AGLI Recortes de Prensa    Domingo 13  Enero 2013

Pujol tiene motivos para mostrarse tan nervioso
EDITORIAL Libertad Digital 13 Enero 2013

Tras varias semanas de escándalos continuos, en las que gracias a la labor investigadora del periódico El Mundo hemos empezado a conocer las andanzas financieras de su familia, el expresidente Jordi Pujol compareció este viernes ante las cámaras de televisión para ser entrevistado en una cadena nacional. En realidad fue un monólogo inconexo interrumpido eventualmente por los intentos de la entrevistadora de hacer que Pujol respondiera a sus preguntas, pero incluso en ese peculiar formato quedaron de manifiesto las dificultades del patriarca del nacionalismo catalán para explicar el enriquecimiento espectacular de su boyante dinastía.

Pujol, que ha estado más de veinte años al frente de una alta responsabilidad política del Estado, se atrevió a motejar de "policía política" al departamento de las fuerzas del orden especializado en la investigación de delitos financieros como los que presuntamente habrían cometido él, su señora esposa y varios de sus hijos. Esa actitud entre displicente e insultante hacia la policía y los órganos judiciales sólo cabe explicarla por la impunidad de la que se ha beneficiado siempre el nacionalismo, con más de tres décadas de corrupción estructural a sus espaldas sin la menor consecuencia penal o pecuniaria para sus protagonistas más destacados.

A la ya anunciada petición de imputación de Oriol en el caso de la trama corrupta de las concesiones de ITV, es muy probable que se sumen otra serie de acusaciones formales en el entorno de los Pujol tan pronto como fructifiquen las líneas de investigación abiertas. Nada de eso parece preocupar al "padre del nacionalismo catalán", como le llamó la entrevistadora, que mostró su completa seguridad de que cualquier imputación judicial "quedará en nada", tal y como ha venido ocurriendo sin solución de continuidad en los escándalos de corrupción acumulados por el nacionalismo catalán desde que Pujol se hizo con sus riendas.

Los desatinos de Pujol cuando abordó cuestiones de fondo, sus flagrantes mentiras sobre la "lealtad" del nacionalismo hacia España y su despiadada complacencia con agravios injustificables como la inmersión lingüística no fueron ninguna sorpresa dada la trayectoria política del personaje. Es la ideología que el nacionalismo viene impartiendo a sus compatriotas con un éxito electoral más que notable gracias a la complacencia culpable de los otros poderes del Estado. Sólo cabe esperar que la Justicia sea esta vez una excepción y trate a los padres del nacionalismo -y a todos sus hijos- exactamente igual que al resto de los ciudadanos.
 
Políticos y periodistas al servicio del gran engaño de la "democracia española"
Francisco Rubiales Periodista Digital 13 Enero 2013

Muchos españoles estan hartos de que políticos y periodistas hablen a diario de "la democracia española", como si existiera, ocultando al pueblo que el sistema político español no cumple ni una sola de las reglas básicas del sistema democrático y que lo que tenemos en España no es una democracia sino una dictadura camuflada de partidos políticos. Los últimos que han afirmado, de manera solemne, que España es una democracia son el nacionalista Artur Mas, el socialista Ramón Jauregui y el actual ministro José Ignacio Vert.

Para saber si en España hay o no hay democracia basta un ejemplo: hasta hace pocas semanas no se ha aprobado un ley que obligue a los partidos políticos publicar sus cuentas, una opacidad en grado mayúsculo que está frontalmente reñida con una democracia que, entre otras muchas cosas, exige claridad y transparencia. Pero existe una prueba igualmente contundente, más reciente: la negativa a dimitir de Durán y Lleida, a pesar de que había prometido hacerlo si su partido resultaba implicado directamente en corrupción, como ha ocurrido al demostrarse que robó fondos europeos destinados a la formación.

La democracia española es una gran patraña, un disfraz repugnante que oculta enormes vicios y déficits, todos ellos contrarios a la democracia. En España no hay separación e independencia de poderes, ni una ley igual para todos, asumida por los ciudadanos, ni procesos electorales libres, en los que los ciudadanos elijan como representantes a quienes deseen, ya que son los partidos políticos los que elaboran esas listas cerradas y bloqueadas que el ciudadano solo puede aceptar o rechazar en bloque, por citar únicamente tres exigencias fundamentales del sistema democrático ausentes en el sistema español.

Pero tampoco existe en España la garantía de una prensa libre e independiente, capaz de conseguir que los poderes sean fiscalizados, ni una sociedad civil fuerte e independiente, que actúe como contrapeso del poder político, ni existen controles, cautelas y contrapesos para controlar al poder, ni los partidos políticos están sometidos a control ciudadano alguno, ni los ciudadanos participan en los procesos de toma de decisiones, ni la voluntad popular es respetada por los políticos, ni los representantes se relacionan con los representados, ni los diputados y senadores, representantes de la soberanía popular, pueden hablar con libertad en las cámaras, ni votar en conciencia y un largo etcétera que convierte a la mal llamada "democracia española" en una estafa de gran calado, diseñada para gloria y provecho exclusivo de las clases dominantes, que operan en el sistema con arrogancia, impunidad y atiborradas de privilegios y ventajas.

Los ciudadanos muy rara vez son convocados a referendum, a pesar de que los gobiernos toman decisiones que chocan frontalmente con la voluntad popular y con los criterios de la inmensa mayoría. En este momento, existen en España por lo menos tres anhelos de inmenso alcance y profundidad que el gobierno y los grandes partidos ignoran y esconden porque no les conviene atenderlos, lo que demuestra el inmenso déficit democrático vigente. El primero de esos deseos es que se castigue a los políticos corruptos que han robado, en especial a los políticos y sindicalistas que han saqueado las cajas de ahorro y a los miles de cargos y ex cargos públicos que no pueden explicar su vertiginoso enriquecimiento. El segundo es que se reduzca drásticamente el tamaño del Estado y que sean expulsados de sus cargos al menos 300.000 de los casi 500.000 políticos que cobran sueldos del Estado, sin aportar nada al bien común, más políticos cobrando que los que existen en Alemania, Francia e Inglaterra juntos, todo un abuso que los partidos y gobiernos mantienen vigente porque así practican el rentable clientelismo y pueden favorecer, colocar a amigos, familiares y militantes, violando el concepto de igualdad de oportunidades, garantizado por la Constitución. El tercero es que se inicie con firmeza un rápido camino hacia el establecimiento en España de una verdadera democracia, donde la Justicia y los demás poderes del Estado sean independientes, donde se castigue a los delincuentes, se acabe la sucia impunidad de los políticos y se establezcan las bases para disfrutar de un Estado decente y al servicio del bien común, no al servicio de las cada día más odiadas "castas" políticas.

La gran estafa de hacer pasar por democracia lo que no es sino una sucia oligocracia es toda una conspiración contra el pueblo en la que participan las tres profesiones más desprestigiadas y odiadas del país: políticos, periodistas y jueces. Los políticos y periodistas, conscientes de que esa democracia no existe y que está cargada de abusos, corrupciones, carencias básicas y arbitrariedades, hablan de ella como si existiera y disfrutan de los frutos de la violación del sistema, mientras que los jueces ignoran su deber de castigar a los que están estafando al pueblo diariamente, prostituyendo el sistema que rige nuestra convivencia y desarrollo y robando dinero público y privado.

Voto en Blanco
Oxigeno financiero, monoxido separatista y veneno madrileño
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 13 Enero 2013

El 21 de noviembre de 2011, al día siguiente de las elecciones generales que dieron el triunfo al PP, la prima de riesgo estaba en 470 puntos. Durante el mandato de Rajoy llegó a un mínimo de 299,8 , el 1 de febrero de 2012, y a un máximo de infarto de 638 puntos el 24 de julio, con un pico, a media sesión del día siguiente, de 658 y un interés del bono a 10 años del 7,7%. Ayer cerró en los 330 puntos con los intereses por debajo del 5%., un 4,8% impensable tan sólo hace semanas. El alivio del Gobierno y del presidente era palpable y comprensible. La desolación de los profetas del Apocalipsis que llevan cinco meses anunciando el rescate para mañana solo entendible desde la vanidad afectada o por intereses políticos. Es más sus voceros mediáticos, a veces ellos mismos, minusvaloraban y despreciaban como intrascendente lo que les parecía determinante cuando las cosas pintaban peor que mal. Vamos que esa rebaja a la mitad desde aquel vértigo insostenible y el substancial ahorro en intereses a pagar les parecía una bagatela. Además el rescate llegará. Sí o sí. Lo han profetizado ellos.

Pero lo innegable es que España respira y que el muerto que tantas veces se ha matado se permite resollar. Los inversores extranjeros vuelven a comprar nuestra deuda y la subasta del tesoro se saldaba de manera sobresaliente colocando 5800 millones, 800 por encima del máximo previsto, y a unos intereses un 24% más bajos que al final del año pasado. Que es una pasta que se ahorra. Hay más. También acudían a financiarse las empresas y lo conseguían con holgura y hasta con mejores precios que el propio Estado e incluso alguna comunidad, con Madrid a la cabeza, se ha atrevido y logrado ese objetivo. La bolsa que llegó en el verano pasado a estar por debajo de los 6000 ha remontado por encima de los 8.600 y la cota de los 9.000 parece asequible a corto plazo. En lo económico, pues, para turbación inaudita de los agoreros, no ha comenzado mal el año. Incluso se alumbró una noticia positiva del paro. Que, sin embargo, y esa es nuestra esencial tragedia, no tardará en dárnoslas espantosas con la próxima EPA y con los meses duros que lo van a ser tremendos al menos hasta primavera.

Pero si en lo financiero había oxigeno, el monóxido de carbono tóxico de un problema que ya es más que político, el de la secesión de Cataluña, seguía expandiéndose desbocado. En horas 24 y tras la inauguración del AVE el tandem ERC-Mas (en ese orden, pues los que mandan van delante) daban un paso más en su deriva de ruptura separatista. El in crescendo continuo y la provocación sistemática van a ser la hoja de ruta por ese lado. Y ante ello hay quienes consideran que la respuesta habría de ser hacer sonar de inmediato los clarines.

Sin embargo no es en absoluto, y por fortuna y con inteligencia, esa la actitud del Gobierno y su presidente. Artur Más busca ansioso con su provocación la reacción para presentarse aún más como la victima abofeteada. Pero creo que se ha comprendido que no es a él a quien deben enviarse los mensajes. Eso es inútil, él ya no puede bajarse del tigre en que cabalga. Es a los catalanes a quienes ha de dirigirse y ante quienes deben exponerse las razones, los hechos y las conveniencias. Desmontando la mentira y la premisa falsa de que se les acogota, se les expolia y se les saquea. Ni hay tal ni tampoco que se pretenda oprimir sus señas identitarias ni en legua ni en autogobierno sino que si hay algo cierto es lo contrario: la pretensión de excluir y extirpar las que nos son comunes. Esa va a ser la larga y tortuosa batalla en la que nos vamos a ver enfrascados y que nos va a consumir y hasta hastiar. Pero hay que dar sin desaliento ni dejación. Con prudencia y mesura pero también con la firmeza, la ley y la autoridad cuando proceda. Que es más que probable que llegue el momento que proceda y será entonces cuando, cargados de razones, haya que actuar con toda la contundente serenidad que la ocasión requiera. Pero entonces. No dejarse llevar ahora por la espiral en la que están ellos metidos y en la que pretenden meternos a todos. Y ello sin hablar donde les aprieta el zapato que es por los dineros y las cuentas volanderas.

Si el paro será es el gran toro y el peor de los morlacos de este Gobierno, si impedir la secesión de Cataluña es su mayor reto no deja tampoco de tener su aquel la zozobra interna que no ceja y que tiene nombre de Madrid. El PP tuvo y tiene ahí un bastión que parecía inexpugnable. Hoy se agrieta y se le caen las almenas a cachos. Con el añadido de que se prosigue en la contumaz predisposición a meterse en todos los charcos y hasta pisar avisperos- alinearse con Más en la medida del euro por receta no es menor- donde al final se sale con dolorosos aguijonazos. Madrid es el problema interno y mañana electoral del PP. Los recambios de la dupleta enfrentada, pero brillante, Gallardón-Aguirre, perseveran en sus defectos pero carecen de sus virtudes, capacidad y lustre política. Y lo que fuera reluciente escaparate esta hoy algo peor que de rebajas.

Arriado de banderas
Santiago González http://santiagonzalez.wordpress.com  13 Enero 2013

Durante los dos meses pasados ha sido apertura de este blog una llamada al manifiesto ‘Con Cataluña, con España’, que un grupo de ciudadanos firmamos y ofrecimos a la opinión pública como una llamada a la cordura a la vista de la actitud cerril e irresponsable del representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Artur Mas y de una parte de la sociedad catalana que se siente por él representada. ‘Hay gente pa tó’, que dijo el Guerra.

Durante dos meses he mirado cada mañana esta banda de Moebius que los creativos de Cyangraf diseñaron para la ocasión, admirándome de que haya gente que considere incompatibles dos banderas rojas y amarillas. “Es que nosotros tenemos más palotes”, por usar el término de Arcadi Espada en su ‘Correo Catalán’ de ayer.

Prof. JunquerasHe releído el manifiesto. Era un amable intento, muy posibilista, de evitar el desastre y el ridículo. Evidentemente, no ha servido para ello, como cabía esperar, pese a la sencillez de su texto. Algo más complejo se escaparía a la capacidad de comprensión del par director de la ópera bufa que se está representando ante nuestros ojos. De los dos, el que piensa, el intelectual es el que pueden ver aquí al lado en el gran retrato que me envía Arcu.

Uno ya partía del pesimismo antropológico, pero le cabía la esperanza de que se sintieran derrotados por el sentido del ridículo, un último baluarte del seny pequeñoburgués, como el de aquel librero religioso de Segovia en un guión de Azcona y Berlanga que no pudo ser. El Concilio Vaticano sorprendió al hombre con un gran stock de misas en latín. Su mujer le convence de que se queme a lo bonzo en lo alto del acueducto. Y el matrimonio cruza la plaza del Azoguejo hacia el lugar del sacrificio. Delante, la mujer, que lleva una tea encendida en la mano. Detrás, el pobre marido, arrastra dos latas de gasolina mientras dice quejumbroso: “Que no puede ser, María, que ya verás como volvemos a hacer el ridículo”.

En la versión catalana el librero es Artur Mas y su señora, Oriol Junqueras, el profesor, su socio y su más peligroso adversario, por decirlo con palabras de una canción de Sabina, ‘A la orilla de la chimenea”:

su estacion y su tren
su mal y su bien, su pan y su vino
su pecado, su Dios, su asesino…

Lo más grotesco de todo es que Artur camina tan ufano con sus latas, poniendo esa sonrisita esquinada de tío astuto que pone siempre para las fotos desde la Diada. La última frase del quinto punto explicaba bien el por qué del manifiesto: ”… no estamos dispuestos a asistir al fracaso de un orden democrático en el intento de abordar la solución a problemas que solamente pueden verse agravados con el recurso a traumáticos expedientes de ruptura.”

Todos los intentos no han bastado, no ya para restaurar el sentido común, como se pedía a continuación (“Terminamos haciendo apelación a la cordura, la responsabilidad y la prudencia como actitudes indispensables para hacer frente al reto que algunos pretenden plantear a la sociedad española”) sino para hacer que un alto responsable público se comporte con un mínimo de decoro, y de respeto a los ciudadanos y a las instituciones

Toca arriar las banderas. Lo que sí conserva, sin embargo, toda su vigencia, en cambio, es la frase final: “manifestamos nuestra confianza en el marco constitucional y en el Estado de Derecho como terreno idóneo para la búsqueda de soluciones sobre el futuro de España.”

Aclaración final: El artículo 155 de la CE forma parte del marco constitucional y del Estado de Derecho, naturalmente

Causas del golpe
JUAN CARLOS GIRAUTA, ABC  13 Enero 2013

· No cabe esperar una sola causa en los procesos complejos. Ponderadas con el peso que c a da cual desee atri – buirles, señalaré ocho. Tales causas, entrelazadas, están en el origen de la presente compulsión catalana hacia la auto destrucción. A saber:

La paulatina pérdida de la ventaja empresarial a medida que ha avanzado el proceso de globalización. La hegemonía política, durante tres décadas, en el gobierno y fuera de él, de una formación maniquea con vocación totalizadora. La debilidad de una sociedad que se creía libre y emprendedora y que, sin embargo, se plegó dócilmente al proyecto pujolista. La decidida infiltración y toma de cualesquiera nodos de conexión social, sin importar el carácter, para la causa de la construcción nacional, dejando que operara, a partir de ahí, la implacable lógica que la politóloga Elisabeth Noelle-Neumann llamó «espiral del silencio»: no importa expresar lo que yo pienso; importa identificar la opinión (supuestamente) mayo ritaria para s umarme a ella . La identificación, a lo largo de un cuarto de siglo, de la formación política hegemónica con una enorme Administración de nueva planta, y la consiguiente normalización del amiguismo, el nepotismo, la opacidad pública y la confusión de intereses públicos y privados.

La posibilidad de actuar impunemente durante aquella etapa (el pujolismo), y el no tener que asumir responsabilidades durante la siguiente (los tripartitos). La coincidencia del regreso al poder de sus «verdaderos dueños» –los forjadores convergentes, los que jamás perdieron el control de los medios de comunicación públicos y privados– con la ruina de la Generalidad precipitada por sus fugaces sustitutos. La inexplicable traición del socialismo español, que proporcionó con Zapatero el detonante del actual proceso separatista en forma de Estatuto de autonomía i nconst i tuci o nal , que aprobó en el Congreso semejante pieza sin ruptura de su disciplina de voto y que mantiene la falacia de que el partido nacionalista PSC, convertido haca mucho en ala socialdemócrata del movimiento nacional creado por Pujol, opera como PSOE catalán. Ruina genera l , horizontes penales, cobardías, traiciones y miedo se combinan en el próximo golpe de Estado.

¿Golpe de Estado, dice? Sí, digo. Pero si molesto, adelante con la neolengua. Llámese como pluguiere a declarar solemnemente en sede parlamentaria la soberanía de un pueblo que es fracción de otro pueblo soberano, en la historia y en la Constitución. Etiqueten a su gusto el anuncio formal de que un trozo del Estado se dispone a romper España. Opten, frente al rico léxico español en materia de asonadas, alzamientos, rebeliones, sediciones y golpes, por llamarle a lo de Mas y Junqueras lo que sea: inconveniencia, impertinencia, cosa, broma, presión, tontería, cor-tina de humo, bluf, farol , bacalao. Siempre que convengamos antes el significado, algo así como «quiebra organizada de la legalidad vigente por parte de autoridades políticas que, excediendo claramente sus funciones, tratan de imponer un nuevo orden, anular la fuerza de la ley y de las sentencias judiciales en una part e del territorio y alumbrar por la fuerza de los hechos un nuevo Estado». Bacalao.

No hace falta acudir a la fuerza de la historia ni ponerse estupendos. Sepamos y comprendamos que un Estado troncal de Europa no se va a romper si no quiere, o si no lo rompen otros por la fuerza. Lo segundo es impensable, y lo primero es como es, al menos mientras la viciosa queja del agravio no destroce del todo los nervios al personal y nos manden al cuerno a los catalanes por hartazgo. El nacionalismo va a perder porque no puede ganar. Carece de la fuerza y del talento, y es muy vulnerable: esconde demasiada basura. La compasión obliga a contárselo cuanto antes.

Cataluña
Error fatal
Redacción www.vozbcn.com 13 Enero 2013

Alain Minc, asesor político, economista, empresario y escritor francés, en un artículo publicado en La Vanguardia el pasado viernes:

‘Pocos extranjeros hay más prohispánicos que yo y, entre ellos, menos aún que estén tan convencidos como lo estoy yo de que Cataluña ha sido el estímulo de España. Estímulo en materia de valores democráticos, de espíritu emprendedor, de apertura al mundo, de dinamismo cultural… De ahí mi incomprensión y mi pesar por el error fatal que se vislumbra en el horizonte.

[...] Nadie sabe si la Europa federal existirá algún día. Con sus veintisiete miembros, la Unión Europea y, con sus dieciséis miembros, la zona del euro son construcciones sui géneris que nada tienen en común con una federación y cuyo funcionamiento exige estados miembros tan fuertes como sea posible. Reconfiguradas con una multiplicidad de pequeños participantes, estas construcciones se necrosarían desde dentro.

Otra idea fatal: la convicción de que la Unión, con Francia a la cabeza, acogería de buen grado a una Cataluña independiente. Ya no estamos en los tiempos de la Guerra de Sucesión de 1700, con una Francia que soñaba con una España débil. Ocurre más bien lo contrario: a París le interesa una España fuerte para reforzar el arco mediterráneo de la Unión ante Berlín y su hinterland en Europa central. En cuanto a la propia Unión, sólo puede actuar como un freno para cualquier iniciativa de independencia por miedo a un efecto dominó de un país con problemas de unidad a otro, lo que la debilitaría dramáticamente.

Tercera idea falsa: una Cataluña emprendedora y extravertida encontraría mejor su lugar en la globalización que a través del Reino de España. He aquí una ilusión infantil. No son Israel o Singapur quienes lo desean. Las empresas de una Cataluña independiente no se beneficiarían de un mercado interior potente, ni de un sistema financiero de primer nivel mundial, ni de una incubadora de alta tecnología como es Israel. ¿Por qué los grandes actores económicos tomarían el camino de Barcelona después de un espasmo de semejante violencia? A sus ojos, Cataluña sería sinónimo de riesgos, y las medidas fiscales anunciadas en el marco del actual pacto de gobierno constituyen, desde esta perspectiva, el peor de los mensajes.

[...] Cuarta idea falsa: Cataluña se financiaría mejor en los mercados internacionales, ya que estaría libre de toda conexión fiscal con Madrid, y sería más rica.

Sin embargo, esto presupone tener un crecimiento fuerte que alimente sus presupuestos. ¿Cuál sería el motor de este crecimiento? Ni el mercado interno, ni la inversión extranjera. Si la economía catalana, ya sospechosa a los ojos del mundo, se estancara, no encontraría ningún recurso en los mercados y debería ir a mendigar ayuda, pero no a una Unión Europea de la que no formaría parte, sino a un Fondo Monetario Internacional que la trataría con rigor. Es una infantilidad creer que las dificultades actuales de financiación de Cataluña sólo se explican por un desequilibrio fiscal con Madrid.

Quinta idea falsa: la creencia en la irresistible voluntad popular, la idea de que, ante una victoria en un referendo, ninguna regla institucional se resiste. Es una visión muy robespierrana creer que la democracia se reduce al sufragio universal. En realidad, desde Montesquieu sabemos que el funcionamiento democrático impone a la vez el respeto del sufragio y la aceptación de reglas de derecho. Un referendo ganado unos puntos por encima de la mayoría no puede borrar los límites que establece la Constitución española, el veto de no pocos estados miembros, las reticencias de Bruselas…

[...] ¿Qué es un error fatal? Una decisión, a menudo tomada en periodos de crisis, que tiene carácter irreversible y cuyas consecuencias son incalculables. La independencia de Cataluña se ajustaría, sin duda, a esta definición’.

Entre 27 Europas y 17 autonomías
Fernando González Laxe La Voz 13 Enero 2013

El otro día recibí a un grupo de empresarios chinos y a un emprendedor gallego, asentado en México, que vinieron a preguntarme sobre la situación económica española y gallega. Les comenté que era compleja y con elevadas dosis de incertidumbre y de inquietud. Les preocupaba, asimismo, el marco de funcionamiento institucional, tanto en las esferas europeas como en las autonómicas. Aquí hubo que detenerse más de la cuenta. De una parte, en el ámbito comunitario hay que describir el rol y las competencias que poseen el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. También es preciso detallar el juego de nivelación de fuerzas, de poderes, de estrategias y de toma de decisiones. A decir verdad, no siempre resulta fácil deslindar cuáles son las competencias o sobre qué área se le asigna la capacidad de decidir a cada organismo. De otra parte, tampoco resulta fácil explicar cuándo el Parlamento Europeo posee poder de decisión; o cuándo una normativa europea (reglamento o directiva) es aplicable en uno o en la totalidad de los 27 países. O, finalmente, qué quiere decir el hecho de la puesta en marcha de los libros blancos, azules o verdes que tan a menudo se saca de la manga la propia Comisión Europea cuando intenta ganar tiempo, abrir un debate o recabar opiniones.

En definitiva, los propios interlocutores iban tomando nota, pero cada vez reflejaban en sus rostros una cierta sorpresa y una gran admiración ante lo desgranado del análisis. Y eso que uno enfatizaba, cada cierto tiempo, que todo este procedimiento se había adoptado después de importantes estudios y análisis que buscaban la simplificación administrativa y política, como aquellos escritos que, para abanderar esta nueva dimensión, se habían titulado «el coste de la no-Europa», o los propios textos del presidente Jacques Delors, que nos recordaba la imprescindible unidad de acción.

Una vez explicada la esfera comunitaria, me tocó entrar en el ámbito español. Los empresarios querían saber cómo interpretábamos la unidad de mercado o si las diferencias reglamentarias entre las 17 comunidades autónomas son esenciales o meramente testimoniales. También aquí la explicación no ha sido fácil. De una parte, los requisitos relativos a los condiciones de apertura o de funcionamiento de las empresas pueden llegar a ser diferentes en cada espacio geográfico. Igualmente, pueden ser distintas las prestaciones sociales a que tienen derecho los ciudadanos o los servicios básicos existentes en cada comunidad (educación, sanidad, vivienda, entre otros). Y los regímenes impositivos también son disímiles. En suma, una fuerte asimetría que lleva consigo estrategias de diferenciación muy notables y con distintas velocidades y ritmos. De otra parte, mis interlocutores no llegaban a entender la ostensible heterogeneidad de planteamientos por parte de las comunidades en las áreas transfronterizas o por aquellas autonomías que apuestan por espacios internacionales comunes. Comprenderán, pues, el trabajo que tuve que pasar para explicar cómo nos movemos.

Ya estaba atardeciendo cuando me preguntaban, a la luz de mi experiencia como presidente de una autonomía histórica, cómo es el día a día de un gobernante en esas situaciones. Aquí, mi respuesta fue la clásica de un español: «Quedamos para otro día», que eso es otra lección.

Moraleja: llamo la atención sobre este suceso porque llega un momento en que edificar y construir el edificio institucional europeo nos está llevando a complicar cada vez más nuestra gobernanza. Ya no sabemos si apostamos por un modelo arriba-abajo o desde la subsidiariedad; ya dudamos si el modelo debe ser basado en el intergubernamentalismo, en conceptos federalizantes o en elegir una Europa a la carta; y así sucesivamente. Y si hacemos referencia al caso español, concuerdo con el monarca cuando dice: «Lo que falta es la vertebración del Estado». Y, claro está, es bueno afrontarlo ahora que estamos en una fase histórica que debe marcar un cambio de tendencia y de orientaciones de futuro.

La perniciosa descentralización
JESÚS LAÍNZ.  EL DIARIO MONTAÑÉS  13 Enero 2013

Lo que pueda gestionarse desde cerca, que no se gestione desde lejos. En eso consiste el intocable principio de subsidiariedad en el que se fundamenta toda descentralización administrativa. Evidentemente, nadie en sus cabales discutirá las ventajas de la cercanía para decidir sobre algunos asuntos. Pero eso no convierte el actual sistema autonómico en el único posible.

Por ejemplo, ningún Estado federal, ese modelo ahora tan admirado por algunos, incorpora la neurótica dimensión identitaria de nuestras autonomías. A ningún bávaro, zuriqués o tejano se le ocurrirá jamás que sus respectivos cantones o estados son naciones con poder decisorio sobre su continuidad o no en Alemania, Suiza o USA. Y, por supuesto, no se gastan más dinero en ingenierías lingüísticas que en hospitales. Ni en embajaducas para intentar vender anchoas en Pekín.

Pero las comunidades autónomas tienen más inconvenientes. Por ejemplo, el de la desigualdad ante la ley según dónde viva cada uno, lo que nos devuelve a tiempos feudales. O el de que en cada taifa haya un puñado de robespierres legislando compulsivamente sobre cualquier cosa; eso sí, en nombre del autogobierno y la libertad. O el de que, por envidiucas de nuevo rico, España sea primera potencia mundial en líneas de AVE inútiles y aeropuertos cerrados.

Otro de los desastres de la descentralización es el disparate eólico. Lo lógico sería que los asuntos energéticos, como en cualquier país serio, se planearan y regularan nacionalmente, concentrando, por ejemplo, los generadores en el desértico valle del Ebro, donde no dañarían el entorno y suele soplar un cierzo considerable. Pero en España, para jugar a los estadistas, cada taifa quiere su parcelita de poder.

-¿Cómo vamos a ser menos y a no tener un Plan Eólico si la taifa vecina lo tiene? ¡Pues yo quiero uno más grande!

Y así se destrozan salvaje, ignorante, innecesaria e inútilmente las más bellas y valiosas cordilleras de España.
 
La transversalidad del nacionalismo
David Sabido www.dialogolibre.com  13 Enero 2013

Combatiendo la sinrazón nacionalista desde Alcoy

Existe gran desconocimiento en el conjunto de nuestro país del rápido avance del nacionalismo irracional en la Comunidad Valenciana. Y es que parece que puesto que esta región lleva años gobernada por el Partido Popular, no existe una falta de libertad comparable con otras Comunidades gobernadas por partidos nacionalistas. Nada más lejos de la realidad.

Son numerosos los Ayuntamientos valencianos que mantienen en vigor desde hace años los llamados Reglamentos municipales de normalización lingüística. Unos reglamentos que, analizados con detenimiento, mucho tienen en común con la distinta normativa existente en Cataluña y que impone la utilización de la lengua autonómica en todo el ámbito municipal.

Este tipo de reglamentos comienzan en su primer artículo afirmando que “el valenciano es la lengua propia” del lugar en cuestión. Una afirmación que en una comunidad como Cataluña también han repetido los políticos catalanes desde hace años y que se escucha también en la Comunidad Valenciana con un gobierno popular, dándosele carácter oficial. Todo esto sin que tenga repercusión alguna en el resto de España.

Y bajo esta afirmación se desarrollan toda una serie de imposiciones del valenciano que privan de libertad a todos los sectores de la sociedad. Así lo podemos comprobar en el segundo de los artículos que suele instar a “proteger la recuperación del valenciano y fomentar su uso en todos los actos de la vida ciudadana”. Afirmaciones y ordenanzas que en nada tienen en cuenta si se respeta o no nuestra Carta Magna, la cual prevalece a cualquier normativa municipal o autonómica.

Continuando con el análisis de estos reglamentos municipales de normalización lingüística, encontramos artículos que instan a una serie de prácticas que bien podrían impedir la libre circulación de cualquier ciudadano español en los municipios que ponen en práctica este reglamento, pues dicen estos artículos que “documentos oficiales se realicen en valenciano”, algo que no sólo podría no respetar nuestra Constitución sino que tampoco atiende a la Ley de Bases de Régimen Local. No obstante, esto se repite en posteriores artículos donde se pide “promover el valenciano en todas las dependencias municipales, señalizaciones, servicios públicos, educativos, fiestas locales, planos, etc.”, algo que sirve como argumento en numerosas administraciones locales para discriminar a los castellanohablantes de forma oficial.

Pero cuando no es suficiente la imposición normativa para la privación de las libertades, nuestras administraciones no dudan en utilizar el dinero público para mediante subvenciones incentivar a los ciudadanos a excluir el castellano del ámbito local.

Un claro ejemplo lo tenemos en estos reglamentos municipales, que citan en distintos puntos que “el Ayuntamiento subvencionará o bonificará las actividades de toda clase que utilicen el valenciano como lengua habitual”, “bonificará tasas e impuestos municipales que tengan relación con la normalización lingüística” y “los rótulos públicos de nueva instalación redactados en valenciano se bonificarán con un 50% del valor de la tarifa del impuesto municipal durante el año fiscal en que se instalen”, “los que se sustituyan del castellano al valenciano, se bonificarán con el 90% de la tarifa durante los dos años fiscales siguientes al cambio”.

No existen trabas económicas para la normalización lingüística y pese a que situaciones económicas como la actual deberían obligar a las administraciones a priorizar en el gasto, la normalización lingüística tiene preferencia, pues como hemos podido observar en recientes noticias las administraciones prefieren cobrar diez euros por noche en el uso del sillón en los hospitales antes que recortar este tipo de gasto que no hace más que atentar contra la libertad de los ciudadanos.

Como podrán observar, el relato que aquí les citamos bien podría ser el de cualquiera de las Administraciones locales existentes en Cataluña, pero lamentablemente, lo que describo es el día a día de administraciones locales de la Comunidad Valenciana, gobernada desde hace años por el Partido Popular.

Presos por derecho
editorial El Correo 13 Enero 2013

La multitudinaria manifestación que ayer reclamó en Bilbao la aplicación de los derechos humanos a los presos de ETA fue la expresión de un sentir compartido por miles de vascos a favor de que dichos reclusos perciban los beneficios del cese del terrorismo anunciado por la banda hace ya más de un año. Si los convocantes de la marcha han querido deslindar las aspiraciones de los presos de las decisiones que adopte la organización armada se debe a que no desean condicionar estas últimas en nombre de los encarcelados. Pero la persistencia de ETA conduce a sus activistas a operar en la clandestinidad y a vulnerar la ley, de modo que dos personas más se sumaron ayer a la lista de presos en Francia. La reivindicación de los derechos humanos pretende la victimización de los reclusos de ETA para soslayar que su situación penal obedece al hecho juzgado de que violentaron esos mismos derechos y de forma sanguinaria. Lo que se convierte en una cruel afrenta para los deudos de quienes más han sufrido el embate terrorista. La legítima y razonable demanda de que se mejore su situación penitenciaria en ningún caso justifica darle la vuelta a la verdad. Los victimarios no pueden suplantar a sus víctimas y están obligados, moral y legalmente, a reconocer el daño causado.

Causas del golpe
JUAN CARLOS GIRAUTA ABC Cataluña 13 Enero 2013

No cabe esperar una sola causa en los procesos complejos. Ponderadas con el peso que cada cual desee atribuirles, señalaré ocho. Tales causas, entrelazadas, están en el origen de la presente compulsión catalana hacia la auto destrucción. A saber:

La paulatina pérdida de la ventaja empresarial a medida que ha avanzado el proceso de globalización. La hegemonía política, durante tres décadas, en el gobierno y fuera de él, de una formación maniquea con vocación totalizadora. La debilidad de una sociedad que se creía libre y emprendedora y que, sin embargo, se plegó dócilmente al proyecto pujolista. La decidida infiltración y toma de cualesquiera nodos de conexión social, sin importar el carácter, para la causa de la construcción nacional, dejando que operara, a partir de ahí, la implacable lógica que la politóloga Elisabeth Noelle-Neumann llamó «espiral del silencio»: no importa expresar lo que yo pienso; importa identificar la opinión (supuestamente) mayoritaria para sumarme a ella. La identificación, a lo largo de un cuarto de siglo, de la formación política hegemónica con una enorme Administración de nueva planta, y la consiguiente normalización del amiguismo, el nepotismo, la opacidad pública y la confusión de intereses públicos y privados. La posibilidad de actuar impunemente durante aquella etapa (el pujolismo), y el no tener que asumir responsabilidades durante la siguiente (los tripartitos). La coincidencia del regreso al poder de sus «verdaderos dueños» -los forjadores convergentes, los que jamás perdieron el control de los medios de comunicación públicos y privados- con la ruina de la Generalidad precipitada por sus fugaces sustitutos. La inexplicable traición del socialismo español, que proporcionó con Zapatero el detonante del actual proceso separatista en forma de Estatuto de autonomía inconstitucional, que aprobó en el Congreso semejante pieza sin ruptura de su disciplina de voto y que mantiene la falacia de que el partido nacionalista PSC, convertido haca mucho en ala socialdemócrata del movimiento nacional creado por Pujol, opera como PSOE catalán. Ruina general, horizontes penales, cobardías, traiciones y miedo se combinan en el próximo golpe de Estado.

¿Golpe de Estado, dice? Sí, digo. Pero si molesto, adelante con la neolengua. Llámese como pluguiere a declarar solemnemente en sede parlamentaria la soberanía de un pueblo que es fracción de otro pueblo soberano, en la historia y en la Constitución. Etiqueten a su gusto el anuncio formal de que un trozo del Estado se dispone a romper España. Opten, frente al rico léxico español en materia de asonadas, alzamientos, rebeliones, sediciones y golpes, por llamarle a lo de Mas y Junqueras lo que sea: inconveniencia, impertinencia, cosa, broma, presión, tontería, cortina de humo, bluf, farol, bacalao. Siempre que convengamos antes el significado, algo así como «quiebra organizada de la legalidad vigente por parte de autoridades políticas que, excediendo claramente sus funciones, tratan de imponer un nuevo orden, anular la fuerza de la ley y de las sentencias judiciales en una parte del territorio y alumbrar por la fuerza de los hechos un nuevo Estado». Bacalao.

No hace falta acudir a la fuerza de la historia ni ponerse estupendos. Sepamos y comprendamos que un Estado troncal de Europa no se va a romper si no quiere, o si no lo rompen otros por la fuerza. Lo segundo es impensable, y lo primero es como es, al menos mientras la viciosa queja del agravio no destroce del todo los nervios al personal y nos manden al cuerno a los catalanes por hartazgo. El nacionalismo va a perder porque no puede ganar. Carece de la fuerza y del talento, y es muy vulnerable: esconde demasiada basura. La compasión obliga a contárselo cuanto antes.

Enchufes a babor, enchufes a estribor
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 13 Enero 2013

Que José Luis Baltar es el gran enchufador de Galicia durante los 20 últimos años parece estar fuera de duda. Notable defensor de la familia, al parecer, bajo las amplias alas de una de las diputaciones mejor dotadas de personal de las existentes en España, Baltar ha encontrado acomodo a hijos, hermanos, primos, cuñados y demás parentela por consanguinidad o afinidad de amigos personales y políticos, tejiendo una amplia red de intereses creados que, probablemente, explica la persistencia de su éxito en todo tipo de elecciones.

Baltar tiene, además, otra particularidad, que algunos reputan simpática e incluso meritoria: su desvergüenza. Esa que ciertos intelectuales bonitos interpretan como signo de una especial galleguidad, paisana y popular, frente al supuesto señoritismo de los políticos urbanos. Y es que, pretendiendo recuperar la imagen de los caciques buenos -que es solo una deformada figura literaria-, Baltar defiende, a bombo y platillo (¡y nunca mejor dicho!), que favorecer «a los de casa» es cosa natural, propia de personas sensibles, que conocen el valor de la familia y la amistad.

No comparto, desde luego, visión tan pintoresca, pues creo que el caciquismo, el enchufismo y el nepotismo son, en cualquiera de sus formas, vicios imperdonables en quien administra, en nombre de todos, poder y dinero que se le ha confiado para hacer las cosas limpiamente.

He de reconocerles, sin embargo, que igual antipatía, sino más, siento por aquellos que hacen lo mismo que Baltar -aunque, claro, en distinta dimensión, pues la del ourensano resulta insuperable-, pero agazapando sus trapalladas bajo el discurso anticaciquil, y en ocasiones anticapitalista, más radical que quepa imaginar.

El presidente de la Real Academia Gallega, cuya obra literaria admiro desde siempre, declaró no hace tanto que había votado a la coalición liderada por Beiras en las últimas elecciones autonómicas. Un Beiras convertido en azote del PP, al que ha llamado de todo, menos bonito, año tras año.

Ahora resulta que el presidente de la RAG, que lleva meses exigiendo para esa institución más presupuesto, ha tenido que enfrentarse a la noticia de que contrató en su día en la Academia a su hija y a quien era, a la sazón, novio de esta. Ante las lógicas preguntas de los periodistas al respecto, Ferrín se amparó por dos veces en un sorprendente «sin comentarios».

Pero es obvio que las informaciones sobre su presunto nepotismo sí merecen de él un comentario por lo menos: bien para negar la veracidad de los hechos publicados, si realmente son mentira; bien, en caso contrario, para explicar por qué considera que el mismo tipo de comportamiento que resulta, por ejemplo en el caso de Baltar, merecedor de durísima censura ha de ser en el suyo objeto de un silencio general.

Pujol y su coño
Alfonso Ussía La Razón 13 Enero 2013

No me gusta hacer televisión. Me parece una tortura. Esos focos son desalentadores. Pero sí he acudido en diferentes ocasiones a «Espejo Público», el programa de Antena-3 que dirige y presenta Susana Griso. Lo he hecho porque Susana Griso es una mujer muy inteligente, muy bien educada, muy medida, muy guapa y muy lejana a la vulgaridad imperante. Cuando me ha invitado he aceptado casi siempre su invitación. Motivos menores. Un premio, un nuevo libro o un breve comentario ligado a la actualidad. Entre lo que ella aporta por la naturaleza y el suplemento de los tacones de sus zapatos, Susana Griso es un prodigio que supera con creces los ciento noventa centímetros de altura, y ese detalle impone. No a Pujol. Claro, que Susana Griso no cayó en la descortesía de charlar con Pujol de pie. En la estrategia del sofá toda diferencia física se esfuma y surge la armonía. Hasta don Juan Tenorio se vio obligado al uso del sofá para enamorar a doña Inés, si bien el mérito de la pasión experimentada por la novicia no venía de la brillantez de los versos sino del previo calentamiento a la que fue sometida, mediante hábil soborno, por Brígida, su dueña celestina.

En la escena del sofá de Susana y Jordi Pujol, doña Inés era el segundo, sin duda alguna. Y Susana era el Tenorio, pero sin precisar de ayudas externas. Y en este caso, las preguntas de don Juan en lugar de amartelar y seducir a doña Inés, consiguieron el efecto contrario. Le sacaron de quicio,hasta el punto de que a la inocente novicia se le escapó un «qué coño» de muy complicada amnistía social.

Pujol es una permanente y abierta caja de sorpresas en lo referente a gestos y guiños. Usa más de ellos cuando los argumentos le abandonan. Porque Pujol, aparte del «¿qué coño es eso de la UDEF?», no dijo nada. Bueno, dijo que las acusaciones e informaciones que pesan sobre él y los suyos son inventos del Ministerio del Interior con el único objeto de destrozar a una familia. Es decir, que ni su hijo mayor ni su señora esposa tienen negocios en México y Argentina, que ni Oleguer guarda sus dineros en paraísos fiscales y la Banca Mora de Andorra –con ellos compró los inmuebles adquiridos a Prisa–, y que Oriol, su sucesor político, nada sabe ni conoce de la red beneficiada por las concesiones de la ITV. Fue cuando me pregunté: ¿Por qué, entonces, acude al programa de Susana Griso, si no tiene nada que decir?

Sí habló de su evolución desde el nacionalismo presumiblemente leal a España –pura contradicción–, hacia el independentismo que en la actualidad anhela. La culpa de ello la tiene, por supuesto, España. Pero para decir eso no es necesario desplazarse desde Barcelona a San Sebastián de los Reyes, padecer la suave tortura del maquillaje y enfrentarse a la inteligencia instantánea de Susana Griso. Con unas declaraciones por teléfono a cualquier periódico nacional o regional le hubiera bastado y sobrado.

A mí, personalmente, me apenó su desconcierto. La estructura teatral de un plató me ayudó a figurarme la escena del sofá de la tragedia de Zorrilla, pero al revés. Algo me recordó también a una pieza teatral que se emitió en los principios de TVE, y cuya protagonista fue Rosa Luisa Goróstegui. Hacía de sordomuda y había presenciado un crimen. El policía le estaba sacando de quicio, y la sordomuda habló: «Ha sido el señor Richardson». Como era en directo, hubo cambio de programa. No dijo ¡qué coño!, pero se desquició también.

De ahí mi segunda pregunta. Si todo es mentira, si nada de lo que se escribe es cierto, si la injuria y la calumnia imperan sobre la inocencia de su familia ¿por qué se presentó en un programa de televisión como si fuera Belén Esteban? Pues no lo sé.

¿Cuáles son las consecuencias?
Un tsunami de corrupción política está ahogando a la economía española
LUCIO A. MUÑOZ www.gaceta.es 13 Enero 2013

¿La sociedad es también culpable? ¿Les falta valentía a los empresarios?
No constituye ninguna novedad afirmar que el maremoto de corrupción política que asola España está hundiendo a nuestra economía.

¿Cuántos miles de millones de euros han desaparecido, vía financiación ilegal de partidos políticos, comisiones pagadas por empresas a políticos al objeto de lograr la adjudicación de contratos de la Administración, desvío de fondos públicos hacia paraísos fiscales, indemnizaciones a los responsables de la quiebra de las antiguas cajas de ahorros, comisiones y concesiones irregulares para construir obras faraónicas, subvenciones públicas a empresas de amigos y familiares de políticos, etc.?

¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción política? Subida de impuestos, crecimiento de la tasa de desempleo, rescate financiero, bancarrota de las Administraciones Públicas, fallecimiento de pymes y autónomos, etc.

La impagable deuda y el desbocado déficit de España no son consecuencia de la crisis económico financiera sino de la institucionalización de la corrupción y el despilfarro en la Administración Pública por parte de los gestores políticos.

¿A alguien le sorprende que España sea un país de referencia en materia de fraude fiscal y economía sumergida? ¿Es ético y moral que el Gobierno imponga impuestos confiscatorios y exija honestidad fiscal a los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos mientras multitud de gobernantes políticos corruptos (tanto del PP como del PSOE) sigan protegidos por nuestra politizada Justicia?

La lista de defraudadores que prepara el Gobierno debería estar precedida de otra lista, aún mucho más numerosa, integrada por políticos corruptos.

Si el Gobierno pretende combatir el fraude fiscal y la economía sumergida debería comenzar por despolitizar completamente a la Justicia y dar ejemplo.

El PP, el PSOE, CiU, etc., no pueden seguir tapándose mutuamente los casos de corrupción. El ejemplo por parte de los gobernantes es inexistente, consecuentemente, multitud de ciudadanos piensan, con razón, que sus impuestos están gestionados de forma corrupta.

La supuesta prevaricación en virtud de determinadas contrataciones irregulares por parte del antiguo presidente de la Diputación de Orense, por citar uno de los últimos casos de corrupción aparecidos en la prensa, supone una fórmula de gestión habitual y extrapolable a otras muchas administraciones públicas españolas. La Administración ha sido secuestrada por los políticos e, igualmente, convertida en una fuente de corrupción, para ello, se ha instaurado una forma única de gestionar basada en el clientelismo y el nepotismo.

El Gobierno ha creado, después de un año en el poder, una comisión para estudiar las deficiencias, duplicidades y triplicidades de la Administración antes de proceder a pseudo reformar la misma. Sin duda, nuestro Gobierno se está riendo de las familias, las pymes y los autónomos que no pueden seguir financiando por más tiempo, vía impuestos abusivos, a nuestra insaciable Administración.

Nuestro sistema democrático está totalmente viciado, las instituciones públicas se encuentran absolutamente desprestigiadas y el desencanto de los ciudadanos con la casta política es creciente e imparable.

¿Es culpable la sociedad, al igual que los políticos, de la degeneración de nuestra democracia? El efecto narcotizante del bienestar y la salud económica de tiempos pasados todavía está presente, puesto que la sociedad sigue en un estado contemplativo de sumisión soportando todo tipo de corruptelas políticas.

¿Y la clase empresarial, por qué continúa con su prudencia habitual? Las pymes y los autónomos, masacrados por el Gobierno, deben tomar la iniciativa y formar parte de una sociedad civil que hace falta más que nunca.
En Cataluña, muchas compañías están molestas por la corrupción y la deriva independentista de CiU y ERC pero no se atreven a manifestarlo. ¿Falta de valentía de los empresarios?

La casta política desea mantener el sistema tal como está y, por el contrario, los ciudadanos demandan un cambio radical del mismo. Una sociedad civil unida, madura y solidaria, ni de derechas ni de izquierdas (conceptos obsoletos), debe emerger para cambiar un sistema que la casta desea perpetuar, puesto que es una fuente de privilegios políticos pero que está destruyendo a la economía española.

Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.

Carlos Sánchez El Confidencial 13 Enero 2013
Ese peligroso pacto entre el Gobierno y la banca

Malos tiempos para el ahorro. Y lo que es todavía peor. El Banco de España -es impensable pensar que lo haya hecho sin el consentimiento del Ministerio de Economía- le acaba de dar el golpe de gracia con una medida no sólo discutible en términos económicos. También de filosofía política. Un Gobierno que se proclama liberal ha acabado por decreto con la competencia entre los bancos para captar pasivo.

Ni que decir tiene que quienes pagarán tan discutible decisión serán los ahorradores, que se enfrentan a rentabilidades negativas por sus inversiones. O lo que es lo mismo, tendrán que perder dinero al suscribir un depósito. Una manera como otra cualquiera de prestarle dinero gratis a la banca a costa de su paupérrima renta disponible. No estamos, desde luego, ante una cantidad menor. Al contrario. Por cada punto que se reduzca la remuneración de los depósitos a plazo -sin contar los que están a la vista- la banca se ahorra algo más de 9.000 millones de euros. Una cantidad que representa casi el triple de lo que ganó la banca privada en los nueve primeros meses de 2012, lo que da idea de la tranferencias de rentas que supone la decisión del Gobierno.

La medida, es cierto, tiene una lógica económica indudable. Cuando lo que se pretende es sanear el balance del sistema financiero con el objetivo de volver a abrir el grifo del crédito, no tiene sentido que las entidades compitan entre sí ofreciendo extratipos que sólo deterioran sus balances. Una especie de círculo vicioso en el que había caído la banca, atrapada en sus propias miserias por culpa del ladrillo. En palabras de un sagaz economista que conoce bien las tripas del sistema financiero, estábamos ante un suicidio de la banca nacional con todas sus consecuencias.

La literatura económica está cargada de ejemplos en los que baja rentabilidad de los depósitos acaba generando problemas adicionales derivados de que los ahorradores tienden a ‘buscarse la vida’ a través de instrumentos de mayor riesgo

Se trata de una verdad a medias. Es obvio que el estrechamiento de márgenes está ahí, pero no es menos cierto que el sistema financiero -en medio de un proceso de concentración desconocido en nuestra reciente historia económica- corre el peligro de convertirse en un oligopolio por ausencia real de competencia. Tres grandes entidades se han quedado con el mercado de dinero. Y de ahí que la decisión del Banco de España sea más que discutible. Entre otras razones porque conlleva riesgos evidentes. En particular, porque muchos ahorradores tendrán la tentación de desplazarse hacia otros productos financieros de mayor riesgo para obtener más rentabilidad.

De hecho, ese es el argumento que dio el propio De Guindos cuando acabó con las penalizaciones que impuso Salgado hace un par de años, y que sólo sirvieron para que una parte muy importante de los depósitos se fugara hacia pagarés no protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, sin que muchos ahorradores conocieran este extremo. Un riesgo evidente que había desaparecido.

Un error
Esa absurda decisión, con buen criterio, fue eliminada por el nuevo Gobierno, pero en lugar de aprender de lo ocurrido, lo que se hace ahora es insistir en el error. Pero en lugar de hacerlo con una norma legal clara y precisa, que es lo que se exige en un país democrático, se instrumenta a través de unas espurias recomendaciones ancladas, según se dice, en el MOU firmado con Bruselas, lo cual es de todo menos razonable.

Sí se quiere hacer, que se haga, pero con unas normas claras. De hecho, ni los propios órganos de gobierno del Banco de España conocen el detalle de esas fantasmagóricas recomendaciones impulsadas por el subgobernador Fernando Restoy, que a medida que pasan los meses se ha hecho con el control del banco a costa del gobernador Linde que se ha dejado comer el terreno, como aseguran fuentes autorizadas.

La literatura económica está cargada de ejemplos en los que baja rentabilidad de los depósitos (anclada en la existencia de mercados escasamente competitivos) acaba generando problemas adicionales –una especie de externalidad negativa- derivados de que los ahorradores tienden a buscarse la vida a través de instrumentos de mayor riesgo. Y lo que ha sucedido en los últimos tiempos con las participaciones preferentes (o con instrumentos más zafios como los de Forum, Afinsa…) debiera haber servido como experiencia.

Otra cosa muy distinta es que el Gobierno haya visto la oportunidad de canalizar el ahorro privado hacia la deuda pública para obtener una financiación barata. Pero en este caso, igualmente, la economía española se encuentra ante un sinsentido. Si el sector público se come todo el ahorro -ya está expulsando al privado del mercado de crédito para elevar los abultados déficits públicos- sólo conseguirá dificultar un poco más la financiación privada, con todo lo que ello supone en unos momentos en los que el mercado está seco. O casi.

La medida, en todo caso, recuerda a los célebres coeficientes de inversión obligatoria que reinaron en la segunda mitad de los años 70 y primeros ochenta para financiar al Estado, y que sólo sirvieron para disponer de un mercado intervenido -una especie de demanda cautiva- que no primaba la eficiencia en la asignación de recursos, sino el grado de subordinación al propio Estado. Y este es, en último extremo, el principal defecto de la medida, que supone un intervencionismo impropio en unos momentos en los que lo que hay que hacer es fomentar el ahorro, y no penalizarlo. Sólo falta que los tres grandes -antes eran siete- vuelvan a reunirse en torno a un puchero.

Cartelización de la economía
Los riesgos son todavía mayores si se tiene en cuenta que un sistema financiero excesivamente concentrado puede provocar una cartelización de la economía si a la vez no se imponen límites a la actuación de los bancos, en línea con las célebre ley Glass-Steagall, nacida en los años 30 para separar la banca de inversión y la de depósitos para limitar el riesgo.

Es obvio que el estrechamiento de márgenes está ahí, pero no es menos cierto que el sistema financiero corre el peligro de convertirse en un oligopolio por ausencia real de competencia

La derogación gradual de esa normativa -a pachas entre demócratas y republicanos- está detrás del hundimiento del sistema financiero en EEUU y su contagio en Europa y de ahí que, ahora más que nunca, sea necesario crear en España unas reglas claras que limiten el marco de actuación de la banca, como de hecho ha sucedido en EEUU o Reino Unido con las últimas reformas del sistema financiero. Hay que imponer la salida de la banca de los grupos industriales.

Si los bancos sistémicos son demasiado grandes para caer -y en España tras el proceso de concentraciones lo van a ser todos- es necesario señalar de manera muy clara sus funciones para evitar que la economía financiera se coma nuevamente a la real.

Esa es, en última instancia, la madre del cordero de los actuales problemas de la economía española, bancarizada hasta la náusea, lo que provoca ineficiencias de todo tipo y la existencia de unos mercados financieros estrechos y arbitrarios. Y en los que el crédito escaso y racionado no va a parar a los mejores proyectos de inversión. El riesgo moral es más que evidente toda vez que la banca no cuenta con ningún incentivo para buscar a los mejores clientes dado que la remuneración de los depósitos está topada por esa fantasmagórica recomendación.

Los bancos, con la nueva regulación, tendrán acceso barato -y casi sin límites- a los fondos del BCE, y podrán especular a su gusto, pero si quienes les prestan el dinero son los particulares, tendrán la protección del Estado. Un disparate.

El escándalo del Banco de España al descubierto: ¿Acabará Fernández Ordóñez y su equipo en el banquillo?
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 13 Enero 2013

El 14 de noviembre de 2008, cuando medio mundo se debatía ya en plena crisis, José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Washington para asistir a una cumbre del G-20. La invitación se había logrado tras intensas gestiones diplomáticas y solo después de que el francés Nicolás Sarkozy echara el resto ante Georges W. Bush para que el simple de León –que viajó acompañado por Pedro Solbes y Javier Vallés- pudiera asistir por primera vez a una cena en la Casa Blanca, ofrecida a los participantes de un evento que debía “sentar las bases del futuro sistema financiero internacional”. A la luz de lo ocurrido después, causa sonrojo imaginar que todavía entonces, en pleno maremoto, Zapatero y sus cuates presumieran de tener “el sistema crediticio más sólido del mundo”. Porque de eso iba aquel viaje: de exportar la eficacia de los servicios de Inspección del Banco de España (BdE), del acierto de haber obligado a las entidades a acometer reservas genéricas, y de otras tantas cosas que habían convertido a nuestras Cajas y Bancos en una sólida isla en el mar encrespado de las finanzas mundiales.

Lo ocurrido después es de sobra conocido: más de 50.000 millones de dinero público invertidos en el rescate del sistema; miles de empleados a la calle; cientos de sucursales cerradas; decenas de Cajas desaparecidas en combate, como si se las hubiera tragado la tierra; una Economía estrangulada por ausencia total de crédito y ajustes y más ajustes y más gente a la calle y más recortes… en Sanidad, en Educación, en investigación, y más dolor y más paro, porque no hay un duro para nada ni para nadie, pero sí lo hay, sí lo ha habido, para rescatar del desastre a un sector manejado por un puñado de privilegiados cara duras que, a la hora de la despedida, se han forrado con indemnizaciones escandalosas, se lo han llevado crudo ante la indiferencia del Gobierno y de la Fiscalía. ¿No hay culpables del desastre? ¿Se van a ir de rositas los ladrones de cuello blanco?

El buen hacer de antaño se ha ido desmontando sin prisas pero sin pausa, bajo la presión de las grandes entidades
Desde la aparición de Vozpopuli, y mucho antes en El Confidencial (valga como botón de muestra “Zapatero en las exequias del capitalismo”, noviembre de 2008), quien esto suscribe lleva años denunciando la responsabilidad contraída por los responsables del BdE y, en concreto, por su entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, como resultado de una serie de malas prácticas que, consentidas y/o alentadas por la dirección general de Supervisión, han conducido al desastre actual. Nada se ha movido, sin embargo, al respecto. Siempre la sagrada ley de la omertá. Siempre el mismo lamento: ¿será posible que vayan a irse de rositas sin sentarse en el banquillo? De pronto, todo parece haber dado un giro copernicano esta semana con la aparición de una nota dirigida por la Asociación de Inspectores a sus superiores, relatando las causas que llevaron a relajar, cuando no a paralizar, la supervisión de las entidades y desembocaron en el desastre final. Ha sido Íñigo Barrón en El País el que ha vuelto a poner negro sobre blanco lo que aquí se ha dicho en tantas ocasiones. Y por fin el Fiscal General del Estado ha salido de su marasmo, para anunciar que la Fiscalía investigará las denuncias de los inspectores. ¡Milagro!

“Disponemos de las herramientas legales para supervisar la salud de las entidades y contamos con la tecnología adecuada para detectar prácticas de riesgo”, cuentan dos representantes de los inspectores, acogidos al anonimato. “Con estos ingredientes se han podido solventar con éxito otras crisis no menores, gracias a la labor de titulados muy bien preparados, que deben superar una oposición complicada, que están bien pagados y dispuestos a hacer su trabajo con lealtad, dando la cara, complicándose la vida y sabiendo, en los últimos años, que a menudo el resultado de su esfuerzo iba a terminar en el cubo de la basura… Nuestra función de policía sirvió en tiempos de Mariano Rubio para detectar crisis y sanear el sistema; no ha servido ahora porque los responsables actuales han hecho caso omiso de los informes de la Inspección y han preferido mirar hacia otro…”.

“Todo un bagaje de experiencias acumuladas durante décadas se ha echado por la borda en los últimos años. En realidad el declive empezó con Jaime Caruana durante la era Aznar, pero se aceleró con la llegada de MAFO. El buen hacer de antaño se ha ido desmontando sin prisa pero sin pausa, bajo la presión de las grandes entidades, fundamentalmente del Santander. El problema es que los procedimientos de inspección no han estado nunca regulados por ley, de modo que, cuando se relajan los niveles de exigencia, los informes los firma un solo miembro del equipo y no todos, como antes; se empiezan a suspender o aplazar inspecciones; se saca a los inspectores de las entidades cuando se anuncia una fusión “para no molestar”… Todo eso va preparando el camino del desastre, lo cual no quiere decir que, en el reino de la arbitrariedad en el que vivimos, cuando los jefes quieran ir a por una entidad le “manden los perros” sin ninguna consideración…”.

“Vais a llevar el país a la suspensión de pagos”
“Y podía suceder que cuando llegabas con tu informe y ponías tu firma al pie del mismo, recibieras una llamada del jefe que, en su despacho, te pedía que cambiaras las conclusiones del mismo, porque lo que decías allí, lo que advertías, no se podía poner por escrito, y si te negabas te replicaba que muy bien, que tú verías, que ya harían ellos otro informe con sus conclusiones y `no te preocupes que alguien lo firmará, otro compañero tuyo lo hará´. Y ese alguien solía ascender y progresar, mientras tú te quedabas tieso con tus problemas de conciencia. A principios del año pasado, un compañero de la Asociación –que agrupa al 80% de los inspectores- espetó a uno de esos jefes en plena bronca: “Vais a llevar al país a la suspensión de pagos”. Ocho meses después, el presagio se convirtió en realidad. A pesar de lo cual, a pesar de las dificultades, la mayor parte de los compañeros se han mantenido íntegros, porque éramos conscientes de que nos estábamos jugando los ahorros de la gente…”
“El primer responsable, naturalmente, ha sido MAFO en razón a su cargo, un hombre que se ha entregado a los banqueros y no ha querido molestar, porque ha preferido dedicarse a las musas y al teatro (en general a perorar sobre la reforma laboral y otras cuestiones que no eran de su incumbencia), y mientras ardía Roma y se complacía tocando la lira, dejaba el poder de decisión en manos del subgobernador, Javier Aríztegui, que ha sido quien ha manejado de verdad el BdE y lo ha controlado a su antojo. A sus órdenes ha operado el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, un puesto clave en lo ocurrido, y como tercero en discordia Pedro González, jefe del departamento de Inspección de Cajas, un tipo muy religioso dispuesto a hacer siempre lo que digan “los de arriba”, bajo cuya responsabilidad se ha gestado el drama que ha llevado a la práctica desaparición de las Cajas de Ahorro. Con estos tres se generó la burbuja. Con ellos explota, ante la indiferencia de Fernández Ordóñez”.

El inspector quiere acabar con la práctica de que los jefes manipulen los informes a su antojo o los guarden en un cajón

“Los inspectores llevamos mucho tiempo poniendo en evidencia los fallos del sistema. En vano. Hasta que la Asociación se hizo mayor y empezó a coger fuerza, visitando al Ministro, acudiendo al Parlamento… Ya en 2006 dirigimos una carta a Pedro Solbes poniéndole al corriente de las cosas que se estaban haciendo mal, carta que terminó en un cajón de su despacho. Y todo bajo las constantes amenazas de un Aríztegui que amaga con echar a la calle a quien se mueva e incluso abrirle una acción penal. La filosofía de las alturas es que no se podía dejar que decidieran los inspectores. Al final, los hechos nos han dado la razón, y por eso es preciso que los procedimientos de inspección estén regulados por Ley, que se exija la firma del equipo inspector al pie del correspondiente informe, porque la salud del sistema depende de la calidad e independencia del mismo, de modo que los informes firmados se eleven a la Comisión Ejecutiva para que allí puedan adoptar una decisión fundamentada”.

“Y es necesario que se fije un plan plurianual de inspecciones, anual en el caso de las entidades de mayor riesgo; y que se abra una vía legal para que podamos poner en conocimiento del juez aquellas operaciones con indicios delictivos con las que tropezamos en las entidades, como ocurrió con Bankia; y que los jefes no puedan cambiar a los inspectores de un equipo cuando lo pide el banquero de turno; y que los informes, repito, vayan firmados y tengan existencia jurídica plena, no sean meros documentos Word sin firma electrónica. En definitiva, queremos acabar con la práctica de que los jefes manipulen los informes a su antojo o los guarden en un cajón, porque, como además no quieren asumir responsabilidad alguna, pretenden que firmemos lo que ellos digan y, si nos negamos, pues va sin firma, como ha venido pasando últimamente”.

Susto en el Banco de España con el juez Andreu
“Todo esto y mucho más ha alcanzado cotas de esperpento en el caso de Bankia. Tras la querella interpuesta por UPyD, el juez Fernando Andreu reclamó al BdE la información disponible. Alarma total en Cibeles. Pedro González llama de urgencia a los responsables de esa inspección y les dice que tienen que cambiar los informes de los últimos tres años en el sentido que él diga. Como los aludidos le hicieran la peineta, González acude a la Asesoría Jurídica para ver qué se puede hacer, porque lo que no pueden es contar la verdad. Pasados unos días de frenesí, los jurídicos creen haber dado con la tecla: se trata de poner en cada informe el sello “Borrador sujeto a cambios”… Y ello tres años después, y después de que la entidad haya llevado a España al borde del abismo, y se le hayan inyectado miles de millones de euros… Y cosas tan escandalosas o más han ocurrido en la CAM, donde miembros del equipo que la inspeccionó advirtieron al jefe del Grupo I, Ángel Rico, hoy querellado, que “allí había delito”, sin que el susodicho lo denunciara… Por no hablar de la labor escandalosa de los auditores externos”.

MAFO se ha defendido del escándalo con una carta amenazante a El País este miércoles en la que afirma sin rubor que “La acusación al BdE es gravísima (…) y va más allá de la injustificable e injustificada campaña de desprestigio de la institución que se lanzó a primeros del mes de mayo del pasado año para, en mi opinión, ocultar las consecuencias de una errónea gestión de la crisis de Bankia”. Es el mismo jeta que, en la primavera pasada, y como desde el Gobierno le llamaran un día pidiendo explicaciones, muy alarmados después de que los hombres de la troika de visita en Madrid advirtieran de que el agujero de Bankia era de tal calibre que España tenía que pedir ya mismo el rescate financiero, respondió de esta guisa:

-Pero, ¿de qué cifra están hablando?
-Pues de no menos de 20.000 millones!
-¡Pero qué barbaridad… ni que estuvieran borrachos. Tranquilo, hombre, tranquilo, que eso no es así en absoluto…!

Al frente del Banco de España está ahora Luis Linde, un hombre puesto por Luis de Guindos que, como ocurriera en su día con MAFO, ni siente ni padece. Eso sí, el gachó apunta maneras: ha prohibido los extratipos, ha decretado el fin de la guerra del pasivo. Se acabó la competencia. Acollonante. Con gente tan liberal como ésta al frente de las instituciones, ¿para qué necesitamos un Gobierno de izquierdas? Aríztegui y Tello son ahora asesores del nuevo subgobernador, Fernando Restoy –que, como es norma en la casa, es quien corta el bacalao-, es decir, que están en su despacho leyendo la prensa, eso sí con chófer, secretaria y demás familia. La esperanza, ahora, se llama Eduardo Torres-Dulce: ¿Está de verdad la Fiscalía decidida a abrir una investigación seria sobre lo ocurrido en el antiguo banco emisor? ¿Pagarán sus culpas los gestores de bancos y cajas que han llevado al país al desastre financiero, y los mandos del BdE que lo permitieron? Rematan los inspectores: “Están muy acojonados, porque han prevaricado todos…”

REFORMA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA
Chapuzas en el BdE: informes que tardan dos meses, órdenes a los bancos de palabra....
Eduardo Segovia El Confidencial 13 Enero 2013

La revisión del proceso de inspección del sistema financiero, anunciada esta semana por el Banco de España (BdE), pone de relieve una serie de procedimientos chapuceros y casi increíbles en una institución con una labor tan crucial, a la que se le supone seriedad, agilidad y responsabilidad. Así, hay informes que tardan más de 60 días en llegar del inspector a la Comisión Ejecutiva, se imponen requisitos a las entidades verbalmente "por persuasión supervisora" sin que quede ninguna constancia y, en algunos casos, ni se les comunican los resultados de la inspección.

Una de las acusaciones más frecuentes que se han hecho al BdE es su incapacidad para predecir la crisis financiera sin precedentes que ha sufrido España y para reaccionar a la misma con celeridad una vez que era evidente. En esto puede tener mucho que ver la lentitud de los procesos internos del propio supervisor, que él mismo reconoce en el documento Análisis de los procedimientos supervisores del BdE y recomendaciones de reforma publicado esta semana. En él se asegura que "se ha comprobado que de los 15 informes de inspección firmados y elevados a la Comisión Ejecutiva desde que se implantó la circular, solamente dos han superado los 60 días (aunque por escaso margen, 63 y 68 días respectivamente)".

Es decir, ha habido informes que han tardado más de dos meses en llegar desde el inspector a sus superiores perdidos por los vericuetos burocráticos del caserón de Cibeles. Es más, el BdE considera positivo que sólo dos informes de 15 (el 13%) hayan tardado tanto. El documento no detalla cuánto han tardado los otros 13 informes, ni el tiempo medio que tarda en enterarse la Comisión Ejecutiva del Banco de España de que sus inspectores han alertado de un riesgo grave o directamente de la insolvencia de una entidad.

En este mismo apartado, el BdE asegura que "no ha existido discrepancia alguna de criterio a la que se refiere el artículo 10 de la circular". Una afirmación chocante puesto que los inspectores han denunciado en varias cartas que la dirección política del supervisor ha ignorado sistemáticamente sus alertas e informes sobre la situación insostenible de muchas entidades, y que esa es la principal causa de la incapacidad para remediar la crisis antes de que hubiera que pedir el rescate europeo.

"Persuasión verbal"
Otro elemento sorprendente es la informalidad con el BdE reconoce que ejerce su actuación. El mismo documento admite que "se ha contrastado que en los últimos años las entidades en seguimiento continuado in situ han seguido las recomendaciones y requerimientos de los equipos de inspección y cumplimentado los ajustes planteados (de miles de millones de euros) por persuasión supervisora en la mayoría de los casos, sin mediar escrito formal de requerimientos o recomendaciones. En general las propuestas se han transmitido verbalmente en el transcurso de alguna reunión de seguimiento periódico o por correo electrónico".

Según el análisis del supervisor, esta forma de actuar permite una mayor agilidad -lo cual contradice la tardanza en transmitir los informes- pero tiene la contrapartida de la falta de control y de transparencia al no quedar constancia de estas exigencias. En todo caso, el BdE prevé descartar esta forma de actuación en el futuro, porque es eficaz si se aplica a un par de entidades pero puede acabar siendo caótica cuando la supervisión in situ se va a extender a las 16 entidades de tamaño mediano-grande que quedan tras el proceso de reestructuración del sector.

¿Quién es el responsable?
Asimismo, el supervisor reconoce otro tipo de actuaciones chapuceras: "Se han detectado algunas carencias, indefiniciones y falta de actualización de
procedimientos que convendría corregir. Por ejemplo: a) se ha comprobado que no existe homogeneidad entre los equipos de inspección en la forma de comunicar a las entidades las conclusiones preliminares de las inspecciones ni en la forma de archivar la documentación relativa a las debilidades detectadas; b) en determinados procedimientos no está adecuadamente documentado quién propone, quién da el visto bueno, quién es responsable o quién decide".

Esto da a entender que no se comunica a todas las entidades por igual los resultados de las inspecciones, aunque no detalla si eso se refiere al medio, al plazo o incluso al contenido de esa información (es decir, si se avisa o no a los bancos de todo lo que han encontrado los inspectores). Y también trasluce que a veces existe un auténtico caos en el reparto de responsabilidades y de decisiones dentro de su organigrama. De ahí la necesidad de cambiar el modo de funcionamiento.

El lado positivo de todo esto es que el BdE ha hecho autocrítica, ha reconocido todas estas deficiencias y muestra una decidida voluntad de subsanarlas con el nuevo modelo de supervisión. Y con el cambio del encargado de llevarlo a la práctica, ya que en octubre nombró director general de supervisión a Ramón Quintana Aguirre en sustitución de Jerónimo Martínez Tello

EL CONSUMIDOR , SIN OPCIONES SEGURAS PARA SU DINERO TRAS EL FRENO A LOS EXTRATIPOS
El ciudadano vuelve a pagar: el Banco de España da un golpe al ahorro para salvar a la banca
María Benito El Confidencial 13 Enero 2013

Los españoles se han quedado sin opciones para ahorrar sin riesgo, tras el último golpe del Banco de España, que ha limitado las rentabilidades de los depósitos para evitar más sustos en la banca. Después de que los ciudadanos hayan pagado el rescate de las entidades quebradas de su bolsillo, con el argumento de mejorar la solvencia del conjunto del sistema, este mismo razonamiento se aplica ahora para arrebatarles lo único bueno que les estaba dando la banca: unos tipos de interés altos. Con una inflación por encima del 2% y unas comisiones que no paran de crecer, a las familias les va a costar dinero tener sus ahorros en el banco. Y la deuda como alternativa de inversión ya no es una apuesta ni tan segura, ni rentable.

Las asociaciones de consumidores critican la directriz del Banco de España es por el impacto que va a tener en las familias. "Es una medida anticompetencia", asegura José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). "Es un golpe bajo, una vez más, al ahorrador", denuncia Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Izverniceanu explica que entienden la necesidad de establecer cierta lógica y regulación en el sistema, pero no así, no que se meta un tajo de un día para otro en los intereses que obtienen las familias. Se quedan "sin productos similares donde meter su dinero", dice. "El consumidor se siente desamparado. Si bajan así las remuneraciones, ¿qué nos queda, meterlo bajo el colchón?", pregunta.

Los ahorradores españoles se habían refugiado en los últimos meses en los depósitos bancarios porque con escándalos como los de las participaciones preferentes ha crecido la desconfianza hacia muchos de los productos financieros. “Los españoles buscan seguridad por encima de la rentabilidad”, destacan en la OCU. Además, los expertos explican que todavía no hay cultura financiera suficiente y que a los clientes les cuesta entender otro tipo de productos, incluida la deuda pública.

La postura de ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y seguros) es muy similar: “La medida es injusta, solo beneficia al sector financiero y penaliza por una doble vía a los usuarios. Por un lado, elimina la competencia mediante la intervención de los precios de un producto y, por otro, los niveles de remuneración son inferiores a la inflación, por lo que los clientes pierden dinero”, señala Fernando Herrero, secretario general de la asociación.

Lo que hace el Banco de España ahora es “trasladar el riesgo a los consumidores, porque el resto de productos para conseguir rentabilidad por los ahorros no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos”, añade Herrero. Y destaca que “es una intervención sesgada, porque solo se aplica a los productos de pasivo y no se lleva a cabo, por ejemplo, sobre las comisiones bancarias o los intereses de demora”.

Según denuncia ADICAE, las comisiones no han parado de subir en los últimos años y las expectativas es que continúen al alza y con aumentos superiores a la inflación, pese a que no se aprecia una mejora en los servicios. En 2012 las comisiones aumentaron un 40%, según los datos del Banco de España, con lo que España se sitúa a la cabeza de Europa en este aspecto. Las entidades pueden fijar libremente las comisiones y desde 2011 no es necesario que se lo comuniquen al regulador.

Además, todo esto llega en un momento delicado para la economía y las familias. Los últimos datos del Banco de España ponen de relieve la caída de los depósitos, que al cierre de 2011 ascendían a 1,58 billones de euros, mientras que al cierre de 2012 habían bajado hasta los 1,45 billones. Y eso a pesar de que los bancos españoles habían puesto, en cierta medida, freno a la fuga de depósitos precisamente ofreciendo altas remuneraciones. Esto es algo que se notó en septiembre, cuando el fin de la prohibición de los extratipos se tradujo en una subida de los depósitos tras cinco meses a la baja.

La medida favorece a los bancos claramente, pues elimina la presión de tener que ofrecer elevadas rentabilidades, con el impacto que eso tiene en sus cuentas. Es más, algunas fuentes comentan la posibilidad de que hayan sido los propios bancos los que hayan buscado la medida. Aunque desde varias entidades explican que regular la guerra del pasivo es muy difícil y que existe cierta desconfianza de que algún banco no vuelva a romper el mercado –como ya ha sucedido en el pasado- ofreciendo tipos altos si se puede permitir elevar la ratio de capital y los demás tengan que seguirlo para evitar descolgarse.

Letras, ¿alternativa de inversión segura?
"Hasta ahora no estábamos recomendando invertir en letras del Tesoro", señalan desde la OCU, "porque daban menor rentabilidad". "Ahora vuelven a ser interesantes, dentro de las opciones que hay. Si se quiere seguridad no hay nada más", destaca.

Sin embargo, las letras apenas cubren la subida de los precios. En la última subasta de papel a 12 meses el emisor español lo colocó con un interés marginal del 2,65% y en la de letras a 18 meses se vendieron con una rentabilidad del 2,88%. Hasta esta misma semana no eran una alternativa a los depósitos, que ofrecían tipos del 4%. Pero con la nueva directriz, los depósitos a un año no van a poder superar el 1,75% -cien puntos básicos por encima del precio oficial del dinero a doce meses y 200 puntos para dos años, de acuerdo con la recomendación-.

Por otra parte, hay que recordar que las letras tampoco son seguras al 100%, sobre todo con la aplicación de la nueva cláusula de acción colectiva (CAC), un instrumento que permite al Tesoro aplicar quitas o llevar a cabo una reestructuración de la deuda sin necesidad de que haya unanimidad entre los tenedores de los bonos.

Es decir, la deuda pública es una opción segura solo si el cliente confía plenamente en la solvencia del Estado español. Esta cláusula se aplica a los títulos emitidos a partir del 1 de enero de 2013 y a los que tengan una vida residual superior al año, es una de las principales novedades en los mercados de deuda este ejercicio y constituye un cambio en las condiciones que regulan la relación entre en Estado y los inversores.

No hay muchas más alternativas. La directriz del Banco de España afecta también a las cuentas remuneradas y a los pagarés bancarios –que durante la etapa de la ministra Elena Salgado sirvieron a las entidades para burlar la limitación a los extratipos-. Algunos expertos aconsejan, como opción para el ahorrador los PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático), un producto financiero que –a diferencia de los planes de pensiones- permite rescatar el ahorro en cualquier momento, con penalización fiscal si se recupera antes de 10 años.

El resto de opciones conlleva un riesgo. Las gestoras de fondos han celebrado la medida, ya que desde el sector se creía que las altas rentabilidades de los depósitos distorsionaban el mercado y con la nueva medida del Banco de España, que en teoría es orientativa, los fondos de inversión se posicionan como alternativa, al igual que la renta variable o la deuda corporativa.

Una empresa deja de comprar productos catalanes por las 'vejaciones e insultos' del nacionalismo
Con sede en Valladolid, la compañía envía una carta privada a un proveedor catalán
 www.lavozlibre.com 13 Enero 2013

Madrid.- Una empresa de Valladolid ha dejado de comprar productos catalanes por las "vejaciones e insultos" del nacionalismo catalán. En una carta privada dirigida a un proveedor catalán, la compañía asegura que la "deriva que va tomando el nacionalismo catalán y que es votado por los ciudadanos residentes en Cataluña (no todos) contra el resto de españoles", es la causa principal de que hayan decidido dejar de adquirir productos catalanes.

El dueño de la empresa ha señalado que esta deriva va acompañada de "vejaciones, insultos y desprecios constantes de todo tipo un día sí y el siguiente también", por lo que ha decidido, por principios, no seguir consumiendo productos catalanes.

Por estas razones, la empresa, cuya carta ha sido publicada por el portal digital e-notícies, "se ve obligada a dejar de adquirir productos que sean fabricados en Cataluña o distribuidos desde multinacionales con asentamiento o sede en esa región".

Desde esta empresa de Valladolid han remarcado que "hemos recibido amenazas e insultos desde que esta carta privada ha empezado a circular por la red". "No sabemos cómo ha salido a la luz porque era una carta privada", han explicado.

"Cataluña necesita España y España necesita a Cataluña, pero el empresario tiene unos principios", dicen desde la empresa, una de las primeras en hacerse pública su posición. Al igual que otras grandes compañías, que aseguraron que de producirse la separación se verían obligadas a abandonar sus sedes en Cataluña, o la decisión de la distribuidora de Coca-Cola, -que ya se ha trasladado-, esta compañía vallisoletana ha puesto remedio antes de que la separación catalana pueda producirse e incluso antes de que se produzca la consulta secesionista que pretenden ERC y CiU.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Sobre la Declaración de CiU y ERC
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA* La Opinión 13 Enero 2013

Como escribí hace dos semanas esta vez el nacionalismo catalán va en serio y el texto firmado por las dos fuerzas independentistas, CiU ya lo es de modo manifiesto, así lo demuestra. No es una declaración retórica como la que figuraba en el preámbulo del nuevo Estatut, "el Parlamento de Cataluña recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación", sino que es una "declaración de soberanía democrática del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico iniciando el proceso para hacer efectiva la voluntad de constituir Cataluña en un nuevo Estado dentro del marco europeo?". Si la Declaración se adopta de forma solemne en el Parlamento catalán será algo más que un acto de trámite, algo más que el acto que inicia un procedimiento de debate de una propuesta de reforma estatutaria como ocurrió con la iniciativa del Parlamento vasco con ocasión del Plan Ibarreche. Entonces, 2004, el procedimiento culminó con un texto articulado que fue enviado al Congreso de los Diputados donde fue rechazado por una abrumadora mayoría de votos terminando así dicho procedimiento. La propuesta contenía proposiciones contrarias a la Constitución pero se siguió el procedimiento y no hubo más. Ahora es distinto.

Si, como digo, se llegara a aprobar la Declaración en el Parlamento catalán dicho acto equivaldría a una ruptura jurídica y política de la Constitución tal y como sucedería con una formal y solemne declaración de independencia proclamada desde el balcón de la Generalitat por su presidente. Entiendo que no sería necesario esperar a que continuara el proceso para hacer efectiva la voluntad de constituirse en Estado, ni a que se expresase democráticamente la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y eso porque el parlamento como representante legítimo ya habría aprobado la asunción de la soberanía por el sujeto político y jurídico al que representa. No sería necesario esperar a que el pueblo ratificase nada porque basta con la voluntad de su Parlamento que incluiría también la de su gobierno en pleno.

La impugnación de la Declaración aprobada por el Parlamento catalán por parte del gobierno español conforme al artículo 161.2 de la Constitución produciría su suspensión, y permitiría al TC explicar los motivos de inconstitucionalidad de un acuerdo que declara la existencia de un sujeto soberano distinto del pueblo español. Pero, en todo caso, a mi juicio sería exigible algo más porque no comporta una simple opinión política, en cuyo caso ni siquiera la impugnación tendría cabida, sino un acto formal de ruptura expresa con el Estado del que Mas es representante ordinario y la comunidad autónoma parte, tanto territorial como jurídicamente. Que ese algo más pudiera tener naturaleza penal o consistiera en la adopción de medidas en los términos previstos por el artículo 155, es algo que deberá ponderar el gobierno que, desde luego, no podría limitarse a despachar el asunto como si de una simple ocurrencia se tratara. El asunto es serio y como tal hay que tratarlo, por eso lo mejor es que la Declaración no pase a mayores.

* Es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña

Con ignominia
Pilar Ferrer La Razón 13 Enero 2013

Personajes de baja estofa, estómagos subvencionados, políticos radicales y hasta antiguos prebostes de la más pura derecha lanzados hoy al monte. Toda esta mezcla componen quienes claman por las calles de Bilbao a favor de los presos de ETA. Hete aquí a ese funesto Willy Toledo, encarado siempre contra España. A la matriarca de la Zeja, Pilar Bardem. A un ex consejero de Educación catalán, nada más y nada menos, llamado Ernest Maragall. A voceros de Esquerra Republicana, que ocupan cómodos escaños en el Congreso. Y a un ejemplar inusitado, Federico Mayor Zaragoza, cuya biografía pasa del franquismo al furor abertzale.

Lamentable espectáculo, mientras la ex alcaldesa de Lizarza y portavoz del PP en las Juntas de Guipúzcoa, Regina Otaola, repasa en su libro, «El precio de la libertad», las verdaderas amenazas, durante tantos años, en el País Vasco. Estos activistas de la izquierda, que braman contra una guerra, pero bien olvidan otras. Que ahora exigen muchos derechos para los presos etarras. Y que se sienten insensibles ante la memoria de Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y tantas otras víctimas, ofrecen una chusca imagen. Triste, injusta y escasamente democrática. Con escasos tintes de moralidad ética.

Bajo el paraguas de Bildu, la marca blanca de ETA, salen estos pancarteros a las calles de Euskadi. Discutible es la decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de autorizar una marcha que ensalza a los reclusos etarras. Como también lo es su rechazo a la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que había solicitado su prohibición. Eterna doble vara de medir los derechos humanos, ante una manifestación que se hace con ignominia. Es decir, convocada y jaleada como una afrenta pública.

El espejo roto del soberanismo
El periplo del ‘plan Ibarretxe’ sentó un precedente sobre las respuestas al independentismo
La propuesta vasca fue tumbada por la vía política y judicial
Vera Gutiérrez Calvo Madrid El País  13 Enero 2013

Hasta que, en plena crisis económica, una ola soberanista inundó Cataluña el pasado otoño, el mayor desafío nacionalista al que el Gobierno central se había enfrentado en las últimas décadas vino del País Vasco, estalló en 2003 y se llamó plan Ibarretxe. La manera en la que el Ejecutivo —primero con el PP y luego con el PSOE— hizo frente a aquel órdago, los argumentos políticos y jurídicos que se utilizaron y su recorrido judicial constituyen el espejo ante el que muchos colocan ahora el desafío planteado por CiU y ERC desde Cataluña.

El plan Ibarretxe —la propuesta de nuevo Estatuto abanderada por el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, del PNV, que pretendía alterar el encaje de Euskadi en España con un nuevo estatus de “libre asociación” y soberanía propia— fue tumbado en el Congreso de los Diputados y en el Tribunal Constitucional. Hubo tres momentos clave en ese periplo, que ahora podrían repetirse en el caso catalán. Fueron estos:

1. La Cámara vasca inicia el trámite, el Gobierno impugna
El 25 de octubre de 2003, el Gobierno vasco aprobó su Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, con la que Ibarretxe llevaba amagando dos años. El texto proclamaba la “identidad propia” y derecho de autodeterminación del “pueblo vasco”, proponía un estatus de “libre asociación con el Estado español” y dejaba la puerta abierta a la independencia si así lo decidían los vascos en una “consulta”. El 4 de noviembre la Mesa del Parlamento vasco inició la tramitación parlamentaria del plan; y nueve días más tarde el Gobierno de José María Aznar impugnó ambos acuerdos —el del Ejecutivo de Ibarretxe y el de la Mesa— ante el Tribunal Constitucional.

El alto tribunal dictaminó el 20 de abril de 2004: por siete votos a cinco, rechazó la impugnación del Gobierno y autorizó —sin entrar a valorar su contenido— que la propuesta de Estatuto siguiera su curso, apelando a “la lógica del sistema democrático, uno de cuyos fundamentos consiste en que el Parlamento es la sede natural del debate”.

Aquella decisión judicial podría avalar a quienes sostienen hoy que la resolución que CiU y ERC pretenden aprobar este mes tampoco es impugnable. Hay, sin embargo, un elemento distinto: el argumento del Constitucional entonces fue que el plan Ibarretxe no era una “disposición” ni una “resolución”, sino una “propuesta” para abrir un debate, y el artículo 161.2 de la Constitución solo legitima al Gobierno a impugnar “disposiciones y resoluciones” de las comunidades. El texto que quieren aprobar ahora CiU y ERC en el Parlamento catalán es una “resolución”, tal y como figura en el borrador que se ha conocido estos días; una declaración que tendría principio y fin en sí misma, no el acto administrativo de inicio de un debate.

2. ‘No’ rotundo del Parlamento
La Cámara vasca aprobó la propuesta de Estatuto el 30 de diciembre de 2004 —con los votos de PNV, EA, IU-EB y tres votos imprescindibles de Sozialista Abertzaleak, marca de Batasuna— e Ibarretxe se fue a defender su plan al Congreso de los Diputados. Allí fue rechazado de plano el 1 de febrero de 2005: la Cámara lo tumbó en el primer trámite, el de la toma en consideración, por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, Coalición Canaria y Chunta), 29 a favor (CiU, ERC, PNV, BNG, EA y NaBai) y dos abstenciones (ICV). Así termino la vida política del plan Ibarretxe.

En aquel debate, el presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó: “La ley es la garantía de la convivencia, de la libertad [...] La relación del País Vasco con el resto de España la decidirán todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles”. Por el PP habló Mariano Rajoy: “O algunos responsables políticos no se han enterado de que cualquier reforma estatutaria que choque con la Constitución carece de viabilidad o lo saben muy bien pero no les importa perder el tiempo”, dijo. Y también: “Lo que está en cuestión esta tarde no es si aprobamos o no determinado documento, sino si en España se aplica la ley”.

3. Último intento: la consulta. “Inconstitucional y nula”
Tres años más tarde, Ibarretxe hizo un último intento: en junio de 2008, el Parlamento autonómico aprobó una ley ad hoc para convocar, el 25 de octubre, una “consulta popular” sobre dos asuntos: un diálogo con ETA y una negociación sobre el “derecho a decidir del pueblo vasco”. La consulta no llegaría a celebrarse. El Gobierno de Zapatero recurrió la ley y el Constitucional la declaró “inconstitucional y nula” el 11 de septiembre, por unanimidad.

Los argumentos del alto tribunal fueron básicamente tres. Primero: que lo que se pretendía pasar por “consulta no vinculante” era en realidad un “referéndum” —porque abordaba asuntos “de manifiesta naturaleza política”— y por tanto requería la autorización del Estado. Segundo: que preguntar por el derecho a decidir afecta “al fundamento mismo del orden constitucional”, y eso puede plantearse proponiendo una reforma de la Constitución, pero no imponiendo una “inaceptable vía de hecho para reformar la Constitución al margen de ella”. Y tercer argumento: el “titular del derecho a decidir” es “el pueblo español”. La “redefinición” del Estado afectaría “al conjunto de los ciudadanos españoles”; por eso no puede decidirla solo una parte de ellos, sino todos.

El Gobierno de Aznar había intentado que el órdago de Ibarretxe tuviera, además de la política y la judicial, una respuesta penal: en 2003 introdujo en el Código Penal un delito nuevo para castigar con cárcel la "convocatoria de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum”. Pero aquello nunca llegaría a aplicarse: porque la consulta finalmente no fue convocada y porque en 2005 el Ejecutivo de Zapatero había eliminado ese delito del Código Penal. El Constitucional, además, lo declaró nulo en 2011 por una cuestión de procedimiento en la tramitación de 2003: el PP había hurtado al Parlamento el debate sobre ese polémico artículo.

Los terroristas se salen con la suya
EDITORIAL www.gaceta.es 13 Enero 2013

Lo más grave del caso Bolinaga es el regusto a impunidad que deja.

LA GACETA aporta hoy un documento sumamente revelador: unas imágenes y unas palabras que dejan en evidencia, en primer lugar, a un delincuente, con un sangriento historial a su espalda; y en segundo lugar, a las autoridades judiciales que, haciendo una interpretación política de la ley, excarcelaron a un asesino, y al ministro del Interior que pidió el tercer grado, con el peregrino argumento de que de no haberlo hecho hubiera prevaricado.

Pero también queda en evidencia el Gobierno de Rajoy, al que las víctimas del terrorismo acusan de haber utilizado el caso Bolinaga como moneda de cambio para aquilatar la falsa paz en el País Vasco.

El argumento que se barajó cuando se planteó la excarcelación de Bolinaga, fue que su vida corría “peligro patente”. Pero las imágenes del etarra en su casa de Mondragón que ha logrado este diario desmienten que esté en situación terminal. Sigue enfermo de cáncer, pero ha engordado y nada indica que esté en las últimas. Otro de los requisitos para la libertad condicional es que el penado muestre arrepentimiento. No parece el caso de un señor que, después de haber asesinado a tres guardias civiles y encerrado a un funcionario de prisiones, en un zulo de 3 metros de largo por 2,5 de ancho durante 532 días, afirma: “Sé que he hecho daño pero no me arrepiento”.

Lo más grave del caso Bolinaga es el regusto a impunidad que deja. Y la terrible sospecha de que haya sido un capítulo más en la hoja de ruta para que una ETA blanqueada por el Constitucional maneje poder y dinero en el País Vasco. Sospecha, decimos, porque los ciudadanos no estamos siendo informados del do ut des que se traen entre manos las autoridades y el entorno etarra.

Muy poco han cambiado las cosas desde aquella suerte de pacto de Múnich al que se prestó Zapatero para lograr la falsa paz. En ese contexto se inscribe el caso Bolinaga. Eso explica, por un lado, las tensiones en Interior, que se han saldado con la dimisión del secretario de Estado de Seguridad. Y, por otro, la lógica indignación de las víctimas del terrorismo y también el malestar en el seno del PP y de muchos de sus votantes, que no entienden cómo el Gobierno de Rajoy ha perpetuado el entreguismo ante la banda terrorista que practicó su antecesor. “Si Ordóñez resucitara, se moriría del susto”, ha dicho Iturgáiz; lo cual refleja el desconcierto de muchos en el País Vasco que se sienten engañados por un Partido que parece hacer lo contrario de lo que decía cuando estaba en la oposición.

Bildu-ETA
¿Quo vadis PP vasco?
Cayetano González Libertad Digital 13 Enero 2013

El 21 de octubre del pasado año, el PP vasco de los Basagoiti, Oyarzabal, Sémper y Maroto, obtuvo en las elecciones autonómicas 130.000 votos (11,73%) y diez diputados en el Parlamento Vasco, convirtiéndose en la cuarta fuerza política de la Comunidad Autónoma Vasca detrás del PNV (27 diputados), EH-Bildu (21) y PSE-EE (16). Esa misma cuarta posición fue la que consiguió en todas y cada una de las tres circunscripciones electorales del País Vasco –Álava, Vizcaya y Guipuzcoa- con el agravante de que en el territorio alavés el PP gobierna en la Diputación Foral y en el Ayuntamiento de Vitoria. En Guipuzcoa, los populares a punto estuvieron de convertirse en extra-parlamentarios. Sólo sacaron 30.000 votos (8,52%) y 2 escaños de 25.

Aunque dice el refrán que "todas las comparaciones son odiosas", en este caso, para darse cuenta de la magnitud de la debacle electoral popular, son absolutamente necesarias. Veamos: en 1998 con Carlos Iturgaiz de candidato a lehendakari, el PP obtuvo 252.000 votos (20,1%) y 16 diputados. En el 2001 el candidato fue Jaime Mayor Oreja, que sacó el mejor resultado de la historia del PP en el País Vasco: 327.000 votos (23,1%) y 19 diputados. En el 2005 con María San Gil como candidata, los populares tuvieron 210.000 votos (17,4%) y 15 diputados. Sobran los comentarios, basta la simple comparación de los datos.

Transcurridos casi tres meses desde esa debacle electoral, ¿ha habido alguna autocrítica en el PP vasco? ¿Algún dirigente, uno sólo, ha dimitido? En cualquier otro tipo de organización social, empresarial, si los directivos de la misma presentaran a la Junta General de Accionistas tan "pingües" resultados, lo primero y último que se les enseñaría a esos "eficaces" gestores es la puerta de salida. En España y más concretamente en los partidos políticos, no suele dimitir nadie tras un fracaso electoral. Pero en el actual PP vasco han ido un paso más allá de ese comportamiento habitual y han adoptado una actitud que roza lo esperpéntico y que tiene los siguientes síntomas: cuantos más votos pierden, más contentos están; cuanto más profunda es la bofetada electoral más se aplauden entre ellos, más se apoyan entre sí ante las críticas internas y externas, más se encierran en sí mismos, más enemigos se inventan para intentar justificar su -para los demás- evidente fracaso.
El PP pop y guay

En mayo del 2008 María San Gil, -hastiada de los tejemanejes de turno de Soria y Lasalle, que contó con la habitual pasividad de Rajoy, durante la elaboración de la ponencia política que se iba a discutir en el Congreso de Valencia- dimitió de la presidencia de los populares vascos. Entonces, llegó a la dirección del partido el grupo controlado por los alaveses Alfonso Alonso e Iñaki Oyarzabal que pusieron a Antonio Basagoiti en la presidencia, y arrinconaron a todos aquellos que consideraban leales a María San Gil o Jaime Mayor, como era el caso, entre otros, de Santiago Abascal, Carmelo Barrio, Regina Otaola o Carlos Urquijo.

Fueron los tiempos de esas gracietas lideradas por Oyarzabal y consentidas por Basagoiti, del PP "pop", del PP "guay", del PP que quería abrirse a la sociedad vasca, que quería como hacerse perdonar por si en el pasado habían sido excesivamente duros en el discurso político y habían ido muy de frente en la confrontación con el nacionalismo y la defensa de la libertad y de la Constitución en el País Vasco.

Desde la marcha de María San Gil, el PP vasco ha ido dilapidando los valores de ese proyecto político e ideológico que había sido capaz –durante los años de los Gobiernos de Aznar- de plantar cara no sólo a los terroristas y a quienes les apoyaban, sino al nacionalismo obligatorio que tan bien representaba el PNV. Tras las elecciones autonómicas del 2009, el PP optó -e hizo bien- por apoyar la investidura a lehendakari del socialista Patxi López con el objetivo de mandar a la oposición al PNV. Lo que no hizo tan bien fue mantener ese apoyo más allá de lo razonable, sobre todo cuando López se convirtió desde la Lehendakaritza en uno de los principales avalistas e impulsores del proceso de negociación política que Zapatero había llevado a cabo con ETA desde incluso antes de llegar a la Moncloa.

Esa dilapidación del caudal político, moral y ético que habían conseguido reunir los populares vascos en los años anteriores se acentuó tras las elecciones generales del 2011 y la llegada de Rajoy a la Presidencia del Gobierno. En este tiempo hemos asistido a comportamientos tan rechazables en algunos casos y equivocados en otros, como que un día Oyarzabal insultaba a las víctimas del terrorismo que eran críticas con la política antiterrorista del Gobierno de Rajoy; otro día se apoyaba y justificaba la excarcelación del etarra Bolinaga; se aceptaba sin más la legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional; se defendía sin ningún tipo de rubor –siguiendo al pie de la letra el discurso de Rubalcaba y del PSE- que ETA había sido derrotada por el Estado de Derecho y esto se hacía en puertas de que ETA llegara a ser, a través de Bildu la segunda fuerza política del País Vasco y tras haber conseguido un año antes gobernar en la Diputación Foral de Guipúzcoa y en un buen número de ayuntamientos, entre ellos el de San Sebastián; Basagoiti no disimulaba antes de las elecciones vascas que su aspiración era sacar los parlamentarios suficientes para poder ayudar al PNV a gobernar. Y claro, de todos esos polvos vienen estos lodos.

Sémper, Maroto y Bildu
Pero como en una alocada huida hacia adelante, no contentos con quedarse con todo ese cúmulo de errores y el consiguiente castigo electoral que recibieron en octubre pasado, los actuales dirigentes del PP vasco están protagonizando en los últimos días -unos por acción y otros por omisión- el espectáculo más bochornoso e indecente que ha vivido el centro-derecha vasco desde la transición política.

Las recientes declaraciones del ¿líder? del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, en el sentido de que "el futuro de Euskadi se tiene que construir también con Bildu" y las del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, señalando que a él "no le tiemblan las piernas" por llegar a acuerdos con la franquicia de ETA, han rebasado todos los límites de lo tolerable, hasta el punto de que hasta la misma secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha visto obligada a darles un -a todas luces insuficiente- toque de atención, consciente de que tales declaraciones producen una profunda indignación en una gran parte de los votantes del PP en el País Vasco y en el resto de España.

Una indignación similar a la que produjo hace cuatro meses la decisión política adoptada por el Gobierno de Rajoy, a impulsos de su incompetente aunque amigo personal ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que propició la liberación de Josu Uribetxeberría Bolinaga, el torturador/secuestrador de Ortega Lara. Una decisión que fue justificada y defendida en su momento por los populares vascos. En la actualidad, Bolinaga disfruta de la libertad, pasea por las calles de Mondragón, la localidad guipuzcoana donde él, junto a otros tres etarras, tuvieron secuestrado la friolera de 532 días a Ortega Lara.

¿Cómo es posible que un dirigente del PP vasco diga que el futuro de Euskadi hay que construirlo con quienes no han condenado los atentados de ETA, con quienes no han solicitado a la banda terrorista que se disuelva y entregue las armas, con quienes no han pedido a las víctimas del terrorismo perdón por el daño y el dolor causado? ¿Cómo es posible que plantee construir ese futuro junto a quienes representan un proyecto absolutamente totalitario incompatible por tanto con la democracia y con la libertad? ¿Cómo es posible que un cargo público de la relevancia de alcalde de Vitoria se pavonee de ir a tomar "potes" con los concejales de Bildu y de que no le temblarán las piernas por pactar con estos individuos? ¿Por qué ese afán de hacerse perdonar la vida por los matones del barrio? ¿A qué grado de degradación moral, ética, intelectual han llegado estos personajillos irrelevantes del PP vasco? ¿Por qué les toleran estas lindezas? ¿Cómo Basagoiti no ha cesado ya a Sémper o le ha indicado a Maroto la puerta de salida ya que es evidente que se ha equivocado de partido?

Gregorio Ordóñez y los "mártires" del PP
En el caso del guipuzcoano Sémper hay un hecho en mi opinión todavía más grave y es que invoque para justificar su actuación política la memoria de Gregorio Ordóñez y los valores que este joven dirigente del PP asesinado por ETA hace ahora dieciocho años defendía. O bien Sémper no conoció bien a Goyo o bien su desfachatez y atrevimiento no tiene límites al tergiversar y manipular de esa manera la figura de alguien que sí tenía, no como él, las ideas muy claras y la firmeza suficiente para hacer frente a los terroristas y a quienes les apoyan. Le sugiero a este dirigente del PP de Guipúzcoa que si tiene valor llame a la viuda de Gregorio, a Ana Iríbar, y le pregunte qué pensaría su marido de todo lo que está haciendo y diciendo. Eso sí, que se prepare para escuchar de todo menos bonito, porque Ana es una mujer ejemplar, firme, con profundas convicciones y sin pelos en la lengua. En cuanto a Maroto, puestos a tomar "potes" con los de Bildu, que no se corte, que se acerque a Mondragón –total sólo se tarda media hora en coche desde Vitoria-Gasteiz- e invite a una ronda a Josu Bolinaga. Puestos a degradarse, que lo haga sin cortapisas.

Por si a Sémper, o a Maroto, o a los actuales responsables de todo este desaguisado se les ha olvidado, sería conveniente recordarles que han sido muchos los concejales del PP-UPN asesinados por ETA en el País Vasco, en Navarra y en el resto de España. Asesinatos que no han sido condenados por esos con los que ahora Sémper quiere construir el futuro de Euskadi o con los que Maroto –este es todavía más simplón-, se va a tomar vinos. El respeto a la Memoria y a la Dignidad de sus compañeros de partido asesinados debería provocarles que se les cayera la cara de vergüenza e irse inmediatamente a su casa para no volver jamás.

Para refrescarles la memoria, ésta es la relación de los auténticos mártires que tiene el PP en sus filas, aunque desgraciadamente y tristemente estén en el cementerio: Gregorio Ordóñez Fenollar (asesinado en San Sebastián el 23-01-1995); Miguel Ángel Blanco Garrido (Ermua, 12-07-1997); José Luis Caso Cortines (Irún, 11-12-1997); José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga (Zarautz, 9-01-1998); Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz (Sevilla, 30-01-1998); Tomás Caballero Pastor (Pamplona, 6-05-1998); Manuel Francisco Zamarreño Villoria (Rentería, 25-06-1998); Jesús María Pedrosa Urquiza (Durango, 4-06-2000); José María Martín Carpena (Málaga, 15-07-2000); Manuel Indiano Azaustre (Zumárraga, 29-08-2000); José Luis Ruiz Casado (Sant Adría de Besos, 21-09-2000); Francisco Cano Consuegra (Tarrasa, 14-02-2000); Manuel Jiménez Abad (Zaragoza, 6-05-2001) y José Javier Múgica Astibia (Leiza, 14-07-2001).

Añádase a esta escalofriante lista, los 11 concejales o cargos públicos del PSE, 7 de UCD y 4 de AP que también han sido asesinados por ETA, así como todos y cada uno de los 209 guardias civiles, 149 policías nacionales, 96 militares, 25 policías municipales, 16 ertzainas y mossos d'Esquadra y 361 civiles (entre ellos, jueces, fiscales, empresarios, periodistas, funcionarios de prisiones, 21 niños) para completar este repugnante cuadro del horror causado por la banda terrorista ETA.

Un partido irrelevante
Ni los compañeros de sigla política de los Basagoiti, Oyarzabal, Sémper y Maroto asesinados por ETA, ni el resto de víctimas del terrorismo, ni los españoles que han sabido estar unidos, sufrir juntos en los momentos más duros del embate terrorista, se merecen el espectáculo que están dando los actuales dirigentes del PP vasco. Unos dirigentes que han llevado al PP a ser un partido irrelevante en la sociedad vasca, sin ninguna capacidad de influir o condicionar la política vasca, sin peso específico propio; un partido despreciado por Bildu, ignorado por el PNV y mirado con desdén por ese PSE al que el PP mantuvo en Ajuria-Enea durante tres largos años. Un partido que se ha hecho irreconocible para muchos ciudadanos vascos que han dejado de votarle -197.000 desde el 2001, casi dos de cada tres- al no tener la seguridad de que los actuales dirigentes del PP vasco fueran a defender, en la práctica y no en la teoría, lo mismo que han defendido en el pasado cuando tuvieron responsabilidades al frente del partido, Jaime Mayor, Carlos Iturgaiz o María San Gil.

Dicen los que hablan con él que Mariano Rajoy tiene como máxima preocupación en el tema vasco que ETA no vuelva a matar. Enunciada así la cuestión, el objetivo es loable. El problema es que ETA es algo más que un conjunto de comandos terroristas. Es un proyecto político que nació para destruir lo que más odian, que es España. Y por eso han asesinado a 857 personas. En estos momentos ETA no mata –seguramente porque están muy diezmados gracias al magnífico trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional- pero también porque quizás piensen que ya no necesitan hacerlo para conseguir sus objetivos. Gracias a los enjuagues con Zapatero, y a la inacción de Rajoy, ha llegado a las instituciones y desde ellas intentará, implicando en esa tarea al PNV, llevar a cabo su proyecto rupturista e independentista. Además, ETA y su mundo se encuentran ahora mismo a la expectativa de lo que suceda en Cataluña, algo a lo que no son ajenos. ¿O es que se nos ha olvidado la entrevista de enero del 2004 con Carod Rovira en Perpiñán y la tregua que la banda terrorista ofreció a Cataluña a cambio de que esta Comunidad Autónoma se convirtiera en la vanguardia del proceso para romper España?

Para hacer frente a ese proyecto de ETA, es necesario, entre otras cosas, un PP y un PSE fuertes en el País Vasco. Ambos han retrocedido mucho en las últimas elecciones. El constitucionalismo –movimientos cívicos incluidos- está en franco retroceso. Fue tocado de muerte por el proceso de negociación con ETA llevado a cabo por Zapatero y todavía sigue en ese estado debido también, reitero, a la inacción de Rajoy.

El presidente del Gobierno y del PP –dedicado en cuerpo y alma a sacar a España de la crisis económica y con el reto soberanista lanzado por Mas encima de la mesa- debería ser consciente de que más temprano que tarde también le llegará ese reto desde el País Vasco. Y debería tener claro que para hacerles frente necesita un PP vasco que recupere urgentemente las que han sido sus señas de identidad durante muchos años. Para lo cual, como primera medida, debería propiciar el cambio de las personas que han llevado a su partido a la situación actual y que no contentas con eso, además se muestran partidarias de construir el futuro con quienes no han condenado los asesinatos de ETA y tienen como objetivo prioritario destruir a España.

Cayetano González es colaborador habitual en los programa Es la mañana de Federico y Es la noche de César en esRadio.

Ferrín (casi) no tiene quien le defienda
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 13 Enero 2013

Es lo que tienen las guerras sucias: que lo que se usa como munición es mierda y el campo de batalla acaba convertido en un gran estercolero. Hay quien sospecha que la filtración a la prensa de algunas cosas que huelen mal en la Real Academia Galega partió de enemigos íntimos de Xosé Luís Méndez Ferrín, de gente que le quiere mal y que conoce muy bien las interioridades de la casona de la coruñesa calle Tabernas. De ese tipo de fuente malévolamente interesada tuvo que partir la denuncia periodística de que el escritor ourensano usa un lujoso Audi con chofer para desplazarse casi a diario de Vigo a Coruña o que una hija suya y su compañero cobraban de la Academia hasta hace poco por mantener y actualizar la página web.

El caso es que solo sus "compañeros" de la Alternativa Galega de Esquerda (AGE) sacan la cara por Ferrín en sus reivindicaciones económicas como presidente de la RAG. Ni los frentistas del Benegá ni los socialistas del PSdeG se manifiestan estos días contundentemente a favor de un mayor apoyo económico de las administraciones públicas a la Academia, cuando hace apenas unos meses, antes de que se supiera lo que ahora se sabe, habían presentado iniciativas pidiendo a la Xunta y al Partido Popular la equiparación del dinero público que recibe nuestra institución al percibido por sus homólogas vasca o catalana.

Para entender de qué va esta guerra basta con leer los comentarios "colgados" por los lectores en las publicaciones digitales progresistas y nacionalistas que se ocupan de los problemas financieros de RAG y de las gestiones institucionales de su presidente para remediarlos. Ahí queda claro que el núcleo duro de la Upegá -el partido comunista y soberanista- que él contribuyó a fundar y que controla orgánicamente el Bloque no quiere saber nada de Ferrín. Lo detestan tanto, en lo personal como en lo político, y además creen que está instrumentalizando descaradamente la Academia en provecho de la coalición con la que simpatiza, esto es, que está vendido a Beiras y a su socia, la españolista Izquierda Unida.

El PSOE reconoce que el Gobierno de Rajoy discrimina injustamente a nuestra Academia. Sin embargo a los de Pachi Vázquez no les gusta nada la forma en que la actual dirección está gestionando la RAG, una institución que debería practicar la más exquisita neutralidad y mantenerse al margen de las luchas políticas y partidistas. Consideran reprobable que el presidente se atreviera a pedir el voto abiertamente para AGE en las últimas elecciones autonómicas, por más coherente que ese gesto sea con sus convicciones ideológicas.

Contra lo que pudiera pensarse, Feijóo y "su" PP en el fondo están encantados con Ferrín por su actitud respetuosamente dialogante. Además, parecen muy cómodos con la forma en que se está desarrollando el debate político y mediático sobre las cuentas de la Real Academia. Entienden que van ganando por goleada, al haber calado en la opinión pública la idea de que, en plena restricción presupuestaria, el gobierno gallego se esfuerza hasta donde puede por mejorar la asignación económica a la RAG, pero que de donde no hay no se saca. La gente de la calle pensará que en esa docta casa, como en de cualquier hijo de vecino, tienen que aprender a hacer -si no más- lo mismo con menos recursos. Que tienen que apretarse el cinturón. Porque en época de vacas flacas la lengua no es una prioridad. Por muy propia que sea.

España / Lucha contra ETA
La marcha de la vergüenza
M. Luisa G. Franco. La Razón 13 Enero 2013

El Estado de Derecho no impidió ayer que quienes apoyan a los terroristas de ETA tomaran las calles de Bilbao para reivindicar amnistía para quienes han asesinado a cientos de personas. Con los fondos públicos que manejan por su presencia en las instituciones colocaron una pantalla gigante en la fachada del Ayuntamiento de Bilbao –que gobierna el PNV–, alquilaron autobuses y recabaron apoyos de quienes no tienen reparo moral en considerar víctimas a los asesinos. La reivindicación, secundada por miles de personas, iba a ser una manifestación «silenciosa», pero comenzó con gritos a favor de la amnistía de los presos de ETA. A lo largo de la protesta –en la que las ikurriñas se mezclaban con banderas de Navarra y alguna que otra señera independentista– se corearon, además, consignas a favor de la independencia y de la vuelta «a Euskal Herria de los presos y refugiados».

Algunas de las personas que apoyaron la convocatoria a favor de los presos etarras, como los actores Willy Toledo y Pilar Bardem, no aparecieron por la manifestación, pero otros, como el diputado de ERC Joan Tardà no sólo se movilizaron a favor de la amnistía para los asesinos, sino que incluso compartieron el discurso proetarra de que los presos son tan víctimas como las personas a las que asesinaron. Tardà explicó que su partido está «al lado de todas las víctimas, empezando por las que están en la cárcel».

La consigna en la manifestación fue no corear los eslóganes habituales en este tipo de marchas de apoyo a ETA, sino limitarse a las frases que reclaman el traslado al País Vasco de los presos y la amnistía para ellos. Y el discurso final, un mensaje de apoyo a los familiares de los presos, que siguen sufriendo, según el relato de los proetarras, «vulneración de derechos», y un llamamiento a los gobiernos español y francés para que adapten su política penitenciaria al nuevo tiempo, se entiende que de ausencia de atentados. Como broche, un mensaje de confianza, porque «la lucha será larga, pero lo vamos a conseguir».

Las víctimas del terrorismo y el PP han criticado que se haya permitido la manifestación, cuyo lema «Derechos humanos. Solución. Paz. Euskal Presoak Euskal Herrira» fue considerado penalmente «neutro» por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermudez, que autorizó la marcha. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, no entiende la decisión judicial y ayer aseguró que «si los jueces creen que promover una movilización apoyando a asesinos no humilla a las víctimas del terrorismo, tenemos que empezar a educar a los jueces y decirles quién es ETA». En esa misma línea, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, calificó la manifestación como «una marcha a favor de delincuentes orgullosos de sus asesinatos».

ERC, junto a la plana mayor batasuna
La plana mayor de EH-Bildu –representada, entre otros, por Laura Mintegi, Peio Urizar, Oskar Matute, el diputado general de Guipúzcoa Martin Garitano, Patxi Zabaleta y Juan Karlos Izagirre, alcalde de San Sebastián– estuvo arropada ayer por el diputado de ERC Joan Tardà, quien no tuvo ningún reparo en asistir a la protesta codo con codo con destacados ex dirigentes de la ilegalizada Batasuna como Pernando Barrena, Joseba Permach, Rufi Etxeberria y el histórico líder de HB Tasio Erkizia. Tardà dijo estar «al lado de todas las víctimas, empezando por las víctimas que están en la cárcel».A la protesta también asistió el ex consejero de Vivienda vasco Javier Madrazo (IU).

Galicia
Ningún otro presidente de las academias dispone de chófer
ALCALÁ/REYERO/CAPARRÓS/MORÁN / Santiago/bilbao/valencia/barcelona ABC Galicia 13 Enero 2013

Valencia renunció, el de la Academia vasca va «en bus» y la RAE tiene un solo coche para todos

La «necesitada» y «pobre» Academia Galega de la lengua, que es efectivamente la institución española que dispone de menos recursos para su labor, es, sin embargo, la única que ofrece privilegios a su máximo responsable y autor de tales adjetivos.

El presidente de la Real Academia Galega tiene a su disposición un Audi A8 con chófer que utiliza, además de para las labores propias de representación, para desplazarse entre las ciudades de Vigo y La Coruña, 320 kilómetros de ida y vuelta entre la ciudad en que reside y la que alberga la sede de la RAG.

El dispendio es único entre los primeros espadas de las academias de la lengua españolas, todas ellas con importantes recortes presupuestarios en los PGE y en sus propias comunidades, caso regional que no tendrá lugar en el instituto gallego, que es -a excepción de la academia valenciana, organismo público financiado íntegramente con fondos de la Comunidad- la que mayor dependencia tiene de los fondos otorgados por su gobierno regional, y una de las que menos fondos propios o de entidades privadas genera.
El coche de la Real Academia Española no está asignado a ningún miembro
La más importante por actividad, influencia y número de países donde desarrolla su actividad, la Real Academia Española, dispone de un vehículo en régimen de leasing, no asignado a directivo alguno y disponible solo para actos concretos o transporte de invitados ilustres. El presupuesto de 2013, aún no aprobado, prevé un ajuste cercano al 37 por ciento de los más de 6 millones dispuestos en 2012. Este ajuste es idéntico al que le otorgan los presupuestos estatales, gran fuente de financiación pública, que apenas alcanzó en 2012 el 50 por ciento de los fondos totales de la española.

Es también la que mayores ingresos genera a través de sus publicaciones, ventas y derechos de autor, amén de lo percibido por particulares y empresas públicas.

El presidente de la Academia Valenciana de la Llengua, Ramón Ferrer, renunció expresamente al coche oficial para sus desplazamientos a diario entre su domicilio y la sede de la institución, situados en ambos casos en la ciudad de Valencia. De acuerdo con fuentes de la entidad normativa, Ferrer únicamente hace uso de un vehículo del parque móvil de la Generalitat cuando acude a actos oficiales en los que ostenta algún tipo de representatividad institucional.

El presupuesto de la Academia Valenciana para el presente ejercicio, sufragado íntegramente por la Generalitat, asciende a 3,2 millones de euros, lo que representa una reducción del 15 por ciento en relación a 2012. Se trata del presupuesto más bajo desde la creación de la entidad en el año 2002.
Sin sueldo y en autobús

Los ajustes presupuestarios alcanzan también a la Euskaltzaindia, academia de la lengua vasca, aunque aún no han cerrado el cálculo total del mismo, donde «ninguno de los miembros ha cobrado en 2012 por su labor», aseguran. Lejos de disponer de parque móvil, el presidente de la institución, el notario Andrés Urrutia, es de «autobús público», cuentan a ABC fuentes oficiales de la Euskaltzaindia.

La academia con más presupuesto, el Institut d’Estudis Catalans, percibirá de los PGE los mismos 380.000 euros que sus homólogas regionales. Ni un euro de los más de 8 millones se destina al parque móvil para uso personal de Isidro Marí, presidente de la sección filológica, que hace las veces de academia de la lengua catalana dentro de la diversidad de campos de estudio que abarca el instituto.
Recortes de Prensa   Página Inicial