AGLI Recortes de Prensa    Viernes 28 Diciembre 2012

De la política
El discurso del Rey
Mikel Buesa Libertad Digital 28  Diciembre 2012

Los políticos tienen, como si dijéramos, una vida por oficio, en el sentido que le diera a esta expresión el antropólogo e historiador Julio Caro Baroja. Una vida por oficio es aquella en la que, dice Caro Baroja,

el arquetipo puede más que el tipo, que el hombre de carne y hueso, se mete en él y lo domina para siempre.

Vivir por oficio es, así, prestarse al cultivo de una pose peculiar, sea institucional o política, sobre la que se supone cabalga un mensaje que los oídos de los ciudadanos quieren escuchar o que los seguidores y militantes del propio partido desean jalear. Los que viven por oficio desarrollan, por eso, una ficción, se envuelven en ella, se impregnan de su perfume y flotan en el aire ayudados por la imagen que de ellos proyectan los medios de comunicación.

El Rey es uno de esos personajes que viven por oficio. Y eso se nota todos los años cuando pronuncia su discurso de Navidad. Para él, la vida por oficio requiere estar atento a lo que la calle desea que se diga, al menos una vez al año, en el solemne momento que precede a la cena de Nochebuena, aunque también sea cierto que la mayoría de los españoles sólo se entera de eso que se dice a toro pasado, tras la polémica que, en el ritual anual, acompaña al discurso, cuando los políticos, por mor de su vida de oficio, se ven impelidos a hacer la exégesis de unas palabras que, en la mayor parte de las veces, no requieren la menor interpretación.

Este año al Rey la ha parecido adecuado señalar que los españoles estamos más bien achuchados –por no decir jodidos– y que de ello tiene la culpa no sólo la crisis económica, también la política; esa política barriobajera, de corto regate y menor alcance que nos acompaña desde hace años y de la que no nos hemos librado, desafortunadamente, ni con las elecciones generales ni menos aún con las autonómicas que se han concatenado a lo largo del año. Y también le ha parecido bien insistir en que, después de tanto desastre, hay que ponerse las pilas, o más bien que los políticos se las tienen arreglar para, mirando un poco más allá del oficio concreto que inspira su vida, encontrarse con la política grande; es decir, con aquella que ni da de comer, ni promete una sinecura, ni asegura la reelección ni amojona una cómoda vida por oficio en el futuro.

Ni que decir tiene que la reacción de esos políticos que viven por los diversos oficios hacia los que se decanta el pluralismo político no ha defraudado. Siguiendo el ritual anual, el portavoz del PP, Carlos Floriano, ha ensalzado la figura real, destacando su perfecta identificación de los problemas de los españoles, y se ha referido, pero sin demasiado compromiso, a lo estupendo que sería sumar fuerzas para solucionarlos. Lo mismo ha hecho la socialista Trinidad Jiménez con su habitual tono melifluo, señalando de paso la sensibilidad social del monarca, casi como si fuera un militante más de su propio partido. Claro que ha tenido que llegar el izquierdista unitario Cayo Lara para chafar esta última percepción, al expresar su decepción con el Rey porque éste, en su opinión, no ha sido capaz de reflejar la desesperanza, la exclusión social y la pobreza que impregnan la sociedad española. Don Cayo no se ha puesto a leer, para nuestra ilustración, La situación de la clase obrera en Inglaterra, porque las más de cuatrocientas páginas que escribió Friedrich Engels en 1845 no caben en un total de televisión y menos aún en los ciento cuarenta caracteres de un twit. Y también ha llegado Rosa Díez, ejerciendo de su oficio de okupa del socialismo, para mostrar su decepción con un discurso en el que, según ella, no se han desarrollado los conceptos de la economía y la política –cosa que podrían hacer los catedráticos que ocupan escaño en su partido–, ni se ha incidido en el secesionismo catalán o en la corrupción; todo ello porque, al parecer, el Rey es demasiado políticamente correcto.

Es entre los políticos nacionalistas entre quienes el vivir por oficio alcanza su mejor expresión. De esta manera, el Honorable Mas, después de haber ocultado el retrato del Rey en su toma de posesión y de haber despreciado sus palabras indicando que no le oyó porque tenía cosas más importantes que hacer, se ha despachado diciendo que Cataluña –o sea él– sumará pero por su cuenta –o sea, que restará–; que Cataluña integrará sus fuerzas pero dentro de la Unión Europea –o sea, que se desintegrará para luego, eventualmente, reintegrarse–. En apretada síntesis, un lío de esos tan nacionalistas en los que las palabras significan lo contrario de lo que se dice para no dejar claro si se dice lo que se dice o su contrario. Menos sofisticado ha sido, en esta ocasión, el portavoz del PNV Aitor Esteban –tal vez porque se estrena en estas lides– al desempolvar el viejo memorial de agravios, en el que se reclama para Euzkadi, y de paso para Catalunya, la posibilidad de expresarse –como si celebrar elecciones y formar gobiernos nacionalistas no fuera una expresión pertinente–. Claro que, en esto, quien alcanza el paroxismo es, cómo no, el diputado de Amaiur Mikel Errekondo, cuando se queja de la ausencia de respeto a la voluntad de los vascos después de decenios de imposición.

Vidas por oficio son las de estos políticos que ocultan más que desvelan y mienten con apariencia de verdad, porque, como destacó también Julio Caro Baroja, "la mentira en sí tiene un gran poder, (...) es fertilizante y vitalizadora". De ahí que este gran intelectual vasco, tras constatar que "la verdad sigue en el pozo", aconseje "insistir en que la mentira sirve tanto como aquella para conocer a los hombres", y a continuación concluye, con referencia a la mentira:

No hay que recurrir al refranero para tener conciencia de la cantidad de agudezas que ha producido su práctica y uso, que va desde la mayor conciencia de santidad a la absoluta convicción de la propia miseria: "Como creo lo que invento, no me parece que miento", dice un proverbio viejo. ¡Y esto de creer es tan dulce! Creer y ponerse una etiqueta, ponérsela luego a los demás y adelante.

Estragos del sindicalismo salvaje
EDITORIAL Libertad Digital 28  Diciembre 2012

El presidente de comunidad de Madrid, Ignacio González, ha tenido el coraje de denunciar las enormes pérdidas que han causado en su región las huelgas y manifestaciones registradas en el año que ahora acaba. Pérdidas que ascienden a la apabullante cifra de 1.748 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 0,5% del PIB madrileño, y que han causado la destrucción de 23.780 puestos de trabajo, equivalente a un punto de la tasa de paro regional.

Al margen de las dos huelgas generales, Madrid ha sufrido, sólo en el sector público, 62 huelgas y sido escenario de más de 2.500 manifestaciones, unas siete diarias. Sólo los paros y huelgas del metro han ocasionado pérdidas por valor de 234 millones de euros y la destrucción de unos 3.000 empleos. En cuanto a la huelga salvaje que andan perpetrando quienes mantienen secuestrada Telemadrid, ha provocado pérdidas por valor de 1,6 millones de euros en concepto de publicidad ya contratada. Los daños derivados de las huelgas en el sector sanitario son igualmente de suma importancia.

Es de todo punto necesario regular los derechos de huelga y manifestación y actuar con toda contundencia contra quienes coartan las libertades de los ciudadanos, que eso son, no rehenes. La violencia piquetera y sindical no puede quedar impune, y los responsables de los desórdenes y desmanes deben pagar por ello.

La regulación del derecho de huelga no es más que un imperativo constitucional, desgraciadamente desatendido por todos los Gobiernos, que hoy sólo reivindican algunos dirigentes del PP, como el presidente madrileño, y la UPyD de Rosa Diez. El actual estado de cosas provoca gravísimos perjuicios a la sociedad y a la ciudadanía y beneficia extraordinariamente a los oportunistas, a los cobardes que se amparan en la masa para destruir con completa impunidad y a los adictos al matonismo sindical. En cuanto al derecho de reunión y manifestación, está regulado por la Ley Orgánica 9/1983, pero de forma harto confusa. En principio, el artículo 10 de la referida norma permite a la autoridad modificar la fecha, el lugar, la duración o el itinerario de una reunión o manifestación, incluso prohibirla si considera que existen "razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes". El problema es que, a afectos prácticos, como ya señalamos en otro editorial, ese confuso requerimiento ha sido interpretado como exigencia para poder prohibir una manifestación o para algo mucho menos taxativo: poder modificar la duración, el lugar o la fecha de celebración de la misma. Es evidente que para esto último deberían bastar razones de racionalización del espacio público y el perjuicio a terceros que puede ocasionar el ejercicio insistente y reiterado del derecho de manifestación en un mismo lugar, por muy pacífica que sea la forma en que se haga.

Finalmente, no podemos dejar de denunciar el hecho de que esta antisocial, injusta y empobrecedora actividad sindical siga siendo financiada con cargo al bolsillo del zaherido contribuyente, a través de las cuantiosas subvenciones que las Administraciones Públicas conceden a quienes la acometen. Basta ya. Es intolerable, y un escarnio para las grandes víctimas de estos aquelarres liberticidas perpetrados con completa impunidad por minorías bien organizadas y mejor engrasadas.

Un Gobierno de confrontación
Editorial La Razón 28  Diciembre 2012

Artur Mas ha diseñado un Gobierno de confrontación que no sólo augura tiempos de turbulencia institucional para España, sino que compromete seriamente el futuro bienestar de los catalanes. Como si estuviera atrapado en una tragedia griega, el presidente de la Generalitat de Cataluña, tan proclive a los símiles náuticos, dirige firmemente la nave hacia los acantilados, sordo a cualquier advertencia, por leal que ésta sea. No en vano, el núcleo del nuevo Ejecutivo catalán se conforma en torno a dos personajes, Francesc Homs, ascendido a conseller de Presidencia y Asuntos Exteriores, y Germà Gordó, designado para dirigir la Consejería de Justicia, que provienen del ala más separatista de Convergencia y que, en el caso del primero, ha llevado el peso de la propaganda nacionalista y del enfrentamiento con «Madrid».

No es difícil imaginar cuál es el papel que ambos van a desempeñar. Francesc Homs será el encargado de explicar la postura rupturista en el exterior, fundamentalmente, entre los socios de la Unión Europea, nada proclives a las fracturas territoriales en su seno, como ya ha explicado por activa y por pasiva la Comisión Europea. No es probable que Homs tenga éxito en su ignominiosa misión, pero, a base de caricaturizar a la España actual como un residuo dictatorial, exhibiendo una foto fija en blanco y negro por la que no hubieran pasado 35 años de democracia y libertades plenas, causará algún daño a nuestra imagen internacional, precisamente cuando más se necesita demostrar unidad en el esfuerzo para salir de la crisis financiera. Germá Gordó, por su parte, sustituye en la Consejería de Justicia a Pilar Fernández Bozal, abogada del Estado, que había sido designada por la UDC de Duran Lleida. Es la primera vez que un militante de Convergència ocupa esta cartera, lo que indica a las claras la intención de Artur Mas de cumplir el pacto con ERC sobre el referéndum ilegal. Llegados a este punto, conviene mantener la serenidad y confiar en que se impondrá la sensatez de la mayoría de los catalanes. El proyecto de Mas es un camino a ninguna parte que ahondará las dificultades económicas de Cataluña, que hoy por hoy es la comunidad autónoma con mayor nivel de deuda, y que repercutirá inevitablemente en el resto de España. Pero frente al desafío separatista, el Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con la legitimidad constitucional, el respaldo de las leyes y los afectos compartidos con los catalanes. Instrumentos más que suficientes para reconducir una difícil situación que ha sido creada por los separatistas catalanes, que no por Cataluña misma. Conviene tenerlo muy presente ante la previsible oleada de demagogia y populismo que se nos viene encima.

Cataluña
Mas y el Gobierno de la independencia
José García Domínguez Libertad Digital 28  Diciembre 2012

Como la mayonesa de bote, el nuevo Gobierno de Artur Mas lleva impresa la fecha de caducidad en la etiqueta: 2014. Malo, pésimo o peor, lo único cierto es que habrá de ser igual de efímero que el que le precedió. Si su presidente cumple la palabra dada a la Esquerra, porque, llegado ese instante procesal, quedará inhabilitado por la Justicia para ejercer cargo público en aplicación de lo establecido en sentencia del Constitucional sobre el plan de su alter ego, Ibarretxe. Si no la cumple, porque sería la propia política quien lo desautorizase tras faltar por segunda vez consecutiva a lo prometido.

A falta de notario, acaso no le quedaría otra salida en esa tesitura que acudir a la consulta de algún psiquiatra. Sea como fuere, en ambos escenarios la normal continuidad de la legislatura se antoja imposible. De ahí que, apenas recién nacida, esté muriendo: la precampaña electoral ha comenzado antes incluso de que los consejeros hayan tomado posesión de sus carteras. Consejeros entre los que solo el titular de Economía, Mas-Colell, resulta ser alguien extramuros de la política profesional. El resto del equipo lo componen un ramillete de oscuros apparatchiks sin otro oficio que el independentismo a jornada completa a cambio de catorce pagas y lo que caiga.

Triste ejército de sombras chinescas que encabeza la vicepresidenta Ortega, contumaz zurupeta que, siguiendo una ya muy arraigada tradición local, se hizo pasar por licenciada universitaria desde la atalaya de un precario bachiller. A su vera, Germà Gordó y Francesc Homs, dos talibanes del pinyol, la guardia de corps del hijísimo Oriol, comandarán la tripulación de un viaje a Ítaca con escala más que probable en algún juzgado de lo penal. Tras ellos, la marinería rasa, cerca de una docena de medianías comarcales entre la que únicamente destaca Ferran Mascarell, el último mohicano de la izquierda caviar barcelonesa. Una lección viviente, ese Mascarell, de la versatilidad ideológica del alto mando doméstico. Justo en medio de la reunión donde iba a anunciar su candidatura en las primarias socialistas para la Alcaldía, recibió una llamada de móvil. Era Mas comunicándole que acababa de nombrarlo consejero de Cultura. Ni un minuto tardó en romper el carné del PSC. Todo por la pàtria. Lo dicho, un Gobierno de bote.

El año que Mas nos llevó contra la ley
Alejandro Tercero www.voxbcn.com 28  Diciembre 2012

Un año en el que se concentran los JJOO, un nuevo título para el fútbol nacional en una Eurocopa, la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812 y las despedidas para siempre de Manuel Fraga, Gregorio Peces-Barba y Santiago Carrillo no puede pasar a la historia como uno más.

Pero, sobre todo, en el ámbito político catalán, 2012 será recordado como el año en que Artur Mas, el 129 presidente de la Generalidad, se lanzó a la desesperada contra la legalidad y el Estado a mitad de la legislatura autonómica.

Mas ha sido uno de los protagonistas de los últimos 365 días. No solo en España. También en Europa y parte del mundo. El líder de CiU hizo un llamamiento a la prensa mundial para que siguiera en vivo la cita electoral de noviembre, pensando que iba a ser histórica para Cataluña, y todo el planeta pudo comprobar la debacle de una forma de hacer política: hinchada por la burbuja independentista que rodea al mundo mediático y que está lejos de reflejarse en la realidad.

Probablemente, el presidente de la Generalidad se creyó las cifras que la policía autonómica y los medios subvencionados ofrecieron sobre los asistentes a la manifestación independentista del 11 de septiembre. El erróneo recuento y los cantos de sirena de su entorno le llevaron a adentrarse en el callejón sin salida en el que se encuentra.

Lejos de rectificar, tras el 25N, Mas se ha enrocado. Los augurios para el próximo año no son mejores que los que cierran 2012. La tensión política, provocada constantemente por los partidos nacionalistas, cuyo fundamento se basa en el victimismo y la afrenta con el Estado, continuará no solo en 2013, sino que se intensificará a lo largo de los próximos años, especialmente cuando aquellos constaten la imposibilidad de llevar a cabo el referendo secesionista ilegal que han prometido.

Tampoco la gestión diaria es satisfactoria
Por otro lado, la gestión de CiU al frente de la Generalidad no han sido la esperada para un gobierno que se denominó “el de los mejores”, tras siete años de desastrosos tripartitos. Mas gestiona unos números globales peores que los que dejó José Montilla (PSC). Ahí está el paro brutal (más de 800.000 personas en Cataluña), la deslocalización y el cierre de empresas que no tienen fin y una deuda de la Generalidad de las más altas de España.

La crítica situación de las cuentas autonómicas ha obligado a Mas a pedir un rescate financiero al Gobierno, más de 5.000 millones de euros, lo que tampoco ha sido argumento suficiente para rebajar su discurso nacionalista. Al contrario, lo ha utilizado para acentuarlo y abrazar el ‘España nos roba’ que antaño era el distintivo de los sectores más radicales. Todo ello a pesar de que los saldos fiscales entre Cataluña y el resto de España no son ninguna excepción, ni dentro de nuestras fronteras, ni en buena parte de los países desarrollados.

Cabe recordar que, entre otros asuntos, este año también nos deja la liquidación de Spanair, el caos generado por los violentos en Barcelona aprovechando las movilizaciones sociales, la polémica gestión de los incendios de Gerona y los innumerables casos de presunta corrupción que salpican al partido fundado por Jordi Pujol.

Destacan otros dos temas que han marcado el curso político que ahora termina. Por una parte, el anuncio del Gobierno de tratar de resolver el incumplimiento de las sentencias sobre bilingüismo escolar en Cataluña mediante la tramitación de una nueva ley educativa. Frente a esto, la Generalidad, personificada en la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), ha asegurado que desacatará cualquier normativa nacional que obligue a impartir una sola asignatura en español.

Este es el primer intento aparentemente serio desde la recuperación de la democracia en que el Gobierno da algunos pasos para tratar de suprimir la discriminación lingüística escolar que sufren los alumnos castellanohablantes en Cataluña. El próximo año será clave para saber hasta dónde está dispuesto a llegar Mariano Rajoy en el cumplimiento efectivo del Estado de derecho en toda España. Partidos, medios de comunicación, sindicatos y todo tipo de entidades generosamente regadas con dinero público se han puesto en pie de guerra en contra del bilingüismo en las escuelas.

Perpetuar la inestabilidad política
También es reseñable el enrarecimiento de las relaciones entre el PSC y el PSOE. Si bien el PSOE nunca ha escondido sus simpatías respecto a la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de ser ilegal, sí que ha mostrado su oposición clara a otorgar un concierto económico a la Generalidad y a celebrar un referendo secesionista en Cataluña.

Estas dos cuestiones han generado agrios enfrentamientos entre estos partidos, teóricos socios, que, sin duda, han contribuido a desorientar a sus potenciales votantes, tanto en Cataluña como en el resto de España. De mantenerse en el futuro este grado de discrepancias en asuntos tan nucleares, no es descartable -aunque es poco probable- que ambas formaciones decidan romper sus acuerdos de colaboración, siempre y cuando consideren que seguir juntos es electoralmente menos rentable que separarse. De momento, Ciudadanos parece que empieza a cubrir el espacio sociopolítico al que el PSC se ha empeñado en renunciar.

En definitiva, este 2012 marca un punto de inflexión en la tradicional actitud de presión calculada que caracterizaba a los principales sectores nacionalistas de Cataluña, que han decidido ir un paso más allá. Una apuesta que, sin duda, se mantendrá en los próximos años y que solo servirá para generar frustración, perpetuar la inestabilidad política y económica, y lastrar la necesaria salida de la crisis.

Como decía la periodista Victoria Prego hace unos días, ‘lo que es seguro es que un Estado nunca asistirá pasivamente a su propio desmembramiento. Eso no existe en el mundo y España no es una excepción. Quien pretenda otra cosa, o no sabe nada o está engañando a su pueblo’.

Alejandro Tercero es director de LA VOZ DE BARCELONA y del programa ‘Voces’ en Radio Intereconomía; este artículo se ha publicado originariamente en la versión digital de ‘La Gaceta’

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Cataluña
Apóstoles para la independencia
Antonio Robles Libertad Digital 28  Diciembre 2012

La promesa de Pere Navarro, del PSC, de abstenerse en cualquier votación parlamentaria sobre el derecho a decidir es la más patética evidencia de la sumisión de los socialistas catalanes a la hegemonía cultural y moral del nacionalismo. Es tal el terror a ser considerados traidores a la terra, que no tienen siquiera opinión. La imagen que proyectan es la del acomplejado incapaz de mostrar su carácter y tener agallas para defender sus derechos.

La actitud de Navarro es desoladora, porque muestra el grado de sometimiento de la sociedad catalana al poder intimidatorio de la ideología nacionalista. Como si no se pudiera pensar ni gesticular fuera de ella. Algo inaudito en un Estado de Derecho, insoportable para una ideología engendrada para combatir la alienación humana.

El error de Navarro no reside en que ha optado por una decisión equivocada; el error de Navarro es que renuncia a utilizar la razón para contrastar sus valores con los del nacionalismo. Cree, en su cobardía intelectual y política, que no oponerse a la tramposa y peligrosa consulta por el derecho a decidir le salva del capiroche españolista. Cree que oponerse no es democrático. ¡Como si fuera la postura ideológica y no la insumisión a la ley lo antidemocrático!

Y como si pudiera evitar irritar a la tribu y estar a la vez con la Constitución, brinda a los nacionalistas cooperación para hacer el referéndum siempre que sea legal. ¡Como si pudiera oponerse si fuera legal!

Un referéndum lega es constitucional, y por tanto amparar esa legalidad es obligación de todos los ciudadanos e instituciones. ¡Faltaría más! Pero lo que está aquí en juego no es estar de acuerdo o no con un referéndum legal, sino apoyar o no el tocomocho de la consulta del derecho a decidir, que sólo es un eufemismo para envenenar las relaciones con España y emprender el camino de la ruptura. El derecho a decidir ya lo tenemos en el ordenamiento constitucional; por el contrario, su derecho a decidir no es un mecanismo para enaltecer los valores democráticos de la población, sino para lograr la independencia a espaldas de la ley. Si tuvieran algún interés en lograrlo dentro de ésta, no tendrían obstáculo alguno. La ley se lo permite.

No se trata de templar gaitas, sino de afrontar la responsabilidad de oponerse a la insumisión. Aunque parezca impopular. El derecho a decidir tiene la forma de un derecho, pero en realidad es una máscara para poder erosionar la legalidad sin parecer un fascista. Podrían solicitarlo al Congreso, pero como no aceptan la soberanía nacional ni cuentan con mayoría para llegar a la independencia, tiran por el camino de en medio como vulgares golpistas. Y ese atajo es la rebelión contra las leyes, aunque lo nombren con expresiones populistas como la del derecho a decidir. A esto es a lo que se tienen que oponer Pere Navarro y su PSC. Meter la cabeza bajo el ala, abstenerse para no poner palos en las ruedas y aparecer ante los ciudadanos como aseados demócratas, cuando serlo exige lo contrario, es cooperar con el mal. "Lo único que es necesario para que el mal triunfe es que los hombres de bien no hagan nada", sentencia Edmund Burke.

Si hubiera en ello la más leve pizca de sinceridad democrática, ¿por qué se opondrían al derecho a decidir de los padres en lo relacionado con la lengua en que han de estudiar sus hijos?

Con su abstención, el PSC colabora en los preparativos de la ruptura con España. Los doce apóstoles para la independencia que constituyen el Gobierno recién nombrado por Artur Más, con el más radical independentista –Francesc Homs– como consejero de Presidencia y la prevaricadora Irene Rigau en Educación, deberían hacer reflexionar a los del PSC. Pero no reflexionarán, porque están en el ajo, ¿sin saberlo?


Recortes de Prensa   Página Inicial