AGLI Recortes de Prensa    Martes 22  Enero 2013

Repugnancia
Miguel Ángel González www.elsemanaldigital.com  22 Enero 2013

La sana voluntad de este blog es tratar sobre temas económicos que puedan resultar de interés para los lectores, y hacerlo en un lenguaje que todos entendamos. Nunca faltan noticias económicas que comentar; va con los tiempos que vivimos.

Aquí tratamos sobre las cosas del dinero, así se llama el blog, y es imposible eludir las noticias sobre la corrupción que han dominado todas las portadas y tertulias de todos los medios durante estos días. El dinero, negro, sucio, es el foco principal de estas noticias y de los hechos que las motivan.

Al ciudadano de bien, a quien afronta cada día su trabajo con esfuerzo, o a quien, lo que es peor, no tiene trabajo y mira hacia el futuro, propio y el de los suyos, con honda preocupación, todo lo que está conociendo le repugna. Y muchos de estos ciudadanos tienen la absoluta certeza de que, una vez que pase la tormenta, las penas, si existen, no estarán en consonancia con el mal hecho.

A los políticos de bien, y la mayoría de los políticos lo son, que tienen vocación de servicio público, que buscan la mejora y la prosperidad de los ciudadanos en los ámbitos en los que sirven; todo esto todavía les repugna mucho mas, porque ven que se mete a todo el mundo en el mismo saco y son víctimas, sin buscarlo ni merecerlo, del desprestigio general de la clase política.

Lo único bueno de esta situación, y habrá que quedarse con algo positivo, es que entre todos podemos generar un clima que posibilite tomar medidas ejemplarizantes sobre el presente, que sirvan para que en adelante se evite caer en tentaciones, y animar a que se denuncien los casos en su origen. Para ello nada como decir lo que se piensa de esta gente:

Dais asco los que no llegáis a entender que la retribución por vuestro trabajo es el salario, simple y llanamente. Que los servidores públicos y los que se dedican a la política deben de ir, como van la mayoría, con una gran carga de motivación por hacer el bien a los ciudadanos. Y el reconocimiento del trabajo bien hecho es un premio que además, en muchas ocasiones, abre oportunidades laborales cuando se deja la política. Si creéis que esto no está bien pagado dedicaros a otra cosa, si podéis claro está, que algunos lo tendríais complicado.

Dais asco los que empleáis vuestra inteligencia y vuestra formación en ver la forma de llegar a enriqueceros de forma ilícita, en lugar de emplearlas para ayudar a prosperar a la comunidad a la que, teóricamente, deberíais servir. De la codicia por trincar en vuestro propio interés, pasáis a la avaricia, porque no tenéis límite, no os avergüenzan las cifras que llegáis a manejar en vuestro beneficio.

Dais asco los que, teniendo capacidad de decidir o influir en adjudicaciones de obras públicas, lo hacéis en favor de quien os ofrece beneficios personales, o lo hacéis siguiendo las presiones de los políticos de turno. La justificación, por quien paga, de que "es la única forma de obtener contratos" no es aceptable. Denuncia la mordida: te podrás quedar sin el dinero de ese contrato, pero la inversión en ética es mucho más rentable en el largo plazo, y además dormirás tranquilo, porque al final todo se sabe. Otro tanto habría que decir de las subvenciones, de las que ya he hablado en otras ocasiones, ya que tras muchas de ellas se encuentra el germen de la corrupción, en su concesión, en los destinatarios y en el uso de los fondos.

Dais asco los indignados selectivos o indignados con carné, que os lleváis las manos a la cabeza por la corrupción ajena, pero miráis para otro lado cuando el corrupto es de los vuestros, de vuestra familia. Os escandalizáis, que no es para menos, por las cifras conocidas, de más de uno, con cuentas en Suiza, pero no parece que os escandalicen de la misma forma cifras cuarenta veces superiores a éstas, que iban destinadas a trabajadores y que se han desviado en beneficio de unos cuantos corruptos. En estos momentos hay abiertos 730 casos por corrupción, y en ellos están indignamente representados buena parte de los partidos políticos, especialmente los que más poder tocan o han tocado.

Dais asco los que creéis que lo de la presunción de inocencia vale para todo, porque es como tomarnos por idiotas. Hay acusaciones estos días, que habrá que demostrar, y en este caso si que vale, y no es aceptable la acusación generalizada. Pero hay hechos contrastados, inmensas cantidades de dinero no declaradas, que no merecen mucha espera para la condena; en el más benigno de los casos hay delito fiscal, pero quien oculta será por algo, y hay que llegar hasta el final en conocer los orígenes y los destinatarios de todos estos fondos y de todos los casos que hay abiertos.

Dais asco los que en vuestros discursos habláis de que "esta no es una crisis sólo económica, sino de valores", y os quedáis tan anchos, cuando los valores que transmitís a vuestros hijos y a vuestro entorno están en el origen de todos nuestros males. Lo de los hijos es claro: si ven que lo de robar es fácil y la impunidad está garantizada, lo que harán es multiplicar el negocio de los padres, como se está viendo en algunos de estos casos. Lo de valores sobre la patria, la bandera, etc., mejor que calléis.

Dais asco los que hacéis valer vuestra posición social, en la cúspide de la pirámide del poder, para obtener beneficios propios o para vuestro entorno; tanto asco como quien os ha pagado, y no con su dinero precisamente, por cosas que se sabe que o no se han realizado, o no tienen ese precio. No es culpable solo el que cobra, también el que paga. Detrás de los pagos, y muchos ciudadanos no lo entienden, siempre se ha robado dinero público, el de todos, incluso en los desembolsos de los adjudicatarios de obras, porque sus pagos los cobra posteriormente contra el incremento del precio de la obra.

El gran problema es que muchos ciudadanos esto lo terminan asumiendo como normal, ven que no hay grandes consecuencias, que no se devuelve nunca el dinero robado, que nadie, o casi nadie, va a la cárcel, que los procesos se dilatan años y años, que la mayoría de los delitos prescriben (bajo leyes hechas por los mismos que las incumplen), que luego, después de más de diez años, hay acuerdos y todos tan contentos, que unos se indultan a otros, que unos se protegen a otros, que prima la omertá y que, por mucho que ladren para que les oigan sus seguidores, al final no muerden, porque la sensación que queda es aquello de perro no come perro.

En estas circunstancias, o los partidos políticos toman decisiones que no dejen lugar a dudas ni sobre el pasado ni sobre el futuro, haciendo rodar cabezas, o no son acreedores a tener el respaldo de los ciudadanos. Quienes sigáis apoyando con vuestro voto a los partidos que no se regeneren de forma clara y con absoluta transparencia, pasando por alto estas malas prácticas, dais… pena.

Corrupción política: Basta ya de palabrería y frases huecas
Vicente Benedito www.vozpopuli.com  22 Enero 2013

Los que cada día utilizamos las nuevas tecnologías para comunicarnos con los demás sabemos lo que cuesta eliminar los “virus” y los “gusanos” que nos vienen de fuera y nos invaden desestabilizando nuestra particular paz interior. Pues bien, el esfuerzo que hay que hacer para que desaparezcan de nuestras cotidianas y rutinarias vidas los “virus” y “gusanos” que pululan por la vida política, social y económica españolas es muchísimo mayor.

Los tenemos dentro, no siempre descubrimos quiénes son, pero sabemos que están ahí, y que en cualquier momento y lugar se van a manifestar ensombreciendo nuestra convivencia, frenando nuestra actividad y haciendo sospechosas nuestras relaciones.

La ventaja que tenemos respecto a los “virus” y “gusanos” del ordenador, es que éstos sí terminamos descubriendo cuál es su origen y procedencia y lo que pretenden, una vez descubiertos, en general, quedan neutralizados y sin efecto nocivo alguno para el futuro. Los “otros” son personajes que se retroalimentan, que sobreviven gracias al medio en el que se desarrollan. La podredumbre en la que habitan es su verdadero refugio y en él la endogamia de los partidos juega un papel tan importante como injustificable ante la Sociedad que impávida y corresponsable asume con resignación que es un mal del mundo moderno y la democracia.

Nadie se atrevería a defender intelectualmente hoy que esa realidad no se ajusta a la situación que viven muchos países, con independencia de su grado de desarrollo, y entorno geográfico y político. Es la sociedad actual la que ha creado esos “monstruos”. Con la relajación de sus valores y la falta de exigencia en los comportamientos. Con la asunción del “relativismo moral” como algo propio del mundo en el que vivimos y contra lo que nos resignamos a luchar.

El “todo vale”, el “todo es lo mismo”, el “todos somos iguales”, o “es lo que la gente quiere”, está teniendo unas consecuencias demoledoras. Les hemos dejado crecer demasiado y nuestra indolencia ha favorecido el incremento de su poder. Sin embargo, ser conscientes de ello nos obliga a reconducir nuestros comportamientos y actitudes. A no renunciar a identificarlos públicamente, a descubrirlos, neutralizarlos y expulsarlos de nuestra sociedad, ello nos ayudara a salir de la crisis.

Palabrerías y frases huecas
En los últimos días mi espíritu se “cabrea” impotente al ver la cantidad de frases que se pronuncian en aras de un tardío posicionamiento personal de quienes, ahora, tratan de no hacer suyos tales comportamientos. Tarde y mal se pronuncian solemnes proclamas contra la corrupción con frases vacías de contenido y, sobre todo, de medidas y actuaciones administrativas y jurídicas concretas y rápidas que tengan repercusión inmediata. Recupero ahora algunas de ellas pronunciadas en las últimas horas, qué más da por quién:

- “que cada palo aguante su vela”.
- “no nos temblará la mano”.

- “que se analice la contabilidad de los partidos”.
- “que se investiguen los paraísos fiscales”.

- “esto daña la democracia”.
- “que se ponga fin a la financiación irregular”.

- “que se aplique la ley con todas sus consecuencias”.
- “el que la hace la paga”.

- “que comparezca el Presidente para dar explicaciones”.
- “el Ministro tiene que marcharse”.

- “el Fiscal General del Estado tiene que comparecer”.
- “que hable la Justicia”.

- “que la Audiencia Nacional investigue las cuentas”.
- “las explicaciones que se han dado son insuficientes”.

- “los que nos dedicamos a la política debemos ser modélicos”.
- “a mí que me registren”.
- etc.etc...

La Sociedad ha escuchado ya innumerables veces tanta palabrería. Se desprecia a los ciudadanos cuando reiteradamente, y cada vez con más frecuencia, se reproducen los escándalos de corrupción protagonizados por los políticos y los partidos que los protegen o en cuyas filas militan, Repugna a la Sociedad la indolencia con la que se gestionan, desde todas las instancias, incluida la judicial, ya no vale aquel tópico de la “justicia es lenta pero inexorable”. Los tiempos en materia de corrupción política son extraordinariamente importantes. Si los casos transitan por los tribunales durante decenios, la recuperación de lo apropiado y la reparación del daño resultaran imposibles, Y en tanto en cuanto eso sea así, a algunos les saldrán las cuentas y entenderán rentable el camino por la oscuridad de las cloacas de la corrupción. De tal suerte, entonces, que tales prácticas terminan multiplicándose exponencialmente siendo cada día más los escándalos y enormemente más complejo atacarlos decididamente.

Además, ello ahondará en la percepción de impunidad que el ciudadano de a pie tiene de la estafa y la mentira de su clase política. La sinrazón de que forme parte de nuestras vidas puede conducir a la perversión de hacernos ver que es parte consustancial de la sociedad en la que vivimos. Estigmatizarnos de tal modo que acabemos resignándonos a aceptarlo sin oponer resistencia alguna. Asumiendo la renuncia de la Sociedad Civil

La crisis no sólo es económica
Se nos dice que estamos pasando la crisis más dura de la historia y, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo es que a esta grave crisis económica se ha unido algo peor: una crisis ética y de valores como la honradez, la honorabilidad, el esfuerzo, la meritocracia y la buena fe. Sin ellos, y aceptando resignadamente nuestra incapacidad para acabar con la corrupción, la salida de la crisis es muy complicada. La Sociedad en su conjunto necesita desempolvar su intelecto. Recuperar la iniciativa. Manifestar su inexorable rechazo a tales actitudes y comportamientos. Promover cuantas reformas de nuestro sistema político sean necesarias para que la democracia de los partidos no de amparo a quienes traicionan el mandato de los ciudadanos.

Y no pensemos que la vía penal, que aun siendo muy importante, resolverá todos los problemas de la sociedad, pues es necesaria una “medicina preventiva” que a través de la educación y de organismos públicos eficientes, independientes y rápidos de control y seguimiento atajen “ab initio” cualquier posibilidad de fraude o corrupción.

Soy partidario de delegar pero siempre bajo el principio de “delega pero verifica.”

Una vez más luchemos todos cada día, cada hora y cada minuto contra la corrupción. Como dice Ernesto Partida Pedroza “se pone atención en el empleado del gobierno que recibe dinero para acelerar los trámites, pero se omite ponerla en quien aporta el dinero”.

Una auditoría que no va a servir para nada
EDITORIAL Libertad Digital  22 Enero 2013

La reacción de Rajoy ante las graves sospechas de corrupción que pesan sobre el PP no ha podido ser más desafortunada. En realidad no ha habido reacción alguna, si por tal entendemos un compromiso firme para que se investigue a fondo, y con todas las consecuencias, el presunto pago de sobresueldos a altos cargos del partido. En su lugar, tras varios días de parálisis y nerviosismo, los populares tan sólo han atinado a anunciar una revisión de la contabilidad ya auditada, junto con una toma de declaración de la actual tesorera a los altos cargos susceptibles de haber incurrido en dicha práctica.

Esa nueva auditoría externa podrá detectar, siendo optimistas, alguna incorrección de carácter técnico en los asientos contables ordinarios, pero desde luego ningún auditor, por más experto que sea en la materia, va a poder determinar si el Partido Popular enriqueció ilegalmente a sus dirigentes a través de sobresueldos ajenos a los circuitos legales examinando únicamente los apuntes de la contabilidad oficial. Más absurda resulta todavía la pretensión de encontrar algún culpable, si lo hubiera, por el procedimiento de preguntar directamente a los sospechosos. No dudamos de la capacidad persuasiva y las dotes detectivescas de la nueva tesorera, pero resulta cuando menos dudoso que esa interpelación elemental vaya a tener como resultado una catarata de confesiones voluntarias.

En este ceremonial del despropósito que nos está brindando el PP a propósito del caso Bárcenas, justo es reconocer a Iñaki Oyarzábal el mérito de haber realizado las declaraciones más disparatadas y contraproducentes. Cuando pesan sospechas muy graves sobre la honradez de los altos cargos del PP y éstos no consiguen sino indignar a la ciudadanía con su falta de claridad y sus ambigüedades, no es de recibo que un personaje como el referido se atreva a exigir la persecución judicial de los medios de comunicación que se están dedicando a dar cuenta del escándalo.

En cuanto al PSOE, a salvo de lo que ocurra con el caso Bárcenas el partido más corrupto de la historia de España, sus dirigentes son capaces de exigir ejemplaridad a sus adversarios y anunciar incluso medidas legales contra ellos precisamente el mismo día en el que se destapan los chanchullos llevados a cabo en las contrataciones de su fundación. Soraya Rodríguez incluso ha llegado a afirmar que el pago de 600.000 euros a empresas de amigos y familiares de altos cargos es hasta "moral", sin atender al hecho de que los chiringuitos de los partidos se financian casi en su totalidad con dinero público, por lo que su utilización debería ser objeto de una especial ejemplaridad.

Por el momento, sólo cabe buscar sensatez en las palabras de la expresidenta madrileña. Esperanza Aguirre ha sido la única responsable del Partido Popular que ha exigido ejemplaridad a la Justicia y, sobre todo, mucha mayor celeridad de la que suele acreditar en los casos de corrupción que afectan a los partidos políticos. Además de esta reclamación para evitar la prescripción de los delitos, Aguirre ha dado un paso al frente con el nombramiento de Manuel Pizarro como fiscal que vele por la integridad del PP de Madrid, algo que debería ser incluso obligatorio en todos los partidos, habida cuenta de los ingentes recursos públicos que manejan.

La propuesta de Aguirre debería ser asumida en primer lugar por su propio partido a nivel nacional, y a continuación por todos los que ostentan la representación parlamentaria de los españoles. En caso contrario, el escándalo Bárcenas será sólo un ejemplo más de la corrupción estructural de una clase política empeñada en vivir en la impunidad.

El dilema
José Luis Requero La Razón   22 Enero 2013

«Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías». Es el programa electoral del partido en el Gobierno. Si ya ahora el Consejo es elegido «entre y por» los jueces al proponer al Parlamento precandidatos, se deduce que la promesa tiene sentido en su lógica histórica: PP siempre ha dicho que su sistema era el originario: los jueces deberían elegir no precandidatos sino directamente a los doce vocales judiciales.

Esta promesa va a incumplirse. Me coloco ahora en la lógica política: cumplirla sería dar el gobierno del Poder Judicial a jueces levantiscos y, sobre todo, a unas asociaciones sindicalizadas y ni unos ni otros están ni se las espera en la formulación de un programa calificable como de reforma judicial. O visto del lado judicial: es difícil reclamar esa responsabilidad de gobierno si no hay discurso propio de la política judicial; y digo «política judicial» para marcar diferencias. Por ejemplo, en algunas publicaciones asociativas son una retahíla de escritos que no pasan de meras ocurrencias particulares, eso sí, con mucha ironía y mucha gracieta; todo muy válido para una sobremesa relajada, pero no como ideario de gobierno.

Se identifica «política judicial» sólo con reivindicaciones profesionales. No digo que éstas no sean parte de aquélla, pero es una parte: que luego que no se diga que la reforma convierte al Consejo en una dirección general del personal judicial, cuando el discurso asociativo no pasa de lo que gestionaría una dirección general del personal judicial. Fuera de esto, lo que más se aproximaría a una propuesta de política judicial es el tópico de aumentar sin más el número de jueces. Añádase la experiencia de los últimos años de gobierno judicial, identificado por las asociaciones como gestión de intereses de grupo, sin olvidar su torpeza en el caso Dívar, gota que colmó el vaso.

Visto tal panorama y ante el dilema de cumplir la promesa electoral, el poder político opta por una reforma antiasociativa. Esto es grave porque las judiciales no son unas asociaciones del montón, están expresamente previstas en la Constitución y su adjetivo de «profesionales» coincide con algunas competencias del Consejo. La opción es, por tanto, enterrar el sistema de elección directa por los jueces y mantener el de 2001, que los jueces elijan precandidatos pero dando muchísimas facilidades para que los no asociados –el 50% de la Judicatura– tengan más posibilidades en el nuevo Consejo.

Probablemente los no asociados aplaudirán la reforma, pero que no se hagan ilusiones. Ha aflorado un verdadero 15M judicial, con líderes de seguro tirón electoral e ideario desconocido pero retratados por sus excesos y radicalismo. Desahuciadas las asociaciones y ante el riesgo de que triunfen los antisistema, todo parece indicar que los partidos irán a lo seguro, inspirarán candidatos que, cabe presagiar, estarán designados in pectore cuando seamos llamados a las urnas. Ojalá me equivoque porque de ser así el próximo proceso de renovación quedaría en artificio.

Pero no nos flagelemos en exceso. La reforma responderá al interés político en tutelar el gobierno judicial, cierto, pero responde a otra lógica que pasa por otras reformas, como la del proceso penal. Ya lo hablaremos, pero ahora que se atisba que la corrupción no es tan aislada se intuye un rediseño del sistema de controles favorable a todo el estamento político sin distinción de colores. Nuestro sistema político y sus protagonistas no tolerarán una tangentopoli italiana a la española, que aflore una corrupción estructural que entierre el régimen de partidos ahora imperante.

Vuelvo al patio judicial: ¿se ha acabado la historia?, ¿las cosas son ya irremediablemente así? El asociacionismo judicial está en crisis y precisa reconvertirse y esto es tarea nuestra; aun así espero que los partidos capten que cuentan con gente válida y de trayectoria conocida y contrastada; que las asociaciones no pueden ser arrinconadas para volver, de hecho, a la situación preconstitucional; que no es ético echarlas en cara defectos que partidos o sindicatos tienen en grado superlativo, ni aislarlas por un virus que la partitocracia ha inoculado a nuestro sistema político y constitucional.

Política sin romanticismo
Antonio España El Confidencial  22 Enero 2013

Probablemente han visto ustedes la película Su distinguida señoría, estrenada en 1992 —año en el que la corrupción en nuestro país estaba también a la orden del día— y que narra las peripecias de Thomas Jefferson Johnson —interpretado por Eddie Murphy—, un timador de barrio que accede al Congreso de los Estados Unidos aprovechando la similitud de su nombre con el de un congresista recién fallecido. Tras escuchar accidentalmente una conversación entre dos políticos, el estafador descubre que se ha equivocado de profesión, pues desde el escaño puede robar y estafar legalmente sin temor a la cárcel. Sin ser una obra maestra del séptimo arte, esta comedia ilustra de forma entretenida las carencias del proceso político en la toma de decisiones públicas.

Precisamente al análisis económico de las decisiones tomadas en el ámbito público consagró su vida el recientemente fallecido James M. Buchanan, premio Nobel de Economía en 1986 y fundador, junto con Gordon Tullock de la Escuela de la Public Choice. Buchanan, que empezó su carrera académica dedicado a las finanzas públicas, pronto constató que los economistas, preocupados por el funcionamiento de los mercados —con objeto de intervenirlos y planificar—, no habían prestado mucha atención a cómo funcionaban unos gobiernos que cada vez crecían más y más.

Como consecuencia, Buchanan comenzó a analizar cómo funciona realmente la política, como él decía, sin romanticismo. Según sus propias palabras, era necesario “que nos quitáramos las gafas de color rosa con las que tendemos a percibir el gobierno, la política y las acciones de nuestros políticos” para ver la política como lo que realmente es, una manifestación más de la acción humana —con sus grandezas y miserias, habría que añadir.

En vez de analizar las acciones individuales en el contexto del mercado, contempló la acción de las personas en el ámbito de las decisiones públicas. Y estudió las relaciones entre personas cuando ejercen como cargos públicos, votantes, burócratas, líderes partidistas o representantes políticos. Tomando los métodos del análisis económico y aplicándolos al comportamiento de las personas en la política, Buchanan argumentó que sus acciones pueden estudiarse, incluso predecirse, y así comprender mejor la tendencia de los gobiernos a crecer, aumentar el gasto público, endeudarse, incurrir en fuertes déficits y hacer proliferar las normas y regulaciones.

Los votantes nos mantenemos racionalmente ignorantes…
Si han visto la película que les comentaba al principio, quizás se acuerden de una escena en la que una pareja de votantes entran al colegio electoral, preguntándose a quién votar, y terminan decidiendo allí mismo que votarán al mismo nombre de siempre. Circunstancia que favorece al descarado protagonista, que precisamente concurre aprovechándose del hecho de llamarse igual que el de siempre.

Me dirán ustedes, con razón, que se trata de una parodia exagerada propia de una comedia sin pretensiones. Y, sin embargo, la economía nos enseña que es perfectamente racional permanecer ignorante sobre materias que son complejas y que, además, quedan fuera de nuestra capacidad de influencia.

Convendrán conmigo que la política es, sin duda, una materia compleja —¿cuándo fue la última vez que se leyeron los programas electorales completos de todos los partidos concurrentes a las elecciones y analizaron el perfil político y su posicionamiento en los temas que les preocupan de todos y cada uno de los integrantes de las listas? Por otro lado, es unas doscientas veces más probable que nos toque el Gordo de Navidad que lograr que nuestro voto sea el decisivo. ¿Qué incentivo tenemos pues a dedicar tiempo y esfuerzo a elegir nuestro voto de forma informada?

Conclusión: en general elegimos nuestro voto más por consideraciones emotivas, de afinidad personal o, simplemente, viscerales, que con verdadero conocimiento de causa.

¿Cuántos políticos acusados de corrupción, de todos los partidos, han visto comparecer una y otra vez ante su electorado y han seguido arrasando en sus circunscripciones a pesar de ERE, trajes, palaus, ITV, y un larguísimo etcétera?

… salvo que pertenezcamos a uno de los grupos privilegiados de interés.

En otra escena, podemos ver al recién elegido diputado comiendo con su abogado especialista en lobbies, que quiere conocer su postura con respecto a determinados temas —los precios del azúcar, la limitación de las sanciones por negligencia o los repartidores de pizzas— para, a continuación, ofrecerle un catálogo a medida de los grupos de presión de los que extraer rentas en función del posicionamiento elegido.

En efecto, es una caricatura del entramado de lobbies norteamericano, pero fíjense que la realidad suele superar a la ficción, y no es raro ver cómo grupos de intereses más o menos numerosos pero siempre bien organizados, pueden ser muy relevantes en determinadas decisiones políticas sobre asuntos concretos, presionando a políticos para que resuelvan, subvencionen o legislen en su beneficio. Los incentivos, en este caso se sitúan del lado de los grupos de interés, que pueden obtener pingües beneficios, mientras los costes quedan diluidos entre el resto de los millones de votantes.

Beneficios que, por cierto, no pocas veces suelen perjudicar a los intereses de la mayoría silenciosa que no se manifiesta formando mareas de ningún color. Aunque, eso sí, con frecuencia escuchamos el argumento de que es por el bien común o en defensa de causas nobles. Seguro que sin mucho esfuerzo, se les ocurren unos cuantos ejemplos.

Las promesas electorales se las lleva el viento

Cuando en la película un importante político apoya en público una causa defendida por el protagonista —que empieza a volverse honrado, demostrando que un estafador de poca monta puede tener más principios que un político—, vemos cómo en la secuencia siguiente el mismo político se retracta en privado, zanjando la cuestión diciendo que “las declaraciones públicas no son testimonios jurados” mientras guiña un ojo con aire de complicidad.

Y este, en efecto, es otro de los problemas del proceso político. A saber, que la representación democrática por desgracia no es vinculante. Ni los programas ni las promesas electorales tienen carácter contractual, por lo que una vez obtenido el voto, el político puede olvidarse tranquilamente del votante hasta las siguientes elecciones.

Existe, pues, una desconexión abismal entre el voto depositado y la política llevada a cabo. Miren si no lo que propugnaban los candidatos del Partido Popular en materia de impuestos antes de las elecciones generales y compárenla con la política fiscal abusiva llevada a cabo por Cristóbal taxman Montoro. Imagínense que un fabricante de automóviles anuncia un deportivo con unas prestaciones determinadas y, al adquirirlo, descubren con desconsuelo que dentro de la preciosa carrocería deportiva de color rojo, tienen unos pedales de bicicleta, un manillar y una silla de playa. ¿Cómo se sentirían?

En el fondo, son los incentivos

Y, finalmente, no deben olvidar que la gestión pública del político siempre está orientada a corto plazo. Toda su actuación está condicionada por las próximas elecciones. ¿Se acuerdan la actitud mantenida por Mariano ya lo pensaré mañana Rajoy posponiendo importantes decisiones para nuestro país simplemente porque había elecciones en ciernes en Andalucía o en Cataluña y el País Vasco? ¿Recuerdan cómo José Luis Rodríguez Zapatero ocultó en 2008 la crisis a los españoles estando a las puertas de unas elecciones generales?

¿Qué incentivo encuentra un político en tomar decisiones difíciles a corto plazo pero beneficiosas a largo, cuando probablemente sea otro el que disfrute de las mieles de esas decisiones acertadas de hoy? Sin embargo, cualquier línea de acción pública, por ruinosa que sea, que reciba apoyo político a corto plazo, se mantendrá y se potenciará, aunque lleve al país a la quiebra. De esto también tenemos unos cuantos ejemplos recientes, por ejemplo, como cuando Zapatero literalmente compró nuestro voto con la deducción de los 400 euros en el IRPF para estimular el consumo.

El profesor Buchanan lo vio, pues, claro. No se puede garantizar que los políticos y los cargos públicos por ellos designados sean seres puros y libres de toda codicia —no digamos ya inteligentes, trabajadores y resueltos. Ni siquiera el proceso democrático, que es la fórmula más avanzada de convivencia pacífica que hemos encontrado hasta la fecha lo garantiza. Pero sí se puede limitar el daño que pueden hacer.

Por ejemplo, si los políticos no tuvieran la capacidad para decidir discrecionalmente el uso del dinero que obtienen del fruto de nuestro trabajo, la corrupción estaría muy limitada. Si la política no decidiera quién presta los servicios al público, si no tomara decisiones regulatorias con impacto en la actividad privada, no importaría que al acabar su carrera los políticos ficharan de consejeros o asesores en empresas privadas.

Los bienintencionados defensores de lo público dirán que ellos reclaman buenos gestores, rechazando enchufados, corruptos y buscadores de rentas, sosteniendo que no puede achacarse al sistema la existencia de golfos. Y en efecto, así es. La corrupción no es patrimonio exclusivo de lo público. Tampoco de lo privado. Igual que el error es humano, la falta de honestidad también lo es.

Pero en el mercado, donde millones de consumidores votamos cada día con nuestras decisiones de compra y de inversión, si no se satisfacen las necesidades de las personas, las empresas quiebran y los malos gestores se van a la calle. En lo público, los políticos y los malos gestores no los echamos ni con agua caliente, porque el sistema —que ellos han diseñado— favorece que ellos y sus allegados se perpetúen en el cargo.

¿Qué entorno institucional creen que protege más al político corrupto y al empresario corruptor, el intervenido o la libre competencia en un mercado abierto?

La corrupción es crimen organizado
Javier Caraballo El Confidencial  22 Enero 2013

Como son tantos los años, tantos los escándalos que se acumulan en la memoria, también sabemos que la corrupción describe siempre el mismo trayecto, las mismas fases desde que la opinión pública descubre la felonía hasta que la tormenta se disipa, por saturación o porque otras bombas estallan en otros despachos. Una de esas fases, que machaca con la técnica de un mantra, es el discurso repetido de que la inmensa mayoría de los políticos no están salpicados por la corrupción y que, en consecuencia, se hace un daño terrible a la democracia cuando se generaliza al hablar de corrupción. Esta fase es especialmente irritante porque, al final, parece como si lo que molestara es la denuncia en sí por encima del hecho denunciado. Como si la gravedad de la corrupción estuviera en las consecuencias sociales, el desapego de la sociedad que atiende enojada al trasiego de maletines. Cualquiera que pegue el oído al discurso político observará que, una vez más, estamos ya en esa fase, y que dirigentes y actores políticos de todo signo repiten una y otra vez el mismo razonamiento.

Es un mensaje sutil pero contundente: se trata de rodear de una aureola de irresponsabilidad a quien extrae consecuencias generales de los casos de corrupción que se van conociendo; se trata, en suma, de presentar todos esos escándalos como casos concretos, que afectan sólo a quienes se ven involucrados directamente, nunca como casos que afectan y retratan a la clase política en general. ¿Que la mayoría de los políticos son honrados? Pues claro. ¿Que España no está entre los países más destacados en las listas internacionales que miden la corrupción? Pues sí. Pero ni una cosa ni la otra, que son evidencias constatables, disminuyen para nada la gravedad del momento porque, en primer lugar, la alarma social que genera un delito no se mide nunca por el número de delincuentes que lo cometen y, en segundo lugar, porque sólo nos faltaba tener que agradecer que en España no haya más mordidas que en México, un suponer.

El principal problema de la corrupción en España, vamos a ver, es que no está reconocida con la gravedad penal que debiera, con la trascendencia social que debiera. En esto, es aconsejable sumarse a la tesis que defiende el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien, sin ambages, afirma: “La corrupción política es crimen organizado”. Como recordaba sus palabras de otras conversaciones, ayer volví a recurrir a él para valorar el momento. Veamos. La calificación de crimen organizado se realiza de acuerdo a un decálogo elaborado por la inteligencia policial en el seno de la Unión Europea, con el fin de unificar criterios. Si una actividad ilícita cumple, al menos, seis puntos de ese decálogo, se trata de crimen organizado. Podemos hacer un sencillo ejercicio, que cada cual repase los puntos de ese compendio y que vaya anotando los que, a su juicio, se corresponden con el fenómeno de la corrupción política en España. Son estos:

1.- Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso en el desarrollo de la actividad delictiva.

2.- Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de normas de disciplina interna y jerarquía. A veces aislamiento del cabecilla como forma de protección. Interposición de testaferros o autoinculpación de subordinados.

3.- Actuación prolongada en el tiempo.

4.- Comisión de actos delictivos graves. Utilización de técnicas y métodos de ejecución sofisticados. Alta tecnología en comunicaciones. Destreza financiera en el manejo de fondos y relación con la función pública.

5.- Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.

6.- Uso sistemático de la violencia o intimidación grave.

7.- Utilización de instrumentos jurídicos para crear estructuras económicas o comerciales. Uso habitual de cualificados profesionales o expertos.

8.- Blanqueo de capitales.

9.- Influencia sobre políticos, medios de comunicación, funcionarios, o sobre la actividad económica.

10.- Obtención continuada de beneficios económicos.

¿Ha hecho la cuenta? Esos son los diez puntos del documento policial que delimita la existencia de crimen organizado. Y de los diez, sólo en dos casos podría considerarse que esos requisitos no se dan en la corrupción política que existe en España: el “uso sistemático de la violencia” y la “comisión de actos delictivos graves”, porque muchos supuestos penales vinculados a la corrupción no tienen esa consideración en el ordenamiento español.

Desde la perspectiva técnica del fiscal andaluz, no existe otra conclusión: para combatir con eficacia la corrupción hay que dejar de considerarla, tras cada episodio, como hechos particulares y comenzar a tratarla con la gravedad de un fenómeno extendido, transversal. Contra la corrupción, más medios y menos palabras; más medios para policías, jueces y fiscales y menos golpes de pecho sobre la ‘tolerancia cero’ y el ‘caiga quien caiga’. Contra la corrupción, menos ventiladores que esparcen la culpa hacia los demás y más controles internos en cada partido. Contra la corrupción, la mejor definición penal: crimen organizado.

Corrupción política
Roberto Augusto www.lavozlibre.com  22 Enero 2013

Licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona
Esta semana el tema de la corrupción política ha ocupado los titulares de la prensa. Las revelaciones de presuntos sobresueldos ilegales a cargos del PP vuelven a poner de actualidad este asunto. Me temo que toda la trama Gürtel es solo la punta del iceberg. El problema es mucho más profundo y tiene que ver con la forma tan deficiente de funcionamiento que posee nuestro Estado. Siempre existirá corrupción, pero si se ponen los mecanismos necesarios para atajarla es posible reducirla a su mínima expresión.

Una de las mejores herramientas que existe para solucionar este problema es la transparencia. Actualmente, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información, es posible, y muy fácil de lograr, esa ansiada transparencia que nos permita avanzar en la buena dirección. Si todos los concursos públicos que se convocan en las distintas administraciones pudieran ser examinados por cualquiera que deseara verlos a través de Internet, evitaríamos tentaciones. Las corruptelas se amparan en la oscuridad. Sin embargo, cuando ponemos luz sobre esta opacidad se hace más difícil amañar concursos públicos a cambio de un soborno u otros favores.

Por desgracia, la justicia española no dispone de los medios materiales necesarios para funcionar de manera eficiente. Todos hemos visto montañas de papeles apilados en cualquier sitio, en unos vetustos juzgados que son indignos de cualquier país moderno. Mi crítica no es contra los profesionales de la justicia, que suelen hacer un gran trabajo con escasos recursos, sino contra los responsables políticos que no acometen la necesaria tarea de modernizar un sistema judicial que parece anclado en el siglo XIX. Y una justicia moderna es clave para luchar contra la lacra de la corrupción. Poco puede esperarse de un país que permite que montañas de sumarios se tengan que apilar en los lavabos por falta de espacio cuando podrían almacenarse a través de sistemas informáticos.

El gran problema es que son los políticos los principales encargados de tomar las decisiones que nos permitan combatir eficazmente a los corruptos. No obstante, es en el ámbito de lo político donde estas medidas serían más necesarias. Lo único que podemos hacer los ciudadanos es exigir responsabilidades. Y negarles nuestro voto a aquellos partidos que no se comprometan en serio a luchar contra esta lacra social. Si seguimos votando a los que permiten la corrupción nos hacemos cómplices de ella.

Soberanía, Estado de derecho y democracia
JAVIER TAJADURA TEJADA. EL CORREO  22 Enero 2013

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

La declaración que el Parlamento catalán se dispone a aprobar supone un intento de destruir la verdadera fuente de su propia legitimidad.

El Parlamento de Cataluña se dispone a aprobar una ‘declaración de soberanía del pueblo catalán’. No es la primera vez que esto ocurre. La asamblea catalana ha aprobado en cuatro ocasiones (1989, 1998, 2010 y 2011) mociones que proclamaban el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. En 2011, el Parlamento catalán llegó a autoproclamarse «sede de la soberanía». Y en septiembre del pasado año aprobó una declaración en la que se defendía «el derecho a decidir» en una consulta o referéndum de autodeterminación, aunque esta vez no emplearon ese término. En todos estos casos se trató de declaraciones políticas que no produjeron efecto jurídico alguno. La declaración actual se sitúa en esa senda de proclamas retóricas carentes de consecuencias jurídicas. Ahora bien, su contenido es incompatible con los principios del Estado de derecho y de la democracia.

Por tratarse de una declaración política, el Gobierno ha anticipado que no va a recurrirla. En este sentido es preciso recordar que cuando el Gobierno de Ibarretxe aprobó en 2003 su propuesta de nuevo Estatuto (basado en el derecho de autodeterminación del pueblo vasco), y la Mesa del Parlamento vasco la admitió a trámite, el Gobierno de Aznar recurrió ambos acuerdos, y el Tribunal Constitucional desestimó la impugnación por tratarse de una mera propuesta, y no de una resolución o disposición. Aunque en este caso –a diferencia de lo ocurrido con el Plan Ibarretxe– la declaración del Parlamento de Cataluña se presenta como una auténtica resolución cuyo contenido se agota en sí mismo, y no es una mera propuesta o primer acto de un procedimiento legislativo, el hecho de que sea una resolución sin efectos jurídicos, explica que el Gobierno central no vaya a recurrirla.

El objeto principal y único de la declaración es proclamar la soberanía de Cataluña: «El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Esa declaración –que supone una violación de los fundamentos mismos del orden constitucional español, que reposa sobre la soberanía única e indivisible del pueblo español–, pretende justificarse en unas supuestas «razones de legitimidad democrática». Y se dice de «legitimidad» porque de legalidad no hay ninguna. La legalidad constitucional vigente es incompatible con la admisión de esa soberanía catalana. Por eso, frente a la legalidad constitucional se apela a la legitimidad democrática. Ocurre sin embargo que esa legalidad constitucional que se pretende subvertir está también legitimada democráticamente. La legitimidad democrática de la Constitución proviene de las elecciones del 15 de junio de 1977, de la aprobación del proyecto constitucional por abrumadora mayoría en ambas Cámaras (incluidos los representantes de CIU) en el verano de 1978, del resultado del referéndum del 6 de diciembre de 1978. A mayor abundamiento, la legitimidad de las instituciones autonómicas catalanas proviene de la Constitución española, y no de ninguna otra fuente. Desde esta óptica, la declaración que el Parlamento catalán se dispone a aprobar supone un intento de destruir la verdadera fuente de su propia legitimidad democrática, la Constitución española. Y ello para proclamar otra legitimidad distinta pero que nunca podrá calificarse de democrática.

La declaración es un acto antidemocrático por dos razones. La primera, porque la afirmación de una supuesta ‘soberanía catalana’ –fundamento del derecho a decidir– tiene como finalidad privarnos al resto de los españoles de nuestro derecho a decidir no solo el futuro de nuestro país, sino el hecho mismo de su propia existencia. La declaración se opone al principio democrático básico según el cual lo que a todos afecta por todos debe ser decidido. Sólo el pueblo español, titular de la soberanía, podría democrática y legítimamente decidir su propia fragmentación y el surgimiento, en consecuencia, de nuevos sujetos soberanos. La segunda razón por la que la declaración catalana es un acto radicalmente antidemocrático es su manifiesta ilegalidad. En el marco de la democracia constitucional, ningún acto ilegal puede ser calificado de democrático. Como bien advirtió Montesquieu, «la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten; y si un ciudadano pudiera hacer lo que prohíben, ya no habría libertad, porque los otros tendrían ese mismo poder». La declaración abre así la puerta al despotismo. En este contexto, la declaración aparece envuelta en una serie de apelaciones al diálogo, al respeto a la legalidad, al derecho internacional o a las instituciones europeas que resultan por completo incomprensibles. No cabe diálogo desde una posición manifiestamente ilegal y antidemocrática. El derecho internacional y europeo respaldan la integridad del Estado español y son incompatibles con cualquier proyecto secesionista.

Esta incompatibilidad entre la declaración de soberanía y los principios de la democracia y el Estado de derecho exige una respuesta contundente por parte de los partidos comprometidos con la defensa de la Constitución. La posición del PP y de Ciutadans es bien conocida pero la del PSC es más ambigua dado que introdujo el derecho a decidir en su programa electoral. El debate y votación sobre esta declaración debe servir para disipar dudas y clarificar su postura.

En cualquier caso, nos encontramos con una declaración retórica y antidemocrática que, previsiblemente, va a ser aprobada por una mayoría de diputados catalanes pero que no conduce a ninguna parte. Si a su amparo se aprobase una ley que permita celebrar un referéndum independentista, dicha ley así como la convocatoria misma del referéndum serán impugnados de forma inmediata por el Gobierno, y el Tribunal Constitucional –de la misma forma que hizo en su día con el plan Ibarretxe– los anulará. El imperio de la ley prevalecerá sobre la voluntad de Artur Mas y demás defensores de la declaración, y de esta forma, la libertad triunfará sobre el despotismos.


Casos sospechosos y estrafalarios de una Educación ruinosa
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com  22 Enero 2013

Ruinosa y arruinada, los portavoces oficiales de la educación española no sólo niegan su fracaso sino que presumen de éxito. Pero basta un buen observador basta para ponerlos en evidencia.

El día de Reyes, Diario de Navarra eligió dedicar su primer dominical del año al presidente del Consejo Escolar de Navarra. No es extraño, porque el proyecto de LOMCE colocará el asunto en la portada durante todo 2013 (con permiso de la corrupción y el nacionalismo), y además porque Pedro González Felipe se ocupa del asunto en una comunidad en la que el Ejecutivo y el Legislativo teóricamente tienen visiones enfrentadas y siguen prevaleciendo en la práctica los dogmas políticamente correctos de las últimas décadas. Los dogmas que han hecho de nuestro sistema educativo… lo que es.

Tras haber sido director de servicio y director general, Pedro González encarna la opinión que sobre la educación tiene UPN y muchas personas de buena fe; y es él mismo una muestra de la apertura y flexibilidad de nuestra educación y nuestra política, en las que ahora mismo puede perfectamente suceder que sea director de un Instituto alguien sin un bachillerato superior, que sea catedrático de bachillerato alguien sin licenciatura o director de Universidades alguien sin doctorado. Un gran cambio en menos de una generación, desde los tiempos del excelente Jesús Laguna a quien despedimos en 2012. El Consejo Escolar y su presidente creen que hay que otorgar más autonomía a los centros (pero habrá que ver con qué condiciones, a qué centros y para qué, porque sobran casos de pésimo uso de autonomías); puede opinarse, como él hace, que sería un retroceso "caer otra vez en dos líneas separadas" de Bachillerato y FP… pero habrá que demostrar qué virtudes (académicas, no ideológicas) ha tenido mezclar, confundir y embarullar esos estudios, sus tareas, sus profesores, sus centros y sus alumnos; puede que la solución para el fracaso escolar sea… aprobar al que no sabe y lograr así mejores porcentajes, o sea, evitar los suspensos y repeticiones de curso al "adaptarse a la problemática de cada alumno y flexibilizar los programas educativos". Se puede, se puede, pero habrá que explicar con todas las letras que para lograr éxitos estadísticos y tener contentos a ciertos grupos sociales y políticos lo que se hace es reducir los niveles, ya que si un pelotón ha de correr unido lo hará indefectiblemente a la velocidad del más lento de sus miembros.

El debate es desgraciadamente ideológico, ya que ideológicas son las bases sobre las que descansa nuestra educación desde la Transición e ideológica ha sido en buena medida la selección y formación de gran parte del profesorado, sin distinción de izquierdas o derechas como se ve: la izquierda del 68 ha puesto las ideas para todos (y de todo tiene la responsabilidad, aun de la indolencia satisfecha e irascible de sus supuestos adversarios). El debate y las respuestas son un diálogo entre sordos hasta que haya a la derecha, como los hubo en su momento a la izquierda, hombres decididos a modelar un sistema según su mejor modo de hacer las cosas, sin concesiones en este caso a la corrección política de la progresía sesentera. Sin embargo, en El Semanal del mismo día Arturo Pérez Reverte publicaba una pequeña delicia que responde a la mayor parte de las cuestiones del representante de UPN y plantea unas cuantas preguntas que serán difíciles de responder sin un examen de conciencia institucional. Es, efectivamente, un asunto sospechoso.

[Hablando de] "libros de texto escolares… Ignoro si todos tocan el mismo registro, o por una siniestra casualidad cayeron en mis manos sólo raras bazofias. El detalle es que con ellas se forman escolares en España. No sé si muchos o demasiados, pero da igual: con los que he visto estudian miles de niños. Todo lleva mucho dibujito, mucha estampita, mucho colorín. Como envoltorio. Y dentro, unos textos escritos con desgana, sin criterio. Superficiales y sin sentido. Hasta el punto de que su atenta lectura me deja en la tecla varias preguntas. ¿Quién los hace?, es la primera. ¿Nadie es responsable de su contenido?... Porque, aunque figuran nombres y editoriales, este aspecto parece más bien difuso. No queda claro si se trata de autores con implicación directa o de comités de lectura, supervisores apresurados de textos que redactan otros: mano de obra barata que debe cumplir plazos urgentes, negros sin cualificación y sin motivaciones. Porque dudo que gente solvente, seria, con autoridad docente, sea responsable de algunas de las cosas que he visto".

"Resulta menos evidente en matemáticas, por ejemplo. En disciplinas donde dos y dos suman cuatro. Pero cuando se refieren a lengua, conocimiento del medio y cosas así, el desorden y la aparente improvisación saltan a la cara en cada página. Las ideas básicas se pierden en detalles accesorios, lugares comunes, vaguedades facilonas. La Historia se plantea sin cronología, con absurdos y confusos saltos adelante y hacia atrás que nada establecen. Tampoco hay lecturas, o muy pocas. Ni criterio. Sólo ideas simples sin contexto intelectual, ni contrastes. Los textos se limitan a cumplir, supongo, con programas generales; pero no ahondan en nada. Todo es falto de rigor, sin plan último. Sin establecer qué conocimientos debe tener un niño para entender el mundo en el que vive. Sin estrategia para determinar qué interesa que los niños sepan, y cómo lograr que lo sepan: sólo tácticas oportunistas que buscan hacerlo todo fácil y asumible. Hojeando esas páginas comprendo perfectamente por qué hay niños de trece años que conocen los ríos de Valencia o de Extremadura y no los de España. Por qué ignoran qué es una preposición o un adverbio, para qué sirven y cómo deben usarse. Por qué hemos quitado a los chicos la posibilidad de comprender, y de pensar usando lo que han comprendido".

"Nadie lo dice porque suena retrógrado; pero cualquier educador serio lo reconoce por lo bajini: ¿cómo es posible que la ley de Educación de 1957, pese a su paternidad franquista, siga siendo -en el país de los ciegos, el tuerto es rey- la más seria y eficaz? [conservando lo esencial del Bachillerato de 1938, además] ¿La que mejor preparaba a los niños en materias generales como lengua, historia, lectura, redacción, literatura, ciencias naturales?... ¿Cómo es posible que en todos estos años de democracia, con dos partidos alternándose en el poder, no se haya llegado a un pacto de Estado en materia de Educación?" [Y cómo no sorprende que algunos de los males que ahora vemos culminar arrancasen ya de la Ley desarrollista de 1970]

"¿Que cada intento de consenso nacional se haya abortado por la vileza política, la cobardía moral, la foto en prensa y el telediario? ¿Que todavía, en este país desmemoriado, absurdo y ruin, haya tontos que sostengan, sin despeinarse, que la actual generación es la más culta y mejor formada de nuestra historia?"

"¿Quieren saber mi conclusión, con esos libros en la mano? ¿Lo que pienso al considerar que el conocimiento se renueva cada década, pero nuestros textos escolares cambian de año en año?... Pues que a ciertos editores y a quienes eligen esos libros para sus alumnos les importa un carajo la calidad. Todo es banalidad y nada es cultura. Para beneficio, naturalmente, de oportunistas y de golfos. De la educación se ha hecho ideología; y de la ideología, negocio. Vivimos un presente absurdo, sin pasado ni futuro: hemos rebajado la calidad de la enseñanza, y cada comunidad, cada colegio, cada taifa, hace lo que quiere. Nadie combate las faltas de ortografía, la incapacidad expresiva. No se trabaja la lengua, la expresión, la sintaxis, la gramática. Los padres son los primeros en protestar si se aprieta a los chicos en eso. Nadie quiere enfrentarse, comprometerse. En la universidad aprueban exámenes que hace veinte años habrían suspendido en bachillerato. Y así, los chicos llegan a los quince años sin saber nada. Y sin querer saber. Lo que lleva a una última pregunta: los consejeros de Educación, los maestros que eligen esos textos, los colegios, las asociaciones de padres, madres y perritos que les ladren, ¿saben lo que hacen? ¿Tienen un método riguroso, o también en eso, como en tantas cosas, hay cajones que no convendría abrir, por si salen moscas?"

¿Y para qué añadir nada, si Pérez Reverte ya ha tocado casi todos los asuntos que nadie se atreve, por miedo o convicción, a tocar? Ya lo hablaremos en la próxima huelga, en la próxima evaluación o en el siguiente claustro.


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La lógica de la ilógica, en la situación económica y política
Bernardo Rabassa www.diariocritico.com  22 Enero 2013

Recientemente escribía, sobre la esquizofrenia democrática que nos abruma, entre tanta corrupción política, que ha obligado a mi amigo y admirado escritor Lorenzo Soriano, a enviarme la siguiente sentencia de Fernando Herreros Hidalgo de la Universidad Complutense de Madrid . "Cuando todo llegue a un nivel insoportable, cuando hayan conseguido enfrentar a los españoles, cuando la única salida parezca el conflicto, el odio, el rencor, la venganza... ellos, que ya tienen el dinero 'ahorrado' se irán al exilio, autotildándose de víctimas, manifestarán su añoranza de la tierra que les vio nacer y nos dejarán en la ruina más absoluta, ¿no ocurrió esto ya antes en nuestra Historia? Ni la Historia los juzgó, ni los juzgará; ni este pueblo aprendió de la mejor de las escuelas porque le impidieron, saber los males que aquejan a nuestra Patria".

Antonio Garcia Trevijano, en un coloquio ayer en TV Intereconomía, como en sus libros, "Ante la Gran mentira" y "Teoría pura de la Republica" defendía sabiamente, parecido razonamiento, ya que no es posible la democracia con el sistema, que ha implantado la constitución de 1978, basada, en el engaño puro y simple al pueblo español, que habiendo vivido subvencionado y aborregado más de 30 años, comienza a darse cuenta ahora, de lo encanallado que le han vuelto. La culpa, es de quien así lo ha querido, pues "la ocasión hace al ladrón" y aunque la pirámide esté invertida, lógica ilógica, con la cúspide por toda sustentación, es evidente que al menor movimiento caerá del algún lado, y como está hecha de millones de sillares sueltos, lo normal es que se desmenuce en pedazos, como si una bomba atómica hubiera arrasado el suelo patrio. El problema de los limítrofes Catalunya y Euzkadi, es que probablemente caigan al mar, y nos encontremos con que a Aragón y Navarra les salgan playas.

Está claro que estamos al borde de una implosión política, como una ciclogénesis explosiva, es decir las borrascas extratropicales explosivas o "bombas meteorológicas" como las que nos están llegando esta semana, y que pese a que se siga una política mediática de remover la "basura", especialmente por el PSOE, para justificar que están haciendo algo contra lo que ellos mismos crearon, especialmente, en general con los sindicatos CCOO y UGT y en particular sobre todo con las autonomías Andaluza y la catalana del Tripartit y encima acusan al PP, de "y tú más" por el caso "Bárcenas" que es igualmente la lógica del la ilógica, pues a los tesoreros, hay siempre que atarles cortos, porque si te descuidas no solo se llevan el contenido, sino hasta la propia caja de caudales, como les enseñaron a hacer Malesa Filesa, Roldan y "Mienmano". Incluso, el socialista Rubalcaba a punto de ser pillado en el caso "Faisan", ahora se pone a la cabeza de la manifestación. Por cierto que en 2006-07(Zapatero) algo huele a raro en el caso Endesa(Eon, Acciona y Enel).

No recuerdo que hubiera rodeos en Ferraz, como los que ocurren en Génova, desde que les enseñaron el camino el 11M, pero en fin, parece que hay culpables en todos los estamentos de "La Casta", y aunque cada palo debe aguantar su vela, me parece que la borrasca es de tal categoría que van todos a naufragar. Si fuéramos una republica sería relativamente fácil, pasaríamos de la III a la IV, un poco de cosmética y a seguir con el rollo, los mismos perros con distintos collares. Siendo una monarquía, solo hay una solución, se llama abdicación

El siguiente ejemplo de la lógica de la ilógica, es considerar como positivo "brote verde" el hecho de que la riqueza financiera neta de las familias españolas -diferencia entre los ahorros y los préstamos que tienen concedidos- subió un 5,5 % en el tercer trimestre de 2012 y rompió la racha negativa que había seguido durante los dos primeros trimestres de ese año. Según los datos publicados por el Banco de España, el aumento ha sido de 38.763 millones de euros en el tercer trimestre respecto del anterior, aunque en términos interanuales el ahorro financiero de las familias ha descendido en 11.356 millones de euros, equivalentes al 1,5 %. Los activos financieros de los hogares españoles -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- sumaban 1,643 billones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012, frente a los 1,682 billones del año anterior. Y esto es así porque si no hay préstamos, malamente se van a endeudar y los que tienen el dinero, lo guardan lo más liquido posible, para verlas venir mejor.

Según Alberto Recarte: "Se están cumpliendo las precondiciones para salir de la crisis"
El consejero de LD afirma que es una "buena noticia" que España no haya acudido al rescate en 2012 y, si todo va bien, tampoco será necesario en 2013, gracias a la recapitalización del sector financiero y la reducción del déficit público cumpliendo con el objetivo del 6,3%". Si las agencias de rating se convencen, de que los datos de déficit son ciertos, su posición con respecto a España cambiará y, como resultado, la prima de riesgo a mediados de 2013 será cada vez más baja. El problema ilógico, es que seguimos teniendo prima, ya que hemos desindustrializado el país, y de ello se queja especialmente Catalunya, ya que según Ramon Aymerich los desastres históricos la llevaron a protagonizar un industrialización que ahora agoniza ¿Será porque ya no hay arancel Cánovas, ni sobreprotección franquista? y en libertad de mercado global, resulta bastante más difícil el éxito empresarial, en tanto que Madrid más atenta a la jugada, consigue mayor éxito, en todos los índices de crecimiento, y hasta de calidad en I+D +i.

El aumento de la inversión extranjera, el crecimiento de las exportaciones (Entre enero y octubre de 2012, la balanza comercial española registró su mejor saldo desde 1972), la subida de la Bolsa y una relajada prima de riesgo hacen pensar en la recuperación de la economía. Según los analistas del banco estadounidense Morgan Stanley, Suiza y España, son los dos destinos más interesantes para invertir en Europa y también según Ana Palomo en el blog de Juan Julio Alfaya. Es decir, que de entre lo peor, estamos pasando a lo menos malo, incluso, parece que Francia se suma al pelotón de los torpes pero va a ser muy difícil, hacer el milagro de resucitar a las empresas, si no hay crédito.

Lo peor, tampoco hay empresarios, dispuestos a tener que afrontar, ya nunca más, los concursos de acreedores, en los que se han sumido los pasados tres años. Tendrán que ser nuevos jóvenes, que todavía no estén "escaldados", dispuestos a ponerse calcetines de empresario, en vez de los más cómodos "portianki" una especie de bufanda, con la que envolvían hasta hoy los pies, los soldados del ejército ruso, y que metida en las botas, eran envidiadas por lo soldados alemanes, en la II Guerra mundial, se las quitaban a los muertos, para hacer frente al frio ciclogénico ruso, con un cierto "tufo".

Creo que los zapatos de los hasta ayer empresarios, de la España recuperada, desde el Plan de estabilización de 1959 hasta el 2007, no los querrán los nuevos, acostumbrados a la "pijeria" de los D&G y Tod's.

Todo, en medio de una esquizofrenia política y económica, en que medio país tendría que estar cuidando del otro medio. No hay tantos psicólogos ni psiquiatras para ello.

Falta de principios
El PP y la 'corrupción ideológica'
Guillermo Dupuy Libertad Digital  22 Enero 2013

Nada más lejos de mi intención que quitar gravedad al asunto de Bárcenas o al de cualquier otro caso de corrupción económica que pueda afectar a miembros del PP. Sin embargo, hay otro tipo de corrupción política, que vicia y altera no menos negativamente el funcionamiento de la democracia, y que consiste en la falta de honradez intelectual y en la radical deslealtad de un partido político a su programa, a sus principios, a su ideario y, por tanto, a sus votantes. Este tipo de corrupción, introducido en cosas no materiales, es el que creo que caracteriza y va a seguir caracterizando, por encima de cualquier otro, al Partido Popular bajo la presidencia de un hombre como Mariano Rajoy Brey, a quien creo –por otra parte– absolutamente incapaz de meterse en el bolsillo un solo euro que legítimamente no le pertenezca.

Sin embargo, este tipo de corrupción ideológica también requiere de deshonestidad intelectual y del constante uso de la mentira: mentiras como la de Rajoy cuando dice, en referencia al déficit dejado por Zapatero, que pensaba que el enfermo "estaba resfriado cuando en realidad sufría de neumonía"; y deshonestidad como la que supone el afrontar esa neumonía –auténtica, pero en parte generada por el conocido y silenciado déficit de las autonomías del PP– no con un mayor recorte del gasto público –tal y como hubiera sido predecible con un partido liberal-conservador que se había opuesto a las subidas de impuestos con déficits públicos aun mayores que el de 2011–, sino con un asfixiante incremento de la presión fiscal, que está mermando nuestra posibilidad de recuperación económica sin ni siquiera garantizarnos la debida estabilidad presupuestaria.

Esa falta de honradez intelectual, que anida en esta corrupción ideológica, es también lo que llevó a Rajoy a pactar con Rubalcaba la valoración del comunicado del alto el fuego definitivo de ETA, en la que no se hizo mención de los chantajistas términos a los que se condicionaba ese cese, se silenció la reivindicación que los encapuchados hacían de su historial criminal y se aseguró que el comunicado etarra no era resultado de ninguna "concesión política". Esa misma degradación moral, política e intelectual es lo que anida también en recientes declaraciones de miembros del PP que parecen dar por buena y justa la sentencia del Constitucional que revocó, de forma contraria a derecho, la sentencia de ilegalización de Bildu dictada por el Tribunal Supremo.

Una pequeña muestra, pero muy significativa de esa corrupción ideológica que denuncio, es la persistencia de traductores de lenguas regionales en el Senado. Sin embargo, la degradación ideológica en el PP va mucho más allá de las innumerables cosas que Rajoy, con su mayoría absoluta, no ha querido derogar, pese a haberse opuesto a su promulgación en el pasado. Alcanza incluso a su deber de hacer cumplir la ley, como sucede clamorosamente con el desobediente y secesionista despilfarro de los nacionalistas, ya sea respecto de la lengua, respecto de las consultas separatistas o la no menos vulnerada Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Esa corrupción ideológica es lo que hace, por ejemplo, que el partido del Gobierno y FAES sean a día de hoy dos mundos distintos e incomunicados. Es también lo que ya se atisbaba en aquel calentón de Rajoy en que llamó a liberales y conservadores a irse a otro partido.

No faltarán, sin embargo, quienes defiendan esta por mí denostada corrupción ideológica como una muestra de entendible pragmatismo, como una aproximación a la realidad sin prejuicios ideológicos, como una encomiable muestra de elasticidad, rasgo distinto de la inteligencia, renuente a cualquier tipo de dogmatismo. Sin embargo, no hace falta haber leído a Berlin, a Popper o a Marías –o tal vez sí– para saber distinguir el saludable rechazo a todo tipo de fundamentalismo de lo que no es más que mera y nihilista carencia de principios.

Naturalmente, todo cambio debe partir de la realidad existente, pero nada cambiará si lo que hacemos es, simplemente, someternos a ella. Y Rajoy, bien por falta de principios o de lecturas, bien por su carácter y su acomodaticia pasividad a la hora de dar la batalla de las ideas, bien por carecer de un modelo alternativo de sociedad o bien por una suma de todo ello, sólo aspira a ser el buen gestor de un modelo estructuralmente insostenible, como es el que le dejó en herencia el anterior presidente del Gobierno.

La continuidad del zapaterismo, ya sin Zapatero, me parece, en definitiva, que es la mayor y más silenciada corrupción que puede atribuirse a este PP presidido por Mariano Rajoy.

Nueva táctica del nacionalismo vasco
Editorial www.gaceta.es  22 Enero 2013

El Rey ha recibido al nuevo presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, Íñigo Urkullu, en un clima de plena normalidad institucional. El asunto no merecería más que la oportuna información que el lector encontrará en este mismo periódico, si no fuera porque la actualidad política española ha estado recientemente marcada por la tensión separatista procedente de Cataluña y que sigue activa, pues mañana mismo está previsto un Pleno del Parlamento autónomo catalán en el que se supone que será sometido a votación un texto reclamando el inconstitucional “derecho a decidir”. En los últimos recientes encuentros de Urkullu con los periodistas se le ha preguntado, sin duda al rebufo de lo que ocurre en Cataluña, por la cuestión de una posible reclamación de soberanía política, a lo que el nuevo lehendakari ha contestado poniendo de manifiesto las diferencias entre Cataluña y el País Vasco, es decir, desmarcándose del caso catalán.

Esta actitud del hasta ahora presidente del PNV viene a poner cierto bálsamo en la atmósfera política agitada por las incesantes provocaciones de Artur Mas y su mentor Oriol Junqueras. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que el nacionalismo vasco ha renunciado tanto a su inveterada pulsión independentista como a su ambición anexionista de Navarra. Muy al contrario, el nacionalismo vasco sigue con su reclamación de Navarra como cuando colocó en uno de los cuarteles del escudo vasco las cadenas del viejo Reino, que después tuvo que retirar tras una sentencia del Tribunal Constitucional; pero no modificó el escudo, sino que dejó el cuartel vacío, en una muda, pero elocuente, reclamación permanente de la anexión.

A pesar de que el independentismo vasco se ha visto reforzado en las últimas elecciones autonómicas, lo cierto es que no corren muy buenos tiempos para el PNV, porque la legalización de Bildu ha marcado el final de la táctica señalada en su día por Xabier Arzalluz: la ETA agitaba el árbol, y el PNV recogía las nueces. Hoy la ETA, ya en las instituciones, se apresta a disputar al PNV la cosecha. Tal vez Urkullu, consciente de que en esta nueva situación su partido corre el riesgo de verse fagocitado por el brazo político de los terroristas, aspira ahora a recolectar las nueces del árbol separatista que sacuden los nacionalistas catalanes, lo que explicaría su posición a la vez próxima y distante, de modo semejante (mutatis mutandis) a lo que ocurría en relación con la ETA: mostrar identidad en los fines, pero discrepancia en los medios.
 



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