AGLI Recortes de Prensa    Viernes 11  Enero 2013

La soberanía española y la rebeldía catalana
Pablo Sebastián www.republica.com 11 Enero 2013

En la pretendida declaración de soberanía nacional que aprobará en próximos días el parlamento catalán, como enésimo desafío de CiU y Artur Mas al Estado, se dice que: “El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Además el documento pactado entre CiU y ERC anuncia un Estado propio en la UE y un referéndum catalán para la autodeterminación. Pues bien todo esto es falso y a la vez ilegal y por lo tanto carece de legitimidad democrática.

Además constituye la base sobre la que Mas y CiU pretende que se abra una negociación de Cataluña con el Estado, a través del Gobierno de Rajoy, y previa presentación al Rey de semejantes disparates y desafíos a España. Con lo que todos aquellos que en Cataluña o desde Cataluña abogan por un dialogo político y a la vez económico entre Barcelona y Madrid tienen que saber que sobre estas premisas desde las que parte Mas, y que están fuera de la Constitución y la legalidad, no hay nada que negociar, porque sería tanto como dar por bueno el pretendido y nuevo marco legal que se pretende otorgar por su cuenta el parlamento catalán al margen de nuestra Constitución, en cuyo artículo primero se dice: que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”.

Y en nadie más, ni puede ser troceada ni repartida entre regiones, autonomías o provincias ni cosa que se le parezca. De manera que con esas credenciales Mas ya sabe lo que le espera en Madrid si es que en Madrid, por una vez, no paran en seco a este caballo desbocado, algo difícil de imaginar conociendo la “valentía” de Rajoy y la debilidad del Rey. El que no está para muchos trotes, de ahí la sorpresa por su anunciado viaje a Abu Dhabi, cuando lo hemos visto hace poco con muletas en la Pascua Militar, a no ser que el monarca pretenda con ello tapar el último escándalo de su amiga Corinna, que aparece en el caso Nóos de Urdangarin, de la misma manera que Duran i Lleida se ha fugado a Chile para no dar la cara sobre su obligada dimisión por la condena de Pallerols, al tiempo que Rajoy se nos ha marchado a Argelia a no se sabe qué (dicen que a preparar un encuentro empresarial) y después de que haya ocupado ese territorio de negocio François Hollande.

Aquí nadie está donde debe de estar y seguimos a la espera de las oportunas respuestas a los desafíos planteados, de un liderazgo firme que mantenga la iniciativa política y el pleno control de la situación, y de una actuación política del Gobierno y la Oposición a la altura de las circunstancias. Oposición, por cierto dedicada a convocar reuniones, comisiones y convenciones, pero sin que Rubalcaba sea capaz de poner firme al PSC o de presentar las siglas del PSOE en Cataluña como oferta electoral, que es lo que debieron de hacer cuando Pascual Maragall empezó a desvariar.

Soberanía, pues, no hay más que una: la española que reside en el pueblo español. Por más que, por culpa del sistema político y la ley electoral dicha soberanía está, en práctica política, secuestrada por la cúpula de los partidos políticos que son los fabricantes de las listas electorales y dueños del Parlamento, en la actualidad reducido a una simple máquina de votar lo que le manden desde dichos “aparatos” directivos de los partidos.

Pero a pesar de todo esto el nuevo paso dado por Mas y pronto por el parlamento catalán -como otros que dieron y rectificaron con el estatuto de Maragall- es otro disparate hacia ninguna parte que envenena, más si cabe, la hoy tensa relación entre españoles e independentistas catalanes y que debe abrir, de una vez, los ojos a quienes en Cataluña desde zonas de poder y de influencia -empresarial, financiera y mediática- han jugado con el fuego “sagrado” de Artur Mas y ahora todos se empiezan a quemar. Y si finalmente lo que se busca es “el rumbo de colisión” del que presume Mas, la colisión llegará con todas sus consecuencias, con o sin Rajoy (si no se atreve) al frente del Gobierno nacional.

El FMI se equivoca; sus críticos mienten
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 11 Enero 2013

Se atribuye a Arquímedes la famosa frase de “denme un punto de apoyo y moveré el mundo”, pero tuvo que llegar Jean François Revel para revelarnos que el principal de esos puntos de apoyo que mueven el mundo era la mentira; o todavía mejor que la mentira, las retorcidas, tergiversadas e interesadas medias verdades. No otra cosa ha sucedido con el ya celebérrimo informe del FMI donde, según reza el pensamiento único pro-despilfarro, el organismo internacional ha claudicado de su machacona obsesión con la austeridad. Según se nos cuenta, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, ha demostrado en este paper que los efectos depresivos de la austeridad son mucho mayores de los inicialmente esperados y, por tanto, que han sido negativos para Europa. Y, ciertamente, la noticia posee los dos ingredientes esenciales para convertirse en todo un bombazo: el reconocimiento de que la austeridad es un fracaso por parte de esa maligna institución que representa lo peor de las esencias neoliberales, el FMI.

Pero hasta aquí la impostada realidad, ahora vayamos a los hechos. Comencemos por el final, por las conclusiones de este redentor informe que supuestamente admite entre súplicas de misericordia el error de haber impulsado las políticas de austeridad: “Para concluir, merece la pena que a la hora de decidir la política fiscal adecuada es necesario muchos otros factores aparte de los multiplicadores fiscales a corto plazo. Por consiguiente, no hay que interpretar nuestros resultados como una oposición a la política fiscal de ningún país en concreto. Prácticamente todas las economías desarrolladas se enfrentan al reto de tener que ajustar sus presupuestos en respuesta a unos elevados niveles de deuda pública y a la presión que el cambio demográfico ejercerá sobre las finanzas públicas. Los efectos a corto plazo de la política fiscal son sólo uno de los muchos factores que hay que considerar a la hora de determinar el ritmo adecuado de consolidación fiscal en cada país”.

Cáspita, parece que la cosa no está tan clara. Mejor analizamos las distintas mentiras que orbitan en torno a esta historia.

El FMI no tiene nada que ver con el liberalismo
El FMI es una burocracia política internacional creada hace tres cuartos de siglo por dos personas profundamente antiliberales: Harry Dexter White (agente soviético infiltrado en la Administración estadounidense) y John Maynard Keynes (el más conocido promotor intelectual de las políticas inflacionistas, neomercantilistas y deficitarias en el s. XX). Su propósito original era proporcionar financiación a los gobiernos de aquellos países con déficits exteriores extraordinarios (es decir, retrasar los ajustes automáticos propios del patrón oro) y, tras el abandono de Bretton Woods, se ha dedicado a conceder créditos a tipos blandos a aquellos gobiernos con déficits públicos gigantescos para que, a cambio de planes de consolidación fiscal consistentes predominantemente en sangrantes subidas de impuestos, permitirles estirar durante más años la acumulación de deuda y el gasto público sobredimensionado.

Los liberales no chicaguenses siempre hemos defendido que lo mejor que puede hacerse con el FMI es cerrarlo ipso facto. Un prestamista privilegiado de gobiernos extranjeros financiado merced a miles de millones de exacciones fiscales que además promueve sucesivos sablazos tributarios es una institución nada liberal. Nunca lo fue y nunca lo será.

Ni el PIB ni el empleo son sacrosantos
El informe del economista jefe del FMI Olivier Blanchard (que no el informe del FMI) llega a la conclusión de que, como media, cada punto de consolidación presupuestaria (de subida de impuestos o de reducción de gastos) se traduce en una caída del PIB de, aproximadamente, 1,5 puntos (es lo que se conoce como “multiplicador del gasto”); un punto más de lo que originalmente el FMI había esperado. Dicho de otro modo y haciendo un ejercicio meramente ilustrativo de trasladar estos resultados al caso español: si nuestro país quiere reducir su déficit de 100.000 millones de euros tendrá que asumir una contracción del PIB de 150.000 millones. Luego matizaremos el alcance de estos resultados incluso dentro de los parámetros del informe; antes, sin embargo, es necesario efectuar una digresión sobre la relevancia del PIB y el empleo.

El problema fundamental al cual se enfrenta todo sistema económico es cómo dirigir unos recursos escasos (entre ellos el factor trabajo) a satisfacer los fines, presentes y futuros, más importantes de las personas que cooperan pacíficamente en ese sistema. Si no tuviéramos que economizar los recursos, podríamos emplearlos de manera aleatoria en cualquier actividad, ya sea en seguir construyendo pisos en España o en cavar agujeros por el mero placer de roturar la Tierra. Pero como emplear los recursos de un modo implica no poder utilizarlos de otro modo (coste de oportunidad, sobre todo en aquellos factores complementarios que exhiben cuellos de botella), es menester organizarlos de tal forma que generen patrones productivos útiles para los consumidores presentes y futuros.

El PIB, para bien o para mal, no mide la calidad del gasto o de los patrones productivos. La burbuja inmobiliaria sumaba PIB de manera muy considerable (directa pero también indirectamente, es decir, tenía efectos multiplicadores) y creaba cantidades ingentes de empleo, pero empobrecía enormemente a los españoles (gasto improductivo financiado con deuda que deberá saldarse con gasto productivo futuro); las guerras o los servicios de represión de una dictadura también suman PIB y no por ello son deseables; incluso un aumento del déficit para multiplicar por 100 las remuneraciones de nuestros políticos incrementaría el PIB y el empleo, pero sólo constituiría un expolio a los españoles.

La cuestión, por tanto, no es si a corto plazo un mayor gasto público permite producir ciertas cosas y contratar a ciertas personas, sino si esas cosas que se producen son más útiles que lo que cuesta producirlas y si, por tanto, el empleo se dirige a crear riqueza. A nadie debería sorprenderle que si el Estado mantiene un déficit de 100.000 millones de euros anuales, el PIB aumente en, al menos, 100.000 millones de euros anuales, y probablemente en algo más (los 150.000 millones recogidos en el informe). Pero nada de esto nos informa de si gastamos bien o fatal; de si dilapidamos los recursos en placeres fugaces que hipotecan nuestro futuro o pavimentamos un camino de prosperidad.

De hecho, el propio informe recoge que la influencia más contractiva de los programas de austeridad se da sobre la inversión privada (que se reduce más de tres veces lo esperado que el consumo). Por un lado, es lógico que subiendo impuestos muchas inversiones que eran rentables dejen de serlo (¡por eso no hay que subirlos!). Pero, por otro, si la inversión se reduce por la falta de gasto público, en realidad sucede que esos desembolsos estatales estaban promoviendo inversiones dependientes del presupuesto: no inversiones rentables por sus propios méritos, sino rentables en función de la renta que coactivamente pudieran rapiñar a los contribuyentes. ¿De verdad queremos un país donde se invierta pensando en el cacique de turno y no en el consumidor? ¿Un país con rentabilidades garantizadas para que se lucren los grupos de presión de turno? Si las inversiones que caen son las inversiones de la plutocracia político-empresarial-lobbyista, bienvenidas sean esas caídas. Lo contrario sería convalidar económicamente los buenos resultados de fenómenos como el pelotazo promotor en la burbuja inmobiliaria.

Las limitaciones del informe
Al margen de las cualificaciones anteriores, el paper tiene otras tres limitaciones de las que conviene dejar constancia. La primera es que, como mucho, sus conclusiones son válidas para economías sumergidas en una depresión deflacionaria: los propios autores han realizado el mismo análisis para países emergentes y no encuentran relación significativa alguna. Segundo, en buena medida los resultados están sesgados por la inclusión de casos excepcionales como el griego, cuya debacle económica no es extrapolable al resto de países (de hecho, excluyendo a Grecia y Alemania, el multiplicador se reduce a 1,2). Y tercero, la principal conclusión del informe se refiere al período 2009-2010: si tomamos el período 2009-2012, el multiplicador giró en torno a 1 (¿a alguien le sorprende que bajando 100 el gasto público el PIB a corto plazo baje en 100?); de hecho, para 2011 y 2012, el multiplicador muy probablemente fuera inferior a 1 y, en todo caso, estuvo en línea con las previsiones originales del Fondo. Aquellos interesados en atribuir la recesión actual a los errores del FMI a la hora de valorar los efectos contractivos de la austeridad tendrán, pues, que buscarse otro informe. Éste no les sirve.

Conclusión
El paper de Blanchard y Leigh no modifica ni un ápice los términos del debate. Quienes entienden la verdadera problemática de los ciclos económicos son conscientes de que hay que gastar más por gastar más no sirve de nada y que hay que concentrarse en reorganizar en una dirección sostenible los patrones de producción; asimismo son conscientes de que la austeridad puede tener efectos contractivos del gasto a corto plazo, o incluso que puede ser devastadora a largo plazo si consiste en subidas de impuestos y no en reducciones del tamaño del Estado. Pero pinchar la burbuja inmobiliaria en 2005 también habría sido contractivo y no por ello indeseable; lo mismo sucede ahora con la burbuja estatal sostenida con un sobreendeudamiento que amenaza con llevarse por delante a toda la economía.

El FMI es una burocracia internacional parida por el keynesianismo que debería cerrarse de inmediato, pero por detestable que resulte no conviene ni ocultar su liberticida discurso para hacerlo pasar por organismo ‘liberal’ (“hay que subir los impuestos”) ni tampoco tergiversar sus declaraciones (“la austeridad es un error y debe ser rectificada”). Ni los liberales merecemos cargar con la tacha de sus antiliberales recomendaciones económicas ni la sociedad merece padecer la política económica de quienes, incluso, se sienten necesitados de manipular el intervencionista mensaje del Fondo, o de sus economistas, para justificar un Estado todavía más mastodóntico.

"La filosofía y el arte no requieren excesivo talento. Requieren coraje"
Redacción www.vozbcn.com 11 Enero 2013

Félix de Azúa, doctor en Filosofía, catedrático de Estética y escritor, en una entrevista para El Cultural, este viernes:

[...] Ya dijo usted en alguna parte que el XX era el siglo idiota por excelencia, especialmente su segunda mitad…
La frase tiene su contexto. Era una contestación a la afirmación de Flaubert de que el siglo XIX era el más idiota. Yo le corregía y decía que no, que la segunda parte del XX lo era mucho más. Pero en estos momentos no utilizaría la palabra idiota, me parece demasiado moderada. Va a ser difícil superar su barbarie, su salvajismo, su horror. Es muy bestia pensar que comienza con la primera guerra mundial, sigue con la revolución rusa, que es una barbarie absoluta, continúa con el estalinismo, que es una acumulación de cadáveres gigantesca, luego el III Reich, y la II guerra mundial que culmina con la explosión de Hiroshima. Esto es muy difícil de superar. Yo nací el año en que todo esto se terminaba. El 44. Cuando vas leyendo libros de historia, vas sabiendo que ha habido periodos espantosos, como el llamado siglo de Hierro, el XV, que es un siglo de anarquía en Europa, donde la gente vivía aterrorizada. Pero el XX es, cielo santo, la aplicación de la revolución industrial a la destrucción de los seres humanos. Inenarrable. Produce un shock de tal naturaleza que es inútil pensar que la vida va a seguir exactamente igual. Esto que llamamos crisis, no es una crisis, es un cambio de piel. El mundo va a cambiar radicalmente. [...] Cuando se habla de esta crisis siempre pienso lo mismo: sí, es la ruina, pero especialmente para la gente de 40 años para arriba. Los otros se van a adaptar. Y la prueba es que mi generación vivió en un mundo mucho más pobre, más miserable, y encima con Franco. De modo que cuando me vienen los niños a llorar diciendo “oh, qué mundo nos vais a dejar”, pienso que tienen un morro que se lo pisan. El mundo lo tenéis que hacer vosotros, porque a nosotros no es que nos dejaran un mal mundo, es que nos arrojaron a un auténtico desierto, y mira, salimos adelante. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Pero quedarán, eso sí, un par de generaciones aplastadas, y eso es terrible.

[...] [Sobre la universidad]
Los chicos ya se habían dado cuenta de que les habían estafado. Algunos estudios técnicos no lo son absolutamente, pero sí en el sentido de que cada año salen 3.000 arquitectos y eso es una tomadura de pelo, eso es anularlos y, claro, están deprimidos… Luego, he constatado que, en una ciudad como Barcelona, los chavales se han hecho independentistas como nosotros nos hicimos comunistas, por hacerse algo que toque las narices a los que mandan, a los que mandan de verdad, que no es la familia Pujol. [...] En fin, creo que la universidad está destruida. He estado 30 años y sé de lo que hablo. El 80% de los profesores trabaja un cuatrimestre, pero ya sé que nadie se atreve a decirlo. Creo que las reformas que está imponiendo Wert son mucho más racionales de lo que se le está reprochando, pero que las ha presentado fatal, no ha explicado nada, que es un mal de este Gobierno, no explicar nada y hacer las cosas con una brutalidad innecesaria. Pero creo, sí, que el asunto sólo tiene arreglo por la vida privada porque hoy el talento no puede estudiar, no hay dónde hacerlo. Yo sí que me indigno, no los chavales. Yo.

Las redes sociales han tenido mucho que ver en ello. Y usted las odia. ¿Por qué?

Exactamente por el control que ejercen desde la oscuridad y el anonimato. Muchas veces de una manera totalitaria.Y lo peor es que los políticos se lo toman en serio. ¿Quieren hacer el favor, señores políticos, de ser adultos? Nada, no hay manera. Ahora que necesitamos líderes, gente con ideas, con iniciativa, con coraje… Mire, hay una cosa para mi insoportable en este país: todos los políticos repiten la palabra democracia 532 veces al día, pero todavía no ha llegado el momento de que sepan en qué demonios consiste, que es respetar al otro, al adversario (no al enemigo). Y oímos hablar de cinturón sanitario, que es terminología nazi, y no pasa nada. Pero, ¿no os habéis dado cuenta de que en España no hay democracia, de que se ha vuelto a instalar la administración franquista? Esa administración de privilegiados a los que les importaba un pimiento la población y que sólo luchaba por mantener sus privilegios. ¡Es lo que hace hoy toda la clase política! Toda. No hay nadie que haya dicho “hombre, con las medidas que estamos tomando, tendríamos que hacer también nosotros algún sacrificio”. Nadie dice ni pío.

Y los nacionalismos…
El nacionalismo catalán no es otra cosa que el nacionalismo español aplicado a un lugar rústico, agrícola, con maneras poco educadas… Pero dicen lo mismo. Es una mafia que se ha hecho con el poder económico y que no hay manera de desbancarla, porque sabe que si la desbancan, va a la cárcel. Así que van a luchar a muerte para tener sus jueces comprados, su policía propia… Ahora bien, son rústicos pero no tontos y saben que en 30 años de nacionalismo han hundido Barcelona. Y hundir Olot, o Vic, no importa, pero hundir Barcelona, que era lo único de Cataluña que tenía algo que ver con Europa es muy serio. No, eso está completamente perdido.

El gobierno de los incondicionales
Víctor Andrés Maldonado www.vozbcn.com 11 Enero 2013

Una de las ventajas de haber trabajado en el mundo de las relaciones internacionales durante un buen número de años es tener marcos de referencia con los que comparar situaciones que se dan en otras partes del mundo. Si bien es cierto que cada país es diferente, debido a sus características propias: población, historia, entorno geográfico, nivel de desarrollo económico y político, etc., en base a mi experiencia, he llegado al covencimiento que existen pautas que nos pueden dar pistas sobre la evolución probable de una situación específica en un país determinado.

Al ser investido presidente de la Generalidad en 2010, Artur Mas nos dijo que quería poner la casa en orden después del desaguisado del tripartito y hacer frente a la crisis económica en Cataluña. Por ello, Mas definió a su primer gobierno como “el gobierno de los mejores”. A mi, personalmente, me gustó el lema utilizado; además, ¿quién podría oponerse a la idea de elegir a los mejores para luchar contra una crisis que ya empezaba a dar muestras claras de extrema dureza? Sin embargo, en lo que sí destacaron los “mejores” fue en aplicar políticas de recortes en un claro enfoque neoliberal yendo incluso más allá de lo aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el ámbito del Estado.

En esas estábamos, cuando se produjo la manifestación del pasado 11 de septiembre y el presidente autonómico nos regaló con una convocatoria anticipada de elecciones para ponerse al frente del “clamor” (independentista, por supuesto), que yo diría tenía al menos dos lecturas no necesariamente complementarias: subida del independentismo y descontento social por las políticas de recortes aplicadas tanto en Cataluña como en España en su conjunto. Todos sabemos el resultado: de solicitar una mayoría excepcional a recibir un varapalo electoral que ha hecho más difícil la gobernabilidad de Cataluña y la toma de decisiones para afrontar la crisis económica que padecemos.

Ante esta situación, cabía la posibilidad de formar un gobierno de base amplia apoyado por varios partidos políticos que permitiera abordar de manera conjunta la gravedad de la situación. Eso es lo que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno (empezando por Grecia y acabando por Italia), donde los principales partidos del arco parlamentario se han puesto de acuerdo para afrontar la crisis. Pero en Cataluña, no. Aquí, no. La lectura ha sido diferente: ponerse al frente de la manifestación reafirmando el mandato hacia el proceso soberanista sobre la base de que la independencia nos proporcionará los medios para solucionar la crisis y evitar los recortes.

Para ello, el primer intento fue conformar un gobierno de coalición con ERC, pero, ante su imposibilidad, se ha llegado a un acuerdo de legislatura para sostener el gobierno de CiU apoyado en tres elementos fundamentales: primero, una hoja de ruta para la convocatoria de una consulta sobre el futuro político de Cataluña donde se prevee el establecimiento y/o la preparación de diferentes estructuras que permitirían echar a andar el nuevo Estado de inmediato (Agencia Tributaria, banco público, Seguridad Social, administración de justicia, etc.); segundo, una larga lista de propuestas tanto legislativas como de actuación de la Administración autonómica (ventanilla única empresarial, ley de regulación del comercio, ley de contratos públicos, pacto contra la pobreza, etc.) con el fin de afrontar la recuperación económica y fortalecer la cohesión social y los servicios públicos; y, tercero, un marco presupuestario donde se detallan la introducción de nuevos impuestos o la modificación de algunos ya existentes (sobre depósitos bancarios, Patrimonio, Sucesiones, euro por receta, etc.), así como criterios para el recorte de los gastos (reversibilidad de los recortes, menor incidencia en colectivos vulnerables, incentivar la generación de actividad económica, etc.).

Por supuesto, el acuerdo de legislatura es explícito en apuntar hacia la causa de todos los males que nos afligen: el comportamiento desleal y asfixiante del Estado español, empezando por el incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanzados con Cataluña, pasando por el déficit fiscal estructural del 8,5% del PIB de Cataluña con el resto de España y acabando por un reparto desproporcionado de la reducción del déficit previsto para 2013 sobrecargando el esfuerzo a realizar por las Comunidades Autónomas. En una palabra, el culpable se llama España y la solución la independencia.

En mi opinión, el acuerdo de legislatura adolece de dos deficiencias fundamentales: en primer lugar, es una larga lista de elementos a menudo inconexos entre sí, una especie de cajón de sastre donde se puede encontrar un poco de todo pareciéndose más a un programa electoral (o mejor, a la fusión de los de CiU y ERC, sobre todo de este último) que a un verdadero y coherente programa de gobierno, a la vez que excesivamente ambicioso para una legislatura que se anuncia relativamente corta (un máximo de dos años, según lo expresado por Oriol Junqueras); en segundo lugar, una incoherencia manifiesta entre dos filosofías económicas contrapuestas, por un lado, la de la austeridad defendida por el equipo económico de CiU y sobrevenida por la reducción del déficit público acordado con Bruselas y, por el otro, la del incremento de la progresividad en los impuestos y protección de los más vulnerables defendida por ERC.

A esta situación hay que añadir que algunas de las propuestas incluidas en el acuerdo de legislatura supondrán la creación de nuevos organismos y estructuras, con el correspondiente gasto adicional para el presupuesto de la Generalidad. Esta es una mezcla explosiva que augura una legislatura inestable. Esta impresión se refuerza por el hecho de que ERC se reserva el derecho a ejercer como partido de oposición en aquellas materias no cubiertas por el acuerdo de legislatura, es decir, deja la puerta abierta a que el gobierno de CiU se quede en minoría. En el caso de que se produjera en el marco de la aprobación de los presupuestos de la Generalidad, la crisis estaría servida. No es posible sostener parlamentariamente a un gobierno y a la vez pretender tener las manos libres para hacer oposición cuando mejor te convenga.

Por el contrario, el acuerdo tiene un elemento unificador que le da sentido y cohesión (lo que los franceses llaman un hilo conductor): el proceso soberanista. Lo que es curioso en este contexto es el hecho de que el acuerdo no se para en la preparación de la consulta de autodeterminación, sino que va mucho más allá y prepara el camino para el salto final hacia un Estado propio dando por sentado que el resultado de la consulta será positivo. En cierto sentido, podríamos hablar de un proceso revolucionario al revés, es decir desde el poder, en lugar de desde abajo hacia arriba. Pero, además, este proceso esconde elementos que pueden poner en cuestión la ruptura de la legalidad existente, poniendo en un verdadero compromiso a los ciudadanos de Cataluña al tener que verse obligados a elegir entre dos legalidades, lo que a su vez podría llevar a preguntarnos el porqué cumplir con la legalidad cuando nuestros propios líderes electos no lo hacen. A este respecto, tengo que confesar que me he quedado un poco más tranquilo cuando Francesc Homs, actual consejero de la Presidencia, ha dicho hace unos días que ante la creación de la Agencia Tributaria catalana, los ciudadanos no estarán obligados a escoger entre ésta y su homologa española (¡se imaginan lo que podría pasar en tal caso!).

Pero volviendo al gobierno nombrado por el presidente autonómico Mas en su segunda etapa, y como se ha puesto ya de manifiesto en varios medios de comunicación, este está conformado por su entorno más cercano, por el núcleo duro que lo rodea (por el llamado pinyol), apartando del mismo a otras sensibilidades dentro de su partido. En mi experiencia internacional, esto suele ocurrir cuando el líder se siente atacado y su posición en peligro, lo que le lleva a reaccionar buscando la seguridad de sus leales. Pero en realidad, lo que denota es un síntoma claro de debilidad que normalmente anuncia el principio del fin del gobernante.

Para tener un gobierno fuerte y estable, lo mejor es incorporar en el mismo a las diferentes sensibilidades, para contar de esa manera con diferentes opiniones y poder contar con un conjunto de referentes e informaciones que te permitan tomar una decisión informada y te mantengan en contacto con la realidad. En un gobierno conformado principalmente por tu círculo más próximo existe el riesgo de falta de debate, de falta de consideración de las diferentes alternativas y opciones ante decisiones difíciles y situaciones complicadas como la actual; y para unir fuerzas y promover que haya un mayor número de personas trabajando juntos en pos de los mismos objetivos compartidos y evitar, de paso, que dentro de tu propio partido preparen tu funeral político sacrificándote por otro líder cuando sea necesario.

En conclusión, me temo que hemos pasado de un gobierno de los “mejores” a un gobierno de los “incondicionales”. Sólo pondré un ejemplo de lo que este tipo de aislamiento del líder puede originar: según diversos medios de comunicación, Homs (encargado de las relaciones internacionales dentro del gobierno de la Generalidad, pero al parecer sin experiencia en este ámbito) se jactaba hace unos días de haber iniciado contactos con Bruselas para lograr relajar el déficit fiscal de las CCAA (y, por tanto, también de Cataluña) en 2013 del 0,7% al 1,5%, pero fue corregido de inmediato por el portavoz de Economía de la Comisión de la Unión Europea quien dejó claro que el único interlocutor que reconoce es al Gobierno español.

Es, quizás, en este contexto de debilidad (tanto respecto del acuerdo de legislatura entre CiU y ERC, como dentro del propio gobierno) donde hay que encuadrar el próximo establecimiento del Consejo Catalán para la Transición Nacional (previsto en el mismo acuerdo) formado por personalidades de reconocido prestigio y partidos que defienden el derecho a decidir, lo que podría permitir un mayor abanico de voces y opiniones. El único problema es que, al final, estamos hablando otra vez del mismo punto de vista: escuchar a los que promueven el proceso soberanista.

Claro que existe también una lectura alternativa. Estoy convencido de que el presidente autonómico Mas es un hombre inteligente y que todo lo que hemos vivido hasta ahora, desde el varapalo electoral que sufrió el pasado 25 de noviembre, puede esconder una sutil y fina estrategia que le permitiría rehacerse políticamente. La idea podría ser demostrar en los próximos meses que ERC no es un socio razonable ni fiable para gobernar, a la vez que aprovechar los errores del PP para seguir poniendo de manifiesto que de España no puede venir nada bueno, y convocar nuevas elecciones en Cataluña en el horizonte de un año o año y medio, con la esperanza que un doble victimismo devuelva a CiU los votos que perdió a finales de noviembre pasado. A ustedes -lectores- les toca decidir si esta alternativa tiene algún viso de ser posible o es mera especulación sin fundamento. ¿Quizás una mezcla de las dos?

Para terminar, sólo decir que se acercan tiempos complicados. El primer acto lo veremos en el Parlamento autonómico de Cataluña el próximo 23 de enero durante la discusión de la ‘Declaración de Soberanía del Pueblo de Catalán’, que intentará sentar las bases sobre la cual erigir una nueva legalidad y otorgar legitimidad democrática a la futura consulta de autodeterminación en el caso de que el Gobierno de España se oponga a su celebración. Importante conocer la posición que adoptarán tanto el PSC como ICV-EUiA.

Víctor Andrés Maldonado es economista y experto en relaciones internacionales

González sienta cátedra con su revolución educativa
Pascual Tamburri El Semanal Digital 11 Enero 2013

Los madrileños serán libres de elegir escuela o instituto. Y serán públicos los resultados alcanzados por cada centro, de manera que Madrid gana igualdad de oportunidades y ahorra a la vez.

La libre elección de centro escolar es una reivindicación histórica. Desde la Transición española las asociaciones de padres han incluido en el debate educativo un asunto que en otros países parecería evidente: que las familias elijan para sus hijos libremente el centro escolar donde hayan de cursar la enseñanza obligatoria y en su caso la gratuita, y que los alumnos lo puedan hacer ellos mismos en la educación superior. Siempre habían contado con el apoyo del PP, y la izquierda política e intelectual siempre se había opuesto. Finalmente, una generación después, se está cerca de conseguirlo.

La Comunidad de Madrid continúa con Ignacio González (dentro de los estrechos márgenes del Presupuesto) la política de Esperanza Aguirre: más libertad para la gente, tanto por principios como porque es más eficaz. La región de la capital ha procurado ya crear libertad real haciendo libre la elección de médico y de hospital, por ejemplo. Ahora llega el momento de las aulas, donde las consecuencias serán más visibles a largo plazo.

Casi toda la Comunidad de Madrid forma una zona única de escolarización, y será toda sin excepciones ya en el curso 2013-2014. Esto quiere decir que la Administración educativa (en este caso autonómica) deja de decidir ella a qué escuela o instituto debe ir cada alumno, y que los alumnos, en ejercicio de su derecho a la educación y haciendo uso de la parte de medios públicos que en cualquier caso les correspondería, opten por un centro u otro. Al desaparecer la escolarización por zonas estancas, las familias podrán escoger el centro (público o concertado) que más les guste por la razón que sea.

Parece evidente que, garantizando la Administración unos programas comunes (y exigentes, claro), más libertad de elección implicará más calidad real de la enseñanza (calidad real, académica, no burocrática, pedagógica ni demagógica): los centros que resulten más atractivos tendrán más escolares, los menos atractivos tendrán menos. Hay que suponer que las familias preferirán mayor calidad que menor, y en todo caso esta libertad se combina con la renovada autonomía de los centros, que permitirá a cada uno especializarse en el estilo, orientación, nivel y contenidos que prefiera. Alumnos en igualdad de oportunidades escogerán según sus méritos y no según su lugar de residencia ni sus medios el centro que prefieran; y centros con más libertad y más nivel de exigencia para sus docentes y gestores competirán por ser más atractivos, o quizá en otros casos prefieran dedicarse a ofrecer distintos tipos de educación especial.

La libertad, para ser real, ha de estar informada y ser exigente. Esta medida sería una mera apariencia si se permitiese a las escuelas e institutos seguir evaluando su propia calidad académica ("somos mejores si tenemos menos suspensos, y para parecer mejores aprobamos más aunque sea hundiendo el nivel": una tentación que nos ha llevado a la actual situación académica). Madrid anuncia que pondrá a disposición de las familias información relevante sobre todos los centros públicos y concertados. Esto incluirá por ahora información sobre los resultados obtenidos por los centros en las pruebas externas, pero el proyecto de LOMCE de José Ignacio Wert completará el recorrido: si los alumnos son evaluados externamente al empezar y al acabar la enseñanza secundaria, los centros y sus profesores podrán ser valorados públicamente y sin trampa ni cartón. Así, con la información de las reválidas y la que los propios centros den sobre el uso que hagan de su autonomía, las familias elegirán con precisión dónde y por qué quieren matricular a sus hijos (y en el futuro también éstos elegirán con libertad centro de FP o Universidad). Aún más perfecta será la ruta emprendida cuando los profesores sean tales por verdadera oposición de contenido académico y no por ficción pedagógico-burocrática: las familias y los alumnos elegirán si quieren calidad o si prefieren otros rumbos.

No se entiende fácilmente por qué la izquierda se opone a la libertad de elección de centro. Más libertad favorece a todos, pero sobre todo a los que tengan menos medios y a la vez más capacidad y voluntad de estudio: tendrán acceso a los mejores centros posibles en igualdad de condiciones. Esta actitud contradictoria, contraria a la libertad supuestamente en nombre de ella, hace pensar en algunas palabras recientes de Francisco Rodríguez Adrados en su Nueva Historia de la Democracia, hablando de su propia experiencia como bachiller. "¡Qué desgracia, la destrucción de ese ambiente! Para empezar, la supresión del examen de ingreso (y luego el intermedio, tras cuatro años). Yo todavía, en mi época de catedrático del Instituto del Cardenal Cisneros…, he sido miembro de esos tribunales, ante los cuales se hacían los exámenes orales. ¡Lo que sabían aquellos alumnos! Con pretextos sociales, al suprimir esos exámenes se abrió la puerta al ignorante. Fue uno de los pasos para la reducción de los niveles de la enseñanza… El Plan de la República, que era culturalmente conservadora, incluía cinco años de latín… No había llegado el monstruo pedagógico. Fue cosa desgraciada que, posteriormente, su crecimiento (de la enseñanza) fuera acompañado de su hundimiento. Y de la sustitución del ideal de conocimiento por otros varios, gaseosos".

Lo que Ignacio González ofrece en Madrid y José Ignacio Wert puede extender a toda España es, sencillamente, mucho más cercano a la formación de calidad querida por el maestro Adrados que a nada que las reformas y reformillas de las últimas décadas hayan traído. Nadie, salvo anteojeras ideologizadas, puede pretender que este sistema funcione, ni que sea justo, ni que dé verdadera libertad. Ha perjudicado sobre todo a los que más necesitaban calidad y justicia en lo público, a los que tienen menos medios, a los que necesitan una enseñanza especial y no la entelequia de una cruel igualación y uniformación de todos por abajo. Con libertad, cada uno será lo que sus cualidades y su voluntad permitan; para bien suyo y del país. Empezando, parece, por Madrid.

Cataluña
Juego de cobardes
Emilio Campmany Libertad Digital 11 Enero 2013

El nacionalismo catalán siempre ha sido cobardón y medroso. Incluso cuando un sector del mismo se decidió por perseguir sus objetivos empleando el terrorismo, no se atrevió a ser todo lo terrorista que fueron otras organizaciones hermanas. Por eso, no emplean las palabras "independencia" o "referéndum" y hablan de "derecho a decidir" y "consulta". Por el temor a expresarse con claridad, hablan de "dotarse de estructuras de Estado", que es como si uno se declarara a una chica diciéndole que qué le parece dotar a su relación de estructuras de matrimonio.

Ahora, se encuentran en un punto crucial. Eso que ellos llaman "derecho a decidir", cuyo ejercicio ha de conducirles a dotarse de "estructuras de Estado", exige un requisito jurídico previo insoslayable, que es que el cuerpo jurídico que va a dotarse de esas estructuras sea soberano. Esa proclamación de soberanía ha de hacerse bajo la forma de norma jurídica. Sin embargo, si hicieran eso, inmediatamente se tendrían que enfrentar al Tribunal Constitucional, pues tal norma sería claramente inconstitucional desde el momento que nuestra Constitución no reconoce otro soberano distinto del pueblo español. Dice el artículo 1.2 de nuestra carta magna: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

La declaración que Mas y Junqueras van a someter a la consideración del Parlamento catalán para su aprobación proclama el siguiente principio: "El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano". Los muy cobardes, en vez de incluir eso en una ley, lo meten en una declaración a ver si cuela. Como al otro lado, los que están al frente del Gobierno español son tan cobardes como ellos, se escudarán en que, siendo una mera declaración sin trascendencia jurídica, nada se puede ni es necesario hacer y colará.

Sin embargo, esa declaración, en la medida en que es aprobada por una asamblea legislativa y desde el momento que tiene contenido normativo, pues proclama un principio del que se derivan consecuencias jurídicas, puede ser declarada inconstitucional. Puede serlo al menos en la medida en que pudiera servir de base legal para legitimar un acto jurídico futuro, como por ejemplo, una consulta sobre la independencia de Cataluña. El que la declaración diga que, como consecuencia de ser soberano, el pueblo catalán tiene derecho a decidir y luego no diga qué es lo que va a decidir, que así son de cobardes, no cambia en absoluto las cosas. Porque, dado que el pueblo catalán no es soberano, no puede decidir nada, ni la independencia ni ninguna otra cosa, sin que quien tiene la soberanía, esto es, el pueblo español, lo autorice.

Ya verán como unos cobardes, que no se atreven a proclamar la soberanía de la forma en la que debe hacerse, aprueban la declaración y otros cobardes nada harán amparándose en que se trata de una mera declaración. Y la metástasis, avanzando. Y la nación, quebrándose.

Sistema financiero
La gran cuestión sobre el Banco de España
Emilio J. González Libertad Digital 11 Enero 2013

Después de las informaciones recientes sobre lo que hizo, o, mejor dicho, sobre lo que no hizo el Banco de España para evitar la quiebra del sistema financiero español, uno no tiene más remedio que preguntarse cómo ha podido pasar esto y quiénes son los responsables de este monumental desastre, sobre todo si tenemos en cuenta que el Banco de España, hasta que llegó Miguel Ángel Fernández Ordóñez –o Mafo, como prefieran– a su frente, estaba considerado como el mejor supervisor bancario del mundo y, además, después de la crisis bancaria que sufrió nuestro país a finales de la década de los setenta, sabía más que de sobra cómo tratar este tipo de situaciones.

Evidentemente, Mafo tiene una gran responsabilidad en todo cuanto ha ocurrido con el sistema financiero español. Le guste o no, él, como gobernador del Banco de España, tenía que haber dado un puñetazo encima de la mesa cuando los bancos y cajas se negaron a cumplir los criterios sobre riesgos establecidos por la entidad y haber intervenido desde el primer momento a quien tuviera que haber sido intervenido, con el fin de enviar un mensaje muy claro a los demás acerca de cómo estaban las cosas. Mafo, sin embargo, no lo hizo y, como consecuencia de ello, la crisis del sistema financiero español empezó a crecer como una bola de nieve rodando cuesta abajo hasta que se convirtió en un problema imposible de manejar. Este individuo, por tanto, y diga lo que diga, tiene una gran parte de la responsabilidad de la grave crisis económica por la que estamos atravesando y de los más de seis millones de parados a que ha dado lugar.

Ahora bien, Mafo tampoco es el único responsable de semejante desastre. El gobernador del Banco de España no actúa aislado del Gobierno. Por el contrario, según la Ley de Autonomía del Banco de España, éste es independiente en todo lo que se refiere a la política monetaria mientras que, en materia de supervisión del sistema bancario, depende de las directrices emanadas del Gobierno a través del Ministerio de Economía. En consecuencia, el Ejecutivo tenía que saber lo que estaba pasando, máxime cuando el director, o directora, general del Tesoro es miembro nato del consejo de la institución. Y aquí es donde viene la gran cuestión: ¿Mafo hizo lo que hizo porque la vicepresidenta económica, e incluso Zapatero, le dejaron hacer y se desentendieron de todo o, por el contrario, porque el exgobernador del Banco de España recibió instrucciones concretas de actuar de esa manera?

Una comisión parlamentaria debería arrojar luz sobre todo este asunto porque, por muy incompetente que sea Mafo, todo eso de esperar antes de intervenir una entidad en crisis a ver si la situación mejora y las cosas se arreglan por sí solas, huele más a órdenes directas de un presidente aún más incompetente que primero negó la crisis y después la agudizó por dedicarse a jugar a ser la versión española de Roosvelt mientras la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se dedicaba, como estuvo haciendo constantemente desde que llegó al cargo, a hacer el don Tancredo. Hoy lo que tenemos que saber es hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno, porque la de Mafo es muy grande, pero todo apunta a que no es la única. La cuestión es si el PP querrá mover el asunto y arriesgarse a que se sepa la verdad, y toda la verdad, sobre Bankia. Mucho me temo que los ‘populares’ van a optar por dejarlo estar.


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País Vasco
Como si ETA no hubiera existido
Cristina Losada Libertad Digital 11 Enero 2013

Hace un par de años, Joseba Arregi escribía sobre el período post-ETA, que precisaba que no era un tiempo sin ETA, que "nos podemos encontrar con que aquella petición que no pocos planteaban hace algunos años de hacer política en Euskadi como si ETA no existiera (...) se convierta ahora en hacer política en Euskadi como si ETA no hubiera existido nunca". Es muy lamentable, pero los acontecimientos le están dando la razón. El Partido Socialista vasco se encamina hacia la condición amnésica a grandes pasos. Pactar con Bildu, y por tanto, con quienes no condenan la historia de terror, ya se le antoja lo más natural y razonable. A fin de cuentas, son alianzas entre formaciones progresistas, como expuso Txarli Prieto, su dirigente en Álava. Importa, pues, la afinidad ideológica, y es asunto baladí que ese partido de izquierdas acoja al entorno de la banda.

La tentación de aliarse con los batasunos anida desde hace tiempo en el socialismo vasco, pero se ha hecho más fuerte después de que las urnas arrojaran este contraste: su mala performance electoral, con la pérdida del gobierno autonómico, y los buenos resultados de los testaferros de ETA. Igual se proponen emular a Maragall, y pactar con Bildu y compañía con la misma –y estúpida– lógica con la que el PSC pactó con Esquerra Republicana. Para ello, claro, deben negar cualquier vínculo de sus posibles socios con la banda terrorista. Pero un acercamiento así no sólo hace caso omiso del impedimento moral. También elude el aviso de la experiencia: Esquerra se ha recuperado sin problemas de su asociación con el PSC, mientras que el PSC no se ha recuperado de su asociación con Esquerra. Cuando se juega en el campo de los radicales, siempre gana el más radical.

Hacer de la necesidad, virtud. Pudiera ser la explicación del giro socialista. Pero pienso que hay algo más que cálculo político. Al respecto, es significativo que en el PP vasco surjan voces a favor de una normalización de las relaciones con quienes no reclaman la disolución de ETA y condenan cada nueva detención de un miembro de la banda. Tras décadas de terrorismo, es muy posible que "una sociedad aquejada de una cronificación del miedo", como dijo Maite Pagazaurtundúa, quiera instaurar la normalidad, aun a costa de hacer como si no hubiera cómplices del crimen y como si ETA no hubiera existido nunca. Es un proceso de negación al que los partidos que combatieron y sufrieron el terror no deberían sumarse. Pero qué pocos nadan contracorriente.

Tiempo de “rauxa” en Cataluña
José Javaloyes www.republica.com 11 Enero 2013

La defección socialista del consenso constitucional – que había sido el soporte de la Transición, tras fagocitar la fuerza inicial de los comunistas – abrió una brecha política por la que se deslizó la insidia nacionalista contra la unidad de España. La brecha se agrandó especialmente durante los mandatos de Rodríguez Zapatero, al repetir el error, corregido y aumentado, de Manuel Azaña, durante la II República, cuando, ofreciéndole un cheque en blanco, se dirigió al nacionalismo catalán diciéndole que pidieran cuanto quisieran. Inmenso error del que al poco hubo de rectificar; vista la inmensa desmesura de las pretensiones planteadas por ese catalanismo.

Sin reparar en ello, en la repetición por el zapaterismo de los mismos dislates del primer Azaña – a la hora de sentar las bases para esa conllevancia en que concluía Ortega y Gasset su cordial y liberalísima meditación sobre el problema de Cataluña – sería poco menos que imposible entender lo que ahora pasa allí. Esa ola de “rauxa”, de disparatada locura, que sacude al Principado; alejándolo políticamente de la racionalidad y el equilibrio. Del “seny”.

Eso es básica y esquemáticamente así. Aunque concurran en un segundo eficiente nivel para generar la actual tensión desde Cataluña historias por todos sabidas de corrupción en la política de allí y de políticos de primerísimo nivel en el sonoro microuniverso del independentismo. Circunstancias de papel detonante en el primer momento de esta explosión independentista y de sostén del impulso del secesionismo, sobre la que se han montado con trucos de prestidigitación con la ciudadanía española y con la historia común, programas y pretensiones económicas, mediante la sacralización inconstitucional del territorio como base de imputación fiscal y criterio de distribución nacional de cargas y recursos.

Eso de que “Cataluña tiene el carácter de sujeto político y jurídico soberano”, tal como ayer se informaba en el borrador del documento elaborado por CiU y ERC para la declaración de soberanía, en el Parlamento catalán, a los grupos que defienden el referéndum, subrayando al propio tiempo que la consulta servirá “para constituir a Cataluña en un Estado de Europa”, es el último y más compendioso destilado conseguido hasta ahora en la gran manipulación contra nuestra unidad nacional, refrendada por el pueblo español en su entero conjunto con la Constitución de 1976.

Eso de “sujeto político y soberano” que tan preclaras formaciones nacionalistas se han sacado de sus respectivas capas, no tiene otro rango de verdad política, jurídica e histórica que la correspondiente a una falacia como forma de agresión al orden constitucional y a la convivencia política de los españoles dentro de un Estado de Derecho. Y ni en Cataluña ni en ninguna otra Comunidad Autonómica existe base legal, desde cualesquiera de los respectivos Estatutos conformados en la Ley Fundamental d 1976, para un pronunciamiento de ese jaez y de tan objetiva condición sediciosa.

Y sin saberse aun cuántos de los propios independentistas con escaños en el Parlamento de Barcelona endosarían con su voto una provocación de tales características el próximo día 23, sí se sabe a cierta ciencia que esa “rauxa”, tal muestra de locura política, no logrará trascender su condición de aborto político por el triunfo definitivo del “seny” mayoritario de la población catalana.

No está de más recordar al hilo de tanto despropósito nacionalista, que fue un presidente de la estirpe de Jonqueras, creador de los “escamots” y receptor de subvenciones del fascismo musoliniano, quien con su proclamación del Estat Catalá, en 1934, junto con la sublevación armada de las izquierdas en Asturias, hirieron de muerte la II República, sentando las bases del desorden político que condujo a la Guerra Civil. Nacionalistas e izquierdistas creyeron que la República sólo era para que mandasen ellos. Estos tiempos de tanta “rauxa” política en Cataluña no permiten mayores demoras en la activación legal de los recursos legítimos del Estado. Las responsabilidades por omisión medidas o no en votos podrían estar a la vuelta de la esquina.

El camino de Lizarza a Vitoria
EDITORIAL Libertad Digital 11 Enero 2013

Este jueves el acontecimiento político en Madrid ha sido, al menos para muchos, la presentación del nuevo libro de la que fuera heroica alcaldesa de Lizarza, un pequeño pueblo en el País Vasco que hasta entonces no había conocido otros ayuntamientos que los gobernados por las diferentes franquicias de la banda terrorista ETA.

Apoyada en la inmensa fuerza moral de unos pocos pero más que valientes votos, Otaola llegó a un Ayuntamiento en el más hostil de los territorios y demostró que la democracia puede hacer frente al terror incluso en el más adverso escenario utilizando algunas sencillas pero contundentes herramientas: la Ley, con mayúsculas; un coraje a prueba de amenazas; y unas convicciones firmes como una roca.

Lamentablemente, el imborrable recuerdo de Regina Otaola como alcaldesa, y de la legislatura en la que Lizarza dejó de ser un pueblo más en el reino del terror, contrastan con los actos y las palabras de alguno de los más eximios representantes del actual PP vasco.

Así, en las palabras y los actos de hombres como Borja Sémper, Iñaki Oyarzabal y, especialmente al menos en las últimas semanas, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, se puede ver un PP en el que es muy difícil, si no imposible, reconocer al mismo partido al que tanto prestigio han dado personas como la propia Regina Otaola, o María San Gil, o Gregorio Ordóñez.

De tantos, en suma, que se han jugado la vida e incluso la han perdido por enfrentarse, con toda la ley, la razón y la justicia de su lado, con aquellos con los que ahora parece que incluso se espera llegar a algún tipo de pacto.

Un pacto que tiene tanto de salvajemente inmoral como de imposible: aunque algunos no quieran darse cuenta, el proyecto de Bildu, que no es otro que el proyecto de ETA, no pasa por pactos con partidos constitucionalistas, y menos todavía con aquellos que tienen una ideología que los que apoyan a los terroristas y los que han disparado sobre nucas indefensas ven en sus antípodas.

No, el proyecto de ETA y del nacionalismo antiespañol pasan, como bien ha recordado en la misma presentación Jaime Mayor Oreja, por un plan claro cuyo fin es romper España y, en el caso del País Vasco, establecer un régimen socialista en el que muchos ciudadanos vascos no tendrían cabida, entre ellos y muy especialmente los Sémper, Oyarzabal y Maroto. Porque, como bien sabe Regina Otaola, no se puede llegar a un pacto con aquél que quiere exterminarte política e incluso físicamente.

La libertad tiene un precio es el excelente título que Otaola ha dado a su libro. Su vida y la de tantos otros es un ejemplo de ello, llevamos años sabiéndolo y muchos pagándolo. Lamentablemente, recorriendo el camino que separa Lizarza de Vitoria estamos cerca de que algunos se sorprendan descubriendo que la indignidad también tiene un precio que hay que pagar y que, aunque no lo parecía, es altísimo.

Cataluña
Mas y los caros preparativos del delito
Guillermo Dupuy Libertad Digital 11 Enero 2013

Mucho se ha especulado sobre si la bochornosa sentencia de conformidad que ha otorgado impunidad a los acusados en el caso Pallerols obedece a un deseo de Rajoy de conceder a Unió Democràtica de Catalunya un trato de favor a través de la Fiscalía a cambio de que el "moderado" Duran desactive el aun más delictivo proceso secesionista que se ha desatado en Cataluña. Teniendo en cuenta el carácter de Rajoy, su falta de principios, su miope cortoplacismo, su renuencia a entrar en polémicas con los nacionalistas y su vértigo a la hora de hacer cumplir la ley, no me extrañaría nada en absoluto que el presidente del Gobierno incurriera en esa ilusa, inmoral y contradictoria estupidez de tratar de preservar la unidad de España debilitándola como Estado de Derecho.

En cualquier caso, más vergonzoso que la impunidad con la que se ha zanjado este caso de financiación ilegal o con la que se podría saldar el caso de corrupción que presuntamente afecta a los Pujol, es la que impera en beneficio de los gobernantes de Cataluña, autores de un delito continuado de desobediencia respecto a lo que han dictado las sentencias de nuestros más altos tribunales respecto a la coactiva e ilegal inmersión lingüística que allí se perpetra.

Es más: desde que el pasado domingo se supo que el gobierno secesionista de CiU, gracias a Rajoy, va a ver ampliada este año la ayuda extraordinaria proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica nada menos que hasta los 8.300 millones de euros –esto es, más de un tercio de los 23.000 millones de euros con los que cuenta este Fondo destinado a que los gobernantes autonómicos no tengan que cumplir con su obligación de ajustar sus gastos a sus ingresos-, Mas y sus socios se han puesto manos a la obra para llevar a cabo su carísimo y delictivo proyecto de "construcción nacional": si el lunes nos informaban de la creación de un Consejo de Transición Nacional, el martes el portavoz Francesc Homs anunciaba la creación de una Secretaría de Hacienda germen de una ilegal Agencia Tributaria propia, una de esas "estructuras de Estado" que dicen querer tener desplegadas antes de celebrar su ilegal consulta soberanista. El miércoles, nos volvían a recordar, por enésima vez, su determinación de pasarse los objetivos de reducción del déficit por el mismo sitio por donde se han pasado las sentencias del Supremo, la ley Wert, o la supuesta pretensión de Montoro contraria a gravar los depósitos bancarios.

También esta semana hemos tenido noticia de una inusitada actividad en las llamadas "embajadas catalanas" de cara a propagar lo que Mas en su día calificó, en batasuna expresión, la "internacionalización del conflicto". Finalmente, este jueves CiU y ERC nos han anunciado que ya han pactado el texto de la declaración de soberanía que aprobarán en el pleno del día 23, un documento de menos de tres folios en el que expresan su voluntad de "ejercer el derecho a decidir" y hacer efectiva la constitución de Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco de la UE.

Y mientras tanto, el Rey, el presidente del Gobierno, el fiscal general del Estado, el presidente del CGPJ y, salvo raras excepciones, los directores de los medios de comunicación españoles, mirando para otra parte.

Ante el hecho de que nuestras elites se han convertido en un cúmulo de dejaciones, no faltarán quienes traten de justificarlas diciendo que, por bochornoso que sea, todo esto que relato no son más que preparativos de un delito que aun no se ha consumado y que tal vez no llegue a consumarse. Sin embargo, desde hace ya muchísimo tiempo, se debería haber enviado a los separatistas un disuasivo aviso a navegantes, que no consistiera únicamente en que no se le va a reconocer efectos jurídicos a los resultados de esa ilegal consulta, sino también de que sus convocantes serán castigados por incurrir en un delito de usurpación de atribuciones y de desobediencia.

Desgraciadamente, sin embargo, los separatistas hasta ahora solo están percibiendo del Estado español señales de impunidad, por no hablar de generosas muestras de financiación.

Cataluña
¿Cómo hemos llegado a esto?
Antonio Robles Libertad Digital 11 Enero 2013

La escandalera por la financiación ilegal de Unió Democrática ha servido para el desahogo nacional. Pero no se ha dicho por qué hemos llegado a esto en Cataluña. ¿Por qué tanta impunidad? ¿Cómo es posible que salga la portavoz de Unió y tenga la cara dura de afirmar que Unió no ha sido condenada, si ellos mismos han reconocido el delito para no llegar a juicio? Me refiero a la desfachatez, al nulo respeto a la opinión pública que le paga el sueldo, a la seguridad de que nada ni nadie podrán darles un puntapié en el trasero.

¿Cómo hemos llegado a esto?
Hemos llegado a esto el día que el gobierno de Felipe González se amedrentó ante el aquelarre que le montó Pujol en la Plaza de San Jaime para envolverse con la bandera y evitar el tufo de Banca Catalana. Hemos llegado a esto en cada caso que el Fiscal General del Estado se ha inhibido con los innumerables casos de corrupción que los tribunales en Cataluña archivaban, dilataban en el tiempo, pactaban o actuaban con prevaricación. Como el caso del Juez impuesto por Pujol en el CGPJ, Pascual Estevill, o del abogado que le defendió de la ruina de Banca Catalana, Piqué Vidal, o su empresario modelo, Javier de la Rosa. ¿Acaso un responsable político con ese trío de delincuentes podía seguir en su puesto? Siguió y amparó a otros muchos, empezando por el ex secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta, su mano derecha, el que le ayudó a construir la Cataluña impune en la que viven sus hijos. No me refiero solo a los de sangre, sino también a los amamantados por el nacionalismo que viven convencidos de disfrutar de un oasis. Una creencia fundada, sin lugar a dudas. Y así un rosario. La propia financiación ilegal de CiU camuflada tras la coartada cultural del catalanismo del Palau (3,3 millones de €) no es más que una bandera más para cubrir la omertà de legalidad. Con afortunada ocurrencia, L`Hora asignaba una bandera a cada caso de corrupción de CiU con ocasión del inicio de la deriva independentista de Artur Mas en las elecciones de 2010. Vale la pena abrir el Link.

Pero la corrupción no sólo es económica. Más aún, la económica sólo se puede llevar a cabo con impunidad si antes se ha llegado a la política y a la ética. Allí donde la red clientelar y familiar teje y controla jueces, empresarios y poder político. Es la nación que todo lo justifica. Hemos llegado a esto por consentir que el Estado permitiera que el Gobierno de la Generalidad no acatara ni cumpliera la primera sentencia judicial que amparaba el derecho a estudiar en castellano; hemos llegado a esto el día que los responsables de protocolo del Estado miraron para otra parte cuando Artur Mas tapó con una cortina negra el retrato del Jefe del Estado en el día de su posesión, o se retirara la primera bandera constitucional de la fachada de un Ayuntamiento. Hemos llegado a esto cada vez que el dirigente de un partido corrupto, como Duran i Lleida, se permitía llamar al Estado español cloaca y acusar a los parados andaluces de pasarse "la jornada en el bar del pueblo" con lo que aporta Cataluña a España. Él, precisamente él, que ha utilizado el dinero de los fondos europeos para la formación de parados y trabajadores... ¡Caradura!

Para acabar con esto hay que empezar por llamar a las cosas por su nombre. Cospedal ha calificado de "ruin" a Artur Mas por su actitud desconsiderada a las autoridades del Estado en el día que se inauguraba con el dinero de todos los españoles la conexión por AVE de todas las provincias catalanas. Solo Cataluña tiene ese privilegio. Él, sin embargo, se quejó de ser la comunidad que más aporta y la que menos recibe. Mintió. Madrid, Baleares y Valencia aportan más al PIB que Cataluña.

La dirigente del PP llamó por su nombre a la actitud déspota de niño consentido que genera la impunidad política. ¡Chapeau!

El lugar de la memoria
MAITE PAGAZAURTUNDÚA, EL CORREO  11 Enero 2013

· Personas vinculadas a la universidad y al ámbito del pacifismo, los derechos humanos y el medio ambiente fundaron Bakeaz en 1992. Acaban de publicar un volumen titulado ‘El lugar de la memoria’, con el sugerente subtítulo de ‘La huella del mal como pedagogía democrática’.

Contiene una perspectiva rigurosa para la comparación del fenómeno de la memoria comunitaria, sin eludir las dificultades de abordarla en términos psicológicos, sociales y políticos. Pasean por sus páginas estrategias de negación, revisionismo, eufemización o instrumentalización, entre otras posibles. En todo caso, Bakeaz apuesta por la materialización de experiencias de pedagogía democrática sobre la huella del mal en las sociedades, pensando también en la sociedad vasca. No es un libro fácil, pero recoge una descripción de las condiciones adecuadas en términos democráticos para trabajar en la aplicación de políticas públicas de la memoria del terror consciente y aplicado sistemáticamente entre nosotros así como de otras formas de vulneración de los derechos humanos en el pasado más reciente.

El lector también podrá acercarse directamente a las aportaciones de seis responsables de distintos memoriales que se reunieron en Bilbao los día 24 y 25 de noviembre de 2011, conociendo la reversión de la impunidad en Argentina años después del final de la dictadura de Pinochet; las dificultades del centro que recuerda la represión política del régimen soviético en los gulags, incluso ahora mismo o la utilización del genocidio, como ocurrió durante un periodo del Museo Conmemorativo de Jasenovac para provocar nuevas marejadas de odio en los Balcanes en la década de los noventa. Merece una lectura detenida y concienzuda de las reflexiones de los profesores Martín Alonso y Xabier Etxeberria.

Lo contrario a este libro es el ditirambo algodonoso y dulzón que anuncia soluciones mágicas –que nunca lo son– y la denuncia clara de la invocación de la razón de Estado entendida como puro pasteleo para fijar la irresponsabilidad. Estos días encontramos un ejemplo justamente de ello en los medios de comunicación: Barack Obama –Premio Noóbel de la Paz en su edición del año 2009– ha subrayado explícitamente su deseo de «mirar hacia adelante y no hacia atrás» en lo referido al escándalo de las supuestas torturas por parte de agentes de la CIA. Hace muy pocos días su jefe de gabinete, Rahm Emanue, se ha mostrado inequívocamente en contra de procesar a responsables del anterior Gobierno por su posible relación con torturas y al parecer remachó con un «no podemos gastar nuestra energía en mirar al pasado». De aconsejable lectura y estudio para líderes, en general, y apóstoles de los nuevos tiempos, en particular.

La hora de Duran
Julia Navarro Estrella Digital 11 Enero 2013

A los ciudadanos les comienza a resultar insoportable los escándalos de corrupción que tienen como protagonistas a partidos o dirigentes políticos. Y más insoportable resulta aún que en ocasiones parezca que la Justicia tiene manga ancha con quienes protagonizan esos escándalos de corrupción. Es lo que está pasando en estos momentos con el caso Pallerols juzgado por fin después de más de una década. El caso Pallerols no es más que una partida presupuestaria de la Unión Europea que debía haber servido para cursos de formación a parados terminó en las arcas de Unió según han reconocido quienes despistaron ese dinero. Pero los responsables directos se van de rositas, han logrado un acuerdo con la fiscalía para no tener que sufrir ninguna pena a cambio de devolver parte de esos fondos y reconocer su culpa. Así de simple y así de escandaloso.

La opinión pública está indignada por cómo se ha resuelto el caso Pallerols

Y es que siendo verdad que todos los días se llega a acuerdos en los juzgados, cuando esos acuerdos atañen a políticos, los ciudadanos inmediatamente sospechan, y con razón, de que por miedo hay un trato de favor. Sobre todo porque si un ciudadano normal y corriente, pongamos por caso, roba algo, sobre él recaerá todo el peso de la ley sobre todo si no tiene un abogado importantísimo para llevarle el caso.

De manera que ahora mismo la opinión pública está indignada por cómo se ha resuelto el caso Pallerols y si a eso se le une saber que hay más de doscientos políticos, de todos los partidos, inmersos en escándalos y procesos por corrupción, entonces la indignación se convierte en ira.

Duran LLeida, líder de Unió, se encuentra en medio de la tormenta por el caso Pallerols. No sólo porque él es el máximo responsable de Unió Democrática y por tanto responsable de que su partido se financiera ilegalmente y para colmo con dinero destinado a los parados, sino también porque en su día libró su destino político al caso Pallerols asegurando que si al final había condena él dimitiría. Bueno, pues ese momento ha llegado y aquellas palabras dichas durante una entrevista ahora se han convertido en un boomerang.

En todo caso, haga lo que haga, la figura política de Duran LLeida ya está malherida, y es que al caso Pallerols se le une también su incomprensible alineamiento con Convergencia en la aventura independentista iniciada por Artur Mas.

Es increíble como se está partiendo en mil pedazos la figura política de Duran, que hace meses era la de un político serio, solvente y fiable. Hay dos Duran LLeida, el de antes de las últimas elecciones catalanas y el de después, y este Duran nuevo que hemos descubierto, además, tiene que bregar con la vergüenza del caso Payerols. Demasiado para cualquiera, incluso para él.

Error fatal
ALAIN MINC.  LA VANGUARDIA  11 Enero 2013

Pocos extranjeros hay más prohispánicos que yo y, entre ellos, menos aún que estén tan convencidos como lo estoy yo de que Catalunya ha sido el estímulo de España. Estímulo en materia de valores democráticos, de espíritu emprendedor, de apertura al mundo, de dinamismo cultural… De ahí mi incomprensión y mi pesar por el error fatal que se vislumbra en el horizonte.

Comprendo el discurso: Europa se construye y en su seno la identidad se manifiesta en el nivel más próximo a los ciudadanos y, entre los dos niveles, como perdidas, vagan las viejas naciones-Estado. Una Europa federal, una Catalunya como Estado miembro y, entre las dos, una España hundida, como si los länder alemanes fueran a reafirmarse a expensas del Bund o como si las regiones italianas, Lombardía la primera, fueran a emanciparse sobre las espaldas de Roma. No hay idea más falsa: nadie sabe si la Europa federal existirá algún día. Con sus veintisiete miembros, la Unión Europea y, con sus dieciséis miembros, la zona del euro son construcciones sui géneris que nada tienen en común con una federación y cuyo funcionamiento exige estados miembros tan fuertes como sea posible. Reconfiguradas con una multiplicidad de pequeños participantes, estas construcciones se necrosarían desde dentro.

Otra idea fatal: la convicción de que la Unión, con Francia a la cabeza, acogería de buen grado a una Catalunya independiente. Ya no estamos en los tiempos de la guerra de Sucesión de 1700, con una Francia que soñaba con una España débil. Ocurre más bien lo contrario: a París le interesa una España fuerte para reforzar el arco mediterráneo de la Unión ante Berlín y su hinterland en Europa central. En cuanto a la propia Unión, sólo puede actuar como un freno para cualquier iniciativa de independencia por miedo a un efecto dominó de un país con problemas de unidad a otro, lo que la debilitaría dramáticamente.

Tercera idea falsa: una Catalunya emprendedora y extravertida encontraría mejor su lugar en la globalización que a través del reino de España. He aquí una ilusión infantil. No son Israel o Singapur quienes lo desean. Las empresas de una Catalunya independiente no se beneficiarían de un mercado interior potente, ni de un sistema financiero de primer nivel mundial, ni de una incubadora de alta tecnología como es Israel. ¿Por qué los grandes actores económicos tomarían el camino de Barcelona después de un espasmo de semejante violencia? A sus ojos, Catalunya sería sinónimo de riesgos, y las medidas fiscales anunciadas en el marco del actual pacto de gobierno constituyen, desde esta perspectiva, el peor de los mensajes. Únicamente una política alocadamente favorable a las empresas –impuesto de sociedades a la irlandesa, fiscalidad de las personas físicas a la checa…– podría intentar contrarrestar la desconfianza internacional. Pero es exactamente lo contrario lo que impera.

Cuarta idea falsa: Catalunya se financiaría mejor en los mercados internacionales, ya que estaría libre de toda conexión fiscal con Madrid, y sería más rica.

Sin embargo, esto presupone tener un crecimiento fuerte que alimente sus presupuestos. ¿Cuál sería el motor de este crecimiento? Ni el mercado interno, ni la inversión extranjera. Si la economía catalana, ya sospechosa a los ojos del mundo, se estancara, no encontraría ningún recurso en los mercados y debería ir a mendigar ayuda, pero no a una Unión Europea de la que no formaría parte, sino a un Fondo Monetario Internacional que la trataría con rigor. Es una infantilidad creer que las dificultades actuales de financiación de Catalunya sólo se explican por un desequilibrio fiscal con Madrid.

Quinta idea falsa: la creencia en la irresistible voluntad popular, la idea de que, ante una victoria en un referéndum, ninguna regla institucional se resiste. Es una visión muy robespierrana creer que la democracia se reduce al sufragio universal. En realidad, desde Montesquieu sabemos que el funcionamiento democrático impone a la vez el respeto del sufragio y la aceptación de reglas de derecho. Un referéndum ganado unos puntos por encima de la mayoría no puede borrar los límites que establece la Constitución española, el veto de no pocos estados miembros, las reticencias de Bruselas…

Sería ciertamente una baza, pero en ningún caso una autopista hacia un hecho consumado. Por parte del Govern catalán, eso supondría una brutalidad casi revolucionaria que provocaría la marginación de Barcelona en Europa, algo que no se puede permitir.

¿Qué es un error fatal? Una decisión, a menudo tomada en periodos de crisis, que tiene carácter irreversible y cuyas consecuencias son incalculables. La independencia de Catalunya se ajustaría, sin duda, a esta definición.

Presentación del libro de Otaola
Mayor: "Lo que ocurre en Cataluña no es circunstancial, empezó en Perpiñán"
El eurodiputado del PP admite que hay "muchas razones para el desconcierto", y habla claro sobre ETA y el órdago secesionista de Mas.
J. Arias Borque Seguir a @ariasborque Libertad Digital 11 Enero 2013

El Salón de Grados de la Universidad San Pablo CEU fue el escenario este jueves de la presentación del libro de Regina Otaola y Jorge Mendiola El Precio de la Libertad, en el que la exalcaldesa de Lizarza cuenta de primera mano cómo vivió el día a día al frente de uno esos municipios guipuzcoanos que conforman la espina dorsal del apoyo a la banda terrorista ETA.

En ese escenario reapareció el que fuera ministro del Interior y actual líder de los populares en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, alejado en los últimos días de la primera línea política tras un pequeño accidente en un aeropuerto, quien volvió a advertir sobre el proyecto de la banda terrorista para romper España.

Aseguró que ETA "ha dado un salto inédito e histórico hacia Cataluña" porque se dio cuenta de que "la ruptura de España que es su auténtico proyecto, su objetivo o su obsesión, no se podía llevar a cabo sólo desde el País Vasco" y que la principal muestra de ello fue el pacto que alcanzó con ERC en la localidad francesa de Perpiñán, que desembocó en la tregua etarra para Cataluña, "la única de su historia que nunca ha revocado ni alterado".

"ETA está hoy especialmente atenta y vigilante del proceso que ella puso en marcha en Perpiñán con ERC, hoy de nuevo pieza clave de Cataluña", añadió, tras lo que aseguró que "lo que está sucediendo, singularmente en Cataluña, es todo menos circunstancial y episódico".

El ex ministro del Interior pidió evitar el engaño: "No nos hagamos trampas en el solitario: todo lo que hoy empezamos a sufrir forma parte de un proceso y de un proyecto que sigue su camino".

Por esto mismo, negó la sociedad española se encuentra ante los últimos coletazos de ETA previos a su disolución, tal y como se podría intuir. "Hablar del final de ETA en un momento de máxima fortaleza y expresión del proyecto del movimiento nacionalista en Cataluña y a la expectativa del País Vasco es no comprender lo que tenemos ante nosotros", advirtió.

Consideró que las elecciones autonómicas celebradas en el País Vasco y en Cataluña de forma casi continuada el pasado otoño no fue algo casual, sino que se utilizaron para "asentar y confirmar" esa fase rupturista. Sirvieron para "concretar a los protagonistas", especificó.

En esta línea, planteó qué habría pasado si EH Bildu hubiera obtenido una sólo diputado más que el PNV o si la suma entre EH Bildu y el PSE hubiese dado la mayoría absoluta. "El PNV no estaría gobernando ahora", dijo, mostrándose seguro de que socialistas y proetarras habrían llegado a un acuerdo de gobierno. A su juicio, el hecho de que el PNV gobierne ha hecho que "la vanguardia de la ruptura esté ahora en Cataluña".

Por todo esto, mantuvo que para frenar el envite rupturista catalán no basta con utilizar los instrumentos jurídicos de los que dispone el Estado de Derecho, sino que "hay que entrar de lleno en la disputa de las ideas". "Nos equivocamos si pensamos que va a dar marcha atrás –el invite rupturista–, incluso la percepción de la corrupción que les envuelve les estimulara a seguir hacia adelante", pronosticó.

España / ETA
La izquierda «radical» apoya a etarras que asesinaron a 22 niños
Pilar Bardem y Willy Toledo secundan la marcha en favor de los presos
J. M. Zuloaga / M. Casado. Madrid. La Razón 11 Enero 2013

Sin memoria y sin pudor alguno, personajes como Pilar Bardem, Willy Toledo, Oriol Junqueras, Juan Manuel Sánchez-Gordillo o Lluis Llach, entre otros, apoyan la marcha que tendrá lugar mañana en Bilbao en favor de los presos vascos, los de ETA, los mismos sobre los que pesan cientos de asesinatos (300 de ellos sin esclarecer y que probablemente quedarán así ante la nula voluntad de la banda de aportar los datos necesarios). De ellos, 22 eran niños. La mayoría murió por el simple hecho de ser hijo de un guardia civil o un policía. Al menos diez de sus asesinos están todavía en prisión.

El asunto de los presos, que el Gobierno, con buen criterio, se niega a negociar con la banda a cambio de un «desarme» –si nos remitimos a casos parecidos no dejará de ser una pantomima–, se ha convertido en un auténtico problema para Batasuna, hoy representada por Bildu, Amaiur y Sortu. Lejos de asumir que los que negociaron el «proceso» en la anterior legislatura (nacionalistas, socialistas y proetarras) se equivocaron en sus estimaciones, pretenden ahora que el Gobierno pase por el aro, por lo que ejercerán todo tipo de presiones.

Sin arrepentimiento
Lo que no deberían ignorar los que apoyan la convocatoria es que, al prestar su firma para la campaña de los proetarras, están apoyando a peligrosos asesinos, que no se han arrepentido de ninguno de sus crímenes, ni siquiera de aquellos en los que las víctimas eran niños.

De los 22 menores asesinados por ETA, aún se desconoce la autoría de varios de ellos, como es el caso de la primera, María Begoña Urroz Ibarrola, de año y medio de edad, asesinada en San Sebastián, en junio de 1960; o María del Coro Villamudria Sánchez, de 17, asesinada también en la capital donostiarra el 15 de abril de 1991. Iba en el coche, que conducía su padre, policía nacional, junto a sus tres hermanos. Antes de que el agente pudiera mirar si había una bomba, el artefacto hizo explosión.

El 23 de marzo de 1980, murió en Azcoitia (Guipúzcoa) el niño José María Piris, de 13 años. Golpeó con la pierna un paquete que había en la calle (se había desprendido de los bajos del coche de un guardia civil). Contenía una bomba y se produjo la explosión. Entre los condenados por este crimen figura uno de los pistoleros más sanguinarios de la banda, Jesús María Zabarte, alias «Garratz», del «comando Donosti».

Alfredo Aguirre Belascoin, de 13 años, murió en Pamplona el 30 de mayo de 1985, en el mismo atentado en el que fue asesinado un policía. Los terroristas, que ya se encuentran en libertad, accionaron la bomba pese a que vieron perfectamente que el niño podía ser alcanzado por la explosión.

Daniel Garrido Velasco, de 14 años, era hijo del gobernador militar de Guipúzcoa, el general Garrido. Los etarras José Antonio López Ruiz, «Kubati», y José Miguel Latasa, «Fermín», que viajaban a bordo de una moto, colocaron una potente bomba en el techo del coche, lo que causó la muerte del militar, su esposa, su hijo y una transeúnte.

Hipercor y Zaragoza
El atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, se llevó por delante la vida de cuatro niños, que se encontraban en ese momento en los grandes almacenes con sus padres para hacer las compras de cara a la época estival. Sonia Cabrerizo Mármol, de 15 años; su hermana Susana, de 13; Silvia Vicente Manzanares, también de 13 años; y su hermano Jorge, de 9, fueron las víctimas infantiles de las 21 causadas por ETA ese día. Los autores fueron Domingo Troitiño, Josefa Ernaga y Rafael Caride. Este último va ahora de arrepentido, pero el día del múltiple asesinato no tuvo ningún reparo en cometer la masacre.

Unos meses después y con el fin de acreditar que estaban dispuestos a cometer las mayores atrocidades, el «comando Argala», que dirigía Henri Parot y que estaba integrado por etarras franceses, hizo estallar un coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. De las 11 víctimas mortales, varias eran menores: Silvia Pino Fernández, de siete años; Silvia Ballarín Gay, de seis; Rocío Capilla Franco, de 12 años; Pedro Alcaraz Martos, de 16; y las gemelas Esther y Miriam Barrera Alcaraz, de tres.

Este mismo «comando» perpetró, el 23 de noviembre de 1988, un atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, en el que murió el niño Luis Delgado Villalonga, de tres años.

El «comando Barcelona», con una nueva formación, fue el autor del atentado contra la casa cuartel de la Benemérita en Vic (Barcelona). Los terroristas Monteagudo, Erezuma (ambos muertos en un enfrentamiento posterior con la Guardia Civil) y Zubieta lanzaron el coche bomba al interior del cuartel a sabiendas de que en el interior jugaban decenas de niños. Fallecieron María Cristina Rosa Muñoz, de 14 años; María Dolores Quesada Araque, de 8; Ana Cristina Porras López, de 10; Vanesa Ruiz Lara, de 11; y Francisco Díaz Sánchez, de 17. Fabio Moreno, de dos años, murió en Erandio (Vizcaya) el 7 de noviembre de 1991 al hacer explosión una bomba que los terroristas, al frente de los que se encontraba Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi», introdujeron en el interior del coche de su padre, un policía nacional. Un nuevo atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil, en este caso el de Santa Pola, el 4 de agosto de 2002, costó la vida a Silvia Martínez, de seis años. El «comando» estaba integrado por Andoni Otegui y Oscar Celarain.

La UNESCO estudiará la exclusión del castellano en las aulas catalanas
El movimiento cívico 12-O envía una carta a este organismo para tratar de poner fin a "la violación de derechos civiles de los catalanes"
 www.lavozlibre.com 11 Enero 2013

Madrid.- La exclusión del castellano en el sistema escolar catalán, así como la reiterada negativa de la Generalitat de Cataluña a cumplir las sentencias judiciales que defienden el bilingüismo, será supervisada por la UNESCO.

El presidente del movimiento cívico 12-O, Àngel Hernández, ha enviado una carta a la Comisión española de Cooperación con la UNESCO, en la que pide la adopción de medidas que pongan fin a “la violación de derechos civiles de los ciudadanos de Cataluña” por parte de “sus autoridades e instituciones, en especial de la Consejería de Educación, la de Cultura y por la legislación emitida por el propio Parlamento catalán”, según publica el diario ‘ABC’.

En esa misiva, la plataforma invoca la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada por la UNESCO el 20 de octubre de 2005 en París, para defender la discriminación de los catalanes “que tienen el idioma español como lengua propia” y que “es lengua común y oficial para esta comunidad autónoma”.

Así, acusa a las administraciones catalanas de incumplir las sentencias judiciales que defienden el uso del castellano en el sistema escolar “perfeccionando con ello la violación de los mencionados derechos civiles de una parte de la población que se ve discriminada por estas actuaciones, sin defensa ni apoyos oficiales”. En este sentido reprocha al Gobierno español su “inhibición” en este asunto.


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