de coaliciones electorales, por no recabar un bagaje suficiente de confianza política en sus liderazgos.

El tercer error del Gobierno este año ha sido no buscar las complicidades mínimas para llevar adelante las medidas aprobadas, ni siquiera con los próximos, con toda la dificultad que supone implementar políticas de ajuste a los propios colectivos. Pero esto es la política y la confrontación con todos los sectores al mismo tiempo es un error de estrategia política que está vinculado a una deficiente ordenación de las reformas, sobre todo si el dolor del tratamiento no se compensa con cuidados paliativos.

El próximo 2013 va a ser un año muy duro. El Gobierno tiene que atender vencimientos por importe de 230.000 millones de euros que, necesariamente, tendrán que ser renovados. La deuda del Estado ha crecido hasta el 77,4 por ciento del PIB y la carga financiera en los presupuestos es insoportable. Guindos lo ha explicado. Si la prima de riesgo se sitúa entre 400 y 450 puntos la presión se trasladará a los presupuestos públicos, sin margen para aplicar políticas públicas ni de impulso de la economía.

El Gobierno dice que el rescate se aleja, sobre todo porque no se puede pedir sin un previo acuerdo con la UE, es decir, con los Gobiernos aportantes que tienen que pasar el platillo a sus contribuyentes.

Pero la bola, como en la ruleta, seguirá rodando durante los meses de 2013.

Mas y Junqueras sellan un pacto para combatir la corrupción en Cataluña
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 19  Diciembre 2012

Es una broma, claro está. Una broma propia de ese cercano 28 de diciembre, día de los Inocentes. Una idea, la de luchar contra la corrupción, que los ciudadanos catalanes en sus cabales jamás verán llevada a la práctica mientras les gobierne, y parece que va para largo, una clase política que, a lomos de la corrupción galopante en la que vive instalada desde hace décadas, ha decidido iniciar el viaje a ninguna parte de una independencia donde, un suponer, cabe imaginar que nadie dentro del fortín catalán osará plantearles nunca preguntas incómodas sobre qué hacen con el dinero de los demás, a dónde se llevan la pasta de las comisiones, qué porcentaje es necesario pagar para hacerse con un contrato de servicio con la Generalitat y así sucesivamente…

Casi un mes después de que Moisés-Mas recibiera su histórico revolcón en la jornada del 25 de noviembre, pasando a engrosar la lista de esos campeones de la política internacional que convocaron elecciones anticipadas para perderlas, nuestro héroe acaba de alcanzar un pacto de Gobierno con una ERC que, a cambio de sostenerle durante toda la legislatura, le obliga, llevado por el ronzal del “esto son lentejas”, a asumir el compromiso de convocar su famoso referéndum de autodeterminación a lo largo de 2014, sin que a estas alturas quepa saber con certeza cuánto hay en esa apuesta, por lo que a Mas respecta, de afirmación ideológica y de humano deseo de evitar salir de la política como el perro apaleado en que devino el 25-N.

Al ciudadano catalán no sumergido en la vorágine nacionalista, que lucha por encontrar un empleo o no perder el que tiene, que trata de llegar a fin de mes y otea con temor un horizonte de futuro para sus hijos mientras reclama un poco de aire, una bocanada de libertad entre el tsunami independentista que amenaza con ahogarle, ya sabe lo que le espera durante el próximo cuatrienio: un empobrecimiento de sus condiciones de vida y un empeoramiento de la ya de por sí pobre calidad de la vida democrática catalana. Porque se vienen encima nuevos recortes, que Esquerra ha decidido apoyar con entusiasmo con tal de llevar adelante su mesiánico plan de la Cataluña independiente.

Cuentan en Barcelona, no obstante, que la coalición va a tirar de manual, ese manual de demagogia que tan divinamente dominan, para atosigar al ciudadano de a pie con una propaganda permanente en la que, como no podía ser de otro modo, se apuntará con el dedo al Gobierno de Madrit como único responsable de los recortes. Los malvados de Madrid, que además de no darnos el dinero que necesitamos para conseguir que la noria siga girando, se atreven a denunciar esa pulsión tan nuestra que nos induce a llevarnos la pasta al extranjero. Intolerable. Cuanto más éxito tenga esa estrategia de echar la culpa al maestro armero madrileño, más fácil será conducir a las masas hacia el redil del “sí” a la independencia. En el buen fin de ese diseño volverá a jugar un papel capital la televisión pública catalana, Tv3, y, cómo no, los diarios de papel que tan ricamente viven apoyaos en el quicio de la subvención.

Contra el aventurerismo, Constitución
Los desvaríos del Tripartito de Montilla, lo que tantos catalanes honrados vivieron con espanto en los tiempos del Tripartito, va a ser cosa de niños comparado con lo que les espera en el inmediato futuro, bajo la batuta del tal Oriol Junqueras, ese hombre de rostro pétreo, cómo de otra época, de una extraña glaciación, convertido en vigilante supremo de la acción de Gobierno de Mas, mientras el inefable Durán i Lleida mueve la colita entre Madrid y Barcelona diciendo hoy una cosa y mañana la contraria, eso sí, sin bajarse nunca del machito, que de eso se trata.

El panorama que se abre en Cataluña para la actividad empresarial y de los negocios con este pacto que va a tener en las subidas de impuestos a las clases medias una de sus piedras angulares, no puede ser calificado más que de aterrador. El patrón que no tenga más remedio se quedará, porque a la fuerza ahorcan, pero el emprendedor que pueda optar por otra alternativa de inversión se alejará como alma que lleva el diablo de una clase política instalada en el aventurerismo más enloquecido y acostumbrada, además, a meterse en el bolsillo el 3% de todo lo que toca. Es duro decirlo, pero es lo que hay.

Durante casi un mes Junqueras y Mas, Mas y Junqueras, han estado negociando sobre la forma de violentar, de vulnerar, de infringir la legalidad consagrada en una Constitución abrumadoramente votada en su día por una mayoría de ciudadanos catalanes. Y lo han hecho a plena luz del día, sin esconderse, fielmente sus cuitas recogidas por los medios de comunicación de todo el país. El anuncio de ayer tarde supone la plasmación deslumbrante y concreta de ese desafío a la nación española entera. El Gobierno Rajoy ha manejado con extrema prudencia –que aquí hemos elogiado- el envite soberanista de Mas, pero tal vez sea llegada la hora de que pase de las musas al teatro y diga algo. Y lo que tiene que decir, y desde luego hacer en su momento, está muy claro. Basta consultar el texto de la Constitución Española de 1978.

El avestruz ante el pacto CiU-ERC
EDITORIAL Libertad Digital 19  Diciembre 2012

El mismo día que el gobierno en funciones de Cataluña ha hecho un corte de mangas al Gobierno central anunciando la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios que Montoro supuestamente quería evitar, CiU y Esquerra han sellado su acuerdo de legislatura sobre el firme compromiso de perpetrar su ilegal referéndum secesionista en 2014. A ello hay que sumar que no hace ni una semana que el gobierno catalán, con el apoyo de todas las formaciones nacionalistas y el PSC, declaró solemnemente su determinación de desobedecer la ley promovida por el ministro Wert que, en acomplejada concordancia con numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pretendía que los niños también pudieran estudiar en español en Cataluña.

Ante este panorama, no menos bochornoso y mucho más surrealista nos resulta presenciar al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, garantizando una "actitud constructiva" hacia este Gobierno en rebeldía, al que ha asegurado su "total disposición a la colaboración". Se dirá que la ayuda ofrecida por el presidente del Gobierno al Ejecutivo catalán no va dirigida a los nada disimulados proyectos de rebeldía y desobediencia de Mas, sino, como Rajoy mismo ha dicho, a "la recuperación económica y la creación de empleo". Pero brindar apoyo a un Gobierno autonómico omitiendo lo que éste pretende hacer y tratándolo como si fuera distinto de lo que es no hace mejor la afirmación del presidente del Gobierno. Simplemente resulta más cínica.

Aun si CiU no hubiera llegado finalmente a un pacto con una formación como ERC; aun si Mas hubiera renunciado a su ilegal consulta secesionista; aun si CiU hubiera dado el más mínimo síntoma de dar prioridad a la recuperación económica en detrimento de sus ilegales y despilfarradores delirios identitarios, todavía nos parecería precipitado ofrecer una "total colaboración" a una formación que bien se merecería una cuarentena para constatar la veracidad de estos hipotéticos propósitos.

Pero cuando lo que CiU nos ofrece, de palabra y obra, no es ninguna recogida de velas –tal y como algunos esperaban tras su batacazo electoral–, sino la firme determinación de seguir adelante contra nuestra nación y nuestro Estado de Derecho, las surrealistas palabras de Rajoy nos llevan a dar la razón al socialista Montilla cuando reprocha al presidente que "menosprecie" un grave problema que "lejos de haber pasado, no ha llegado todavía".

Y es que, por mucho que no consideremos que la solución a este problema sea ese pseudofederalismo que Montilla propone, no nos deja de alarmar la irresponsable actitud de Rajoy, quien, por no tener que enfrentarse a los nacionalistas, los presenta como si fuesen distintos y mejores de lo que realmente son.

Lo más grave de todo es que el proyecto de ruptura de CiU-ERC necesita apoyo del Gobierno central, aunque sea en forma de omisión del deber de hacer cumplir la ley, y de mucha, mucha financiación. Rajoy en parte ya se lo ha brindado, no sólo negándose a hacer lo que hizo Aznar ante el desafío de Ibarretxe –dar un tratamiento legal más severo y específico a la comisión de consultas ilegales–, sino borrando del horizonte toda consecuencia penal para sus convocantes, quienes bien podrían ser disuadidos con la legislación que, para el resto de los mortales, sí castiga los delitos de rebeldía, desobediencia o prevaricación.

No menos estimulante para los nacionalistas ha sido la disposición de Rajoy a dejar en papel mojado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y cerrar los ojos ante el incumplimiento de la Generalidad en lo que a objetivos de reducción del déficit se refiere. Por no verse obligado a intervenir, Rajoy ya se ha fundido, en beneficio del Gobierno secesionista de Mas, la mayor parte del primer Fondo de Liquidez Autonómica.

El tiempo dirá si el presidente del Gobierno de España sigue cometiendo a favor de Mas este pecado de omisión en el ámbito jurídico y facilitándole esa ayuda financiera. De lo que podemos estar todos seguros es de que si Rajoy facilita de nuevo las cosas a este Gobierno secesionista lo justificará sobre la base –claro está– de la "necesidad de la recuperación económica y la creación de empleo".

Devolver el Estado a los ciudadanos
Luis de Velasco www.republica.com 19  Diciembre 2012

Puede parecer extraño, fuera de lugar hablar de nacionalizar el Estado ¿Hay algo más nacional, más colectivo, en el sentido de defender y representar los intereses generales de una sociedad que un Estado, esa superestructura que reúne y se divide en los tres tradicionales poderes de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial que se contrapesan unos a otros como garantía precisamente de libertad y democracia, frente a la concentración de poderes en las dictaduras?

En la teoría política todo eso es cierto. La realidad es otra, incluso en las democracias más avanzadas, que siempre presentan activos esplendorosos y pasivos vergonzantes.

Echemos un vistazo a lo que ocurre en nuestro país donde la democracia tiene abundantes e importantes agujeros. Ya no cabe invocar eso de la joven democracia, aunque lo sigue siendo respecto de los principales países de Occidente. Se han instalado y enquistado una serie de defectos e insuficiencias en su funcionamiento fruto de una transición llena de vicios y, desde luego, menos brillante de lo que proclaman historias oficiales y apologetas. Precisamente la profunda crisis socioeconómica y ética actual los está sacando a la luz.

No nos referimos solamente a las graves imperfecciones en el funcionamiento de esos tres poderes tradicionales tanto en su acción como en sus relaciones. Algunas cuestiones: ¿tiene alguna independencia el legislativo respecto del ejecutivo o, simplemente, cumple sus órdenes en un régimen de mayoría absoluta? El reparto de puestos en órganos jurisdiccionales o aledaños desde el Constitucional hasta el Consejo General del Poder Judicial pasando por el Supremo ¿no atenta a la independencia del poder judicial? Los partidos políticos, salvo mínimas excepciones, antítesis de la democracia interna, con su ocupación por cuotas de las instituciones, ¿no obstaculizan la democracia real?

Todo eso es aplicable al poder económico, para muchos el auténtico poder (aunque suene a antiguo vale la pena recordar la frase de Marx de que “El poder político (es decir el Estado) es el consejo de administración que rige los intereses de la clase burguesa”.) Aceptando o no el literal de la frase, lo cierto es que el poder económico tiene importancia clave en todo sistema político, incluyendo el nuestro. Es uno de los “poderes fácticos” de los que se habló en la transición, época de prudencias y eufemismos. Negar eso es negar la realidad.

El poder económico está ahí y con enorme fuerza como está demostrando por ejemplo en las políticas adoptadas por el actual Gobierno en la “solución” de la crisis. El rescate al sistema financiero, ejemplo de socializar pérdidas y sin castigo alguno a los culpables ( lo último, por ahora, el regalo del Banco de Valencia a CaixaBank, verdadero expolio); la vergonzante “reforma” del sector energético, ejemplo de no atreverse ante un poder ” tradicional ” en nuestro país; la pervivencia de situaciones monopolísticas o gremiales, ejemplo máximo ese sector energético; una reforma laboral que desequilibra más el terreno entre empleadores y empleados con el resultado previsto de más paro y menos salarios; una absolutamente ineficaz acción contra el fraude fiscal; un sistema autonómico y municipal que produce una extractora simbiosis entre autoridades y grandes empresarios locales. Es el poder económico quien define la agenda a aplicar por los poderes del Estado. No toda se aplica, sí en gran parte.

Fuerte con los débiles, débil con los fuertes. Por eso, este Estado ocupado por el poder económico debe ser rescatado y devuelto a la ciudadanía, debe ser nacionalizado, deben crearse poderes compensatorios. Se trata de lograr un reparto menos injusto de los costes de la brutal crisis. Solo a partir de ahí se podrá hablar de una auténtica democracia.

El rincón austriaco
Un déficit fuera de control
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 19  Diciembre 2012

Conforme va resultando cada vez más improbable que las Administraciones Públicas españolas cumplan con su objetivo de déficit de 2012, Cristóbal Montoro, responsable último de esa fallida política de sangrado fiscal dirigida a mantener una estructura estatal hipertrofiada, trata de quitarle hierro al asunto: nada mágico hay en la prometida cifra del 6,3% del PIB, pues lo importante es el esfuerzo asumido –por los españoles, entiéndase, no por los dispendiosos políticos que padecemos– para tratar de reducir el déficit.

Y, ciertamente, el guarismo del 6,3% no tiene nada de mágico. De hecho, el compromiso inicial de este incompetente a la par que carroñero Ejecutivo antiliberal era alcanzar un déficit del 4,5% del PIB. Luego, Rajoy elevó unilateralmente la cifra hasta el 5,8% (calificándolo con soberana bravuconería de "acto de soberanía") para a las pocas semanas rectificar con soberana falta de soberanía y "pactar" con Bruselas el 5,3%; cifra que la propia Comisión tuvo que revisar nuevamente al alza, hasta situarla en el actual objetivo del 6,3% ante la flagrante incapacidad política y económica de un Gobierno que sólo tirar de aquella palanca de autodestrucción a la que debería tener prohibido recurrir: las subidas de impuestos.

Por tanto, bien mirado en menos de doce meses hemos cambiado hasta en tres ocasiones de objetivo de déficit. ¿Qué más dará otra más? Si no es el 6,3%, lo mismo vale algo así como el 7% (que, si contamos con el coste del rescate a la banca imputable a este ejercicio, se irá por encima del 8%). A estas alturas de la película, tras un primer deplorable año del zapateante Rajoy, nadie debería sorprenderse de que semejantes razonamientos pueblen la cabeza de un Gabinete obcecado con maximizar las colocaciones de deuda y las subidas de impuestos para minimizar el pinchazo de la burbuja del sector público.

Incumplir la palabra dada
Si nuestros mandatarios se preocuparan de algo más que de mantener o ampliar sus parcelas de poder y de gasto, acaso cayeran en la cuenta de que, tras haber suscrito el compromiso del déficit de 2012 en el 6,3% del PIB y de haber –supuestamente– dirigido todos sus esfuerzos a conseguirlo, el cerrar en cotas del 7% es algo peor que un fracaso: es un radical incumplimiento de la palabra dada.

Peccata minuta, dirán los trileros mayores del Reino de la picaresca, ¿qué enjundia puede tener la palabra dada? Pues, cuando se trata de recibir crédito, absolutamente toda: la oferta de crédito en una economía no viene limitada por la cantidad de dinero en circulación (de hecho, los bancos no nos prestan dinero, sino sus deudas, las cuales los agentes económicos, precisamente porque les otorgan credibilidad a las mismas, las utilizan como medios de pago), sino por la credibilidad que transmiten las familias, las empresas y los gobiernos de que serán capaces de devolver el crédito recibido a través de su producción de nueva riqueza en el futuro. Socavar el valor de la palabra dada, el valor de honrar los compromisos adquiridos, no es un problemilla menor para aquel cuya supervivencia depende de seguir recibiendo crédito: es un torpedo directo contra el madero que lo mantiene a flote. Si la recepción de crédito depende de nuestra credibilidad, huelga explicar por qué la segunda es esencial si no queremos tener serias dificultades en mantener lo primero.

En pocas palabras, la mayúscula irresponsabilidad de este Gobierno consistente en negarse a cumplir sus promesas equivale a trasladarles un mensaje muy claro a los inversores internacionales: “nuestro déficit está fuera de control; aunque nos habíamos comprometido a mantenerlo por debajo del 6,3% y aunque mes tras mes estuvimos repitiendo que sin lugar a dudas lo íbamos a alcanzar, al final nos ha sido imposible lograrlo, esto es, se nos ha ido de madre y, por muy fuerte que fuera nuestra promesa hacia ustedes, no hemos podido o no nos ha dado la gana de hacer lo suficiente para honrarla”.

Un déficit fuera de control
Tampoco hay que exagerar, pensarán algunos. Es sencillo: imaginen que este mismo debate se plantea a la hora de decidir si el Gobierno hace default o adopta hasta la última de las medidas necesarias para evitarlo. Repagar su deuda es la última y la más esencial de las promesas emitidas por este país: ¿qué nos lleva a pensar que el mismo Ejecutivo que o no puede o no quiere llegar al 6,3% de déficit sí tomaría, en cambio, las riendas para evitar la bancarrota del país? Nada: primero, porque si no puede lo menos, es dudoso que pueda lo más; segundo, y fundamental, porque ya estamos en esa situación límite cercana a la bancarrota… ¡y no las está tomando ni siquiera para alcanzar un altísimo déficit del 6,3% del PIB! (buen momento para recordar que este éste será el cuarto año de déficits públicos elevadísimos y que desde 2009 el sector público español ya ha pedido prestado a “los mercados” el modesto monto de 400.000 millones de euros). Queda claro, pues, que si España termina repagando su deuda no será gracias a la diligencia del Gobierno, sino a pesar de su deteriorada gestión, esto es, gracias al dinamismo de un sector empresarial ahora mismo muy debilitado y que los del PP sólo se han dedicado a machacar inclementemente: nuestros acreedores no pueden confiar en nuestros actuales mandatarios y ésa es una perspectiva simplemente devastadora.

La irrelevante expulsión del mercado
Luego algunos atribuirán a conspiraciones intergalácticas el que Alemania se financie casi gratis y a nosotros no nos quiera prestar casi nadie. De momento –porque la credibilidad es lo que tiene, que no es para siempre– Alemania no ha hundido su credibilidad (¿hay mucha gente que pronostique que el Gobierno teutón vaya a quebrar?) como sí lo ha hecho los catastróficos Ejecutivos españoles de Zapatero y Rajoy. Sin embargo, parece que a nuestros gobernantes esta merma de credibilidad –merma que no depende, ni mucho menos, de que venga tardía y timoratamente la agencia de calificación de turno a oficiar el levantamiento del cadáver– se la trae al pairo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso al Gobierno no le preocupa ser expulsado de los mercados de capitales y no poder financiar sus gigantescos déficits derivados de sus monstruosas ansias de gastar mucho más de lo que ingresan?

He ahí, precisamente, el problema. Ese tan ortodoxo, germanizado y restrictivo Banco Central Europeo anunció hace apenas tres meses que adquiriría cantidades ilimitadas de la deuda pública de aquellos países que solicitaran el rescate (el famoso programa OMT). No crean que se trata de un anuncio mágico y libre de costes: en realidad, semejante ventanilla bancaria corre a cuenta del crédito y de la riqueza de Alemania. ¿O a qué atribuyen, si no, que los nuevos euros que ha ido inyectado y que seguirá inyectando el BCE en la economía no hayan sido liquidados ipso facto por sus tenedores a importantísimos descuentos (inflación y depreciación del euro)? ¿Acaso por su intensísima demanda de comprar bienes, servicios y activos en España? No lo parece, pues en tal caso esa intensísima demanda también se dejaría sentir en el mercado de deuda pública española: mejor pensado, cabrá atribuirlo al (todavía) intensísimo deseo por adquirir bienes, servicios y activos alemanes (deseo que sí se manifiesta, vaya por dónde, en la demanda de deuda pública alemana). Conceder poder de compra contra bienes alemanes a cambio de que, idealmente, los españoles produzcamos en el futuro las mercancías que serán adquiridas por los alemanes para así poder pagar nuestras deudas con el BCE, no parece la operación más lucrativa del siglo… para Alemania.

Sí lo es, en cambio, para un hatajo de tahúres cortoplacistas que, como nuestros políticos, sólo tratan de seguir gastando lo que no tienen aún a riesgo de abocarnos, a nosotros y a nuestros acreedores, a un más doloroso impago futuro. Por eso la OMT no fue una bendición sino una plaga para la economía española: la plaga de apuntalar a un Gobierno incumplidor y kamikaze al frente de las finanzas del Reino que, además, tiene el descaro de darse palmaditas en la espalda en su primer nefasto año de gobierno.

Cataluña
La piña se desintegra
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 19  Diciembre 2012

No habría sido en vano el desbarajuste social, cultural y económico que provocó Artur Mas cuando se puso al frente de una furibunda cruzada secesionista si el papelón de su fracaso sirviera de escarmiento a los embriones de mesías que posiblemente se están incubando en otros rincones de España. De todos modos, no estará de más recapitular algunas de las batallitas más aleccionadoras de esta Armada Brancaleone, tan esperpéntica como la que capitaneaba el inolvidable Vittorio Gassman.
Monolíticamente regimentados

Artur Mas pensó que lo que él llamaba "el pueblo", "la gente" o "los catalanes" lo seguiría, monolíticamente regimentado, sin chistar, en la deriva hacia la quimérica Ítaca. Sólo le faltaba un estamento, el de los empresarios, acostumbrados a razonar y echar cuentas antes de embarcarse en aventuras de alto riesgo. Pero creyó que podría seducirlos a ellos también, con su pose ensoberbecida y su discurso demagógico. Y llamó al mundo empresario a hacer piña con el proceso soberanista (LV, 23/10):

No hace falta significarse demasiado, basta con no ir en contra.

Más tarde, en un acto organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona, con una participación récord de 560 comensales, sí los animó a pronunciarse sobre el proceso soberanista (LV, 7/11).

El barullo consiguió embaucar a un columnista que presume de objetivo. Escribió Fernando Ónega (LV, 27/10):

Cuando una amplísima mayoría de pequeños y medianos empresarios ve razonable la independencia, y cuarenta colegios profesionales apoyan el derecho a decidir, sucede algo trascendente: la sociedad civil, ésa a la que tanto apelamos, está con Artur Mas.

El apoyo de los cuarenta colegios profesionales debería haber hecho recordar a Ónega la unanimidad con que funcionaban sus representantes en las Cortes Españolas en tiempos de Franco. En cuanto a los pequeños y medianos empresarios, la mentira la fraguó el somatén mediático. Éste informó de que el 53% de los empresarios consultados por la patronal Cecot quería "un Estado catalán" y "sólo un 2%" quería "seguir como ahora" (LV, 12/10). La verdad: el sondeo se realizó entre más de 7.000 empresas asociadas a Cecot, pero sólo contestaron 798. Otro titular se jactaba de que el 67% de los socios de Pimec, patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, se había manifestado a favor de un Estado propio (LV, 25/10). La verdad: sólo 2.224 empresas, el 12% del total, había respondido al sondeo. Miedo, no consenso.
El jefe culpable

El que no se dejó engañar y denunció premonitoriamente los puntos débiles de la trama fue Josep Ramoneda, ideólogo del secesionismo progre. Ahí había demasiados topos infiltrados: conservadores y capitalistas. Por eso advirtió (El País, 31/7):

En Convergència, sectores más vinculados al mundo empresarial sienten el pánico de las incertidumbres de un proceso de ruptura.

Para rematarlo con una advertencia muy realista (EP, 13/9):

Un sector muy importante de estas élites [catalanas], las 25 o 30 personas que forman el núcleo duro del poder económico, no están precisamente entusiasmadas con lo que está pasando.

Sintomáticamente, Ramoneda opina ahora que el principal culpable de la derrota fue el jefe de la operación, Artur Mas, un "presidente de corte tecnocrático y conservador" (EP, 27/11), al que traicionó su "frialdad tecnocrática" (EP, 11/12). Para agregar a continuación, invulnerable al desaliento a pesar de que el secesionismo sólo captó los votos de una minoría absoluta, el 34% del censo electoral:

Hubo derrota, sí, pero no del independentismo, sino del presidente Mas y su equivocada estrategia. Por eso Esquerra tiene más poder que antes.

No me equivoqué cuando escribí, en "El timo de los derrotados":

Que se prepare Mas. Lo peor está por venir, y no de sus adversarios sino de sus visires y sus escribas. Los secesionistas no están sobrados de escrúpulos.

Perfil alarmante
Tampoco hay que olvidar, si queremos precavernos de mayores males, lo que se ha diagnosticado sobre la personalidad excéntrica de Artur Mas. Francesc de Carreras lo describió, con argumentos muy sólidos, como un iluminado (LV, 12/10). A mi vez, no pierdo oportunidad de recordar que cuando La Vanguardia le pidió, lo mismo que a otros políticos catalanes, que se fotografiara, durante los Carnavales del 2001, con el disfraz que mejor reflejara su personalidad, el resultado fue (LV, suplemento "Vivir", 25/2/2001) un estrambótico Sant Jordi, enfundado en una cota de malla de 25 kilos, lanza en ristre, pisoteando a un ridículo híbrido de lagartija y dragón de utilería.

Este perfil es alarmante, pero lo es mucho más si se piensa que su aliado predilecto para la marcha hacia la utópica secesión será el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque escenifiquen diferencias de agenda. El entrevistador Lluís Amiguet le preguntó a Junqueras (LV, 12/11) cuándo y por qué se hizo independentista, y éste le respondió:

A los ocho años (...) Y también recuerdo que fui muy consciente del referéndum de la Constitución (...) A los ocho años yo ya tenía muy claro que estaba contra la Constitución española. Ya tenía vocación política.

No faltan formadores de opinión que, desilusionados con Mas, vislumbran potencial de futuro en este advenedizo que, según propia confesión, hoy no ve más allá de lo que veía con precoz fundamentalismo cuando tenía ocho años. A esa edad, los niños normales sueñan con ser bomberos, deportistas o astronautas, no talibanes.
Entente depredadora

Se explica, entonces, que el tejido productivo al que Cataluña debe su prosperidad y sus valores se rebele contra la posibilidad de que personajes tan extravagantes, que resultarían pintorescos en un guiñol pero no en cargos de responsabilidad, marquen el rumbo de una deriva que conducirá fatalmente al abismo. Sobre todo cuando Mas prometió, antes de la derrota (LV, 9/11), un porvenir aun más tenebroso:

Si llegamos a la conclusión de que si Catalunya tiene un Estado propio nos quedaremos fuera de la UE, nuestro país tendrá que hacer una reflexión final sobre si seguimos el camino iniciado o no, y yo personalmente soy partidario de hacer en cualquier caso el camino.

Frente a tamaña amenaza, la urgencia del cambio aflora en los lugares más sensibles. Escribe Manel Pérez (LV, 2/12):

La gran burguesía del país no veía con buenos ojos el giro de Mas, inquieta por el choque que implicaba con el Gobierno de Mariano Rajoy y por presagiar complicaciones comerciales con el mercado español. (...) La fosa entre el nacionalismo convergente y la gran empresa se ha ensanchado, en gran parte porque no se explican el fallo de cálculo que ha revelado el recuento de votos y la situación a la que se ha abocado al país.

(...)
Para estos sectores, el objetivo ahora es poner de manifiesto la escisión que se está produciendo en el nacionalismo entre el sector moderado y el radical, antes que resaltar la unidad entre ellos. En la medida en que Mas centre el eje de su actuación en la consulta al pueblo catalán, más preocupación generará entre quienes siguen mirando a Madrid, el déficit y los mercados como las estrellas de referencia de su universo existencial. (...) El primer impulso del mundo económico ha sido plantear propuestas de resurrección de acuerdos con el PP.

Batalla sin cuartel contra la entente depredadora CiU-ERC. Volvemos a LV, 11/12:
La Cambra de Comerç de Barcelona se opuso ayer de manera frontal a la propuesta de ERC de aumentar impuestos como condición para apoyar a Artur Mas como presidente de la Generalitat. "Nos posicionamos en contra de cualquier aumento de la presión fiscal", declaró ayer el presidente de la Cambra, Miquel Valls, en una comparecencia.

La piña se desintegra. La Cataluña productiva no se deja llevar de las narices por falsos redentores anacrónicos que, y esto hay que repetirlo hasta el hartazgo, sólo representan al 34% del censo electoral. Minoría de insumisos contumaces que pretenden imponer a todos los catalanes otro largo periodo de crispación, de ruptura con España y la Unión Europea, y de empobrecimiento económico y cultural. Y de corrupción (LV, 13/12):

Según el barómetro 2012 de la Oficina Antifrau de Catalunya, el 92,8 de los catalanes cree que la corrupción en Cataluña es un problema muy o bastante grave.

El Estado propio que ambicionan, ¿sería de matriz berlusconiana, o acaso peronista?

Crisis nacional
Bajo el síndrome de Astérix y Mafalda
José Bastida Libertad Digital 19  Diciembre 2012

La frase del psicópata Lenin que hablaba del izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo se puede aplicar a la España contemporánea afirmando que el izquierdismo es la enfermedad infantil del Estado borbónico.

Los hijos y nietos de aquella generación del franquismo que en los años sesenta formaba una clase media sensata y próspera, en cuyos confortables hogares no faltaba el pick-up, los libros de López Ibor y las espléndidas novelas de Somerset Maugham, llegaron a la universidad llenos de inquietudes y allí se encontraron con que aquel lugar tan solemne era simplemente un "búnker marxista", en ajustada definición de un diputado en Cortes a quien nadie refutó porque era de una evidencia pasmosa. A estos buenos chicos mimados se les abrió el mundo cuando escucharon citas tan cursis como "cuanto más hago el amor más ganas tengo de hacer la revolución" o consignas tan insólitas como "obreros y estudiantes a la huelga general". Y así, entre la cursilería sexual y las magnas asambleas, entre cafés y catres, se fue creando una intelligentsia que sería la que iba a conformar la clase política gestora de la nueva sociedad postfranquista, también llamada Transición.

El bagaje intelectual, el académico era ínfimo, de aquellos hijos de los planes de desarrollo de López Rodó se componía de casposo y fanático marxismo; el boom latinoamericano (sólo los escritores de izquierdas); el aterrador cine de Bergmann; las atrabiliarias películas de los comunistas de café, Fellini, Passolini o el conde Visconti; y los tebeos de Mafalda y Astérix (la conspicua influencia argentina y francesa siempre estaba presente pero, desgraciadamente, nunca la pragmática sajona). Mención aparte merece la camada intelectual nacionalista que arrasó con su discurso pagano y anticolonialista, el mismo que desarrollan en la actualidad pero ahora muy bien instalados en las estructuras administrativas y políticas del Estado. Porque toda esa generación universitaria ocupa, controla y gestiona hoy España desde las cátedras, los hospitales, las escuelas, los juzgados y cualquier organismo público que se pueda imaginar; incluida la universidad, una institución saturada de nepotismo y endogamia académica.

Con el triunfo del PSOE en el 82, la administración empezó a crecer llenándose de los acólitos al partido y compañeros de viaje como los comunistas y los nacionalistas. Convocatorias masivas de oposiciones a todos los sectores de la administración, sobre todo a la insaciable autonómica, inflaron tanto el Estado que ahora colapsa, aunque las castas de funcionarios izquierdistas intenten defender el estatalismo, un sistema liberticida de la sociedad abierta, y justificar la despilfarradora gestión pública. Es normal, defienden su suculenta nómina, pagada con la de los trabajadores de la empresa privada; éstos, por cierto, hacen oposiciones todos los días y no pueden mantener su puesto en propiedad.

Con estos mimbres, lo que queda de la España constitucional será pronto una nadería porque las estructuras de poder real están en manos del separatismo y el izquierdismo, esa enfermedad que hasta a Lenin le asustaba. Bajo el síndrome de Astérix, un anticolonialismo de parque temático que sufre el tándem Mas-Urkullu con sus hijuelas radicales, y el de Mafalda, un izquierdismo de salón y pancarta que padecen el inefable PSOE y los comunistas antisistema, se encuentra la nación más antigua de Europa, gobernada ahora mismo por un presidente supuestamente liberal-conservador pero que, en realidad, no tiene un ideario definido sino, más bien, un vademécum para ir tirando hasta las elecciones. Rajoy nunca será un reformista y en estos momentos históricos hace falta un líder que no tenga miedo a desmontar el megaestado dominado en sus entrañas por aquellos chicos mimados que un día llegaron a la universidad y se convirtieron en unos revolucionarios de moqueta.

Democracia y secesión
Roberto Augusto www.lavozlibre.com 19  Diciembre 2012

Licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona

He oído en numerosas ocasiones a algunos nacionalistas catalanes hablar de la relación entre Cataluña y España comparándola a un matrimonio. Según ellos, la nación catalana es como una pobre señora maltratada por un cruel marido llamado Estado español. Esa mujer debería poder divorciarse de ese esposo tan malo si así lo decide (aunque él no quiera separarse) y poder ser libre para seguir su vida en solitario, es decir, teniendo un Estado propio. Las dos partes deben querer estar juntas para que esa unión sea posible. Al final, lo que pretenden los que dicen este tipo de cosas es legitimar la secesión unilateral catalana.

Esta comparación es equivocada por varias razones. Presupone que son dos entidades políticas totalmente separadas que, en un momento dado, han decidido unir sus destinos. Eso no es así. Esta unión es mucho más fuerte y profunda. España y Cataluña no son un matrimonio, sino dos hermanos siameses pegados por una parte de su cuerpo que comparten órganos vitales. ¿Sería justo que uno de los hermanos se separara del otro sin que los dos estuvieran de acuerdo? Es evidente que algo así parece injusto. Nadie puede ser obligado a someterse a una operación de riesgo como esta si no quiere.

De la misma forma, es falso afirmar que la independencia de Cataluña compete exclusivamente a las personas que vivimos en esa Comunidad. La España resultante después de una secesión así sería muy distinta de la actual. Su peso político y económico se vería mermado y eso afectaría a todos. Algo así implica al conjunto del Estado y es, por lo tanto, la totalidad la que debe pronunciarse sobre si está a favor de la separación o no de una de sus partes. Además, con el actual marco constitucional una modificación de este calado necesita un referéndum y un consenso parlamentario estatal muy amplio que hoy no se da ni creo que se dé en el futuro.

Por desgracia para ellos, los independentistas catalanes saben que es imposible que prospere su proyecto, al menos a corto o medio plazo. Por eso prefieren saltarse las leyes e invocar supuestos derechos que legitimen sus tesis. Es muy cuestionable que la democracia sea posible sin el imperio de la ley, pero también me parece inaceptable en términos democráticos negarles su derecho a decidir al resto de los españoles en un asunto que les afecta. Pero para algunos la democracia solo sirve cuando les da la razón.

Sueño ciudadano de Navidad: los jueces,fiscales y magistrados podrían salvar a España
Francisco Rubiales Periodista Digital 19  Diciembre 2012

Si los jueces, magistrados y fiscales, en lugar de enviar cartas a Rajoy, protestar y manifestarse inútilmente contra la ley Gallardón, se limitaran a aplicar las leyes y a encarcelar a los corruptos y ladrones que infectan el poder político, no sólo ganarían la batalla y Gallardón dimitiría en siete días, no sin que antes el gobierno de Rajoy hubiera anulado esa desgraciada ley, sino que prestarían también un encomiable servicio a España liberándola de una de las peores plagas de su historia, la de los políticos ineptos, corruptos, egoístas y antidemócratas que se han apoderado del Estado. Pero, desgraciadamente, no se atreven.

Es un sueño de la Navidad 2012 que compartimos millones de españoles demócratas y decentes, decepcionados y escandalizados ante la bajeza de nuestros políticos. Soñamos con que ese Poder Judicial español se rebele y que en lugar de manifestarse inútilmente en las puertas de los juzgados se decida a aplicar las leyes y a encerrar entre rejas a los miles de políticos corruptos y ladrones que infectan el país.

La Justicia parece que se rebela y ha sabido unirse como nunca antes contra esa ley de Gallardón que establece peajes para alcanzar la Justicia y elimina una Justicia gratuita que estuvo vigente durante decenas de años en todo el mundo occidental, rompiendo banderías y barreras ideológicas Pero en lugar de enviar cartas a Rajoy, gritar y protagonizar tímidas protestas y huelgas parciales que no conducen a nada, deberían lanzarse con brío y decencia a juzgar a los ladrones y sinvergüenzas que pueblan las filas del poder político, iniciando así la esperada y soñada regeneración de España.

La única huelga y la única protesta que tiene hoy sentido en la Justicia española es la de cumplir con su deber y encarcelar a los corruptos, a los que han abusado del poder, a los que se burlan de las leyes con impunidad y a los que han saqueado las cajas de ahorro y las arcas del Estado. Cualquier otra protesta es estéril y destinada al fracaso.

La Justicia es el único poder que queda en España con capacidad de reaccionar y de deslizarse hacia la democracia, ya que los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo, están perdidos para la decencia y la dignidad democrática.

¿Quieren los jueces, fiscales, abogados, procuradores y todo el personal del sistema judicial que la ley Gallardón se vaya al carajo, que el pueblo les apoye y les aclame como héroes? Solo tienen que desempolvar expedientes olvidados en los cajones, aplicar las leyes con espíritu democrático y empapelar a los muchos mangantes y canallas que campean a sus anchas por la desgraciada España, confiados en su impunidad.

De ese modo no solo ganarán su batalla, sino que prestarán a España el mejor servicio, iniciando la limpieza que el país necesita, acabando con la impunidad del poder político, encarcelando a los delincuentes, inculpando a los corruptos y obligando a devolver el dinero robado a los muchos saqueadores de las cajas de ahorro y del erario público que andan sueltos y pavoneándose de su poder, sin miedo a la Justicia.

Se convertirían en "regeneradores" y en "héroes" de un pobre país desprotegido, cada día más arruinado, acosado por la injusticia y sin esperanza.

Voto en Blanco

España Federal
Manuel Molares do Val Periodista Digital 19  Diciembre 2012

Aunque el PSOE vaya perdiendo elecciones, una tras otra, sus líderes imaginan un futuro brillante si reforman la Constitución para crear una España Federal en la que, si ahora viven casi medio millón de los cargos políticos, en ella lo harán millón y medio, por lo menos.

En la España Federal, y dada la tendencia de los partidos a crear instituciones y empresas en las que enchufar a sus conmilitones, habrá entre diez o doce mini-Estados cada uno con sus estructuras de Gran Estado.

Si ya la España autonómica está viciada por incontables plurimamandurrias, la Federal las multiplicará por tres o más –hasta veremos bien pagados embajadores de Cádiz en Sevilla y similares--, para que todo militante y sus familias vivan del sistema.

La I República –que mantuvo la bandera que ahora es constitucional— nació el 11 de febrero de 1873, y el 11 de junio se proclamó Federal.

Siete meses después acabó con ella el general Pavía: los poderes locales se habían establecido como repúblicas autónomas, de las que surgieron los “cantones”. Algunos se declaraban la guerra entre ellos.

En los once meses republicanos hubo cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

Quien analiza las actuales rivalidades entre ciudades como Murcia y Cartagena, San Sebastián y Bilbao, o Coruña y Vigo, sabe que debilitando al Estado y convirtiendo sus hipertrofiadas CC.AA. en países semiindependientes volvería la multiplicación cantonal.

De nuevo, Cartagena amenazaría con la guerra a Lorca y enviaría sus tropas contra Albacete, como entonces.

Zapatero creía que con sus ocurrencias resucitaría la II República: dejó moribundos al PSOE y a España.

Ahora Rubalcaba va más atrás, a la I República. Quiere enterrar su partido, resucitar los Cantones y pedirle al General Pavía que vuelva.

Más mentiras secesionistas, y más gasto separatista
Bernardo Rabassa http://www.diarioelaguijon.com  19  Diciembre 2012

* Bernardo Rabassa es Presidente de Honor y relaciones exteriores del Club Liberal Español y Presidente de la Fundación FIECS “Instituto Europeo para la Comunicación Social”.
(Via

“Ante la Gran Mentira” es un magnífico libro, de Antonio Garcia Trevijano, catedrático de Derecho, y partidario como yo, de la Republica Constitucional, que demuestra hasta la saciedad, que solo hay en el mundo una autentica democracia que es la U.S.A, ya que no solo no hay partidos burocráticos, sino que la separación de poderes es neta entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, además de ser el único país del mundo, donde les puedes echar mediante el “impeachement”. España, es una autocracia de partidos, bajo Régimen monárquico, consagrada por una Constitución, la de 1978, que es un apaño montado por Adolfo Suarez, con el consenso de las elites de los diminutos partidos que en esa fecha existían, y que permitió el desorden de las 17 Autonosuyas, además, de consagrar la falta de democracia interna de los partidos, que se esclerotizaron transformándose en “La Casta”, que sigue luchando por sus privilegios, más que por los derechos de los ciudadanos a los que mal gobiernan. 450 mil políticos y asesores son los que viven de semejante engendro. Lástima que Antonio García Trevijano, al quien conozco hace más de 40, años sea tan petulante, pues a su privilegiada mente, se une un carácter insoportable.

Pero, vayamos al tema, Catalunya y País Vasco, que intentan convencernos de que el voto soberanista separatista secesionista es superior al no nacionalista y españolista, y tienen solo una parcial razón, pues el voto a los partidos, considerando las elecciones desde 1980 a 2012 en las autonómicas, es verdad que ha ido evolucionando en Catalunya desde un ventaja del 61.4% en el 80 a algo más del 56%, en 2006, con su peor situación en 1992, en que pasaban a un 54.9%. En el País Vasco, ha ido del 59,9% en el 80, a casi un 68% en 2006 y en 2012 al 66% al 69.54 en 2012. Naturalmente estas diferencias, son sobre el censo con derecho a voto, no del que ha ido a votar, pues se pasa desde una población media en Catalunya de 4.4 millones a 5.25 hoy, y en el País Vasco desde 1.55 millones a 1.77 millones.

La mentira y la trampa, está en los que no van a votar, casi siempre más del 30% del voto, en ocasiones incluso más. ¿Qué sucedería si votaran todos, los asqueados con el Régimen, pues la correlación de fuerzas, da unas falsas paralelas, en Catalunya y el País Vasco, ya que en este ultimo las diferencias favorables a la secesión siempre han sido mayores que en la primera. Catalunya busca un pacto nacionalista secesionista y el país Vasco busca justamente evitarlo. Pues el Bildu asesino, asociado a ETA, les crea a los hipócritas democristianos y jesuíticos del PNV, remordimiento de conciencia, ya que fueron sus progenitores, pero sus hijos fueron muy “malos” hasta alcanzar la escalofriante suma de mil asesinatos, con tragedias inenarrables que han dejado huella en su inconsciente colectivo. Jamás, pagaran el daño que han hecho al resto de sus compatriotas, ni con mil años de historia, que intenten ocultar las salvajadas etarras, propias de un pueblo ignorante y cobarde, que solo sabe sacar pecho, disparando por la espalda y rindiendo las armas al menor enfrentamiento. No os preocupéis, quemareis en el infierno en el que decís creer. Es imposible que exista un Dios generoso, que os perdone.

El problema real, es, al menos en Catalunya el desafío al imperio de la Ley, desafío y violación de facto, ya de larga trayectoria, en desobediencia al gobierno elegido. Por muy mal que me caiga la Constitución, es la ley, y la respeto, a ver si consigo cambiarla, pero no la violaré como hacen esos chulos, asquerosos al estilo Más y demás pandilla, que por no saber no saben ni el español correcto. Tanto se han sumergido en una lengua, la Catalana, distinta del Valenciano y del Balear y que tan mal traducen, cuando hablan, en sus intervenciones parlamentarias. Si lo sabré yo, que tuve el honor de terminar, haciendo fichas, el Diccionarí Catalá-Valenciá-Balear de Mosén Costa y Llobera, ayudando a mis profesores, el valenciano Luis Sanchís Guarner y el menorquín Francisco de Borja Moll, en el Estudio General Luliano de Mallorca, del que era secretario General, mi padre Gabriel Rabassa Oliver.

Recientemente, he visto, como se rechazaba un artículo mío, en mi Palma natal, titulado “Sa meua Llengo” por no ser acorde con el catalán normalizado de las Islas, diciéndome que no es Lengua sino “Parla”, cuando el único requisito para ello, es tener literatura, nada menos que comenzando, con la de Ramon Llull, mallorquín. Por cierto, mal que les pese, a los catalanes imperialistas y secesionistas.

Por poner, solo un ejemplo de incumplimiento de las leyes y de las órdenes del Gobierno nacional; las Comunidades Autónomas, sólo han cerrado 198 de las 675 empresas que debían haber liquidado a julio de 2012. Las Autonomías que más gastan en empresas públicas, fuera del presupuesto son Murcia, un 47,4% de todo su gasto, y Cataluña, un 22,8%. Empresas Institucionales Catalanas, 437, y Andaluzas, 370, que son, las que más entes mantienen. Montoro había prometido dar datos de cumplimiento de las autonomías, sin embargo, las negociaciones con algunas CCAA se han atascado por la desobediencia. Pese a que tenían que recortar un 28 por ciento, únicamente han liquidado un 8 por ciento del sector público autonómico, cuyo inventario recogía en julio de 2010 unos 2.404 entes. La cuenta ascendía, hasta los 2.477 si se incluían las 40 sociedades compartidas por CCAA y las 33 de Ceuta y Melilla. Estos datos nunca se habían dado a conocer, excluyen al País Vasco y se refieren a los entes que no consolidan en los Presupuestos y que, por lo tanto, a menudo han sido empleados bien para eludir la legislación y contratar a dedo, o bien para endeudarse sin reflejo en las cuenta.

Las dos comunidades que más empresas públicas mantenían en julio de 2010 eran Cataluña, 458, y Andalucía, 380. A julio de este año, los catalanes han eliminado 21 de las 83 acordadas, y los andaluces han podado 10 de 113 previstas. Extremadura es la única que se ha deshecho de todas las que había prometido, 9. Con 38, Galicia es la que ha cerrado un mayor número. En ajustes de plantilla, Castilla La Mancha es la que mayores esfuerzos está realizando, pues se trata de la que más ha reducido su sector público extrapresupuestario, un 37 por ciento, de 86 a 54 entes. Y es la que más empleados de estas sociedades ha despedido, 2.466. . Sólo Valencia ha detallado también un número significativo de despidos en estas sociedades, 653.

Otro dato preocupante radica en el porcentaje de gasto no financiero de las autonomías que se destina a estas empresas. Estos subsidios ascienden en el ejercicio 2011 al 47,4 por ciento de los desembolsos en la Región de Murcia; al 22,8 por ciento en Cataluña; y al 20,3 en Madrid. La media ronda el 14 por ciento. Y lo mismo sucede con la porción de la deuda que las comunidades aparcan en estas sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones. Ésta supone el 23 por ciento de toda la deuda financiera y comercial que acumulan las regiones y pone de relieve el agujero que suponen estas entidades.

Baleares (53,7%), Asturias (44,9%), Murcia (32,2%) y Cataluña (22,8%) son las que mayor porcentaje de pasivos han enterrado en tales entes.

La Comunidad Valenciana había proyectado que vendería bastantes inmuebles y por la crisis no lo ha conseguido. Cataluña sigue empeñada, en que no se ceñirá al objetivo de déficit, pero al menos ha logrado privatizar las aguas y se ingresará por este concepto unos 300 millones este año, una cantidad que alivia sustancialmente sus necesidades de ajuste. Debido a su tamaño y al hecho de que pertenece a otro partido político, Andalucía también preocupa en la sede del Ministerio de Hacienda. No obstante, fuentes de la Junta, se muestran confiadas de que lograrán acercarse a la meta de déficit. Curiosamente, no hacen más que llegarme PPS, sobre el Cantonalismo en la 1ª Republica española ¿Estaremos, tropezando hoy en la misma piedra?. De forma que “Viva Cartagena” y España al garete, si no fuera, porque todavía quedamos patriotas que no aceptamos el secesionismo-separatista-nacionalista.

“Las 10 mentiras de la inmersión”,

 Convivencia Cívica Catalana  19  Diciembre 2012

Estimado/a amigo/a,
Como sabes, la inmersión lingüística en Cataluña es sin lugar a dudas uno de los pilares fundamentales del nacionalismo catalán y alrededor de ella sus defensores han establecido un discurso lleno de tópicos y frases hechas.

Por ello Convivencia Cívica Catalana realizó hace unos meses un documento, titulado “Las 10 mentiras de la inmersión”, que rebate los tópicos tan repetidos sobre la inmersión y que cobra de nuevo vigencia ante la reciente polémica lingüística en el ámbito de la educación.

Con la inmersión ni los alumnos consiguen el mismo nivel de lengua española que en el resto de España ni se favorece la integración de los inmigrantes. Por el contrario, la obsesión por la enseñanza sólo en catalán es un obstáculo para la integración de muchos inmigrantes.

La inmersión no es un modelo de cohesión sino de exclusión lingüística y perjudica a los alumnos castellanohablantes y también a los catalanohablantes.
Tampoco está avalado por Europa ni es un modelo de éxito, sino de fracaso escolar.

Este informe pone de relieve que la inmersión que se practica en Cataluña no sólo es inconstitucional sino que también tiene claras consecuencias negativas para muchos alumnos desde el punto de vista pedagógico.

Cabe subrayar que la característica fundamental de la inmersión es la exclusión de la lengua española. Por ejemplo, el gobierno catalán sí permite que haya decenas de centros educativos donde se imparten asignaturas en francés o en inglés llegando incluso a las 10 horas semanales.

Es decir, la administración catalana no tiene problema alguno si se quitan 10 horas de enseñanza en catalán para darlas en francés o en inglés pero si se pide 1 sola hora en español entonces se niega de manera frontal, alegando que sería “malo para los niños”.

Es obvio que la inmersión, incluso más que un sistema de enseñanza en catalán es un sistema de exclusión de la lengua española que ni siquiera los sectores más radicales del nacionalismo catalán hubieran soñado.

Es un sistema único en el mundo en que la lengua oficial del Estado queda excluida como lengua vehicular de enseñanza.

Parece evidente que de lo que se trata es que los niños perciban que la lengua española es ajena y extraña a Cataluña y por ello se enseña con la misma dedicación que una lengua extranjera.

“Las 10 mentiras de la inmersión” es un documento que creemos que puede ser de utilidad para rebatir falsos tópicos sobre este tema y, si lo consideras conveniente, te agradeceríamos que lo difundieses.
Como sabes, Convivencia Cívica Catalana defiende algo tan elemental como que a una sociedad bilingüe le corresponde por lógica, por sentido común y por respeto a todos, una escuela también bilingüe.
Por ello, estaremos siempre en contra de un modelo de enseñanza únicamente en catalán y que trata la lengua de la mitad de la sociedad como una lengua extranjera en las escuelas.
Atentamente,

CONVIVENCIA CIVICA CATALANA
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Un tribunal para el desbarajuste
Fernando Onega La Voz  19  Diciembre 2012

Hay una pregunta muy sencilla que se suele hacer el pueblo llano: ¿se puede saber quién manda aquí? En nuestra democracia se han dado respuestas entretenidas: los poderes fácticos, porque a alguien había que echarle la culpa; los militares, tras el golpe del 23-F; los jueces, que corrigieron algunos excesos de la mayoría absoluta de Felipe González; los compañeros de pupitre de Aznar; los sindicatos, hasta el punto de que a Cándido Méndez se le llamaba «el cuarto vicepresidente de ZP». Y ahora, con Rajoy, la tenencia del poder real se atribuye a la señora Merkel.

Ruego que presten atención al Tribunal Constitucional. No es que sea un tribunal de garantías constitucionales. Es que está corrigiendo la gobernación de asuntos diarios. Sus últimas sentencias van en esa línea. Primero le echó una mano al Gobierno ordenando que no se pague la extra de Navidad en las Administraciones Públicas. Con ello se convirtió en auxiliar de una decisión política en un asunto que, en principio, no afecta a la Constitución. Después le ordenó al Gobierno vasco que imponga el copago sanitario, lo cual es igualar a todas las autonomías. Y lo último y más llamativo, hacer que los inmigrantes sin papeles tengan derecho a sanidad pública. Es el primer golpe serio a la política de austeridad.

Lo más interesante del auto, a la espera de sentencia, es la argumentación de fondo, que se puede resumir así: el derecho a la salud es prioritario, porque está reconocido en la Constitución. El ahorro económico no puede limitar ese derecho. Le tengo que plantear al profesor (y maestro) Blanco Valdés si no sería justo aplicar la misma filosofía a los demás recortes sanitarios, porque hay comunidades donde se han cerrado quirófanos y se ha limitado la asistencia. Y, por extensión, ¿son constitucionales los recortes en educación, que también pueden afectar a un derecho social básico? Y algo más: ¿se puede recurrir al altísimo tribunal un desahucio, porque deja a una familia sin derecho a vivienda por una razón económica casi siempre involuntaria?

Ahora bien: tiene trabajo el tribunal. En un día se anuncia que tendrá que pronunciarse sobre las tasas judiciales y tendrá que volver al redil a Cataluña, que lanzó la primera andanada de la nueva legislatura con su impuesto sobre depósitos bancarios. Las comunidades autónomas pasaron treinta años sin usar su capacidad de recaudación más que en asuntos menores y ahora están dispuestas a desquitarse. Como esto siga así, el desmadre autonómico está garantizado. Y ahí es donde tiene que poner orden, y mucho, el Tribunal Constitucional. En tiempo de abundancia, porque las autonomías despilfarraban el dinero. En tiempo de escasez, porque nos quieren esquilmar.

Los puentes están rotos
Pablo Sebastián www.republica.com 19  Diciembre 2012

Esto de dinamitar los puentes de la política y el diálogo en este país se ha convertido en una especie de deporte nacional. Ahora le ha tocado el turno a Artur Mas que se ha vengado del apoyo insuficiente que le dio el pueblo catalán en las elecciones autonómicas del pasado 25 de noviembre con un pacto radical con ERC de investidura, y ya veremos si de legislatura, con el que se compromete a un referéndum de autodeterminación a celebrar en el año 2014 -salvo situaciones especiales económicas o políticas, dice el texto del acuerdo para darle un respiro a Unió que no quería poner fecha-, con el objetivo de crear un Estado catalán con presencia en la UE. Es decir dos imposibles: un referéndum que es ilegal y un Estado en la UE que la Unión Europea no admite. Y con semejantes quimeras -como decía el Rey Juan Carlos- se ha lanzado Mas en brazos de ERC, creyendo que así se “venga” de España o compensa su fracaso en las pasadas elecciones, cuando lo que hace es, al contrario, caminar hacia un pozo sin fondo y sin salida de la mano de un partido tan radical como ERC -que ya hundió al PSC-, que le acaba de dar al propio Mas y a CiU el abrazo del oso, al tiempo que anuncia un camino de ruptura con el Estado al margen de la legalidad, lo que hace insostenible un diálogo democrático con el Gobierno central del que la Generalitat depende tanto al día de hoy, por la ruinosa situación de las finanzas catalanas víctimas de los despilfarros del gobierno de CiU y de los anteriores del PSC donde ya estaba ERC.

Naturalmente todo esto merecería una respuesta clara y contundente del Gobierno de Rajoy para que no haya equívocos y como una clara advertencia a estos navegantes de aguas revueltas y peligrosas. Pero ese no suele ser el estilo de Rajoy ni de su gobierno. Los que en esto de romper puentes de relación y diálogo no le van a la zaga a nadie.

Por ejemplo ahí tienen a los ministros Wert y Gallardón. Así, después de provocar e indignar a todos, a los nacionalistas (en el peor momento posible, de la investidura de Artur Mas) y a los españolistas del centro y la izquierda, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, les propone a todos “un pacto de Estado” (sic) sobre la Educación. Para pedir un pacto de Estado antes hay que comportarse como un estadista y no como un provocador. Y algo parecido le pasó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha impuesto por la fuerza sus reformas del aborto, el código penal y de las tasas judiciales y ha descalificado a los jueces y fiscales y ahora les pide un consenso sobre la reforma del poder judicial. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, más de lo mismo, culpa al PSOE del fracaso de su primer año en el poder donde gobernó por decreto y sin consenso, y ahora pide diálogo, al igual que se lo ofrece a Artur Mas para que no pacte con ERC, después de las descalificaciones contra CiU de sus ministros y dirigentes del PP y de la “guerra sucia” amparada por su gobierno durante la pasada campaña electoral catalana.

Es decir el Gobierno de Rajoy dinamita los puentes y gobierna por decreto y luego dice que tiende las manos y ofrece diálogo y pactos, incluso la abstención del PP en Cataluña para que CiU no necesite de los votos de ERC en la investidura de Artur Mas, oferta que llega demasiado tarde y sin ninguna credibilidad. Primero apalea a la oposición y luego les pide que pacten con el PP, cuando ya está todo visto y no hay nada sobre lo que se pueda pactar, entre otras cosas porque el daño, en muchos de los casos, ya está hecho y es irreversible.

Este Gobierno de Rajoy ha buscado la confrontación frente a una oposición débil o muy dañada a la que ha torcido la mano con las peores artes de la autocracia y el abuso de poder, y ahora pretende hacer una foto conjunta con todos ellos con motivo de la Navidad.Y si esto es grave peor aún resulta que la oposición, o algunos de los más directos adversarios del Gobierno, como es el caso de CiU y de Artur Mas, han convertido los desafíos y malas artes de Rajoy y de su entorno político y mediático en motivo de furia y de venganza. Así, lejos de jugar la partida con inteligencia y mesura, se han lanzado por la pendiente más radical del pacto a ciegas con ERC. Primero para salvar la cabeza del líder herido, Mas, y luego para acelerar los desafíos al Estado desde Cataluña y en todos los frentes posibles. Con lo que Mas, lejos de reflexionar sobre lo ocurrido el 25-N en las elecciones catalanas y de actuar en consecuencia, se ha lanzado de cabeza no solo en contra del Gobierno sino contra el Estado camino de ese referéndum ilegal que acaban de pactar con ERC, con lo que el choque de trenes, desfavorable para los nacionalistas catalanes pero transmitiendo inestabilidad política en España, está asegurado.

Y lo mismo le ocurre con la izquierda a nivel nacional español, un lugar donde el PSOE e IU no acaban de conseguir ni aglutinar a los indignados y desencantados de la política, ni ofrecer al total de los españoles una política realista, europea y alternativa a la del PP, por ejemplo con la presentación de unos Presupuestos para el año 2013 que ni Rubalcaba ni Cayo Lara están en condiciones de redactar incluyendo medidas y ajustes que permitan a España el poder cumplir los objetivos de déficit de la UE, sus compromisos de deuda y financiación en los mercados y la culminación de las ya en marcha Unión Fiscal y Unión Bancaria de la UE.

De manera que seguiremos en el cada uno por su lado, porque el Gobierno ha dinamitado los puentes antes de hablar (ayer mismo Cospedal se dedicó a entrometerse en los problemas internos del PSOE), y la oposición indignada con el Gobierno y sin liderazgo ni alternativa clara tampoco está en condiciones de avanzar hacia ninguna parte y menos para someterse al dictado de Rajoy. Por lo que habrá que esperar unos meses y ver cómo se despliega el año 2013 para saber qué pasará en la lucha política y social. Si el año no entra en una dura recesión como la que anuncian el FMI, la OCDE y la CE, y se atisba algo de recuperación, el gobierno de Rajoy habrá ganado la partida. Si, al contrario, la situación va a mucho peor, el estallido social y la necesidad imperiosa de pedir el rescate de la UE llevará a Rajoy y su gobierno a una pésima y desesperada situación, donde no habrá diálogos ni consensos sino reproches y altísima tensión.Y a no perder de vista el desafío catalán que acaba de entrar en su segunda fase de la mano de ERC y que, después de no pocos disimulos y de quitar importancia a estos hechos, se aproxima por fin y poco a poco a la hora de la verdad. Recordando en algo lo que pasó con el desaparecido Juan José Ibarretxe, aunque falta por ver cual es el desenlace en el territorio catalán.

Elogio parcial de Sor Intrépida y reproche a Maravall y Rubalcaba
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 19  Diciembre 2012

Wert intenta reparar en la educación males que viene de muy atrás, incluso de antes del paso de Maravall y Rubalcaba por el Ministerio. Pero ellos son los que menos pueden quejarse.

En El camino de vuelta, recordando las tres décadas pasadas desde octubre de 1982 y desde la formación del primer Gobierno de Felipe González en aquel diciembre, Joaquín Leguina hace memoria y trata de situar las cosas en su contexto de entonces. Intelectualmente, la moda desde mayo de 1968 había sido en nuestra izquierda y el huero centro el marxismo progre combinado con el maoísmo y el estructuralismo, nada menos. El libro de Leguina, que ha publicado La Esfera, es de agradecer, se lee con agrado y provecho y ha merecido comentarios y silencios igualmente reveladores. Sin embargo, quizá por ir sólo a lo importante, muchos detalles justamente del contexto han pasado inadvertidos.

Joaquín Leguina, economista de formación española y francesa, Estadístico Superior del Estado por oposición cuando éstas no eran precisamente un regalo, aún hoy dice "apreciar y practicar el rigor que entonces se vivía en las Universidades francesas". Pero no se refiere a la formación posterior a mayo del 68, sino justamente al modelo académico serio, jerárquico y riguroso anterior, contra el que los progres de Francia primero y de otros lugares después se alzaron. Y Leguina llama "decididamente idiotas" a consignas como "Los planes de estudio son represión. Escapa del mostruo" o "los estudiantes son el nuevo proletariado", verdaderas necedades de extrema izquierda radical… sobre las que se han construido nuestras reformas educativas desde 1985, las que debemos a los progres y a las que debemos nuestra espléndida situación intelectual, académica e incluso (que no es ni jamás será lo principal) económica.

La revolución Wert, como ha dado en llamarla Mikel Buesa, no es ni pretende ser tal. La educación española ha cambiado en 1938 con Pedro Sáinz Rodríguez, en 1970 con Villar Palasí y desde 1982 con José Antonio Maravall (avalado por su padre, su cátedra, su militancia y su equipo, Rubalcaba incluido). Aquellas fueron revoluciones, y quizá la más radical la de la LGE del 70. De la de Wert, junto a unos cuantos parches urgentes, lo más que prevé Buesa es el enfado de los afectados socialcomunistas y nacionalistas "los unos porque prevén la fisura de su totalizante sistema de inmersión lingüística y los otros porque creen arrumbado su ilusorio método para aparentar la igualdad de todos los españoles mediante el expediente del aprobado general". Claro, claro, mal no está, y hay más. Pero eso no basta para una revolución.

Quizá ahora sí necesitamos una revolución. Cuenta también Leguina que en la moción de censura de 1980 de Felipe González contra Adolfo Suárez se adujo como una de las razones el deterioro de los servicios públicos, incluyendo la educación. Tres décadas después, Buesa y muchos con él cree que hoy es "ruinoso el estado de nuestra educación; un estado al que condujo la reforma educativa de 1990 y que se hizo manifiesto una década más tarde, cuando las primeras generaciones de la ESO llegaron a la universidad. Los indicadores más llamativos del asolado sistema de enseñanza que aún está vigente son los que se refieren al fracaso escolar y al bajo nivel de conocimientos que se adquieren en las aulas españolas". Así que la LODE y la LOGSE han causado este panorama de hoy. Sumando a él, además, una sobrecarga de docentes y funcionarios de méritos malamente verificados y un gasto desproporcionado a los resultados. Eso sí, junto a la imposición en el sistema "revolucionario" de los prejuicios ideológicos de los que lo definieron. Y ahí siguen, las ideas si no las personas.

"La generación mejor formada" de la historia de España, según los discípulos de Maravall, cuesta más de 6000 euros por cabeza y año al Estado a cambio de obtener unos resultados objetivos escandalosamente bajos en nuestro entorno y más bajos que en 1982… eso sí, con más porcentaje de graduados, porque el espíritu de las Leyes y de esa "calidad" burocrática que tanto fomenta el onanismo mental de los gestores del sistema y que se consigue… simplemente aprobando alumnos, no haciendo que se eduquen. Cosa que se además se agradece, teniendo en cuenta que muchos docentes impartiesen enseñanzas de conocimientos que no poseen ni jamás han demostrado poseer. Lo peor no es, por tanto, el fracaso escolar de los que salen del sistema sin título, sino la devaluación del título de secundaria a fuerza de regalarlo, a fuerza de considerar el título un éxito en sí, a fuerza de promover la mediocridad y de reprimir la excelencia (la de verdad) y la existencia de una élite intelectual y académica.

No hacen falta más recursos, sino un profesorado mejor, más formado (y si hace falta para ello más pagado) aunque sea menor en número, capaz de dar y pedir excelencia y respeto. No necesitamos más diversidad en el aula, sino centros especializados. No necesitamos protocolos de gestión de la diversidad variopinta, sino que de esos alumnos se ocupen personas capacitadas para ello. Si el alumno no ha aprendido en casa a comportarse educadamente, tiene tres opciones, todas excelentes: quedarse en su casa hasta que su familia le de lo que hasta el momento no le había dado, acudir a un centro especializado en eso u otorgar a los docentes toda la autoridad necesaria para hacerlo. Y eso, que era antes una tradición, ahora sería una revolución. Joaquín Ruiz Jiménez en la década de 1950, acusado en su momento de tibio y pacato, ni desmontó todo el sistema de Sáinz Rodríguez ni se aventuró a lo loco en lo que entonces era modernidad educativa. Seguramente pudo hacer más, pero los obispos no estaban por la labor y él era el más democristiano de todas las Sor Intrépidas. Esa prudencia y ese equilibrio, por los que entonces unos le acusaron de modernista y otros de esclavo del clero y del capital (sin ser nada cierto ni todo falso), hoy sí sería una revolución. Sería Sor Intrépida, pero entonces había un Bachillerato digno de tal nombre que otros países han reformado y conservado, no dinamitado. Volver a tener uno sí que sería una reforma… o una revolución.

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Patada a Rajoy... y a los ciudadanos
Editorial www.gaceta.es 19  Diciembre 2012

Artur Mas ha conseguido ya su pacto de Gobierno: contará con la ayuda de Esquerra Republicana. Se consuma así el frente separatista con el referéndum prosecesión en el horizonte. Y el president ha decidido abrir su nueva legislatura, antes incluso de formar gobierno, con una patada a Mariano Rajoy. El Gobierno de todos los españoles, en efecto, había anunciado su intención de vetar a las comunidades autónomas la imposición de tasas sobre los depósitos bancarios. Así las cosas, le ha faltado tiempo a Artur Mas para anunciar que desde esta misma semana entrará en vigor en Cataluña una normativa dirigida exactamente a ese fin: gravar con un nuevo impuesto las cuentas bancarias. La medida tiene un objetivo económico evidente, porque se trata de recaudar fondos para las exhaustas arcas catalanas. Lo mismo, por cierto, que Extremadura y Andalucía. Pero además el asunto presenta una dimensión política de grueso calado: es una patada al Gobierno de Rajoy. El mismo día, por cierto, que el presidente del Gobierno declaraba en el Senado que su “predisposición a colaborar con Cataluña es total”.

Este impuesto sobre los depósitos bancarios es una vieja aspiración radical enarbolada por Esquerra Republicana de Cataluña que ahora Convergencia, apretada por la necesidad de un pacto de Gobierno, ha hecho suya. Se trata de crear un espacio fiscal propio y depender lo menos posible de las ayudas de la Administración General del Estado, que, recordemos, ya ha inyectado en Cataluña sucesivas dosis de millones para enjugar sus catastróficas finanzas. Los nacionalistas, según sus propios cálculos, aspiran a recaudar unos 500 millones de euros al año. El impuesto gravará a las entidades con sede en Cataluña y también a las que, radicadas en otros lugares, tienen sin embargo actividad comercial en territorio catalán.

Al cierre de esta edición, ninguna entidad crediticia se había atrevido aún a manifestar su opinión al respecto, pero parece claro que los bancos serán los principales perjudicados por el nuevo impuesto. Y como estos males vienen siempre en cascada, será inevitable que al final el peso caiga sobre las ya deslomadas espaldas de los ciudadanos.

El conseller Homs se ha apresurado a decir que el cliente no notará la medida. Intenta prevenir con ello la eventual fuga de depósitos hacia otras regiones. Imaginemos que así sea y el impuesto se quede en la entidad bancaria. En ese caso, sin duda, los bancos tendrán que empezar a preguntarse hasta dónde llega su amor al terruño.

La suma que divide
albert rivera ABC Barcelona 19  Diciembre 2012

Lejos de dimitir, el presidente nacionalista ha decidido seguir adentrándonos a todos los catalanes en el callejón sin salida separatista, ahora con una alianza con ERC

El resultado electoral del 25 de noviembre ha sido un fracaso personal de Artur Mas que, tras su deriva separatista, ha huido de la crisis, de los recortes, de la caja vacía de la Generalitat y de la corrupción que acecha a CiU, convocando unas elecciones anticipadas para tener mayoría absoluta, perdiendo 12 escaños y quedándose en el 30% de los votos.

Lejos de dimitir, el presidente nacionalista ha decidido seguir adentrándonos a todos los catalanes en el callejón sin salida separatista, ahora con una alianza con ERC, el único partido que apoyará su investidura, y bajo un pacto cuyo único elemento de suma es, paradójicamente, la división.

El objetivo común del bloque ultranacionalista es separarnos del resto de los españoles y, en consecuencia, de los ciudadanos de la Unión Europea, fracturando a la sociedad catalana en dos partes, unos contra otros. Ni la economía, ni el empleo, ni la calidad democrática, ni los pilares básicos del bienestar, ni la lucha contra la corrupción -es evidente-, son elementos principales del pacto entre Mas y Junqueras cuando, según los estudios sociológicos, estas son las principales preocupaciones de los ciudadanos de Cataluña, igual que las del resto de los españoles.

La federación nacionalista no se ha atrevido a proponer otro candidato distinto a Mas, como ya hizo con buen criterio el PNV substituyendo a Ibarretxe por Urkullu como paso clave hacia una recomposición de los puentes de diálogo con los partidos de la oposición y con el gobierno central. Ahora todos los catalanes nos vemos abocados a una legislatura convulsa y probablemente breve, y en la que a los problemas que ya tenemos los catalanes se sumará uno nuevo y grave: el de la fractura política, económica y social. Es el momento de plantear otra Cataluña, la que prioriza lo que nos une, la Cataluña que reconoce su pluralidad y no la esconde, y la que tiende puentes con el resto de España en vez de romperlos. Algunos, viendo la que se avecina, empezamos desde hoy a preparar esa Cataluña de todos que, además de un sueño, empieza a ser una imperiosa necesidad.

Albert Rivera preside del grupo de Ciutadans en el Parlament.

TRAS EL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD SELLADO ENTRE CiU Y ERC
Artur Mas ya tiene hoja de ruta: referéndum en 2014, más 'embajadas' y blindar la lengua
Antonio Fernández. Barcelona El Confidencial 19  Diciembre 2012

Fumata blanca para Artur Mas. Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) alcanzaron ayer un acuerdo de legislatura para garantizar la gobernabilidad de la Generalitat, tras una segunda reunión entre el president en funciones y el líder republicano, Oriol Junqueras. Todos cedieron y todos ganaron. Es decir, todos contentos. El calendario está claro ahora: el próximo viernes, Mas será investido president; el día 24 firmará el decreto de nuevo Gobierno; y el día 26, o el 27, tomará posesión el nuevo Gabinete, en el que se prevén cambios sustanciales.

Fuentes cercanas a las negociaciones admitieron a El Confidencial que el tira y afloja entre los dos partidos fue “muy duro”. Mas se encontraba entre la espada y la pared. La negativa del PSC a un acuerdo de legislatura le dejó prácticamente en brazos de Esquerra, ya que con su tradicional socio, el Partido Popular (PP), los puentes están rotos. En esta tesitura, CiU partía con la desventaja de que necesitaba el acuerdo, mientras que Esquerra negociaba con la fuerza que le dan sus 21 diputados y el ser la segunda fuerza parlamentaria, además de saber que con socialistas y populares no cabía pacto posible.

En el acuerdo firmado, los dos partidos se comprometen a realizar una declaración de soberanía del pueblo de Cataluña en el primer pleno ordinario de la próxima legislatura, además de aprobar una ley de consultas y abrir diálogo con el Gobierno central para que permita celebrar un referéndum independentista en 2014, “con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga. En todo caso, la fecha será pactada, como mínimo, por las dos partes firmantes”. Para ello, se creará el Consejo Catalán para la Transición Nacional “como órgano de impulso, de coordinación, de participación y de asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en relación con las actuaciones del proceso de consulta y transición nacional y con el objetivo de garantizar su impulso y su materialización”. Ese año tiene un significado especial, ya que se cumplirán 300 años de la conquista de Barcelona por las tropas de Felipe V. Fue el 11 de septiembre de aquel año, fecha que quedó incorporada al calendario de Cataluña como la Diada, el día patriótico por excelencia de la comunidad.

Era la propuesta estrella de CiU y de ERC; la discordancia la provocaba la fecha de su celebración. Los republicanos consideraron que el año 2014 era inamovible, aunque los convergentes querían dejar en el aire el día de la consulta. Este fin de semana, el líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, quemó su último cartucho para evitar atarse a una fecha, argumentando que en la resolución parlamentaria que habían aprobado CiU, ERC e ICV se preveía la celebración del referéndum “preferentemente” durante la legislatura que ahora comienza, lo cual no quería decir que fuese “obligatoriamente”.

Pero Esquerra apretó mucho en este tema. Al principio, había previsto exigir que el referéndum fuese en 2013, pero tanto por la premura de tiempo (es preciso aprobar antes la ley de consultas, ya que con las leyes vigentes no se puede convocar) como por el significado de 2014, acordó posteriormente que ese es un buen año para convocar la consulta por la independencia. A la postre, Oriol Junqueras le ganó por la mano a Duran Lleida, consiguiendo la luz verde del mismísimo Artur Mas.

La estrategia antes del pacto
Antes del acuerdo, ERC ya había jugado a pactar. A primera hora de la tarde, los restantes partidos de la oposición (PSC, PP, ICV y Cuitadans) presentaron en el Parlamento catalán una instancia para poner en marcha de nuevo las comisiones de investigación sobre las cajas de ahorro y sobre la sanidad. Esquerra, como buen socio, ya se había desmarcado del tema y no suscribió las peticiones de los restantes grupos parlamentarios.

Esta circunstancia da una idea de por dónde irán los tiros durante los próximos cuatro años: los republicanos no molestarán a los convergentes y, a cambio, podrán presumir ante su electorado de haber forzado a CiU a recular en algunos temas. No fue la única concesión de los convergentes. El Gobierno catalán aprobó en su última sesión, celebrada ayer mismo, un nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios, otra de las reivindicaciones de ERC. Era un guiño a los republicanos, ante la decisiva reunión que Mas y Junqueras iban a celebrar horas más tarde. Para el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, la larga mano de Junqueras se adivinaba tras la decisión del Gobierno catalán en funciones. Es más, acusó al líder republicano de ser “el president en la sombra”.

Un impuesto que había rechazado Convergència
Se da la circunstancia de que Convergència había rechazado el establecimiento de ese impuesto en la anterior legislatura, cuando se discutió en el pleno. En aquel momento, Mas se apoyaba en el PP para poder sacar adelante sus medidas. Pero ahora las circunstancias son diferentes y CiU necesita perentoriamente el apoyo de ERC para poder gobernar, por lo que, o traga, o se encuentra en una precaria minoría para gobernar los próximos cuatro años. Además, tras las negociaciones de CiU y ERC, apuntan fuentes nacionalistas, se deja la puerta abierta a modificar el impuesto de sucesiones (que sólo afecta a las 500 familias más ricas de Cataluña) o a contemplar el establecimiento de tasas o impuestos que graven capitales o grandes fortunas.

Paralelamente, el Gobierno catalán ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias un dictamen sobre las tasas judiciales que prevé el Ministerio de Justicia que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón. Si este organismo considera que esas tasas invaden competencias de Cataluña, la Generalitat llevará el asunto al Tribunal Constitucional.

Una estrategia dura
La estrategia de Cataluña, a partir de ahora, será muy clara: aprobar leyes e impulsar iniciativas que interesen a Cataluña como nación, yendo más allá de la propuesta electoral de Mas de, simplemente, “crear estructuras de Estado”. Evidentemente, ello provocará máxima tensión con el Gobierno central, pero tanto en ERC como en el núcleo duro de Convergència se parte de la base de que el Gobierno de España aprieta tanto que ahoga y de que o Cataluña toma sus propias medidas para salir adelante, o “desaparece”. “No podemos seguir en España. Cataluña ha de tener los instrumentos suficientes para funcionar por sí misma, sin el encorsetamiento del Estado, ha de marcar su propia hoja de ruta”, señala una fuente convergente.

Las fuentes consultadas echan en cara al Ejecutivo central que no sólo está empeñado en una “recentralización del Estado”, invadiendo competencias de las comunidades, sino que, además, margina a Cataluña en sus planes. Uno de los argumentos más recurridos es el del expolio fiscal. Según los estudios que han realizado varias instituciones, el déficit fiscal de Cataluña con el Estado es de 16.000 millones de euros al año, es decir, 16.000 millones de euros que salen de impuestos recaudados en Cataluña y que no vuelven en forma de inversiones, ya sean sociales, financieras o estructurales.

Pero, además, acusan al Gobierno central de incumplir sistemáticamente las inversiones en infraestructuras que había firmado hace algunos años. A los 960 millones de euros que se le reclamaban de las inversiones que tenía que haber hecho en 2009, hay que sumar ahora otro pico, con lo que las deudas de infraestructuras comprometidas podrían alcanzar los 1.600 millones de euros el próximo año. Según Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, para el próximo año se deberían invertir 1.990 millones en esta comunidad (el equivalente al 18% del PIB), pero sólo se han presupuestado 1.262 millones, por lo que el déficit aumentará en 728 millones. Valls afirmó este lunes que, en cinco años, la deuda acumulada del Estado con Cataluña en materia de infraestructuras se eleva a 2.658 millones de euros, al incumplir reiteradamente la disposición adicional tercera del Estatuto, que preveía unas inversiones en Cataluña proporcionales a su peso en el PIB español durante siete años.

La ’guerra’ de la lengua y más embajadas
A las diferencias numéricas, hay que añadir la tensión que ha supuesto la ley de educación que ha anunciado el ministro José Ignacio Wert, la cual, advierten los nacionalistas, invade competencias y relega al catalán a ”la cuarta división, dejándolo como idioma residual”. Esta ley, de aprobarse, dinamitaría el actual sistema de inmersión lingüística, considerado como uno de los grandes logros de la comunidad durante las últimas décadas. “El sistema catalán es uno de los mejores del mundo y ha sido alabado incluso desde la UE. Se ha demostrado que funciona, y funciona bien. Además, los niños catalanes son los que mejor nota sacan en castellano, con una media superior a comunidades monolingüísticas, como Castilla. Por tanto, la inmersión lingüística seguirá aplicándose”, señala una fuente de Convergència.

La guerra de la lengua va emparentada con la intención de los nacionalistas catalanes de reforzar todos sus signos identitarios. Durante la pasada legislatura, Artur Mas se avino a cerrar algunas de las embajadas de la comunidad debido a la presión del PP, pero ahora ERC quiere potenciar de nuevo estas embajadas, posición en la que coincide con CiU.

España / El desafío independentista
Mas abraza a ERC y fija la consulta en 2014

Montse Espanyol. Barcelona. La Razón 19  Diciembre 2012

Artur Mas hará finalmente el tradicional discurso de fin de año como presidente de la Generalitat de Cataluña. Como presidente de verdad y no en funciones, como ejercía hasta ahora, mientras CiU y ERC negociaban a contrarreloj un acuerdo de legislatura que permitiera a Mas gobernar con garantías de estabilidad. Después de que CiU aceptara el aumento de tasas que exigía ERC, inclusive la recuperación del impuesto de sucesiones, sólo quedaba un escollo para poder anunciar el esperado «habemus pacto», sobre el cuándo y el cómo se celebrará la consulta de autodeterminación.

Mas no se dejó intimidar por que Fomento, la gran patronal catalana expusiera su preocupación por el inminente pacto entre CiU o ERC. Tras un «sprint» final en el maratón de la negociación, que empezó hace veinte días con un encuentro entre el presidente en funciones y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, hubo fumata blanca. A las ocho de la tarde, Junqueras salía de una reunión con Mas en el Palau de la Generalitat con una sonrisa. «La reunión ha ido muy bien, hay un acuerdo en términos globales y hay un acuerdo en el ámbito de la consulta, que era donde había más dificultades», explicó. A falta de matizar, durante la mañana de hoy, «algún fleco de carácter menor», el presidente de ERC añadió que por la tarde rubricarán el acuerdo de estabilidad que dará pie a «un gobierno estable y un gobierno fuerte, que es lo que Cataluña necesita en estos momentos».

La fórmula que ha satisfecho las demandas de ERC –que exigía poner fecha a la consulta– y de CiU –que se oponía– ha sido la inclusión de una cláusula que permite prorrogar el referéndum si «el contexto socioeconómico y político lo requiriesen».

Aunque dentro de CiU había reticencias a poner negro sobre blanco el camino hacia la consulta, porque puede aún tensar más la relación con el Gobierno de Mariano Rajoy, el documento que firmarán Mas y Junqueras dibuja el proceso de la convocatoria.

El proceso de convocatoria
«CiU y ERC manifiestan su compromiso explícito y la determinación política de hacer una consulta al pueblo de Cataluña para que pueda decidir democrática y libremente su futuro colectivo», dice el texto. Para que en 2014 pueda celebrarse la consulta, en el primer pleno ordinario de la legislatura, el Parlament fijará su compromiso con el derecho a decidir a través de una declaración.

Una vez investido –el jueves empieza el pleno de investidura y el viernes Mas será proclamado presidente–, el nacionalista encarará las negociaciones con el Gobierno de Rajoy para que el derecho a decidir incluya la opción de convocar un referéndum, tal y como prevé la Ley 4/2010 del Parlament, de consultas populares por la vía del referéndum. El acuerdo prevé formalizar la petición en el primer semestre de 2013. Como CiU y ERC dan por hecho que la negociación con el Gobierno caerá en saco roto, paralelamente, antes del 31 de enero de 2013, el Parlament iniciará los trámites para aprobar la ley de consultas catalana, que dé cobertura a un referéndum sobre la independencia con carácter no vinculante al margen de la Constitución.

Para coordinar estos trabajos se creará el «Consell Català per a la Transició Nacional». El organismo estará integrado por «personalidades representativas vinculados a la preparación y celebración de la consulta». Los próximos meses serán una carrera contrarreloj para tener «todos los procedimientos formales, jurídicos e institucionales posibles antes del 31 de diciembre de 2013» para estar en condiciones en 2014 de «convocar la consulta de acuerdo con el marco legal con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga». Con esta cláusula, CiU se cubre las espaldas en caso de no poder convocar la consulta, alegando situaciones como un hipotético rescate a España que complique aún más la situación económica o que no haya una mayoría clara a favor de la independencia, pese a que en el documento, nacionalistas y republicanos se comprometen a consolidar una mayoría social para garantizar el éxito de la votación. El documento no concreta un alternativa, tal y como quería ERC, por si el Gobierno lleva la ley de consultas ante el Constitucional.

Mas no ha cedido a la hora de dar pistas sobre su «plan B», pero en cambio ha aceptado medidas económicas de ERC que imponen una subida de impuestos que permitirá reducir los recortes un 25 por ciento. CiU ha aceptado este giro fiscal a regañadientes para poder sacar adelante los presupuestos de 2013, que tendrán que recortar 3.000 millones de euros.

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