AGLI Recortes de Prensa    Miércoles 16  Enero 2013

“Los Encargados”
Pablo Sebastián www.republica.com 16 Enero 2013

Algo de razón y mucho de coherencia tiene la denuncia lanzada por los artistas Santiago Sierra y Jorge Galindo en su acérrima crítica a lo que llaman “el timo de la Transición”. De hecho en el origen de la gran crisis económica, institucional y política del país subyacen las carencias democráticas del pacto de la transición, la ausencia de la separación de los poderes del Estado, la falta de controles democráticos y de una ley electoral representativa, lo que ha favorecido la llegada al poder de gobernantes de escasa calidad (de Zapatero a Rajoy, y sus respectivos gobiernos) con responsabilidades directas en la grave crisis social del país y en la “corrupción ambiental” del Estado.

El vídeo -que en estas páginas se reproduce- de Sierra y Galindo con un desfile de coches que exhiben por la Gran Vía de Madrid y boca abajo, la imágenes pintadas en blanco y negro del Rey, Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, plantea una especie de “procesión del silencio” que se presenta como una feroz crítica a la versión rosada de la transición, donde no se ha dicho toda la verdad y donde se ocultan cosas esenciales. Como que en España no hubo un “periodo constituyente”, que el texto constitucional se elaboró en secreto por siete políticos y al margen del Parlamento y de la opinión pública, que se obvia la separación de los poderes del Estado -”Montesquieu ha muerto” dijo Guerra- , se “secuestra” la soberanía nacional y popular a favor de los jefes o aparatos de los partidos políticos, que son los que hacen las listas electorales y luego pactan los repartos del poder judicial y que incluye una ley electoral no representativa ni proporcional en la que los ciudadanos no eligen directamente a ninguno de sus gobernantes ni representantes (el Jefe del Estado, presidente del Gobierno, diputados, senadores, alcaldes, jefes autonómicos), cosa que, por ejemplo, no ocurre en Francia donde, directamente y por su nombre y apellidos, se eligen a todos sus gobernantes y representantes.

El argumento del pacto de la transición y sus beneficios, que los hubo, no era otro y no menos importante que la reconciliación nacional y recuperación de las libertades, partiendo del inmenso poder del franquismo, lo que obligó a renuncias importantes. Las que luego debieron de haberse subsanado durante sus mandatos González y Aznar, pero ambos más PSOE, PP, CiU y PNV no han querido avanzar hacia la Democracia para disfrutar del inmenso poder del régimen partitocrático imperante en España, hoy más que agotado.

“Los Encargados” de lograr la reconciliación y las libertades -con Suárez a la cabeza- lograron sus objetivos prioritarios, pero no la Democracia que quedó aplazada para mejor ocasión. Y esta no llegó porque nunca les interesó a los profesionales del poder y a los aparatos de los partidos, todos amparados por los poderes fácticos financieros, grandes empresas, grupos de comunicación y la larga influencia de el Vaticano y USA, conformándose así todo un Régimen de poder, de pactos y repartos permanentes.

El que ahora, en la inclemencia de la crisis, aparece en su plena desnudez enseñando sus vergüenzas y carencias. Y ahí incluida la cohesión nacional, víctima de ese gran error de la transición que fue el Estado de las Autonomías, convertido en el imperio de unos taifas autocráticos, despilfarradores y corruptos, cuando no insolidarios y desleales a la unidad nacional. Porque cuando el sistema político español se clona y se proyecta sobre un territorio mas pequeño, como es el caso catalán, donde los poderes están encima y pegados a la sociedad el abuso del poder es mayor, el temor ciudadano reverencial y la pérdida de derechos y libertades palpable, máxime cuando en esos territorios impera el nacionalismo como doctrina superior a la vida (ha ocurrido en el País Vasco), la libertad, la democracia y la legalidad europea y nacional. “Los Encargados” autonómicos se han revelado en muchos casos como lo peor de lo peor.

Sobre todo esto y sobre la necesidad de reescribir la verdadera historia de la transición hay que reflexionar, para entrar en contacto con la realidad y recuperar la senda de la Democracia, sin la cual será difícil recuperar todo lo demás. La dura crítica de Serra y Galindo, por afilada e implacable que sea, es una una llamada de atención y una aportación que debe agitar conciencias, por estrambótica que parezca su procaz alegoría, y sobre la que habrá que pensar y reaccionar.

Transparencia y corrupción
Luis de Velasco www.republica.com 16 Enero 2013

“El mejor desinfectante es la luz del sol”, frase legendaria de Louis Brandeis, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado. Una frase muchas veces repetida, muchas menos veces aplicada. La luz del sol, la transparencia es imprescindible en una sociedad que quiera de verdad hacer realidad la rendición de cuentas de todo responsable político o público y que quiera luchar contra la plaga de la corrupción.

Estos dos conceptos están plenamente de actualidad en nuestro país y forman parte de la crisis no sólo económica sino integral que enfrentamos. ¿Cuántas veces hemos oído eso de “asumo mi responsabilidad” por tal o cual decisión errónea sin que no pase nada a continuación? Es bien sabido que aquí no dimite nadie. ¿Cuántas veces estamos viendo, cada vez más frecuentemente, que indicios racionales, aplastantes de corrupción son negados por los interesados, amparados por sus compañeros y ocultados o minimizados por medios de comunicación afines?

La plaga de la corrupción, que reviste diversas formas, desde poner el cazo hasta llenar los organismos públicos de parientes, amigos o compadres, es ya la tercera preocupación de los españoles y con tendencia al alza a pesar de que reconocen que los corruptos son una minoría pero su efecto es catastrófico en la confianza social en sus dirigentes y en la propia democracia.

Para enfrentar esta lacra lo primero es voluntad de enfrentarla y cuanto antes, mejor. A partir de ahí cabe apuntar, sin ánimo exhaustivo, varias condiciones necesarias aunque seguramente no suficientes.

Primero, transparencia y más transparencia, algo difícil en una sociedad como la española reacia a la misma tanto en lo público como en lo privado (véase por ejemplo la escasa o nula información que sobre retribuciones de sus directivos dan las sociedades del Ibex). El proyecto de ley que está preparando el Gobierno, en lo que se conoce, presenta clamorosos vacíos e insuficiencias que, en el fondo, revelan la resistencia al tema.

Segundo, tres frentes en la lucha contra los corruptos. Uno, los partidos deben ser los primeros en actuar contra ellos cuando haya indicios racionales y sin esperar la vía judicial. Dos, los ciudadanos no deben votar a políticos corruptos ni a los partidos que los lleven en sus listas. Esto es muy importante y ahí los ciudadanos deben ser conscientes de que ellos forman parte de esta lucha y que no son meros espectadores quejicas. Tres, una administración de justicia rápida y justa, nada menos que eso. Si repasamos estos tres requisitos vemos que hoy ninguno de ellos se cumple y esto explica el desastre actual.

La opinión pública sitúa y responsabiliza la corrupción en eso que se llama la clase política o, más despectivamente, la casta política. Generalizar, meter a todos los políticos en el mismo saco es injusto aunque comprensible. Hay que añadir que esas acciones de determinados políticos no serían posibles sin la colaboración, por acción o por omisión, de medios de comunicación y de poderes económicos. Toda una “entente cordiale”. Por eso, vencer a esta plaga, eliminar esta costra (como acertadamente se la ha calificado), es un combate largo y muy difícil. Pero necesario si queremos preservar y mejorar nuestra deteriorada democracia.

PSOE y nacionalismo
Esther Esteban www.lavozlibre.com 16 Enero 2013

Periodista y comentarista política

Alfredo Pérez Rubalcaba dijo textualmente el otro día en el comité federal del PSOE -máximo órgano del partido entre congresos- que "si el debate se centra en el derecho a decidir no habrá salida. El resto de España nunca va a aceptar que una parte decida sobre algo que afecta al todo, y el PSOE tampoco". La solidez del argumento fue compartida por la inmensa mayoría de los asistentes y se entendió como una seria advertencia al PSC, que a tenor de los acontecimientos, no pareció o no quiso entender el mensaje.

Se podrá argumentar lo que se quiera: que el PSC es un partido diferente, que tradicionalmente ha habido discrepancias entre Ferraz y la cúpula de los socialistas catalanes y nunca la sangre ha llegado al río, o que se trata de un rifirrafe sin consecuencias, pero se equivocan quienes minimizan el asunto y, según me dicen, es un tema que le quita el sueño al 'number one'' del PSOE.

Afirma Tomás Gómez, y como él, piensa una gran mayoría de compañeros de partido, que nacionalismo y socialismo son como el agua y el aceite y advierte que nunca deben mezclares y si lo hacen resulta una pócima viscosa que ni sirve a sus fines ni gusta a nadie. Basta con echar un vistazo a la historia reciente de ese partido para ver que cada vez que han pactado con los nacionalistas han terminado perdiendo votos y separándose de su electorado en el resto de España, lo cual en términos electorales es un desastre para un partido de poder con una gran vocación nacional, que lleven en sus siglas la 'E' de España.

Ayer mismo el secretario general del PSOE volvió a plantear ante los miembros de su grupo en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo la necesidad de reclamar una triple reforma de la Constitución para atajar, la "crisis económica, social, territorial y política" que padecemos. En ese contexto planteó la necesidad de cambiar el Senado para hacer frente a la crisis territorial en la que se enfrentan, según su análisis, "dos pulsiones negativas: la de los que quieren irse de España y la de los que apuestan por dar marcha atrás y volver a un sistema centralista". A estas alturas de la película un cambio constitucional en esa dirección seguramente sería aplaudido por una mayoría de españoles que prefieren que de una vez por todas se abra el melón constitucional para hacer los cambios que hagan falta, que soportar continuamente la amenaza machacona nacionalista o su insumisión cuando no violación de la Carta Magna.

El PSC cometerá un error histórico si se echa en manos de un Artur Mas enloquecido que está llevando a la coalición que lidera a un camino de no retorno. Hará mal en seguir el juego a los nacionalistas sean de izquierdas o de derechas que jamás tendrán con ellos ninguna concesión si no es a cambio de pagar un altísimo precio. Claro, que la política hace extraños compañeros de cama como por ejemplo CiU y ERC que ahora defienden lo mismo, pero si Pere Navarro, que aparentemente es un hombre sensato, se deja engañar por un concepto edulcorado del derecho a decidir, terminará por tener que asumir los graves errores de otros y lo pagará, y mucho, electoralmente. Puede que PSOE Y PSC no sean hermanos pero aunque solo sean parientes lejanos, el uno no puede sobrevivir sin el otro y eso lo saben todos. Mal negocio hacer concesiones a CiU con ese elevadísimo coste para todos: catalanes y españoles.

Dobles inmorales
Juan Carlos Olarra Estrella Digital 16 Enero 2013

Los hijos de Jordi Pujol han demostrado una vez más que los clásicos de la literatura tienen tal condición por la vigencia perpetua de su mensaje. Resulta que los vástagos del que sigue siendo una especie de líder espiritual del nacionalismo catalán nos alertan de la posibilidad de que determinadas conductas indecentes a ellos atribuidas (malversaciones, fraudes fiscales, blanqueos de capitales) hayan sido cometidas en realidad por una suerte de dobles o alter egos, que comparten con ellos apariencia e incluso nombre y dos apellidos, pero de cuyos horribles actos no pueden ser asumidos por los nobles herederos de la corona de CIU.

Es inevitable evocar la elegante prosa de Oscar Wilde y su historia sobre el retrato en el desván que asumía las atrocidades del joven Gray o la más inquietante y trepidante narrativa de Stevenson en el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde y comprobar cuán antiguo es ese oculto deseo de que nuestros actos más abyectos y vergonzantes puedan ser atribuidos a nuestro otro yo, que se nos parece pero al cual no controlamos. Una suerte de esquizofrenia voluntaria que solucionaría los problemas morales y de conciencia, la cual algunos han querido enraizar en las teorías del Dr. Freud acerca del inconsciente.

Un doble del diputado nacionalsocialista Tardá el que se manifestaba por las calles de Bilbao diciendo defender a las víctimas

En esta línea, puede que fuese un doble del diputado nacionalsocialista Tardá el que se manifestaba por las calles de Bilbao diciendo defender a las víctimas cuando apoyaba directamente a los verdugos. Tal vez un clon de Federico Mayor Zaragoza ha decidido suscribir un documento en apoyo de los que están en el lado del que proceden las balas en vez de en el lado de las cabezas en las que éstas acaban alojadas. Seguramente no fueron Pilar Bardem ni Willy Toledo los que suscribieron el mismo manifiesto escupiendo una vez más su indignidad sobre la memoria de las víctimas, sino unos miserables (distintos de los de Víctor Hugo) que se les parecían mucho y se llamaban igual. Es probable también que no sea el asesino Bolinaga el que alardea en libertad del sufrimiento por él causado, sino una especie de fantasma del citado pistolero. En este caso tenemos más motivos aún para pensarlo, ya que el tal Bolinaga decía ser un pobre enfermo moribundo que tenía que salir de prisión para fallecer en paz (a diferencia de sus víctimas), y el matón que alardea de sus hazañas aparenta gozar de una condición notablemente mejor. No es descartable que un hombre similar al Ministro del Interior y apellidado Fernández Díaz esté mintiendo abiertamente al hablar de la rendición de ETA mientras los prebostes de la banda se reúnen en Escandinavia con verificadores, facilitadores y otros parásitos del dolor ajeno para cerrar los términos de su vuelta a casa.

Claro que puestos a cultivar la teoría del alter ego y volviendo a los clásicos de la literatura, sería más útil tener otro yo que nos aportase algo positivo, como el Wilkie Fantasma que habría escrito la fructífera novela La Piedra Lunar mientras el editor y amigo de Charles Dickens a quien todos atribuimos su autoría dormía plácidamente. Lo malo es que, al parecer, el Wilkie Fantasma solo existía en la portentosa imaginación de Wilkie Collins, debidamente animada por las enormes cantidades de láudano que consumía.

Si esta columna no les ha gustado, tengan claro que la escribió otro Juan Carlos Olarra, un tipo que se me parece, pero con un talento notablemente inferior al mío.

Administración
Otra reforma para que nada cambie
Emilio J. González Libertad Digital 16 Enero 2013

La reforma de la Administración que ultima el Gobierno es un nuevo ejemplo de que a Mariano Rajoy le falta voluntad para atajar de raíz los verdaderos problemas de nuestro país y se limita a poner parches y a dar la sensación de que cambia todo para que, al final, nada cambie, porque de por medio hay muchos intereses políticos y personales. Prueba de ello es la insistencia del Gabinete en que con la reforma de la Administración local se eliminarán muchas mancomunuidades, se reducirá el número de concejales y de altos cargos y se establecerán límites salariales. Ahora bien, ¿por qué no desaparecen las diputaciones provinciales?

Las diputaciones tenían sentido cuando el modelo de descentralización territorial tomaba como base la provincia, pues se encargaban de gestionar los intereses económicos y administrativos de dichos territorios. Sin embargo, desde que se puso en marcha el Estado de las Autonomías perdieron su razón de ser, porque de esos asuntos se encargan ahora las delegaciones provinciales de los Gobiernos regionales. En consecuencia, la reforma de la Administración debería abarcar también a esas instituciones, que han perdido su razón de ser y se han convertido en verdaderos nichos de caciquismo y corrupción.

El Gobierno, sin embargo, no está por la labor de acabar con las diputaciones. ¿Por qué? Pues porque a través de ellas se pastorean muchos votos a nivel local, que luego también se traducen en sufragios en unas generales. Vamos, que en este país, para poder gobernar a nivel nacional, primero hay que hacerlo a nivel provincial. Dicho de otra manera, las diputaciones son instrumentos políticos para conquistar el poder y permanecer en él, con lo cual el PP, que gobierna en la inmensa mayoría de las diputaciones, no está dispuesto a perder un arma política tan poderosa, por no hablar de los problemas internos que podría tener la dirección del partido si se le ocurriera tocar esos abrevaderos de los caciques provinciales que mueven tantos afiliados y votos. Y lo mismo cabe decir de los socialistas, que tampoco quieren esta reforma.

En consecuencia, la reforma de la Administración que pretende llevar a cabo el Gobierno no va a ser tal, en tanto en cuanto no empezará por lo que de verdad hay que hacer, que no es otra cosa que cargarse las autonomías y las diputaciones y reformular el modelo de descentralización administrativa, para que no sea tan ineficiente, manirroto y corrupto. Pero como en todo esto hay muchos intereses políticos y no políticos de por medio, al final lo único que se va a hacer son algunos cambios en la superficie para que no cambie nada de lo importante, que es lo que se tendría que modificar.

Por qué Calla Rajoy
JESÚS LAÍNZ - EL DIARIO MONTAÑÉS  16 Enero 2013

No son pocos los votantes del PP, y los ciudadanos en general, que llevan meses bramando contra Rajoy y sus ministros. No sólo por su injustificable incumplimiento de lo explicado a los ciudadanos durante ocho arios de oposición, sino también, y especialmente, por la dulzura con la que su gobierno reacciona ante la grave amenaza que ha lanzado el nacionalismo catalán tras tres décadas de perseverante e inobstaculizada preparación.

Quizá la explicación se encuentre en las páginas de la hagiografía que publicó el periodista Graciano Palomo poco antes de las elecciones de noviembre de 2011. Pues, según dicho autor, Rajoy considera que «la gran asignatura histórica pendiente de la derecha española es querer, poder y saber gobernar junto con las derechas nacionalistas catalana y vasca».

Tras explicar que Rajoy «siempre ha mantenido una relación personal muy especial con los líderes nacionalistas, especialmente con Durán i Lleida, con Josep Sánchez-Llibre y con dirigentes del PNV como josu Erkoreka o Íñigo Urkullu», Palomo afirmó que «la gran ambición de Rajoy es conseguir que los dos nacionalismos históricos estuvieran presentes en un gobierno presidido por él».

Si eso es cierto, el porvenir de España mete miedo. Pues, aunque algunos quieran seguir engañándose, es imposible olvidar que los nacionalismos vasco y catalán, en cualquiera de sus variantes, llevan un siglo sembrando el odio a España, chantajeando sin descanso al Estado, menospreciando cuando no directamente saboteando sus instituciones y preparando meticulosamente la secesión para cuando las circunstancias lo permitan.

Pues bien: henos aquí, con unas circunstancias económicas que han permitido colar la inmensa patraña del 'Espanya ens roba' como excusa para la secesión. ¿Va a seguir Rajoy callando y deseando sentar en el gobierno a los enemigos de España, por, mucho que sean de derechas, vayan a misa y tengan buena relación personal con él?

ETA no ha sido una fantasía
RAMÓN RABANERA, Senador por Álava, EL CORREO  16 Enero 2013

· Yo puedo contarlo, escuchar la condena del que quiso acabar con mi vida. Pero otros muchos, cientos, no han tenido tanta suerte.

ETA ha existido y existió. No ha sido un mal sueño, ni ninguna fantasía, ni personajes como Txapote han sido personajes de un cómic siniestro de ciencia ficción. Lo que no podemos permitir es que se desvanezcan esos años de terror, de un terror que ha tenido desgraciadas consecuencias como la de cientos de ausencias que ha provocado, de la de familias que ha destruido y de las heridas y cicatrices imborrables en el tiempo y que dan fe del horror que durante muchos años hemos tenido que vivir.

Yo, gracias a Dios, puedo contarlo, leer y escuchar la condena del que un día quiso acabar con mi vida; pero otros muchos, cientos, no han tenido tanta suerte.

La sociedad no puede permitir sus pretensiones, no podemos consentir que sus crímenes queden impunes y en el olvido. La paz tiene que tener memoria, una memoria que sirva para que nunca más la sociedad vasca tenga que volver a vivir en sus carnes un terror como el provocado por ETA. Bien es cierto que ahora nos encontramos en un momento mejor, pero aún el final no ha llegado, todavía sigue la sombra de ese terror que un día nos marcó a todos. Todavía hay algunos que siguen sin condenar cada una de las vidas injustamente arrebatadas. Hechos así, en una sociedad democrática como en la que vivimos, no los podemos permitir; no podemos permitir sus intenciones de una amnesia, de un borrón y cuenta nueva. Las más de ochocientas víctimas y la sociedad en su conjunto no se lo merecen, porque han sido muchos los que han luchado y arriesgado mucho, incluso el bien más absoluto como es la vida, para que al final alcancen sus pretensiones.

Yo, Ramón Rabanera, reivindico a la mayor parte de la clase política, en estos momentos tan cuestionada; la labor que realiza y ha realizado; a aquellos que arriesgaron, incluso, su vida por bien del conjunto de los ciudadanos. Creo que a todos les debemos nuestro respeto y reconocimiento sean del color político que sean, izquierdas, derechas o nacionalistas, así como nuestra insistencia para que la historia se cuente tal y como ha sido, y no como algunos pretenden, intentando socializar una amnesia colectiva y dejando en el baúl de los recuerdos hechos que han destrozado la vida de muchas personas. Políticos que han dado todo lo que podían, que han sacrificado su libertad y su vida por defender unos ideales y una forma de pensar en donde la libertad de todos los demócratas era el objetivo final.

Noticias como la condena de Txapote son recogidas con agrado porque demuestran que hay justicia, que la justicia existe y que ellos no pudieron alcanzar su objetivo. Además nos recuerdan que ETA no fue ninguna fantasía. Y que no hay mejor vacuna para que épocas tan dramáticas no se vuelvan a repetir que la aplicación de la justicia como ha sido en este caso, acompañada de la memoria de lo que significaron aquellos años.

¿Derecho a decidir qué?
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC  16 Enero 2013

Llega la hora de la verdad en la cuestión catalana. No de la componenda, que significaría admitir que Cataluña no es España

NO hay «animal político» -nadie se ofenda, así definió Aristóteles al hombre- más camaleónico que el nacionalista. Si va ganando, ataca como una fiera. Si pierde, es un cordero. Tenemos delante el mejor ejemplo. El núcleo duro del nacionalismo catalán -formado por ERC y CDC- había acordado una resolución donde se expresase la necesidad de celebrar una consulta con la vista puesta en «un estado propio». Visto que iban a quedarse solos, están dispuestos a dejar caer lo del estado propio, pero manteniendo el «derecho a decidir». Así piensan atraer a los partidos pequeños, aunque su verdadero objetivo es el PSC, que les permitiría alcanzar la «gran mayoría» del pueblo catalán. Y la verdad es que los socialistas catalanes ya se han manifestado a favor de tal derecho, aunque insistiendo en que tiene que ser «legal». Pero ¿cómo va a ser legal algo anticonstitucional? Así andan nuestros socialistas.

En cuanto a los nacionalistas, estamos ante el paso atrás para dar el gran salto adelante, ya que «derecho a decidir» no es otra cosa que un eufemismo de autodeterminación, como autodeterminación lo es de independencia. Algo que va contra la legalidad no sólo española, sino también internacional. Como les señalaba en una reciente «postal», la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU estableció que usar la autodeterminación para romper la integridad territorial de un país «es incompatible con los principios de la Carta de Naciones Unidas». Aparte de algo que ya apuntaban ayer mis colegas de ABC: los catalanes tienen derecho a decidir sobre sus asuntos internos, como ya están haciendo. Pero no tienen derecho a decidir sobre España. Y Cataluña forma parte de España, y lo seguirá formando mientras los españoles, catalanes incluidos, no dispongamos otra cosa.

Atención, pues, a los próximos acontecimientos en Cataluña. Sobre todo, al PSC. Vamos a ver qué es más, nacionalista o socialista. Y que no nos salga con el federalismo, porque eso es irse por los Cerros de Úbeda. Si acepta el «derecho a decidir» de los catalanes, es tan independentista y menos valiente que Junqueras, que reconoce serlo y ellos, no. Es más, el líder de ERC se ha permitido advertirnos que «la mayoría de las exportaciones españolas a Europa salen por Cataluña». O sea, que puede detenerlas si no cedemos a sus exigencias. De eso nos ha servido montarles el AVE hasta la frontera.

¿Qué debe hacer el Gobierno? Aunque lo sabe perfectamente, me voy a permitir recordarlo a beneficio de inventario: mantenerse tranquilo, hablar lo necesario y rechazar todo tipo de componendas. Por atractivas que sean, sabemos que sólo agrandarían el problema. De hecho, cualquier concesión en materia de soberanía, significaría que Cataluña ha dejado de ser España.

Ulrich Beck, politólogo y sociólogo; publica 'Una Europa alemana'
"El nacionalismo hoy es el mayor enemigo de la nación"
Victor-M Amela, Ima Sanchís, Lluís Amiguet La Vanguardia 16 Enero 2013

Beck explica el "euronacionalismo" alemán de la sparpolitik (austeridad) nacido de su Wirtschaftswunder (milagro económico de posguerra) y renovado en los 90 en la Alemania excomunista y hoy en España y demás países arruinados del euro. Después propone una alternativa que garantice beneficios a todos "y no sólo a los malos banqueros". Sería un contrato social europeo para blindar nuestras libertades, Estado de bienestar, sanidad y educación en la Unión Europea y convertirla así en una auténtica sociedad europea. Y propone reunir a sus impulsores -él traerá a los líderes alemanes- y firmar aquí un "Contrato de Barcelona 2013" para lanzar la propuesta.

Antes la UE sólo interesaba a las elites; hoy se discute en la calle.

¿Por qué?
Por miedo. Los europeos aceptamos resignados perder bienestar por la globalización, pero tememos una catástrofe económica europea.

¿Sólo el miedo nos hace más europeos?
Y la realidad de que nuestros sueldos y condiciones de vida -queramos o no- ya son interdependientes: Europa ha dejado de ser una opción; hoy es el único destino.

¿Debo alegrarme?
No acaba de gustarnos a todos. Y por eso resurgen los nacionalismos como refugio.

Con sus referéndums.
En Escocia y en Catalunya, sobre su independencia, y en toda Gran Bretaña, sobre su pertenencia a la UE. Y habría aún más consultas si se agravara la crisis: son un error.

¿Por qué?
Porque en la UE el nacionalismo es el peor enemigo de la nación. Si Gran Bretaña abandonara la Unión Europea, sería su suicidio como Estado nación, porque perdería su relación especial con Washington -que ya le ha advertido- y vería cómo la abandonaban Escocia y Gales.

¿Y España?
Si España hubiera reaccionado a su crisis con más nacionalismo español y abandonado el euro, también hubiera perdido a Catalunya y el País Vasco. Ya no existiría.

Somos europeos con o sin ganas.
Pero la UE no es una identidad. Y dudo que llegue a sustituir a las naciones.

Los estados cederán más soberanía.
No estamos cediendo soberanía, sino autonomía. La soberanía sólo existe en la medida en que sirve para solucionar nuestros problemas. Y la soberanía de los estados nación ya no sirve para solucionarlos. Hoy los europeos somos soberanos en la UE.

España tuvo soberanía para hundir su economía y corrige sus errores en la medida en que obedece a la UE.
Españoles e italianos son los más capaces de verse con los ojos de los demás europeos.

Sus elites son más corruptas y rapaces.
Los alemanes también deberíamos aprender a vernos así. No crea que nuestros bancos están menos podridos hoy de lo que estaban los bancos rescatados españoles. El éxito alemán no es el de sus elites, sino el de la concertación entre trabajadores y empresarios que logran adaptarnos a los mercados y superar las crisis con pactos y flexibilidad.

A ver si aprendemos a copiar lo bueno.
Es el camino, no creo en una supereuropa como Estado federal. Encontraremos fórmulas de cooperación inter pares como fueron la liga hanseática o la liga griega de polis.

Por ejemplo.
El matrimonio homosexual es un tema europeo por la libertad y derechos humanos europeos, pero cada nación le da su respuesta.

¿Por qué Merkel, a la que usted apoda 'Merchiavella', manda hoy en la UE?
Por su sabia combinación de 'Merkel y Machiavello': ha sabido aplicar en Alemania una política amable y socialdemócrata de consenso y concertación y en el resto de Europa sólo un estricto neoliberalismo.

Gana votos en casa y manda en la UE.
Su estrategia es imponer no por la orden, sino por la duda. Cuando quiere mandar en Madrid, no amenaza a Rajoy con lo que hará, le basta tantear qué podría no hacer. Podría, por ejemplo, "no" rescatar a la banca española o "no" comprar su deuda pública.

Y en Madrid obedecen acongojados.
Es el poder difuso de la duda merkiavéllica.

¿Por qué Alemania quiere gobernar?
Desde el universalismo kantiano, nos creemos encarnación de la razón práctica llamada a solucionar los problemas mundiales.

Desembocaron en demencia colectiva.
Logramos superar la vergüenza del nazismo con el Wirtschaftswunder, el milagro económico de la posguerra. Era un nuevo consenso racional nacional del que sí podíamos sentirnos todos orgullosos. Y así nuestra nueva bandera fue el deutsche mark.

Hoy redivivo en el corazón del euro.
Y por eso, al hundirse el comunismo, nuestra elite se vio legitimada para aconsejar a los alemanes del Este -que asintieron- cómo reconvertir e integrar su economía arruinada en nuestra máquina productiva.

La razón alemana hoy es económica.
¡Exacto! Y así, tras renovar el milagro en la Alemania del Este, nos sentimos llamados a reeditarlo ahora con el euro en España, Italia, Grecia, Portugal... Hundidas por mala gestión, la burbuja y la ineficiencia.

La economía no es rama de la moral.
¡Para nosotros es la moral! Sólo realizable con virtudes morales: ahorro, esfuerzo luterano, sacrificio cotidiano y la austeridad que lleva a la prosperidad. Es la base ética de un nuevo euronacionalismo alemán plasmado en la sparpolitik (la austeridad).

La deuda keynesiana logró crecimiento económico sin sacrificio inútil.
Chocamos con los anglosajones, que conciben la economía como un mero sistema con crisis y soluciones funcionales no morales.

Para ustedes, la ruina viene del pecado.
Y si te sacamos de la crisis sin que purgues tus pecados financieros, volverás a derrochar, holgar y crear otra mayor.

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Los casos español y sueco
Sindicatos progresistas y sindicatos reaccionarios
Mónica Mullor Libertad Digital 16 Enero 2013

Las cinco semanas de paro sanitario madrileño, las reiteradas huelgas en el sector del transporte y tantas otras que se vienen sucediendo ininterrumpidamente son manifestaciones del uso abusivo del derecho a huelga que hacen los sindicatos españoles, especialmente aquellos que agrupan a los funcionarios.

Se apropian del espacio y las instituciones públicas porque creen que les pertenecen, y utilizan a los ciudadanos como rehenes para defender los privilegios de que goza. Buscan con la fuerza impedir todo cambio, cueste lo que cueste. Así son los sindicatos: reaccionarios y con gran capacidad de hacer daño a los españoles y a España.

Desde una perspectiva europea, los sindicatos españoles se han quedado atrás y siguen en la lucha egoísta por la defensa de los privilegios de la minoría de trabajadores a la que representan. A diferencia de ellos, hace ya varios años que sus colegas en diversos países europeos han venido mostrando una actitud progresista y no reaccionaria: en vez de tratar de obstaculizarlo, se han sumado al cambio.

En Alemania el Gobierno federal y los länder acordaron en 2005 junto con los sindicatos una reforma para instaurar horarios flexibles y un sistema de retribución basado en el rendimiento y la experiencia; dos años más tarde se aprobó el sistema de pago por objetivos. En Finlandia, en los últimos ocho años se han desarrollado más de 200 proyectos centrados en aumentar la productividad de los trabajadores públicos, cuyo número se ha reducido. En Holanda, a partir de las reformas introducidas en 2008, que favorecieron la movilidad y flexibilidad de los funcionarios, las condiciones laborales en los sectores público y privado son ya muy parecidas. También tiene interés la reforma italiana de 2009, que ha permitido, entre otras cosas, el despido de funcionarios absentistas.

En España, el problema no es que sobren empleados públicos, es decir, trabajadores remunerados por las Administraciones para cumplir diversas labores necesarias. No, el problema es que muchos de ellos disfrutan de unos privilegios que los separan del resto de los trabajadores y les confieren una seguridad laboral dañina. Suecia tiene muchos más empleados públicos per cápita que España, pero se rigen por las mismas leyes laborales que los demás trabajadores: ni médicos, ni enfermeras ni profesores son funcionarios con empleos vitalicios y otras prebendas.

Las grandes reformas del sector público sueco durante la crisis de los años 90 se caracterizaron por el paso del monopolio estatal en el ámbito de la sanidad, la educación y los cuidados a la gestión de colaboración público-privada. Estos cambios se lograron sin huelgas ni encierros, sino con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y un gran acuerdo político. La reacción de los sindicatos suecos no fue la de atrincherarse en defensa del statu quo, como hacen los sindicatos españoles. No. Fue ejemplar. En los años más criticos de la crisis sueca (de 1991 a 1994), el promedio anual de huelgas fue de 22, mientras que en los cuatro años anteriores fue de 119.

Veamos qué se puede leer hoy por hoy en las páginas web de las asociaciones sindicales suecas en relación a la gestión pública-privada (con o sin ánimo de lucro) en áreas como la educación y la sanidad.

Para el Sindicato de Maestros (Lärarförbundet), lo importante es que tanto los maestros como los estudiantes tengan las mismas oportunidades para desarrollar su trabajo, independientemente de si la escuela está gestionada de forma privada o pública.

El Sindicato de Maestros acoge con satisfacción el hecho de que haya escuelas con enfoques pedagógicos y perfiles diferentes, porque lo que determina si una escuela es buena o mala no es quién ostenta la gestión, sino las condiciones que profesores y alumnos tienen para desarrollar su labor.

También consideran clave que estas condiciones se apliquen a todas las escuelas, independientemente de su ubicación geográfica.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Salud (Vårdförbundet) opina que la libertad de elección es "buena":

El sistema de libertad de elección debe ofrecer una pluralidad de alternativas sanitarias, entre las cuales se pueda elegir. Debe ser posible comparar los proveedores de una manera objetiva, y debe ser posible elegir distintos tipos de sanidad.

Finalmente, la Asociación de Médicos (Läkarförbundet) sostiene:
La competencia y la pluralidad de proveedores son buenas no solo para los ciudadanos y los pacientes, sino para la profesión médica.

El acuerdo político respecto de las profundas reformas que dieron paso a la competencia y la libertad de elección en una gran parte de los servicios de responsabilidad pública fue tan amplio que el entonces primer ministro socialdemócrata sueco, Göran Persson, llegó a decir: "No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones". A años luz de los socialistas españoles y su retórica oportunista y reaccionaria.

Los líderes sindicales españoles están anclados en el pasado. Tratan de aterrorizar a la ciudadanía con el espectro de la privatización y se arrogan el derecho de privar a la gente de ejercer plenamente su pleno a la educación o la sanidad. Si de verdad les interesasen España y los españoles, deberían aprender de sus colegas del norte, que por algo viven en países realmente solidarios, dinámicos y con sistemas de bienestar modernos y sostenibles.

ideasyanalisis.wordpress.com

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El Gobierno tiene que actuar
EDITORIAL www.gaceta.es 16 Enero 2013

Cataluña, de la mano de Convergencia y Esquerra, se halla inmersa en un abierto proceso de secesión. Negarlo es cerrar los ojos a la evidencia. Ese proceso, largamente incubado en los últimos años, llega ahora a un momento decisivo con la inclusión en el orden del día del Parlamento catalán de una resolución en favor de la autodeterminación. De la propuesta inicial se han eliminado las referencias a un “Estado propio” y a Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano”, al parecer para ganar el apoyo socialista. Pero se mantiene el “derecho a decidir” como trasparente invitación a un referéndum de autodeterminación. Tal cosa queda fuera de todas las previsiones constitucionales y sitúa a la Generalitat en la más flagrante ilegalidad.

El Gobierno tiene que intervenir. Tiene que aplicar la ley. Posee las armas legales precisas para frenar no ya una separación de hecho –sólo faltaría–, sino la mera formulación de intenciones separatistas en un Parlamento regional. El artículo 161. 2 de la Constitución faculta al Gobierno para “impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas”. Los juristas consultados por LA GACETA aseguran que no es posible actuar contra un mero trámite cuál es la inclusión de un punto en un orden del día. Todos conocemos ya el precedente del plan Ibarretxe. Pero aquí hay dos planos distintos: el político y el jurídico. Es verdad que en el plano jurídico no puede actuarse contra el mero enunciado de una propuesta, pero, en el plano político, la inactividad puede ser letal. ¿Acaso permanecería inmóvil el Gobierno si lo que se sometiera a votación fuera, por ejemplo, una propuesta a favor de la segregación racial? Un revolcón del TC puede arrojar un cierto coste político, pero este podría ser mayor si se dejan las actuaciones para cuando haya que afrontar hechos consumados.

No perdamos de vista lo esencial, que es la unidad de la nación española. Cataluña forma parte de España desde su misma fundación. No es posible imaginar a España sin Cataluña, y viceversa. Cataluña tiene razones para invocar su diferencia, pero no son distintas de las que podrían invocar otras comunidades. El Estado de las Autonomías da cauce más que suficiente para la expresión de cada identidad, incluso cuando se desbordan hasta el punto de amenazar la convivencia. Lo que nadie tiene derecho a invocar, en nombre de esa diferencia, es un estatuto de soberanía distinto al que reside en el conjunto de la nación española. La obligación del Gobierno es recordar estos elementales principios.

De la corrupción y de la Justicia
José Luis Manzanares www.republica.com  16 Enero 2013

Si la corrupción fuera petróleo o gas natural, seríamos el país más rico del mundo, pues cualquier prospección a lo largo y ancho de nuestra geografía tendría un resultado positivo. Nos entretenemos con declaraciones altisonantes, el estribillo de la presunción de inocencia, la exaltación de la democracia y los triunfos deportivos, mientras que la Justicia se deteriora progresivamente entre la falta de medios y su condicionamiento político. Hoy España aparece junto a Botswana -conviene recordarlo – en los rankings mundiales de la corrupción.

Estos días se ha confirmado -y es sólo un ejemplo- la ruina absoluta de quienes, en su mayoría pequeños y medianos accionistas, invirtieron sus dineros en Bankia, nave emblemática de la Comunidad de Madrid, no por confiar en algún negocio especulativo, sino porque se les ocultó torticeramente la verdadera situación económica de la entidad, y ello con el apoyo cómplice del Banco de España y otros organismos que nada hicieron, antes al contrario, para impedir la tropelía. Aquellos euros, como la energía o la materia, no desaparecieron realmente sino que cambiaron de bolsillo. Lo cierto es que los dirigentes de esta Caja, como los de otras en quiebra, debían sus puestos a los partidos políticos, a los sindicatos y a la organización empresarial. Lástima que la capa de Luis Candelas cubra cualquier responsabilidad penal por delitos societarios, de estafa masiva, apropiación indebida y otras figuras delictivas.

Todo empieza y acaba con la falta de voluntad política -hoy por ti, mañana por mí- para combatir una corrupción que le viene grande a la propia Administración de Justicia. A diferencia de lo ocurrido con la violencia de género o sexo, no hay leyes integrales y transversales contra la corrupción, ni observatorios contra la corrupción, ni delegado del gobierno contra la corrupción, ni un ministerio contra la corrupción, ni siquiera una dirección general con ese nombre.

Se pueden contar con los dedos de la mano los corruptos de primera fila que han entrado en prisión. Tenemos el caso de un Mario Conde, peligroso para el “establishman”, el de Javier de la Rosa, también con rasgos muy particulares, y poco más. La financiación ilegal de determinados -o de muchos determinados- partidos políticos, con enriquecimiento colateral de los intermediarios, siempre se hizo a espaldas de sus mandamases.

El entonces Fiscal General del Estado no movió ni un dedo cuando Maragall acusó al Gobierno Catalán, o más exactamente a CiU, de cobrar la comisión de un 3% en las contrataciones públicas. Otro había hecho antes lo posible y lo imposible para que el escándalo de los fondos reservados que cobraron los policías Amedo y Domínguez quedara en nada. Por su parte, los tribunales consideraron penalmente irrelevante que un Ministro del Interior pagara con esos mismos fondos unas joyas para obsequiar a las esposas de sus colaboradores como víctimas indirectas por los desvelos de sus maridos.

Dijo Jesús que más fácilmente pasaría un camello por el ojo de una aguja que un rico por la puerta del cielo. Hoy lo difícil en España es que uno de los enriquecidos por la corrupción, haga lo que haga, entre por la puerta de la cárcel y se quede allí algún tiempo sin terceros grados o rápido reenvío a casa por motivos de mala salud. ¿Cuándo se llegará, en el sentido que sea, al punto final en los escándalos del expresidente de la CEOE, o de “El Bigotes”, o de Urdangarin, o de los ERES de Andalucía, o del Palau barcelonés, o de los amigos del exministro José Blanco, o de las supuestas actividades delictivas de nombres ilustres de la política catalana? Pasado el momento, la noticia cae en el olvido, los procesos judiciales se eternizan y los presos preventivos (si los hubiere) son puestos en libertad. Los sumarios duermen largos años sin que se haga nada (y sin que nadie responda después por ello). Un botón de muestra: ahí sigue “el Faisán”, pese a su teóricamente corto recorrido entre un juzgado y un ministerio. Y otro: casi veinte años ha tardado la sentencia de conformidad en la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya con fondos de la Unión Europea para cursos de formación de personas en paro.

La conclusión es clara. La Justicia demasiado lenta no es Justicia y puede que frente a la Corrupción en gran escala ni siquiera exista. Mientras más politizada esté la Justicia -por no hablar de la Fiscalía y de la Policía- y mayor sea su escasez de medios, más impunidad habrá para la corrupción políticamente coloreada. Como en Botswuana, seguramente.

Cataluña sin España
El caos intelectual del PSOE y del PSC llevan al desastre, pese a las buenas intenciones
Antonio Elorza El País 16 Enero 2013

Cuando en 1927 el joven Pierre Vilar se instala en una residencia para investigadores de Barcelona, no deja de sorprenderle la actitud del conjunto de residentes en relación a España, algo tanto más significativo cuanto que entre ellos encuentran personalidades como Pompeu Fabra y Nicolau d’Olwer. El castellano era para ellos una lengua extranjera, reservada para los iberoamericanos; con otros no catalanes, preferían hablar en francés o inglés. Explicaban puntualmente los rasgos culturales de Cataluña y sus grandes hitos históricos, las derrotas de 1689 y 1714, vinculándolas a la opresión de la Dictadura. Ser de Montpellier, la patria de Jaume el Conqueridor, le valía a Vilar gestos de simpatía. Prohibido entonces El Segadors, escuchaban emocionados el Canto de la Senyera. La rivalidad con Madrid constituía un tema obsesivo. “Desgraciadamente para España”, concluye Pierre Vilar, “el enfrentamiento entre Cataluña y Castilla, visto por un testigo francés, se parece menos a las bromas amistosas entre Norte y Sur que al diálogo de sordos de las tensiones internacionales”.

Recordé estas notas cuando hace diez años leí algunos de los artículos y discursos con que Pasqual Maragall sentaba las bases doctrinales de su reforma estatutaria. Me sorprendió la fusión de elementos de modernidad, tales como el diseño de una región supranacional en torno al eje mediterráneo, con las referencias apolilladas a la Corona de Aragón, lo cual no era inocuo, pues Murcia quedaba eliminada, por muy mediterránea que fuera, y en cambio estaba ahí la referencia a Montpellier, por lo de don Jaime, como si fuera su estatua la que preside el ingreso en la ciudad, y no la de Luis XIV. Ni más ni menos que “la Corona de Aragón que nos llega del futuro”. Pensemos también en aquel socialista catalán que cuando se dirigía a Toulouse —perdón, Tolosa del Llenguadoc— se emocionaba al iluminar los faros el letrero de Muret, lugar de la batalla que en 1213 frustró un Estado occitano-catalán. Todo propio de conservadores posrománticos.

Maragall lanzó un proceso cuyo punto de llegada se aparta de su intención
La diferencia entre ambas es que la de Maragall se convirtió en lanzadera de un proceso histórico cuyo punto de llegada se aparta claramente de su intención, que parecía consistir en la confluencia de las aspiraciones nacionales de Cataluña con la renovación de España, “la Catalunya gran en la Espanya plural”, en la línea de Prat de la Riba y de Cambó. Solo que el discurso sobre España subía a las nubes de los sentimientos, mientras que para Cataluña se trataba de un salto en el poder, a la federación asimétrica (léase confederación) que si España la acogía con “amor” (sic) produciría óptimos resultados. Probablemente sin enterarse de nada, en medio de la hojarasca maragalliana, Zapatero estaba dispuesto a ofrecer ese amor, solo que luego las cosas no serían tan fáciles.

Detrás de Maragall se encontraba además su amigo Rubert de Ventós, quien sintiéndose forastero como senador socialista en Madrid, se entregó a una predicación aun inconclusa, que tuve ocasión de presenciar asombrado el año 2000 en la Universidad de Columbus, al escuchar cómo Cataluña se manifestaba a través de sus palabras, para mostrar la evidente incompatibilidad entre Cataluña y España. Un verdadero iluminado que, tras ser el primero en recibir a Mas en su regreso de la entrevista con Rajoy, sigue escribiendo cosas tales como que se siente “crucificado por el AVE”, al ser radial, y que las fronteras son fruto de “la sangre de los soldados y del semen de los emperadores”. Pues este hombre, en tiempos lúcido lector de Hegel, fue el autor en 1999 del libro-programa De la identitat a la independència, prologado por Maragall, y anuncio de la lógica política que rige el preámbulo al proyecto de Estatut en 2004, donde hay una nación y media —Cataluña y el valle de Arán— y otra tan inexistente que ni siquiera merece ser mencionada, España. Más allá de los recortes introducidos, semejante lógica dualista presidirá todo el proceso estatutario y pos-estatutario. Las manifestaciones del “Som una naciò” en 2010 o la reciente de la Diada, por no hablar del editorial colectivo de 2009, La dignitat de Catalunya, responden a ese dualismo insuperable. No son el origen de nada.

En La dignitat de Catalunya, una frase perdida da la clave: “No existe la justicia absoluta, sino solo la justicia del caso concreto”. Léase inhabilitación del TC para modificar el Estatut. No importaba el contenido de los recortes, avales sin embargo de lo esencial del texto, al cual introducían “en el marco constitucional”. Por el solo hecho de serlo, la sentencia lo era “contra el Estatut”, según afirmó un constitucionalista en estas páginas, sin molestarse en abordar el menor análisis del contenido de lo reformado. Al modo del soviético Suslov cuando en 1968 los comunistas checos proponían modificaciones a su diktat, la respuesta no requería una lectura previa: “No sirven”. En el orden simbólico, la Constitución ya no existía. Como ahora, en el plano real. Catalunya sin España.

La democracia no ha eliminado las raíces intelectuales de la fractura
Volviendo la mirada hacia atrás, hay que tener en cuenta las observaciones antes mencionadas de Pierre Vilar, y reconocer en consecuencia el esfuerzo de la izquierda catalana, tanto del PSUC como de los socialistas, para superar un distanciamiento y un menosprecio hacia España muy arraigados en Cataluña, desde los tiempos de Lo catalanisme de Almirall. Además, no era una actitud construida sobre el vacío. Cataluña había sido en el siglo XIX la vanguardia de la modernización ibérica, pero adecuándose al atraso español, no superándolo. El eje Milán-Turín hizo Italia, Barcelona “impuso el proteccionismo en España”, en palabras de Cambó. Con el crecimiento económico y la democracia, y, claro, la autonomía, parecían sentadas las bases de un equilibrio, pero ello no eliminó las raíces intelectuales de la fractura, intensificada por la presión catalanista que tras la euforia de la Transición acabó atrayendo a los intelectuales socialistas y excomunistas.

Fue así la incapacidad de la izquierda para lograr la cuadratura del círculo, conjugando catalanismo y socialismo, lo que abrió la puerta, sobre el telón de fondo de la crisis, al proceso puesto en marcha por Mas.

Y en el socialismo, a la confusión sucedió el oportunismo, hoy clave para la huida hacia adelante de la independencia. Con la ayuda de sus constitucionalistas anticonstitucionales, Rubalcaba ha encontrado la fórmula perfecta: desde su pasividad, dirá que no a la separación, pero jugando con el a burro muerto cebada al rabo de su indeterminado federalismo y dando luz verde a que el PSC proporcione el apoyo decisivo ante Europa a la “transición nacional” (otra idea de Rubert de Ventós) por parte del PSC. Así, desde unas innegables buenas intenciones, el caos intelectual del PSOE y del PSC hace inevitable la catástrofe.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.

El derecho a decidir (y 3)
Juan-José López Burniol en La Vanguardia 16

Concluyo el tríptico con este artículo en el que expongo la que es –a mi juicio– la única solución racional al problema que el derecho a decidir plantea hoy en Catalunya. Recapitulo para ello lo dicho: 1. El derecho a decidir –el derecho de autodeterminación– ha estado presente, desde hace tiempo, en la difícil dialéctica Catalunya-España. 2. La negativa a admitir, en la actualidad, que una parte significativa de los catalanes quiere ejercitarlo es tanto como negar la evidencia. 3. Esta reivindicación se produce en un momento difícil para España, pues a la crisis económica que padece se le superpone una política de no menor magnitud, cuyo epicentro se ubica en el mal funcionamiento del Estado autonómico, que contribuye a provocar un cuasi colapso institucional y el descrédito de la política y los políticos. 4. Es muy peligroso el desprecio por la ley que muestran ambas partes: una, porque estorba a sus designios; y otra, porque se blinda con ella.

En esta situación, lo peor que podría hacerse es plantear la cuestión en términos dogmáticos de soberanía, es decir, formulando esta pregunta: ¿dónde reside la soberanía? ¿En todo el pueblo español o en el pueblo catalán? En otras palabras, ¿la decisión han de tomarla todos los españoles –como dijo Felipe González– o sólo los catalanes? De proceder así, no se alcanzará jamás un acuerdo, al contrario, se provocará un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. Lo que debe hacerse es hablar sin reservas para fijar, antes que nada, la realidad de los hechos, que se concreta en la quiebra del bloque de constitucionalidad en Catalunya y en la necesidad de acometer una reforma profunda de la estructura del Estado para que, sencillamente, este sea viable. Y, fijados los hechos, se ha de extraer la primera y más trascendental consecuencia, que es admitir que los catalanes tienen derecho a decidir si quieren o no seguir en España, siempre que exista una demanda secesionista mayoritaria.

Esta consecuencia plantea, a su vez, una doble exigencia. La primera es que el Gobierno de España –previo pacto ineludible con el primer partido de la oposición– admita el derecho a decidir de los catalanes, sin entrar en el debate formal soberanista, y muestre su abierta disponibilidad a buscar, consensuadamente, una salida constitucional para el efectivo ejercicio de tal derecho, con una interpretación flexible de la Constitución. Así, quedaría expedito el camino para hacer efectiva la segunda exigencia, que es celebrar el referéndum de autodeterminación, en el bien entendido de que durante el lapso de tiempo comprendido entre ambos instantes (el del reconocimiento del derecho a decidir y el del referéndum) sería el momento de debatir a fondo las ventajas e inconvenientes de la secesión catalana, sin la presión que siempre provocará la negación previa del derecho a decidir.

La posibilidad de celebrar dicho referéndum está avalada por la autoridad de diversos constitucionalistas y juristas. A tal efecto, sería precisamente el Parlament catalán el que debería usar la facultad de iniciativa legislativa que la Constitución le concede, ya que la autorización para convocar un referéndum requiere una ley orgánica. Por tanto, debería presentar a las Cortes una proposición de ley orgánica de autorización del referéndum, con lo que se haría patente, además, que quienes desean la independencia quieren llegar a ella dentro de la Constitución. El Gobierno y la oposición deberían hacerla suya, previa la negociación correspondiente, y, una vez aprobada en todos sus términos (mayoría indispensable, quiénes pueden votar, cuál ha de ser la circunscripción –única o provincial–, el contenido de la pregunta –clara e inequívoca– y cuál ha de ser el procedimiento que seguir en caso de victoria de la opción secesionista), el Rey debería proceder a convocar el referéndum, a propuesta del presidente del Gobierno. Este procedimiento sería, por tanto, respetuoso con el principio de legalidad y con el principio democrático.

Asimismo, durante el espacio de tiempo entre el reconocimiento del derecho a decidir y la celebración del referéndum –que no tendría por qué ser inmediata– se abriría una amplia posibilidad de diálogo en el que ponderar el contenido, ventajas e inconvenientes de acometer la imprescindible e inaplazable reforma constitucional. Una reforma que exigiría, entre otras cosas, la rectificación y desarrollo del Estado autonómico, para eliminar sus disfunciones y potenciar sus virtudes, reconociendo la realidad de los hechos, entre ellos la singularidad nacional catalana. España es un país de historia constitucional atormentada, reacio a las reformas constitucionales porque es un país cainita y refractario al pacto. Ello explica que, al ser imposible la reforma, la exigencia de cambio acabe siempre por arrastrar a la Constitución considerada “intangible”, que es sustituida abruptamente por otra. ¿Será así otra vez?

Sobre un supuesto derecho
Francesc de Carreras La Vanguardia  16 Enero 2013

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Parece que en Catalunya una mayoría parlamentaria, en la que se incluyen al parecer los socialistas, es favorable al llamado derecho a decidir. Es más, lo encuentran como algo natural y evidente, implícito en la misma esencia de la democracia. Incluso se llega a decir que, a pesar de que las leyes no lo permitan, el derecho a decidir es siempre legítimo desde un punto de vista democrático, invocando así una legitimidad democrática al margen de la legalidad vigente. Tales afirmaciones muestran la gran confusión sobre el significado de todos estos términos. En este artículo intentaremos averiguar qué se oculta tras el tan traído y llevado derecho a decidir.

En primer lugar, la función primordial de los poderes públicos -legislativos, ejecutivos y judiciales- es tomar decisiones: para ello están las leyes y reglamentos, los actos administrativos y las resoluciones judiciales. Todas estas normas son decisiones que vinculan obligatoriamente a los ciudadanos y a los demás poderes públicos. Su legitimidad deriva de que se adecuen a la legalidad, es decir, que sean dictadas por el órgano competente, a través de los procedimientos previstos y, de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, sin oponerse al contenido de una norma superior. Pero el tan invocado derecho a decidir no creo que se refiera a este tipo de decisiones regulares de los poderes públicos. Supongo que se refiere a otra cosa.

Se me objetará: de lo que se trata es de que sean los ciudadanos, no los poderes públicos, quienes decidan, de eso hablamos cuando reclamamos el derecho a decidir. Pues bien, en la toma de decisiones que hemos descrito son los ciudadanos quienes deciden de forma indirecta a través del ejercicio de diversos derechos políticos: libertad de expresión, reunión, manifestación, asociación y participación. Las cuatro primeras se limitan -y no es poco- a influir en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos. La quinta, el derecho de participación política, en su sentido estricto de derecho electoral, hace que el ciudadano decida en un aspecto clave: sobre la composición de las cámaras parlamentarias. Las elecciones son el instrumento que legitima democráticamente a todo el Estado, al conjunto de poderes políticos, administrativos y judiciales.

En todo caso, si bien los ciudadanos están constitucionalmente situados por encima de estos poderes -dado que la soberanía, el poder supremo, reside en el pueblo-, la idea de Estado de derecho presupone que estos mismos ciudadanos estén sometidos, al igual que los poderes públicos, a las normas que estos aprueban, ya que en conocida frase de Rousseau, obedecer a las normas "no es más que obedecerse a sí mismos", ya que son ellos, los ciudadanos, quienes les han dado su consentimiento. Este es, en definitiva, el orden democrático representativo en el cual sólo aquello que es legal es jurídicamente legítimo, ya que sólo son las leyes quienes determinan los derechos y deberes de las personas y las competencias de los poderes.

Pero además, como excepción a la democracia representativa, también los ciudadanos pueden decidir de forma directa, en especial a través de los referéndums, es decir, del derecho a voto sobre una pregunta a la que debe contestarse de forma positiva o negativa, con un sí o un no. Es a eso, y sobre una materia determinada, la separación de España, que en Catalunya se habla de "derecho a decidir". Es decir, los ciudadanos deciden ejerciendo derechos, las instituciones públicas dictando normas de todo tipo, pero se intenta dar la apariencia de que los catalanes sólo van a decidir realmente en un referendo sobre la independencia de Catalunya. ¿Por qué?

A mi modo de ver porque con el término específico derecho a decidir se oculta otro derecho que está regulado en los tratados internacionales y que no es de aplicación a Catalunya. Se trata del derecho a la autodeterminación, sólo admisible en situaciones coloniales o en aquellas otras en las que un Estado niegue los más elementales derechos a sus ciudadanos. Como es obvio, nada de ello sucede en Catalunya. Por tanto, el derecho a decidir -si por derecho entendemos algo que las leyes vigentes regulan y no un derecho natural o divino propio de épocas premodernas- es un derecho inexistente, un supuesto derecho, sólo inventado como instrumento de lucha ideológica pero sin base jurídica alguna.

No pueden, pues, los ciudadanos catalanes tomar una decisión sobre su independencia que, inevitablemente, vincularía a terceros, en concreto al resto de España y a la Unión Europea. Una decisión de este tipo, además de ilegal sería irrazonable, ya que tal decisión, al afectar a otros, obviamente debe contar con su acuerdo. Sólo mediante una reforma constitucional, según el procedimiento previsto en la propia Constitución, que implica necesariamente la ratificación del pueblo español, sujeto en el que reside la soberanía, podría en su caso decidir sobre la independencia de Catalunya. En este pueblo español están también incluidos, como se sabe, los ciudadanos catalanes.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20130116/54361956173/sobre-un-supuesto-derecho-francesc-de-carreras.html#ixzz2LIHRNw4j
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El inexistente e ilegal derecho a decidir en Cataluña
Miguel Cancio www.lavozlibre.com 16 Enero 2013

Economista y Sociólogo

De entrada, y de acuerdo con la vigente Constitución española de 1978, Cataluña forma parte de la nación española y, en la actualidad, no es un sujeto político, jurídico y soberano con derecho a decidir al margen del pueblo español, él único en el que reside la soberanía nacional tal como lo establece la Carta Magna.

El derecho a decidir del pueblo catalán no existe ni es democrático, porque no está reconocido en la Constitución española y, por lo tanto, la celebración de una consulta sobre si los catalanes quieren o no quieren formar parte de España, quieren o no quieren independizarse de España, quieren o no quieren formar un nuevo Estado, -el Estado catalán-, no puede producirse. Por tanto, si esta consulta se celebra, es total y absolutamente ilegal. Es nula de pleno derecho por ir en contra de la Constitución, del Imperio de la ley, del Estado de derecho vigente en Cataluña.

Lo del derecho a decidir lo están invocando fuerzas políticas catalanas y antiespañolas, de forma muy irresponsable, además de ilegal. Si se sigue el mismo razonamiento que el de estas voces anticonstitucionales, podrían también invocar dicho derecho a decidir, por poner un ejemplo, las víctimas del terrorismo (etarra, fundamentalista, etc.), que convocaron en España manifestaciones más masivas que las convocadas en Cataluña; o por las familias que llevaron a cabo recogidas de firmas y manifestaciones reiteradas por la cadena perpetua para los que cometan crímenes especialmente crueles (e incluso de la pena de muerte como sucede en países occidentales muy desarrollados y democráticos); o por los que están a favor la reducción de los poderes a las autonomías; o los que abogan por la reducción de los impuestos, etc. Y es que, según las encuestas todos ellos son millones y millones de españoles.

Podríamos seguir poniendo ejemplos: los ayuntamientos, que también gozan de autonomía, podrían también invocar el derecho a decidir y convocar consultas sobre su autodeterminación, separación de España, etc. y, por supuesto, el resto de las CCAA, además de la catalana, y todos los poderes locales que gozan de autonomía.

En otras palabras, si en Cataluña, con el llamado derecho a decidir se incumple la vigente Constitución española, cada autonomía, poder autonómico y local, cada persona jurídica individual y colectiva hiciese podría hacer los que les diese la gana, al margen de la Carta Magna. En esta gravisima situación, en España, -en todas y cada una de sus partes-, se instalaría el caos, la anarquía, el desgobierno... Las autoridades, los responsables españoles, que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, no pueden admitir esta situación de total y absoluta ilegalidad, este gravisimo desafío, este golpe contra el Imperio de la Ley y contra el Estado de derecho vigentes en la nación española.

FUERZAS CATALANAS PROMUEVEN UN GOLPE CONSTITUCIONAL
Convergencia i Unio (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV: de esta coalición forma parte el Partido Comunista de España en Cataluña, es decir, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC), Partit dels Socialistes del Catalunya-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE) y otras irresponsables fuerzas políticas catalanas, -como en los nefastos, muy violentos y guerracivilistas años 30 del siglo pasado en España-, quieren volver a sembrar odios, agravios y enfrentamientos entre los pueblos y culturas de la plural nación española, rompiendo claramente la baraja constitucional española.

Están planteando un golpe constitucional, un referéndum, -lo que ellos llaman el derecho a decidir-, una consulta para que, únicamente, los ciudadanos de la comunidad autónoma española catalana, que se debe a la Constitución, voten si se quieren separar de la nación española, si quieren ser independientes de España y constituir un nuevo Estado. Lo cual, repito, es absolutamente ilegal, completamente contrario a la Constitución española de 1978 que, entre otras cosas, establece:

- En su articulo 1 que: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

- En su articulo 2 que: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

- En su articulo 92 que: Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

- En su articulo 149. 1. que: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1ª) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2ª) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3ª) Relaciones internacionales. 4ª) Defensa y Fuerzas Armadas. 5ª) Administración de Justicia. 13ª) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14ª) Hacienda general y Deuda del Estado. 32ª) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

- En su artículo 150 que: El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

- Y en su Artículo 155 que: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA
Con relación al derecho a decidir de Cataluña o de cualquier otra autonomía española; este derecho debería estar recogido en la Constitución española de 1978. Como no es el caso, habría que cambiar la Carta Magna, como señala su Titulo X titulado 'De la Reforma constitucional'.

En concreto, el artículo 168 sobre la Reforma constitucional exige para el caso del derecho a decidir de cualquier autonomía española, lo que afecta a su Titulo Preliminar (soberanía nacional del pueblo español; indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; Monarquía parlamentaria; lengua española oficial; bandera española; Fuerzas armadas cuya misión es garantizar la soberanía de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional; la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; etc.). Este artículo 168 exige para la aprobación de los cambios constitucionales una mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes. A continuación, como dice el articulo 168: "Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación".

A la luz de este artículo 168 pero también de Título X De la Reforma constitucional, para proceder a la misma se necesita un consenso igual o mayor que el que dio lugar a la Constitución española de 1978.

Cataluña
Duran, el hombre providencial
Carmelo Jordá Libertad Digital 16 Enero 2013

Se nos destapa Alicia Sánchez Camacho con unas declaraciones en las que afirma que sólo Duran i Lleida puede evitar la independencia de Cataluña; sólo él puede salvar la patria; España y sus 2.000 años de historia en manos del noi del Palace, por si nos quedaba algo por ver.

Surgen rápidamente dos preguntas para las que, por ahora, no tengo respuesta: cómo es que la popular no abandona ipso facto su propio partido para seguir con los ojos vendados al salvador de España; y si la entrada triunfal de Duran en Barcelona será a lomos de un tanque o de un borriquillo.

Mientras meditamos sobre estos enigmas, las clarividentes palabras de la líder del PPC constatan, una vez más, la profundidad de su razonamiento político y su sobresaliente capacidad estratégica: se pone en las manos de Duran en el mejor momento de éste, justo después de que su partido haya admitido ante la Justicia que se financiaba ilegalmente.

Además de confirmarnos lo que ya sabíamos sobre la aguerrida política popular, esta noticia nos podría hacer reflexionar acerca del inusitado y a mi juicio sorprendente prestigio que el de Uniò tiene en la capital del reino, más conocida como Madrit.

Duran y su pulida calva llevan años, muchos años, de brillantísima carrera en medio tan hostil y centralista. En todo este tiempo no se le han conocido grandes teorizaciones ni actitudes de excesiva gallardía: pocos políticos –he aquí una de las claves de su larga permanencia en la mamandurria– tan adaptables a las circunstancias; menos aún con su capacidad de mimetizarse con el entorno..

Antes, a eso lo llamábamos "cambiarse de chaqueta", con una frase un tanto anticuada que, sin duda, se ha visto superada en estos tiempos en que la "capacidad de diálogo" y la "búsqueda de puntos de encuentro" son norte y guía de la acción, con perdón, política.

En fin, que nunca durante todos estos años se le ha visto a Durán un gesto que llamase la atención, algo que pudiera interpretarse como un puñetazo sobre la mesa, una respuesta a sus jefes en Cataluña que no fuese un doblado de testuz tan perfecto como el planchado de sus primorosos trajes.

Y a ese hombre valeroso, a ese que fue arreglao pero informal a una manifestación a pedir esa independencia en la que después dice no creer, precisamente a él y no a otro, va y le encomienda Sánchez Camacho la compleja tarea de salvar España.

Pues, como decía aquel, el último que apague la luz.

por enaltecimiento del terrorismo
AVT y Dignidad y Justicia denuncian la marcha de Bilbao a favor de los presos
EFE www.gaceta.es 16 Enero 2013

Las denuncias de las dos asociaciones de víctimas del terrorismo incluyen imágenes de la manifestación del pasado sábado.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia han presentado sendas denuncias en la Audiencia Nacional al considerar que durante la marcha del pasado sábado en Bilbao en apoyo a los presos de ETA se cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo al exhibirse fotos de etarras.

La AVT indica en su denuncia, presentada ayer, que en la manifestación sus participantes mostraron multitud de fotografías de miembros de la organización terrorista que en el acto, asegura, se denominaron "presos políticos vascos".

Estas imágenes, indica la AVT, "tienen un evidente significado de ensalzamiento de unos terroristas", un delito en el que también se incurrió cuando durante la marcha se solicitó la "amnistía e inmediata excarcelación, justificando así sus acciones".

La asociación adjunta en su denuncia imágenes de varias televisiones de la marcha, convocada por Herrira bajo el lema "Derechos humanos, resolución, paz. Presos vascos a Euskal Herria", en las que se muestran los carteles con las fotos de los presos y pide al juzgado que, de admitir la denuncia, les pida copia de las mismas.

En base a ellas, pide que el servicio de información de la Guardia Civil y la Ertzaintza haga un informe para constatar lo denunciado e identifique a las personas que portaban las fotografías, así como que comunique los convocantes de la manifestación y las personas responsables de la misma.

Una vez comprobado esto, pide al juzgado que cite en calidad de imputadas a las personas que resulten identificadas por la posible comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La denuncia de Dignidad y Justicia, presentada hoy en la Audiencia, cita, entre otras cosas, una foto de la manifestación en la que se ve una pancarta firmada con el logotipo de Herrira con los textos "Inma Etxera" (Inma a casa), "13 gaixo larriak" (13 enfermos graves) y "Askatu" (Libertad) y con la imagen de la presa etarra Inmaculada Berriozabal.

Además, indica que en una fotografía de prensa se puede observar una fachada con un corazón y dentro del mismo la palabra "ETA".

Para Dignidad y Justicia, estas imágenes "pretenden el ensalzamiento público de miembros condenados por pertenecer a organización terrorista, aprovechando el permiso concedido para que se celebre una manifestación que luego deriva en actos individuales de enaltecimiento del terrorismo".

Por ello, la organización pide al juez que, de admitir su denuncia, solicite informes sobre la marcha así como las fotografías a los medios de comunicación que las publicaron.

Le reclama además que se identifique a los miembros de ETA de las pancartas y a las personas que las portaban.
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