Decretos y comisiones
Román Cendoya www.gaceta.es 10 Enero 2013
Mientras se reúnen, continúa el cachondeo de la mamandurria.
Cuando un Gobierno con mayoría absoluta quiere algo de verdad, la
decisión se plasma en un decreto ley. Pero cuando los políticos no
quieren tomar una decisión incómoda, suelen alargar el tiempo
mediante una comisión. Exactamente lo que está haciendo Rajoy con la
reforma de la Administración pública para la que ha aprobado la
constitución de CORA (Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas).
El objetivo oficial de esta comisión, para la que se han formado
subcomisiones y grupos de trabajo, es estudiar cómo reformar la
administración de una forma austera, eficaz y sin duplicidades. El
objetivo real es que, mientras se reúnen, continúa el insostenible
cachondeo de la mamandurria de la casta. Un truco para tardar más en
ejecutar la decisión es crear un buzón de sugerencias, como se está
haciendo con CORA, para que los ciudadanos aporten ideas. Método
estupendo para marear la perdiz, que obliga a esperar un tiempo
prudencial a que los ciudadanos participen y así tener material de
entretenimiento para los “grupos de trabajo”. Toda una engañifa para
no asumir ya la reducción en un mínimo del 70% del volumen de cargos
públicos, asimilados, enchufados y dolce farnientes dedicados a la
cosa.
¿A que no se atreven a reducir el número de cargos públicos
remunerados, en ayuntamientos y parlamentos, mediante la
implantación del voto en representación del grupo mientras las
listas sigan siendo cerradas? Eso sí es ahorro. Para votar todos a
la orden con que vaya uno ya basta. Intentan volver a tomarnos el
pelo con una comisión y un buzón. ¿Por qué no nos preguntaron qué
pensábamos de la subida del IVA o sobre dejar en libertad a
Bolinaga? Para masacrar los bolsillos de los ciudadanos: decreto
ley. Para ver qué hacer con la casta: creación de una comisión.
¿Cuál es el plan?
César Vidal La Razón 10 Enero 2013
Me lo repito una y otra vez. Intento convencerme de que tiene que
existir, pero les doy mi palabra de que no consigo verlo por ningún
lado. Ni siquiera un débil indicio. Después de que los nacionalistas
catalanes volvieran a insultar a todos los españoles tapando el
retrato del Rey y se hayan llevado otra parte generosa de nuestros
impuestos, he contemplado estupefacto cómo Artur Mas recibía a
Mariano Rajoy con gesto de perdonavidas; cómo le negaba la mano con
la chulería típica del paleto que piensa que la mala educación es
signo de gallardía; cómo el presidente del Gobierno informaba a
quien amenaza con despedazar España de que todos los días a las
siete hace gimnasia en una cinta y cómo el príncipe aguantaba la
situación con rostro de circunstancias y la mayor dignidad posible.
Todo sucedía apenas unas horas después de que CiU y la ERC
proclamaran que habían dado inicio a la «transición nacional» o,
dicho en román paladino, al proceso de independencia y de que se
anunciara con más de una década de retraso el procesamiento de
significativas figuras del nacionalismo catalán.
Digo yo que frente a todo este panorama debe de existir un plan.
Quizá consista en dejar que los nacionalistas declaren la
independencia de Cataluña y así libren al resto de España de más del
treinta por ciento de la deuda de las CCAA; de una sangría
interminable de gasto absurdo y de una sucesión ininterrumpida de
humillaciones y corruptelas.
Sería doloroso, injusto y muy triste, pero puedo comprender que en
las alturas se haya llegado a la conclusión de que no existe otra
salida mejor tras décadas de pasividad cuando no de alianza con el
nacionalismo catalán. O quizá el plan es radicalmente distinto y, en
realidad, pasa por defender la integridad territorial de España y
cumplir la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico.
Sinceramente, lo ignoro, pero creo que, en justicia, el pueblo
español tiene el derecho a saber si existe un plan y, siquiera en
líneas generales, cuál es. De lo contrario, puede que una mañana se
despierte con la noticia de que, tras la entrega de la última remesa
de millones de euros salidos de sus bolsillos en dirección a la
Generalidad, ésta ha decidido declararse independiente ante el
tancredismo incomprensible del Gobierno nacional. Si así fuera, lo
que quedaría de manifiesto es que ante el peor desafío a la
democracia desde 1975, nunca existió un plan. Luego que Dios se
apiade de nosotros.
Más vale hacerse el sueco
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 10 Enero 2013
Otoño de 1771. Meses después de ocupar su puesto como embajador en
cierto país extranjero, el francés Charles Gravier de Vergennes
escribía a su gobierno alarmado por la arbitrariedad y el desafuero
que imperaban en ese reino. Los dirigentes, los servidores públicos
y hasta los súbditos parecían mostrar un notable grado de
deshonestidad, envilecimiento y degradación. Aquí, señala
sorprendido, la corrupción y la ilegalidad no sólo parecen infectar
al Estado sino a la nación entera. Desde nuestra perspectiva del
siglo XXI difícilmente adivinaríamos el país donde prestaba sus
servicios diplomáticos el esforzado Vergennes. ¿Era en Madrid ante
la corte de Carlos III? ¿Pudo ser Lisboa? ¿Quizá en algún reino
italiano? Frío, mucho más frío: el atónito Conde de Vergennes estaba
describiendo Suecia.
El caso sueco, y su espectacular transformación en el siglo
posterior, muestra con nitidez que la corrupción y la arbitrariedad
no se encuentran enraizadas en condicionantes culturales. Y que no
existe una esencia de cada pueblo o nacionalidad que determine
inevitablemente su futuro. Muchos intentan, hoy día, explicar los
males de España por nuestro carácter desordenado, caótico, indolente
o negligente, respondiendo con condescendencia y desdén a quienes
proponen reformas de calado. Hace dos siglos, otros cometían el
mismo error señalando los rasgos culturales de los suecos, unos
bárbaros que nunca habían sido romanizados, como causa probable de
tamaña anarquía y descontrol. ¿Qué otra cosa podía esperarse de unos
toscos y salvajes vikingos que, para colmo de males, no eran
católicos sino luteranos?
Son las instituciones, estúpido
La corrupción y el mal gobierno no dependen de la cultura, la raza,
la tradición o la religión de un país: son consecuencia de un mal
diseño y funcionamiento de sus instituciones. En el siglo XIX, este
país nórdico fue capaz de erradicar la generalizada corrupción y
acabar constituyendo un ejemplo de honradez e integridad en el
funcionamiento del Estado. Durante un período relativamente corto se
suceden unas reformas institucionales tan profundas y radicales que
transforman completa y definitivamente la administración y la
política: en la segunda mitad del XIX, Suecia es ya uno de los
países menos corruptos del mundo.
Los drásticos cambios habían convertido un sistema basado en
relaciones de tipo personalista, donde el trato que los sujetos
podían esperar de las autoridades dependía de su estatus social, de
sus conexiones e influencias, de su capacidad para sobornar a los
funcionarios o de su pertenencia a alguna red clientelista - en
definitiva de algún privilegio - en otro donde el trato es
impersonal, objetivo y generalista y, si existe selección, se basa
en el mérito y el esfuerzo. En resumen, las contundentes reformas
transformaron el sistema de acceso restringido en un sistema de
libre acceso.
La España de 2013, caracterizada por unas instituciones carentes de
objetividad e imparcialidad, profundamente infectadas por la
corrupción desde la cúspide a la base, arrastra algunos problemas de
la Suecia de hace 200 años. Buena parte de la política y la
administración opera de facto con un personalista sistema de
privilegios y acceso restringido.
Nadie definió con tanta maestría y espontaneidad la verdadera
naturaleza de la política española como el ex presidente de las
Islas Baleares, Jaume Matas. Al ser preguntado por los inflados
contratos adjudicados con flagrante favoritismo y parcialidad a
Iñaqui Urdangarin, yerno del Rey, abiertamente admitió: “pero ¿cómo
iba a hacer pasar por un concurso público al Duque de Palma?”. Era
evidente: ¿por qué un presidente autonómico habría de actuar de
manera impersonal, objetiva y neutral, si la lógica del sistema
empuja a primar los privilegios? Mucho más habituales son los
concursos amañados, donde la relación personal constituye un
elemento decisivo en el marco de un implícito, o explícito,
intercambio de favores. Consciente o inconscientemente, quizá Matas
consideró que el Rey podía aparecer cojo, o casi mudo en una
entrevista televisiva, pero nunca manco.
Las reformas no pueden ser parciales ni espaciadas
Los regímenes corruptos y particularistas poseen una tremenda
inercia y resistencia al cambio por constituir un equilibrio
perverso en la conducta interactiva de muchas personas: no existen
incentivos para que cada individuo cambie de estrategia. Comenzar a
actuar limpiamente, si los demás no lo hacen, implica para cada
sujeto o grupo un enorme coste. Por ello, la simple reforma de una
institución aislada suele conducir al fracaso pues ésta acaba siendo
colonizada y finalmente incorporada a la corriente corrupta. Las
transformaciones no deben ser incrementales, sino profundas y
radicales, abarcando a la mayor parte de la estructura del Estado.
Suficientemente drásticas como para cambiar la percepción y las
expectativas de los agentes participantes y catapultar el sistema al
equilibrio opuesto. El éxito de Suecia se basó en que la mayor parte
de las instituciones fueron reformadas desde la raíz en un corto
espacio de tiempo.
Desgraciadamente, aunque es relativamente sencillo apuntar la
cadencia y el tipo de reformas que pueden conducir a un sistema
político y económico de libre acceso, mucho más complicado resulta
identificar los mecanismos que abren el camino del cambio. ¿Qué
lleva a los líderes o dirigentes a impulsar las transformaciones si
el sistema de acceso restringido les otorga notables privilegios?
¿Por qué algunos países se embarcaron en tan radicales cambios y
otros no? Realmente no existe una teoría bien elaborada y
consistente del tránsito, de las motivaciones que inducen a pasar de
un régimen a otro, a vencer las reticencias de las élites.
Seguramente, los hechos históricos tienen un carácter contingente,
poco determinista, dependiente de sucesos fortuitos. Aun así, se
apuntan dos sugerentes elementos que pueden favorecer esa
transformación.
La fuerza de la convicción y de las situaciones extremas
El primero de ellos es la irresistible fuerza que ejercen las nuevas
ideas y la convicción de las gentes sobre lo que es justo y
conveniente. El ser humano tiende a movilizarse de forma
desinteresada en pos de lo que considera correcto y equitativo. Y la
voluntad mueve montañas. Durante el siglo XIX las ideas liberales se
difunden con fuerza por los países nórdicos, impulsando con vigor la
abolición de anacrónicos privilegios. Se encuentra en segundo lugar
la acuciante encrucijada que provocan las situaciones extremas. Se
ha señalado la aplastante derrota militar frente a Rusia, que llevó
a Suecia a perder un tercio de su territorio y a la percepción
generalizada de que se encontraba en peligro la continuidad de la
nación, como el detonante de una importante catarsis entre las
élites y un replanteamiento general de los modos de actuación.
En España, el rotundo fracaso del régimen del 78, su degeneración en
una verdadera cleptocracia o su ineptitud para reformarse hacia un
sistema abierto e incluyente, se reflejan en una paulatina pérdida
de legitimidad a ojos de los ciudadanos y en una creciente
conciencia de la necesidad de cambio. Los desafíos secesionistas,
por parte de sectores igualmente corruptos y caciquiles, que
pretenden construir nuevos estados todavía más cerrados y
excluyentes, y la manifiesta incapacidad del régimen para dar
adecuada respuesta, nos colocan en una situación límite. Es momento
de que las élites dirigentes y el resto de los ciudadanos procedan a
un profundo replanteamiento. La encrucijada permite dos opciones:
cambiar radicalmente hacia un sistema de libre acceso o perder por
enésima vez el tren de la historia.
Lo mejor de la crisis y lo previsible, sin
embargo
José Luis Ortín www.vozpopuli.com 10 Enero 2013
Al margen de los miles de análisis técnicos sobre las causas
económicas de la descomunal crisis que nos arruina desde el 2007,
aparte de las propias estructurales de nuestro país, hay entre los
analistas más preclaros un punto de encuentro común: estamos ante
una profunda crisis de valores en nuestra sociedad.
Supuestas culpabilidades
Según a quien se lea o escuche, los políticos en general, la
herencia de Zapatero, las recetas de Rajoy, la Constitución, las
AAPP, los banqueros, los sindicatos, el euro, los mercados, EEUU o
la Merkel, entre otros, son quienes ocupan las primeras posiciones
en la clasificación de responsabilidades, variando sólo el orden, la
intensidad y los acentos en tan insidiosa lista. Pero se olvida con
frecuencia – olvidamos- que la mayoría de esos entes o personas y
sus comportamientos, sobre todo los más cercanos, son producto de
nuestra sociedad; no nacen por generación espontánea.
Es muy humano, aunque poco inteligente, señalar culpabilizando a
especímenes alejados o referirnos a oscuros arcanos cuando no
sabemos realmente lo que está pasando. Nos auto disculpa pensar que
hay alguna fuerza oculta que está siempre detrás de nuestros males o
se busca el consuelo en la responsabilidad ajena, a ser posible en
el de enfrente, cuando no a la mala suerte.
Supuestos déficit democráticos; los reales y algunas consecuencias.
En España dicen muchos que hay déficits democráticos, y es verdad.
Pero no en lo más socorrido sobre que algunos toman decisiones sin
contar con la mayoría o cosas por el estilo, sino en la falta de
transparencia en muchísimas instituciones públicas. Y, también, en
la ‘partitocracia’ que padecemos. Aquí organizan, gobiernan,
desgobiernan y se oponen cuatro: los que mandan en los partidos
políticos. Los demás son meras comparsas o tiovivos puestos por
ellos que en cuanto discrepen están listos de papeles.
Tenemos dos demoledores déficits democráticos: la dictadura de las
nomenclaturas partidistas y la irresponsabilidad y nula rendición de
cuentas públicas de ellos y sus miles de testaferros. Hacen lo que
les da la gana con la sola reválida de las listas y las urnas cada
equis tiempo. Así, salvo que alguno la haga muy gorda, lo pillen y
no tenga donde agarrarse, normalmente en negociaciones ocultas
amparadas en tenebrosas razones o cartas en la bocamanga que haya
guardado previsora y arteramente, o echando mano de padrinazgos
indeseables; se van de rositas y a otra cosa.
A veces hay suerte en alguno de estos casos y algún medio de
comunicación independiente, dentro de lo que cabe, una encomiable
actuación policial, un fiscal o un juez valerosos, hacen que afloren
situaciones desvergonzadas y, aun así, demasiadas veces se quedan en
agua de borrajas por la connivencia o fallos del resto o de parte
del mismo sistema. Podríamos enumerar notables ejemplos de lo uno y
de lo otro. Algunos gravísimos a gran escala y todavía en caliente:
corrupciones económico-políticas en Andalucía, Cataluña, entidades
financieras y otras y organismos reguladores y lugares, por ejemplo;
o hallar a los causantes de algunos de nuestros mayores infortunios
recientes: los muñidores del 11-M, sin ir más lejos.
Y padecemos también grotescos excesos, supuestamente democráticos,
que en otros países mucho más avanzados que nosotros en cuestiones
de soberanía popular tienen superados por ineficientes y absurdos.
Algunas comparaciones recomendables
Leí hace poco, gracias a un amigo, una conferencia que dio sobre las
salidas de la crisis Jesús Fernández-Villaverde, compatriota y
catedrático de economía en la Universidad de Pensilvania; que les
recomiendo. Entre otros temas, les ponía de manifiesto a miembros
del ICADE en el Hotel Wellintong en Madrid algunas diferencias entre
nuestro país y EEUU. Vive allí en una ciudad de 60.000 habitantes y
no tiene alcalde que la gobierne. La administra un gerente muy bien
remunerado con los conocimientos y experiencia suficiente como si
fuera una gran comunidad de vecinos. A la gente le importa de verdad
que los servicios públicos básicos funcionen eficaz y eficientemente
y no que su ayuntamiento se pronuncie a favor o en contra de
determinada situación ajena al municipio; argumenta. Y la comparaba
con una ciudad española de parecidas características. Desde las
mismas páginas Web las diferencias eran muy notables. En la española
mucho alcalde y pocos datos presupuestarios, y en la otra
descripción de servicios y todos los detalles sobre cada dólar que
gastaban. Esclarecedor.
Y también hablaba de la Universidad de California – la mayor del
mundo- . La dirige un presidente elegido por su trayectoria
profesional y no por los votos de nadie. Y la comparaba asimismo con
una gran universidad española. Cuando en determinados ambientes
explicó que en España los rectores son elegidos en las urnas
pensaban que les estaba gastando una broma. Los resultados de unas
instituciones y otras son tan diferentes como elocuentes. Ni una
española entre las primeras 200 del mundo. Ahora, eso sí, sabemos si
en tal o cual centro manda uno de derechas o de izquierdas.
Lamentable.
Lo mejor, lo previsible y nuestra realidad
Aquí aún vamos en el viaje pendular hacia un extremo, o ya estamos
en él, desde la transición de una dictadura – más nominal que otra
cosa a efectos prácticos - a las conquistas democráticas. Y
seguramente nos hemos pasado bastante. La democracia no tiene por
qué ser irresponsabilidad pública, derroche, ineficiencia,
instituciones obsoletas, victorias de quienes más griten,
corrupciones bajo tierra, sangrías a emprendedores, rapiña
impositiva, medianía social generalizada o mediocres al poder; sino
todo lo contrario.
Corregir todo ello sería lo mejor que le podía pasar a España
aprovechando la crisis, que algo bueno debería traernos aunque fuera
forzado por la ruina. Pero, desgraciadamente, lo previsible es que
todo siga más o menos igual. Porque quienes tienen el deber y la
obligación de guiarnos, nuestros políticos, son los campeones de
todas las deficiencias que nos lastran. Viven desde hace demasiados
años instalados cómodamente en ellas. El pueblo español deberá
reinventarse sin que nadie de los que ahora nos pastorean - nuestros
mantenidos- tire del carro. Es nuestra puñetera historia. Nuestra
lacerante realidad.
Privilegios que ofenden
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 10 Enero 2013
En los delirios de grandeza de las taifas autonómicas y su obsesión
de replicar corte y hasta salón del trono, no podía faltar el retiro
dorado a sus ex presidentes emulando el trato a los de la Nación.
Por ahí fueron hasta once, empezando por los catalanes, siguiendo
por Valencia de Zaplana, prosiguiendo por Extremadura, con Ibarra
aferrado a la prebenda como lapa a pesar de los esfuerzos de
arrancarle de ella, continuando por Castilla-La Mancha de Bono y
culminando por el País Vasco donde Patxi López ya se ha apuntado al
carro.
Puede entenderse un trato deferente a quienes hayan dirigido los
destinos nacionales. Se entiende menos que no renuncien, y los casos
de González y Aznar son hirientes, a sus emolumentos cuando cobran
un pastizal como consejeros y asesores de compañías y plutócratas
mundiales. Pero no puede comprenderse en absoluto y cuando la
necesidad ronda las puertas de millones de hogares que quienes
tuvieron el honor de representarles se cobren la prebenda de por
vida o casi. Los señores Pujol, Maragall y Montilla encabezan el
ranking y nos cuestan a todos un millón de euros anuales en
mantenerles unos privilegios, porque eso no son derechos, esos son
prebendas que ellos mismos y amparados en sus mayorías se votaron,
que resultan ofensivas para el conjunto de una sociedad acogotada
por el paro, los impuestos y los recortes. Resulta un insulto.
En caso similar se encuentra José Bono. Mas de 160.000 euros anuales
en mantenerle un despacho, dos secretarias, coche y chofer. Eso al
margen, claro esta de su pensión personal que, tras haber sido amen
de ex presidente castellano manchego, ex ministro y ex presidente de
las Cortes, entra dentro de lo normal y lo correcto. Y al margen
también de que Pepe Bono posea un abultado patrimonio obtenido en
los años dedicados a la política, que han sido todos, cuestionado
pero donde a pesar de los intentos no ha podido imputársele
ilegalidad alguna. Añádase que tan solo sus “aficiones” literarias
le han reportado, según el mismo ha confesado, la friolera de
500.000 euros pagados por la editorial Planeta como adelanto del
primer tomo. O sea, que no anda Bono descalzo para que sea la
aterida comunidad que el presidió y de la que sigue siendo un
referente cargue con sus gastos. El mismo, si lo piensa un poco, que
lo estará pensando, habría de seguir el ejemplo de su sucesor
Barreda, renunciando a ello. Porque dirán que lo han votado las
cortes y es verdad. Pero la verdad es que se lo votaron ellos y para
ellos mismos, con sus mayorías, y con adquiescencia del jefe. Como
en esa misma comunidad se votaron sus impresentables complementos
salariales, que ahora pretenden llamar “derechos” para al dejar los
diferentes cargos y volver a la función publica ganar entre 500 y
1000 euros mas que otros funcionarios que hagan el mismo trabajo.
Fea cuestión que ya resulta escabrosa cuando encima se presume de
sigla socialista y obrera, que esa es otra que ya nadie parece
querer ni tener en cuenta y desde luego para nada cierta izquierda
tan solo de sigla y escenario pero no parece que de ética. O sea que
aquello de Guerra de “To pal pueblo” no se compadece nada con la
practica y menos con esto.
No son derechos. No pueden serlo. Por mucho que se escuden en ello.
Son privilegios políticos. Queman y ofenden. Y ahora la humareda se
ve mucho más en medio del agobio, pero nunca se debió encender tal
fuego. Convertir a los políticos en los responsables únicos, en los
malos de todas las películas y en los felones perfectos puede
resultar incluso injusto, exagerado y no deja de recordar ciertos
tufos de épocas dictatoriales. Pero el que se les señale con el dedo
se lo han ganado ellos mismos a pulso. Se lo han merecido con creces
y siguen clavándose clavos en el ataud de su prestigio con asuntos
como estos. Si en verdad quieren recuperar su imagen y su honor, que
empiecen por recuperar la decencia y demostrarla renunciando a estos
privilegios que si a la opinión publica la hacen hervir a ellos los
deja socarrados.
España: a los ciudadanos nos conviene el
rescate, pero a los políticos no
Francisco Rubiales Periodista Digital 10 Enero 2013
El gobierno español y la oposición socialista están unidos y se
resisten con idéntica fuerza a que Europa rescate a España. Muchos
creen que es por patriotismo, pero la verdad es que temen que la
intervención de Europa acabe con el chiringuito corrupto y
antidemocrático que ellos han montado, al que llaman "Estado de
Derecho", cuando en realidad es un Estado profundamente injusto y
desequilibrado, donde el pueblo está ausente y los políticos gozan
de privilegios y ventajas que causan escándalo y bochorno. A los
nacionalistas radicales e independentistas, la llegada de la
intervención europea les aterra porque Europa no soportaría ni un
minuto su rentable e inmoral chantaje permanente a España.
¿Por qué los políticos en el poder se niegan a pedir el rescate de
España, a pesar de que el país está en quiebra técnica? Porque temen
que con el rescate llegue la intervención europea directa, que
imponga la medida más urgente y necesaria para salvar a España, el
adelgazamiento drástico del Estado, lo que traería consigo el
declive del clientelismo, del amiguismo, del nepotismo, del abuso de
poder y de cientos de miles de políticos agarrados a la teta del
Estado como fieras, arruinando al país y parasitando a España.
A los ciudadanos, a la economía y al bien común conviene un rescate
con intervención, pero a los políticos les restaría poder. Por eso
se niegan a solicitarlo. El pueblo español ya no tendría nada que
sufrir porque todos los sacrificios que exigiría la intervención ya
están vigentes, voluntariamente implantados por el gobierno de
Rajoy, precisamente para impedir que llegue a España la troika
comunitaria y acabe con el paraíso injusto e indecente que los
políticos españoles han construido para su uso y disfrute.
Es imposible subir mas los impuestos, y es muy difícil practicar
nuevos recortes en lo que pueda afectar al pueblo. Sólo los
territorios exclusivos de los políticos están sin tocar porque
ellos, miserablemente, los han preservado intactos, prefiriendo
hacer pagar al ciudadano todo el grueso de la factura de la crisis.
No han cerrado ni una sola televisión pública, apenas han suprimido
empresas públicas y puestos en los consejos de administración y las
subvenciones a partidos políticos, fundaciones de partidos y
sindicatos siguen casi intactas, mientras la sanidad, la educación y
otros servicios de calado social que mitigaban el sufrimiento de los
débiles han sido debilitados y privados de calidad.
En España sobran casi 350.000 políticos colocados en el Estado, una
marea infecta e inútil que convierte al Estado español en uno de los
mas injustos, caros e insostenibles del planeta. La intervención
acabaría de un¡ plumazo con ese abuso y practicaría otros ajustes
necesarios, que los políticos se niegan a realizar: supresión de
empresas públicas, televisiones públicas, municipios de menos de
5.000 habitantes, diputaciones provinciales, mancomunidades,
empresas e instituciones inútiles y los miles de puestos de lujo
para políticos que arruinan las arcas públicas y no aportan nada a
la nación.
La llegada de la intervención europea haría enrojecer de vergüenza a
la clase política española porque sacaría a la luz y demostraría que
los grandes ahorros y recortes son, precisamente, los que los
partidos políticos se niegan a realizar. Quedaría claro que si se
hubieran practicado esos recortes en el Estado, no habría sido
necesario arruinar a las clases medias españolas con los impuestos
más desproporcionados e injustos de toda Europa, ni habrían tenido
que desmontarse parte de la sanidad pública y de la educación y de
otros muchos servicios sociales y ayudas suprimidas por una clase
política que es capaz de todo antes que renunciar a sus privilegios
y montaje clientelar. Ni siquiera habrían tenido que cerrar cientos
de miles de empresas, acosadas por el hundimiento del consumo
ciudadano, por los impuestos y por las deudas de las
administraciones públicas españolas, convertidas en las mas morosas
e inmorales de Europa por sus incumplimientos y violaciones legales.
Voto en Blanco
Se acabó: educación e izquierda
Vicente Serrano www.vozbcn.com 10 Enero 2013
El proyecto de la nueva ley de educación del ministro José Ignacio
Wert, más allá de sus aciertos y errores que no voy a glosar en este
momento, ha tenido un efecto clarificador sobre las posibilidades de
reconducir la izquierda española (incluida, por supuesto la
catalana) a sus principios ideológicos. La falta de autocrítica del
PSOE (y del PSC) respecto al fracaso de su proyecto educativo, la
LOGSE, y de la autocomplacencia acrítica de Izquierda Unida (y su
dispersado entorno), les lleva a posicionarse frente al proyecto del
PP con flacos fundamentos y alinearse con el nacionalismo más rancio
de este país.
No es cierto que con cada gobierno se cambie la ley de educación. Se
han hecho parches a la LOGSE, pero fundamentalmente es la misma que
aprobó el PSOE felipista, esa que renunció a la escuela pública y
que inventó la escuela concertada para alegría y jolgorio de la
escuela religiosa, que hoy critican. Que el sistema educativo
español es un fracaso es de tan general reconocimiento que hasta los
educados en el mismo lo asumen. Tengo allegados que trabajan como
profesores y reconocen en privado que el fracaso escolar es superior
al manido 30% que las administraciones (autonómicas) imponen a sus
docentes.
El problema del proyecto educativo de Wert no es la lengua, es la
falta de apuesta por una escuela pública única y gratuita, es decir
acabar con el concierto. Pero pedir a un partido de derechas eso es
pedir peras al olmo, no nos engañemos. Eso debería haberlo hecho la
izquierda. Ha tenido tiempo de sobra en el Gobierno, y solo se
acuerda de la escuela pública cuando está en la oposición, que es
cuando saca a pasear su imaginería anticlerical.
Siento vergüenza cuando veo a Joan Coscubiela y a otros
representantes de la izquierda hacer demagogia sobre la pretensión
de introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en
la misma proporción que el catalán, y el uso de frases como: “Ataque
al catalán”; o el término “talibanismo” utilizado por el
representante de ERC. Talibanismo es el que se lleva practicando en
Cataluña durante tres décadas. Hablan de acabar con la cohesión
social en Cataluña, cuando si la izquierda cree que cohesión social
es marginar cultural y socialmente a la mitad de la población que
tiene como lengua propia el castellano es que ha perdido el norte,
sobre todo cuando esa población es la clase trabajadora de Cataluña,
a quien ellos dicen representar.
El precadáver político de Artur Mas convocó tras las elecciones
autonómicas un aquelarre antibilingüista de todos los partidos
defensores de la exclusividad del catalán como lengua vehicular en
la escuela. Asistieron Pere Navarro (PSC) y Joan Herrera (ICV-EUiA)
como borreguitos convidados, humildes ante los prebostes de la
patria por osar, en campaña claro, criticar el secesionismo
desbocado pero, eso sí, comprometidos con el dret a decidir. ¿Serán
capaces de apoyar el desacato anunciado en sede parlamentaria? No me
extrañaría lo más mínimo. Todavía no han exigido el cumplimiento de
las sentencias del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Supremo
sobre el tema. Los de la CUP reclamaron su pertenencia al club
identitario dejando claro que el castellano, ese idioma de la clase
obrera, no es el suyo.
Antes de entrar en las conclusiones que anunciaba en cabecera sí
habría que comentar brevemente el proyecto de Wert. Es el primer
intento de solventar un problema de derechos cívicos desde una
perspectiva de Estado; lamentablemente es una solución desde la
derecha. Me explico. Existe una lengua común de todos los españoles,
el castellano o español, y en algunas Comunidades Autónomas otra
lengua común dentro de dichos territorios. En ellos se usan y
conocen ambas lenguas en diferentes porcentajes (generalmente el
castellano es predominante en todas ellas). La protección de esa
diversidad es competencia del Estado, ya sea como Administración
central o como Administración autonómica. Al trasferir las
competencias de enseñanza a las CCAA, la Generalidad de Cataluña,
estando tanto en manos de CiU como del tripartito
(PSC+ERC+ICV-EUiA), apostó por el uso de la enseñanza como medio de
socialización de un proyecto nacionalista que utilizaba el catalán
como lengua vehicular única. Este proyecto va más allá de conseguir
que todos hablen catalán, su objetivo es la formación de personas
nacionalistas. A juzgar por los resultados parece que el proceso es
efectivo. Diría que el catalanismo es la forma de franquismo más
lograda.
En Cataluña, desde los primeros tiempos de la inmersión lingüística
obligatoriamente en catalán siempre han existido asociaciones y
formaciones defensoras de una escuela abierta con el bilingüismo
como bandera o con el derecho a elección de lengua vehicular por los
padres. Este asociacionismo se ha anclado en el centro o en la
transversalidad derecha/izquierda: Asociación por la Tolerancia,
Convivencia Cívica Catalana, Acción Cultural Miguel de Cervantes,
etc. Hubo un intento de crear una opción desde la izquierda: Foro
Babel, que se desactivó ante la perspectiva de acceso a la
Generalidad del PSC con Pasqual Maragall (¡ingenuidad de los
intelectuales babélicos!). Ciudadanos ha sido el partido que ha
recogido el guante de la transversalidad bilingüista. Sin embargo,
sigue existiendo una orfandad en la izquierda que afronte el
problema nacionalista (no solo de la lengua) desde posiciones de
clase.
Digo que el proyecto de Wert es una solución desde la derecha porque
permite que la Generalidad opte por no cumplirlo y deja a los padres
que deseen dicha educación bilingüe solos ante el monstruo de la
administración. ¡Solicitar educación bilingüe en Cataluña es ser un
activista de los derechos civiles! ¿Qué colegio concertado va a
ofrecer educación bilingüe, con la espada de Damocles (Generalidad)
amenazando su subvención? En todo caso la educación bilingüe será un
privilegio de las clases pudientes catalanas que podrán llevar a sus
hijos a colegios de pago, como es el caso de la Escuela Aula donde
Mas llevó a sus hijos. Es decir, a los pobres: nacionalismo y pan
duro.
Concluyendo: la izquierda en España sigue, después de más de 30
años, acomplejada ante el nacionalismo y es incapaz de generar un
proyecto político y social para España que plante cara al egoísmo de
las burguesías catalana y vasca. Es más, en vez de eliminar el virus
se ha extendido al resto de las Autonomías en versión soberanista,
alimentando un proyecto disgregador que contraría los intereses de
la clase trabajadora a la que dice representar.
En Cataluña, hay quienes reclamamos la recuperación de la Federación
Socialista Catalana del PSOE, pero esta debe ir acompañada por un
cambio de los postulados de la formación estatal. También hubo un
intento fracasado de que, en sus inicios, EUiA se convirtiera en la
federación catalana de IU. La deriva identitaria del espectro
político catalán ha implicado la desaparición de la izquierda en
Cataluña. La aparición de la CUP, lejos de abrir espacios en la
izquierda, nos aboca a una radicalización secesionista aunque
amparados en un discurso de clase que encuentra eco en una izquierda
alternativa y dispersa, que ya previamente había sucumbido al
nacionalismo.
Tras la posición de Navarro ante el nuevo Gobierno autonómico,
dispuesto a barrer el camino de baldosas amarillas del secesionismo,
es evidente que o el PSOE recupera su presencia directa en Cataluña
a través de una Federación Socialista o el PSC les arrastrará en
Cataluña y en toda España al desastre. Y lo más grave: nos
arrastrará a todos a una profunda crisis social y política con
graves consecuencias para la convivencia ciudadana.
Si la izquierda parlamentaria (PSOE e IU) no es capaz de crear un
proyecto para toda España, los trabajadores deberemos empezar a
plantearnos la necesidad de crear nuevas herramientas en el ámbito
estatal que cubran esa necesidad de representación. Este es el
momento.
Vicente Serrano es presidente de Alternativa Ciudadana Progresista
Marhuenda se desata
El director de La Razón llama a
Intereconomía 'grupo infecto de ultraderecha'
GACETA.es 10 Enero 2013
El ex político, que fue apartado del PP por un supuesto caso de
corrupción, aprovechó una entrevista complaciente a José Bono para
atacar a Intereconomía.
Francisco Marhuenda aprovechó su intervención el pasado sábado en
Telecinco para atacar de nuevo a Intereconomía. Durante el programa
'El Gran Debate', donde intervenía José Bono, el director de La
Razón calificó a Intereconomía de “grupo infecto de ultraderecha”.
No es la primera vez que el director de La Razón se despacha a gusto
contra este grupo español de comunicación.
Hace poco, en La Sexta, arremetió contra Alejo Vidal-Quadras,
articulista de La Gaceta, conterttulio habitual de 'El Gato al Agua'
y ex presidente del PP en Cataluña (buen conocedor del pasado
político de Francisco Marhuenda), y le calificó de “friki (sic) y
provocador”, además de animarle a “ejercer de catedrático,
chavalote”. También declaró hace meses a la web periodistadigital
que “La Gaceta es un periódico que va a un lector muy concreto de
una derecha más dura y más radical”.
Así de desafortunado ha sido su continuo ataque a este Grupo y a La
Gaceta, al igual que lo fue su paso por la política. Director de los
gabinetes de Rajoy en Administraciones Públicas y Educación y ex
director general de Relaciones con las Cortes, fue apartado de la
política tras descubrirse unos supuestos negocios de venta de
servicios bibliográficos inmobiliarios a una universidad
aprovechando el cargo que ocupaba.
Desde 2008, ocupa el cargo de director de esta cabecera que en su
día fundó y presidió Luis María Ansón y que en la actualidad es
propiedad del Grupo Planeta. Un grupo que es capaz de mantener
publicaciones ideológicamente tan distantes como La Razón o el
suplemento católico L'Osservatore Romano a la vez que la revista
Playboy o el diario Avui.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Escandalosa impunidad legal y política
EDITORIAL Libertad Digital 10 Enero 2013
No le falta razón al fiscal general del Estado, Eduardo Torres
Dulce, cuando califica de "escandaloso" que la instrucción de las
causas judiciales pueda llegar a durar hasta trece años, tal y como
ha sucedido en el llamado caso Pallerols, en el que se dilucidaba la
financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Ahora
bien, mucho más escandaloso resulta que casos como este se zanjen
con pactos como el que han suscrito este martes la Fiscalía de la
Audiencia de Barcelona y las defensas de los acusados. Dicho
acuerdo, que formaliza una sentencia de conformidad no recurrible,
supone que la Fiscalía acepta una rebaja de imputaciones y se quita
de en medio el delito de malversación, lo que exculpa a dos de los
seis acusados y condena al resto a unas penas que van de los siete
meses al año y medio de prisión, frente a los entre siete y once
años que para todos ellos pidió en su escrito de acusación. Gracias
a estas escandalosas rebajas, ninguno tendrá que entrar en prisión.
Causa sonrojo que el fiscal general diga que no ha habido "trato de
favor", sin otro argumento que señalar que los condenados van a
devolver los 388.000 euros desviados de los fondos públicos. Al
margen de que no van a ser los condenados los que devuelvan de su
bolsillo ese dinero, sino UDC, que ha aceptado la responsabilidad
civil de los hechos delictivos, ¿cómo es posible que se miente la
devolución del "dinero desviado" cuando, al mismo tiempo, se
defiende una sentencia de conformidad que no reconoce la
malversación de esos fondos públicos? ¿Cómo es posible que la
Fiscalía acepte rebajar penas de años a meses con los abrumadores
indicios que había en contra de los acusados, especialmente en los
casos de Lluís Gavaldà, exdirector de Empleo de la Generalitat, y el
empresario que le servía de pantalla, Fidel Pallerols?
Para colmo, este asunto, que se zanja con tan nula responsabilidad
penal, tampoco va a tener la más mínima consecuencia política. Tal y
como era previsible, Duran i Lleida ha desaparecido de escena y
parece haberse olvidado de las promesas de dimisión que hizo en el
caso de que se demostrara que su partido se había financiado de
forma ilegal. La portavoz de UDC, Marta Llorens, se ha limitado a
decir que el dinero llegó ilegalmente al partido "sin el
conocimiento" de la cúpula. Como si eso, de ser cierto, borrara las
responsabilidades políticas in vigilando y las promesas de dimisión
de Duran.
Ante este espectáculo bananero, no faltan quienes sospechan que la
Fiscalía no ha sido más que una mera correa de transmisión del
Gobierno del PP, que buscaría con este trato de favor futuros apoyos
para desactivar el aun más delictivo proceso secesionista que se ha
desatado en Cataluña. Sea como fuere, hasta el más ingenuo debe de
saber que Duran y su partido respaldan este proceso de ruptura, y,
en cualquier caso, es una supina estupidez, además de una
inmoralidad, tratar de preservar la unidad de España debilitándola
como Estado de Derecho. Pero en eso, desgraciadamente, estamos.
La España miedosa y encastillada
José Luis González Quirós El Confidencial 10 Enero 2013
El lenguaje político abunda en equívocos. Este hecho básico hace
que, entre españoles, baste la repetición de unas cuantas palabras
para pasar por mediano ideólogo. Con tal uso, las palabras se
convierten en estandartes, de modo que importa poco lo que se quiera
o pueda decir con ellas, porque lo decisivo es colocarse detrás de
la enseña adecuada, ser de los nuestros y decir “privatización” para
no decir, ni bajo pena de muerte, “reducir el gasto y racionalizar
la gestión”. Si valiera el anterior ejemplo, ya se ve que lleva
cierta ventaja dialéctica quien use un único término frente a
quienes tengan que recurrir a un eslogan algo más complejo, aunque
solo sea de siete palabras, porque la contundencia siempre vence a
las perífrasis. Pudiera parecer que esta clase de procesos de
simplificación obedecen a una cierta lógica de los discursos, a
conveniencias retóricas, y en alguna medida así es, pero lo que es
realmente importante es su función estratégica, su conversión de la
palabra en instrumento de lucha. Cuando esto sucede, lo grave es que
una cierta manera de entender la democracia empieza a padecer y
corre serios riesgos, sencillamente porque se ha dejado de hablar, o
se habla para no decir nada.
En este primer trimestre de 2013, los españoles no nos hablamos con
nadie y estamos empeñados en una estupenda batalla de todos contra
todos. Muy característico de esta situación es que los discursos
oficiales se hayan convertido en una pura vaciedad, en la repetición
de fórmulas gastadas, de tópicos que a nadie mueven, y, empezando
por el Rey, casi todo el mundo está siendo víctima de este proceso
de encastillamiento: cada loco con su tema, sin que nadie escuche ni
conteste, porque solo se repite una y otra vez lo que ya se ha dicho
en otras mil ocasiones.
Hace falta política, hablar en serio, y hay que hacerlo ya,
empezando por arriba, pero con la voluntad de construir de una vez,
y desde abajo, la democracia verdadera sin tapujos con la que
venimos soñando hace ya más de medio sigloEste disonante concierto
hace que la política, el arte de resolver problemas reales
negociando con intereses contrapuestos, empiece a estar de más,
precisamente porque se echa de menos el dar verdaderas razones, el
intento de persuadir, y porque nadie parece atreverse a decir lo que
verdaderamente piensa, con la posible excepción de Ignacio González,
que ha confesado necesitar una ley de huelga, no sea que la gresca
suba desmedidamente de tono, de modo que el miedo, una actitud que
creíamos haber superado tras la transición, lleva a que unos y otros
sigan cultivando eufemismos y sacando brillo a consignas ya muy
gastadas para hacer casi siempre lo contrario de lo que deberían
hacer, de tomarse mínimamente en serio lo que dicen.
Esto produce situaciones casi surrealistas, como la del chiste de
Woody Allen: -“Tengo un hermano que se cree que es una gallina”;
-“¿Porqué no lo llevas a un psiquiátrico?”; –“Es que necesito los
huevos”. Por poner un solo ejemplo, díganme si, ante el secesionismo
catalán, cada vez más obvio, no parece como si alguien necesitase de
verdad esos huevos delirantes; Wert, por ejemplo, que les va a pagar
un colegio privado a los españolitos que no puedan escolarizarse en
su lengua en Cataluña.
España necesita urgentemente que todos salgamos de nuestros
castillos y nos pongamos a hablar, a pelear, cuando sea necesario, y
lo es muchas veces, porque este ejercicio de repetición de monsergas
y mentiras no lleva a ninguna parte. Bueno, sí que lleva: conduce
raudamente a una deslegitimación, que pronto puede ser irreversible,
de las instituciones políticas y sindicales, porque el eufemismo no
atenúa, sino que amarga, la crudeza de las situaciones que padecen
los que no tienen la fortuna de vivir en el reino de las palabras
huecas, en especial cuando hay motivos para sospechar que tanta
palabra vana pueda ser un ejercicio de distracción para perpetrar
alguna nueva ratería, algún indulto, exención de proceso, o
cualquier nueva subida de la luz.
Encastillamiento y rutina política impiden que haya energía para
resolver los problemas que realmente importan. El sistema español
había alcanzado una cierta eficacia con su variante democrática del
despotismo, y ha podido mantenerse hasta la fecha con el engrase del
dinero barato y del gasto sin control. Como quiera que esto se ha
puesto mucho más difícil, es inverosímil que todo pueda seguir
igual, solo que ahora operando sin anestesia. Los problemas no se
van solos y, en un clima de ausencia de libertad política, los
secesionistas catalanes quieren su Ínsula Barataria, y los etarras
están al acecho para cambiar armas por medallas. Un sistema muy
endeble no resistirá el envite combinado de fuerzas tan heterogéneas
sin la convicción y el auxilio decidido del pueblo soberano. Pero
para que este se movilice hay que dejar de contarle el cuento de la
lechera, porque hace ya tiempo que se rompió el jarro. Hace falta
política, hablar en serio, y hay que hacerlo ya, empezando por
arriba, pero con la voluntad de construir de una vez, y desde abajo,
la democracia verdadera sin tapujos con la que venimos soñando hace
ya más de medio siglo.
*José Luis González Quirós es analista político
Duran i Lleida y la locura catalana
Pablo Sebastián www.republica.com
10 Enero 2013
Aunque no haya constancia escrita de ello en la política española
existe un pacto tácito entre los grandes partidos políticos para no
pedirse los unos a los otros las “máximas” responsabilidades
políticas por la corrupción. Por ello, el Parlamento español no
suele investigar la corrupción y ello explica que, en el día de ayer
y tras reconocer Unió ante el juez del caso Pallerols sus delitos de
la malversación, no se haya desatado un clamor en Barcelona y en
Madrid, exigiendo la dimisión y salida de Duran i Lleida de los
cargos públicos que ostenta, empezando por la presidencia de la
Comisión de Exteriores del Congreso, que controla el catalán sin
lealtad ni hacer honor al cargo (véase su desprecio a la Cumbre
Iberoamericana de Cádiz).
Además de liderar una de las ramas de CiU, el partido gobernante en
Cataluña que ha lanzado un desafío al Estado, Duran i Lleida se
presenta como el hombre puente entre Madrid y Barcelona, y de ese
cuento y de su doble discurso, allí y aquí, vive y se entretiene
como un profesional del poder jugando con dos barajas, aunque esta
vez le han pillado y ha tenido que claudicar ante el juez, con la
ayuda de la fiscalía del Estado que debió ser implacable y no
aceptar una transacción sino exigir la cárcel para los culpables.
Pero ya sabemos que este Gobierno de Rajoy es experto en paños
calientes y con Unió mantiene una especial relación para ver si así
le tuercen la mano a Artur Mas. Se vio nada más llegar el PP al
poder, porque una de las primeras decisiones de Rajoy fue la de
conceder una indecente amnistía a dos dirigentes de Unió, el partido
de Duran i Lleida, condenados a cárcel por corrupción. La noticia la
ocultó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de
prensa del Consejo de Ministros, pero fue descubierta por los medios
en el BOE y organizó el natural revuelo.
Ahora, entre la condena a Unió, el escándalo del Palau que toca de
lleno a Convergencia, la misteriosa fortuna de los Pujol y las
incógnitas sobre el origen de las cuentas ocultas -y más tarde
regularizadas- del fallecido padre de Artur Mas, los españoles
estamos asistiendo perplejos al espectáculo de que esta “banda” de
corruptos o dirigentes bajo sospecha están, en su impunidad,
desafiando al Estado y proponiendo la independencia catalana. Y
utilizando unos modales que no respetan la legalidad y que son
insultantes para España y los españoles y despreciativos para las
instituciones y las autoridades del país. Como lo vimos durante la
inauguración del AVE a Figueras, o como pretende Mas hacer en Madrid
presentando al Rey su plan de independencia después de aprobar en el
parlamento catalán una declaración soberanista.
Y si todo esto es grave en fondo y forma, mas grave parece que en la
Moncloa y en la Zarzuela nadie se atreva a parar los pies a este
desvarío haciendo pública denuncia de todo ello y cortando en seco
no solo la deriva independentista sino los modales y los abusos de
este selecto club de dirigentes independentistas que desafían la
legalidad o viven al margen de la ley. ¿Hasta cuando el “silencio
administrativo” de Madrid y la inmoralidad política y democrática de
mirar hacia otro lado, huyendo de los desafíos en vez de abordarlos
de frente?
Cada vez parece más notorio que España tiene un serio problema de
liderazgo, capacidad de decisión y de valentía en la persona del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Asunto de muy difícil
solución, que solo se podría compensar con la entrada en el Gobierno
de políticos con más peso y mayor capacidad que los actuales y con
voluntad de decisión y comunicación, cosa que al día de hoy no
existe en el Gabinete de Rajoy.
Es verdad que, en esto de la corrupción, en todas partes cuecen
habas -ahí está Baltar, como asunto reciente-, pero en el caso del
nacionalismo catalán lleva añadido el marchamo independentista lo
que hace mucho mas grave la situación. ¿Hasta cuándo? Esa es la
cuestión.
El escándalo Unió-Duran i Lleida
José Oneto www.republica.com 10 Enero 2013
Veinticuatro horas después de que Unió Democrática de Catalunya
(UDC) firmase un pacto de conformidad con la fiscalía, reconociendo
que se había beneficiado de fondos económicos para combatir el paro
para la financiación del partido, su principal responsable, el
diputado Josep Antoni Duran i Lleida, que había prometido que en el
caso de que se demostrase que su partido había sido financiado
ilegalmente (cosa que ha reconocido y firmado ante la fiscalía)
asumiría las correspondientes responsabilidades políticas, ni ha
dimitido ni parece que tenga la menor intención de hacerlo. Ha
proseguido su viaje oficial por Chile, haciendo un panegírico de que
España puede superar la crisis, sin referirse a qué parte de esa
crisis está provocada por él y por su partido, que apoyan la
independencia de Cataluña y su escisión de España.
Ese anuncio de supuesta dimisión lo hizo el señor Duran cuando
mantenía que se estaba ante una campaña para desacreditarle
políticamente, hace nada más y nada menos que doce años, en plena
investigación del llamado ‘caso Pallerols’, una trama acusada de
malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental, que
utilizaba las ayudas públicas que concedía la Generalitat, entonces
presidida por Jordi Pujol, para cursos de formación de parados para
la financiación de Unió, aparte del enriquecimiento de todo tipo de
intermediarios entre los que se encuentran Fidel Pallerols, el
empresario de las academias, el ex director de Empleo de la
Generalitat y secretario de organización de UDC y la número dos de
la Consejería de Trabajo. Lo más granado del partido
democratacristiano, que forma parte de la Federación CiU y que,
ahora, reconoce que “los condenados efectivamente daban un beneficio
a Unió, pero sin saberlo Unió”.
Después de alargar el proceso durante 16 años, los dirigentes de
Unió que manejaron un total de ocho millones de euros han firmado un
pacto por el que han pagado 380.000 euros y las correspondientes
multas a cambio de no sentarse en el banquillo y de que no
comparezca a declarar el señor Duran i Lleida, el máximo dirigente
del partido, que, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración.
De todas formas, no hay que descartar que, como sucedió en el caso
de los falsos estudios de derecho laboral elaborados a base de
copiar distintos informes y publicaciones, que no aportaban nada, y
por el que fueron condenados también altos cargos de Unió, entre
ellos el ex cuñado de Sánchez Libre, que al final no ingresaron en
prisión gracias al indulto que el Gobierno de Mariano Rajoy les
concedió a última hora, en esta ocasión hubiera ocurrido lo mismo,
aunque en estos momentos no esté en vigor el pacto entre el Partido
Popular y Convergencia.
En estos dos casos, la Justicia ha sido lenta, escandalosa, y el
comportamiento del Gobierno, difícilmente explicable. Es
inexplicable para la opinión pública, en los graves momentos que
está viviendo el país, que delitos que conllevan años de prisión,
que afectan a la financiación de los partidos políticos, que miden
la credibilidad del sistema y que están relacionados directamente
con esa plaga que parece una epidemia, y que es la corrupción,
queden prácticamente impunes y que puedan ser enterrados con el
manto del silencio, con una multa que, al fin y al cabo, es
ridícula, teniendo en cuenta los millones de euros de los que se
trata. Esos millones que van a formación y que manejados por
partidos, patronal y sindicatos, constituyen uno de los grandes
casos de corrupción a todos los niveles. Se comprende la indignación
ciudadana y no se comprende el comportamiento del señor Duran i
Lleida, el político que sale más favorecido en todas las encuestas
como hombre moderado y lleno de sentido común…
Un escándalo más que demuestra que unos son más iguales ante la Ley
que otros.
Cataluña
‘El oasis putrefacto’
Los 23 años de Jordi Pujol al frente de la Generalidad dejaron como
herencia una larga lista de casos de corrupción asociados a su
partido. En los últimos años, las investigaciones judiciales y
periodísticas han destapado nuevos escándalos que confirman que la
situación no ha mejorado en Cataluña. Los casos de corrupción
salpican ya a todos los partidos políticos que han tenido alguna
responsabilidad pública.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 10 Enero 2013
Mucho se ha hablado y escrito sobre el ‘oasis catalán’, aquella
idílica situación política, social y económica que supuestamente
caracterizaba a Cataluña durante buena parte del siglo pasado. Sin
embargo, el transcurso del tiempo ha demostrado que la realidad era
otra.
Tres décadas largas de gobiernos autonómicos de CiU y del tripartito
se han encargado de enterrar ese mito, con una la lista de casos de
corrupción casi inabarcable.
Los casos Pallerols, Palacio de la Música y Pretoria
La sentencia de conformidad acordada este martes, por la que Unió
Democràtica de Catalunya (UDC) reconoce que se financió ilegalmente
a través de subvenciones que debían haberse destinado a cursos de
formación, solo es la guinda que corona el pastel de los escándalos
que se han destapado en los últimos años.
En 2009 estalló el caso Palacio de la Música, una presunta trama de
corrupción, cuya investigación todavía está en fase de instrucción,
por la que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se habría
financiado cobrando comisiones ilegales a cambio de la adjudicación
de obras públicas de la Generalidad. La formación nacionalista ha
tenido que hacer frente a la fianza de 3,3 millones de euros
impuesta por el juez -por considerarla ‘responsable civil, como
partícipe a título lucrativo’ del desfalco- aportando las escrituras
de su sede central.
El caso Pretoria vino poco después. Una supuesta trama de corrupción
urbanística que supuso la detención, entre otros, del entonces
alcalde se Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz (PSC), del ex
consejero de Gobernación y de Economía y Finanzas de la Generalidad
Macià Alavedra (CiU) y del ex secretario general de la Presidencia
de la Generalidad en tiempos de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta (CiU).
Los escándalos de la sanidad: Crespo, Bagó, San Pablo, Prat y Manté
La sombra de la duda también ha alcanzado de forma muy especial el
ámbito de la sanidad. Xavier Crespo y su esposa, a través de la
empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM) y de la
Corporación de Salud del Maresme y la Selva, dilapidaron 1,3
millones de euros de forma injustificada, de los que ellos mismos
fueron unos de los principales beneficiarios. Una auditoría
realizada por la Sindicatura de Cuentas en 2006 que revelaba las
irregularidades fue ocultada durante años. Crespo fue alcalde de
Lloret de Mar (Gerona) entre 2007 y 2011. Su partido, CiU, ha
mostrado el apoyo hacia su persona incluyéndolo en un lugar
preferente de lista por Gerona en las elecciones del 25N, lo que le
ha permitido repetir como diputado autonómico.
Por otra parte, hace unos meses se conoció que el Consorcio de la
Salud y Social de Cataluña (CSC) otorgó contratos por más de 50
millones de euros en los últimos años al Grupo Serhs, cuyo
presidente y principal accionista, Ramon Bagó (ex alcalde de Calella
con CiU y ex director general de Turismo de la Generalidad con
Pujol), hace dos décadas que también ocupa cargos de alta dirección
en en CSC. En 2001, recibió la Cruz de San Jordi de la Generalidad.
También se han detectado contratos irregulares de la empresa de Bagó
en Badalona.
La justicia también está investigando el supuesto desfalco cometido
en la gestión del Hospital de San Pablo de Barcelona, que incluiría
multitud de pagos irregulares, favores políticos y adjudicaciones de
contratos sin concurso. El caso más llamativo es el del ex gerente
adjunto del centro hospitalario Ricard Gutiérrez Martí, que cobró
entre 80.000 y 110.000 euros anuales desde 2004 hasta 2011 a pesar
de que ya no ejercía su cargo. Una vez conocida esta situación, la
dirección del centro formalizó su despido y le indemnizó con otros
158.569,63 euros.
En octubre pasado, fueron imputados Josep Prat, ex presidente del
Instituto Catalán de Salud (ICS), y Carles Manté, ex director del
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), por el supuesto cobro de
facturas falsas a través del grupo empresarial municipal Innova, del
que el primero era el máximo responsable. Prat dimitió en junio
pasado de la presidencia del ICS para defenderse de las acusaciones
de malversación. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) también ha
investigado la simultaneidad de cargos de Prat que, además de ser
presidente del ICS (con un sueldo de 280.000 euros al año), era
vicepresidente del grupo hospitalario privado USP, cargo que dejó en
enero de 2012.
Oriol Pujol y el caso de las ITV
En marzo de 2012, el caso Campeón -una investigación sobre una trama
gallega de tráfico de influencias que salpica al ex ministro de
Fomento José Blanco (PSOE)- da un giro inesperado. Las pesquisas
destaparon una presunta red de corrupución en Cataluña para
enriquecerse a costa de las concesiones de ITV para vehículos.
Hubo varios detenidos, entre ellos, Josep Tous, mano derecha del
presidente de la Diputación de Barcelona y recién elegido en el
cargo para sustituir a Josep Matas, que, a su vez, había dimitido
por un presunto caso de corrupción investigado por la Fiscalía
Anticorrupción. Tous había sido dirigente de la Generalidad y de
CDC. El desarrollo del caso, todavía abierto, apunta a otros altos
cargos de la formación nacionalista: el secretario general, Oriol
Pujol, y el ex gerente del partido y nuevo consejero de Justicia de
la Generalidad, Germà Gordó.
Solà y la Asociación Catalana de Municipios
En abril, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, a
propuesta de la Fiscalía Superior de Cataluña, sobre la gestión de
Francesc Xavier Solà, secretario general de la Consejería de Cultura
de la Generalidad y dirigente de CDC, al frente de los servicios
jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM).
Solà facturaba desde una empresa de su propiedad importantes
cantidades por conceptos difícilmente justificables a la propia ACM.
El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, le acaba de ratificar en
su cargo.
Condena a dos ex presidentes de FGC durante el pujolismo
En junio, dos ex altos cargos de los gobiernos autonómicos de Pujol,
en concreto, los ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña (FGC) Enric Roig Soles (1993-1999) y Antoni Herce Herce
(1999-2000), fueron condenados por el Tribunal Supremo a cuatro
años, seis meses y un día de prisión por un delito de malversación
de caudales públicos.
Además, los dos condenados fueron inhabilitados para cargo público y
obligados a devolver 2,7 millones de euros que obtuvieron
ilegalmente a través de un fondo de pensiones.
La cuñada de Puig y el alcalde de Alpicat
En noviembre, un juzgado de Barcelona declaró nulo el nombramiento
de la cuñada de Felip Puig como funcionaria del Gabinete Jurídico de
la Generalidad porque no tenía ‘capacidad para ocupar el puesto de
trabajo ofertado’.
Poco después, el alcalde de Alpicat y presidente del Consejo
Comarcal del Segriá (Lérida), Pau Cabré (CiU), fue condenado a ocho
meses de cárcel y otros ocho de inhabilitación para cargo público
por un delito urbanístico.
El caso Mercurio
Ese mismo mes estalló el caso Mercurio, una presunta trama de
corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell.
Manuel Bustos (PSC), alcalde de la población barcelonesa, está
imputado y ha delegado temporalmente su cargo.
También ha sido imputada la alcaldesa de Moncada y Reixach
(Barcelona), María Elena Pérez (PSC), y ha resultado salpicado el
secretario de Organización del PSC y diputado autonómico, Daniel
Fernández.
Las cuentas de las familias Pujol y Mas en paraísos fiscales
El los últimos meses se han conocido datos sobre depósitos bancarios
multimillonarios de las familias Pujol y Mas en paraísos fiscales.
Supuestamente, el dinero provendría del cobro de comisiones
ilegales. Además, nuevos informes policiales indican que el
consejero de Empresa y Empleo y dirigente de CDC, Felip Puig, habría
podido recibir dinero procedente de la trama corrupta del Palacio de
la Música.
Pero eso no es todo. A lo largo del último año, el ex consejero de
Gobernación Jordi Ausàs (ERC) fue detenido y acusado de formar parte
de una presunta trama de contrabando de tabaco; se imputó a dos
altos cargos de Juegos y Apuestas de la Generalidad por malversación
de fondos públicos; se detectaron graves irregularidades en las
subvenciones otorgadas por el Memorial Democrático; se destapó un
supuesto desvío de fondos públicos a través del Instituto de Alta
Tecnología (IAT) del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona;
un sindicato de policías denunció irregularidades en la academia de
los Mossos d’Esquadra; y el presidente de Reagrupament y ex
consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la
Generalidad con ERC, Joan Carretero, fue acusado por la fiscalía de
un delito continuado de prevaricación por un tema urbanístico cuando
era alcalde de Puigcerdá.
CiU, una historia vinculada a la corrupción
La mayor parte de los casos de presunta corrupción citados
anteriormente están relacionados con CDC, lo que no es ninguna
novedad. Sobre todo, porque ha sido el partido que ha gobernado la
Generalidad durante 25 años. La vinculación de la formación
nacionalista con los asuntos turbios no es nueva. De hecho, es algo
que prácticamente discurre en paralelo y de forma recurrente a lo
largo de su corta historia.
El caso Banca Catalana fue uno de los primeros asuntos que
salpicaron a la cúpula del partido. En 1984, la fiscalía se querelló
contra el máximo responsable del partido y de la Generalidad, Jordi
Pujol, por su implicación en la gestión de la entidad -de la que era
cofundador- que supuso su intervención por parte del Banco de
España. Entre otras irregularidades, se le acusó de haberse
repartido 516 millones de pesetas de la entidad bancaria, unos años
antes, cuando el banco presentaba fuertes pérdidas. Tras fuertes
presiones políticas, en 1986 la Audiencia de Barcelona eximió a
Pujol de toda responsabilidad y posteriormente archivó el caso, que
el entonces presidente autonómico atribuyó a una “inmensa mala
jugada” del PSOE.
En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña -entidad
que monopolizaba el juego recreativo con dinero en la Comunidad-
denunció el pago de 3.000 millones de pesetas a empresas vinculadas
a CDC. Sin embargo, tras una discutida investigación, el caso fue
sorprendentemente archivado.
Consejeros implicados
En 1994, el ex consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad
(1982-1983) y ex director general del Instituto Catalán de Finanzas
(1990-1992) Jordi Planasdemunt fue condenado a siete años de prisión
por su implicación en un fraude de 6.000 millones de pesetas
mediante pagarés falsos.
Ese mismo año, el consejero de Política Territorial de la
Generalidad, Josep Maria Cullell, cofundador de CDC, tuvo que
dimitir tras verse implicado en un supuesto caso de tráfico de
influencias en favor de un negocio inmobiliario de su cuñado.
Actualmente es consejero nacional del partido.
Relaciones íntimas con jueces y empresarios corruptos
Una de los episodios más oscuros de la formación nacionalista es la
íntima relación de Jordi Pujol con el ex juez Lluís Pasqual
Estevill, nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) en 1994 a propuesta de CiU. Poco después fue condenado a
nueve años de cárcel por haber extorsionado durante años a numerosos
empresarios junto a Joan Piqué Vidal, que fue condenado a siete años
de cárcel. Piqué Vidal fue el abogado que defendió a Pujol en el
caso Banca Catalana.
El ex consejero de Economía y Finanzas y mano derecha de Pujol,
Macià Alavedra, actualmente implicado en el caso Pretoria, también
estuvo relacionado con este caso. El desfalco de la empresa Grand
Tibidabo, llevado a cabo por Javier de la Rosa en los años 90,
también salpicó a Prenafeta.
La acusación del 3% no se investigó
La sospecha de que el cobro de comisiones ilegales por parte de CDC
durante su etapa al frente de la Generalidad era algo habitual, y
cobró fuerza durante un pleno celebrado en el Parlamento autonómico
de Cataluña en febrero de 2005. Fue entonces cuando Pasqual Maragall
(PSC), a la sazón presidente autonómico, pronunció su famosa frase:
“Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”. Nunca se
investigó aquella acusación.
En los últimos tiempos, también es destacable la conexión de CDC con
el caso Urdangarín. Fue el influyente empresario Carles Vilarrubí,
actual vicepresidente del Área Institucional del F.C. Barcelona y
amigo íntimo de Jordi Pujol, el que introdujo a Iñaki Urdangarín en
el mundo de los negocios.
Además de los datos revelados en los últimos meses, otros familiares
de Jordi Pujol han tenido un éxito sorprendente en el mundo de los
negocios. La esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, a través de la
compañía Hidroplant, ha tenido entre sus principales clientes a la
propia Generalidad, al F.C. Barcelona y a empresas adjudicatarias
del Gobierno autonómico. Y su hijo Josep facturó cantidades
millonarias al Instituto Catalán de Salud (ICS) a través de la
consultora Europraxis, de la que era socio y que posteriormente fue
vendida a Indra por 7.000 millones de pesetas. Curiosamente, la
Sindicatura de Cuentas denunció en 2007 la desaparición de varios
expedientes de contratación entre Europraxis y el ICS durante los
gobiernos de CiU.
“Si hay que entrar, entraremos, pero que vaya con cuidado todo el
mundo”
Probablemente, todos estos casos proporcionan algunos indicios que
ayudan a comprender por qué CiU es la formación política de toda
España que más donaciones anónimas ha recibido entre 1987 y 2007,
con un 42% del total recaudado.
El propio Pujol, durante una entrevista realizada en octubre de
2009, también aportó algunas pistas adicionales sobre cómo se ha
financiado su partido. Preguntado sobre el entonces recién conocido
escándalo de corrupción del Palacio de la Música, que ya apuntaba a
CDC, el ex presidente autonómico señaló:
“¿Sabe qué pasa? Si entramos aquí, nos haremos mucho dañoporque
entonces yo tendría una respuesta fácil, y como también le podría
decir… escuche, mire, este le dio tanto a tanto, este le dio tanto a
tanto, y estos dieron tanto a tanto… ¡eh! y entonces, bueno, todos
los casos son diferentes, si usted quiere, pero todos apestarían un
poco. No entremos. ¡Hey! Si hay que entrar, entraremos. A mí me
parece que yo no he de entrar, pero si tengo que entrar yo
personalmente, también entro. Pero, por otra parte, me sería un poco
difícil entrar, según cómo, porque yo no conozco el tema bien. [...]
Si se dice que hay que entrar, pues que se entre, pero que vaya con
cuidado todo el mundo, porque como usted dice muy bien que no ha
habido un buen sistema de financiación de los partidos, y esto es
evidente, pues todo chirría un poco”.
En marzo pasado, el Gobierno del PP decidió indultar a dos
condenados por malversación de fondos públicos durante los gobiernos
autonómicos de Pujol. El ex dirigente de UDC y ex secretario general
de la Consejería de Trabajo Josep Maria Servitje Roca fue condenado
a cuatro años y medio de cárcel y seis años de inhabilitación
absoluta por ‘un delito continuado de malversación de caudales
públicos’ en el conocido como caso Trabajo. Mientras que Víctor
Manuel Lorenzo Acuña, empresario, ex militante de UDC y ex cuñado
del congresista de CiU Josep Sánchez Llibre, había sido condenado a
dos años y tres meses de prisión por el mismo caso.
Así las cosas, no parece sorprendente que Cataluña sea la Comunidad
con menos ‘calidad gubernativa’ de España, según recoge un reciente
informe de la Comisión Europea que analiza la calidad, la
imparcialidad y el nivel de corrupción detectados en la educación,
la sanidad y la justicia.
Cataluña es España
Albert Rivera ABC Cataluña 10 Enero 2013
Defender desde las instituciones del Estado la unión con símbolos,
palabras y sobre todo con hechos, desmonta el falso relato
victimista
LA conexión por tren de alta velocidad entre España y Francia es una
buena noticia para los ciudadanos catalanes, para el conjunto de
ciudadanos españoles y en parte para el conjunto de ciudadanos
europeos, y es un paso importante para acabar en esta década la
unión ferroviaria por ancho de vía de todo el corredor mediterráneo.
Algunos hemos defendido durante años que la mejor manera de ganarle
la partida política al separatismo no es entregando algunas
autonomías a los partidos nacionalistas a cambio de apoyos en La
Moncloa como han hecho PP y PSOE, sino vertebrando el país, uniendo
a personas y territorios dentro de España y con la UE. Y ayer se
confirmó esta tesis. Sólo hacía falta ver la cara de algunos
políticos nacionalistas ayer en la estación de Girona mientras
escuchaban al Príncipe Felipe, con un perfecto catalán y castellano
en su discurso inaugural, para saber que defender desde las
instituciones del Estado la unión con símbolos, palabras y sobre
todo con hechos, desmonta el falso relato victimista y de conflicto
permanente que necesita su ideología para sobrevivir.
Tras la inauguración del tramo ferroviario de alta velocidad entre
Barcelona, Girona y Figueres, Cataluña se ha convertido en la
primera comunidad autónoma española en tener a la vez todas las
provincias conectadas por AVE y un aeropuerto en cada una de las
cuatro provincias. Paradójicamente, la Cataluña gobernada por un
comité de operaciones por la secesión con Mas al frente y Junqueras
y ERC detrás, que se quejan continuamente de la falta de
infraestructuras en esta comunidad como excusa para justificar el
secesionismo, es hoy el mayor exponente, para bien y para mal, de un
país en el que se han construido trenes de alta gama con pocos
pasajeros y aeropuertos en cada palmo del territorio nacional,
algunos de ellos sin aviones. Si a estas grandes infraestructuras en
las cuatro provincias catalanas añadimos que la Generalitat recibirá
este año uno de cada tres euros del Fondo de Liquidez Autonómico
debido a su lamentable situación financiera después de la mala
gestión de los gobiernos tripartitos y convergentes, es evidente que
hoy más que nunca podemos afirmar una obviedad: Cataluña es España.
Albert Rivera es presidente de Ciutadans.
Sentencia escandalosa
Fermín Bocos Estrella Digital 10 Enero 2013
Digámoslo pronto: el desenlace judicial del "caso Pallerols" puede
que se ajuste a Derecho (sentencia de conformidad, reconocimiento
del delito, devolución del dinero ilícitamente conseguido), pero es
una vergüenza. Y una prueba escandalosa de la doble vara de medir
con la que en ocasiones la Justicia española trata a determinados
mangantes a quienes asiste la condición de políticos. 16 años ha
durado la instrucción. Tiempo suficiente como para que el personal
se haya ido olvidando de una trama de financiación ilegal que
beneficiaba a Unió Democrática de Cataluña, el partido que encabeza
el diputado Josep Antoni Duran i Lleida. Duran era uno de los
llamados a declarar en el juicio caso de no haber llegado a la ya
conocida solución de compromiso que a él le evita el "estigma" de
aparecer sentado como testigo en el banquillo y a los encausados ir
a la cárcel sabido que la Fiscalía solicitaba 10 años de prisión por
los diferentes delitos que se les imputaba y de los que, finalmente,
se han declarado culpables a cambio de una sentencia benigna.
El desenlace del "caso Pallerols" es sorprendente a la par que
escandaloso
Visto que la Fiscalía es un órgano jerárquico y vista la desigualdad
de trato respecto de otros casos en los que los implicados son
ciudadanos corrientes, es lógico que nada más conocerse el desenlace
se haya corrido la voz de que para entender el por qué de semejante
trato de favor haya que acudir a los dominios de la política y tomar
nota de lo que está sucediendo en Cataluña a raíz de la deriva
independentista tomada por el gobierno de la "Generalitat" cuyo
presidente Artur Mas preside la coalición (CiU) en la que Duran i
Lleida lidera la parte que corresponde a Unió. Aunque desmentido en
parte por recientes actuaciones suyas, lo cierto es que a Duran no
se le incluye entre los partidarios de la independencia y sobre esa
creencia parece que se viene edificando en La Moncloa el puente que
quiere sustituir al dinamitado por Artur Mas (antes de ayer en
Figueras, delante del Príncipe Felipe, Mas ni siquiera le dio mano a
Mariano Rajoy). No "quemar" al posible interlocutor en un asunto tan
delicado como es la "cuestión catalana", podría ser la clave que
permite explicar el sorprendente desenlace del "caso Pallerols".
Sorprendente a la par que escandaloso. Sarcástico, incluso, si
recordamos el mandato constitucional que reza que todos los
españoles somos iguales ante la Ley.
"No es una realidad inevitable"
Otaola contesta a Sémper y Maroto: "Bildu
sí es ETA"
La exalcaldesa de Lizarza, que presenta esta tarde su libro de
memorias, ha sido tajante respecto a las palabras de Sémper y
Maroto.
Libertad Digital 10 Enero 2013
Regina Otaola presenta esta tarde en Madrid su libro de memorias El
Precio de la Libertad, con lo que vivió cuando fue alcaldesa de
Lizarza. Horas antes, ha hablado con Dieter Brandau en esNoticia de
lo que cuenta en esa obra y de los últimos acontecimientos en el
seno del PP vasco.
"Muchas veces me hubiera gustado escribir un capítulo más", ha dicho
sobre la última crisis abierta en el partido tras las declaraciones
de Sémper y Maroto, abiertos a pactar con Bildu. Según ha contado,
opiniones como éstas ya existían cuando ella era alcaldesa y en el
libro "queda muy reflejado lo que algunos ya entonces pensaban en
Guipúzcoa". En este sentido, ha explicado cómo algunos opinaban que
"ir a Lizarza era provocar".
En opinión de Otaola, lo que está ocurriendo "viene ya de antes" y
de "algunas personas de antes". Respecto a las recientes opiniones
expresadas sobre Bildu, ha sentenciado que dicho partido "no es una
realidad inevitable y que el futuro no pasa por contar con ellos".
"Lo seguiré diciendo: con los terroristas no se puede ir a ningún
lado, Bildu es ETA y tiene que estar fuera de las instituciones".
Según Otaola, están "contaminando todo el sistema democrático" y ha
expresado su extrañeza por la postura de Sémper, que "lo ha vivido
en primera persona". "Él ha cambiado pero nosotros no. A Bildu, a
ETA, hay que rematarla. No puedes dar carta de normalidad a un
partido en el que hay etarras metidos, eso no se puede hacer", ha
indicado.
La presentación de El Precio de la Libertad se celebrará esta tarde
a las 19.30 en Julián Romea, 23.
Sociedad
Los médicos gallegos ya ven los historiales
del resto de España
Una aplicación que permite a los doctores conectarse a las bases de
datos de las comunidades que cuentan con historia clínica
electrónica
Á. P. Vigo / La Voz 10 Enero 2013
Los médicos gallegos tienen desde ayer por la mañana acceso a los
historiales clínicos de todos los pacientes de España desde sus
ordenadores. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de activar
una aplicación que permite a los doctores conectarse con las bases
de datos de las comunidades autónomas que cuentan con historia
clínica electrónica, según confirman fuentes médicas. Si, por
ejemplo, un ciudadano censado en Castilla-La Mancha acude a un
centro de salud gallego, el médico puede ver su historial.
La idea de tener una historia clínica electrónica común en todo el
Sistema Nacional de Salud (SNS) es vieja y ahora se desarrolla en el
sistema gallego Ianus. Es un avance muy importante porque, hasta la
fecha, cuando un médico atendía a alguien de otra comunidad no
contaba con ninguna información: antecedentes, pruebas diagnósticas,
tratamientos farmacéuticos en marcha, etcétera. El problema era
evidente, sobre todo en verano, cuando aumenta la afluencia de
personas de fuera a los centros de salud. Esta medida evitará
pruebas innecesarias y tratamientos duplicados o incluso que
interactúen negativamente.
Galicia / LA RAG DESDE LA UNIVERSIDAD
«Hay un grupo de gente que vive del, y no
para, el gallego»
P. ALCALÁ/C. PICHEL / santiago ABC Galicia 10 Enero 2013
La catedrática de Lengua Española en la Universidad de Vigo Maria do
Carmo Henríquez censura la gestión actual de la RAG
Es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Vigo, lengua
que ama por igual que el gallego en el que se expresa y publica su
extensa bibliografía académica. Maria do Carmo Henríquez es la más
destacada de las voces críticas con la Academia de Ferrín, «aunque
yo solo me represento a mí misma», aclara. Un lugar «muy lejos de
aquella otra de Murguía en la que nadie cobraba».
Ahora que el presidente de la Academia Galega cifra en un millón de
euros el montante necesario para sobrevivir, Henríquez echa de menos
la Academia primigenia, la de Manuel Murguía, en la que «nadie
cobraba, ni tenía coche oficial».
La catedrática tacha de «papanatismo» el empeño institucional en
ayudar a mantener la actual estructura de la RAG, que asocia con el
miedo a «ser tachados de enemigos del gallego».
En su opinión, la Real Academia no sirve a los objetivos para los
que se creó. «Sus publicaciones son más que cuestionables, el
dogmatismo es enemigo de la ciencia».
Henríquez fue presidenta de Associaçom Galega da Língua entre 1982 y
2001, lugar donde «se investigaba y publicaba por amor a la lengua y
no a cambio de un salario». En su opinión Ferrín ha cambiado su
perfil de activista de gran porte por el de alguien «que mendiga en
las diputaciones y en la Xunta para mantener una estructura
innecesaria de 30 personas en la RAG».
Las asignaciones económicas que transforman la institución en un
ente prácticamente dependiente de fondos públicos le parecen
«inmorales en estos tiempos donde lo verdaderamente importante, que
es la sanidad o la educación, está sufriendo también los efectos de
la crisis y los recortes».
Amigos a sueldo
Pero más allá de la cuestión financiera, la catedrática coruñesa
lamenta que haya «un grupo cada vez más numerosos de personas que
viven del gallego, y no para el gallego». Según Henríquez se ha
producido la paradoja de que «se es más amigo del gallego si se
cobra del gallego» y de que lo contrario signifique convertirse en
enemigos de la lengua, concepto a su entender, «digno de un profundo
estudio», concluye.
Cabalgatas, normalización y negocio
GLORIA LAGO www.lavozlibre.com 10 Enero 2013
Se acabó la Navidad, volvemos a la realidad desnuda y pelada. Se
nota también en la prensa, que ha dejado de salpicar sus páginas con
noticias blandas, de esas que vuelven un poco más melosa la
actualidad. Entre esas noticias, me encontré la semana pasada la
presentación de un libro en gallego sobre los Reyes Magos dirigido a
los niños. "O libro dos reis magos" se llama. Lo presentaba el
conselleiro de Educación acompañado de Víctor Freixanes, el director
de la editorial Galaxia, una de las empresas que más convenios firma
con esta Consellería y que más subvenciones recibe. Como me gusta la
literatura infantil y creo positivo que se realice un esfuerzo para
que los niños gallego hablantes tengan creaciones en su idioma, me
pareció una buena iniciativa. Hasta que leí el libro. Varias
escritoras asumían el papel de rey mago y se dirigían a los niños.
Con literatura blandita, algunos textos de calidad y unas excelentes
ilustraciones, el trasfondo era, lamentablemente en casi todos los
casos, el habitual: tenéis la obligación de hablar gallego, es la
mejor lengua del mundo, la más dulce y la que tiene palabras más
bonitas. "Qué suerte tenéis de hablar una lengua así", "En mi vida
escuché palabras que sonasen tan bien, sobre todo en la boca de un
niño", les decían los reyes impostados a los niños.
También les decían que repartirían "libros con denominación de
origen, libros de bandera azul y blanca, la bandera de Galicia" -los
que edita el señor Freixanes, se supone-. La verdad es que puestos a
escoger obras lavacocos de Galaxia, sin duda se llevaría la palma el
libro "Comedia bífida", una obra de teatro infumable que, con el
patrocinio de la Xunta, se representó en muchos institutos. En ella
se ridiculizaba a las personas que en Galicia hablan español y se
equiparaba el hablarlo con que un negro renegara de su raza.
En el libro de los reyes el adoctrinamiento está más adornado, pero
ahí está. Los reyes les pedían a los niños que les enviaran las
cartas en gallego porque "aunque venimos de Oriente, es la lengua en
la que nos comunicamos", "es lo mas sencillo si queréis que los
reyes tengan conocimiento de vuestras cartas". !Qué cara! Y este
libro les fue enviado por la Xunta a los ayuntamientos para ser
leído en las cabalgatas de Reyes.
Lo más curioso de todo ello es que Freixanes se arrancó en la
presentación del libro con unas palabras que dieron lugar al titular
de la noticia. Freixanes criticó la utilización política de la
lengua y pidió que se apartara a ésta del espectáculo político. Así
lo dijo, como si "la lengua" fuese una ancianita a punto de cruzar
la calle y hubiese que salvarla de ser atropellada por el camión del
Butano.
Victor Freixanes, que dice estar en contra de la politización de la
lengua, fue uno de los más furibundos activistas en contra de la
libertad cuando se estaba elaborando el actual decreto. Desde su
posición privilegiada de miembro de la RAG, del Consello da Cultura
Galega y de articulista, hizo todo lo posible para influir en el PP.
En informes y artículos se pronunció en contra de la derogación del
decreto del bipartito, y en contra de que los padres pudieran
determinar algo tan importante para la educación de sus hijos como
es el idioma, la herramienta con la que estudian. Dijo, refiriéndose
a los padres, que era difícil controlar los prejucios lingüísticos
dominantes, presiones emocionales e inseguridades. También afirmó
que la elección de lengua no puede recaer en los padres "porque
tiene carácter político y estratégico y afecta al conjunto de la
sociedad y al futuro del idioma". ¿En qué quedamos, señor Freixanes?
No hay institución educativa en el mundo fuera de España que no
conozca y respete los beneficios de estudiar en lengua materna. No
hay pedagogo no nacionalista que no sepa que obligar a un niño a
estudiar en otra lengua, aunque sea parcialmente, es perjudicial
para él si no lo hace movido por una gran motivación, la del interés
de estudiar en un idioma que le va a reportar beneficios para su
futuro personal o profesional. Después de 6 años metida en esto,
amigos, tengo suficientes datos como para saber que quienes están en
contra de la libertad de elección de lengua lo hacen movidos por
intereses de partido o por intereses económicos. Desconozco cual es
exactamente la ideología de Victor Freixanes, pero sé cómo repercute
en el negocio editorial la cuestión lingüística. Además de formar
parte del sanedrín de la academias y los consejos, Freixanes es
miembro de la Asociación Galega de Editores (AGE). Un año después de
haber entrado en vigor el actual decreto, que permite que algunos
niños puedan estudiar alguna asignatura en español, el presidente de
AGE manifestó en la prensa que los representantes de las editoriales
gallegas estaban "muy preocupados, ya que el gallego es un tema
sustancial y clave para el ámbito de la edición" y dio algunas
cifras:
El 61% de las ventas de sus editoriales se producen coincidiendo con
el inicio del curso. El libro de texto supone el 40,3% de las
ventas, 12,5 millones de euros, pero ya en 2010, al ponerse en
marcha el nuevo decreto, las ventas de textos en gallego bajaron un
18,6% "una bajada "fruto del impacto de la implantación del decreto
de plurilingüismo" y en consecuencia también bajó la edición de
manuales escolares, que pasaron de 582 a 491 títulos, un 23,2%
menos. Todavía es mayor el descenso si se toman como referencia los
ejemplares 898.000 (-26,7%).
Los libros de texto en gallego son, además, generosamente
subvencionados por la Xunta. Y no debemos olvidar el negocio que
supone la venta de libros y novelas de lectura obligatoria en los
colegios. Un círculo cerrado de intereses. Algunos padres nos los
prestamos. Supongo que el señor Freixanes no lo considerará un
delito, supongo que no amenazará con denunciarnos como lo hizo AGE
con los padres que se pasaron unas traducciones de los temas de
Conocimiento del Medio que sólo se editaban en gallego. Los padres
no les hicieron ni caso, y siguieron utilizándolos, pero muchos
tomamos nota de hasta qué punto la codicia puede mover a alguien a
saltarse a la torera algo tan sagrado como es la libertad y la mejor
formación de nuestros niños y jóvenes.
* Gloria Lago es presidenta de Galicia Bilingüe.
Galicia
Radicales queman contenedores en Santiago en protesta por la
detención de un miembro de Resistencia Galega
Interior considera la detención de un activista realizada en Ames
«un duro golpe» para el grupo terrorista
Redacción. Santiago La Voz 10 Enero 2013
Un grupo de independentistas radicales que se ha manifestado en
Santiago en protesta por la detención en Ames del presunto miembro
de Resistencia Galega Adrián Mosquera Pazos provocaron por la noche
disturbios en el centro de la ciudad. Varios encapuchados
introdujeron artefactos incendiarios en al menos cuatro contenedores
de basura, que ardieron, y lanzaron piedras contra los escaparates
de una oficina bancaria y de un supermercado. Los incidentes
tuvieron lugar en el entorno de la plaza de Galicia.
Los radicales, que se dispersaron poco después de que llegara la
policía, habían convocado para las 20 horas una concentración en la
plaza de Cervantes y fue después de ese encuentro cuando comenzó la
quema de contenedores.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos de Santiago
y varias patrullas de la Policía Nacional, aunque no fue practicada
ninguna detención.
Dispuesto para atentar
El presunto miembro de Resistencia Galega detenido en Ames preparaba
un atentando inminente. Por ello fue a buscar los tres artefactos
explosivos a una zona boscosa del municipio coruñés en la que la
organización terrorista tenía un depósito o un punto de entrega de
armas. Fue arrestado cuando se disponía a introducirlos en un coche.
Las bombas consisten en unos cilindros de acero con capacidad para
cerrarse al vacío y que contaban con un temporizador. La policía
destaca que se trata de artefactos de considerable potencia y
capaces de provocar serios daños.
La operación desarrollada por la Comisaría General de Información
sigue abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones,
ya que sigue la pista de otros posibles miembros de Resistencia
Galega, cuya estructura ha sufrido «un duro golpe», según Interior.
Mosquera Pazos ya ha sido trasladado a Madrid y hoy está previsto
que preste declaración en el Juzgado Central de Instrucción número 4
de la Audiencia Nacional.
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