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Decepción.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Enero 2012
Habrá algunos que se hayan quedado estupefactos y sumidos en una
profunda decepción a la vista de las “medidas” que Rajoy ha adoptado
en su corto tiempo de mandato. Sin embargo, para mí no existe
decepción sino confirmación de la personalidad anodina, maleable y
demagógica de este sujeto que llega al poder no por su méritos, sino
por el suicidio político del oponente político. Y eso es lo
verdaderamente dramático en una época en la que España lo que
necesita es un liderazgo fuerte y una firmeza a la hora de aplicar
unas medidas anti crisis que no vengan improvisadas y bajo la excusa
del “yo no esperaba esta situación ”.
Lo que parece quedar bastante patente es que Rajoy ha tomado el
camino más fácil y deja aparcados los temas conflictivos por razones
puramente partidistas y de oportunismo político ante las elecciones
autonómicas andaluzas. Es verdad el dicho de que Zamora no se
conquistó en una hora, pero ¿dónde han quedado las promesas de la
investidura?¿dónde están las cien medidas urgentes anti crisis del
programa electoral del PP? ¿Me va a querer convencer Rajoy de su
ingenuidad y que no preveía las mentiras de Zapatero y de sus
Ministros?¿A qué vinieron los elogios y las alabanzas al proceso de
transmisión de poderes y a los Ministros salientes?
Como siempre, Rajoy da muestras de su falta de convicción y de su
ambigüedad sincera o disimulada, pero que le sirve de escudo a la
hora de escurrir el bulto de sus responsabilidades y de sus
promesas. Y es que alguien que basa su política en el”depende” o
ejerce del tópico galleguismo, no puede ser el hombre que lleve el
mando de la recuperación de España. Sus declaraciones amparadas en
el “nada es para siempre” o si el tiempo no lo impide, o si existe
una conjunción planetaria adversa o cosas por el estilo, no hacen
sino corroborar su falta de confianza en sus propias propuestas, si
es que verdaderamente las ha meditado lo suficiente y pensó en
aplicarlas.
Hasta ahora, en este breve espacio de tiempo que existe entre su
sesión de investidura y hoy, todo lo que ha hecho ha ido en contra
de sus declaraciones, con una clara discriminación sobre las
prioridades que estableció y con una cobardía manifiesta en no
tensar la cuerda con los sindicatos. Y es posible que la falta de
liquidez se corrija con la presión fiscal directa sobre el impuesto
de la renta, pero nada impedía seguir recortando en el gasto, sobre
todo en subvenciones a esos mismos sindicatos, Televisiones
autonómicas, empresas públicas innnecesarias y desastrosas, y un
largo etcétera de control de los dispendios injustificados de
Autonomías, o derogando las últimas tropelías del anterior Gobierno
de Zapatero en donaciones a sus fieles y en su nombramientos a dedo.
Es una cobardía y una táctica miope que antepone los interese de
partido a la verdadera salida de la crisis, con un absoluto
desprecio por los ciudadanos y por los once millones de votantes que
han depositado su confianza. Parece claro que Rajoy y su equipo solo
han necesitado de 21 días para lograr la decepción general y el que
muchos se hayan sentido estafados y desengañados. Personalmente solo
me siento asqueado por comprobar que esta partitocracia es el
verdadero cáncer de España y que la solución nunca vendrá de la mano
de quienes se sirven de lo público.
Tasa Tobin
Cadena de disparates
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 17 Enero 2012
Sea el más puro vacío ideológico hermanado con el pensamiento único
de la izquierda, el vasallaje al eje francoalemán o el electoralismo
populista más rancio y antipatriota, lo cierto es que Rajoy no ha
dejado de encadenar disparate tras disparate. Primero fue su
salvaje, innecesaria y nociva subida de impuestos; luego su átono
compromiso a recortar el gasto público; más tarde, la dilación del
plazo en el que las autonomías deben devolverle al Estado central un
dinero que éste no tiene y que aquellas no pueden seguir
despilfarrando; y, ahora, su apoyo cerrado a esa boutade de extrema
izquierda llamada Tasa Tobin –o impuesto sobre las transacciones
financieras– confirman que ese hombre tranquilo y previsible que se
nos vendió en campaña ha terminado por convertirse en un hiperactivo
e impredecible intervencionista de tomo y lomo. Vamos, en lo que a
política económica se refiere, un Zapatero-bis obsesionado con subir
impuestos para financiar el sobredimensionado modelo de Estado
gestado durante la época de la burbuja.
Ahora se quieren gravar las transacciones internacionales para que
los bancos, los causantes de la crisis se nos dice, contribuyan a
adoquinar el camino a la recuperación. Cómo un tributo que fue
ideado para estabilizar los tipos de cambio entre divisas ha
terminado por convertirse en un pecho más, en una herramienta más
para saciar la voracidad del Estado, merecería alguna explicación
más que un apretón de manos entre políticos dirigido a confirmar el
expolio. Al cabo, el propio James Tobin se horrorizaba en sus
últimos días del distorsionado uso que el movimiento
antiglobalización –ahora antropomorfizado en los Consejos de
Ministros de media Europa, incluida España– estaba realizando de su
propuesta con tal de crear una megaburocracia internacional a costa
de los ciudadanos que, oh ultraje, optaran por ahorrar e invertir su
dinero en algún producto financiero. Hoy, para nuestra desgracia,
esa megaburocracia internacional ya ha sido erigida y consolidada:
se llama Unión Europea, con sus respectivos Estados nacionales y
regionales, a cada cual más manirroto. Lo que le falta para
subsistir son ingresos tributarios suficientes, y el acoso a los
ahorradores parece ser la opción preferida por muchos de nuestros
kamikazes mandatarios.
Y sí, digo bien: acosar a los ahorradores, que no a los bancos.
Rajoy podrá jurarnos que falta cerrar ciertos flecos para evitar que
éstos repercutan el nuevo tributo a sus clientes, pero, como con sus
promesas electorales, estamos ante mera palabrería hueca. De hecho,
ésta es todavía peor que las anteriores: Rajoy podía prometer, y
cumplir, que no subiría impuestos; pero Rajoy no puede cumplir de
ninguna manera su propósito de que los bancos no trasladen ese
sobrecoste sobre sus clientes ahorradores. ¿O acaso va a controlar
el importe de todas y cada una de las comisiones que los bancos,
como intermediarios financieros, cargan sobre sus clientes? Hoy en
día existen llamativas diferencias en las comisiones de corretaje,
de custodia de valores o de cobro de dividendos entre unas entidades
y otras, ¿les impedirá mover una iota cualquiera de ellas?
Claramente no, porque el objetivo real de la Tasa Tobin –dirigida en
su origen, repito, a desincentivar el trading activo en divisas– no
es que la paguen los intermediarios, sino los usuarios finales, que
son quienes lanzan o no las órdenes de comprar y vender (que es lo
que se trata de desincentivar). Pero, además, en el contexto actual
es del todo impensable que la vaya a sufragar nuestro
descapitalizado sistema bancario europeo: ¿o es que se proyecta
inyectar miles de millones a la banca europea para luego imponerles
un tributo? ¿No sería más sencillo que, de entrada, redujesen el
importe de los planes de recapitalización pública?
Lo sería pero, como digo, nadie se cree seriamente que la Tasa Tobin
la vayan a pagar los bancos. Es más, los ahorradores europeos la
sufrirán de una manera aún más dañina que el pago directo del
impuesto: la Tasa Tobin mermará la liquidez de los mercados. Cuando
quieran desprenderse de un bono, de una acción o de cualquier otro
producto financiero encontrarán muchas menos contrapartes, de modo
que, si la venta les corre mucha prisa, deberán liquidar a precios
desfavorables. Todo lo cual, claro, hará que estos mercados se
vuelvan más arriesgados y disminuirá el ahorro a largo plazo que
afluya a los mismos.
Justo lo que necesitábamos en Europa: convertir a nuestros mercados
en tóxicos para el ahorra nacional y extranjero. Después de mantener
el Impuesto sobre el Patrimonio y de colocar los gravámenes sobre el
capital al 27%, sólo nos faltaba ahora la Tasa Tobin. Toda una
proeza propia de preclaras mentes socialistas. Luego pondrán el
grito en el cielo cuando el capital salga a espuertas de España y
Europa rumbo al Reino Unido o Estados Unidos: "los especuladores,
los especuladores", clamarán. No, su propia torpeza y vileza a la
hora de rematar a la gallina de los huevos de oro.
Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad
Rey Juan Carlos y en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en
Twitter o en su página web personal. Su último libro, coescrito con
Carlos Rodríguez Braun, lleva por título El liberalismo no es
pecado.
Autonomías
El déficit y su castigo
Guillermo Dupuy Libertad Digital 17 Enero 2012
"No se puede gastar más de lo que se ingresa, y sobre el que gaste
más caerá el peso de la ley, porque la primera obligación de un
responsable político es saber gestionar con lo que tiene y no
comprometer el futuro con lo que no tiene". Me temo que tan
encomiables palabras de la vicepresidenta del Gobierno a favor del
equilibrio presupuestario van a tener muy escaso reflejo en la Ley
Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que ultima
el gobierno. Y no lo digo sólo porque en el anteproyecto de ley
semejante objetivo se posponga hasta 2020, fecha a partir de la cual
el déficit estructural no podrá superar el 0,4 por ciento; ni
tampoco lo digo porque, aun para entonces, ese límite se podrá
sobrepasar si se dan "situaciones excepcionales". A lo que me
refiero, concretamente, es al inconcreto "peso de la ley", a las
desconocidas sanciones o castigos que se aplicaran a los que, más
que de una mala gestión, son responsables de una apropiación
indebida de las recaudaciones de legislaturas venideras.
Si el déficit tuviera un tratamiento penal, como una especie de
"apropiación indebida", en el sentido antes señalado, no dudo que el
efecto disuasorio del castigo conduciría a la observancia de la ley.
Sin embargo, si el castigo va a consistir, tal y como parece, en
sanciones económicas cuyo peso no lo va a soportar el gobernante
manirroto sino los ciudadanos, me temo que los techos de gasto de
los que nos habla el gobierno van a quedar en papel mojado. Y es
que, tanto si consiste en una multa como en un descuento en las
siguientes transferencias del Estado a la Comunidad incumplidora,
corremos el riesgo de que la aplicación de la sanción suponga una
mayor vulneración de la ley que esa sanción venía a castigar. Dicho
en otras palabras, corremos el riesgo de que el castigo por el
déficit se traduzca en un déficit aun mayor.
Así las cosas, creo que, en lugar de amenazar teatralmente a los
gobernantes manirrotos con el "peso de la ley", más le valdría al PP
anunciar que retirará como candidato en las próximas elecciones
municipales y autonómicas a todo aquel alcalde y presidente
autonómico que gaste más de lo que ingrese. Así, seguro que
espabilan.
Claro que para ello, las palabras de Sáenz de Santa María habría que
entenderlas como un sincero compromiso con el equilibrio
presupuestario, y no como un homenaje más que el vicio rinde a la
virtud.
La ETA sigue activa
Fermín Bocos Estrella Digital 17 Enero 2012
La detención en Francia de tres pistoleros de la ETA es una noticia
que debería hacer reflexionar a quienes de manera tan apresurada
como interesada nos habían vendido el cuento del final de la banda
terrorista. Digo esto porque uno de los detenidos llevaba material
para fabricar explosivos. ¿Para qué necesita explosivos una
organización que en su día proclamó que renunciaba de manera
"permanente" a la lucha armada? La respuesta es muy sencilla: porque
la banda no se ha disuelto. La ETA sigue en activo. En activo,
aunque en fase de letargo estratégico. Bajo el Gobierno Zapatero
dicha hibernación persiguió y consiguió réditos políticos para las
pantallas electorales herederas de Batasuna -legalización de 'Bildu'
en sentencia del Tribunal Constitucional que revocaba otra del
Supremo-.
En paralelo con los elementos políticos que aconsejaron a la
dirección de la banda plantear una nueva versión de "alto el fuego",
está la propia situación de la banda: diezmada por las detenciones y
las infiltraciones. Es un hecho comúnmente admitido que la paciente
y eficaz actuación de la Guardia Civil, a uno y otro lado de la
frontera con Francia, es lo que ha puesto a la banda contra las
cuerdas. Para contrarrestar su debilidad operativa, dicho sin
eufemismos: su capacidad terrorista, es por lo que activaron sus
terminales en el mundo del nacionalismo político y levantaron
aquella farsa de la supuesta mediación internacional (con Kofi
Annan, Gerry Adams y demás comparsas) que con tanto entusiasmo
compraron el zapaterismo agonizante y sus terminales mediáticas.
Visto lo ocurrido el fin de semana en Francia, tengo para mí que los
Rubalcaba, Patxi López, Urkullu, Alonso y demás personajes que en su
día vendieron como buena la noticia del final de la ETA, deberían
reflexionar al tiempo que contestan a la pregunta del millón: ¿para
qué quiere explosivos una banda que, supuestamente, se había
comprometido a dejar la lucha armada?
Libros no recomendados
FERNANDO SAVATER El País 17 Enero 2012
En vísperas de finalizar el pasado año, nuestro periódico publicó un
reportaje en el que varios historiadores, politólogos y filósofos
recomendaban lecturas a los políticos para encaminarles en el buen
gobierno. Todas eran estupendas, de Platón y Maquiavelo hasta el
Algo va mal, de Tony Judt, que se ganaba doble mención. Nadie podría
ponerles un pero... de modo que yo seré ese nadie: las obras
elegidas resultan apropiadas para la cabecera de cualquier
gobernante, sin duda, pero casi ninguna se refiere específicamente a
los problemas nacionales que tendrán que afrontar los representantes
españoles recién nombrados. Por remitirme al expresivo título del
libro de Tony Judt, son libros que tratan de lo que va mal en
nuestras democracias, pero no de ese "algo" que va peor en España
que en otros países.
No deja de ser chocante el interesado desinterés con que son
acogidos en el debate público ciertos ensayos morales y políticos de
actualidad sobre nuestro presente. Naturalmente no digo que debieran
ser aceptados y celebrados sin rechistar, pero me extraña que no
merezcan más que alguna convencional reseña en el mejor de los casos
y en otros ni eso. La piedra cae en el estanque sin apenas alterar
su plácida superficie, se hunde calladamente hasta el fondo,
mientras las ranas se apartan con discreción y siguen croando luego
sus lemas rutinarios como si nada. Algo así ha pasado, por ejemplo,
con El mal consentido (Alianza), de Aurelio Arteta, razonado
análisis de las actitudes de quienes conviven con atrocidades como
el terrorismo y siempre encuentran motivos para desentenderse de su
evidencia o justificar su inhibición ante ellas.
Hay obras que aún guardan más directa relación con los intereses de
los políticos. No caben muchas dudas de que los nacionalismos que
pretenden privilegios amenazando con la separación son uno de los
problemas más acuciantes de España. De ellos no habla Platón ni
Maquiavelo, y Tony Judt solo de refilón. En cambio son el tema de La
trama estéril (Montesinos) de Félix Ovejero, centrado en la
paradójica colusión entre la izquierda y el nacionalismo. El autor
es un reputado politólogo que ya había dedicado otro notable ensayo
a este tema: Contra Cromagnon: nacionalismo, ciudadanía, democracia
(Montesinos). En La trama estéril comienza haciendo una
consideración general sobre qué son las naciones y cuáles sus
límites, respondiendo en cierto modo a aquella observación del
entonces presidente Zapatero sobre lo discutible que resulta el
concepto de nación. Después repasa detalladamente, con minuciosa
documentación y bibliografía, los principales problemas políticos de
la cuestión, empezando por la relación entre la lengua y la
ciudadanía, tan pervertida por unos como cínicamente minimizada por
otros, para seguir con las cuestiones económicas y el tema de la
igualdad, reivindicación clásica de la izquierda hasta que fue
relegada en beneficio de la posmoderna exaltación de la diferencia.
El profesor Ovejero encuentra difícilmente comprensible, desde el
plano de los principios, que los partidos de izquierda -desazonados
por los cambios sociales y económicos que han hecho dudosos sus
apoyos tradicionales- hayan buscado nuevos votantes por medio de
tesis nacionalistas que se oponen a lo que siempre fue su proyecto
político característico. Su argumentado planteamiento puede y sin
duda debe ser discutido, pero difícilmente puede ser pasado por alto
o despachado con los habituales dicterios de "facha", "españolista",
"neofranquista" y las demás rutinarias lindezas con las que muchos
pretenden escamotearse de la fatigosa tarea de razonar
inteligiblemente. Ahora que los desarbolados socialistas, por
ejemplo destacado, tratan de reorganizar su mensaje político, esta
reflexión académica en su rigor pero no menos apasionada sería
probablemente más útil que los manifiestos de vacuas generalidades
que enfrentan a aspirantes al mando pero no inciden en los temas de
fondo.
Y sin embargo, uno tiene la melancólica impresión de que ya hay
ciertos disparates que se dan por indiscutibles e irremediables.
Será por eso quizá que los doctores renuncian a recomendar estos
libros a los gestores que tanto necesitarían conocerlos para que
algún día saliésemos de la actual zona pantanosa.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Armados y mentirosos: peligrosos
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 17 Enero 2012
¿Pero de qué se sorprenden? Si unos terroristas llevan armas y
planean atentados no hacen más que lo que siempre hicieron. El error
no es suyo, sino de los llamados a derrotar a ETA.
Nada de lo que ha pasado puede escandalizar a nadie. Porque no ha
pasado nada que no estuviese más que anunciado, y que sólo quien
esperaba lucrarse fingiendo inocencia ha fingido creer imposible
durante unos meses. Ojalá fuese de verdad insólito que un grupo de
asesinos abertzales circule armado por Europa. Pero no lo es: es una
triste rutina desde hace unas cuantas décadas, una rutina que,
además y por lo que sabemos, no ha terminado.
Dice el presidente Nicolas Sarkozy, condecorado con el mismo Toisón
que ningún jefe de Estado ha llevado en Francia desde la Monarquía,
que "nunca volverá a haber Pirineos" en la lucha contra el
terrorismo. Y en ese caso están muy bien escogidos los términos,
porque se trata exactamente de eso, e irrevocablemente de eso: ETA
es terrorismo, y hasta prueba en contra –prueba que no sólo no ha
llegado sino que se aleja- todo lo relacionado con ETA es crimen; y
frente al terrorismo, esto es cosa sabida, la única solución
efectiva y de demostrada eficacia es el combate, utilizando sin
contemplaciones todos los amplios medios que el Estado de Derecho
tiene a su disposición (y si lo necesita, los puede ampliar, ya que
es en defensa de la Nación, del Estado y de la democracia que hoy
sirve a ambos).
ETA ha demostrado que su teatrillo de Ayete tuvo menos sustento en
la realidad que los nombramientos que allí mismo realizaba Francisco
Franco. Tres etarras disponían en Francia de las armas y de la
logística necesarios para cometer nuevos crímenes; la única manera
de certificar su abandono de las armas es entregarlas. No sólo no
las han entregado, sino que Jon Etxeberría Oiarbide, Íñigo Sancho
Marco y Rubén Rivero Campo acumulaban más medios la espera de
recibir una orden de matar desde las jerarquías más elevadas de su
banda, que ¿sorprendentemente? resultan anticiparse a las
ocurrencias de los líderes de Bildu, Amaiur, Nafarroa Bai y demás.
No se trata además de inocentes corderillos atrapados en el
trabalenguas de la banda de asesinos: son criminales que en algún
caso podrían haber cometido ya sus propios delitos, sin esperar a
que lo "permanente" se convierta en "transitorio" o vaya usted a
saber. Aquí los pasos están claros: ninguna concesión a ETA es
admisible con estas cartas sobre la mesa, y es momento de que la
banda, bajo ninguna forma, quede fuera de la vida electoral vasca y
navarra. ¿Había dudas? Es de esperar que esto haya terminado con
muchas, sin esperar a que las bombas de los muchachos exploten.
Los Mossos y el castellano
‘En Cataluña, la llamada “construcción nacional” e
identitaria se ha desarrollado siempre en detrimento de los
servicios, los derechos y las libertades públicas; son las
prioridades del nacionalismo. Las élites que deciden en Cataluña se
escandalizan con más facilidad cuando se toca la identidad que
cuando se toca la calidad de los servicios públicos. Es lógico que
al final, las víctimas del ‘establishment’, que en este caso son los
policías autonómicos, acaben recurriendo a lo primero para llamar la
atención sobre lo segundo’.
Juan Antonio Cordero Fuertes www.vozbcn.com 17 Enero 2012
Decía Baudelaire que la mayor astucia del diablo consistía en
hacernos creer que no existe. El aforismo venía a la mente leyendo
las últimas declaraciones del integrista Miquel Sellarès, sobre la
exótica forma de protesta que han encontrado los miembros de la
policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, para quejarse de
los recortes infringidos por el Gobierno autonómico nacionalista y
neoliberal de Artur Mar.
Los policías autonómicos han decidido dirigirse a los ciudadanos en
castellano, lengua oficial de Cataluña y de uso mayoritario entre
los catalanes; en lugar de exclusivamente en catalán, como se les
ordena machaconamente desde las altas esferas políticas. Se trata de
incomodar al poder autonómico (hoy y anteayer convergente, ayer
tripartito; siempre nacionalista), ponerle nervioso, y qué mejor
forma de conseguirlo que haciendo saltar, aunque sea por un rato,
uno de los tabúes que pesan sobre la política catalana desde los
inicios de la democracia.
Es una lástima que una protesta justa y legítima como la de los
Mossos, que luchan no sólo por sus derechos laborales sino por la
calidad de la seguridad pública en Cataluña, se vea eclipsada por
los métodos empleados para llamar la atención sobre su
reivindicación. Es el síndrome de la luna y el dedo: está dando
mucho más que hablar el gesto de los Mossos de usar el castellano
como quien deja de producir en las fábricas, que el motivo último de
su iniciativa. Pero así es Cataluña hoy. Estas distorsiones resultan
inevitables en un contexto marcado por la hegemonía institucional
del integrismo nacionalista, que está embarcado en una guerra
permanente y sin cuartel -como todos los integrismos- contra todo
resquicio de realidad (es decir, de pluralidad) que consiga elevarse
desde las profundidades de la vida cotidiana catalana, la que
trascurre fuera de despachos, fastuosos pasillos a media luz,
reservados en restaurantes exclusivos, cócteles de alta sociedad y
plantas nobles de altísimos edificios de oficinas.
En Cataluña, la llamada “construcción nacional” e identitaria se ha
desarrollado siempre en detrimento de los servicios, los derechos y
las libertades públicas; son las prioridades del nacionalismo. Las
élites que deciden en Cataluña se escandalizan con más facilidad
cuando se toca la identidad que cuando se toca la calidad de los
servicios públicos. Es lógico que al final, las víctimas del
establishment, que en este caso son los policías autonómicos, acaben
recurriendo a lo primero para llamar la atención sobre lo segundo.
Como lo es que las proclamas de defensa de los servicios públicos
(seguridad, pero también educación y sanidad), en peligro por la
oleada de recortes aplicada por las derechas gobernantes en
Cataluña, sólo puedan resultar ya creíbles si se acompañan de una
denuncia nítida y consecuente del programa de reeducación
identitaria que durante años ha consumido -y sigue consumiendo, pese
a la crisis- cantidades obscenas de recursos de todos los
contribuyentes. Catalanes y del resto del país.
Decía que los mossos dejan de emplear el catalán como quien se
declara en huelga y deja de producir en la fábrica: para desquiciar
al jefe. Y el golpe es certero, mucho más de lo que puede parecer a
simple vista, porque la principal tarea de la policía autonómica
catalana, aquella para la que fue creada y mimada, no es la de
mejorar la seguridad pública en Cataluña sino exactamente aquella de
la que han decidido abdicar temporalmente: fer país a través de la
lengua. Los Mossos nacieron para dotar de homogeneidad identitaria,
lingüística e ideológica (nacionalista) a los aparatos represivos
catalanes. Por decirlo en palabras textuales de Jordi Pujol:
“Los Mossos d’Esquadra no se buscaron solo para tener una policía.
Policía ya teníamos una: la Policía Nacional. [...] Entre otras
cosas, la policía [autonómica] catalana, además del orden público,
además del respeto de todo el mundo, además de muchas cosas… ha de
ser un elemento referencial del país”.
Así se explicaba el máximo referente vivo del catalanismo
contemporáneo en una entrevista radiofónica en 2009. Y, ¿qué quiere
decir “ser un elemento referencial del país”? Pujol concretaba un
poco más allá, en la misma entrevista: “Los Mossos d’Esquadra en mi
época [1983-2003] tenían la obligación… tenían la obligación… bien,
ustedes se han de dirigir en catalán a la gente”. Acabáramos; los
caminos del nacionalismo siempre terminan en la imposición
lingüística y todo lo que ella implica. Los sindicatos policiales
han decidido, por tanto, presionar por donde más duele. Una policía
pensada para fomentar la homogeneización lingüística de la sociedad
sólo puede presionar a sus superiores poniéndose del lado de la
realidad. Y de su persistente diversidad.
Del episodio de los mossos y el castellano alguien podría deducir
que el uso del castellano en la policía es subversivo en Cataluña.
No; lo que es subversivo en Cataluña es que la presencia del
castellano, innegable hasta para los propios nacionalistas, se
considere normal, que se eleve a la categoría política de normal en
la esfera institucional autonómica, que incluye obviamente a la
policía de la Generalidad. Lo que es subversivo e inaceptable para
el establishment nacionalista es que esa presencia del castellano en
la vida catalana se haga explícita, se reconozca en voz alta, se
afirme, incluso se reivindique como parte de la identidad catalana,
en el caso de que pueda hablarse con propiedad de tal cosa. En un
régimen construido a base de apariencias y sobre la base de
ficciones identitarias, es la afirmación de la realidad social y
lingüística la que resulta subversiva. Cualquier transeúnte que haya
pasado cerca de un corrillo de mossos, o de guardias urbanos, o de
policía local, puede confirmarlo: castellano y catalán se
entremezclan como se entremezclan en las conversaciones cotidianas.
Con naturalidad.
Y ese es, en realidad, el fracaso íntimo del nacionalismo en
relación a los Mossos d’Esquadra. Para cualquier administración
pública mínimamente avanzada, el fracaso o el éxito de una policía
bajo sus órdenes se mediría por su eficacia para combatir el crimen
y garantizar la seguridad pública, por ejemplo. No es el caso en la
Cataluña de las élites nacionalistas, que miden el éxito de sus
Mossos por su capacidad para mantenerse al margen de la pluralidad
lingüística de la sociedad a la que sirven. Y viven el uso del
castellano por parte de sus agentes, incluso cuando hablan entre
ellos, como una traición, un motivo de melancolía profunda. El mismo
patriarca Pujol nos ha hecho partícipes en numerosas ocasiones de su
amargura al constatar, quejumbroso, que los Mossos utilizan “cada
vez más” el castellano, pese a los cuantiosos esfuerzos de los
sucesivos gobiernos autonómicos. Se diría que los Mossos nacieron
para contribuir a la pretendida normalización identitaria de
Cataluña, según los patrones nacionalistas; y que finalmente es la
realidad la que lleva camino de normalizar a la policía autonómica
catalana…
En este contexto, la feliz ocurrencia de los Mossos ha debido ser la
gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los guardianes de las
esencias nacionalistas. Se comprende así el tremendo enfado de
Miquel Sellarès, uno de los fundadores de los Mossos y su primer
responsable político, como primer director general de Seguridad de
la Generalidad pujolista entre 1983 y 1984: “No todo vale. Y
amenazar con utilizar el castellano es patético. Es irresponsable.
Sabíamos de una quinta columna, pero no sabíamos de ciudadanos
mossos. Algo ha fallado en la formación de este cuerpo policial
nacional catalán”. Algo ha fallado, efectivamente; ha fallado y han
fracasado en lo único que les preocupaba cuando se inventaron a los
Mossos.
“No todo vale”, porque la ficción catalanista tiene sus límites y no
conviene ponerlos a prueba. Lo de ciudadanos hay que entenderlo
pronunciado en sentido peyorativo y con una cierta repugnancia, que
es la única manera en que un nacionalista consecuente puede manejar
el concepto: concretamente, en el sentido de simpatizante de C’s, la
pequeña fuerza progresista y no nacionalista que entró en 2006, con
gran escándalo del establishment, en el Parlamento autonómico, y que
allí sigue.
Lo de quinta columna, por su parte, tiene que ponerse en el contexto
de su reciente artículo, ‘Posar fi als quintacolumnistes’ (El Punt
Avui, 5/1/2012), donde Sellarès pide abiertamente la eliminación de
aquellos catalanes que ‘colaboran [con el Estado] por sentimiento de
patriotismo español, los que lo hacen por intereses más o menos
inconfesables y los mercenarios’. Todos los que no son -no somos-
nacionalistas, para entendernos. ‘Quintacolumnistas’, por si el
matonismo fascistoide y la bravuconería de su pensamiento no habían
quedado suficientemente en evidencia.
A Sellarès, hombre que representa como pocos la transversalidad del
nacionalismo orgánico y su atrincheramiento en el poder autonómico
catalán, hay que agradecerle la brutalidad y la extrema claridad de
sus declaraciones, que ahorra el trabajo de explicar en detalle el
carácter totalitario del integrismo catalanista. Puede que este
integrismo haya conseguido hacer creer a muchos catalanes no
nacionalistas, y también a no pocos españoles más allá del Ebro, que
su existencia, como la del diablo de Baudelaire, era pura ficción,
una invención febril y alucinada de españolistas, de inadaptados o
de paranoicos. Las palabras del fundador de los Mossos (además de
primer secretario de Comunicación de la Generalidad tripartita,
entre 2003 y 2004) recuerdan que no, que el integrismo nacionalista
catalán no sólo existe, sino que lleva gobernando
ininterrumpidamente desde el principio de la autonomía, cuando Pujol
pasaba por español ejemplar, espejo de virtudes y paradigma de la
moderación. Existe, gobierna y ha ideado artefactos como los Mossos
d’Esquadra, cuerpo policial que hoy intenta sacudirse ese lastre (y
ojalá lo consiga), pero que no se creó para ser una eficaz policía
autonómica, sino un órgano más para la depuración identitaria de
Cataluña, depuración con la que sigue fantaseando, en su versión más
siniestra, el que fuera su primer director general.
Sólo teniendo en cuenta que para los muñidores de los Mossos,
primero era la identidad nacionalista y después, si acaso, la
prestación de una seguridad pública de calidad, pueden entenderse
muchos de los fenómenos que han rodeado la gestación, despliegue y
actividad de los Mossos en los últimos años. Pueden entenderse, por
ejemplo, algunas pequeñas polémicas aparentemente anecdóticas
relacionadas con los Mossos, como las relativas al indicativo CAT en
las matrículas, o las derivadas del incumplimiento de la Ley de
Banderas en algunas comisarías autonómicas (la última, recientemente
corregida a instancias de la asociación Impulso Ciudadano, en la
localidad de Cornellá de Llobregat).
Pueden entenderse, también, las serias reticencias a incorporar
efectivos competentes y experimentados de la Policía Nacional y la
Guardia Civil a la nueva policía autonómica: importaba más preservar
la pureza de los Mossos como policía no contaminada por influencias
españolas, que asegurar la experiencia y la competencia de los
agentes operativos en Cataluña. Puede entenderse la precipitación y
la prisa por sacar rápidamente promociones y promociones de Mossos
d’Esquadra, aunque ello obligara a adelgazar y relajar
peligrosamente los períodos de formación y los filtros de selección
de nuevos agentes, por lo mismo. Y pueden entenderse, en definitiva,
algunas de las causas del fuerte desprestigio social que han sufrido
a los Mossos desde que son plenamente operativos, a raíz sobre todo
de los numerosos escándalos de brutalidad policial en que se han
visto envueltos en los últimos años (casos de palizas, maltratos a
detenidos como los grabados en la comisaría de Les Corts, en 2007,
cargas desproporcionadas y violentísimos desalojos, impropios de una
policía democrática como el de los indignados de la Plaza de
Cataluña en verano de 2011, etc.). Unos escándalos que son, en buena
parte, consecuencia lógica de los dos factores anteriores, los daños
colaterales de unas políticas nacionalistas muy concretas, y
minuciosamente diseñadas, por dirigentes que han preferido dar a luz
a un cuerpo policial nacional, en palabras de Sellarès, al servicio
de las ensoñaciones excluyentes e identitariamente puras del
nacionalismo, en vez de una policía al servicio de los ciudadanos.
En realidad, es toda la autonomía catalana, con su subsistema
institucional, político y legislativo, la que está sometida a ese
imperativo identitario y a su inevitable corolario de imposición y
exclusión lingüística. Desde los Mossos d’Esquadra hasta el sistema
sanitario propio, al que se le exige que trate a los pacientes sólo
en catalán mientras se le niegan los recursos para tratarlos en
condiciones; pasando por l’escola catalana y la ràdio i televisió
nacionals de Catalunya, todo está orientado hacia la recreación de
una identidad excluyente y catalan-only, cuya permanente precariedad
tiene mucho que ver con su probada incapacidad para prender en la
realidad.
El blindaje de esa identidad es la razón última de ser del entramado
de instituciones propias ligadas a la Generalidad, según rezan los
nacionalistas; pero ésa es también su principal debilidad y su
verdadero talón de Aquiles: así lo ha puesto de manifiesto, por
ejemplo, la iniciativa de los Mossos d’Esquadra y el nerviosismo que
ésta ha desencadenado en las filas del integrismo catalanista. No es
de extrañar que, en un momento en el que la crisis está obligando a
repensar todas y cada una de las bases sobre las que se han asentado
nuestras instituciones democráticas en las últimas décadas, tanto en
España como en el resto de Europa; sectores cada vez más amplios de
la sociedad catalana, dentro y fuera de las estructuras autonómicas,
cuestionen con creciente insistencia la utilidad de un régimen
nacionalista que dedica sus esfuerzos a preservar ficciones mientras
deja sin respuesta problemas bien tangibles y abandona a su suerte a
los ciudadanos que los sufren de manera cada vez más apremiante.
La batalla que los policías autonómicos catalanes sostienen contra
la Consejería de Interior se sitúa en un movimiento más amplio
contra la estrategia de recortes del Gobierno autonómico de Artur
Mas. Nadie duda de la necesidad de reducir gastos en todas las
Administraciones públicas, pero el gobierno convergente está
aplicando, en coherencia con su proyecto político nacionalista, una
política de austeridad selectiva que erosiona fuertemente a las
columnas vertebrales del Estado del bienestar en Cataluña (enseñanza
pública, sanidad y seguridad), mientras mima sin rubor los gastos
dedicados a la identidad.
En ese sentido, la movilización de los agentes es una buena ocasión
para alejar definitivamente a los Mossos d’Esquadra de los delirios
identitarios que condicionaron su génesis y hacer del cuerpo una
verdadera y eficaz policía autonómica, integrada y coordinada con
las demás fuerzas de seguridad que operan en Cataluña, tanto
estatales como municipales, y comprometida con lo que debiera ser su
único objetivo: velar por el cumplimiento de la ley, de todas las
leyes, y por la seguridad y las libertades de los catalanes, de
todos los catalanes. Nada más, nada menos. No hace falta que se
dirijan a los ciudadanos sólo en castellano; basta con que empleen
ambas lenguas con la normalidad con la que se usan en la calle. Es
más simple, hace falta que se fijen menos en qué lengua escogen para
dirigirse de primeras a un ciudadano -y no sólo para sacar de sus
casillas al señor Puig-, y más en prestarle un buen servicio
público. En ese empeño, a la vez en defensa de la calidad y la
dignidad de los servicios públicos (en este caso, la seguridad
pública) y en lucha contra su instrumentalización identitaria, van a
contar con el apoyo de buena parte de la sociedad catalana frente a
un Gobierno autonómico que tiene deliberadamente invertidas las
prioridades. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo.
Juan Antonio Cordero Fuertes es ingeniero superior en
Telecomunicaciones y doctor en Matemáticas e Informática, y miembro
de Ágora Socialista e Impulso Ciudadano
Costaron 2.630 millones en 2011 y deben 1.682 millones
El presupuesto y la deuda de las
televisiones públicas, en cifras
http://www.outono.net/elentir 15 Enero 2012
He elaborado una lista de las televisiones públicas españolas,
ordenadas por su coste en 2011, señalando éste y la deuda de cada
una, y lo que nos cuestan a cada ciudadano. Sólo cuatro comunidades
carecen de TV pública: Cantabria, Navarra, La Rioja y Castilla y
León, pero sobre esta última hago un apunte al final. En total, el
año pasado estos medios que pagamos todos nos costaron 2.630,4
millones de euros (437.661 millones de pesetas) y deben 1.682,89
millones de euros (unos 280.000 millones de pesetas).
Una nota previa: el importe de la deuda que acabo de señalar no es
exacto. Hay tres televisiones de las que no hay dato alguno. Si el
gobierno central y los gobiernos autonómicos quieren saber dónde
empezar a recortar gastos para no subirnos los impuestos, que tomen
nota:
Radioelevisión Española (RTVE)
Presupuesto en 2011: 1.200 millones de euros (199.663 millones de
pesetas) Si lo dividimos por el número de habitantes de España, a
cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 25 euros y 42
céntimos al año para sostener RTVE, lo vea o no lo vea.
Deuda: 60 millones de euros (9.983 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de España, a cada uno (niño,
mayor o anciano) le tocaría pagar 1 euros y 27 céntimos al año de
esa deuda.
Televisió de Catalunya (TV3)
Presupuesto en 2011: 321 millones de euros (53.409 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Cataluña, a
cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 42 euros y 57
céntimos al año para sostener TV3, la vea o no la vea.
Deuda: 21 millones de euros (3.494 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de Cataluña, a cada uno (niño,
mayor o anciano) le tocaría pagar 2 euros y 78 céntimos al año para
sostener TV3, la vea o no la vea. Hay que señalar que entre 2007 y
2008 la Generalidad de Cataluña ya asumió una deuda de TV3 de
1.046,72 millones de euros (174.159 millones de pesetas), 138 euros
y 84 céntimos por catalán.
Radio y Televisión de Andalucía (Canal Sur)
Presupuesto en 2011: 232 millones de euros (38.601 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Andalucía,
a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 27 euros y 54
céntimos al año para sostener Canal Sur, lo vea o no lo vea.
Deuda: no hay datos. La Presidencia de la Junta de Andalucía asume
directamente las pérdidas de esta televisión autonómica.
Radioelevisión Valenciana (Canal 9)
Presupuesto en 2011: 183 millones de euros (30.448 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de la
Comunidad de Valencia, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría
pagar 35 euros y 76 céntimos al año al año para sostener el Canal 9,
lo vea o no lo vea.
Deuda: 1.200 millones de euros (199.663 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de la Comunidad de Valencia, a
cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 234 euros y 51
céntimos al año de esa deuda.
Euskal Telebista (ETB)
Presupuesto en 2011: 177,5 millones de euros (29.533 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de la
Comunidad Autónoma Vasca, a cada uno (niño, mayor o anciano) le
tocaría pagar 81 euros y 27 céntimos al año para sostener la ETB, la
vea o no la vea.
Deuda: 16 millones de euros (2.661 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes del País Vasco, a cada uno
(niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 7 euros y 32 céntimos de
esa deuda.
Telemadrid
Presupuesto en 2011: 158 millones de euros (26.288 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de la
Comunidad de Madrid, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría
pagar 24 euros y 34 céntimos al año para sostener Telemadrid, la vea
o no la vea.
Deuda: 257 millones de euros (42.761 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de la Comunidad de Madrid, a
cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 39 euros y 60
céntimos de esa deuda.
Televisión de Galicia
Presupuesto en 2011: 107,9 millones de euros (17.953 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Galicia, a
cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 38 euros y 60
céntimos al año para sostener la TVG, la vea o no la vea.
Deuda: 9 millones de euros (casi 1.500 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de Galicia, a cada uno (niño,
mayor o anciano) le tocaría pagar 3 euros y 22 céntimos de esa
deuda.
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Aragón TV)
Presupuesto en 2011: 59,9 millones de euros (9.966 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Aragón, a
cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 44 euros y 50
céntimos al año para sostener Aragón TV, la vea o no la vea.
Deuda: 27 millones de euros (4.492 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de Aragón, a cada uno (niño,
mayor o anciano) le tocaría pagar 20 euros y 5 céntimos de esa
deuda.
Televisió de les Illes Balears (IB3)
Presupuesto en 2011: 55,3 millones de euros (9.201 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de las Islas
Baleares, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 49
euros y 68 céntimos al año para sostener la IB3, la vea o no la vea.
Deuda: 78 millones de euros (casi 12.978 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de Islas Baleares, a cada
balear (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 70 euros y 8
céntimos de esa deuda.
Castilla-La Mancha TV (CMTV)
Presupuesto en 2011: 37 millones de euros (6.156 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de las Islas
Baleares, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 17
euros y 49 céntimos al año para sostener la IB3, la vea o no la vea.
Deuda: no hay datos.
Televisión Canaria
Presupuesto en 2011: 37 millones de euros (6.156 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de las Islas
Canarias, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 17
euros y 49 céntimos al año para sostener la Televisión Canaria, la
vea o no la vea.
Deuda: unos 300.000 euros (49,9 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de Extremadura, a cada uno
(niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 14 céntimos de esa deuda.
Radio Televisión de la Región de Murcia (7RM)
Presupuesto en 2011: 36 millones de euros (5.989 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de la Región
de Murcia, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 24
euros y 48 céntimos al año para sostener la 7RM, la vea o no la vea.
Deuda: no hay datos.
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Canal Extremadura TV)
Presupuesto en 2011: 34 millones de euros (5.657 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de
Extremadura, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 30
euros y 65 céntimos al año para sostener la IB3, la vea o no la vea.
Deuda: 1,5 millones de euros (249,5 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de Extremadura, a cada uno
(niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 1 euro y 35 céntimos de esa
deuda.
Radio Televisión del Principado de Asturias
Presupuesto en 2011: 26 millones de euros (4.326 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Asturias, a
cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 24 euros y 5
céntimos al año para sostener la RTPA, la vea o no la vea.
Deuda: 13 millones de euros (casi 2.163 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de Asturias, a cada uno (niño,
mayor o anciano) le tocaría pagar 12 euros y 2 céntimos de esa
deuda.
Radio Televisión Ceuta (RTVCE)
Presupuesto en 2011: 2,8 millones de euros (465,8 millones de
pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Ceuta, a
cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 33 euros y 99
céntimos al año para sostener la RTVCE, la vea o no la vea.
Deuda: 97.264 euros en 2010 (16,1 millones de pesetas). Si la
dividimos por el número de habitantes de Extremadura, a cada uno
(niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 1 euro y 18 céntimos de esa
deuda.
Radio Televisión de Castilla y León (TVCyL)
Este canal es totalmente privado. En la práctica, sin embargo, en
2011 la Junta de Castilla y León pagó a la TVCyL 25 millones de
euros (4.159 millones de pesetas) en concepto de “prestación de
servicios”. Si dividimos esa cantidad entre el número de habitantes
de Castilla y León, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría
pagar 9 euros y 77 céntimos al año para pagar los “servicios” de la
TVCyL, la vea o no la vea.
El despilfarro del día
Patxi López también subvenciona el uso del
euskera en las empresas vascas
Además tendrán que tener una comisión y un coordinador de euskera.
Pablo Molina Libertad Digital 17 Enero 2012
La normalización lingüística en el País Vasco no sólo afecta a la
administración pública y el sector educativo. También las empresas
con sede en la región cuentan con líneas de subvenciones para
normalizar a sus trabajadores. Pero eso sí, con subvención del
Ejecutivo vasco.
La última andanada de subvenciones a las empresas con vocación
euskaldún ha supuesto un desembolso de 2,4 millones de las arcas de
la comunidad autónoma vasca. Fagor, empresa vinculada a la
corporación Mondragón, ha recibido ocho subvenciones por este
concepto para otros tantos centros de trabajo que en total superan
ampliamente los 200.000 euros.
Para poder recibir estas subvenciones, la empresa solicitante deberá
realizar un informe sobre la situación lingüística de sus centros de
trabajo, tanto del número de empleados que utiliza la lengua vasca
como del nivel de vascuence que tienen en ese momento. A partir de
ahí, la empresa beneficiaria deberá diseñar un plan global y otro
anual para contribuir a la mejora de la lengua regional, tanto a
nivel interno como en su comunicación con clientes y proveedores.
Además, para controlar la correcta aplicación de estas medidas de
normalización lingüística, en las empresas que reciban estas
subvenciones deberá haber una comisión de euskera y un coordinador,
encargados de poner en marcha y supervisar todas las acciones que la
comunidad autónoma vasca financia con dinero público.
"Si no se entiende, sírvase de un traductor"
Los médicos se rebelan contra la orden de
atender a los enfermos en catalán
Miguel Maristany. www.gaceta.es 17 Enero 2012
Un protocolo les impone seguir hablando en este idioma aunque se
detecte “dificultad de comprensión” en el paciente. Desde la
Consejería defienden que tan sólo se trata de “pautas de conducta
lingüística”.
Médicos de Cataluña, principal sindicato del sector, se desmarcó
ayer de la imposición del catalán en los centros sanitarios.
Entienden que el Gobierno de Artur Mas no les puede pedir semejante
“colaboración” cuando el funcionario “se siente castigado”.
Consideran que los recortes llevados a cabo vulneran sus derechos
sociales y laborales, por lo que no es el momento de implementar una
nueva estrategia lingüística. Además, en declaraciones a LA GACETA,
dejaron claro que no encontrará “espíritu de colaboración” en
funcionarios recién llegados de otras partes de España si perciben
que la Generalitat les obliga a hablar en catalán.
Esta polémica protagonizada por CiU supone uno de los episodios más
surrealistas en su estrategia de imposición del nacionalismo. Así,
la región sanitaria del Camp de Tarragona, dependiente de la
Consejería de Salud comandada por Boi Ruiz, ha hecho llegar a todos
los empleados de la sanidad pública un protocolo en el que les insta
a hablar en catalán durante su jornada laboral. Todos los médicos
deben hablar catalán entre ellos y dirigirse también en esta lengua
a los pacientes.
El documento aclara que el personal sanitario no actúa a título
personal, sino que representa a la Generalitat, cuyas normas deben
respetarse. Por eso, avisa de que todos los trabajadores deben
expresarse en catalán tanto por teléfono como por megafonía, en
actos públicos protocolarios e incluso entre los propios médicos
durante reuniones de trabajo, especialmente cuando hay delante
“terceras personas”.
A medida que el protocolo se desarrolla, aumenta el grado de
presión. Se especifica que el médico “siempre hablará en catalán,
independientemente de la lengua que utilice su interlocutor”; y si
en la conversación el paciente se muestra extrañado, el personal
sanitario tiene que preguntarle si entiende la lengua y, aun así,
debe seguir hablando en catalán aunque observe en el receptor
“cierta dificultad” de comprensión. En este caso, el texto indica
que se pueden “utilizar recursos no verbales y material gráfico de
apoyo”. El empleado sólo puede hablar en castellano cuando sea
imposible la comunicación en catalán. Aun así, “debe repetir
palabras o frases en catalán para ir introduciendo la lengua en el
universo del recién llegado”.
La Generalitat no olvida las nuevas situaciones que se presentan “a
causa de la inmigración”, en un apartado dedicado a las lenguas no
oficiales. El Gobierno de Artur Mas marca que el uso de estas
lenguas debe ser “restrictivo” y “excepcional” y sólo lo permite en
dos casos: cuando una persona extranjera se pone en contacto por
primera vez con el sistema sanitario o si existe la posibilidad de
que el paciente interprete mal un diagnóstico o el resultado de unas
pruebas, porque podría poner en riesgo su salud.
Por último, el polémico protocolo también indica que en la
documentación por escrito que editen y traduzcan los centros
sanitarios en las lenguas no oficiales “deben limitarse al máximo
porque una mayoría muy amplia de inmigrantes conoce el inglés o el
francés”.
Pautas de conducta
El responsable de comunicación de la región sanitaria del Camp de
Tarragona, David Ortega, contactó con este medio para aclarar que
dicho protocolo es el mismo que se editó por primera vez en 2010 y
que fue preparado por la Dirección General de Política Lingüística
de la Generalitat y por la técnica lingüística sanitaria. Según
Ortega, la consejería de Boi Ruiz ha decidido volver a enviarlo a
los centros sanitarios a modo de “recordatorio”, como unas “pautas
de conducta lingüística”. En cualquier caso, las mismas fuentes
insistieron en que no se trata de una normativa de obligado
cumplimiento, sino de un protocolo de “recomendaciones”.
De nuevo, Mas antepone su política de adoctrinamiento nacionalista a
pesar de ver cómo la sanidad es la más perjudicada por su ajustes.
en tarragona
Los médicos, obligados a hablar en catalán
aunque el paciente no lo entienda
Para casos de incomprensión pueden "utilizar recursos no verbales y
material gráfico de apoyo", pero repitiendo frases en catalán.
Libertad Digital 17 Enero 2012
La imposición lingüística en Cataluña ha dado una vuelta de tuerca
más, esta vez de la mano de CiU. La Generalidad ha reeditado un
protocolo, publicado por primera vez en 2010, distribuido por los
servicios territoriales de Salud en Tarragona en el que se ordena a
todos los empleados de la sanidad pública a hablar en catalán
independientemente de que el interlocutor lo entienda o no.
El último protocolo lo ha presentado el director de Salud en
Tarragona, Josep Mercadé (CiU). "Toda organización tiene la
necesidad de definir cómo debe gestionar su comunicación y
establecer unas normas con las que regirse, tanto internamente como
de cara al usuario y de puertas afuera", aclara Mercadé en el
documento al que ha tenido acceso El País.
Médicos, enfermeras, auxiliares, todos los trabajadores, deben
expresarse en catalán tanto por teléfono, como por megafonía, en
actos públicos protocolarios e incluso entre los propios médicos
durante reuniones de trabajo, especialmente cuando hay delante
"terceras personas", como pacientes y sus familiares.
Así lo expone el mencionado protocolo, al que ha tenido acceso el
diario de Prisa, que continúa ordenando que el facultativo "siempre
hablará en catalán, independientemente de la lengua que utilice su
interlocutor". Si durante la conversación el paciente da muestras de
no entender el idioma, el personal sanitario tiene que preguntarle
si entiende la lengua y, aun así, debe seguir hablando en catalán
aunque observe en el receptor "cierta dificultad" de comprensión.
Para estos casos, el gobierno de Artur Mas permite "utilizar
recursos no verbales y material gráfico de apoyo". Solo cuando sea
imposible la comunicación en catalán, el trabajador sanitario puede
hablar en castellano si el usuario entiende ese idioma. Con todo,
"debe repetir palabras o frases en catalán para ir introduciendo la
lengua en el universo del recién llegado", sostiene.
Las excepciones que permite la Generalidad
El protocolo, según cuenta El País, también pone orden a las nuevas
situaciones que se presentan "a causa de la inmigración", en un
apartado dedicado a las lenguas no oficiales. La Generalidad solo lo
permite en dos casos: cuando una persona extranjera se pone en
contacto por primera vez con el sistema sanitario o si existe la
posibilidad de que el paciente interprete mal un diagnóstico o el
resultado de unas pruebas, porque podría poner en riesgo su salud.
Los turistas se incluyen este apartado.
Pero no solo eso, en la documentación por escrito las lenguas no
oficiales que traducir "deben limitarse al máximo porque una mayoría
muy amplía de inmigrantes conoce el inglés o el francés", aunque
deben tenerse presente otros colectivos.
Mozos, antes Mossos
joan lópez ABC Cataluña 17 Enero 2012
Los Mossos d'Esquadra protestan. Siempre llama la atención que los
que tienen que mantener el orden se pasen al otro lado de la foto y
protagonicen una protesta. Si, además, sus jefes les critican y no
apelan al diálogo y todo lo que se suele decir en estos casos el
tema todavía es más llamativo.
En la Generalitat fuman en pipa. ¡Están que trinan! Incluso Pujol
—el último político en mayúsculas que nos queda— les censura. ¿Qué
habrán hecho? ¿No ponen multas? ¿Han dejado de gestionar el orden en
un partido del Barça? ¿Acaso no han escoltado al representante de
Carelia, Nación sin estado rusa, y gran aliada de Catalunya entre
las naciones oprimidas del Mundo, al salir de la Generalitat?
Qué va, nada de todo eso. Los Mossos —¿o debo llamarles Mozos?— se
manifiestan y visualizan su protesta haciendo lo más execrable que
pueden hacer según el buen nacionalista: hablan en español, lucen
banderas de España, a las que ellos han desterrado y llaman
estanqueras, y gritan —oh, horror— «¡Que viva España!».
¡A dónde iremos a parar! ¡Cómo se atreven! Ellos, que han sido
instruidos en la ortodoxia más extrema y excluyente. Ellos, que
están entrenados para llevar sombrero de copa y espardenyes, sin
pasar frío en los pies, cuando lucen el traje de gala. Ellos, que
comparados con la odiosa Guardia Civil, son puros —todos con raíces
que se remontan a Wifredo— y nos oprimen por nuestro bien en nombre
de la nación.
El tema es muy revelador. Es normal que en cualquier reivindicación
el manifestante use para presentar su queja aquello que más ofende o
provoca a quien se le reivindica. Pues bien, ya hemos aprendido de
la mano de los Mossos que lo que más revienta a nuestros próceres es
el uso de la lengua española.
Tiendo a desconfiar de los poderes públicos. Ya lo dijo Nietzsche:
«El Estado siempre miente y todo lo que tiene lo ha robado». Pero,
en este caso, creo que si bien nuestra seguridad no está garantizada
del todo, sí que nuestros Mossos —digo Mozos— son unos perspicaces
sociólogos. Me temo, mis queridos amigos uniformados, que en materia
reivindicativa pasaréis de represores legítimos a represaliados
forzosos.
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