AGLI Recortes de Prensa    Jueves 17  Enero 2013

El Gobierno ¿de los mejores?
Dani Bardavío www.estrelladigital.es/ 17 Enero 2013

Los españoles asistimos a una gran estafa política. El gobierno de Rajoy, que iba a ser "el de los mejores", es un espectacular fiasco. Nuestro presidente, el campeón del "sentido común", aquel que nos iba a decir la verdad siempre, echó por tierra su credibilidad en el minuto uno al asegurar que haría cualquier cosa, aunque hubiera prometido que no la haría. Hizo un ridículo tremendo y muy comentado en Europa al afirmar que él era quien presionaba a los líderes de la UE para que rescataran nuestra banca cargada de activos tóxicos (ladrillo financiado de forma irresponsable) y luego marcharse al fútbol en medio del despropósito de la "operación Bankia". Engañó a pensionistas, autónomos, profesionales de todos los sectores y de todos los ámbitos, a los funcionarios y a los ciudadanos en bloque. Rajoy es la cara y la voz (cuando tiene a bien aparecer) de una estafa política de proporciones colosales.

El gobierno de Rajoy, que iba a ser "el de los mejores", es un espectacular fiasco
No hace falta tener una memoria prodigiosa para recordar las cosas que decía cuando era el líder de la oposición. De hecho, Rajoy ganó las elecciones al presentarse como la alternativa a la "mala gestión de la crisis" que estaba llevando a cabo el Gobierno de Zapatero. Una gestión centrada, según denunciaba entonces, en los "recortes injustos", una reforma laboral que "facilitaba el despido" y subidas de impuestos, entre ellos el del IVA, medida calificada como "el sablazo del mal gobernante", que mereció una campaña a nivel nacional capitaneada por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, la liberal más 'sui géneris' de la vía láctea.

Hace poco más de dos años Rajoy era la alternativa a esas políticas. Es lo que decía en todas sus apariciones públicas. Se apoyaba en el "sabemos lo que hay que hacer para sacar a España de la crisis y ya lo demostramos en el pasado".

Rajoy se encargaría de cerrar las empresas públicas, de contener el gasto y deshacerse de asesores, se comprometió a respetar lo que ellos denominaban 'líneas rojas', esto es, el carácter universal y gratuito de elementos básicos para la cohesión social como son la Sanidad y la Educación públicas. Elaboró un programa electoral poco concreto pero fundamentado en una idea fuerza para reactivar la actividad económica: la curva de Laffer, que defiende las bajada de impuestos para de esta forma recaudar más al estimular la actividad privada industrial y empresarial y la creación de empleo. Prometió acabar con el paro, no dar más dinero a los bancos y dijo no ser partidario de crear un banco malo que liberara a las entidades financieras de sus activos más deficitarios. No ha cumplido nada de lo prometido.

No ha tenido empacho en ocultar medidas impopulares e incluso la presentación de los PGE por motivos partidistas y electorales
Además, no ha tenido empacho en ocultar medidas impopulares e incluso la presentación de los Presupuestos Generales del Estado por motivos partidistas y electorales. Las comunidades autónomas que gobierna su partido, y cuyos líderes acusaban a sus homólogos de otras formaciones de esconder facturas en los cajones, han aflorado más déficit del declarado inicialmente.

Hemos retrocedido varias décadas en derechos laborales, en materia de igualdad, en materia de aborto, en el acceso a la Justicia o en el ámbito de la educación, en el que el Ejecutivo sólo se reúne con los obispos para volver a incluir la religión como asignatura evaluable porque, como todo el mundo sabe, leyendo la biblia nuestros jóvenes se prepararán mucho mejor para afrontar los retos del futuro. Una decisión "ideológica", como aseguró el ministro Wert.

Han engañado a los pensionistas disfrazando de subida lo que es una bajada de su poder adquisitivo y una tropelía al denegarles derechos ya consolidados y adquiridos durante el ejercicio pasado.
Con el objetivo de combatir nuestro principal drama, el paro, Rajoy designó a una persona que, primero, se encomendó a la Virgen del Rocío para que echara "una manita" contra la crisis, después se ausentó de las tres cumbres sobre empleo celebradas en la UE, y finalmente, posó sonriente con los últimos datos de desempleo en España para un periódico afín, al mismo tiempo que Eurostat confirmaba que somos ya más de seis millones de parados en este país...Y que las previsiones para este 2013 son malas. Una ministra que en un año de gestión en los que se han destruido 500.000 puestos de trabajo dijo hace unos meses que España ya estaba saliendo de la crisis.

El "ínclito" ministro de Justicia ha acabado con la tutela judicial efectiva al impulsar una ley de tasas absurda, injusta y abusiva
Tenemos también el peor ministro de Economía, según el Financial Times, una ministra de Sanidad desaparecida en plena tormenta del sector y que dio la rueda de prensa más rocambolesca de los últimos años. Sufrimos a un ministro de Hacienda que exprime el eufemismo hasta la náusea para calificar de "regulación de activos ocultos" lo que ha sido una lamentable y vergonzosa amnistía fiscal en toda regla. Montoro ha sido un fiasco total porque hace y justifica todo lo contrario de lo que defendía en la oposición ¿recuerdan? bajar los impuestos porque "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles".

Y no debemos olvidar al "ínclito" ministro de Justicia, que ha sido acusado por el Consejo General del Poder Judicial de ir más allá que Franco y Primo de Rivera con su cadena perpetua revisable, que es manifiestamente inconstitucional; que ha acabado con la tutela judicial efectiva al impulsar una ley de tasas absurda, injusta y abusiva, y que nos quiere retrotraer a los años cincuenta con la reforma de la ley del aborto.

Y este es el resumen de la acción de un añito del gobierno de Rajoy, de un ejecutivo que siempre daría la cara y diría la verdad a los españoles y que defendería la Educación y la Sanidad públicas, universales y gratuitas. Un Gobierno que se ha quitado la careta, que no cree en lo público ni en el Estado de bienestar y que ha dinamitado la Ley de Dependencia. Un gobierno manipulador y trilero. El gobierno ¿de los mejores?

Acabar con la corrupción es inaplazable
EDITORIAL www.gaceta.es 17 Enero 2013

La atmósfera política en España, de un tiempo a esta parte, se ha hecho irrespirable como consecuencia de los sucesivos escándalos de corrupción aparecidos en los medios de comunicación un día sí y otro también. La corrupción, en esencia, siempre es la misma: aprovechando la influencia o el poder de los cargos públicos y sus alrededores, se producen decisiones ilegales con fuerte contenido económico –sobre todo de carácter urbanístico o de adjudicación de contratos públicos– de las que se benefician en distintas proporciones los cargos públicos, los contratistas o los constructores y sus entornos respectivos. Si se trata de partidos políticos o sindicatos, cuyas finanzas dependen del dinero público, la corrupción consiste en el desvío del dinero a su propia financiación, y eso cuando ese dinero distraído no acaba directamente en bolsillos particulares. Una tercera fuente principal de corrupción, en fin, proviene de intermediaciones en negocios turbios sustanciados con dinero del contribuyente. En suma, la corrupción política siempre (salvo rarísimas excepciones) es económica. El lenguaje popular, poco académico pero irrefutablemente expresivo, califica a los corruptos como “chorizos”. Sin más.

La lista de alcaldes y concejales imputados o condenados por corrupción es enorme. Es cierto que en relación con el total de ediles del país representa una proporción minoritaria, pero poner el acento en esta perspectiva no sería más que una forma de tratar de maquillar una situación escandalosa cuyas dimensiones permiten de sobra la generalización. En las comunidades autónomas ocurre otro tanto: la opacidad de las cuentas, la arbitrariedad en las decisiones de contenido económico y los enriquecimientos súbitos de quienes llegaron a los cargos públicos con una mano delante y otra detrás, que diría un castizo, ya no se pueden ocultar.

Por otra parte, es penoso comprobar que no se salva en este océano de podredumbre ningún partido con responsabilidades de gobierno, lo que equivale a decir con acceso a la administración del dinero ajeno extraído coactivamente a los ciudadanos contribuyentes. Discutir sobre las proporciones en que tal o cual partido incurre en prácticas corruptas es otro modo de distraer la atención de lo esencial. Y, además, sería una forma de engañar a la gente, al presentar la mayor corrupción de unos como la exoneración de los otros. Todos los partidos con responsabilidades sobre el dinero público están chapoteando en este albañal desde hace años, y entre ellos procuran protegerse de las iras populares, bien manteniendo un silencio cómplice mientras se puede, bien atacando a los medios que tienen la osadía de tirar de la manta cuando pueden, que no es siempre. Pero llama poderosamente la atención la aplastante proporción de casos desvelados por los medios entre todos los que han salido a la luz. De no ser por la prensa, la omertà interpartidista habría mantenido en la tiniebla del desconocimiento público la gran mayoría de los escándalos de corrupción. Lo que significa, evidentemente, que aún permanecen en la sombra muchos otros, a los que los periodistas no han tenido acceso, y tal vez no lo lleguen a tenerlo nunca.

Pero con las denuncias periodísticas no es suficiente, por dos razones principales: por un lado, porque lo que a primera vista puede aparecer como un caso de corrupción podría ocurrir que no fuese ni siquiera irregular: los medios no quieren –o no deberían– prejuzgar, sino que cumplen con su deber poniendo de manifiesto apariencias que hacen verosímil la sospecha. Pero por otro lado, porque las fuentes de las que beben los periodistas no siempre manan agua clara; y, con más frecuencia de la deseable, quienes filtran algún escándalo de corrupción o bien trasladan una información sesgada o bien no poseen todos los datos, sino sólo una parte que a ellas mismas les llegó distorsionada.

Bastante trabajo tienen los medios para distinguir entre las fuentes fiables y las que sesgan la información pro domo sua para que caiga sobre ellos toda la responsabilidad en la averiguación de la verdad.

Lo cierto, en cualquier caso, es que tal como vamos no podemos seguir. Es absolutamente necesario depurar la inmundicia de la corrupción política cuanto antes y sin hacer excepciones. Debe desterrarse todo desistimiento bajo la hipócrita tapadera de que cosas así ocurren en todas partes. Si queremos salvar la democracia es imprescindible restaurar la respetabilidad de la política y de los políticos.

Y si la catarsis tiene que afectar a un número muy importante de dirigentes muy importantes, se debe hacer. Sin contemplaciones. Pero para que eso sea, de hecho, factible, la Fiscalía y los jueces deben hacer su trabajo con rapidez, para que las sentencias lleguen pronto, pues de lo contrario, ni las condenas tendrán efecto ejemplar ninguno al versar sobre hechos perdidos en la bruma del tiempo, ni las absoluciones podrán restablecer el prestigio puesto en entredicho de personas inocentes.

Nos jugamos mucho en esto. Hay que acabar con la corrupción, rápidamente y de forma ejemplar, aunque la limpieza tenga que ser a la italiana de las mani pulite y haya de renovarse el mapa de los partidos de arriba abajo. Y si es necesario reformar las leyes procesales para que la Justicia se haga pronto, refórmense en buena hora. Ya no podemos esperar más.

Urgen medidas de choque contra la corrupción (el riesgo de estallido social no es una utopía)
Hay días en que da la impresión de que en España no cabe un corrupto más. Ni un corrupto más ni un escándalo menos. Un sin vivir.
Editorial www.vozpopuli.com 17 Enero 2013

Hay días en que da la impresión de que en España no cabe un corrupto más. Ni un corrupto más ni un escándalo menos. Un sin vivir. Ayer supimos que el ex tesorero del PP, Bárcenas, llegó a acumular más de 22 millones de euros en una cuenta oculta en Suiza. Pero en los últimos días el olor putrefacto de esa letrina nos ha asaltado por doquier: desde el “caso campeón” a “la trama de las ITV” de la familia Pujol, pasando por los EREs andaluces, Invercaria, el “caso Pallerols”, la Gürtel, el “caso Noos”… El “Estado de Corrupción” en el que vivimos, y del que tantas veces nos hemos hecho eco en este diario, es cada día más un hecho cierto.

Todo se sucede como en una película de miedo sin solución de continuidad, de modo que un escándalo se solapa con otro sin dar tiempo a digerir el anterior y ante la perplejidad de una ciudadanía desconcertada, atónita y, lo que es peor, profundamente frustrada. Porque nadie encuentra soluciones, nadie espera sanciones, en ningún caso aparece lo robado, nunca se termina de aclarar del todo lo ocurrido y, naturalmente, lejos de nosotros esa cosa tan sana en democracia llamada “depuración de responsabilidades”. A lo sumo, de pascuas a ramos a alguien –generalmente el último de la fila- le toca ejercer de cabeza de turco y poco más. La sensación de que existe una estrategia definida y concreta de encubrimiento político es total. Las maquinarias de partido se yerguen como escollos insuperables a la hora de reclamar limpieza.

Y mientras asistimos indefensos a la pesadilla de la corrupción, millones de ciudadanos se enfrentan como pueden a penalidades seguramente no vistas desde la posguerra, contemplando el in crescendo de un paro que no cesa, las rebajas de salario a quienes siguen teniendo el “privilegio” de trabajar, la supresión de las pagas extra y el aumento generalizado de precios, tasas, impuestos… Millones de españoles se están acostumbrando a convivir angustiados por un futuro inmediato cada vez más oscuro, mientras, a sensu contrario, las elites económicas y políticas parecen empeñadas en seguir bailando en la popa del Titanic, ajenas al sentimiento de furia que no deja de crecer en esta sociedad bipolar nuestra, víctima de fenómenos diarios como los desahucios y de casos de corrupción galopante de quienes, en el totum revolutum hispano, decidieron un día llevárselo crudo.

La propuesta de Rubalcaba
Nuestra clase política está jugando con fuego. La reciente propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba de un gran pacto contra la corrupción ha sido respondida con desdén por el Gobierno y el PP. Se entienden los recelos de los populares, porque don Alfredo no es precisamente el mejor embajador para una receta de ese tipo, pero lo que es innegable es que los partidos no pueden seguir parapetados tras el habitual “y tú más” con el que desde tiempo inmemorial vienen protegiendo a sus “sospechosos” sobre la base de atacar los vicios del contrario. Ya no estamos en eso. Ya no hay tiempo para eso. A pesar de su dilatado “historial”, el líder socialista ha planteado una medida constructiva que le honra, y es hora de que el Gobierno dé un paso al frente y la secunde, más allá de que no hayan sido ellos quienes la han ideado.

El Ejecutivo corre el riesgo de consolidar ante la opinión pública la imagen de quien, desde la mayoría absoluta y el control casi total de los resortes del poder, no hizo nada o muy poco a la hora de combatir una corrupción cuyo grado de obscenidad está ya resultando insoportable. La otra cara de la moneda, la más tenebrosa, tiene que ver con el riesgo de un estallido social de grandes dimensiones al que podría conducir este lamentable e injustificado “laissez faire, laissez passer” en asunto tan sensible como el comentado.

Urge ese gran pacto contra la corrupción, lo proponga Agamenón o su porquero. Es imprescindible que los partidos se comprometan a expulsar de sus filas, sin posibilidad de trucos rehabilitadores, a quien de entre su elenco resulte encausado en casos de “trinque” individual o colectivo. Es necesario que el ladrón sea desposeído de lo sustraído con rapidez y pague su deuda con la sociedad, yendo de cabeza a la cárcel. Cuanto más tarden nuestras elites políticas en ponerse a la tarea, mayor será el riesgo de reacción airada por parte de una sociedad que, ahíta de escándalos, está ya hasta el moño. ¡Basta de corrupción!

Una radiografía de la política
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 17 Enero 2013

Hace unos 55 años, algo atrajo con fuerza la atención de un todavía joven economista americano. Su disciplina dedicaba muchísimo esfuerzo a estudiar el funcionamiento del mercado pero ninguno a explicar las decisiones políticas. Y ello a pesar de que la maquinaria del Estado manejaba casi tantos recursos como el sector privado. Si la economía era capaz de determinar la conducta de consumidores o productores ¿por qué no usar su potente instrumental para analizar el comportamiento de los políticos? Había nacido la Public Choice, o teoría de la toma de decisiones públicas, una nueva rama de la economía gracias, entre otros, al esfuerzo de nuestro protagonista, James M. Buchanan, que falleció la semana pasada a los 93 años de edad.

La economía basaba su análisis en las motivaciones de consumidores, inversores o empresarios, todas ellas forjadas en la fragua del propio interés individual. Pero la visión que se tenía del gobierno era muy distinta: un ente benevolente, desinteresado y generoso, siempre en pos del bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, los déficits presupuestarios permanentes, el crecimiento desmesurado la administración o la inclinación de los gobernantes a favorecer a ciertos grupos de presión, eran fenómenos tan recurrentes que no resultaban compatibles con tan filantrópica conducta. Todo apuntaba a que, básicamente, los políticos también actuarían guiados por intereses egoístas.

Este descubrimiento, que abría importantes caminos y permitía explicar muchísimos fenómenos, generaba también una duda: ¿por qué había sido tan difícil aceptar este postulado? No requiere mucha perspicacia, al menos en España, alcanzar la conclusión de que los políticos persiguen más bien su propio beneficio. Sin embargo, esta verdad nunca fue sencilla de asimilar: el discurso político siempre ha insistido en su idealismo, en su motivación generosa y desinteresada. Una propaganda demasiado intensa que impedía a los ciudadanos absorber, sin conflicto, tan corrosiva idea. El propio Buchanan reconoce que él se limitó a pregonar que “el rey estaba desnudo”, algo que todo el mundo veía pero pocos reconocían.

Reglas y controles constitucionales
Una vez establecido el carácter interesado de la política, parecían abrirse unas perspectivas poco halagüeñas para la buena y honrada gestión pública. Si el gobierno llevaba a cabo una política desastrosa, el remedio no podía limitarse a poner a sus integrantes de patitas en la calle y sustituirlos por personas justas, altruistas y benéficas. Nadie podía garantizar que esos nuevos líderes resistieran las fuertes tentaciones que provoca el poder. Por suerte, la Public Choice planteó una solución más eficaz: establecer las reglas y controles apropiados para que el sistema cumpla sus funciones aceptablemente aunque los gobernantes sean egoístas e interesados. Es decir, diseñar una estructura que modele los incentivos de los dirigentes de manera que queden alineados con los intereses generales. Enlazando con los constitucionalistas clásicos, la maquinaria debe funcionar con independencia de que los políticos sean altruistas o egoístas.

Los estudios mostraron pronto que el voto constituía un mecanismo de control demasiado imperfecto e indirecto, entre otros motivos por la falta de incentivos de cada elector para informarse y depositar su sufragio concienzudamente. Existía para cada votante una enorme desproporción entre los elevados costes de obtener toda la información relevante y los beneficios de un voto individual concienzudo y responsable, ya que éste no tenía repercusión alguna sobre el resultado final. La conclusión era obvia: un gobierno tan sólo controlado por una votación cada cuatro años tendería a perseguir metas alejadas de los intereses de los ciudadanos. El problema se agrava en el caso español pues el elector debe limitarse a introducir una papeleta con una lista cerrada y bloqueada.

Buchanan, que recibiría el Premio Nobel en 1986, propone una estructura de elección colectiva que consta de dos niveles: la “política ordinaria”, para las decisiones del día a día y la “política constitucional” o procedimiento por el que se fijan las reglas del juego, trabas, cortapisas y restricciones, dentro de las que deben moverse obligatoriamente las decisiones gubernamentales ordinarias. Esta política constitucional es la que requiere un diseño más meditado y una amplia aceptación por parte de los ciudadanos. Es precisamente en este aspecto donde habría que buscar la causa fundamental del rotundo fracaso de un sistema político español, viciado completamente desde la raíz y carente de las apropiadas reglas y controles eficaces.

Una indeseable “búsqueda de rentas”
Una de las líneas más interesantes y sugerentes del programa de investigación de la Public Choice fue la teoría de la “búsqueda de rentas no competitivas” (rent-seeking), iniciada por Gordon Tullock. Dado que las decisiones de los gobernantes pueden beneficiar enormemente a ciertos sectores (perjudicando de paso el interés general), algunos grupos de presión, especialmente empresariales, mostrarían una gran inclinación a gastar considerables recursos a fin de obtener el favor de los gobernantes. Una simple regulación que dificulte el acceso de los competidores al mercado, un trato fiscal ventajoso, unas ayudas generosas a una industria concreta o una contrata pública en condiciones provechosas, constituyen pequeñas y discretas decisiones que proporcionan a los destinatarios enormes beneficios, no ganados mediante el ingenio y la competencia sino a través del favor y el privilegio. De ahí su carácter de renta económica no competitiva.

Ante la perspectiva de tamaña lluvia de millones, los grupos empresariales se mostrarían dispuestos a cualquier gasto, donación al partido, regalo en metálico o especie, transferencia a cuenta en paraíso fiscal o garantía de un puesto en consejo de administración tras el mandato, con el fin de inclinar la voluntad del político hacia la concesión del favor. Ello explicaría que, en respuesta, en países como España los gobernantes promulguen una auténtica selva de complejas leyes, normas y regulaciones que protegen de la competencia a los grupos privilegiados y lesionan ostensiblemente el interés general. O que impulsen legislaciones fiscales complejísimas, siempre llenas de excepciones y agujeros por los que puedan colarse aquéllos que compraron las voluntades.

A la hora de medir estas cantidades, Tullock se sorprendió ante lo que consideró una paradoja. A pesar de los miles de millones en rentas que podían suponer todas estas medidas, los grupos empresariales sólo necesitaban gastar una pequeña fracción de todo ese montante para conseguir los favores. Ciertamente, los gobernantes recibían muy poco en relación a lo que concedían. Pero este autor analizó el caso de los Estados Unidos, donde los controles son relativamente estrictos. Quizá hubiera cambiado radicalmente de opinión de haber conocido el volumen que alcanzan los pagos por privilegios y las comisiones reales en España.

Anticorrupción en la España invertebrada
J. de Mendizábal www.vozpopuli.com 17 Enero 2013

El Sr. Pérez Rubalcaba acaba de anunciarnos que la corrupción está minando la confianza de los españoles en el sistema democrático, motivo por el cual propone una especie de Pacto de Estado a los demás partidos para acabar con esta "lacra". El PP parece que se ha subido al tren de la estrafalaria propuesta y dice estar de acuerdo en la iniciativa.

Lo anterior refleja a la perfección el estado en el que se encuentra el país: casi terminal. Porque para acabar con la corrupción política, no hace falta ningún pacto de estado. Lo único que se tiene que hacer es cumplir las leyes que, por cierto, ellos mismos han votado. Y, por supuesto, expulsar de sus partidos a todos aquellos que, presuntamente o no tan presuntamente, han violado las mismas, en lugar de encubrirles durante años y años hasta que se celebre el oportuno (¿o habría que decir inoportuno?) juicio y la sentencia sea firme.

No pueden engañar ya a casi nadie: la propuesta no es más que una nueva estrategia de marketing político en busca del arca perdida, es decir, recuperar votos o frenar la pérdida. No es más que eso. La ascensión -en las encuestas y en las últimas elecciones celebradas- de grupos de centroizquierda moderada como UPyD ó Ciudatans cuyo único mensaje es ¡España! y recuperar una cierta moralidad en la vida pública, parece que está empezando a dar que pensar al otrora gran partido de la transición. Bienvenido sea, pero tiene un grave problema de base: no se lo creen ni ellos y, en lógica consecuencia, menos todavía los ciudadanos.

¿Quién va a creerles? Un Ministro de la Nación tiene un encuentro -¡en una gasolinera!- en un coche de un presunto corruptor profesional y el Sr. Rubalcaba va y dice a los padres del mismo: tranquilos, pongo la mano en el fuego por vuestro hijo. ¡¡¡En una gasolinera!!! No hay nada que añadir, la gasolinera lo dice todo. El Sr. Rubalcaba se abraza, falsamente, con el Sr. Griñán cada vez que baja por Andalucía, el responsable directo o, como mínimo, indirecto, del mayor fraude conocido hasta la fecha en una administración pública (ERES). Sólo con esos dos ejemplos carece de la más mínima credibilidad para encabezar cualquier propuesta anticorrupción. Él lo sabe, todos lo sabemos. Pero lo peor es que hay cientos de casos más.

En la otra orilla, o en la misma a juzgar por sus políticas impositivas, se encuentra el PP con innumerables casos de corrupción en varias comunidades. Y qué decir de CiU, un partido que más bien parece una sucursal siciliana. Nadie puede creer en nada, la confianza es nula, y ese es el pilar sobre el que se tendría que empezar a recuperar el país: la confianza.

Para completar el estado cuasi terminal del Estado, a Su Majestad, el Jefe del mismo, no se le ocurre otra cosa que decir que lo que falta es "vertebrar España". Treinta siete años de Jefatura de la Nación para acabar sin Nación. No está mal. Podía haber leído La España Invertebrada de Ortega al principio de su Reinado. Es el problema derivado de haber puesto como prioridad asentarse en el Trono. Mucho antes que la propia nación sobre la que reinas.

Lo que se ha hecho
Juan Velarde Libertad Digital 17 Enero 2013

Llevamos exactamente un año de cambios en la política económica. Intentan transformar el escenario heredado, que bordeaba ya la catástrofe. Fundamentalmente han tenido lugar en cuatro ámbitos.

El primero es el de la reforma laboral. Se han adoptado, por un lado, medidas para flexibilizar el mercado del trabajo. Las rigideces heredadas –algunas se remontaban a los tiempos, ya de Largo Caballero, en 1931, ya de Girón de Velasco, una década después– no sólo aumentaban los costes, sino que frenaban el empleo. Queda aún bastante que hacer en este sentido, incluyendo, en el aspecto jurídico, el carácter tuitivo de las sentencias en relación con la población asalariada. Pero el comienzo de la nueva realidad da la impresión de que algo tiene que ver con la caída en el mes de diciembre del paro registrado. Únase a esto el inicio de una regulación diferente por lo que respecta a la legislación relacionada con las pensiones. Los anuncios hechos por Fátima Báñez de alteración, a fondo, de los Pactos de Toledo son una excelente noticia, lo que debe unirse a un aumento de la edad activa de los trabajadores en general. Nuestra demografía exige otras jubilaciones.

El segundo es, con todos los inconvenientes que se quieran –los destaca muy oportunamente Juan E. Iranzo en "El escenario económico se despeja"–, el esfuerzo, por la doble vía del gasto y de los ingresos públicos, de conseguir la liquidación del fuerte déficit del sector público. Debido a esta presión, hay que destacar de qué modo las autonomías han comenzado a liquidar instituciones, empresas y fundaciones que aumentaban, de un modo que hay que calificar como descomunal, el gasto público. Por supuesto que todo esto ha de coronarse con una reforma tributaria, pero la acción se ha iniciado ya. Tiempo vendrá para, como parece evidente, reducir el Impuesto de Sociedades. Aquí la presión sobre las autonomías resulta imprescindible.

El tercero procede de la reforma crediticia. Estamos, en estos momentos, en pleno cambio. A partir de las disposiciones de 1977, ampliadas con la inacción interventora del Banco de España –como si considerase conveniente seguir las instrucciones de Greenspan que condujeron a la catástrofe norteamericana–, y la presencia de la burbuja especulativa inmobiliaria, se crea una realidad crediticia que ha contribuido a la catástrofe. En estos momentos, desde el Banco de España hasta las cajas de ahorros, así como parte significativa de la banca privada, las cosas se está alterando, profundamente.

El cuarto está ligado al intervencionismo colosal que, a pesar de las denuncias oportunísimas de, por ejemplo, Carlos Sebastián, se derivaba de nuestro derecho administrativo, y que al ampliarse a las diversas autonomías –con la puesta en acción de 100.000 disposiciones legales, muchas de ellas contradictorias– rompían la unidad del mercado. Ha comenzado, da la impresión, un cambio esencial, y las consecuencias, por fuerza, han de ser muy favorables.

Un quinto posible ámbito es el educativo, con resultados a muy largo plazo. El sexto se refiere a algo tan fundamental como la energía: para mejorar la competitividad es preciso abordar a fondo esta cuestión, que incluye asuntos tan importantes como el papel que deben tener las centrales nucleares y las energías renovables. Y el séptimo afecta a la política de infraestructuras: nos encontramos en medio del tráfico Asia-Europa del Norte; es preciso aprovechar esa ventaja con otra política ferroviaria, de autovías, de puertos, con los lógicos enlaces con el resto de Europa, incluido el de los tendidos eléctricos.

El inicio de todo esto se percibe con claridad. Pero es necesario proseguir y hacerlo con plena conciencia de que España se encuentra, para siempre, en la Unión Europea y en la Eurozona, con todas sus consecuencias; de que ni Europa ni Estados Unidos marchan como debieran, de que Iberoamérica ofrece problemas muy serios y de que China padece una desaceleración. Hemos de actuar teniendo presente que el conjunto globalizado de la economía no es una maravilla. Pero, aun así, con este panorama mundial es posible mejorar, y las primeras medidas están tomadas.

Los verificadores de Manikkalingam
MANUEL MONTERO, EL CORREO  17 Enero 2013

· Tiene su miga el nombrecito de verificadores. ¿Verificar qué? ¿Que ETA no mata o extorsiona como solía? No hacen falta alforjas: basta leer el periódico.

Existe un grupo al que llaman así! De los que se dedican a arreglar la cosa vasca. El periódico anuncia que vienen al País Vasco «los verificadores de Manikkalingam»: hemos entrado en otra dimensión. El ocaso de ETA está cogiendo un aire entre misterioso y de telefilm de serie B.

A juzgar por lo que se ve, los verificadores de Manikkalingam tienen un objetivo impreciso: proporcionar cobertura al intento de que la democracia doble, repartir culpas, hacer como que impulsan el cese de ETA, regañar al Estado por no estar a la altura de tanta generosidad, dar un aire de postín al sainete definitivo o predefinitivo (pues aquí la cualidad de definitivo es relativa)… O un poco de todo.

La prensa les llama así para distinguirlos de otros, pues hay más. No son los mismos que los verificadores de Currin, al que también le han dicho mediador y facilitador, pues da en más completo. Impresionan estas novedades lingüísticas y grupales. Cuando se haga la serie televisiva (‘Verificadores en Euskal Herria’) deberían de rodar un capítulo en el que compitan los de Currin y los de Manikkalingam por cual verifica mejor, verificándose los unos a los otros en el macizo de Aralar o en las playas donostiarras, hasta atraparse en Arantzatzu con las manos en la masa. Allí pondría orden Jonan, en funciones de gran verificador. Tendría un final feliz, pues los verificadores parecen de buen conformar y proclives a compartir mesa. Se habrán dado cuenta ya de que aquí hay ganas de ser verificados, por lo que tienen para todos.

Ram Manikkalingam es natural de Sri Lanka y ha fundado y dirige el DAG (Dialoge Advirsory Group) en la Universidad de Amsterdam, para ayudar «de forma discreta» en las mediaciones de conflictos. Tiene experiencia en la materia. Fue asesor en el proceso de paz de Sri Lanka, seguramente de éxito. Sin embargo, cuesta encontrar semejanzas entre la experiencia que le avala y lo nuestro. Al margen de que la represión y rebelión de los tamiles no se parecen nada, aquello fue una guerra civil de más de dos décadas, más de 600.000 muertos y 800.000 desplazados. Si este hombre consigue que el País Vasco se asemeje a aquello, conviene echarse a temblar. En vez de un grupo terrorista contra la democracia tendríamos una lucha encarnizada entre dos partes armadas. No el terror frente a una democracia sino una guerra en toda regla. Que el verificador nos coja confesados.

No se sabe qué asombra más. Si la osadía de los verificadores, facilitadores o mediadores metiéndose en berenjenales que a todas luces no entienden –sus recetas son siempre para conflictos con dos bandos enfrentados, no la barbarie unilateral– o su moral distraída, haciendo como que se ponen en medio para actuar de parte: de la que ha combatido a la democracia. No vale la excusa de que tal es la parte contratante. No cabe que alardeen de buscar la paz quienes intervienen por el lado de quienes la combaten.

Tiene su miga el nombrecito de verificadores. ¿Verificar qué? ¿Que ETA no mata o extorsiona como solía? No hacen faltan alforjas: basta leer el periódico. ¿Que llevan armas y no se han disuelto? Pues lo mismo. A los verificadores venidos de otros mundos habría que informarles de que en este país suele saberse lo que hay sin mucho esfuerzo. El ciudadano nota la amenaza sin que se lo digan los expertos. El vasco no es sutil en el terror ni tardo en captarlo.

Sin embargo, hay un punto oscuro. Nunca se verifica a los verificadores: quién los trae, para qué, a cuánto, quién los selecciona. Queda tenebroso. Deberían aclarárnoslo, aunque sea por deformación profesional. Si quieren credibilidad.

Por lo que se colige, los verificadores de Manikkalingam no sólo se dedican a verificar. En eso se parecen a los de Currin. Dicen que se entrevistan en Oslo con jefecillos de ETA y traen mensajes, lo que les hace más bien correveidiles. Tampoco suelen comunicar nada nuevo: que los terroristas están dispuesto a hacer gestos a cambio de modificaciones en la política penitenciaria. Algo así. El único valor añadido de estos verificadores: el aire internacional que dan a los reproches al Gobierno por no ceder a las reivindicaciones terroristas. Les sonará estimulante a los interesados.

Vale que la organización y compañía se crean sus estrategias del nuevo escenario de paz, el proceso, la fase resolutiva, el diálogo y la negociación como final de todas las batallas, así como la presunción de dos partes en la que una se va rindiendo por la presión popular. Pero no resulta serio que les den pábulo gentes que vienen con aura de relumbrón y pose de imparcialidad. Podría ser que les diesen ánimos a los terroristas, reconfortados con la comprensión. Los verificadores conseguirían así lo contrario de lo que quieren, pues no se duda de que buscan la paz, sólo faltaba.

Con estas escenas ridículas de verificadores, mediadores, facilitadores y pacificadores que nos han caído –no les toca toda la carga de la culpa, pues tienen sus hinchas locales– da la impresión de que se busca cambiar el sentido del final de ETA. Que se trata de imponer una interpretación del terror que lo legitime a posteriori. Está, primero, la idea de la internacionalización postrera ‘del conflicto’, que le da aliento. Y, sobre todo, en este discurso subyace la especie de una culpabilidad compartida, o peor. Quien cambia el pasado domina el futuro, ya lo sugirió Orwell. La paz negociada que seguiría a la que se dijo paz definitiva sería así una democracia condicionada.

O, si se quiere, una democracia verificada por verificadores sin verificar.

Los 22 millones de Bárcenas
Pablo Sebastián www.republica.com 17 Enero 2013

La máquina de vomitar corrupciones políticas no cesa. Ayer el juez Ruz de la Audiencia Nacional ha revelado que Luís Bárcenas el ex tesorero del PP, bajo el mandato de Rajoy, tenía en cuentas corrientes y secretas en Suiza más de ¡22 millones de euros! en el año 2007. Una fortuna a nombre de este descarado personaje, que una vez investigado, se ha ocupado en trasladar ese dinero a otros paraísos fiscales.

¿De dónde ha salido esa ingente cantidad de dinero? ¿De Gürtel, o de la sisa del tesorero obtenida de aportaciones no declaradas a las cuentas del PP? ¿Acaso todos esos 22 millones son del Partido Popular? El silencio del PP sobre tan graves hechos, por el miedo que le tienen a Bárcenas de que “no cante”, y las excusas dadas por Floriano o el ministro De Guindos no son suficientes y dejan sobre el PP una gigantesca sospecha de financiación ilegal. Si su tesorero logró desde su cargo ocultar ¡22 millones de euros! ¿A cuánto ascenderían las donaciones no declaradas al PP que en esos años gestionó Bárcenas?

Dado el volumen de dinero oculto el juez debe tomar medidas cautelares contra Bárcenas y obligarle a devolver ese dinero a España, si es que hay manera de seguirle la pista lo que parece difícil de imaginar. Lo que parece claro es que Luis Bárcena, presuntamente, cobró grandes sumas en comisiones por favores políticos del PP a quien sea, o robándole al partido donaciones o haciendo negocios con la trama de Gürtel y otros delincuentes.

Y todo esto llega el mismo día que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, -personaje bajo sospechas varias-, ha desvelado que ha comprado por 770.000 euros el ático de lujo que supuestamente tenía alquilado en Marbella, lo que aumenta las sospechas sobre esa operación, que discurre paralela con otros escándalos de CiU y PSOE en un enorme festival de denuncias imputaciones y revelaciones de un sin fin de casos de corrupción.

La primera reacción del Gobierno a esta “corrupción ambiental” del Estado debería ser una reforma profunda del Código Penal para reforzar las penas, y controles de los partidos y dirigentes, cargos públicos y militantes implicados en la corrupción. Pero por lo que se ve el ministro Gallardón, amigo de cadenas perpetuas, no quiere entrar en este debate y él sabrá el por qué. Pero esto no puede seguir así, y menos en un país en crisis y con más de seis millones de parados, y de miles de familias desahuciadas de sus casas o en situación desesperadas.

¿Qué dice Rajoy? Pues no dice nada. Y ¿qué dice Cospedal después de haber pedido la dimisión de Duran i Lleida? Pues la secretaria general debería de dimitir ella ahora o dimitir Rajoy según sus propios razonamientos empleados con Unió. Y ¿qué piensa hacer el fiscal general del Estado, Torres-Dulce, ante esta grave revelación y después de haber empujado al juez a ampliar su investigación sobre la familia Pujol?

Aquí nadie está a salvo en el PP, PSOE y CiU, entre otros. Pero no se escucha la menor propuesta jurídica o política para extirpar el enorme cáncer de la “corrupción ambiental” del Estado, en la que también aparece la Familia Real y personas muy allegadas al Rey. Y lo grave de todo esto es que todos los casos conocidos o en proceso de investigación policial y judicial parecen ser solo la punta del iceberg, lo que anuncia que más y mayores noticias de corrupción están al llegar aunque nunca sabremos toda la verdad.

Pero, ¿qué coño es esto?
Javier Caraballo El Confidencial 17 Enero 2013

Sinequanon. Tiene gracia que la fundación en la que Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, acumulaba el dinero oculto en Suiza se llamara así, Sinequanon, porque es verdad que la política, esta forma de entender la política en España y la permisividad intrínseca que ha existido en todos los partidos políticos, es la condición sin la cual no se darían los casos de corrupción que abruman, que asfixian, que exasperan. Se mire como se mire, se piense como se piense, no es posible pedir que la misma sociedad a la que se le exigen a diario sacrificios y recortes asista impasible a este goteo permanente de casos de corrupción. La condición sine qua non del ejercicio de la política es la transparencia en la gestión y el uso de los fondos públicos, y aquí esa máxima se ha pervertido, se ha mutado a lo contrario: la política es la condición sine qua non de la corrupción.

Es tan burdo, tan grosero todo lo que está ocurriendo, que esta misma semana la Guardia Civil ha tenido que ir a un centro de rehabilitación para detener al último imputado del escándalo de los ERE en la Junta de Andalucía. Por lo que ha declarado él mismo ante la juez, el tipo, un testaferro, tenía como misión en esa trama traer y llevar sobres con dinero por encargo de alguno de los protagonistas de la red. Por ejemplo, recogía “sobres con dinero en bares próximos a la Consejería de Empleo y los llevaba a una cafetería de la Delegación Provincial de Empleo”. A veces lo llevaba en sobres y otras guardaba el dinero en “fundas de ordenadores portátiles, con billetes de 500 y de 200 euros”. De forma general, debe darnos igual quién perpetre un acto de corrupción y la forma en la que lo haga, pero esta degradación moral del escándalo de los ERE de Andalucía, con el submundo descubierto de fiestas, putas, cocaína y entregas de sobres con dinero de bar en bar, es un insulto añadido, un escupitajo.

“¿Qué coño es la Udef?”, preguntó el otro día Jordi Pujol en una entrevista de televisión para desacreditar así, con ese exabrupto, el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que ha colocado el foco de la investigación policial sobre sus hijosEste último detenido de los ERE, que se llama Juan Francisco Algarín Lamela, ya está en prisión imputado por cinco delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Era, según la investigación policial, el testaferro de una serie de ‘empresas pantalla’ con las que se camuflaba y se introducía en el circuito financiero, con apariencia de legalidad, el dinero hurtado en los fondos de Empleo. Y obsérvese que el procedimiento siempre es idéntico, se produzca en bares de Sevilla o en encopetadas entidades financieras de Suiza.

También a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, se le acusa de un ramillete de delitos similar al detenido de los ERE que estaba en un centro de rehabilitación. Blanqueo de capitales, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos cometidos, presuntamente, por el desvío de fondos a varias empresas y fundaciones de Suiza y otros paraísos fiscales, entre ellas Sinequanon, la fundación en la que se acumularon hasta 22 millones de euros que se evaporaron cuando estalló el caso Gürtel. Por lo apuntado hasta ahora, parece que Bárcenas se va a defender alegando que no era suyo el dinero, sino de otros inversores, que él sólo se lo gestionaba. Pero tuvo oportunidad de decirlo la primera vez que lo llamaron a declarar, cuando sólo alegó que le gustaba mucho el esquí y que por eso viajaba tanto a Suiza. Y no lo dijo.

Pero, aunque fuera así, ¿debemos aceptar como algo normal que el tesorero del Partido Popular, además de senador, se dedique en sus ratos libres a gestionar decenas de millones de euros de otra gente en cuentas bancarias fuera de España? No, claro, esas explicaciones son tan difíciles de asumir como cuando aparecen sus siglas, en la contabilidad de la Gürtel o en las entidades financieras suizas, y se limita a negar que L.B. se corresponda con su nombre. Dirá Bárcenas lo que quiera, igual que los hijos de Pujol nos quieren hacer creer que existen otras personas, con sus mismos nombres y apellidos, con cuentas bancarias en Suiza. Y que serían otros los que llevaban las bolsas con dinero a Andorra. Dinero de subvenciones amañadas y cuentas ocultas para repetir otra vez la misma retahíla de presuntos delitos, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y fraude de subvenciones, que son las principales imputaciones del caso catalán de las ITV.

“¿Qué coño es la Udef?”, preguntó el otro día, desafiante, Jordi Pujol padre en una entrevista de televisión para desacreditar así, con ese exabrupto, el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que ha colocado el foco de la investigación policial sobre sus hijos, sus patrimonios y sus andanzas. La Real Academia incluye en la segunda acepción de la palabra “coño” el uso de la misma como interjección para mostrar un estado de ánimo de extrañeza o de enfado. Las cuentas de Suiza del tesorero del PP, el clan de los Pujol, el desfalco grosero de los fondos de Empleo del PSOE de Andalucía… Sí, sí, la sociedad puede preguntarse hoy, mirando a la cara de sus representantes públicos, ¿pero qué coño es todo esto?

Una pendiente resbaladiza
José Luis González Quirós El Confidencial 17 Enero 2013

Los lógicos discuten si es falaz el argumento que se conoce como “pendiente resbaladiza” (slippery slope), y que afirma que algunos procesos acaban por llegar a un final inevitable, aunque no fuese tal la intención de quienes lo iniciaron. El argumento tiene más de psicología popular que de lógica estricta, pero así es la vida del común de los mortales y, cuando se resbala por una pendiente, es difícil parar y, más aún, retomar la cuesta arriba.

A los españoles se les antoja que esto es exactamente lo que ocurre con muchos procesos de deterioro: parece que estamos a punto de estrellarnos de manera inmediata e ineluctable. Quienes crean que siempre es posible elegir una alternativa distinta, han de luchar con el derrotismo y la desesperación de muchos y, si no lo hacen a tiempo y con energía, se pueden encontrar con que el factor que finalmente les derrota es la desmoralización total de sus partidarios. Me referiré a situaciones que parecen responder a esa lógica perversa, con gran desazón de muchos, pero sin que nadie haga nada.

El primero de ellos es el notabilísimo descrédito de la política, que se sitúa en una pendiente que no para de acentuarse desde hace bastantes años, y, en especial, desde 2004. Según un reciente estudio de la Fundación Sistemas, existe “un creciente retraimiento ciudadano acompañado de signos de desafección electoral”, lo que implica mayores demandas de democracia sin que se sepa cómo se van a conseguir, porque la tendencia al bipartidismo es universal y muy fuerte (se da en todas partes, en EEUU, Inglaterra o Francia, por ejemplo, con sistemas electorales muy distintos al nuestro), la ley electoral dificulta mucho una diseminación, que sería indeseable por otros motivos, y no se ve cómo se podría alcanzar una reforma seria y radical de la forma de hacer política que se juzga tan insatisfactoria. Todo favorece, pues, una impresión de impotencia colectiva para reformar un sistema que claramente no gusta, que es tolerante con la corrupción y enormemente ineficiente a la hora de resolver los problemas reales de la sociedad española.

Se están empezando a sentir ligeras modificaciones del panorama de fondo, un todavía débil liderazgo cívico que habrá de crecer mientras los políticos parezcan no tener ni tiempo ni imaginación para nada distinto a subir los impuestos y a hacer recortesPara no poner ejemplos que sesguen el análisis, me fijaré en dos casos que afectan a todos: el caótico desarrollo del sistema de alta velocidad ha venido a añadir a las viejas ineficiencias de Renfe nuevos agujeros de déficit, mientras seguimos haciendo costosísimas obras para que circulen trenes que nadie cogerá, o el extraordinario aumento del gasto público en sanidad, que se ha multiplicado casi por dos entre 2002 y 2010, es decir, desde que es competencia autonómica, sin que nadie pueda asegurar que tenemos una sanidad pública mejor.

Otro punto en el que existe una sensación general de que nos encontramos en plena debacle es el referente a la unidad nacional. Los secesionistas catalanes parecen avanzar hacia ninguna parte, pero tampoco se ve claro cómo se va a parar un proceso destructivo de tal calibre, de modo que cunde la desesperación, y es precisamente este estado de derrotismo nacional el que, aún en contra de su fundamento, puede llegar a convertirse en un factor de disgregación y de conflicto incontrolable. En este punto resulta difícil batir el nivel de despropósitos imperante, salvo que recordemos los delirantes episodios del cantonalismo de la I República con naciones políticas emergentes en campanarios casi despoblados. El problema catalán es muy grave y no se aborda con la seriedad que requeriría, de manera que cabe temer que finalmente el lobo mate a las ovejas.

No hay ninguna maldición que nos condene a estar en manos de gente no solo incompetente, sino irrelevante y vacía. Tras tantos años de discutir sobre fórmulas económicas, los políticos españoles parecen haber olvidado que su oficio no es primariamente contable, que la política necesita de la Administración, pero es otra cosa. Poco a poco se están empezando a sentir ligeras modificaciones del panorama de fondo, un todavía débil liderazgo social y cívico que habrá de crecer mientras los políticos parezcan no tener ni tiempo ni imaginación para nada distinto a subir los impuestos y a hacer recortes que pueden ser peores que lo que pretenden remediar. Los conflictos que nos atosigan ofrecen otro síntoma de la misma enfermedad particularista, todos a defender su predio y su cazuela, lo que es lógico, pero notoriamente insuficiente y miope mientras España languidece y amenaza ruina.

Hace falta política, liderazgo, claridad, discusión pública y valor para tomar decisiones. No todo puede ser mirar para otra parte y a cortísimo plazo. Hace falta una ley de partidos que permita ciertos controles externos para cortar la corrupción sistemática e impune y garantizar la participación y la democracia. Hay que reconstruir el pacto constitucional, insensatamente roto para beneficio de los secesionistas, y eso implica una manera muy diferente de hacer política. Lo contrario no es ya una opción defendible. Y quienes ahora están al frente se juegan algo más que la derrota.
*José Luis González Quirós es analista político

¿Quiere usted expatriarse conmigo?
Pedro de Hoyos Periodista Digital 17 Enero 2013

Lo vengo pensando desde hace tiempo, quisiera ser un expatriado, no sé por qué eso de ser un expatriado “vende” mucho. Uno se puede ir de su país por trabajo, por ejemplo, pero entonces pasa de ser un expatriado, palabra de resonancias románticas, a ser un inmigrante. No es lo mismo. Los que se van a Alemania a trabajar son emigrantes. Guardiola incluido, aunque sea de lujo.

Un expatriado lo es por razones políticas, sentimentales tal vez o incluso delictivas. Puro romanticismo, como ven, si excluimos a aquel segurata bizco y calvo que huyó a Brasil y le pillaron. Yo no quiero ser emigrante a Alemania, con lo estrictos que son en cosas del trabajo y lo jodío que debe ser aprender a hablar con la garganta. Yo quiero ser un expatriado que es de mayor postín.

Los tiempos actuales están para las dos cosas, para emigrar y para expatriarse. Lo uno se lo debemos a los políticos y lo otro… también. Si ustedes me permiten voy a dejar lo de la emigración que me trae recuerdos de la década de los sesenta, cuando mis vecinos tenían que coger el tren en la estación de Venta de Baños para ir a Francia, a Suiza o… a Bilbao, los castellanos hemos sido siempre unos maltratados por los gobernantes. Esperen, ahora que lo pienso ¿años sesenta del siglo pasado? Joé, la Historia se repite, ¿estaremos en un bucle de tiempo? ¿Nos reencarnaremos como dicen los hindúes? ¿Volverá Franco? Porque la emigración ha vuelto… bueno, seguro que Franco no vuelve pero la culpa seguirá siendo suya, cuarenta años después.

Así que me mejor quedo con la expatriación. No puedo ser un expatriado por amor, mi mujer me lo tiene prohibido desde que salí a por tabaco y me entretuve unas cuantas horas tomando una cerveza con una amiga en el bar de abajo. Podría expatriarme por un asunto de dinero, tal vez un desfalco, una estafa o algo así… pero o me hacía previamente político para que me amnistiaran y me incorporaran con un sueldazo a una empresa recientemente privatizada o terminaban por pillarme a los pocos meses, como al segurata ese de antes.

Sólo se me ocurre una manera elegante y romántica de expatriarme: Como protesta política. ¿Hay algo más hermoso y altivo que un expatriado político? Cuando uno lleva vividos tantos escándalos sexuales públicos del Rey, cuando uno lleva conocidos tantos alcaldes que ganan más que el presidente del Gobierno (Todavía me acuerdo de un presidente de la Diputación de Palencia, al que me encuentro frecuentemente en la panadería, es lo que tiene una ciudad pequeña), cuando existen tantos políticos con decenas de asesores a cincuenta mil euros por cabeza, tipo Carromero, por ejemplo, cuando uno conoce tantos hijos de mala madre dedicados a la política que se envuelven en la bandera, en los intereses de la clase obrera o de las clases medias cuando les pillan con las manos en la bolsa de basura de billetes de 500 euros le entran unas ganas locas de expatriarse.

Hecho, me expatrío, creo que debo hacerlo, convocaré a la prensa y les contaré mis razones, mi vergüenza de ser compatriota de tanto caradura y me expatriaré… A ver, a Alemania ya he dicho que no… sólo me queda Francia y algún cantón suizo. También Hispanoamérica. ¿Pero y si me confunden con uno de mis vecinos emigrantes? ¿Deberé colgarme al cuello un cartel en varios idiomas explicando que lo mío es un compromiso de altas miras con la sociedad? Sólo se me ocurre una solución, amigo lector, expatríese conmigo, vayámonos todos, abandonemos todos a la vez este pútrido barco dejando a sus nefastos gestores con la boca abierta, huyamos de esta cueva de Alí Babá mientras no nos abandone la rabia por tanta ignominia, mientras nos quede un euro en el bolsillo sin que se lo hayan llevado, mientras podamos ir con la cabeza bien alta distinguiéndonos de ellos. Eso sí, pongámonos todos de acuerdo en negar que somos españoles, escojamos un país minúsculo e insignificante, Andorra, San Marino, Chipre, echémoslo a suerte y roguemos que nos nacionalicen, neguemos ser compatriotas de tanto bárbaro medieval que arrasa nuestro país, bajo cuyas pezuñas no vuelve a crecer el bienestar.

Mamandurrias y mangutas por cuenta propia
Fernando Glez. Urbaneja www.republica.com 17 Enero 2013

Esperanza Aguirre fue oportuna (aunque retrasada) cuando decidió acabar con las mamandurrias (según el DRAE: “sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente) de liberados sindicales, pero sin reparar en otras liberalidades más cercanas, las que benefician a la prole de asesores varios de los organismos públicos.

Con el desdichado caso del asesor técnico Carromero conocemos ahora que el Ayuntamiento abona más de 50.000 euros al año a esos asesores, liberados del partido para labores varias, básicamente agitación partidista pagada por los ciudadanos. Es el sueldo de médico con trienios, de jueces de tribunales intermedios, de oficiales del ejército, de funcionarios de cuerpos medios y superiores. Y el Ayuntamiento de Madrid paga más de 200 de estos asesores designados a dedo sin más mérito que su filiación partidista, más de diez millones de euros al año en sueldos municipales, más el gasto que arrastran estos mangutas.

¿Cuántos asesores en la Comunidad, en la Asamblea, en los demás organismos públicos…? La vicepresidenta del Gobierno anda arañando euros de alquileres y organismo innecesario; con abolir los asesores (y los gastos que arrastran) el ahorro sería apreciable. Esa si es una reforma que toca nervio y es ejemplar. Claro que toca el nervio de los partidos, sus aparatos profesionales, los que acaban siendo más susceptibles a la corrupción a medida que ascienden a tareas mayores sin otra experiencia que la mamandurria.

El diccionario del español actual, el Seco, añade la voz: manguta, como sinónimo de ladrón, es decir el que se apropia de lo ajeno. Y el camino de la mamandurria al manguta tiene pocos pasos, por ejemplo los que dio el tesorero del Partido Popular, el tal Bárcenas, que decían que era un contable apañado, honrado y diligente. Tenía mala pinta el caso al podo de empezar, lo de “Luis el hijoputa” apuntaba maneras, pero los informes de las autoridades suizas sobre las cuentas del exsenador Bárcenas deja las cosas claras.

En el cuartel general del PP no lo ven claro, dicen que esperan a las resoluciones judiciales, sin añadir que confían en lo procesal, que quizá un plazo o una diligencia equivocada (tal y como ocurrió años antes con el caso Naseiro) puede dejar el caso en el limbo judicial. ¿Qué sabe Bárcenas, qué temen en Génova? Gestionaba la caja, o quizá las cajas, la una y la otra, la de los sueldos oficiales y la de las compensaciones adicionales por el esfuerzo. La mujer del César debe ser y parecer; el tesorero de los partidos (y de cualquier otra entidad) debe serlo y parecerlo. Cuidar la caja es algo que sabe cualquier administrador diligente. Pero los jefes de los partidos no quieren saber nada de la caja, quema, solo quieren que haya fondos y que no les cuenten detalles. Por eso cuando pasan cosas y se saben miran a otro lado y se esmeran en tapar. Así se pervierte la democracia y se extiende la desconfianza.

fgu@apmadrid.es

La 'singular' cesión del PP al chantaje de Mas
EDITORIAL Libertad Digital 17 Enero 2013

Si el proyecto secesionista que lidera el despilfarrador Gobierno de CiU está animado por la falaz proclama "España nos roba", la vergonzosa propuesta de resolución que acaba de presentar el PP catalán al Parlamento autonómico, con el vano intento de contentar a los separatistas, bien podría ser defendida con un "Para que España nos robe menos". Y es que el patético documento del partido que dirige Alicia Sánchez Camacho, que dice estar motivado por hechos tan graves y ciertos como los elevados niveles de paro y endeudamiento público de esa región, no propone como solución otra cosa que políticas de gasto público y, sobre todo, un "nuevo y singular modelo de financiación para Cataluña".

Así, este "modelo propio y con capacidad normativa" que propone el PP, y que se pretende compatible con el régimen común de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, se basaría en un nuevo incremento de los impuestos cedidos y en una mayor participación de la Generalidad en los impuestos estatales. El documento habla en términos bilaterales, de igual a igual, cuando se refiere a las fórmulas de colaboración entre la "Agencia Tributaria de Cataluña" y la llamada "Agencia Estatal de la Administración Tributaria".

Al margen de hablar de "solidaridad" y de "mecanismos de nivelación" para referirse a los efectos redistributivos de la política fiscal, el documento no analiza su impacto entre los individuos, sino entre las comunidades. Como si fueran los territorios y no los ciudadanos que viven en ellos los que se vieran perjudicados en su "capacidad de crecer y competir" por un exceso redistribucionista; como si no hubiera catalanes beneficiados –como los hay también perjudicados– por un sistema que no es proporcional sino progresivo en función de la renta.

No faltarán quienes, con razón, vean esta propuesta muy similar al mal llamado pacto fiscal que Artur Mas exigió hace unos meses en términos chantajistas a Rajoy, so pena de celebrar una consulta separatista. Hay, sin embargo, una clara diferencia, y es que ese pacto fiscal que exigía Mas nunca fue defendido hipócritamente como "un proyecto leal con España", como dice arteramente este texto del PP que trata de la financiación de la Generalidad, como si de la financiación de Cataluña se tratara, y que atribuye el endeudamiento de la misma no a su despilfarro, sino a la falta de una mayor soberanía fiscal.

Si el PP de Sánchez Camacho (léase Rajoy) quisiera de verdad ser leal, no ya sólo "con España y los catalanes" sino con sus principios y sus votantes, se atrevería a denunciar lo que la Generalidad roba a los catalanes con sus carísimos delirios identitarios y sus proyectos de construcción nacional. Y propondría recortes de impuestos y de gastos públicos absolutamente innecesarios, en lugar de hacer propio el falaz argumento de que la Generalidad carece de suficiente financiación.

Está por ver, sin embargo, que este singular y apenas maquillado pacto fiscal que ahora ofrece el PP sea cesión suficiente como para que CiU meta su consulta secesionista en el congelador.

El lúgubre porvenir del PSOE
Esperanza Guisán La Voz 17 Enero 2013

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que un inmenso número de españoles nos sentíamos socialistas y no, al menos en la mayoría de los casos, por puro interés propio, ni por tradición no cuestionada, sino por el entusiasmo de unos líderes carismáticos que nos anunciaban un mundo de progreso, libertades, justicia distributiva, bienestar colectivo y ese gratificante ensanchamiento de miras que procura el incremento de nuestra capacidad de solidaridad. Pero la dicha duró poco y, de ser un partido con inequívoca vocación ética, se convirtió, en su lucha por el poder, en un simple buscador de votos, lo que lo desnaturalizó por completo y le jugó la mala pasada de que cuanto más cambiaba para buscar una mayoría que lo respaldase, más eran los decepcionados votantes socialistas que lo abandonaban.

Si es cierto, y me temo que lo sea, lo que anunciaba La Voz de Galicia el pasado día 15 de enero, y los socialistas de ahora, miembros del partido que nos defraudó profundamente, están tratando de poner límites a la solidaridad interterritorial mediante propuestas de modificaciones en nuestra Constitución, contentarán, sin duda, a aquellos catalanes insensibles a la belleza y satisfacción de la cooperación, pero defraudarán una vez más a los que pacientemente esperan un milagro que nunca llega, el de que el socialismo renazca y defienda los valores éticos con tanta fuerza proclamados por Pablo Iglesias.

¿Está enfermo de muerte el socialismo español? ¿No habrá cura posible a sus males? ¿Se morirá simplemente corroído por la ambición del poder por el poder? ¿Se autodestruirá en manos de los trepadores, los ambiciosos, los mediocres, los que buscan pactos y componendas que desnaturalizan el mensaje nítidamente ético de los padres del socialismo?

El islam no duerme
G.GARCÍA-ALCALDE La Opinion 17 Enero 2013

Los países subdesarrollados siempre tienen uno o varios chupasangres que se lucran de su ignorancia y miseria. No les interesa cooperar en el desarrollo, la cultura y la salud de los primeros, sino atizar todos los conflictos latentes entre tribus, etnias o religiones para perpetuarse en muchos de ellos como beneficiarios de sus recursos naturales. Mali, por ejemplo, es uno de los mayores productores mundiales de oro, pero más de la mitad de su población vive en absoluta pobreza. Frente a esa dialéctica tradicional está creciendo un tercero en discordia en toda la franja mahometana del planeta. Es el islamismo radical, que en su fase terrorista se apunta victorias y derrotas, pero nunca deja de reproducirse y aparecer en los puntos más distantes. Mali ya es zona de guerra, aunque no generalizada gracias a que EEUU empieza a dosificar su rol de gendarme y al resto de los países ricos les cuesta meterse en líos de armas si no están en juego intereses muy directos. Lo ha hecho Francia con resultados ambiguos, pero otros siguen deshojando la margarita.

Mali no está cerca de España pero tiene frontera con Mauritania y este país es casi vecino de Canarias. Todos los conflictos en la costa noroccidental de África nos preocupan por su hipotética incidencia en Canarias, y este no es de los más leves al hallarse implicados los sectores más violentos del islam, que son, además, los más expansivos y menos proclives a una consideración rigurosa de la historia. La tesis territorial del islam es como para echarse a temblar. El fundamentalismo que ya impone el Azawad en sus avances bélicos hacia el sur deberían ocupar más tiempo de reflexión -y prevención- en los planeamientos militares españoles que el dedicado a Afganistán, donde nuestro país no se juega gran cosa. El avance del imperialismo árabe parece hoy más potente y motivado que cualquier otra cruzada reivindicativa y, desde luego, cualquier ideología civil.

La comunidad internacional debería de ser mucho más severa con las iniciativas nacionales, por ejemplo de Oriente Medio, capaces de prender la chispa de la guerra generalizada. En medio de la crisis del dinero, el oro es el más apreciado valor-refugio y su ambición refuerza en términos insensatos la oposición Norte-Sur inoculada por la avidez de los desarrollados y la vertebración islamista que hasta hace pocos lustros era inocua. El petróleo ha enriquecido y modernizado a muchos países medievales, cuyos ciudadanos viven la prosperidad que hoy falta en Occidente y subestiman las libertades que para nosotros son como el oxígeno. La crisis del dinero, que está operando una transformación profunda de la sociedad del bienestar y del modelo de vida democrático, debería dedicar atención a los derechos de las naciones atrasadas en el uso y disfrute de sus recursos naturales como medio mejor, y quizás único, de frenar la marea dogmática -y asesina- que puede vertebrarlas a falta de otras ideas e ideales.

El Gobierno mantiene la discriminación lingüística en su Ley de Unidad de Mercado
Retira la cláusula que protegía a las compañías ante cualquier discriminación autonómica impuesta por razones lingüísticas, según Expansión.
Luis F. Quintero Seguir a @LUISFERQUINTERO Libertad Digital 17 Enero 2013

Es una de las informaciones destacadas en el diario Expansión. Según cuenta, "la Ley de Unidad de Mercado" que aprobará el Gobierno previsiblemente este viernes, elimina una cláusula, incluida en un borrador previo, que protegía a las compañías ante cualquier discriminación autonómica o local impuesta "por razones lingüísticas". En concreto, el antiguo borrador decía en su artículo cinco:

"Todos los operadores tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las Administraciones Públicas, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento, o por razones lingüísticas".

En el nuevo texto, llevan este punto al nueve:
"Todos los operadores tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las Administraciones Públicas, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento".

En su editorial dice que "el Gobierno teme herir la sensibilidad nacionalista" y añade que "la Ley de Unidad de Mercado debería acabar con las discriminaciones lingüísticas" ya que "uno de los principios que vertebra la norma es el de igualdad y eficacia". Termina añadiendo que "el Gobierno no debería confundir una recomendable prudencia con esta pusilanimidad, que descafeína las reformas antes de que nazcan".

En este sentido, destaca el informe que publica Libre Mercado sobre el "pacto fiscal" que el PPC ha ofrecido a Mas: "su modelo consiste en ceder más impuestos a Cataluña, crear una Hacienda propia y limitar la solidaridad interterritorial". Vamos, un pacto fiscal en toda regla a cambio de que no declaren la independencia.

En Expansión también encontramos que "el Gobierno subirá el IVA sanitario del 10% al 21%". Un aumento que, según este diario, "provocará una caída del 15% en el ebitda de las empresas proveedoras".

Pasamos a el Economista donde destacan que "las Administraciones y los ricos se libran del tope a los depósitos". Añade que "el supervisor exime del límite a las fortunas con saldos superiores a 10 millones".

Pero llama la atención el reportaje que se lleva hoy la foto de portada en este diario: "El absentismo en hospitales públicos triplica a los privados". Dice que "los médicos de los centros públicos madrileños estuvieron 21 días de baja como media el año pasado". Un índice de absentismo muy superior al registrado entre los profesionales que ejercen en los hospitales privados.

En Cinco Días destaca el editorial que habla de que "el futuro de Alemania pasa por el euro". Se muestra duro con el país germano por rechazar la propuesta de Rajoy para que los países más poderosos de Europa impulsen políticas de ayuda con los periféricos, que incentiven el crecimiento económico. Dice el diario de Prisa que "la rebaja de las previsiones revela que el pulso de Alemania es hoy menos fuerte que ayer". También destaca que "el mayor riesgo para la economía germana es, precisamente, la precaria situación de algunos países del euro".

a través de un manifiesto
El Foro de la Sociedad Civil pide la reforma del Estado Autonómico y de la Ley Electoral
Defiende implantar un Estado Unitario con un solo Gobierno, un único Parlamento Nacional y un Tribunal Supremo para todo el país
El Foro de la Sociedad Civil pide la reforma del Estado Autonómico y de la Ley Electoral
República | MADRID www.republica.com 17 Enero 2013

El Foro de la Sociedad Civil, que preside el exministro Ignacio Camuñas, ha hecho público este miércoles en la Asociación de la Prensa de Madrid un Manifiesto en favor de la reforma de la Constitución y de la Ley Electoral en el que aborda la quiebra que sufre hoy nuestro Estado Autonómico y la creciente pérdida de credibilidad y desafección que padece la clase política en estos momentos. Ignacio Camuñas, durante el acto de presentación, ha pedido públicamente el apoyo de la Sociedad Civil al Manifiesto a través de la página Web de la organización (www.forosociedadcivil.org) ya que, según sus palabras, "solamente si la sociedad civil presiona adecuadamente, las fuerzas políticas se verán impelidas a iniciar la reforma de la Constitución a la que hasta ahora se han mostrado totalmente remisos".

El manifiesto aborda dos cuestiones de máxima actualidad. La primera hace referencia al Estado Autonómico para el que se solicita su supresión y sustitución por un Estado Unitario, con un solo Gobierno, un único Parlamento y un Tribunal Supremo para todo el territorio de nuestro país.

El Foro justifica esta petición afirmando que la vigente estructura del Estado ha demostrado ya con creces ser disgregadora de la unidad nacional, ineficiente y tendente al despilfarro. Además, según se afirma en el manifiesto, esta estructura no ha sido capaz de asegurar la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles y ha ocasionado la ruptura de la unidad de mercado tan necesaria para el correcto funcionamiento de la actividad económica de nuestro país.

La segunda cuestión afecta al procedimiento de elección y selección de nuestra clase política. Según el texto, las listas de partido cerradas y bloqueadas han dado lugar a un sistema representativo insatisfactorio en donde los electores no conocen en la mayoría de los casos a sus representantes, limitándose éstos a obedecer por lo general las consignas del mando y actuando así, tantas veces, de espaldas a las verdaderas aspiraciones e intereses de los representados.

El manifiesto defiende sustancialmente un sistema electoral mayoritario con circunscripciones de pequeño tamaño para la elección de 300 diputados, conservándose para la elección de los 50 restantes el sistema proporcional en elección única a escala nacional.

El Foro propone, a este respecto, suprimir las subvenciones públicas a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales para favorecer la necesaria relación y dependencia de estas organizaciones con sus respectivos afiliados.

El manifiesto concluye afirmando que la reforma que propone, además de la virtualidad política que encierra, supondrá así mismo un considerable ahorro de gasto público tan importante siempre y más en estos momentos en que España se encuentra sumida en un grave crisis económica que sufren la mayoría de los ciudadanos y, especialmente, los sectores más jóvenes de nuestra sociedad.

¿Qué es el Foro de la Sociedad Civil?
El Foro de la Sociedad Civil pretende ser un foro de estudio y debate permanentes, un lugar de encuentro abierto a la pluralidad de realidades de nuestro país y una plataforma de lanzamiento de nuevas ideas y propuestas que ayuden al proceso continuado de modernización y avance de España en las próximas décadas, de tal manera que trate de convertirse en el germen de un movimiento de renovación de la vida democrática en España.

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Escocia, Sudán… y Catalunya
José Antonio Zarzalejos en La Vanguardia  17 Enero 2013

EL ÁGORA
A nadie se le ocurre comparar a una posible Catalunya independiente con un país africano

Informaciones reiteradas convergen en un mismo punto: los afanes independentistas de los escoceses están mermando a ritmo acelerado. Según las excelentes crónicas del corresponsal de La Vanguardia en Londres, las encuestas sitúan el sí a la independencia de Escocia en un magro 23%. Pero no sólo está variando la opinión de los escoceses sobre la secesión de su país de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Está cambiando también, y casi radicalmente, la actitud, antes amable, del Gobierno británico. La advertencia de Downing Street a Edimburgo -basada en informes legales- es del siguiente tenor: “Escocia tendría el mismo estatus legal que Sudán del Sur cuando obtuvo la independencia en 2011?. O lo que es lo mismo: no formaría parte de la Unión Europea, estaría por ver que la reina Isabel II ostentase la jefatura del nuevo Estado y resultaría altamente problemático que la libra esterlina pudiese seguir siendo la moneda escocesa.

Aunque el premier nacionalista Alex Salmond rebate estos criterios que considera “intimidatorios”, lo cierto es que en su partido, el SNP, se da por seguro que el referéndum sólo tendrá una virtualidad: lograr que Escocia disponga de un estatus interno más ventajoso que el actual. De ahí que los nacionalistas escoceses estén empeñados en un doble objetivo: de una parte, obtener en el referéndum el mayor margen posible para forzar a Londres a una negociación para ampliar su autogobierno y, de otra, romper cualquier maridaje de sus propósitos soberanistas con el de otros partidos nacionalistas, sean de Quebec o de Catalunya.

Mientras Cameron ha pasado de la zanahoria al palo, los tres partidos mayoritarios de la Gran Bretaña -el conservador, el laborista y el liberal demócrata- han lanzado una campaña sentimental bajo el lema “mejor juntos” que esgrime argumentos domésticos frente a los gubernamentales, que resultan de orden internacional. Los partidos británicos apelan al desgarro y al mercado interior y el Gobierno al previsible aislamiento internacional de una Escocia independiente y a la negativa de que sea un Estado soberano sin peajes. Cameron exigiría -ya lo ha anunciado- indemnizaciones, reparto de la deuda y congelación de cualquier acuerdo interestatal futuro. En Gran Bretaña ya hay un reparto de funciones y un relato antiindependentista.

A nadie en Madrid se le ocurriría afirmar que si Catalunya se independizase podría parecerse a un país africano. Pero todas las instancias de poder en la capital de España van a aplicar la falsilla británica -que algunos supusieron amable y componedora- para lograr efectos disuasorios sobre la sociedad catalana, con la diferencia de que no contemplan consulta alguna. La seguridad con la que Rajoy afirmó el pasado martes en Madrid que mantendrá a Catalunya en España, respondiendo a una pregunta del editor de The Economist, es la misma que se va adueñando de todas las instancias políticas, sociales, económicas y culturales de fuera del Principado.

Ha tenido gran repercusión el artículo del escritor hispanoperuano Santiago Roncagliolo en El País Semanal del pasado domingo, titulado “¿Cataluña is not Spain?”. El autor cree que habrá finalmente una consulta en Catalunya y que “previsiblemente” él participará en ella, pero, advierte que puede “anunciar desde ahora que votaré que Cataluña se quede en España”. Roncagliolo lo explica: “Mis razones para preferir una Cataluña española son prácticas y personales. Mi esposa es valenciana y tengo familia en Madrid. Mis hijos han nacido en Barcelona. No me hace ninguna gracia trazar una frontera innecesaria entre ellos. Además, trabajo en la industria de los libros y los medios de prensa, que en español tienen 500 millones de lectores, y, en catalán, menos de diez. Muchos amigos -catalanes ellos- perderían sus trabajos y tendrían que emigrar si se encontrasen de repente en un país de habla extranjera”. Pero matiza: “Eso no significa que quiera que Cataluña hable castellano. Mis hijos van a un colegio en catalán y yo he aprendido la lengua. Creo que es importante que los que venimos de afuera intentemos hablar catalán, no por una razón política o jurídica, sino porque los catalanes en general lo aprecian, y eso hace más agradable la vida a todos”.

Hay que reconocer que el escritor formula nuestro particular “mejor juntos” con un sentido común muy superior al de intimidar a Escocia con convertirse en un país tercermundista, como hace Cameron. Roncagliolo -no sé si conscientemente o no- ha dado en la diana del discurso adecuado: sencillo, inteligible y ciudadano. Mientras, en las librerías de la capital cuesta encontrar La independencia de Escocia del politólogo Michael Keating. Libro, en esta tesitura, imprescindible.

‘La vida de los otros’
En Catalunya se están realizando escuchas masivas en determinados ámbitos. Es ya algo más que una sospecha. Hay un descontrol de determinados servicios del Estado y una desregulación de facto de empresas de investigación, que parecen campar por sus respetos. El sórdido episodio del restaurante La Camarga en el que convergen muchas responsabilidades éticas, políticas y hasta legales, es sólo la punta de iceberg. El Estado de derecho garantizaría que estas prácticas no existiesen porque nos remiten a la extinta República Democrática Alemana de la Stasi y nos evoca a su policía política que practicaba la intrusión brutal en la intimidad como se reflejó dramáticamente en la célebre película La vida de los otros. Y cuidado con el e-mail. Qué sordidez.

El estado de malestar
Rajoy se enfrenta a una semana difícil. Aunque blindado por la mayoría absoluta, el debate sobre el estado de la nación los días 20 y 21 le va a pasar factura. El presidente se ha instalado en el eufemismo (la corrupción es “juego” o “enredo”) y en el inmovilismo (resistir es vencer), suponiendo que adulterando la realidad y aguantando el calendario, los problemas tienden a una putrefacción que los volatiliza. Arriesga demasiado. Cree que todos los problemas los resolverá un PIB al alza con una tímida creación de empleo en el 2015. Largo lo fía, pero cree que si otras operaciones se maceraron exitosamente en el transcurso del tiempo, también los problemas de ahora se volatizarán en el olvido. El “márchese señor Rajoy” ya está en circulación. También dentro del PP.

UNA NACIÓN ES LO QUE DEFIENDE
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC  17 Enero 2013

El mejor aliado de los sicarios del hacha y la serpiente siempre ha sido la flaqueza de nuestras convicciones democráticas

LA Historia se encarga de darnos lecciones constantemente, pero nuestra renuencia a aprender algo de ellas es tan tenaz como su empeño en instruirnos. Seguramente por eso avanzamos en círculos, tropezando una y otra vez con las mismas piedras, incurriendo en idénticas indignidades.

Pocos ejemplos ilustran mejor esta obstinación en el error que el larguísimo combate contra ETA librado por la Nación española. Medio siglo llevamos los españoles tratando de acabar con una organización terrorista que, en sus mejores momentos, no ha pasado del medio millar de asesinos a sueldo, y sin embargo aquí seguimos, a vueltas con ella. Es verdad que la banda tiene un notable arraigo social en el País Vasco (entre otras razones porque se le ha permitido gobernar incontables localidades e imponer en ellas su dictadura del terror) y no es menos cierta la complicidad del PNV, plasmada en aquella metáfora impagable de Javier Arzálluz: «No conozco un pueblo que haya alcanzado su libertad sin que unos sacudan el árbol y otros recojan las nueces». Dicho lo cual, el mejor aliado de los sicarios del hacha y la serpiente siempre ha sido la flaqueza de nuestras convicciones democráticas. Ésa debilidad nuestra les ha hecho fuertes.

Diecioche marcas electorales ha utilizado ETA a lo largo de su sanguinario historial, pues siempre ha compatibilizado la bomba y la papeleta en su determinación de romper España. Ha declarado al menos seis «treguas» en función de sus necesidades tácticas, y nunca ha faltado un necio que cayera en su trampa. Treinta años tardó el Estado de Derecho en reunir pruebas suficientes para demostrar ante la Justicia que los pistoleros, los diputados de las distintas franquicias etarras, los integrantes de los colectivos de apoyo a los presos y demás tentáculos de la bestia eran parte de un único entramado criminal. Muchos guardias civiles y policías se dejaron la vida para conseguir esas pruebas. Muchos más jueces, fiscales, cargos electos de partidos democráticos, periodistas y militantes de asociaciones cívicas renunciaron a su libertad y pusieron en juego su seguridad con el fin de apoyar esa lucha. Pero bastó un señuelo más, un sintagma con resonancias de premio Nóbel, «proceso de paz», para dar al traste con todo lo logrado. Y ahí están de nuevo, bajo el paraguas de Bildu y Amaiur, los mismos escorpiones con distinta denominación, ensuciando con su presencia nuestras instituciones. Ahí está, libre, el torturador Bolinaga, escupiendo con altanería ese «no me arrepiento de nada». Ahí están las víctimas, humilladas en lo más hondo. ¿Hasta cuándo?

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón al Supremo al avalar la ilegalización de ANV por considerarla una medida «necesaria para una sociedad democrática». Tan necesaria y justa como las de Bildu y Amaiur. ¿A qué espera la Fiscalía para solicitarlas?

El martes por la noche la 1 de TVE emitió un clásico del cine americano: «Vencedores y Vencidos» (1961), de Stanley Kramer; una película sobre el proceso de Nuremberg que pone el dedo en la llaga del viejo dilema referido al fin y los medios. En su alegato final, el juez estadounidense que ha de decidir si hace la vista gorda ante los crímenes nazis con tal de frenar el avance soviético formula una reflexión que no ha envejecido con los años: «¿Sobrevivir como qué? Una nación es lo que defiende. Justicia, verdad, el derecho de hombres y mujeres a ser respetados». Tomen nota nuestros gobernantes ahora que arrecian los ataques a España.

Jiménez Losantos, en El Mundo
"¡Països Catalans, adéu! ¡Paraïsos Catalans, benvinguts!"
El director de Es la mañana ironiza sobre la corrupción de los Pujol en su columna de El Mundo "Paraïsos catalans".
libertad digital 17 Enero 2013

Federico Jiménez Losantos trata la corrupción catalana en su columna de El Mundo titulada "Paraïsos Catalans". Dice con ironía el presidente de Libertad Digital que "sería injusto" no reconocer que los "payeses" de Mas y los Pujol han tenido éxito en la internacionalización, no del ‘conflicto’, sino del ‘convoluto’. "La acción del separatismo catalán abarca varios continentes y un montón de países. Si todo lo que han afanado en Cataluña lo hubiera dejado allí, la nación más rica de Europa con permiso, solo al principio, de Alemania".

Considera Jiménez Losantos que "la invasión de Pujol I" de lo que ellos llaman Països Catalans –la parte oriental de Aragón, la Comunidad Valenciana, las Baleares y el sureste de Francia- a través de la ‘normalización’ lingüística", "ha tenido éxito, pero no definitivo". "En cuanto le dejas hablar en el patio, la canalla vuelve al español".

Los Països Catalans dependen de la inacción del PSOE y el PP; la plebe no colabora. En cambio, los Paraïsos Catalans descubiertos por "los pujolgàvers cautivarán la imaginación de todos. Lejos, lejísimos, se han ido los Pujol. La Banca Nostra Itaca ya está en los mares: Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Mauricio, Man, Jersey, Guernsey... y en la terra ferma: Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo, México, Argentina, Suiza... ¡Suiza! Països Catalans, adéu! Paraïsos Catalans, benvinguts!".

La ruleta constitucional está en marcha
Xosé Luis Barreiro Rivas La Voz 17 Enero 2013

Al final van a tener razón los catalanes cuando califican al Tribunal Constitucional como la mayor máquina de demolición de la Constitución que podían haber imaginado y deseado los que tienen por lema que «la transición ya pasó y a otra cosa mariposa». Y no digo esto porque los catalanes salgan especialmente perjudicados, sino porque tienen la doble experiencia de ver cómo un Estatuto que llegó a reinterpretar la Constitución para blindar -solo para Cataluña- un porcentaje de la inversión del Estado, quedaba bendecido por los enjuagues de Villa Redonda; y cómo ahora se hace demagogia absoluta con un tema -el del euro por receta- que, si se aplicase con el mismo rigor en todos los casos, haría inconstitucionales la práctica totalidad de las medidas anticrisis, los recortes, los rescates, las fusiones y el peaje de las viejas autopistas.

Máis aínda. El mismo tribunal que teme que el euro por receta nos haga desiguales y vulnere una competencia esencial del Estado -cosa que sería irracional, porque privaría al responsable de financiar la sanidad de los instrumentos para conseguirlo- no se va a atrever a entrarle de frente al soberanismo catalán -estoy estrenando aquí un método de crítica preventiva que voy a patentar- y va a dejar que los españoles seamos diferentes en función de nuestra capacidad para chantajear al Estado en materia de financiación y competencias, o de utilizar la amenaza de la independencia como argumento supremo del hecho diferencial. ¡Vaya paradoja!

¿Y cuál es la razón para que nuestro vigilante de la ortodoxia constitucional sea tan tarambana? -este calificativo no es solo preventivo, sino también histórico-. Pues que, teniendo un 90 % de políticos, y un 10 % de juristas, a los jueces del TC les gusta más la demagogia que comer con los dedos, y prefieren ser juzgados y condenados por la historia, la ciencia jurídica y el sentido común antes de que las masas de indignados pongan su nombre al lado del de los ministros, los diputados, los banqueros y Rouco Varela, y griten la más temida salmodia de esta crisis: «El próximo parado que sea un magistrado».

Yo no sé si el euro por receta es constitucional o no. Lo que sé es que el tribunal que estudia estas cosas es más mutable en sus criterios que la Luna y la fortuna juntas, que cree más importante darle por el palo al pueblo que defender con rigor y sentido su Constitución, y no descarta que en este país pueda ser más inconstitucional cobrar un euro por receta (como hacen en Cataluña y Madrid) que pasarse la Constitución entera por el forro de la chaqueta (como van a hacer también en Cataluña). ¿Por malos, quizá? ¿Por tontos o ignorantes? ¿Porque no son independientes? No, por nada de eso. Solo porque son muy demagogos -«París bien vale una misa»-, y un poquito cobardes.

Cataluña
Qué se puede hacer antes de que Mas vulnere la ley
Cristina Losada Libertad Digital 17 Enero 2013

Como en el viaje a Ítaca de Kavafis, en el que ha emprendido Mas lo más importante es el viaje mismo. De ahí que yerre el Gobierno de España si piensa que sólo importa que el proceso rupturista no llegue a su destino, al menos durante su mandato, que ya apechugarán los siguientes. Y parece que lo piensa o actúa como si lo pensara, toda vez que se limita a reiterar que el Estado dispone de instrumentos para impedir que se vulnere la Constitución y que los utilizará cuando corresponda. Frente a un desafío político el Ejecutivo responde únicamente con un recordatorio administrativo, lo cual será correcto y necesario, pero es del todo insuficiente. Mientras Mas y compañía no se salten la ley, ¿cuál es el discurso político del Gobierno? ¿Que no es el momento? ¿Que todos –y, ojo, sin señalar, no vaya a ser que alguien se dé por aludido– deberían centrarse en salir de la crisis?

Salvo los más crédulos de los creyentes, pocos creen que la consulta vaya a convocarse en los plazos tan solemnemente pactados por Mas y Junqueras. Aún son menos los que creen que el president va a proclamar la República catalana desde el balcón de la Generalitat para repetir las diez horas de Estat catalá que legó Companys a la historia de los fiascos. En tal incredulidad se mece buena parte de la sociedad catalana, del empresariado y de los votantes de CiU, que esperarán, no obstante, sacar algo de este lío: un pacto fiscal, unas ventajillas, más financiación, lo de siempre. Pero quién sabe. Hay procesos que se vuelven incontrolables. Sin olvidar lo importante: el proceso mismo tiene consecuencias. Puede que Mas no llegue al final de su viaje, pero en el trayecto habrá conseguido fortalecer las pulsiones separatistas en Cataluña.

Ese aumento de los partidarios de la secesión no es irreversible, pero frenarlo requiere de una actuación política. El caudal separatista disminuye, por ejemplo, cuando se dan a conocer los efectos que tendría una secesión, esos que los nacionalistas ocultan cuidadosamente a los ciudadanos. Es éste un campo que apenas han explorado el Gobierno y su partido. Excepto la aclaración de que una Cataluña separada de España tendría que salir de la Unión Europea, poco o nada han explicado. ¡Y es lo más importante! El PP entiende por acción política dirigirse a Duran i Lleida para que frene el proceso independentista. Más le valdría dirigirse a la sociedad catalana y desmontar uno a uno los cuentos de la lechera del nacionalismo.

Cataluña
Trampa cazabobos
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 17 Enero 2013

El desprecio que sienten los dirigentes de CiU y ERC por la inteligencia de los ciudadanos de Cataluña no tiene límites. Lo han demostrado al adjudicarse la mayoría en la aprobación de un Estatut que sólo votó el 36,5% del censo electoral, al inflar hasta el millón y medio de asistentes una manifestación a la que acudió un máximo de 600.000 personas (Enric Juliana dixit, LV, 12/9), al disfrazar de mayoría secesionista al 34% del censo electoral que los votó el 25-N y –esto es el colmo– al mentir indecentemente para afirmar que una Cataluña independiente seguiría integrada en el seno de la Unión Europea.

En cambio, no estoy tan seguro de que se equivoquen cuando miden a la baja la agudeza mental y, más grave aun, la coherencia ideológica de sus colegas de PSC e ICV, a los que está destinada la trampa cazabobos del fingido cambio de plan para la convocatoria del referéndum. A los desnortados socialistas –carne de tonto útil– les tientan unas migajas de poder, y los postcomunistas, expertos en cabalgar sobre fuerzas ajenas, como lo demostraron en todos los frentes populares, no desprecian ninguna oportunidad para sabotear desde dentro la sociedad abierta.
Talante secretista

Encaramados en la cima de la soberbia, los sabelotodo de CiU y ERC elaboraron un proyecto de declaración taxativamente secesionista con el propósito de hacerla aprobar por el Parlamento de Cataluña. Lo hicieron a puertas cerradas, con el mismo talante secretista con que sus predecesores habían montado toda la campaña de gradual mentalización balcanizadora. La transparencia del proceso secesionista que promete el punto 3 de la declaración no es más que uno de los mecanismos engañosos de la trampa cazabobos: apenas se desencadenó la reacción escandalizada de los observadores más ecuánimes, o más maquivélicos, el consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, subrayó (LV, 14/1)

el "compromiso inequívoco" del Govern, que "hará todo lo que esté a su alcance" para "ampliar la mayoría" a favor de la declaración soberanista "a más fuerzas políticas", y lamentó que si la negociación se ha complicado de entrada ha sido porque alguien filtró la declaración "con mala intención".

Fin de la transparencia, que los confabulados confunden con la "mala intención". Insisto en que no fueron sólo los ecuánimes, también los maquiavélicos, partidarios de comprometer a los tontos útiles y a los aliados oportunistas en la tramoya secesionista, quienes pusieron en la picota a los maximalistas que mostraban tan imprudentemente el juego.

Escribe nada menos que la hagiógrafa de Artur Mas, Pilar Rahola (LV, 12/1):
Personalmente, me encanta el texto, pero ¿no es importante conseguir un consenso amplio, para tener la máxima legitimidad en un proceso histórico de una gran complejidad? (...) Sin duda en el tándem Mas-Junqueras no falta arrojo, ni compromiso, ni convicción, pero empieza a faltar finezza.

Y el gurú del somatén mediático Jordi Barbeta embiste con suspicacia (LV, 13/1):

La avanzadilla que ha enviado Mas a abrir camino ya ha tropezado de mala manera proponiendo una declaración que reduce a la mitad el número de expedicionarios y las posibilidades de éxito. Es tan excluyente, y el error estratégico es tan evidente, que incluso hace sospechar. Igual no se ven con ánimo de alcanzar una cima tan difícil y han decidido conformarse con marcar paquete y vivir del conflicto... Es que si no, no se entiende.

Un merecido guantazo
Dos editoriales de La Vanguardia reflejan, asimismo, la preocupación de quienes se comprometieron en la aventura secesionista y hoy la ven amenazada por la impericia de quienes tenían fama de excelentes timadores. Les reprocha el 14/1:

Hagamos memoria, puesto que apenas han transcurrido dos meses de [sic] las elecciones. CiU pidió una "mayoría excepcional" y la sociedad se la negó, por diversos motivos, con una pérdida de 12 escaños. Aunque la consistencia y el arraigo de la corriente soberanista son incuestionables, CiU y ERC suman hoy un diputado menos que en la anterior legislatura. (...) El documento debe ser revisado y enmendado en busca de la más amplia mayoría posible.

Al día siguiente, el 15/1, el editorialista del somatén mediático expresó su satisfacción porque su consejo no había caído en saco roto, y aprovechó la ocasión para aplicar un merecido guantazo a los imprudentes:

La declaración inicial de soberanía ha quedado en papel mojado básicamente porque muchas cosas se hicieron mal desde el principio, fruto de la precipitación y la mirada unívoca.

A continuación, el editorialista se felicita de que el PSC haya pisado la trampa cazabobos del ficticio derecho a decidir. Para conseguir que se sumara al contubernio se eliminó temporalmente la cláusula irritativa:

Es obvio que los socialistas catalanes dan un paso significativo que sin duda tendrá repercusiones en el PSOE y en la opinión pública española. Sólo por ello ya hay que valorarlo.

La propuesta, aclara sin embargo el infaltable Jordi Barbeta ese mismo 15/1, sigue siendo inequívocamente soberanista, pero igualmente válida para los que son partidarios como para los que son contrarios a la independencia de Catalunya. La intención compartida de CiU, ERC e ICV es hacer todo lo posible para que se sume el PSC a la petición del referéndum o, explicado con más malicia, no dejar ninguna afirmación que el PSC pueda utilizar como pretexto para escaquearse de la defensa que proclama del derecho a decidir.

¿A decidir qué? ¿La legalización de la marihuana? ¿De la eutanasia? ¿De las corridas de toros? ¿De la pena de muerte? ¿Acaso el presidente de la Generalitat y su plétora de asesores pondrán a consideración de los ciudadanos algún proyecto para remediar el drama de los 840.000 parados y del 25% de familias en riesgo de pobreza y nos pedirán una decisión al respecto? Categóricamente, no. Lo único que los estimula es el deseo de atrasar trescientos años el reloj de la historia.
Vestigios de racionalidad

En su artículo "Los términos del desafío soberanista" (El País, 15/1), Albert Branchadell pone como ejemplo la fragmentación de los países oprimidos por las dictaduras comunistas para argumentar que el derecho a decidir la secesión es privativo de la región que pretende independizarse, sin que puedan ni deban intervenir los ciudadanos del resto del país. La comparación entre lo que sucedió en la Unión Soviética y Yugoslavia, por un lado, y lo que podría suceder en España, por otro, es insostenible, tanto por el origen de aquellos conglomerados anómalos como por lo que sucedió en ellos después de la fractura. Nada que ver con lo que podría suceder en los despojos de una España dividida, excluidos de la Unión Europea tras la secesión.

Branchadell cita, empero, un caso que sí podría revestir interés para nosotros. Es el de Schleswig (plebiscito de 1919): en el norte los ciudadanos decidieron incorporarse a Dinamarca, donde formaron Jutlandia del Sur; y en el sur decidieron incorporarse a Alemania, donde formaron Schleswig-Holstein. Si, tras un complicado proceso de reforma constitucional, se aprobara el derecho a decidir secesiones en el territorio de lo que hoy es España, los actuales insumisos deberían reconocer el derecho de las provincias de Barcelona, Tarragona y Álava, entre otras, a decidir su ruptura con Cataluña y la Comunidad Vasca para permanecer en España y poder seguir siendo miembros de la UE. Alguien ha escrito que quienes niegan que sea intocable la integridad de España deberán resignarse a que tampoco lo sea la de sus regiones.

De todos modos, un vestigio de racionalidad invita a pensar que no llegaremos a tales extremos. El hecho mismo de que los secesionistas maquiavélicos hayan llegado a la conclusión de que debían poner sordina a sus desmadres revela que la influencia de la sociedad ilustrada se hace sentir. Además, los intereses de la clase productiva catalana que están en juego son demasiado cuantiosos para dejarlos librados a los caprichos de una élite de iluminados y su séquito de cortesanos. Todo parece indicar que no marchamos hacia un choque de trenes, sino que es el tren secesionista el que se estrellará, él solito, contra el muro de la impotencia sin necesidad de que venga otro en sentido contrario. Por eso discrepo en parte con algunos amigos a los que sigo unido por muchas ideas y metas compartidas: alabo, a diferencia de ellos, el temple y la serenidad con que el Presidente de Gobierno enfrenta las provocaciones de los talibanes, convencido de que éstos desaparecerán corridos por el desdén de sus propios conciudadanos. Conciudadanos hartos de soportar durante años y más años las mentiras, los derroches, las crispaciones y la hipertrofia e insumisión institucional, vicios que agravan los auténticos problemas sociales, que no son precisamente de naturaleza identitaria.

¿Y de Bolinaga, qué?
La sonrisa de la avispa http://www.estrelladigital.es/ 17 Enero 2013

No se me olvida. No se me puede olvidar. A mí, no. Yo sigo pensando que esta España no podrá respetarse a sí mismo mientras no mantenga la Memoria, la Dignidad y la Justicia con las Víctimas de ETA. Es así. Al menos, es lo que pienso.

Y es que tras ver unas fotos de Josu Uribetxeberria Bolinaga como si nada hubiese pasado, he dejado de lado la más rabiosa actualidad y, de nuevo, escribo sobre él con toda la rabia del mundo detrás de las teclas de mi ordenador.

Porque este Josu Uribetxeberria Bolinaga no es un ciudadano cualquiera. Es un asesino de tres personas y el torturador hasta sus últimas consecuencias, si la Guardia Civil no lo hubiera impedido, de Ortega Lara y por lo que cumplía condena hasta que le concedieron la libertad condicional por enfermedad grave.

Pero ¿de qué enfermedad grave hablamos? Porque el multiasesino anda como el Gitano Antón, aquel personaje de una canción de Peret, que no estaba muerto que estaba tomando cañas.

Ortega Lara tardó seis meses en poder salir a la calle tras su brutal secuestro
Ortega Lara, por ejemplo, tardó seis meses en poder salir a la calle tras su brutal secuestro. Las tres personas que asesinó, ni siquiera eso. Este etarra, sin embargo, que quería matar a Ortega Lara, dejándolo para siempre en un zulo en el que llevaba 532 días -que ya son días- se puso a pasear por la calle desde el primer día que le dieron la libertad por enfermedad grave. Y ese mismo día, para mayor escarnio, se puso a hablar con unos y otros de sus 'hazañas'. Como si no hubiese pasado nada.

Y, además, no crean que se arrepiente. El pájaro acaba de decir: 'Yo no me arrepiento. Sé que causé daño, eso es una cosa, pero arrepentirme es otra'.
Encima, chulito. Lógico, por otra parte. Con ETA en las instituciones vascas y el PP del País Vasco asumiéndolo con normalidad, qué se puede esperar.
El pájaro acaba de decir: 'Yo no me arrepiento. Sé que causé daño, eso es una cosa, pero arrepentirme es otra'

Me dicen que, ante la burla, Instituciones Penitenciarias ha remitido estas declaraciones para que el juez compruebe si el etarra ha violado alguna de las reglas de la libertad condicional que fue acreditada por aquellos cuestionables informes médicos y lo devuelva a la cárcel. Pero no caerá esa breva. Y digo cuestionables informes, mordiéndome la lengua, porque aquellos médicos otorgaban a Bolinaga una esperanza de vida de nueve meses y ya han transcurrido cinco y está el tío encantado de haberse conocido.

No es que yo quiera que se muera (aunque no me lo pregunten tres veces) pero debería seguir en la cárcel tan ricamente hasta cumplir íntegra su condena.
Y es que estos paseos de salud y chiquitos que se está dando significan una broma de mal gusto para las víctimas del terrorismo. Y, hombre, por ahí no paso. Eso no es de recibo.

Si alguno de los lectores tiene tiempo, que busque en internet y compare las imágenes de Ortega Lara al salir del zulo y las de Bolinaga paseando por Mondragón. Y si no se les revuelve el estómago es que España está muy enferma. No se puede consentir semejante injusticia.

SASTRE DEBERÁ JUZGAR AHORA LAS DEMANDAS SOBRE PREFERENTES
Fainé presionó a Gallardón y Mas para colocar al jurista de la Caixa en el Tribunal Supremo
Ruiz-Gallardón impone el pasado mes de abril a Sastre Papiol la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.
José L. Lobo / Eduardo Segovia El Confidencial 17 Enero 2013

El presidente de La Caixa, Isidre Fainé, presionó a Alberto Ruiz-Gallardón y a Artur Mas para colocar a uno de sus hombres de confianza, Sebastián Sastre Papiol, como nuevo magistrado del Tribunal Supremo. Sastre, máximo responsable de la Asesoría Jurídica de la entidad financiera catalana hasta el pasado mes de noviembre, deberá a partir de ahora fijar doctrina sobre los escándalos de las preferentes, los swaps o los suelos hipotecarios, que han desatado una avalancha de demandas judiciales contra los bancos y cajas que comercializaron esos productos, La Caixa entre ellas.

Sastre, mano derecha de Fainé y abogado de profesión, fue designado el pasado 29 de noviembre magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y el pasado martes tomó posesión de su cargo. La propuesta la hizo el vocal de CiU en el órgano de gobierno de los jueces, Ramón Camps, pero la decisión se había cocinado mucho antes, según han relatado a El Confidencial fuentes muy cercanas al CGPJ y al alto tribunal. El letrado barcelonés ocupa ahora la vacante en el turno de "juristas de reconocida competencia" dejada por la también catalana Encarnación Roca.

Según esas fuentes, el propio presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, no veía con buenos ojos la incorporación de un mercantilista como Sastre. De los 11 magistrados -incluido el suplente- que integran la Sala Primera del alto tribunal, cinco son especialistas en Derecho Mercantil, pese a que apenas el 20% de los casos enjuiciados se refieren a esa materia. Pero Sastre contaba con influyentes avalistas: su antiguo jefe en la Caixa; el ministro de Justicia; el presidente de la Generalitat y el sector del CGPJ más cercano a Ruiz-Gallardón, encabezado por su vicepresidente, Fernando de Rosa.

Poderosas razones
Fainé tenía poderosas razones para colocar a Sastre en el Tribunal Supremo. Por un lado, situar en el alto tribunal a quien había sido uno de sus colaboradores más fieles desde 2007, cuando Fainé desembarcó en La Caixa -Sastre lo hizo en 1985- en sustitución de Ricardo Fornesa. Y, sobre todo, porque Fainé es el presidente de la CECA, la confederación de las cajas de ahorro, y la Sala a la que se ha incorporado Sastre habrá de resolver numerosos casos en los que están envueltas estas entidades financieras. En especial, las acusaciones de estafa por la venta de las preferentes, un asunto que afecta especialmente a NovaGalicia y a Bankia, y que llegará sin duda al Tribunal Supremo por las demandas de particulares.

El presidente de La Caixa movió sus fichas, primero con Mas y más tarde con Ruiz-Gallardón. "CiU tiene mucho que agradecer a La Caixa, y Fainé se cobró el favor", aseguran las fuentes consultadas, que añaden que el primer directivo de la entidad financiera y el presidente de la Generalitat mantienen un contacto "muy fluido" y hablan "prácticamente todas las semanas". Fainé se puso más tarde en contacto con el ministro de Justicia, cuyas relaciones son calificadas de "excelentes" por las fuentes consultadas, para recomendar la candidatura de Sastre.

Precisamente el pasado 11 de abril, siete meses antes de su ascenso al Tribunal Supremo, Sastre recibió de manos del ministro de Justicia la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Al acto, celebrado en Barcelona, asistió también el director general de La Caixa, Juan María Nin, y el propio Fainé. Este destacó que la concesión de esa distinción al entonces jefe de la Asesoría Jurídica de la entidad suponía un "reconocimiento a la gran vocación por el Derecho de esta persona".

Un portavoz oficial de La Caixa dijo ayer a El Confidencial que Fainé "tiene buenas relaciones con muchos ministros, no sólo con Ruiz-Gallardón", y aseguró que la elección de Sastre "obedece únicamente a sus méritos profesionales y académicos". El Ministerio de Justicia, sin embargo, no ha respondido a las llamadas de este diario para conocer su versión de los hechos.

Posibles condenas
La Caixa también tendrá que lidiar con las posibles demandas de los titulares de preferentes del Banco de Valencia, que, como en todas las entidades rescatadas con dinero europeo, sufrirán una quita de entre el 30% y el 70% de su inversión como parte de la recapitalización de la entidad. La caja catalana tendrá que hacerse responsable de las posibles condenas en su calidad de nueva propietaria del banco levantino -adquirido por un euro el pasado 27 de diciembre, dos días antes de la elección de Sastre-, que tenía 450 millones de euros en estos títulos.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró el pasado cuatro de diciembre en el Congreso de los Diputados que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que alguna entidad bancaria ha podido cometer un delito de estafa con la emisión de preferentes. Torres-Dulce se negó a revelar el nombre de la entidad "por razones de reserva", pero diversas fuentes financieras consultadas por El Confidencial sostienen que el fiscal general podría referirse al Banco de Valencia. Anticorrupción también está investigando la gestión de Bankia, Caja Castilla-La Mancha, CAM, Caixa Nova, Caixa Penedés y Catalunya Caixa.

Otros casos relacionados con las cajas de ahorro que tendrá que resolver la Sala del Supremo a la que se ha incorporado Sastre son los llamados swaps hipotecarios, unos contratos que vendieron las entidades a los hipotecados para cubrirles contra posibles subidas de los tipos de interés... pero que les hacían perder dinero si estos bajaban. Asimismo, es probable que lleguen también al alto tribunal las cláusulas-suelo, que impiden que la letra de la hipoteca baje de un determinado nivel aunque caiga el euríbor. En todos estos casos, el interés del sector es máximo para que el Tribunal Supremo no dicte doctrina en contra de la banca.

Cataluña
El TSJC anula dos subvenciones de la Generalidad a UGT y CCOO que suman más de 3,2 millones de euros
Las ayudas públicas se otorgaron a dedo durante la etapa final del tripartito en 2010. La resolución fue demandada por la IAC, que denuncia que subvenciones similares se han seguido entregando a dedo en 2011 y 2012. El TSJC considera que no existen aspectos objetivos y razonables para la exclusión del resto de sindicatos en este tipo de concursos.
Redacción www.vozbcn.com 17 Enero 2013

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado dos subvenciones que la Generalidad entregó a UGT y CCOO en 2010 y cuya cuantía total ascendió a más de 3,2 millones de euros. Las ayudas se otorgaron a dedo y el proceso fue recurrido por la confederación Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que había quedado excluida del concurso.

El tribunal autonómico ha sentenciado -en un fallo del 27 de diciembre pasado- que el concurso sin concurrencia pública del Gobierno autonómico, entonces en manos del tripartito bajo control de José Montilla (PSC), es nulo porque se han vulnerado varios artículos de la Constitución al otorgar unas subvenciones sin aspectos objetivos y razonables.

La Generalidad aprobó el 22 de junio de 2010 entregar una subvención ‘excluida de concurrencia pública’ a UGT y otra a CCOO. Las ayudas fueron a petición de la Consejería de Trabajo y se otorgaron a estos dos sindicatos en base a su ‘participación institucional’. Para UGT, 1.579.201,48 euros; y para CCOO, 1.657.697,12 euros.

No cabe la ‘excepcionalidad’ de la resolución de la Generalidad
Tras conocer la resolución del Gobierno autonómico, la IAC presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC en 2011. Un año y medio después el tribunal autonómico ha resuelto anular la concesión de las subvenciones y por lo tanto ha dado la razón a la IAC. Las alegaciones de este sindicato se han basado en la vulneración de los artículos 14 y 28 de la Constitución, ya que la ayuda pública no se basó en aspectos objetivos y razonables, así como la defensa de que no existía ‘excepcionalidad’ para excluir al resto de sindicatos de Cataluña.

La subvención que recibió CCOO tenía como objetivo la ‘extensión de la tutela de los derechos de la información, formación, asesoramiento y la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras de Cataluña para 2010'. En las bases de esta ayuda, según ha interpretado el TSJC, este tipo de actividades podrían haber sido desarrolladas por cualquier otro sindicato en función de su representatividad, por lo que ‘puede ser un criterio para cuantificar su otorgamiento, pero nunca para excluir la concurrencia pública en la convocatoria de la subvención’.

Algo parecido ha señalado el tribunal para el caso de UGT, sindicato que recibió la ayuda pública para el ‘sistema de apoyo a la participación institucional de la UGT en Cataluña’. Para el TSJC, como ocurre con la anterior justificación, esta tampoco cabe en el ámbito de la exclusividad pues la actividad subvencionada constituye la actividad ordinaria del sindicato, es decir, que no está motivado la falta de concurso público abierto a todos los sindicatos de la Comunidad.

UGT y CCOO, los ‘más representativos’
Una de las alegaciones de la Generalidad se ha basado en que las subvenciones van dirigidas a los sindicatos mayoritarios. El TSJC reconoce que tanto UGT como CCOO son los sindicatos ‘más representativos’ de Cataluña, e incluso va más allá asegurando que son los dos únicos sindicatos que pueden ser considerados de esta manera, en función de un certificado de la jefe del Servicio de Negociación y Registros Laborales de la Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo de la Consejería de Empresa y Empleo de la Generalidad de Cataluña.

Sin embargo, la sentencia del TSJC hace mención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que un recurso de casación de 2001, ha establecido que ‘los poderes públicos’ tratan discriminadamente a los sindicatos si una subvención se destina ‘exclusivamente a los más representativos, con exclusión de los demás‘, como es el caso de estas ayudas públicas del año 2010.

Ante la decisión del TSJC solo cabe recurso de casación elevado al Tribunal Supremo. Según fuentes de la IAC consultadas por LA VOZ DE BARCELONA, es poco probable que el Alto Tribunal, sin embargo, cambie la opinión del tribunal autonómico porque no existe precedente y la sentencia del TSJC es muy clara -sin votos particulares, por ejemplo-. Pese a todo, ante la posibilidad de que ni UGT ni CCOO devuelvan el dinero público, al ser unas cantidades tan elevadas, desde IAC seguirán de cerca que se cumpla lo establecido por los tribunales.

Siguen otorgándose subvenciones a dedo
Además, la IAC, tras conocer la sentencia, ha indicado que ‘considera inaceptable’ que la Generalidad continúe ‘dando subvenciones injustificadas de millones de euros que son manifiestamente ilegales mientras recorta los derechos de las personas en la salud y la educación, despide personal, reduce el sueldo del personal de la administración y privatiza servicios públicos’.

Este sindicato ha denunciado en un comunicado que, en los años 2011 y 2012, el Gobierno autonómico ha seguido otorgando subvenciones a Fomento del Trabajo, Pimec, UGT y CCOO, en una cantidad que -según la IAC- asciende a ‘más de cinco millones de euros’, para ejercer funciones de ‘representación institucional’ y por lo tanto al margen de la concurrencia pública.

LA DECISIÓN PILLA POR SORPRESA AL NUEVO CONSELLER
Procter & Gamble confirma que se lleva su filial catalana a Madrid
Marcos Lamelas. Barcelona El Confidencial 17 Enero 2013

La absorción del fabricante de productos de higiene femenina Arbora por parte de la multinacional Procter & Gamble (P&G) ya tiene precio: Cataluña pierde la sede de Arbora y cerca de 150 trabajadores pierden su empleo, según ha confirmado el propio grupo estadounidense.

Estos 150 despidos se producirán en las oficinas centrales de Barcelona, donde ahora trabajan 300 personas, la mitad de las cuales ocupan ahora “puestos que no tendrán continuidad a causa de las diferencias en el modelo organizativo y debido a la duplicación de roles y a las sinergias ocasionadas por el nuevo diseño de la organización”, según señala P&G sobre el efecto de la integración de Arbora en esta multinacional.

P&G se compromete a recolocar en otros lugares de España a la mitad de los trabajadores de las oficinas centrales. Y también mantendrá las tres plantas que Arbora tiene en Montornés (Barcelona), Jijona (Alicante) y Mequinenza (Zaragoza), donde trabajan otros 950 operarios, que en su mayoría mantendrían sus puestos de trabajo. Eso sí, como se pierde la sede en Cataluña estas plantas informarán a las oficinas centrales de P&G en Madrid.

El Confidencial ya anunció que P&G planeaba llevarse la sede de Arbora como fruto de la falta de política industrial de la Generalitat, que no hizo un seguimiento de las consecuencias de la salida de Agrolimen del capital de Arbora.

Arbora era propiedad de Agrolimen en un 50%, pero el holding que preside Artur Carulla vendió su parte por 800 millones de euros. Ahora los estadounidenses rentabilizan su compra reduciendo costes y haciendo sinergias con sus servicios centrales en Madrid. Para más inri, se da la circunstancia de que Artur Carulla es uno de los pocos empresarios que todavía se mantiene cercano al actual Gobierno de la Generalitat.

Críticas de la oposición
El PSC ya denunció que esta situación era culpa de la falta de política industrial de la Generalitat, en la época en que fue conseller de Empresa y Ocupación Francesc Xavier Mena. Pese a que diseñó un Gobierno continuista, Artur Mas no contó con él, un independiente, para su nuevo Ejecutivo.

En cualquier caso, la situación coge al sustituto de Mena, Felip Puig, con el pie cambiado. Ni siquiera ha nombrado al secretario general de Empleo, quien según diversas fuentes será Ramon Bonastre, actual director de Relaciones Laborales.

Proceso largo
P&G advierte que el proceso será largo y que se prolongará durante el año fiscal de la multinacional, que empieza en 2013 pero acaba en 2014. La multinacional estadounidense justifica su decisión “para maximizar las economías de escala de una compañía de gran tamaño combinándolas con el foco en los consumidores y los clientes locales”.
En otras palabras: para P&G la decisión es empresarial y no política ni está influida por la situación en Cataluña. Para ella se trata de evitar duplicaciones de roles y buscar sinergias. Arbora fabrica marcas como Evax, Dodot y Tampax y es el líder español en productos de higiene femenina.

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