AGLI Recortes de Prensa    Jueves 10  Enero 2013

Decretos y comisiones Román Cendoya www.gaceta.es 10 Enero 2013 Mientras se reúnen, continúa el cachondeo de la mamandurria. Cuando un Gobierno con mayoría absoluta quiere algo de verdad, la decisión se plasma en un decreto ley. Pero cuando los políticos no quieren tomar una decisión incómoda, suelen alargar el tiempo mediante una comisión. Exactamente lo que está haciendo Rajoy con la reforma de la Administración pública para la que ha aprobado la constitución de CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas). El objetivo oficial de esta comisión, para la que se han formado subcomisiones y grupos de trabajo, es estudiar cómo reformar la administración de una forma austera, eficaz y sin duplicidades. El objetivo real es que, mientras se reúnen, continúa el insostenible cachondeo de la mamandurria de la casta. Un truco para tardar más en ejecutar la decisión es crear un buzón de sugerencias, como se está haciendo con CORA, para que los ciudadanos aporten ideas. Método estupendo para marear la perdiz, que obliga a esperar un tiempo prudencial a que los ciudadanos participen y así tener material de entretenimiento para los “grupos de trabajo”. Toda una engañifa para no asumir ya la reducción en un mínimo del 70% del volumen de cargos públicos, asimilados, enchufados y dolce farnientes dedicados a la cosa. ¿A que no se atreven a reducir el número de cargos públicos remunerados, en ayuntamientos y parlamentos, mediante la implantación del voto en representación del grupo mientras las listas sigan siendo cerradas? Eso sí es ahorro. Para votar todos a la orden con que vaya uno ya basta. Intentan volver a tomarnos el pelo con una comisión y un buzón. ¿Por qué no nos preguntaron qué pensábamos de la subida del IVA o sobre dejar en libertad a Bolinaga? Para masacrar los bolsillos de los ciudadanos: decreto ley. Para ver qué hacer con la casta: creación de una comisión. ¿Cuál es el plan? César Vidal La Razón 10 Enero 2013 Me lo repito una y otra vez. Intento convencerme de que tiene que existir, pero les doy mi palabra de que no consigo verlo por ningún lado. Ni siquiera un débil indicio. Después de que los nacionalistas catalanes volvieran a insultar a todos los españoles tapando el retrato del Rey y se hayan llevado otra parte generosa de nuestros impuestos, he contemplado estupefacto cómo Artur Mas recibía a Mariano Rajoy con gesto de perdonavidas; cómo le negaba la mano con la chulería típica del paleto que piensa que la mala educación es signo de gallardía; cómo el presidente del Gobierno informaba a quien amenaza con despedazar España de que todos los días a las siete hace gimnasia en una cinta y cómo el príncipe aguantaba la situación con rostro de circunstancias y la mayor dignidad posible. Todo sucedía apenas unas horas después de que CiU y la ERC proclamaran que habían dado inicio a la «transición nacional» o, dicho en román paladino, al proceso de independencia y de que se anunciara con más de una década de retraso el procesamiento de significativas figuras del nacionalismo catalán. Digo yo que frente a todo este panorama debe de existir un plan. Quizá consista en dejar que los nacionalistas declaren la independencia de Cataluña y así libren al resto de España de más del treinta por ciento de la deuda de las CCAA; de una sangría interminable de gasto absurdo y de una sucesión ininterrumpida de humillaciones y corruptelas. Sería doloroso, injusto y muy triste, pero puedo comprender que en las alturas se haya llegado a la conclusión de que no existe otra salida mejor tras décadas de pasividad cuando no de alianza con el nacionalismo catalán. O quizá el plan es radicalmente distinto y, en realidad, pasa por defender la integridad territorial de España y cumplir la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico. Sinceramente, lo ignoro, pero creo que, en justicia, el pueblo español tiene el derecho a saber si existe un plan y, siquiera en líneas generales, cuál es. De lo contrario, puede que una mañana se despierte con la noticia de que, tras la entrega de la última remesa de millones de euros salidos de sus bolsillos en dirección a la Generalidad, ésta ha decidido declararse independiente ante el tancredismo incomprensible del Gobierno nacional. Si así fuera, lo que quedaría de manifiesto es que ante el peor desafío a la democracia desde 1975, nunca existió un plan. Luego que Dios se apiade de nosotros. Más vale hacerse el sueco Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 10 Enero 2013 Otoño de 1771. Meses después de ocupar su puesto como embajador en cierto país extranjero, el francés Charles Gravier de Vergennes escribía a su gobierno alarmado por la arbitrariedad y el desafuero que imperaban en ese reino. Los dirigentes, los servidores públicos y hasta los súbditos parecían mostrar un notable grado de deshonestidad, envilecimiento y degradación. Aquí, señala sorprendido, la corrupción y la ilegalidad no sólo parecen infectar al Estado sino a la nación entera. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI difícilmente adivinaríamos el país donde prestaba sus servicios diplomáticos el esforzado Vergennes. ¿Era en Madrid ante la corte de Carlos III? ¿Pudo ser Lisboa? ¿Quizá en algún reino italiano? Frío, mucho más frío: el atónito Conde de Vergennes estaba describiendo Suecia. El caso sueco, y su espectacular transformación en el siglo posterior, muestra con nitidez que la corrupción y la arbitrariedad no se encuentran enraizadas en condicionantes culturales. Y que no existe una esencia de cada pueblo o nacionalidad que determine inevitablemente su futuro. Muchos intentan, hoy día, explicar los males de España por nuestro carácter desordenado, caótico, indolente o negligente, respondiendo con condescendencia y desdén a quienes proponen reformas de calado. Hace dos siglos, otros cometían el mismo error señalando los rasgos culturales de los suecos, unos bárbaros que nunca habían sido romanizados, como causa probable de tamaña anarquía y descontrol. ¿Qué otra cosa podía esperarse de unos toscos y salvajes vikingos que, para colmo de males, no eran católicos sino luteranos? Son las instituciones, estúpido La corrupción y el mal gobierno no dependen de la cultura, la raza, la tradición o la religión de un país: son consecuencia de un mal diseño y funcionamiento de sus instituciones. En el siglo XIX, este país nórdico fue capaz de erradicar la generalizada corrupción y acabar constituyendo un ejemplo de honradez e integridad en el funcionamiento del Estado. Durante un período relativamente corto se suceden unas reformas institucionales tan profundas y radicales que transforman completa y definitivamente la administración y la política: en la segunda mitad del XIX, Suecia es ya uno de los países menos corruptos del mundo. Los drásticos cambios habían convertido un sistema basado en relaciones de tipo personalista, donde el trato que los sujetos podían esperar de las autoridades dependía de su estatus social, de sus conexiones e influencias, de su capacidad para sobornar a los funcionarios o de su pertenencia a alguna red clientelista - en definitiva de algún privilegio - en otro donde el trato es impersonal, objetivo y generalista y, si existe selección, se basa en el mérito y el esfuerzo. En resumen, las contundentes reformas transformaron el sistema de acceso restringido en un sistema de libre acceso. La España de 2013, caracterizada por unas instituciones carentes de objetividad e imparcialidad, profundamente infectadas por la corrupción desde la cúspide a la base, arrastra algunos problemas de la Suecia de hace 200 años. Buena parte de la política y la administración opera de facto con un personalista sistema de privilegios y acceso restringido. Nadie definió con tanta maestría y espontaneidad la verdadera naturaleza de la política española como el ex presidente de las Islas Baleares, Jaume Matas. Al ser preguntado por los inflados contratos adjudicados con flagrante favoritismo y parcialidad a Iñaqui Urdangarin, yerno del Rey, abiertamente admitió: “pero ¿cómo iba a hacer pasar por un concurso público al Duque de Palma?”. Era evidente: ¿por qué un presidente autonómico habría de actuar de manera impersonal, objetiva y neutral, si la lógica del sistema empuja a primar los privilegios? Mucho más habituales son los concursos amañados, donde la relación personal constituye un elemento decisivo en el marco de un implícito, o explícito, intercambio de favores. Consciente o inconscientemente, quizá Matas consideró que el Rey podía aparecer cojo, o casi mudo en una entrevista televisiva, pero nunca manco. Las reformas no pueden ser parciales ni espaciadas Los regímenes corruptos y particularistas poseen una tremenda inercia y resistencia al cambio por constituir un equilibrio perverso en la conducta interactiva de muchas personas: no existen incentivos para que cada individuo cambie de estrategia. Comenzar a actuar limpiamente, si los demás no lo hacen, implica para cada sujeto o grupo un enorme coste. Por ello, la simple reforma de una institución aislada suele conducir al fracaso pues ésta acaba siendo colonizada y finalmente incorporada a la corriente corrupta. Las transformaciones no deben ser incrementales, sino profundas y radicales, abarcando a la mayor parte de la estructura del Estado. Suficientemente drásticas como para cambiar la percepción y las expectativas de los agentes participantes y catapultar el sistema al equilibrio opuesto. El éxito de Suecia se basó en que la mayor parte de las instituciones fueron reformadas desde la raíz en un corto espacio de tiempo. Desgraciadamente, aunque es relativamente sencillo apuntar la cadencia y el tipo de reformas que pueden conducir a un sistema político y económico de libre acceso, mucho más complicado resulta identificar los mecanismos que abren el camino del cambio. ¿Qué lleva a los líderes o dirigentes a impulsar las transformaciones si el sistema de acceso restringido les otorga notables privilegios? ¿Por qué algunos países se embarcaron en tan radicales cambios y otros no? Realmente no existe una teoría bien elaborada y consistente del tránsito, de las motivaciones que inducen a pasar de un régimen a otro, a vencer las reticencias de las élites. Seguramente, los hechos históricos tienen un carácter contingente, poco determinista, dependiente de sucesos fortuitos. Aun así, se apuntan dos sugerentes elementos que pueden favorecer esa transformación. La fuerza de la convicción y de las situaciones extremas El primero de ellos es la irresistible fuerza que ejercen las nuevas ideas y la convicción de las gentes sobre lo que es justo y conveniente. El ser humano tiende a movilizarse de forma desinteresada en pos de lo que considera correcto y equitativo. Y la voluntad mueve montañas. Durante el siglo XIX las ideas liberales se difunden con fuerza por los países nórdicos, impulsando con vigor la abolición de anacrónicos privilegios. Se encuentra en segundo lugar la acuciante encrucijada que provocan las situaciones extremas. Se ha señalado la aplastante derrota militar frente a Rusia, que llevó a Suecia a perder un tercio de su territorio y a la percepción generalizada de que se encontraba en peligro la continuidad de la nación, como el detonante de una importante catarsis entre las élites y un replanteamiento general de los modos de actuación. En España, el rotundo fracaso del régimen del 78, su degeneración en una verdadera cleptocracia o su ineptitud para reformarse hacia un sistema abierto e incluyente, se reflejan en una paulatina pérdida de legitimidad a ojos de los ciudadanos y en una creciente conciencia de la necesidad de cambio. Los desafíos secesionistas, por parte de sectores igualmente corruptos y caciquiles, que pretenden construir nuevos estados todavía más cerrados y excluyentes, y la manifiesta incapacidad del régimen para dar adecuada respuesta, nos colocan en una situación límite. Es momento de que las élites dirigentes y el resto de los ciudadanos procedan a un profundo replanteamiento. La encrucijada permite dos opciones: cambiar radicalmente hacia un sistema de libre acceso o perder por enésima vez el tren de la historia. Lo mejor de la crisis y lo previsible, sin embargo José Luis Ortín www.vozpopuli.com 10 Enero 2013 Al margen de los miles de análisis técnicos sobre las causas económicas de la descomunal crisis que nos arruina desde el 2007, aparte de las propias estructurales de nuestro país, hay entre los analistas más preclaros un punto de encuentro común: estamos ante una profunda crisis de valores en nuestra sociedad. Supuestas culpabilidades Según a quien se lea o escuche, los políticos en general, la herencia de Zapatero, las recetas de Rajoy, la Constitución, las AAPP, los banqueros, los sindicatos, el euro, los mercados, EEUU o la Merkel, entre otros, son quienes ocupan las primeras posiciones en la clasificación de responsabilidades, variando sólo el orden, la intensidad y los acentos en tan insidiosa lista. Pero se olvida con frecuencia – olvidamos- que la mayoría de esos entes o personas y sus comportamientos, sobre todo los más cercanos, son producto de nuestra sociedad; no nacen por generación espontánea. Es muy humano, aunque poco inteligente, señalar culpabilizando a especímenes alejados o referirnos a oscuros arcanos cuando no sabemos realmente lo que está pasando. Nos auto disculpa pensar que hay alguna fuerza oculta que está siempre detrás de nuestros males o se busca el consuelo en la responsabilidad ajena, a ser posible en el de enfrente, cuando no a la mala suerte. Supuestos déficit democráticos; los reales y algunas consecuencias. En España dicen muchos que hay déficits democráticos, y es verdad. Pero no en lo más socorrido sobre que algunos toman decisiones sin contar con la mayoría o cosas por el estilo, sino en la falta de transparencia en muchísimas instituciones públicas. Y, también, en la ‘partitocracia’ que padecemos. Aquí organizan, gobiernan, desgobiernan y se oponen cuatro: los que mandan en los partidos políticos. Los demás son meras comparsas o tiovivos puestos por ellos que en cuanto discrepen están listos de papeles. Tenemos dos demoledores déficits democráticos: la dictadura de las nomenclaturas partidistas y la irresponsabilidad y nula rendición de cuentas públicas de ellos y sus miles de testaferros. Hacen lo que les da la gana con la sola reválida de las listas y las urnas cada equis tiempo. Así, salvo que alguno la haga muy gorda, lo pillen y no tenga donde agarrarse, normalmente en negociaciones ocultas amparadas en tenebrosas razones o cartas en la bocamanga que haya guardado previsora y arteramente, o echando mano de padrinazgos indeseables; se van de rositas y a otra cosa. A veces hay suerte en alguno de estos casos y algún medio de comunicación independiente, dentro de lo que cabe, una encomiable actuación policial, un fiscal o un juez valerosos, hacen que afloren situaciones desvergonzadas y, aun así, demasiadas veces se quedan en agua de borrajas por la connivencia o fallos del resto o de parte del mismo sistema. Podríamos enumerar notables ejemplos de lo uno y de lo otro. Algunos gravísimos a gran escala y todavía en caliente: corrupciones económico-políticas en Andalucía, Cataluña, entidades financieras y otras y organismos reguladores y lugares, por ejemplo; o hallar a los causantes de algunos de nuestros mayores infortunios recientes: los muñidores del 11-M, sin ir más lejos. Y padecemos también grotescos excesos, supuestamente democráticos, que en otros países mucho más avanzados que nosotros en cuestiones de soberanía popular tienen superados por ineficientes y absurdos. Algunas comparaciones recomendables Leí hace poco, gracias a un amigo, una conferencia que dio sobre las salidas de la crisis Jesús Fernández-Villaverde, compatriota y catedrático de economía en la Universidad de Pensilvania; que les recomiendo. Entre otros temas, les ponía de manifiesto a miembros del ICADE en el Hotel Wellintong en Madrid algunas diferencias entre nuestro país y EEUU. Vive allí en una ciudad de 60.000 habitantes y no tiene alcalde que la gobierne. La administra un gerente muy bien remunerado con los conocimientos y experiencia suficiente como si fuera una gran comunidad de vecinos. A la gente le importa de verdad que los servicios públicos básicos funcionen eficaz y eficientemente y no que su ayuntamiento se pronuncie a favor o en contra de determinada situación ajena al municipio; argumenta. Y la comparaba con una ciudad española de parecidas características. Desde las mismas páginas Web las diferencias eran muy notables. En la española mucho alcalde y pocos datos presupuestarios, y en la otra descripción de servicios y todos los detalles sobre cada dólar que gastaban. Esclarecedor. Y también hablaba de la Universidad de California – la mayor del mundo- . La dirige un presidente elegido por su trayectoria profesional y no por los votos de nadie. Y la comparaba asimismo con una gran universidad española. Cuando en determinados ambientes explicó que en España los rectores son elegidos en las urnas pensaban que les estaba gastando una broma. Los resultados de unas instituciones y otras son tan diferentes como elocuentes. Ni una española entre las primeras 200 del mundo. Ahora, eso sí, sabemos si en tal o cual centro manda uno de derechas o de izquierdas. Lamentable. Lo mejor, lo previsible y nuestra realidad Aquí aún vamos en el viaje pendular hacia un extremo, o ya estamos en él, desde la transición de una dictadura – más nominal que otra cosa a efectos prácticos - a las conquistas democráticas. Y seguramente nos hemos pasado bastante. La democracia no tiene por qué ser irresponsabilidad pública, derroche, ineficiencia, instituciones obsoletas, victorias de quienes más griten, corrupciones bajo tierra, sangrías a emprendedores, rapiña impositiva, medianía social generalizada o mediocres al poder; sino todo lo contrario. Corregir todo ello sería lo mejor que le podía pasar a España aprovechando la crisis, que algo bueno debería traernos aunque fuera forzado por la ruina. Pero, desgraciadamente, lo previsible es que todo siga más o menos igual. Porque quienes tienen el deber y la obligación de guiarnos, nuestros políticos, son los campeones de todas las deficiencias que nos lastran. Viven desde hace demasiados años instalados cómodamente en ellas. El pueblo español deberá reinventarse sin que nadie de los que ahora nos pastorean - nuestros mantenidos- tire del carro. Es nuestra puñetera historia. Nuestra lacerante realidad. Privilegios que ofenden Antonio Pérez Henares Periodista Digital 10 Enero 2013 En los delirios de grandeza de las taifas autonómicas y su obsesión de replicar corte y hasta salón del trono, no podía faltar el retiro dorado a sus ex presidentes emulando el trato a los de la Nación. Por ahí fueron hasta once, empezando por los catalanes, siguiendo por Valencia de Zaplana, prosiguiendo por Extremadura, con Ibarra aferrado a la prebenda como lapa a pesar de los esfuerzos de arrancarle de ella, continuando por Castilla-La Mancha de Bono y culminando por el País Vasco donde Patxi López ya se ha apuntado al carro. Puede entenderse un trato deferente a quienes hayan dirigido los destinos nacionales. Se entiende menos que no renuncien, y los casos de González y Aznar son hirientes, a sus emolumentos cuando cobran un pastizal como consejeros y asesores de compañías y plutócratas mundiales. Pero no puede comprenderse en absoluto y cuando la necesidad ronda las puertas de millones de hogares que quienes tuvieron el honor de representarles se cobren la prebenda de por vida o casi. Los señores Pujol, Maragall y Montilla encabezan el ranking y nos cuestan a todos un millón de euros anuales en mantenerles unos privilegios, porque eso no son derechos, esos son prebendas que ellos mismos y amparados en sus mayorías se votaron, que resultan ofensivas para el conjunto de una sociedad acogotada por el paro, los impuestos y los recortes. Resulta un insulto. En caso similar se encuentra José Bono. Mas de 160.000 euros anuales en mantenerle un despacho, dos secretarias, coche y chofer. Eso al margen, claro esta de su pensión personal que, tras haber sido amen de ex presidente castellano manchego, ex ministro y ex presidente de las Cortes, entra dentro de lo normal y lo correcto. Y al margen también de que Pepe Bono posea un abultado patrimonio obtenido en los años dedicados a la política, que han sido todos, cuestionado pero donde a pesar de los intentos no ha podido imputársele ilegalidad alguna. Añádase que tan solo sus “aficiones” literarias le han reportado, según el mismo ha confesado, la friolera de 500.000 euros pagados por la editorial Planeta como adelanto del primer tomo. O sea, que no anda Bono descalzo para que sea la aterida comunidad que el presidió y de la que sigue siendo un referente cargue con sus gastos. El mismo, si lo piensa un poco, que lo estará pensando, habría de seguir el ejemplo de su sucesor Barreda, renunciando a ello. Porque dirán que lo han votado las cortes y es verdad. Pero la verdad es que se lo votaron ellos y para ellos mismos, con sus mayorías, y con adquiescencia del jefe. Como en esa misma comunidad se votaron sus impresentables complementos salariales, que ahora pretenden llamar “derechos” para al dejar los diferentes cargos y volver a la función publica ganar entre 500 y 1000 euros mas que otros funcionarios que hagan el mismo trabajo. Fea cuestión que ya resulta escabrosa cuando encima se presume de sigla socialista y obrera, que esa es otra que ya nadie parece querer ni tener en cuenta y desde luego para nada cierta izquierda tan solo de sigla y escenario pero no parece que de ética. O sea que aquello de Guerra de “To pal pueblo” no se compadece nada con la practica y menos con esto. No son derechos. No pueden serlo. Por mucho que se escuden en ello. Son privilegios políticos. Queman y ofenden. Y ahora la humareda se ve mucho más en medio del agobio, pero nunca se debió encender tal fuego. Convertir a los políticos en los responsables únicos, en los malos de todas las películas y en los felones perfectos puede resultar incluso injusto, exagerado y no deja de recordar ciertos tufos de épocas dictatoriales. Pero el que se les señale con el dedo se lo han ganado ellos mismos a pulso. Se lo han merecido con creces y siguen clavándose clavos en el ataud de su prestigio con asuntos como estos. Si en verdad quieren recuperar su imagen y su honor, que empiecen por recuperar la decencia y demostrarla renunciando a estos privilegios que si a la opinión publica la hacen hervir a ellos los deja socarrados. España: a los ciudadanos nos conviene el rescate, pero a los políticos no Francisco Rubiales Periodista Digital 10 Enero 2013 El gobierno español y la oposición socialista están unidos y se resisten con idéntica fuerza a que Europa rescate a España. Muchos creen que es por patriotismo, pero la verdad es que temen que la intervención de Europa acabe con el chiringuito corrupto y antidemocrático que ellos han montado, al que llaman "Estado de Derecho", cuando en realidad es un Estado profundamente injusto y desequilibrado, donde el pueblo está ausente y los políticos gozan de privilegios y ventajas que causan escándalo y bochorno. A los nacionalistas radicales e independentistas, la llegada de la intervención europea les aterra porque Europa no soportaría ni un minuto su rentable e inmoral chantaje permanente a España. ¿Por qué los políticos en el poder se niegan a pedir el rescate de España, a pesar de que el país está en quiebra técnica? Porque temen que con el rescate llegue la intervención europea directa, que imponga la medida más urgente y necesaria para salvar a España, el adelgazamiento drástico del Estado, lo que traería consigo el declive del clientelismo, del amiguismo, del nepotismo, del abuso de poder y de cientos de miles de políticos agarrados a la teta del Estado como fieras, arruinando al país y parasitando a España. A los ciudadanos, a la economía y al bien común conviene un rescate con intervención, pero a los políticos les restaría poder. Por eso se niegan a solicitarlo. El pueblo español ya no tendría nada que sufrir porque todos los sacrificios que exigiría la intervención ya están vigentes, voluntariamente implantados por el gobierno de Rajoy, precisamente para impedir que llegue a España la troika comunitaria y acabe con el paraíso injusto e indecente que los políticos españoles han construido para su uso y disfrute. Es imposible subir mas los impuestos, y es muy difícil practicar nuevos recortes en lo que pueda afectar al pueblo. Sólo los territorios exclusivos de los políticos están sin tocar porque ellos, miserablemente, los han preservado intactos, prefiriendo hacer pagar al ciudadano todo el grueso de la factura de la crisis. No han cerrado ni una sola televisión pública, apenas han suprimido empresas públicas y puestos en los consejos de administración y las subvenciones a partidos políticos, fundaciones de partidos y sindicatos siguen casi intactas, mientras la sanidad, la educación y otros servicios de calado social que mitigaban el sufrimiento de los débiles han sido debilitados y privados de calidad. En España sobran casi 350.000 políticos colocados en el Estado, una marea infecta e inútil que convierte al Estado español en uno de los mas injustos, caros e insostenibles del planeta. La intervención acabaría de un¡ plumazo con ese abuso y practicaría otros ajustes necesarios, que los políticos se niegan a realizar: supresión de empresas públicas, televisiones públicas, municipios de menos de 5.000 habitantes, diputaciones provinciales, mancomunidades, empresas e instituciones inútiles y los miles de puestos de lujo para políticos que arruinan las arcas públicas y no aportan nada a la nación. La llegada de la intervención europea haría enrojecer de vergüenza a la clase política española porque sacaría a la luz y demostraría que los grandes ahorros y recortes son, precisamente, los que los partidos políticos se niegan a realizar. Quedaría claro que si se hubieran practicado esos recortes en el Estado, no habría sido necesario arruinar a las clases medias españolas con los impuestos más desproporcionados e injustos de toda Europa, ni habrían tenido que desmontarse parte de la sanidad pública y de la educación y de otros muchos servicios sociales y ayudas suprimidas por una clase política que es capaz de todo antes que renunciar a sus privilegios y montaje clientelar. Ni siquiera habrían tenido que cerrar cientos de miles de empresas, acosadas por el hundimiento del consumo ciudadano, por los impuestos y por las deudas de las administraciones públicas españolas, convertidas en las mas morosas e inmorales de Europa por sus incumplimientos y violaciones legales. Voto en Blanco Se acabó: educación e izquierda Vicente Serrano www.vozbcn.com 10 Enero 2013 El proyecto de la nueva ley de educación del ministro José Ignacio Wert, más allá de sus aciertos y errores que no voy a glosar en este momento, ha tenido un efecto clarificador sobre las posibilidades de reconducir la izquierda española (incluida, por supuesto la catalana) a sus principios ideológicos. La falta de autocrítica del PSOE (y del PSC) respecto al fracaso de su proyecto educativo, la LOGSE, y de la autocomplacencia acrítica de Izquierda Unida (y su dispersado entorno), les lleva a posicionarse frente al proyecto del PP con flacos fundamentos y alinearse con el nacionalismo más rancio de este país. No es cierto que con cada gobierno se cambie la ley de educación. Se han hecho parches a la LOGSE, pero fundamentalmente es la misma que aprobó el PSOE felipista, esa que renunció a la escuela pública y que inventó la escuela concertada para alegría y jolgorio de la escuela religiosa, que hoy critican. Que el sistema educativo español es un fracaso es de tan general reconocimiento que hasta los educados en el mismo lo asumen. Tengo allegados que trabajan como profesores y reconocen en privado que el fracaso escolar es superior al manido 30% que las administraciones (autonómicas) imponen a sus docentes. El problema del proyecto educativo de Wert no es la lengua, es la falta de apuesta por una escuela pública única y gratuita, es decir acabar con el concierto. Pero pedir a un partido de derechas eso es pedir peras al olmo, no nos engañemos. Eso debería haberlo hecho la izquierda. Ha tenido tiempo de sobra en el Gobierno, y solo se acuerda de la escuela pública cuando está en la oposición, que es cuando saca a pasear su imaginería anticlerical. Siento vergüenza cuando veo a Joan Coscubiela y a otros representantes de la izquierda hacer demagogia sobre la pretensión de introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en la misma proporción que el catalán, y el uso de frases como: “Ataque al catalán”; o el término “talibanismo” utilizado por el representante de ERC. Talibanismo es el que se lleva practicando en Cataluña durante tres décadas. Hablan de acabar con la cohesión social en Cataluña, cuando si la izquierda cree que cohesión social es marginar cultural y socialmente a la mitad de la población que tiene como lengua propia el castellano es que ha perdido el norte, sobre todo cuando esa población es la clase trabajadora de Cataluña, a quien ellos dicen representar. El precadáver político de Artur Mas convocó tras las elecciones autonómicas un aquelarre antibilingüista de todos los partidos defensores de la exclusividad del catalán como lengua vehicular en la escuela. Asistieron Pere Navarro (PSC) y Joan Herrera (ICV-EUiA) como borreguitos convidados, humildes ante los prebostes de la patria por osar, en campaña claro, criticar el secesionismo desbocado pero, eso sí, comprometidos con el dret a decidir. ¿Serán capaces de apoyar el desacato anunciado en sede parlamentaria? No me extrañaría lo más mínimo. Todavía no han exigido el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Supremo sobre el tema. Los de la CUP reclamaron su pertenencia al club identitario dejando claro que el castellano, ese idioma de la clase obrera, no es el suyo. Antes de entrar en las conclusiones que anunciaba en cabecera sí habría que comentar brevemente el proyecto de Wert. Es el primer intento de solventar un problema de derechos cívicos desde una perspectiva de Estado; lamentablemente es una solución desde la derecha. Me explico. Existe una lengua común de todos los españoles, el castellano o español, y en algunas Comunidades Autónomas otra lengua común dentro de dichos territorios. En ellos se usan y conocen ambas lenguas en diferentes porcentajes (generalmente el castellano es predominante en todas ellas). La protección de esa diversidad es competencia del Estado, ya sea como Administración central o como Administración autonómica. Al trasferir las competencias de enseñanza a las CCAA, la Generalidad de Cataluña, estando tanto en manos de CiU como del tripartito (PSC+ERC+ICV-EUiA), apostó por el uso de la enseñanza como medio de socialización de un proyecto nacionalista que utilizaba el catalán como lengua vehicular única. Este proyecto va más allá de conseguir que todos hablen catalán, su objetivo es la formación de personas nacionalistas. A juzgar por los resultados parece que el proceso es efectivo. Diría que el catalanismo es la forma de franquismo más lograda. En Cataluña, desde los primeros tiempos de la inmersión lingüística obligatoriamente en catalán siempre han existido asociaciones y formaciones defensoras de una escuela abierta con el bilingüismo como bandera o con el derecho a elección de lengua vehicular por los padres. Este asociacionismo se ha anclado en el centro o en la transversalidad derecha/izquierda: Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, Acción Cultural Miguel de Cervantes, etc. Hubo un intento de crear una opción desde la izquierda: Foro Babel, que se desactivó ante la perspectiva de acceso a la Generalidad del PSC con Pasqual Maragall (¡ingenuidad de los intelectuales babélicos!). Ciudadanos ha sido el partido que ha recogido el guante de la transversalidad bilingüista. Sin embargo, sigue existiendo una orfandad en la izquierda que afronte el problema nacionalista (no solo de la lengua) desde posiciones de clase. Digo que el proyecto de Wert es una solución desde la derecha porque permite que la Generalidad opte por no cumplirlo y deja a los padres que deseen dicha educación bilingüe solos ante el monstruo de la administración. ¡Solicitar educación bilingüe en Cataluña es ser un activista de los derechos civiles! ¿Qué colegio concertado va a ofrecer educación bilingüe, con la espada de Damocles (Generalidad) amenazando su subvención? En todo caso la educación bilingüe será un privilegio de las clases pudientes catalanas que podrán llevar a sus hijos a colegios de pago, como es el caso de la Escuela Aula donde Mas llevó a sus hijos. Es decir, a los pobres: nacionalismo y pan duro. Concluyendo: la izquierda en España sigue, después de más de 30 años, acomplejada ante el nacionalismo y es incapaz de generar un proyecto político y social para España que plante cara al egoísmo de las burguesías catalana y vasca. Es más, en vez de eliminar el virus se ha extendido al resto de las Autonomías en versión soberanista, alimentando un proyecto disgregador que contraría los intereses de la clase trabajadora a la que dice representar. En Cataluña, hay quienes reclamamos la recuperación de la Federación Socialista Catalana del PSOE, pero esta debe ir acompañada por un cambio de los postulados de la formación estatal. También hubo un intento fracasado de que, en sus inicios, EUiA se convirtiera en la federación catalana de IU. La deriva identitaria del espectro político catalán ha implicado la desaparición de la izquierda en Cataluña. La aparición de la CUP, lejos de abrir espacios en la izquierda, nos aboca a una radicalización secesionista aunque amparados en un discurso de clase que encuentra eco en una izquierda alternativa y dispersa, que ya previamente había sucumbido al nacionalismo. Tras la posición de Navarro ante el nuevo Gobierno autonómico, dispuesto a barrer el camino de baldosas amarillas del secesionismo, es evidente que o el PSOE recupera su presencia directa en Cataluña a través de una Federación Socialista o el PSC les arrastrará en Cataluña y en toda España al desastre. Y lo más grave: nos arrastrará a todos a una profunda crisis social y política con graves consecuencias para la convivencia ciudadana. Si la izquierda parlamentaria (PSOE e IU) no es capaz de crear un proyecto para toda España, los trabajadores deberemos empezar a plantearnos la necesidad de crear nuevas herramientas en el ámbito estatal que cubran esa necesidad de representación. Este es el momento. Vicente Serrano es presidente de Alternativa Ciudadana Progresista Marhuenda se desata El director de La Razón llama a Intereconomía 'grupo infecto de ultraderecha' GACETA.es  10 Enero 2013 El ex político, que fue apartado del PP por un supuesto caso de corrupción, aprovechó una entrevista complaciente a José Bono para atacar a Intereconomía. Francisco Marhuenda aprovechó su intervención el pasado sábado en Telecinco para atacar de nuevo a Intereconomía. Durante el programa 'El Gran Debate', donde intervenía José Bono, el director de La Razón calificó a Intereconomía de “grupo infecto de ultraderecha”. No es la primera vez que el director de La Razón se despacha a gusto contra este grupo español de comunicación. Hace poco, en La Sexta, arremetió contra Alejo Vidal-Quadras, articulista de La Gaceta, conterttulio habitual de 'El Gato al Agua' y ex presidente del PP en Cataluña (buen conocedor del pasado político de Francisco Marhuenda), y le calificó de “friki (sic) y provocador”, además de animarle a “ejercer de catedrático, chavalote”. También declaró hace meses a la web periodistadigital que “La Gaceta es un periódico que va a un lector muy concreto de una derecha más dura y más radical”. Así de desafortunado ha sido su continuo ataque a este Grupo y a La Gaceta, al igual que lo fue su paso por la política. Director de los gabinetes de Rajoy en Administraciones Públicas y Educación y ex director general de Relaciones con las Cortes, fue apartado de la política tras descubrirse unos supuestos negocios de venta de servicios bibliográficos inmobiliarios a una universidad aprovechando el cargo que ocupaba. Desde 2008, ocupa el cargo de director de esta cabecera que en su día fundó y presidió Luis María Ansón y que en la actualidad es propiedad del Grupo Planeta. Un grupo que es capaz de mantener publicaciones ideológicamente tan distantes como La Razón o el suplemento católico L'Osservatore Romano a la vez que la revista Playboy o el diario Avui. ******************* Sección "bilingüe" *********************** Escandalosa impunidad legal y política EDITORIAL Libertad Digital 10 Enero 2013 No le falta razón al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, cuando califica de "escandaloso" que la instrucción de las causas judiciales pueda llegar a durar hasta trece años, tal y como ha sucedido en el llamado caso Pallerols, en el que se dilucidaba la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Ahora bien, mucho más escandaloso resulta que casos como este se zanjen con pactos como el que han suscrito este martes la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona y las defensas de los acusados. Dicho acuerdo, que formaliza una sentencia de conformidad no recurrible, supone que la Fiscalía acepta una rebaja de imputaciones y se quita de en medio el delito de malversación, lo que exculpa a dos de los seis acusados y condena al resto a unas penas que van de los siete meses al año y medio de prisión, frente a los entre siete y once años que para todos ellos pidió en su escrito de acusación. Gracias a estas escandalosas rebajas, ninguno tendrá que entrar en prisión. Causa sonrojo que el fiscal general diga que no ha habido "trato de favor", sin otro argumento que señalar que los condenados van a devolver los 388.000 euros desviados de los fondos públicos. Al margen de que no van a ser los condenados los que devuelvan de su bolsillo ese dinero, sino UDC, que ha aceptado la responsabilidad civil de los hechos delictivos, ¿cómo es posible que se miente la devolución del "dinero desviado" cuando, al mismo tiempo, se defiende una sentencia de conformidad que no reconoce la malversación de esos fondos públicos? ¿Cómo es posible que la Fiscalía acepte rebajar penas de años a meses con los abrumadores indicios que había en contra de los acusados, especialmente en los casos de Lluís Gavaldà, exdirector de Empleo de la Generalitat, y el empresario que le servía de pantalla, Fidel Pallerols? Para colmo, este asunto, que se zanja con tan nula responsabilidad penal, tampoco va a tener la más mínima consecuencia política. Tal y como era previsible, Duran i Lleida ha desaparecido de escena y parece haberse olvidado de las promesas de dimisión que hizo en el caso de que se demostrara que su partido se había financiado de forma ilegal. La portavoz de UDC, Marta Llorens, se ha limitado a decir que el dinero llegó ilegalmente al partido "sin el conocimiento" de la cúpula. Como si eso, de ser cierto, borrara las responsabilidades políticas in vigilando y las promesas de dimisión de Duran. Ante este espectáculo bananero, no faltan quienes sospechan que la Fiscalía no ha sido más que una mera correa de transmisión del Gobierno del PP, que buscaría con este trato de favor futuros apoyos para desactivar el aun más delictivo proceso secesionista que se ha desatado en Cataluña. Sea como fuere, hasta el más ingenuo debe de saber que Duran y su partido respaldan este proceso de ruptura, y, en cualquier caso, es una supina estupidez, además de una inmoralidad, tratar de preservar la unidad de España debilitándola como Estado de Derecho. Pero en eso, desgraciadamente, estamos. La España miedosa y encastillada José Luis González Quirós El Confidencial 10 Enero 2013 El lenguaje político abunda en equívocos. Este hecho básico hace que, entre españoles, baste la repetición de unas cuantas palabras para pasar por mediano ideólogo. Con tal uso, las palabras se convierten en estandartes, de modo que importa poco lo que se quiera o pueda decir con ellas, porque lo decisivo es colocarse detrás de la enseña adecuada, ser de los nuestros y decir “privatización” para no decir, ni bajo pena de muerte, “reducir el gasto y racionalizar la gestión”. Si valiera el anterior ejemplo, ya se ve que lleva cierta ventaja dialéctica quien use un único término frente a quienes tengan que recurrir a un eslogan algo más complejo, aunque solo sea de siete palabras, porque la contundencia siempre vence a las perífrasis. Pudiera parecer que esta clase de procesos de simplificación obedecen a una cierta lógica de los discursos, a conveniencias retóricas, y en alguna medida así es, pero lo que es realmente importante es su función estratégica, su conversión de la palabra en instrumento de lucha. Cuando esto sucede, lo grave es que una cierta manera de entender la democracia empieza a padecer y corre serios riesgos, sencillamente porque se ha dejado de hablar, o se habla para no decir nada. En este primer trimestre de 2013, los españoles no nos hablamos con nadie y estamos empeñados en una estupenda batalla de todos contra todos. Muy característico de esta situación es que los discursos oficiales se hayan convertido en una pura vaciedad, en la repetición de fórmulas gastadas, de tópicos que a nadie mueven, y, empezando por el Rey, casi todo el mundo está siendo víctima de este proceso de encastillamiento: cada loco con su tema, sin que nadie escuche ni conteste, porque solo se repite una y otra vez lo que ya se ha dicho en otras mil ocasiones. Hace falta política, hablar en serio, y hay que hacerlo ya, empezando por arriba, pero con la voluntad de construir de una vez, y desde abajo, la democracia verdadera sin tapujos con la que venimos soñando hace ya más de medio sigloEste disonante concierto hace que la política, el arte de resolver problemas reales negociando con intereses contrapuestos, empiece a estar de más, precisamente porque se echa de menos el dar verdaderas razones, el intento de persuadir, y porque nadie parece atreverse a decir lo que verdaderamente piensa, con la posible excepción de Ignacio González, que ha confesado necesitar una ley de huelga, no sea que la gresca suba desmedidamente de tono, de modo que el miedo, una actitud que creíamos haber superado tras la transición, lleva a que unos y otros sigan cultivando eufemismos y sacando brillo a consignas ya muy gastadas para hacer casi siempre lo contrario de lo que deberían hacer, de tomarse mínimamente en serio lo que dicen. Esto produce situaciones casi surrealistas, como la del chiste de Woody Allen: -“Tengo un hermano que se cree que es una gallina”; -“¿Porqué no lo llevas a un psiquiátrico?”; –“Es que necesito los huevos”. Por poner un solo ejemplo, díganme si, ante el secesionismo catalán, cada vez más obvio, no parece como si alguien necesitase de verdad esos huevos delirantes; Wert, por ejemplo, que les va a pagar un colegio privado a los españolitos que no puedan escolarizarse en su lengua en Cataluña. España necesita urgentemente que todos salgamos de nuestros castillos y nos pongamos a hablar, a pelear, cuando sea necesario, y lo es muchas veces, porque este ejercicio de repetición de monsergas y mentiras no lleva a ninguna parte. Bueno, sí que lleva: conduce raudamente a una deslegitimación, que pronto puede ser irreversible, de las instituciones políticas y sindicales, porque el eufemismo no atenúa, sino que amarga, la crudeza de las situaciones que padecen los que no tienen la fortuna de vivir en el reino de las palabras huecas, en especial cuando hay motivos para sospechar que tanta palabra vana pueda ser un ejercicio de distracción para perpetrar alguna nueva ratería, algún indulto, exención de proceso, o cualquier nueva subida de la luz. Encastillamiento y rutina política impiden que haya energía para resolver los problemas que realmente importan. El sistema español había alcanzado una cierta eficacia con su variante democrática del despotismo, y ha podido mantenerse hasta la fecha con el engrase del dinero barato y del gasto sin control. Como quiera que esto se ha puesto mucho más difícil, es inverosímil que todo pueda seguir igual, solo que ahora operando sin anestesia. Los problemas no se van solos y, en un clima de ausencia de libertad política, los secesionistas catalanes quieren su Ínsula Barataria, y los etarras están al acecho para cambiar armas por medallas. Un sistema muy endeble no resistirá el envite combinado de fuerzas tan heterogéneas sin la convicción y el auxilio decidido del pueblo soberano. Pero para que este se movilice hay que dejar de contarle el cuento de la lechera, porque hace ya tiempo que se rompió el jarro. Hace falta política, hablar en serio, y hay que hacerlo ya, empezando por arriba, pero con la voluntad de construir de una vez, y desde abajo, la democracia verdadera sin tapujos con la que venimos soñando hace ya más de medio siglo. *José Luis González Quirós es analista político Duran i Lleida y la locura catalana Pablo Sebastián www.republica.com 10 Enero 2013 Aunque no haya constancia escrita de ello en la política española existe un pacto tácito entre los grandes partidos políticos para no pedirse los unos a los otros las “máximas” responsabilidades políticas por la corrupción. Por ello, el Parlamento español no suele investigar la corrupción y ello explica que, en el día de ayer y tras reconocer Unió ante el juez del caso Pallerols sus delitos de la malversación, no se haya desatado un clamor en Barcelona y en Madrid, exigiendo la dimisión y salida de Duran i Lleida de los cargos públicos que ostenta, empezando por la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso, que controla el catalán sin lealtad ni hacer honor al cargo (véase su desprecio a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz). Además de liderar una de las ramas de CiU, el partido gobernante en Cataluña que ha lanzado un desafío al Estado, Duran i Lleida se presenta como el hombre puente entre Madrid y Barcelona, y de ese cuento y de su doble discurso, allí y aquí, vive y se entretiene como un profesional del poder jugando con dos barajas, aunque esta vez le han pillado y ha tenido que claudicar ante el juez, con la ayuda de la fiscalía del Estado que debió ser implacable y no aceptar una transacción sino exigir la cárcel para los culpables. Pero ya sabemos que este Gobierno de Rajoy es experto en paños calientes y con Unió mantiene una especial relación para ver si así le tuercen la mano a Artur Mas. Se vio nada más llegar el PP al poder, porque una de las primeras decisiones de Rajoy fue la de conceder una indecente amnistía a dos dirigentes de Unió, el partido de Duran i Lleida, condenados a cárcel por corrupción. La noticia la ocultó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero fue descubierta por los medios en el BOE y organizó el natural revuelo. Ahora, entre la condena a Unió, el escándalo del Palau que toca de lleno a Convergencia, la misteriosa fortuna de los Pujol y las incógnitas sobre el origen de las cuentas ocultas -y más tarde regularizadas- del fallecido padre de Artur Mas, los españoles estamos asistiendo perplejos al espectáculo de que esta “banda” de corruptos o dirigentes bajo sospecha están, en su impunidad, desafiando al Estado y proponiendo la independencia catalana. Y utilizando unos modales que no respetan la legalidad y que son insultantes para España y los españoles y despreciativos para las instituciones y las autoridades del país. Como lo vimos durante la inauguración del AVE a Figueras, o como pretende Mas hacer en Madrid presentando al Rey su plan de independencia después de aprobar en el parlamento catalán una declaración soberanista. Y si todo esto es grave en fondo y forma, mas grave parece que en la Moncloa y en la Zarzuela nadie se atreva a parar los pies a este desvarío haciendo pública denuncia de todo ello y cortando en seco no solo la deriva independentista sino los modales y los abusos de este selecto club de dirigentes independentistas que desafían la legalidad o viven al margen de la ley. ¿Hasta cuando el “silencio administrativo” de Madrid y la inmoralidad política y democrática de mirar hacia otro lado, huyendo de los desafíos en vez de abordarlos de frente? Cada vez parece más notorio que España tiene un serio problema de liderazgo, capacidad de decisión y de valentía en la persona del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Asunto de muy difícil solución, que solo se podría compensar con la entrada en el Gobierno de políticos con más peso y mayor capacidad que los actuales y con voluntad de decisión y comunicación, cosa que al día de hoy no existe en el Gabinete de Rajoy. Es verdad que, en esto de la corrupción, en todas partes cuecen habas -ahí está Baltar, como asunto reciente-, pero en el caso del nacionalismo catalán lleva añadido el marchamo independentista lo que hace mucho mas grave la situación. ¿Hasta cuándo? Esa es la cuestión. El escándalo Unió-Duran i Lleida José Oneto www.republica.com  10 Enero 2013 Veinticuatro horas después de que Unió Democrática de Catalunya (UDC) firmase un pacto de conformidad con la fiscalía, reconociendo que se había beneficiado de fondos económicos para combatir el paro para la financiación del partido, su principal responsable, el diputado Josep Antoni Duran i Lleida, que había prometido que en el caso de que se demostrase que su partido había sido financiado ilegalmente (cosa que ha reconocido y firmado ante la fiscalía) asumiría las correspondientes responsabilidades políticas, ni ha dimitido ni parece que tenga la menor intención de hacerlo. Ha proseguido su viaje oficial por Chile, haciendo un panegírico de que España puede superar la crisis, sin referirse a qué parte de esa crisis está provocada por él y por su partido, que apoyan la independencia de Cataluña y su escisión de España. Ese anuncio de supuesta dimisión lo hizo el señor Duran cuando mantenía que se estaba ante una campaña para desacreditarle políticamente, hace nada más y nada menos que doce años, en plena investigación del llamado ‘caso Pallerols’, una trama acusada de malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental, que utilizaba las ayudas públicas que concedía la Generalitat, entonces presidida por Jordi Pujol, para cursos de formación de parados para la financiación de Unió, aparte del enriquecimiento de todo tipo de intermediarios entre los que se encuentran Fidel Pallerols, el empresario de las academias, el ex director de Empleo de la Generalitat y secretario de organización de UDC y la número dos de la Consejería de Trabajo. Lo más granado del partido democratacristiano, que forma parte de la Federación CiU y que, ahora, reconoce que “los condenados efectivamente daban un beneficio a Unió, pero sin saberlo Unió”. Después de alargar el proceso durante 16 años, los dirigentes de Unió que manejaron un total de ocho millones de euros han firmado un pacto por el que han pagado 380.000 euros y las correspondientes multas a cambio de no sentarse en el banquillo y de que no comparezca a declarar el señor Duran i Lleida, el máximo dirigente del partido, que, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración. De todas formas, no hay que descartar que, como sucedió en el caso de los falsos estudios de derecho laboral elaborados a base de copiar distintos informes y publicaciones, que no aportaban nada, y por el que fueron condenados también altos cargos de Unió, entre ellos el ex cuñado de Sánchez Libre, que al final no ingresaron en prisión gracias al indulto que el Gobierno de Mariano Rajoy les concedió a última hora, en esta ocasión hubiera ocurrido lo mismo, aunque en estos momentos no esté en vigor el pacto entre el Partido Popular y Convergencia. En estos dos casos, la Justicia ha sido lenta, escandalosa, y el comportamiento del Gobierno, difícilmente explicable. Es inexplicable para la opinión pública, en los graves momentos que está viviendo el país, que delitos que conllevan años de prisión, que afectan a la financiación de los partidos políticos, que miden la credibilidad del sistema y que están relacionados directamente con esa plaga que parece una epidemia, y que es la corrupción, queden prácticamente impunes y que puedan ser enterrados con el manto del silencio, con una multa que, al fin y al cabo, es ridícula, teniendo en cuenta los millones de euros de los que se trata. Esos millones que van a formación y que manejados por partidos, patronal y sindicatos, constituyen uno de los grandes casos de corrupción a todos los niveles. Se comprende la indignación ciudadana y no se comprende el comportamiento del señor Duran i Lleida, el político que sale más favorecido en todas las encuestas como hombre moderado y lleno de sentido común… Un escándalo más que demuestra que unos son más iguales ante la Ley que otros. Cataluña ‘El oasis putrefacto’ Los 23 años de Jordi Pujol al frente de la Generalidad dejaron como herencia una larga lista de casos de corrupción asociados a su partido. En los últimos años, las investigaciones judiciales y periodísticas han destapado nuevos escándalos que confirman que la situación no ha mejorado en Cataluña. Los casos de corrupción salpican ya a todos los partidos políticos que han tenido alguna responsabilidad pública. Alejandro Tercero www.vozbcn.com 10 Enero 2013 Mucho se ha hablado y escrito sobre el ‘oasis catalán’, aquella idílica situación política, social y económica que supuestamente caracterizaba a Cataluña durante buena parte del siglo pasado. Sin embargo, el transcurso del tiempo ha demostrado que la realidad era otra. Tres décadas largas de gobiernos autonómicos de CiU y del tripartito se han encargado de enterrar ese mito, con una la lista de casos de corrupción casi inabarcable. Los casos Pallerols, Palacio de la Música y Pretoria La sentencia de conformidad acordada este martes, por la que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) reconoce que se financió ilegalmente a través de subvenciones que debían haberse destinado a cursos de formación, solo es la guinda que corona el pastel de los escándalos que se han destapado en los últimos años. En 2009 estalló el caso Palacio de la Música, una presunta trama de corrupción, cuya investigación todavía está en fase de instrucción, por la que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se habría financiado cobrando comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas de la Generalidad. La formación nacionalista ha tenido que hacer frente a la fianza de 3,3 millones de euros impuesta por el juez -por considerarla ‘responsable civil, como partícipe a título lucrativo’ del desfalco- aportando las escrituras de su sede central. El caso Pretoria vino poco después. Una supuesta trama de corrupción urbanística que supuso la detención, entre otros, del entonces alcalde se Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz (PSC), del ex consejero de Gobernación y de Economía y Finanzas de la Generalidad Macià Alavedra (CiU) y del ex secretario general de la Presidencia de la Generalidad en tiempos de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta (CiU). Los escándalos de la sanidad: Crespo, Bagó, San Pablo, Prat y Manté La sombra de la duda también ha alcanzado de forma muy especial el ámbito de la sanidad. Xavier Crespo y su esposa, a través de la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM) y de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, dilapidaron 1,3 millones de euros de forma injustificada, de los que ellos mismos fueron unos de los principales beneficiarios. Una auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas en 2006 que revelaba las irregularidades fue ocultada durante años. Crespo fue alcalde de Lloret de Mar (Gerona) entre 2007 y 2011. Su partido, CiU, ha mostrado el apoyo hacia su persona incluyéndolo en un lugar preferente de lista por Gerona en las elecciones del 25N, lo que le ha permitido repetir como diputado autonómico. Por otra parte, hace unos meses se conoció que el Consorcio de la Salud y Social de Cataluña (CSC) otorgó contratos por más de 50 millones de euros en los últimos años al Grupo Serhs, cuyo presidente y principal accionista, Ramon Bagó (ex alcalde de Calella con CiU y ex director general de Turismo de la Generalidad con Pujol), hace dos décadas que también ocupa cargos de alta dirección en en CSC. En 2001, recibió la Cruz de San Jordi de la Generalidad. También se han detectado contratos irregulares de la empresa de Bagó en Badalona. La justicia también está investigando el supuesto desfalco cometido en la gestión del Hospital de San Pablo de Barcelona, que incluiría multitud de pagos irregulares, favores políticos y adjudicaciones de contratos sin concurso. El caso más llamativo es el del ex gerente adjunto del centro hospitalario Ricard Gutiérrez Martí, que cobró entre 80.000 y 110.000 euros anuales desde 2004 hasta 2011 a pesar de que ya no ejercía su cargo. Una vez conocida esta situación, la dirección del centro formalizó su despido y le indemnizó con otros 158.569,63 euros. En octubre pasado, fueron imputados Josep Prat, ex presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS), y Carles Manté, ex director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), por el supuesto cobro de facturas falsas a través del grupo empresarial municipal Innova, del que el primero era el máximo responsable. Prat dimitió en junio pasado de la presidencia del ICS para defenderse de las acusaciones de malversación. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) también ha investigado la simultaneidad de cargos de Prat que, además de ser presidente del ICS (con un sueldo de 280.000 euros al año), era vicepresidente del grupo hospitalario privado USP, cargo que dejó en enero de 2012. Oriol Pujol y el caso de las ITV En marzo de 2012, el caso Campeón -una investigación sobre una trama gallega de tráfico de influencias que salpica al ex ministro de Fomento José Blanco (PSOE)- da un giro inesperado. Las pesquisas destaparon una presunta red de corrupución en Cataluña para enriquecerse a costa de las concesiones de ITV para vehículos. Hubo varios detenidos, entre ellos, Josep Tous, mano derecha del presidente de la Diputación de Barcelona y recién elegido en el cargo para sustituir a Josep Matas, que, a su vez, había dimitido por un presunto caso de corrupción investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Tous había sido dirigente de la Generalidad y de CDC. El desarrollo del caso, todavía abierto, apunta a otros altos cargos de la formación nacionalista: el secretario general, Oriol Pujol, y el ex gerente del partido y nuevo consejero de Justicia de la Generalidad, Germà Gordó. Solà y la Asociación Catalana de Municipios En abril, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, a propuesta de la Fiscalía Superior de Cataluña, sobre la gestión de Francesc Xavier Solà, secretario general de la Consejería de Cultura de la Generalidad y dirigente de CDC, al frente de los servicios jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Solà facturaba desde una empresa de su propiedad importantes cantidades por conceptos difícilmente justificables a la propia ACM. El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, le acaba de ratificar en su cargo. Condena a dos ex presidentes de FGC durante el pujolismo En junio, dos ex altos cargos de los gobiernos autonómicos de Pujol, en concreto, los ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) Enric Roig Soles (1993-1999) y Antoni Herce Herce (1999-2000), fueron condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años, seis meses y un día de prisión por un delito de malversación de caudales públicos. Además, los dos condenados fueron inhabilitados para cargo público y obligados a devolver 2,7 millones de euros que obtuvieron ilegalmente a través de un fondo de pensiones. La cuñada de Puig y el alcalde de Alpicat En noviembre, un juzgado de Barcelona declaró nulo el nombramiento de la cuñada de Felip Puig como funcionaria del Gabinete Jurídico de la Generalidad porque no tenía ‘capacidad para ocupar el puesto de trabajo ofertado’. Poco después, el alcalde de Alpicat y presidente del Consejo Comarcal del Segriá (Lérida), Pau Cabré (CiU), fue condenado a ocho meses de cárcel y otros ocho de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico. El caso Mercurio Ese mismo mes estalló el caso Mercurio, una presunta trama de corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell. Manuel Bustos (PSC), alcalde de la población barcelonesa, está imputado y ha delegado temporalmente su cargo. También ha sido imputada la alcaldesa de Moncada y Reixach (Barcelona), María Elena Pérez (PSC), y ha resultado salpicado el secretario de Organización del PSC y diputado autonómico, Daniel Fernández. Las cuentas de las familias Pujol y Mas en paraísos fiscales El los últimos meses se han conocido datos sobre depósitos bancarios multimillonarios de las familias Pujol y Mas en paraísos fiscales. Supuestamente, el dinero provendría del cobro de comisiones ilegales. Además, nuevos informes policiales indican que el consejero de Empresa y Empleo y dirigente de CDC, Felip Puig, habría podido recibir dinero procedente de la trama corrupta del Palacio de la Música. Pero eso no es todo. A lo largo del último año, el ex consejero de Gobernación Jordi Ausàs (ERC) fue detenido y acusado de formar parte de una presunta trama de contrabando de tabaco; se imputó a dos altos cargos de Juegos y Apuestas de la Generalidad por malversación de fondos públicos; se detectaron graves irregularidades en las subvenciones otorgadas por el Memorial Democrático; se destapó un supuesto desvío de fondos públicos a través del Instituto de Alta Tecnología (IAT) del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona; un sindicato de policías denunció irregularidades en la academia de los Mossos d’Esquadra; y el presidente de Reagrupament y ex consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalidad con ERC, Joan Carretero, fue acusado por la fiscalía de un delito continuado de prevaricación por un tema urbanístico cuando era alcalde de Puigcerdá. CiU, una historia vinculada a la corrupción La mayor parte de los casos de presunta corrupción citados anteriormente están relacionados con CDC, lo que no es ninguna novedad. Sobre todo, porque ha sido el partido que ha gobernado la Generalidad durante 25 años. La vinculación de la formación nacionalista con los asuntos turbios no es nueva. De hecho, es algo que prácticamente discurre en paralelo y de forma recurrente a lo largo de su corta historia. El caso Banca Catalana fue uno de los primeros asuntos que salpicaron a la cúpula del partido. En 1984, la fiscalía se querelló contra el máximo responsable del partido y de la Generalidad, Jordi Pujol, por su implicación en la gestión de la entidad -de la que era cofundador- que supuso su intervención por parte del Banco de España. Entre otras irregularidades, se le acusó de haberse repartido 516 millones de pesetas de la entidad bancaria, unos años antes, cuando el banco presentaba fuertes pérdidas. Tras fuertes presiones políticas, en 1986 la Audiencia de Barcelona eximió a Pujol de toda responsabilidad y posteriormente archivó el caso, que el entonces presidente autonómico atribuyó a una “inmensa mala jugada” del PSOE. En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña -entidad que monopolizaba el juego recreativo con dinero en la Comunidad- denunció el pago de 3.000 millones de pesetas a empresas vinculadas a CDC. Sin embargo, tras una discutida investigación, el caso fue sorprendentemente archivado. Consejeros implicados En 1994, el ex consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad (1982-1983) y ex director general del Instituto Catalán de Finanzas (1990-1992) Jordi Planasdemunt fue condenado a siete años de prisión por su implicación en un fraude de 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos. Ese mismo año, el consejero de Política Territorial de la Generalidad, Josep Maria Cullell, cofundador de CDC, tuvo que dimitir tras verse implicado en un supuesto caso de tráfico de influencias en favor de un negocio inmobiliario de su cuñado. Actualmente es consejero nacional del partido. Relaciones íntimas con jueces y empresarios corruptos Una de los episodios más oscuros de la formación nacionalista es la íntima relación de Jordi Pujol con el ex juez Lluís Pasqual Estevill, nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1994 a propuesta de CiU. Poco después fue condenado a nueve años de cárcel por haber extorsionado durante años a numerosos empresarios junto a Joan Piqué Vidal, que fue condenado a siete años de cárcel. Piqué Vidal fue el abogado que defendió a Pujol en el caso Banca Catalana. El ex consejero de Economía y Finanzas y mano derecha de Pujol, Macià Alavedra, actualmente implicado en el caso Pretoria, también estuvo relacionado con este caso. El desfalco de la empresa Grand Tibidabo, llevado a cabo por Javier de la Rosa en los años 90, también salpicó a Prenafeta. La acusación del 3% no se investigó La sospecha de que el cobro de comisiones ilegales por parte de CDC durante su etapa al frente de la Generalidad era algo habitual, y cobró fuerza durante un pleno celebrado en el Parlamento autonómico de Cataluña en febrero de 2005. Fue entonces cuando Pasqual Maragall (PSC), a la sazón presidente autonómico, pronunció su famosa frase: “Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”. Nunca se investigó aquella acusación. En los últimos tiempos, también es destacable la conexión de CDC con el caso Urdangarín. Fue el influyente empresario Carles Vilarrubí, actual vicepresidente del Área Institucional del F.C. Barcelona y amigo íntimo de Jordi Pujol, el que introdujo a Iñaki Urdangarín en el mundo de los negocios. Además de los datos revelados en los últimos meses, otros familiares de Jordi Pujol han tenido un éxito sorprendente en el mundo de los negocios. La esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, a través de la compañía Hidroplant, ha tenido entre sus principales clientes a la propia Generalidad, al F.C. Barcelona y a empresas adjudicatarias del Gobierno autonómico. Y su hijo Josep facturó cantidades millonarias al Instituto Catalán de Salud (ICS) a través de la consultora Europraxis, de la que era socio y que posteriormente fue vendida a Indra por 7.000 millones de pesetas. Curiosamente, la Sindicatura de Cuentas denunció en 2007 la desaparición de varios expedientes de contratación entre Europraxis y el ICS durante los gobiernos de CiU. “Si hay que entrar, entraremos, pero que vaya con cuidado todo el mundo” Probablemente, todos estos casos proporcionan algunos indicios que ayudan a comprender por qué CiU es la formación política de toda España que más donaciones anónimas ha recibido entre 1987 y 2007, con un 42% del total recaudado. El propio Pujol, durante una entrevista realizada en octubre de 2009, también aportó algunas pistas adicionales sobre cómo se ha financiado su partido. Preguntado sobre el entonces recién conocido escándalo de corrupción del Palacio de la Música, que ya apuntaba a CDC, el ex presidente autonómico señaló: “¿Sabe qué pasa? Si entramos aquí, nos haremos mucho dañoporque entonces yo tendría una respuesta fácil, y como también le podría decir… escuche, mire, este le dio tanto a tanto, este le dio tanto a tanto, y estos dieron tanto a tanto… ¡eh! y entonces, bueno, todos los casos son diferentes, si usted quiere, pero todos apestarían un poco. No entremos. ¡Hey! Si hay que entrar, entraremos. A mí me parece que yo no he de entrar, pero si tengo que entrar yo personalmente, también entro. Pero, por otra parte, me sería un poco difícil entrar, según cómo, porque yo no conozco el tema bien. [...] Si se dice que hay que entrar, pues que se entre, pero que vaya con cuidado todo el mundo, porque como usted dice muy bien que no ha habido un buen sistema de financiación de los partidos, y esto es evidente, pues todo chirría un poco”. En marzo pasado, el Gobierno del PP decidió indultar a dos condenados por malversación de fondos públicos durante los gobiernos autonómicos de Pujol. El ex dirigente de UDC y ex secretario general de la Consejería de Trabajo Josep Maria Servitje Roca fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por ‘un delito continuado de malversación de caudales públicos’ en el conocido como caso Trabajo. Mientras que Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario, ex militante de UDC y ex cuñado del congresista de CiU Josep Sánchez Llibre, había sido condenado a dos años y tres meses de prisión por el mismo caso. Así las cosas, no parece sorprendente que Cataluña sea la Comunidad con menos ‘calidad gubernativa’ de España, según recoge un reciente informe de la Comisión Europea que analiza la calidad, la imparcialidad y el nivel de corrupción detectados en la educación, la sanidad y la justicia. Cataluña es España Albert Rivera ABC Cataluña 10 Enero 2013 Defender desde las instituciones del Estado la unión con símbolos, palabras y sobre todo con hechos, desmonta el falso relato victimista LA conexión por tren de alta velocidad entre España y Francia es una buena noticia para los ciudadanos catalanes, para el conjunto de ciudadanos españoles y en parte para el conjunto de ciudadanos europeos, y es un paso importante para acabar en esta década la unión ferroviaria por ancho de vía de todo el corredor mediterráneo. Algunos hemos defendido durante años que la mejor manera de ganarle la partida política al separatismo no es entregando algunas autonomías a los partidos nacionalistas a cambio de apoyos en La Moncloa como han hecho PP y PSOE, sino vertebrando el país, uniendo a personas y territorios dentro de España y con la UE. Y ayer se confirmó esta tesis. Sólo hacía falta ver la cara de algunos políticos nacionalistas ayer en la estación de Girona mientras escuchaban al Príncipe Felipe, con un perfecto catalán y castellano en su discurso inaugural, para saber que defender desde las instituciones del Estado la unión con símbolos, palabras y sobre todo con hechos, desmonta el falso relato victimista y de conflicto permanente que necesita su ideología para sobrevivir. Tras la inauguración del tramo ferroviario de alta velocidad entre Barcelona, Girona y Figueres, Cataluña se ha convertido en la primera comunidad autónoma española en tener a la vez todas las provincias conectadas por AVE y un aeropuerto en cada una de las cuatro provincias. Paradójicamente, la Cataluña gobernada por un comité de operaciones por la secesión con Mas al frente y Junqueras y ERC detrás, que se quejan continuamente de la falta de infraestructuras en esta comunidad como excusa para justificar el secesionismo, es hoy el mayor exponente, para bien y para mal, de un país en el que se han construido trenes de alta gama con pocos pasajeros y aeropuertos en cada palmo del territorio nacional, algunos de ellos sin aviones. Si a estas grandes infraestructuras en las cuatro provincias catalanas añadimos que la Generalitat recibirá este año uno de cada tres euros del Fondo de Liquidez Autonómico debido a su lamentable situación financiera después de la mala gestión de los gobiernos tripartitos y convergentes, es evidente que hoy más que nunca podemos afirmar una obviedad: Cataluña es España. Albert Rivera es presidente de Ciutadans. Sentencia escandalosa Fermín Bocos Estrella Digital 10 Enero 2013 Digámoslo pronto: el desenlace judicial del "caso Pallerols" puede que se ajuste a Derecho (sentencia de conformidad, reconocimiento del delito, devolución del dinero ilícitamente conseguido), pero es una vergüenza. Y una prueba escandalosa de la doble vara de medir con la que en ocasiones la Justicia española trata a determinados mangantes a quienes asiste la condición de políticos. 16 años ha durado la instrucción. Tiempo suficiente como para que el personal se haya ido olvidando de una trama de financiación ilegal que beneficiaba a Unió Democrática de Cataluña, el partido que encabeza el diputado Josep Antoni Duran i Lleida. Duran era uno de los llamados a declarar en el juicio caso de no haber llegado a la ya conocida solución de compromiso que a él le evita el "estigma" de aparecer sentado como testigo en el banquillo y a los encausados ir a la cárcel sabido que la Fiscalía solicitaba 10 años de prisión por los diferentes delitos que se les imputaba y de los que, finalmente, se han declarado culpables a cambio de una sentencia benigna. El desenlace del "caso Pallerols" es sorprendente a la par que escandaloso Visto que la Fiscalía es un órgano jerárquico y vista la desigualdad de trato respecto de otros casos en los que los implicados son ciudadanos corrientes, es lógico que nada más conocerse el desenlace se haya corrido la voz de que para entender el por qué de semejante trato de favor haya que acudir a los dominios de la política y tomar nota de lo que está sucediendo en Cataluña a raíz de la deriva independentista tomada por el gobierno de la "Generalitat" cuyo presidente Artur Mas preside la coalición (CiU) en la que Duran i Lleida lidera la parte que corresponde a Unió. Aunque desmentido en parte por recientes actuaciones suyas, lo cierto es que a Duran no se le incluye entre los partidarios de la independencia y sobre esa creencia parece que se viene edificando en La Moncloa el puente que quiere sustituir al dinamitado por Artur Mas (antes de ayer en Figueras, delante del Príncipe Felipe, Mas ni siquiera le dio mano a Mariano Rajoy). No "quemar" al posible interlocutor en un asunto tan delicado como es la "cuestión catalana", podría ser la clave que permite explicar el sorprendente desenlace del "caso Pallerols". Sorprendente a la par que escandaloso. Sarcástico, incluso, si recordamos el mandato constitucional que reza que todos los españoles somos iguales ante la Ley. "No es una realidad inevitable" Otaola contesta a Sémper y Maroto: "Bildu sí es ETA" La exalcaldesa de Lizarza, que presenta esta tarde su libro de memorias, ha sido tajante respecto a las palabras de Sémper y Maroto.  Libertad Digital 10 Enero 2013 Regina Otaola presenta esta tarde en Madrid su libro de memorias El Precio de la Libertad, con lo que vivió cuando fue alcaldesa de Lizarza. Horas antes, ha hablado con Dieter Brandau en esNoticia de lo que cuenta en esa obra y de los últimos acontecimientos en el seno del PP vasco. "Muchas veces me hubiera gustado escribir un capítulo más", ha dicho sobre la última crisis abierta en el partido tras las declaraciones de Sémper y Maroto, abiertos a pactar con Bildu. Según ha contado, opiniones como éstas ya existían cuando ella era alcaldesa y en el libro "queda muy reflejado lo que algunos ya entonces pensaban en Guipúzcoa". En este sentido, ha explicado cómo algunos opinaban que "ir a Lizarza era provocar". En opinión de Otaola, lo que está ocurriendo "viene ya de antes" y de "algunas personas de antes". Respecto a las recientes opiniones expresadas sobre Bildu, ha sentenciado que dicho partido "no es una realidad inevitable y que el futuro no pasa por contar con ellos". "Lo seguiré diciendo: con los terroristas no se puede ir a ningún lado, Bildu es ETA y tiene que estar fuera de las instituciones". Según Otaola, están "contaminando todo el sistema democrático" y ha expresado su extrañeza por la postura de Sémper, que "lo ha vivido en primera persona". "Él ha cambiado pero nosotros no. A Bildu, a ETA, hay que rematarla. No puedes dar carta de normalidad a un partido en el que hay etarras metidos, eso no se puede hacer", ha indicado. La presentación de El Precio de la Libertad se celebrará esta tarde a las 19.30 en Julián Romea, 23. Sociedad Los médicos gallegos ya ven los historiales del resto de España Una aplicación que permite a los doctores conectarse a las bases de datos de las comunidades que cuentan con historia clínica electrónica Á. P. Vigo / La Voz  10 Enero 2013 Los médicos gallegos tienen desde ayer por la mañana acceso a los historiales clínicos de todos los pacientes de España desde sus ordenadores. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de activar una aplicación que permite a los doctores conectarse con las bases de datos de las comunidades autónomas que cuentan con historia clínica electrónica, según confirman fuentes médicas. Si, por ejemplo, un ciudadano censado en Castilla-La Mancha acude a un centro de salud gallego, el médico puede ver su historial. La idea de tener una historia clínica electrónica común en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) es vieja y ahora se desarrolla en el sistema gallego Ianus. Es un avance muy importante porque, hasta la fecha, cuando un médico atendía a alguien de otra comunidad no contaba con ninguna información: antecedentes, pruebas diagnósticas, tratamientos farmacéuticos en marcha, etcétera. El problema era evidente, sobre todo en verano, cuando aumenta la afluencia de personas de fuera a los centros de salud. Esta medida evitará pruebas innecesarias y tratamientos duplicados o incluso que interactúen negativamente. Galicia / LA RAG DESDE LA UNIVERSIDAD «Hay un grupo de gente que vive del, y no para, el gallego» P. ALCALÁ/C. PICHEL / santiago ABC Galicia 10 Enero 2013 La catedrática de Lengua Española en la Universidad de Vigo Maria do Carmo Henríquez censura la gestión actual de la RAG Es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Vigo, lengua que ama por igual que el gallego en el que se expresa y publica su extensa bibliografía académica. Maria do Carmo Henríquez es la más destacada de las voces críticas con la Academia de Ferrín, «aunque yo solo me represento a mí misma», aclara. Un lugar «muy lejos de aquella otra de Murguía en la que nadie cobraba». Ahora que el presidente de la Academia Galega cifra en un millón de euros el montante necesario para sobrevivir, Henríquez echa de menos la Academia primigenia, la de Manuel Murguía, en la que «nadie cobraba, ni tenía coche oficial». La catedrática tacha de «papanatismo» el empeño institucional en ayudar a mantener la actual estructura de la RAG, que asocia con el miedo a «ser tachados de enemigos del gallego». En su opinión, la Real Academia no sirve a los objetivos para los que se creó. «Sus publicaciones son más que cuestionables, el dogmatismo es enemigo de la ciencia». Henríquez fue presidenta de Associaçom Galega da Língua entre 1982 y 2001, lugar donde «se investigaba y publicaba por amor a la lengua y no a cambio de un salario». En su opinión Ferrín ha cambiado su perfil de activista de gran porte por el de alguien «que mendiga en las diputaciones y en la Xunta para mantener una estructura innecesaria de 30 personas en la RAG». Las asignaciones económicas que transforman la institución en un ente prácticamente dependiente de fondos públicos le parecen «inmorales en estos tiempos donde lo verdaderamente importante, que es la sanidad o la educación, está sufriendo también los efectos de la crisis y los recortes». Amigos a sueldo Pero más allá de la cuestión financiera, la catedrática coruñesa lamenta que haya «un grupo cada vez más numerosos de personas que viven del gallego, y no para el gallego». Según Henríquez se ha producido la paradoja de que «se es más amigo del gallego si se cobra del gallego» y de que lo contrario signifique convertirse en enemigos de la lengua, concepto a su entender, «digno de un profundo estudio», concluye. Cabalgatas, normalización y negocio GLORIA LAGO www.lavozlibre.com 10 Enero 2013 Se acabó la Navidad, volvemos a la realidad desnuda y pelada. Se nota también en la prensa, que ha dejado de salpicar sus páginas con noticias blandas, de esas que vuelven un poco más melosa la actualidad. Entre esas noticias, me encontré la semana pasada la presentación de un libro en gallego sobre los Reyes Magos dirigido a los niños. "O libro dos reis magos" se llama. Lo presentaba el conselleiro de Educación acompañado de Víctor Freixanes, el director de la editorial Galaxia, una de las empresas que más convenios firma con esta Consellería y que más subvenciones recibe. Como me gusta la literatura infantil y creo positivo que se realice un esfuerzo para que los niños gallego hablantes tengan creaciones en su idioma, me pareció una buena iniciativa. Hasta que leí el libro. Varias escritoras asumían el papel de rey mago y se dirigían a los niños. Con literatura blandita, algunos textos de calidad y unas excelentes ilustraciones, el trasfondo era, lamentablemente en casi todos los casos, el habitual: tenéis la obligación de hablar gallego, es la mejor lengua del mundo, la más dulce y la que tiene palabras más bonitas. "Qué suerte tenéis de hablar una lengua así", "En mi vida escuché palabras que sonasen tan bien, sobre todo en la boca de un niño", les decían los reyes impostados a los niños. También les decían que repartirían "libros con denominación de origen, libros de bandera azul y blanca, la bandera de Galicia" -los que edita el señor Freixanes, se supone-. La verdad es que puestos a escoger obras lavacocos de Galaxia, sin duda se llevaría la palma el libro "Comedia bífida", una obra de teatro infumable que, con el patrocinio de la Xunta, se representó en muchos institutos. En ella se ridiculizaba a las personas que en Galicia hablan español y se equiparaba el hablarlo con que un negro renegara de su raza. En el libro de los reyes el adoctrinamiento está más adornado, pero ahí está. Los reyes les pedían a los niños que les enviaran las cartas en gallego porque "aunque venimos de Oriente, es la lengua en la que nos comunicamos", "es lo mas sencillo si queréis que los reyes tengan conocimiento de vuestras cartas". !Qué cara! Y este libro les fue enviado por la Xunta a los ayuntamientos para ser leído en las cabalgatas de Reyes. Lo más curioso de todo ello es que Freixanes se arrancó en la presentación del libro con unas palabras que dieron lugar al titular de la noticia. Freixanes criticó la utilización política de la lengua y pidió que se apartara a ésta del espectáculo político. Así lo dijo, como si "la lengua" fuese una ancianita a punto de cruzar la calle y hubiese que salvarla de ser atropellada por el camión del Butano. Victor Freixanes, que dice estar en contra de la politización de la lengua, fue uno de los más furibundos activistas en contra de la libertad cuando se estaba elaborando el actual decreto. Desde su posición privilegiada de miembro de la RAG, del Consello da Cultura Galega y de articulista, hizo todo lo posible para influir en el PP. En informes y artículos se pronunció en contra de la derogación del decreto del bipartito, y en contra de que los padres pudieran determinar algo tan importante para la educación de sus hijos como es el idioma, la herramienta con la que estudian. Dijo, refiriéndose a los padres, que era difícil controlar los prejucios lingüísticos dominantes, presiones emocionales e inseguridades. También afirmó que la elección de lengua no puede recaer en los padres "porque tiene carácter político y estratégico y afecta al conjunto de la sociedad y al futuro del idioma". ¿En qué quedamos, señor Freixanes? No hay institución educativa en el mundo fuera de España que no conozca y respete los beneficios de estudiar en lengua materna. No hay pedagogo no nacionalista que no sepa que obligar a un niño a estudiar en otra lengua, aunque sea parcialmente, es perjudicial para él si no lo hace movido por una gran motivación, la del interés de estudiar en un idioma que le va a reportar beneficios para su futuro personal o profesional. Después de 6 años metida en esto, amigos, tengo suficientes datos como para saber que quienes están en contra de la libertad de elección de lengua lo hacen movidos por intereses de partido o por intereses económicos. Desconozco cual es exactamente la ideología de Victor Freixanes, pero sé cómo repercute en el negocio editorial la cuestión lingüística. Además de formar parte del sanedrín de la academias y los consejos, Freixanes es miembro de la Asociación Galega de Editores (AGE). Un año después de haber entrado en vigor el actual decreto, que permite que algunos niños puedan estudiar alguna asignatura en español, el presidente de AGE manifestó en la prensa que los representantes de las editoriales gallegas estaban "muy preocupados, ya que el gallego es un tema sustancial y clave para el ámbito de la edición" y dio algunas cifras: El 61% de las ventas de sus editoriales se producen coincidiendo con el inicio del curso. El libro de texto supone el 40,3% de las ventas, 12,5 millones de euros, pero ya en 2010, al ponerse en marcha el nuevo decreto, las ventas de textos en gallego bajaron un 18,6% "una bajada "fruto del impacto de la implantación del decreto de plurilingüismo" y en consecuencia también bajó la edición de manuales escolares, que pasaron de 582 a 491 títulos, un 23,2% menos. Todavía es mayor el descenso si se toman como referencia los ejemplares 898.000 (-26,7%). Los libros de texto en gallego son, además, generosamente subvencionados por la Xunta. Y no debemos olvidar el negocio que supone la venta de libros y novelas de lectura obligatoria en los colegios. Un círculo cerrado de intereses. Algunos padres nos los prestamos. Supongo que el señor Freixanes no lo considerará un delito, supongo que no amenazará con denunciarnos como lo hizo AGE con los padres que se pasaron unas traducciones de los temas de Conocimiento del Medio que sólo se editaban en gallego. Los padres no les hicieron ni caso, y siguieron utilizándolos, pero muchos tomamos nota de hasta qué punto la codicia puede mover a alguien a saltarse a la torera algo tan sagrado como es la libertad y la mejor formación de nuestros niños y jóvenes. * Gloria Lago es presidenta de Galicia Bilingüe. Galicia Radicales queman contenedores en Santiago en protesta por la detención de un miembro de Resistencia Galega Interior considera la detención de un activista realizada en Ames «un duro golpe» para el grupo terrorista Redacción. Santiago La Voz 10 Enero 2013 Un grupo de independentistas radicales que se ha manifestado en Santiago en protesta por la detención en Ames del presunto miembro de Resistencia Galega Adrián Mosquera Pazos provocaron por la noche disturbios en el centro de la ciudad. Varios encapuchados introdujeron artefactos incendiarios en al menos cuatro contenedores de basura, que ardieron, y lanzaron piedras contra los escaparates de una oficina bancaria y de un supermercado. Los incidentes tuvieron lugar en el entorno de la plaza de Galicia. Los radicales, que se dispersaron poco después de que llegara la policía, habían convocado para las 20 horas una concentración en la plaza de Cervantes y fue después de ese encuentro cuando comenzó la quema de contenedores. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos de Santiago y varias patrullas de la Policía Nacional, aunque no fue practicada ninguna detención. Dispuesto para atentar El presunto miembro de Resistencia Galega detenido en Ames preparaba un atentando inminente. Por ello fue a buscar los tres artefactos explosivos a una zona boscosa del municipio coruñés en la que la organización terrorista tenía un depósito o un punto de entrega de armas. Fue arrestado cuando se disponía a introducirlos en un coche. Las bombas consisten en unos cilindros de acero con capacidad para cerrarse al vacío y que contaban con un temporizador. La policía destaca que se trata de artefactos de considerable potencia y capaces de provocar serios daños. La operación desarrollada por la Comisaría General de Información sigue abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones, ya que sigue la pista de otros posibles miembros de Resistencia Galega, cuya estructura ha sufrido «un duro golpe», según Interior. Mosquera Pazos ya ha sido trasladado a Madrid y hoy está previsto que preste declaración en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Recortes de Prensa   Página Inicial