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Repugnancia
Miguel Ángel González www.elsemanaldigital.com 22 Enero 2013
La sana voluntad de este blog es tratar sobre temas económicos que
puedan resultar de interés para los lectores, y hacerlo en un
lenguaje que todos entendamos. Nunca faltan noticias económicas que
comentar; va con los tiempos que vivimos.
Aquí tratamos sobre las cosas del dinero, así se llama el blog, y es
imposible eludir las noticias sobre la corrupción que han dominado
todas las portadas y tertulias de todos los medios durante estos
días. El dinero, negro, sucio, es el foco principal de estas
noticias y de los hechos que las motivan.
Al ciudadano de bien, a quien afronta cada día su trabajo con
esfuerzo, o a quien, lo que es peor, no tiene trabajo y mira hacia
el futuro, propio y el de los suyos, con honda preocupación, todo lo
que está conociendo le repugna. Y muchos de estos ciudadanos tienen
la absoluta certeza de que, una vez que pase la tormenta, las penas,
si existen, no estarán en consonancia con el mal hecho.
A los políticos de bien, y la mayoría de los políticos lo son, que
tienen vocación de servicio público, que buscan la mejora y la
prosperidad de los ciudadanos en los ámbitos en los que sirven; todo
esto todavía les repugna mucho mas, porque ven que se mete a todo el
mundo en el mismo saco y son víctimas, sin buscarlo ni merecerlo,
del desprestigio general de la clase política.
Lo único bueno de esta situación, y habrá que quedarse con algo
positivo, es que entre todos podemos generar un clima que posibilite
tomar medidas ejemplarizantes sobre el presente, que sirvan para que
en adelante se evite caer en tentaciones, y animar a que se
denuncien los casos en su origen. Para ello nada como decir lo que
se piensa de esta gente:
Dais asco los que no llegáis a entender que la retribución por
vuestro trabajo es el salario, simple y llanamente. Que los
servidores públicos y los que se dedican a la política deben de ir,
como van la mayoría, con una gran carga de motivación por hacer el
bien a los ciudadanos. Y el reconocimiento del trabajo bien hecho es
un premio que además, en muchas ocasiones, abre oportunidades
laborales cuando se deja la política. Si creéis que esto no está
bien pagado dedicaros a otra cosa, si podéis claro está, que algunos
lo tendríais complicado.
Dais asco los que empleáis vuestra inteligencia y vuestra formación
en ver la forma de llegar a enriqueceros de forma ilícita, en lugar
de emplearlas para ayudar a prosperar a la comunidad a la que,
teóricamente, deberíais servir. De la codicia por trincar en vuestro
propio interés, pasáis a la avaricia, porque no tenéis límite, no os
avergüenzan las cifras que llegáis a manejar en vuestro beneficio.
Dais asco los que, teniendo capacidad de decidir o influir en
adjudicaciones de obras públicas, lo hacéis en favor de quien os
ofrece beneficios personales, o lo hacéis siguiendo las presiones de
los políticos de turno. La justificación, por quien paga, de que "es
la única forma de obtener contratos" no es aceptable. Denuncia la
mordida: te podrás quedar sin el dinero de ese contrato, pero la
inversión en ética es mucho más rentable en el largo plazo, y además
dormirás tranquilo, porque al final todo se sabe. Otro tanto habría
que decir de las subvenciones, de las que ya he hablado en otras
ocasiones, ya que tras muchas de ellas se encuentra el germen de la
corrupción, en su concesión, en los destinatarios y en el uso de los
fondos.
Dais asco los indignados selectivos o indignados con carné, que os
lleváis las manos a la cabeza por la corrupción ajena, pero miráis
para otro lado cuando el corrupto es de los vuestros, de vuestra
familia. Os escandalizáis, que no es para menos, por las cifras
conocidas, de más de uno, con cuentas en Suiza, pero no parece que
os escandalicen de la misma forma cifras cuarenta veces superiores a
éstas, que iban destinadas a trabajadores y que se han desviado en
beneficio de unos cuantos corruptos. En estos momentos hay abiertos
730 casos por corrupción, y en ellos están indignamente
representados buena parte de los partidos políticos, especialmente
los que más poder tocan o han tocado.
Dais asco los que creéis que lo de la presunción de inocencia vale
para todo, porque es como tomarnos por idiotas. Hay acusaciones
estos días, que habrá que demostrar, y en este caso si que vale, y
no es aceptable la acusación generalizada. Pero hay hechos
contrastados, inmensas cantidades de dinero no declaradas, que no
merecen mucha espera para la condena; en el más benigno de los casos
hay delito fiscal, pero quien oculta será por algo, y hay que llegar
hasta el final en conocer los orígenes y los destinatarios de todos
estos fondos y de todos los casos que hay abiertos.
Dais asco los que en vuestros discursos habláis de que "esta no es
una crisis sólo económica, sino de valores", y os quedáis tan
anchos, cuando los valores que transmitís a vuestros hijos y a
vuestro entorno están en el origen de todos nuestros males. Lo de
los hijos es claro: si ven que lo de robar es fácil y la impunidad
está garantizada, lo que harán es multiplicar el negocio de los
padres, como se está viendo en algunos de estos casos. Lo de valores
sobre la patria, la bandera, etc., mejor que calléis.
Dais asco los que hacéis valer vuestra posición social, en la
cúspide de la pirámide del poder, para obtener beneficios propios o
para vuestro entorno; tanto asco como quien os ha pagado, y no con
su dinero precisamente, por cosas que se sabe que o no se han
realizado, o no tienen ese precio. No es culpable solo el que cobra,
también el que paga. Detrás de los pagos, y muchos ciudadanos no lo
entienden, siempre se ha robado dinero público, el de todos, incluso
en los desembolsos de los adjudicatarios de obras, porque sus pagos
los cobra posteriormente contra el incremento del precio de la obra.
El gran problema es que muchos ciudadanos esto lo terminan asumiendo
como normal, ven que no hay grandes consecuencias, que no se
devuelve nunca el dinero robado, que nadie, o casi nadie, va a la
cárcel, que los procesos se dilatan años y años, que la mayoría de
los delitos prescriben (bajo leyes hechas por los mismos que las
incumplen), que luego, después de más de diez años, hay acuerdos y
todos tan contentos, que unos se indultan a otros, que unos se
protegen a otros, que prima la omertá y que, por mucho que ladren
para que les oigan sus seguidores, al final no muerden, porque la
sensación que queda es aquello de perro no come perro.
En estas circunstancias, o los partidos políticos toman decisiones
que no dejen lugar a dudas ni sobre el pasado ni sobre el futuro,
haciendo rodar cabezas, o no son acreedores a tener el respaldo de
los ciudadanos. Quienes sigáis apoyando con vuestro voto a los
partidos que no se regeneren de forma clara y con absoluta
transparencia, pasando por alto estas malas prácticas, dais… pena.
Corrupción política: Basta ya de palabrería
y frases huecas
Vicente Benedito www.vozpopuli.com 22 Enero 2013
Los que cada día utilizamos las nuevas tecnologías para comunicarnos
con los demás sabemos lo que cuesta eliminar los “virus” y los
“gusanos” que nos vienen de fuera y nos invaden desestabilizando
nuestra particular paz interior. Pues bien, el esfuerzo que hay que
hacer para que desaparezcan de nuestras cotidianas y rutinarias
vidas los “virus” y “gusanos” que pululan por la vida política,
social y económica españolas es muchísimo mayor.
Los tenemos dentro, no siempre descubrimos quiénes son, pero sabemos
que están ahí, y que en cualquier momento y lugar se van a
manifestar ensombreciendo nuestra convivencia, frenando nuestra
actividad y haciendo sospechosas nuestras relaciones.
La ventaja que tenemos respecto a los “virus” y “gusanos” del
ordenador, es que éstos sí terminamos descubriendo cuál es su origen
y procedencia y lo que pretenden, una vez descubiertos, en general,
quedan neutralizados y sin efecto nocivo alguno para el futuro. Los
“otros” son personajes que se retroalimentan, que sobreviven gracias
al medio en el que se desarrollan. La podredumbre en la que habitan
es su verdadero refugio y en él la endogamia de los partidos juega
un papel tan importante como injustificable ante la Sociedad que
impávida y corresponsable asume con resignación que es un mal del
mundo moderno y la democracia.
Nadie se atrevería a defender intelectualmente hoy que esa realidad
no se ajusta a la situación que viven muchos países, con
independencia de su grado de desarrollo, y entorno geográfico y
político. Es la sociedad actual la que ha creado esos “monstruos”.
Con la relajación de sus valores y la falta de exigencia en los
comportamientos. Con la asunción del “relativismo moral” como algo
propio del mundo en el que vivimos y contra lo que nos resignamos a
luchar.
El “todo vale”, el “todo es lo mismo”, el “todos somos iguales”, o
“es lo que la gente quiere”, está teniendo unas consecuencias
demoledoras. Les hemos dejado crecer demasiado y nuestra indolencia
ha favorecido el incremento de su poder. Sin embargo, ser
conscientes de ello nos obliga a reconducir nuestros comportamientos
y actitudes. A no renunciar a identificarlos públicamente, a
descubrirlos, neutralizarlos y expulsarlos de nuestra sociedad, ello
nos ayudara a salir de la crisis.
Palabrerías y frases huecas
En los últimos días mi espíritu se “cabrea” impotente al ver la
cantidad de frases que se pronuncian en aras de un tardío
posicionamiento personal de quienes, ahora, tratan de no hacer suyos
tales comportamientos. Tarde y mal se pronuncian solemnes proclamas
contra la corrupción con frases vacías de contenido y, sobre todo,
de medidas y actuaciones administrativas y jurídicas concretas y
rápidas que tengan repercusión inmediata. Recupero ahora algunas de
ellas pronunciadas en las últimas horas, qué más da por quién:
- “que cada palo aguante su vela”.
- “no nos temblará la mano”.
- “que se analice la contabilidad de los partidos”.
- “que se investiguen los paraísos fiscales”.
- “esto daña la democracia”.
- “que se ponga fin a la financiación irregular”.
- “que se aplique la ley con todas sus consecuencias”.
- “el que la hace la paga”.
- “que comparezca el Presidente para dar explicaciones”.
- “el Ministro tiene que marcharse”.
- “el Fiscal General del Estado tiene que comparecer”.
- “que hable la Justicia”.
- “que la Audiencia Nacional investigue las cuentas”.
- “las explicaciones que se han dado son insuficientes”.
- “los que nos dedicamos a la política debemos ser modélicos”.
- “a mí que me registren”.
- etc.etc...
La Sociedad ha escuchado ya innumerables veces tanta palabrería. Se
desprecia a los ciudadanos cuando reiteradamente, y cada vez con más
frecuencia, se reproducen los escándalos de corrupción
protagonizados por los políticos y los partidos que los protegen o
en cuyas filas militan, Repugna a la Sociedad la indolencia con la
que se gestionan, desde todas las instancias, incluida la judicial,
ya no vale aquel tópico de la “justicia es lenta pero inexorable”.
Los tiempos en materia de corrupción política son
extraordinariamente importantes. Si los casos transitan por los
tribunales durante decenios, la recuperación de lo apropiado y la
reparación del daño resultaran imposibles, Y en tanto en cuanto eso
sea así, a algunos les saldrán las cuentas y entenderán rentable el
camino por la oscuridad de las cloacas de la corrupción. De tal
suerte, entonces, que tales prácticas terminan multiplicándose
exponencialmente siendo cada día más los escándalos y enormemente
más complejo atacarlos decididamente.
Además, ello ahondará en la percepción de impunidad que el ciudadano
de a pie tiene de la estafa y la mentira de su clase política. La
sinrazón de que forme parte de nuestras vidas puede conducir a la
perversión de hacernos ver que es parte consustancial de la sociedad
en la que vivimos. Estigmatizarnos de tal modo que acabemos
resignándonos a aceptarlo sin oponer resistencia alguna. Asumiendo
la renuncia de la Sociedad Civil
La crisis no sólo es económica
Se nos dice que estamos pasando la crisis más dura de la historia y,
desde mi punto de vista, lo que está sucediendo es que a esta grave
crisis económica se ha unido algo peor: una crisis ética y de
valores como la honradez, la honorabilidad, el esfuerzo, la
meritocracia y la buena fe. Sin ellos, y aceptando resignadamente
nuestra incapacidad para acabar con la corrupción, la salida de la
crisis es muy complicada. La Sociedad en su conjunto necesita
desempolvar su intelecto. Recuperar la iniciativa. Manifestar su
inexorable rechazo a tales actitudes y comportamientos. Promover
cuantas reformas de nuestro sistema político sean necesarias para
que la democracia de los partidos no de amparo a quienes traicionan
el mandato de los ciudadanos.
Y no pensemos que la vía penal, que aun siendo muy importante,
resolverá todos los problemas de la sociedad, pues es necesaria una
“medicina preventiva” que a través de la educación y de organismos
públicos eficientes, independientes y rápidos de control y
seguimiento atajen “ab initio” cualquier posibilidad de fraude o
corrupción.
Soy partidario de delegar pero siempre bajo el principio de “delega
pero verifica.”
Una vez más luchemos todos cada día, cada hora y cada minuto contra
la corrupción. Como dice Ernesto Partida Pedroza “se pone atención
en el empleado del gobierno que recibe dinero para acelerar los
trámites, pero se omite ponerla en quien aporta el dinero”.
Una auditoría que no va a servir para nada
EDITORIAL Libertad Digital 22 Enero 2013
La reacción de Rajoy ante las graves sospechas de corrupción que
pesan sobre el PP no ha podido ser más desafortunada. En realidad no
ha habido reacción alguna, si por tal entendemos un compromiso firme
para que se investigue a fondo, y con todas las consecuencias, el
presunto pago de sobresueldos a altos cargos del partido. En su
lugar, tras varios días de parálisis y nerviosismo, los populares
tan sólo han atinado a anunciar una revisión de la contabilidad ya
auditada, junto con una toma de declaración de la actual tesorera a
los altos cargos susceptibles de haber incurrido en dicha práctica.
Esa nueva auditoría externa podrá detectar, siendo optimistas,
alguna incorrección de carácter técnico en los asientos contables
ordinarios, pero desde luego ningún auditor, por más experto que sea
en la materia, va a poder determinar si el Partido Popular
enriqueció ilegalmente a sus dirigentes a través de sobresueldos
ajenos a los circuitos legales examinando únicamente los apuntes de
la contabilidad oficial. Más absurda resulta todavía la pretensión
de encontrar algún culpable, si lo hubiera, por el procedimiento de
preguntar directamente a los sospechosos. No dudamos de la capacidad
persuasiva y las dotes detectivescas de la nueva tesorera, pero
resulta cuando menos dudoso que esa interpelación elemental vaya a
tener como resultado una catarata de confesiones voluntarias.
En este ceremonial del despropósito que nos está brindando el PP a
propósito del caso Bárcenas, justo es reconocer a Iñaki Oyarzábal el
mérito de haber realizado las declaraciones más disparatadas y
contraproducentes. Cuando pesan sospechas muy graves sobre la
honradez de los altos cargos del PP y éstos no consiguen sino
indignar a la ciudadanía con su falta de claridad y sus
ambigüedades, no es de recibo que un personaje como el referido se
atreva a exigir la persecución judicial de los medios de
comunicación que se están dedicando a dar cuenta del escándalo.
En cuanto al PSOE, a salvo de lo que ocurra con el caso Bárcenas el
partido más corrupto de la historia de España, sus dirigentes son
capaces de exigir ejemplaridad a sus adversarios y anunciar incluso
medidas legales contra ellos precisamente el mismo día en el que se
destapan los chanchullos llevados a cabo en las contrataciones de su
fundación. Soraya Rodríguez incluso ha llegado a afirmar que el pago
de 600.000 euros a empresas de amigos y familiares de altos cargos
es hasta "moral", sin atender al hecho de que los chiringuitos de
los partidos se financian casi en su totalidad con dinero público,
por lo que su utilización debería ser objeto de una especial
ejemplaridad.
Por el momento, sólo cabe buscar sensatez en las palabras de la
expresidenta madrileña. Esperanza Aguirre ha sido la única
responsable del Partido Popular que ha exigido ejemplaridad a la
Justicia y, sobre todo, mucha mayor celeridad de la que suele
acreditar en los casos de corrupción que afectan a los partidos
políticos. Además de esta reclamación para evitar la prescripción de
los delitos, Aguirre ha dado un paso al frente con el nombramiento
de Manuel Pizarro como fiscal que vele por la integridad del PP de
Madrid, algo que debería ser incluso obligatorio en todos los
partidos, habida cuenta de los ingentes recursos públicos que
manejan.
La propuesta de Aguirre debería ser asumida en primer lugar por su
propio partido a nivel nacional, y a continuación por todos los que
ostentan la representación parlamentaria de los españoles. En caso
contrario, el escándalo Bárcenas será sólo un ejemplo más de la
corrupción estructural de una clase política empeñada en vivir en la
impunidad.
El dilema
José Luis Requero La Razón
22 Enero 2013
«Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la
Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y
por jueces y magistrados de todas las categorías». Es el programa
electoral del partido en el Gobierno. Si ya ahora el Consejo es
elegido «entre y por» los jueces al proponer al Parlamento
precandidatos, se deduce que la promesa tiene sentido en su lógica
histórica: PP siempre ha dicho que su sistema era el originario: los
jueces deberían elegir no precandidatos sino directamente a los doce
vocales judiciales.
Esta promesa va a incumplirse. Me coloco ahora en la lógica
política: cumplirla sería dar el gobierno del Poder Judicial a
jueces levantiscos y, sobre todo, a unas asociaciones sindicalizadas
y ni unos ni otros están ni se las espera en la formulación de un
programa calificable como de reforma judicial. O visto del lado
judicial: es difícil reclamar esa responsabilidad de gobierno si no
hay discurso propio de la política judicial; y digo «política
judicial» para marcar diferencias. Por ejemplo, en algunas
publicaciones asociativas son una retahíla de escritos que no pasan
de meras ocurrencias particulares, eso sí, con mucha ironía y mucha
gracieta; todo muy válido para una sobremesa relajada, pero no como
ideario de gobierno.
Se identifica «política judicial» sólo con reivindicaciones
profesionales. No digo que éstas no sean parte de aquélla, pero es
una parte: que luego que no se diga que la reforma convierte al
Consejo en una dirección general del personal judicial, cuando el
discurso asociativo no pasa de lo que gestionaría una dirección
general del personal judicial. Fuera de esto, lo que más se
aproximaría a una propuesta de política judicial es el tópico de
aumentar sin más el número de jueces. Añádase la experiencia de los
últimos años de gobierno judicial, identificado por las asociaciones
como gestión de intereses de grupo, sin olvidar su torpeza en el
caso Dívar, gota que colmó el vaso.
Visto tal panorama y ante el dilema de cumplir la promesa electoral,
el poder político opta por una reforma antiasociativa. Esto es grave
porque las judiciales no son unas asociaciones del montón, están
expresamente previstas en la Constitución y su adjetivo de
«profesionales» coincide con algunas competencias del Consejo. La
opción es, por tanto, enterrar el sistema de elección directa por
los jueces y mantener el de 2001, que los jueces elijan
precandidatos pero dando muchísimas facilidades para que los no
asociados –el 50% de la Judicatura– tengan más posibilidades en el
nuevo Consejo.
Probablemente los no asociados aplaudirán la reforma, pero que no se
hagan ilusiones. Ha aflorado un verdadero 15M judicial, con líderes
de seguro tirón electoral e ideario desconocido pero retratados por
sus excesos y radicalismo. Desahuciadas las asociaciones y ante el
riesgo de que triunfen los antisistema, todo parece indicar que los
partidos irán a lo seguro, inspirarán candidatos que, cabe
presagiar, estarán designados in pectore cuando seamos llamados a
las urnas. Ojalá me equivoque porque de ser así el próximo proceso
de renovación quedaría en artificio.
Pero no nos flagelemos en exceso. La reforma responderá al interés
político en tutelar el gobierno judicial, cierto, pero responde a
otra lógica que pasa por otras reformas, como la del proceso penal.
Ya lo hablaremos, pero ahora que se atisba que la corrupción no es
tan aislada se intuye un rediseño del sistema de controles favorable
a todo el estamento político sin distinción de colores. Nuestro
sistema político y sus protagonistas no tolerarán una tangentopoli
italiana a la española, que aflore una corrupción estructural que
entierre el régimen de partidos ahora imperante.
Vuelvo al patio judicial: ¿se ha acabado la historia?, ¿las cosas
son ya irremediablemente así? El asociacionismo judicial está en
crisis y precisa reconvertirse y esto es tarea nuestra; aun así
espero que los partidos capten que cuentan con gente válida y de
trayectoria conocida y contrastada; que las asociaciones no pueden
ser arrinconadas para volver, de hecho, a la situación
preconstitucional; que no es ético echarlas en cara defectos que
partidos o sindicatos tienen en grado superlativo, ni aislarlas por
un virus que la partitocracia ha inoculado a nuestro sistema
político y constitucional.
Política sin romanticismo
Antonio España El Confidencial 22 Enero 2013
Probablemente han visto ustedes la película Su distinguida señoría,
estrenada en 1992 —año en el que la corrupción en nuestro país
estaba también a la orden del día— y que narra las peripecias de
Thomas Jefferson Johnson —interpretado por Eddie Murphy—, un timador
de barrio que accede al Congreso de los Estados Unidos aprovechando
la similitud de su nombre con el de un congresista recién fallecido.
Tras escuchar accidentalmente una conversación entre dos políticos,
el estafador descubre que se ha equivocado de profesión, pues desde
el escaño puede robar y estafar legalmente sin temor a la cárcel.
Sin ser una obra maestra del séptimo arte, esta comedia ilustra de
forma entretenida las carencias del proceso político en la toma de
decisiones públicas.
Precisamente al análisis económico de las decisiones tomadas en el
ámbito público consagró su vida el recientemente fallecido James M.
Buchanan, premio Nobel de Economía en 1986 y fundador, junto con
Gordon Tullock de la Escuela de la Public Choice. Buchanan, que
empezó su carrera académica dedicado a las finanzas públicas, pronto
constató que los economistas, preocupados por el funcionamiento de
los mercados —con objeto de intervenirlos y planificar—, no habían
prestado mucha atención a cómo funcionaban unos gobiernos que cada
vez crecían más y más.
Como consecuencia, Buchanan comenzó a analizar cómo funciona
realmente la política, como él decía, sin romanticismo. Según sus
propias palabras, era necesario “que nos quitáramos las gafas de
color rosa con las que tendemos a percibir el gobierno, la política
y las acciones de nuestros políticos” para ver la política como lo
que realmente es, una manifestación más de la acción humana —con sus
grandezas y miserias, habría que añadir.
En vez de analizar las acciones individuales en el contexto del
mercado, contempló la acción de las personas en el ámbito de las
decisiones públicas. Y estudió las relaciones entre personas cuando
ejercen como cargos públicos, votantes, burócratas, líderes
partidistas o representantes políticos. Tomando los métodos del
análisis económico y aplicándolos al comportamiento de las personas
en la política, Buchanan argumentó que sus acciones pueden
estudiarse, incluso predecirse, y así comprender mejor la tendencia
de los gobiernos a crecer, aumentar el gasto público, endeudarse,
incurrir en fuertes déficits y hacer proliferar las normas y
regulaciones.
Los votantes nos mantenemos racionalmente ignorantes…
Si han visto la película que les comentaba al principio, quizás se
acuerden de una escena en la que una pareja de votantes entran al
colegio electoral, preguntándose a quién votar, y terminan
decidiendo allí mismo que votarán al mismo nombre de siempre.
Circunstancia que favorece al descarado protagonista, que
precisamente concurre aprovechándose del hecho de llamarse igual que
el de siempre.
Me dirán ustedes, con razón, que se trata de una parodia exagerada
propia de una comedia sin pretensiones. Y, sin embargo, la economía
nos enseña que es perfectamente racional permanecer ignorante sobre
materias que son complejas y que, además, quedan fuera de nuestra
capacidad de influencia.
Convendrán conmigo que la política es, sin duda, una materia
compleja —¿cuándo fue la última vez que se leyeron los programas
electorales completos de todos los partidos concurrentes a las
elecciones y analizaron el perfil político y su posicionamiento en
los temas que les preocupan de todos y cada uno de los integrantes
de las listas? Por otro lado, es unas doscientas veces más probable
que nos toque el Gordo de Navidad que lograr que nuestro voto sea el
decisivo. ¿Qué incentivo tenemos pues a dedicar tiempo y esfuerzo a
elegir nuestro voto de forma informada?
Conclusión: en general elegimos nuestro voto más por consideraciones
emotivas, de afinidad personal o, simplemente, viscerales, que con
verdadero conocimiento de causa.
¿Cuántos políticos acusados de corrupción, de todos los partidos,
han visto comparecer una y otra vez ante su electorado y han seguido
arrasando en sus circunscripciones a pesar de ERE, trajes, palaus,
ITV, y un larguísimo etcétera?
… salvo que pertenezcamos a uno de los grupos privilegiados de
interés.
En otra escena, podemos ver al recién elegido diputado comiendo con
su abogado especialista en lobbies, que quiere conocer su postura
con respecto a determinados temas —los precios del azúcar, la
limitación de las sanciones por negligencia o los repartidores de
pizzas— para, a continuación, ofrecerle un catálogo a medida de los
grupos de presión de los que extraer rentas en función del
posicionamiento elegido.
En efecto, es una caricatura del entramado de lobbies
norteamericano, pero fíjense que la realidad suele superar a la
ficción, y no es raro ver cómo grupos de intereses más o menos
numerosos pero siempre bien organizados, pueden ser muy relevantes
en determinadas decisiones políticas sobre asuntos concretos,
presionando a políticos para que resuelvan, subvencionen o legislen
en su beneficio. Los incentivos, en este caso se sitúan del lado de
los grupos de interés, que pueden obtener pingües beneficios,
mientras los costes quedan diluidos entre el resto de los millones
de votantes.
Beneficios que, por cierto, no pocas veces suelen perjudicar a los
intereses de la mayoría silenciosa que no se manifiesta formando
mareas de ningún color. Aunque, eso sí, con frecuencia escuchamos el
argumento de que es por el bien común o en defensa de causas nobles.
Seguro que sin mucho esfuerzo, se les ocurren unos cuantos ejemplos.
Las promesas electorales se las lleva el viento
Cuando en la película un importante político apoya en público una
causa defendida por el protagonista —que empieza a volverse honrado,
demostrando que un estafador de poca monta puede tener más
principios que un político—, vemos cómo en la secuencia siguiente el
mismo político se retracta en privado, zanjando la cuestión diciendo
que “las declaraciones públicas no son testimonios jurados” mientras
guiña un ojo con aire de complicidad.
Y este, en efecto, es otro de los problemas del proceso político. A
saber, que la representación democrática por desgracia no es
vinculante. Ni los programas ni las promesas electorales tienen
carácter contractual, por lo que una vez obtenido el voto, el
político puede olvidarse tranquilamente del votante hasta las
siguientes elecciones.
Existe, pues, una desconexión abismal entre el voto depositado y la
política llevada a cabo. Miren si no lo que propugnaban los
candidatos del Partido Popular en materia de impuestos antes de las
elecciones generales y compárenla con la política fiscal abusiva
llevada a cabo por Cristóbal taxman Montoro. Imagínense que un
fabricante de automóviles anuncia un deportivo con unas prestaciones
determinadas y, al adquirirlo, descubren con desconsuelo que dentro
de la preciosa carrocería deportiva de color rojo, tienen unos
pedales de bicicleta, un manillar y una silla de playa. ¿Cómo se
sentirían?
En el fondo, son los incentivos
Y, finalmente, no deben olvidar que la gestión pública del político
siempre está orientada a corto plazo. Toda su actuación está
condicionada por las próximas elecciones. ¿Se acuerdan la actitud
mantenida por Mariano ya lo pensaré mañana Rajoy posponiendo
importantes decisiones para nuestro país simplemente porque había
elecciones en ciernes en Andalucía o en Cataluña y el País Vasco?
¿Recuerdan cómo José Luis Rodríguez Zapatero ocultó en 2008 la
crisis a los españoles estando a las puertas de unas elecciones
generales?
¿Qué incentivo encuentra un político en tomar decisiones difíciles a
corto plazo pero beneficiosas a largo, cuando probablemente sea otro
el que disfrute de las mieles de esas decisiones acertadas de hoy?
Sin embargo, cualquier línea de acción pública, por ruinosa que sea,
que reciba apoyo político a corto plazo, se mantendrá y se
potenciará, aunque lleve al país a la quiebra. De esto también
tenemos unos cuantos ejemplos recientes, por ejemplo, como cuando
Zapatero literalmente compró nuestro voto con la deducción de los
400 euros en el IRPF para estimular el consumo.
El profesor Buchanan lo vio, pues, claro. No se puede garantizar que
los políticos y los cargos públicos por ellos designados sean seres
puros y libres de toda codicia —no digamos ya inteligentes,
trabajadores y resueltos. Ni siquiera el proceso democrático, que es
la fórmula más avanzada de convivencia pacífica que hemos encontrado
hasta la fecha lo garantiza. Pero sí se puede limitar el daño que
pueden hacer.
Por ejemplo, si los políticos no tuvieran la capacidad para decidir
discrecionalmente el uso del dinero que obtienen del fruto de
nuestro trabajo, la corrupción estaría muy limitada. Si la política
no decidiera quién presta los servicios al público, si no tomara
decisiones regulatorias con impacto en la actividad privada, no
importaría que al acabar su carrera los políticos ficharan de
consejeros o asesores en empresas privadas.
Los bienintencionados defensores de lo público dirán que ellos
reclaman buenos gestores, rechazando enchufados, corruptos y
buscadores de rentas, sosteniendo que no puede achacarse al sistema
la existencia de golfos. Y en efecto, así es. La corrupción no es
patrimonio exclusivo de lo público. Tampoco de lo privado. Igual que
el error es humano, la falta de honestidad también lo es.
Pero en el mercado, donde millones de consumidores votamos cada día
con nuestras decisiones de compra y de inversión, si no se
satisfacen las necesidades de las personas, las empresas quiebran y
los malos gestores se van a la calle. En lo público, los políticos y
los malos gestores no los echamos ni con agua caliente, porque el
sistema —que ellos han diseñado— favorece que ellos y sus allegados
se perpetúen en el cargo.
¿Qué entorno institucional creen que protege más al político
corrupto y al empresario corruptor, el intervenido o la libre
competencia en un mercado abierto?
La corrupción es crimen organizado
Javier Caraballo El Confidencial 22 Enero 2013
Como son tantos los años, tantos los escándalos que se acumulan en
la memoria, también sabemos que la corrupción describe siempre el
mismo trayecto, las mismas fases desde que la opinión pública
descubre la felonía hasta que la tormenta se disipa, por saturación
o porque otras bombas estallan en otros despachos. Una de esas
fases, que machaca con la técnica de un mantra, es el discurso
repetido de que la inmensa mayoría de los políticos no están
salpicados por la corrupción y que, en consecuencia, se hace un daño
terrible a la democracia cuando se generaliza al hablar de
corrupción. Esta fase es especialmente irritante porque, al final,
parece como si lo que molestara es la denuncia en sí por encima del
hecho denunciado. Como si la gravedad de la corrupción estuviera en
las consecuencias sociales, el desapego de la sociedad que atiende
enojada al trasiego de maletines. Cualquiera que pegue el oído al
discurso político observará que, una vez más, estamos ya en esa
fase, y que dirigentes y actores políticos de todo signo repiten una
y otra vez el mismo razonamiento.
Es un mensaje sutil pero contundente: se trata de rodear de una
aureola de irresponsabilidad a quien extrae consecuencias generales
de los casos de corrupción que se van conociendo; se trata, en suma,
de presentar todos esos escándalos como casos concretos, que afectan
sólo a quienes se ven involucrados directamente, nunca como casos
que afectan y retratan a la clase política en general. ¿Que la
mayoría de los políticos son honrados? Pues claro. ¿Que España no
está entre los países más destacados en las listas internacionales
que miden la corrupción? Pues sí. Pero ni una cosa ni la otra, que
son evidencias constatables, disminuyen para nada la gravedad del
momento porque, en primer lugar, la alarma social que genera un
delito no se mide nunca por el número de delincuentes que lo cometen
y, en segundo lugar, porque sólo nos faltaba tener que agradecer que
en España no haya más mordidas que en México, un suponer.
El principal problema de la corrupción en España, vamos a ver, es
que no está reconocida con la gravedad penal que debiera, con la
trascendencia social que debiera. En esto, es aconsejable sumarse a
la tesis que defiende el fiscal superior de Andalucía, Jesús García
Calderón, quien, sin ambages, afirma: “La corrupción política es
crimen organizado”. Como recordaba sus palabras de otras
conversaciones, ayer volví a recurrir a él para valorar el momento.
Veamos. La calificación de crimen organizado se realiza de acuerdo a
un decálogo elaborado por la inteligencia policial en el seno de la
Unión Europea, con el fin de unificar criterios. Si una actividad
ilícita cumple, al menos, seis puntos de ese decálogo, se trata de
crimen organizado. Podemos hacer un sencillo ejercicio, que cada
cual repase los puntos de ese compendio y que vaya anotando los que,
a su juicio, se corresponden con el fenómeno de la corrupción
política en España. Son estos:
1.- Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso en el
desarrollo de la actividad delictiva.
2.- Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con
existencia de normas de disciplina interna y jerarquía. A veces
aislamiento del cabecilla como forma de protección. Interposición de
testaferros o autoinculpación de subordinados.
3.- Actuación prolongada en el tiempo.
4.- Comisión de actos delictivos graves. Utilización de técnicas y
métodos de ejecución sofisticados. Alta tecnología en
comunicaciones. Destreza financiera en el manejo de fondos y
relación con la función pública.
5.- Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial
dentro del Estado.
6.- Uso sistemático de la violencia o intimidación grave.
7.- Utilización de instrumentos jurídicos para crear estructuras
económicas o comerciales. Uso habitual de cualificados profesionales
o expertos.
8.- Blanqueo de capitales.
9.- Influencia sobre políticos, medios de comunicación,
funcionarios, o sobre la actividad económica.
10.- Obtención continuada de beneficios económicos.
¿Ha hecho la cuenta? Esos son los diez puntos del documento policial
que delimita la existencia de crimen organizado. Y de los diez, sólo
en dos casos podría considerarse que esos requisitos no se dan en la
corrupción política que existe en España: el “uso sistemático de la
violencia” y la “comisión de actos delictivos graves”, porque muchos
supuestos penales vinculados a la corrupción no tienen esa
consideración en el ordenamiento español.
Desde la perspectiva técnica del fiscal andaluz, no existe otra
conclusión: para combatir con eficacia la corrupción hay que dejar
de considerarla, tras cada episodio, como hechos particulares y
comenzar a tratarla con la gravedad de un fenómeno extendido,
transversal. Contra la corrupción, más medios y menos palabras; más
medios para policías, jueces y fiscales y menos golpes de pecho
sobre la ‘tolerancia cero’ y el ‘caiga quien caiga’. Contra la
corrupción, menos ventiladores que esparcen la culpa hacia los demás
y más controles internos en cada partido. Contra la corrupción, la
mejor definición penal: crimen organizado.
Corrupción política
Roberto Augusto www.lavozlibre.com 22 Enero 2013
Licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona
Esta semana el tema de la corrupción política ha ocupado los
titulares de la prensa. Las revelaciones de presuntos sobresueldos
ilegales a cargos del PP vuelven a poner de actualidad este asunto.
Me temo que toda la trama Gürtel es solo la punta del iceberg. El
problema es mucho más profundo y tiene que ver con la forma tan
deficiente de funcionamiento que posee nuestro Estado. Siempre
existirá corrupción, pero si se ponen los mecanismos necesarios para
atajarla es posible reducirla a su mínima expresión.
Una de las mejores herramientas que existe para solucionar este
problema es la transparencia. Actualmente, gracias al desarrollo de
las tecnologías de la información, es posible, y muy fácil de
lograr, esa ansiada transparencia que nos permita avanzar en la
buena dirección. Si todos los concursos públicos que se convocan en
las distintas administraciones pudieran ser examinados por
cualquiera que deseara verlos a través de Internet, evitaríamos
tentaciones. Las corruptelas se amparan en la oscuridad. Sin
embargo, cuando ponemos luz sobre esta opacidad se hace más difícil
amañar concursos públicos a cambio de un soborno u otros favores.
Por desgracia, la justicia española no dispone de los medios
materiales necesarios para funcionar de manera eficiente. Todos
hemos visto montañas de papeles apilados en cualquier sitio, en unos
vetustos juzgados que son indignos de cualquier país moderno. Mi
crítica no es contra los profesionales de la justicia, que suelen
hacer un gran trabajo con escasos recursos, sino contra los
responsables políticos que no acometen la necesaria tarea de
modernizar un sistema judicial que parece anclado en el siglo XIX. Y
una justicia moderna es clave para luchar contra la lacra de la
corrupción. Poco puede esperarse de un país que permite que montañas
de sumarios se tengan que apilar en los lavabos por falta de espacio
cuando podrían almacenarse a través de sistemas informáticos.
El gran problema es que son los políticos los principales encargados
de tomar las decisiones que nos permitan combatir eficazmente a los
corruptos. No obstante, es en el ámbito de lo político donde estas
medidas serían más necesarias. Lo único que podemos hacer los
ciudadanos es exigir responsabilidades. Y negarles nuestro voto a
aquellos partidos que no se comprometan en serio a luchar contra
esta lacra social. Si seguimos votando a los que permiten la
corrupción nos hacemos cómplices de ella.
Soberanía, Estado de derecho y democracia
JAVIER TAJADURA TEJADA. EL CORREO 22 Enero 2013
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UPV-EHU
La declaración que el Parlamento catalán se dispone a aprobar supone
un intento de destruir la verdadera fuente de su propia legitimidad.
El Parlamento de Cataluña se dispone a aprobar una ‘declaración de
soberanía del pueblo catalán’. No es la primera vez que esto ocurre.
La asamblea catalana ha aprobado en cuatro ocasiones (1989, 1998,
2010 y 2011) mociones que proclamaban el derecho de
autodeterminación del pueblo catalán. En 2011, el Parlamento catalán
llegó a autoproclamarse «sede de la soberanía». Y en septiembre del
pasado año aprobó una declaración en la que se defendía «el derecho
a decidir» en una consulta o referéndum de autodeterminación, aunque
esta vez no emplearon ese término. En todos estos casos se trató de
declaraciones políticas que no produjeron efecto jurídico alguno. La
declaración actual se sitúa en esa senda de proclamas retóricas
carentes de consecuencias jurídicas. Ahora bien, su contenido es
incompatible con los principios del Estado de derecho y de la
democracia.
Por tratarse de una declaración política, el Gobierno ha anticipado
que no va a recurrirla. En este sentido es preciso recordar que
cuando el Gobierno de Ibarretxe aprobó en 2003 su propuesta de nuevo
Estatuto (basado en el derecho de autodeterminación del pueblo
vasco), y la Mesa del Parlamento vasco la admitió a trámite, el
Gobierno de Aznar recurrió ambos acuerdos, y el Tribunal
Constitucional desestimó la impugnación por tratarse de una mera
propuesta, y no de una resolución o disposición. Aunque en este caso
–a diferencia de lo ocurrido con el Plan Ibarretxe– la declaración
del Parlamento de Cataluña se presenta como una auténtica resolución
cuyo contenido se agota en sí mismo, y no es una mera propuesta o
primer acto de un procedimiento legislativo, el hecho de que sea una
resolución sin efectos jurídicos, explica que el Gobierno central no
vaya a recurrirla.
El objeto principal y único de la declaración es proclamar la
soberanía de Cataluña: «El pueblo de Cataluña tiene, por razones de
legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico
soberano». Esa declaración –que supone una violación de los
fundamentos mismos del orden constitucional español, que reposa
sobre la soberanía única e indivisible del pueblo español–, pretende
justificarse en unas supuestas «razones de legitimidad democrática».
Y se dice de «legitimidad» porque de legalidad no hay ninguna. La
legalidad constitucional vigente es incompatible con la admisión de
esa soberanía catalana. Por eso, frente a la legalidad
constitucional se apela a la legitimidad democrática. Ocurre sin
embargo que esa legalidad constitucional que se pretende subvertir
está también legitimada democráticamente. La legitimidad democrática
de la Constitución proviene de las elecciones del 15 de junio de
1977, de la aprobación del proyecto constitucional por abrumadora
mayoría en ambas Cámaras (incluidos los representantes de CIU) en el
verano de 1978, del resultado del referéndum del 6 de diciembre de
1978. A mayor abundamiento, la legitimidad de las instituciones
autonómicas catalanas proviene de la Constitución española, y no de
ninguna otra fuente. Desde esta óptica, la declaración que el
Parlamento catalán se dispone a aprobar supone un intento de
destruir la verdadera fuente de su propia legitimidad democrática,
la Constitución española. Y ello para proclamar otra legitimidad
distinta pero que nunca podrá calificarse de democrática.
La declaración es un acto antidemocrático por dos razones. La
primera, porque la afirmación de una supuesta ‘soberanía catalana’
–fundamento del derecho a decidir– tiene como finalidad privarnos al
resto de los españoles de nuestro derecho a decidir no solo el
futuro de nuestro país, sino el hecho mismo de su propia existencia.
La declaración se opone al principio democrático básico según el
cual lo que a todos afecta por todos debe ser decidido. Sólo el
pueblo español, titular de la soberanía, podría democrática y
legítimamente decidir su propia fragmentación y el surgimiento, en
consecuencia, de nuevos sujetos soberanos. La segunda razón por la
que la declaración catalana es un acto radicalmente antidemocrático
es su manifiesta ilegalidad. En el marco de la democracia
constitucional, ningún acto ilegal puede ser calificado de
democrático. Como bien advirtió Montesquieu, «la libertad es el
derecho de hacer lo que las leyes permiten; y si un ciudadano
pudiera hacer lo que prohíben, ya no habría libertad, porque los
otros tendrían ese mismo poder». La declaración abre así la puerta
al despotismo. En este contexto, la declaración aparece envuelta en
una serie de apelaciones al diálogo, al respeto a la legalidad, al
derecho internacional o a las instituciones europeas que resultan
por completo incomprensibles. No cabe diálogo desde una posición
manifiestamente ilegal y antidemocrática. El derecho internacional y
europeo respaldan la integridad del Estado español y son
incompatibles con cualquier proyecto secesionista.
Esta incompatibilidad entre la declaración de soberanía y los
principios de la democracia y el Estado de derecho exige una
respuesta contundente por parte de los partidos comprometidos con la
defensa de la Constitución. La posición del PP y de Ciutadans es
bien conocida pero la del PSC es más ambigua dado que introdujo el
derecho a decidir en su programa electoral. El debate y votación
sobre esta declaración debe servir para disipar dudas y clarificar
su postura.
En cualquier caso, nos encontramos con una declaración retórica y
antidemocrática que, previsiblemente, va a ser aprobada por una
mayoría de diputados catalanes pero que no conduce a ninguna parte.
Si a su amparo se aprobase una ley que permita celebrar un
referéndum independentista, dicha ley así como la convocatoria misma
del referéndum serán impugnados de forma inmediata por el Gobierno,
y el Tribunal Constitucional –de la misma forma que hizo en su día
con el plan Ibarretxe– los anulará. El imperio de la ley prevalecerá
sobre la voluntad de Artur Mas y demás defensores de la declaración,
y de esta forma, la libertad triunfará sobre el despotismos.
Casos sospechosos y estrafalarios de una
Educación ruinosa
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 22 Enero 2013
Ruinosa y arruinada, los portavoces oficiales de la educación
española no sólo niegan su fracaso sino que presumen de éxito. Pero
basta un buen observador basta para ponerlos en evidencia.
El día de Reyes, Diario de Navarra eligió dedicar su primer
dominical del año al presidente del Consejo Escolar de Navarra. No
es extraño, porque el proyecto de LOMCE colocará el asunto en la
portada durante todo 2013 (con permiso de la corrupción y el
nacionalismo), y además porque Pedro González Felipe se ocupa del
asunto en una comunidad en la que el Ejecutivo y el Legislativo
teóricamente tienen visiones enfrentadas y siguen prevaleciendo en
la práctica los dogmas políticamente correctos de las últimas
décadas. Los dogmas que han hecho de nuestro sistema educativo… lo
que es.
Tras haber sido director de servicio y director general, Pedro
González encarna la opinión que sobre la educación tiene UPN y
muchas personas de buena fe; y es él mismo una muestra de la
apertura y flexibilidad de nuestra educación y nuestra política, en
las que ahora mismo puede perfectamente suceder que sea director de
un Instituto alguien sin un bachillerato superior, que sea
catedrático de bachillerato alguien sin licenciatura o director de
Universidades alguien sin doctorado. Un gran cambio en menos de una
generación, desde los tiempos del excelente Jesús Laguna a quien
despedimos en 2012. El Consejo Escolar y su presidente creen que hay
que otorgar más autonomía a los centros (pero habrá que ver con qué
condiciones, a qué centros y para qué, porque sobran casos de pésimo
uso de autonomías); puede opinarse, como él hace, que sería un
retroceso "caer otra vez en dos líneas separadas" de Bachillerato y
FP… pero habrá que demostrar qué virtudes (académicas, no
ideológicas) ha tenido mezclar, confundir y embarullar esos
estudios, sus tareas, sus profesores, sus centros y sus alumnos;
puede que la solución para el fracaso escolar sea… aprobar al que no
sabe y lograr así mejores porcentajes, o sea, evitar los suspensos y
repeticiones de curso al "adaptarse a la problemática de cada alumno
y flexibilizar los programas educativos". Se puede, se puede, pero
habrá que explicar con todas las letras que para lograr éxitos
estadísticos y tener contentos a ciertos grupos sociales y políticos
lo que se hace es reducir los niveles, ya que si un pelotón ha de
correr unido lo hará indefectiblemente a la velocidad del más lento
de sus miembros.
El debate es desgraciadamente ideológico, ya que ideológicas son las
bases sobre las que descansa nuestra educación desde la Transición e
ideológica ha sido en buena medida la selección y formación de gran
parte del profesorado, sin distinción de izquierdas o derechas como
se ve: la izquierda del 68 ha puesto las ideas para todos (y de todo
tiene la responsabilidad, aun de la indolencia satisfecha e
irascible de sus supuestos adversarios). El debate y las respuestas
son un diálogo entre sordos hasta que haya a la derecha, como los
hubo en su momento a la izquierda, hombres decididos a modelar un
sistema según su mejor modo de hacer las cosas, sin concesiones en
este caso a la corrección política de la progresía sesentera. Sin
embargo, en El Semanal del mismo día Arturo Pérez Reverte publicaba
una pequeña delicia que responde a la mayor parte de las cuestiones
del representante de UPN y plantea unas cuantas preguntas que serán
difíciles de responder sin un examen de conciencia institucional.
Es, efectivamente, un asunto sospechoso.
[Hablando de] "libros de texto escolares… Ignoro si todos tocan el
mismo registro, o por una siniestra casualidad cayeron en mis manos
sólo raras bazofias. El detalle es que con ellas se forman escolares
en España. No sé si muchos o demasiados, pero da igual: con los que
he visto estudian miles de niños. Todo lleva mucho dibujito, mucha
estampita, mucho colorín. Como envoltorio. Y dentro, unos textos
escritos con desgana, sin criterio. Superficiales y sin sentido.
Hasta el punto de que su atenta lectura me deja en la tecla varias
preguntas. ¿Quién los hace?, es la primera. ¿Nadie es responsable de
su contenido?... Porque, aunque figuran nombres y editoriales, este
aspecto parece más bien difuso. No queda claro si se trata de
autores con implicación directa o de comités de lectura,
supervisores apresurados de textos que redactan otros: mano de obra
barata que debe cumplir plazos urgentes, negros sin cualificación y
sin motivaciones. Porque dudo que gente solvente, seria, con
autoridad docente, sea responsable de algunas de las cosas que he
visto".
"Resulta menos evidente en matemáticas, por ejemplo. En disciplinas
donde dos y dos suman cuatro. Pero cuando se refieren a lengua,
conocimiento del medio y cosas así, el desorden y la aparente
improvisación saltan a la cara en cada página. Las ideas básicas se
pierden en detalles accesorios, lugares comunes, vaguedades
facilonas. La Historia se plantea sin cronología, con absurdos y
confusos saltos adelante y hacia atrás que nada establecen. Tampoco
hay lecturas, o muy pocas. Ni criterio. Sólo ideas simples sin
contexto intelectual, ni contrastes. Los textos se limitan a
cumplir, supongo, con programas generales; pero no ahondan en nada.
Todo es falto de rigor, sin plan último. Sin establecer qué
conocimientos debe tener un niño para entender el mundo en el que
vive. Sin estrategia para determinar qué interesa que los niños
sepan, y cómo lograr que lo sepan: sólo tácticas oportunistas que
buscan hacerlo todo fácil y asumible. Hojeando esas páginas
comprendo perfectamente por qué hay niños de trece años que conocen
los ríos de Valencia o de Extremadura y no los de España. Por qué
ignoran qué es una preposición o un adverbio, para qué sirven y cómo
deben usarse. Por qué hemos quitado a los chicos la posibilidad de
comprender, y de pensar usando lo que han comprendido".
"Nadie lo dice porque suena retrógrado; pero cualquier educador
serio lo reconoce por lo bajini: ¿cómo es posible que la ley de
Educación de 1957, pese a su paternidad franquista, siga siendo -en
el país de los ciegos, el tuerto es rey- la más seria y eficaz?
[conservando lo esencial del Bachillerato de 1938, además] ¿La que
mejor preparaba a los niños en materias generales como lengua,
historia, lectura, redacción, literatura, ciencias naturales?...
¿Cómo es posible que en todos estos años de democracia, con dos
partidos alternándose en el poder, no se haya llegado a un pacto de
Estado en materia de Educación?" [Y cómo no sorprende que algunos de
los males que ahora vemos culminar arrancasen ya de la Ley
desarrollista de 1970]
"¿Que cada intento de consenso nacional se haya abortado por la
vileza política, la cobardía moral, la foto en prensa y el
telediario? ¿Que todavía, en este país desmemoriado, absurdo y ruin,
haya tontos que sostengan, sin despeinarse, que la actual generación
es la más culta y mejor formada de nuestra historia?"
"¿Quieren saber mi conclusión, con esos libros en la mano? ¿Lo que
pienso al considerar que el conocimiento se renueva cada década,
pero nuestros textos escolares cambian de año en año?... Pues que a
ciertos editores y a quienes eligen esos libros para sus alumnos les
importa un carajo la calidad. Todo es banalidad y nada es cultura.
Para beneficio, naturalmente, de oportunistas y de golfos. De la
educación se ha hecho ideología; y de la ideología, negocio. Vivimos
un presente absurdo, sin pasado ni futuro: hemos rebajado la calidad
de la enseñanza, y cada comunidad, cada colegio, cada taifa, hace lo
que quiere. Nadie combate las faltas de ortografía, la incapacidad
expresiva. No se trabaja la lengua, la expresión, la sintaxis, la
gramática. Los padres son los primeros en protestar si se aprieta a
los chicos en eso. Nadie quiere enfrentarse, comprometerse. En la
universidad aprueban exámenes que hace veinte años habrían
suspendido en bachillerato. Y así, los chicos llegan a los quince
años sin saber nada. Y sin querer saber. Lo que lleva a una última
pregunta: los consejeros de Educación, los maestros que eligen esos
textos, los colegios, las asociaciones de padres, madres y perritos
que les ladren, ¿saben lo que hacen? ¿Tienen un método riguroso, o
también en eso, como en tantas cosas, hay cajones que no convendría
abrir, por si salen moscas?"
¿Y para qué añadir nada, si Pérez Reverte ya ha tocado casi todos
los asuntos que nadie se atreve, por miedo o convicción, a tocar? Ya
lo hablaremos en la próxima huelga, en la próxima evaluación o en el
siguiente claustro.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
La lógica de la ilógica, en la situación
económica y política
Bernardo Rabassa www.diariocritico.com 22 Enero 2013
Recientemente escribía, sobre la esquizofrenia democrática que nos
abruma, entre tanta corrupción política, que ha obligado a mi amigo
y admirado escritor Lorenzo Soriano, a enviarme la siguiente
sentencia de Fernando Herreros Hidalgo de la Universidad Complutense
de Madrid . "Cuando todo llegue a un nivel insoportable, cuando
hayan conseguido enfrentar a los españoles, cuando la única salida
parezca el conflicto, el odio, el rencor, la venganza... ellos, que
ya tienen el dinero 'ahorrado' se irán al exilio, autotildándose de
víctimas, manifestarán su añoranza de la tierra que les vio nacer y
nos dejarán en la ruina más absoluta, ¿no ocurrió esto ya antes en
nuestra Historia? Ni la Historia los juzgó, ni los juzgará; ni este
pueblo aprendió de la mejor de las escuelas porque le impidieron,
saber los males que aquejan a nuestra Patria".
Antonio Garcia Trevijano, en un coloquio ayer en TV Intereconomía,
como en sus libros, "Ante la Gran mentira" y "Teoría pura de la
Republica" defendía sabiamente, parecido razonamiento, ya que no es
posible la democracia con el sistema, que ha implantado la
constitución de 1978, basada, en el engaño puro y simple al pueblo
español, que habiendo vivido subvencionado y aborregado más de 30
años, comienza a darse cuenta ahora, de lo encanallado que le han
vuelto. La culpa, es de quien así lo ha querido, pues "la ocasión
hace al ladrón" y aunque la pirámide esté invertida, lógica ilógica,
con la cúspide por toda sustentación, es evidente que al menor
movimiento caerá del algún lado, y como está hecha de millones de
sillares sueltos, lo normal es que se desmenuce en pedazos, como si
una bomba atómica hubiera arrasado el suelo patrio. El problema de
los limítrofes Catalunya y Euzkadi, es que probablemente caigan al
mar, y nos encontremos con que a Aragón y Navarra les salgan playas.
Está claro que estamos al borde de una implosión política, como una
ciclogénesis explosiva, es decir las borrascas extratropicales
explosivas o "bombas meteorológicas" como las que nos están llegando
esta semana, y que pese a que se siga una política mediática de
remover la "basura", especialmente por el PSOE, para justificar que
están haciendo algo contra lo que ellos mismos crearon,
especialmente, en general con los sindicatos CCOO y UGT y en
particular sobre todo con las autonomías Andaluza y la catalana del
Tripartit y encima acusan al PP, de "y tú más" por el caso
"Bárcenas" que es igualmente la lógica del la ilógica, pues a los
tesoreros, hay siempre que atarles cortos, porque si te descuidas no
solo se llevan el contenido, sino hasta la propia caja de caudales,
como les enseñaron a hacer Malesa Filesa, Roldan y "Mienmano".
Incluso, el socialista Rubalcaba a punto de ser pillado en el caso
"Faisan", ahora se pone a la cabeza de la manifestación. Por cierto
que en 2006-07(Zapatero) algo huele a raro en el caso Endesa(Eon,
Acciona y Enel).
No recuerdo que hubiera rodeos en Ferraz, como los que ocurren en
Génova, desde que les enseñaron el camino el 11M, pero en fin,
parece que hay culpables en todos los estamentos de "La Casta", y
aunque cada palo debe aguantar su vela, me parece que la borrasca es
de tal categoría que van todos a naufragar. Si fuéramos una
republica sería relativamente fácil, pasaríamos de la III a la IV,
un poco de cosmética y a seguir con el rollo, los mismos perros con
distintos collares. Siendo una monarquía, solo hay una solución, se
llama abdicación
El siguiente ejemplo de la lógica de la ilógica, es considerar como
positivo "brote verde" el hecho de que la riqueza financiera neta de
las familias españolas -diferencia entre los ahorros y los préstamos
que tienen concedidos- subió un 5,5 % en el tercer trimestre de 2012
y rompió la racha negativa que había seguido durante los dos
primeros trimestres de ese año. Según los datos publicados por el
Banco de España, el aumento ha sido de 38.763 millones de euros en
el tercer trimestre respecto del anterior, aunque en términos
interanuales el ahorro financiero de las familias ha descendido en
11.356 millones de euros, equivalentes al 1,5 %. Los activos
financieros de los hogares españoles -dinero en efectivo, acciones,
depósitos y valores en renta- sumaban 1,643 billones de euros al
cierre del tercer trimestre de 2012, frente a los 1,682 billones del
año anterior. Y esto es así porque si no hay préstamos, malamente se
van a endeudar y los que tienen el dinero, lo guardan lo más liquido
posible, para verlas venir mejor.
Según Alberto Recarte: "Se están cumpliendo las precondiciones para
salir de la crisis"
El consejero de LD afirma que es una "buena noticia" que España no
haya acudido al rescate en 2012 y, si todo va bien, tampoco será
necesario en 2013, gracias a la recapitalización del sector
financiero y la reducción del déficit público cumpliendo con el
objetivo del 6,3%". Si las agencias de rating se convencen, de que
los datos de déficit son ciertos, su posición con respecto a España
cambiará y, como resultado, la prima de riesgo a mediados de 2013
será cada vez más baja. El problema ilógico, es que seguimos
teniendo prima, ya que hemos desindustrializado el país, y de ello
se queja especialmente Catalunya, ya que según Ramon Aymerich los
desastres históricos la llevaron a protagonizar un industrialización
que ahora agoniza ¿Será porque ya no hay arancel Cánovas, ni
sobreprotección franquista? y en libertad de mercado global, resulta
bastante más difícil el éxito empresarial, en tanto que Madrid más
atenta a la jugada, consigue mayor éxito, en todos los índices de
crecimiento, y hasta de calidad en I+D +i.
El aumento de la inversión extranjera, el crecimiento de las
exportaciones (Entre enero y octubre de 2012, la balanza comercial
española registró su mejor saldo desde 1972), la subida de la Bolsa
y una relajada prima de riesgo hacen pensar en la recuperación de la
economía. Según los analistas del banco estadounidense Morgan
Stanley, Suiza y España, son los dos destinos más interesantes para
invertir en Europa y también según Ana Palomo en el blog de Juan
Julio Alfaya. Es decir, que de entre lo peor, estamos pasando a lo
menos malo, incluso, parece que Francia se suma al pelotón de los
torpes pero va a ser muy difícil, hacer el milagro de resucitar a
las empresas, si no hay crédito.
Lo peor, tampoco hay empresarios, dispuestos a tener que afrontar,
ya nunca más, los concursos de acreedores, en los que se han sumido
los pasados tres años. Tendrán que ser nuevos jóvenes, que todavía
no estén "escaldados", dispuestos a ponerse calcetines de
empresario, en vez de los más cómodos "portianki" una especie de
bufanda, con la que envolvían hasta hoy los pies, los soldados del
ejército ruso, y que metida en las botas, eran envidiadas por lo
soldados alemanes, en la II Guerra mundial, se las quitaban a los
muertos, para hacer frente al frio ciclogénico ruso, con un cierto
"tufo".
Creo que los zapatos de los hasta ayer empresarios, de la España
recuperada, desde el Plan de estabilización de 1959 hasta el 2007,
no los querrán los nuevos, acostumbrados a la "pijeria" de los D&G y
Tod's.
Todo, en medio de una esquizofrenia política y económica, en que
medio país tendría que estar cuidando del otro medio. No hay tantos
psicólogos ni psiquiatras para ello.
Falta de principios
El PP y la 'corrupción ideológica'
Guillermo Dupuy Libertad Digital 22 Enero 2013
Nada más lejos de mi intención que quitar gravedad al asunto de
Bárcenas o al de cualquier otro caso de corrupción económica que
pueda afectar a miembros del PP. Sin embargo, hay otro tipo de
corrupción política, que vicia y altera no menos negativamente el
funcionamiento de la democracia, y que consiste en la falta de
honradez intelectual y en la radical deslealtad de un partido
político a su programa, a sus principios, a su ideario y, por tanto,
a sus votantes. Este tipo de corrupción, introducido en cosas no
materiales, es el que creo que caracteriza y va a seguir
caracterizando, por encima de cualquier otro, al Partido Popular
bajo la presidencia de un hombre como Mariano Rajoy Brey, a quien
creo –por otra parte– absolutamente incapaz de meterse en el
bolsillo un solo euro que legítimamente no le pertenezca.
Sin embargo, este tipo de corrupción ideológica también requiere de
deshonestidad intelectual y del constante uso de la mentira:
mentiras como la de Rajoy cuando dice, en referencia al déficit
dejado por Zapatero, que pensaba que el enfermo "estaba resfriado
cuando en realidad sufría de neumonía"; y deshonestidad como la que
supone el afrontar esa neumonía –auténtica, pero en parte generada
por el conocido y silenciado déficit de las autonomías del PP– no
con un mayor recorte del gasto público –tal y como hubiera sido
predecible con un partido liberal-conservador que se había opuesto a
las subidas de impuestos con déficits públicos aun mayores que el de
2011–, sino con un asfixiante incremento de la presión fiscal, que
está mermando nuestra posibilidad de recuperación económica sin ni
siquiera garantizarnos la debida estabilidad presupuestaria.
Esa falta de honradez intelectual, que anida en esta corrupción
ideológica, es también lo que llevó a Rajoy a pactar con Rubalcaba
la valoración del comunicado del alto el fuego definitivo de ETA, en
la que no se hizo mención de los chantajistas términos a los que se
condicionaba ese cese, se silenció la reivindicación que los
encapuchados hacían de su historial criminal y se aseguró que el
comunicado etarra no era resultado de ninguna "concesión política".
Esa misma degradación moral, política e intelectual es lo que anida
también en recientes declaraciones de miembros del PP que parecen
dar por buena y justa la sentencia del Constitucional que revocó, de
forma contraria a derecho, la sentencia de ilegalización de Bildu
dictada por el Tribunal Supremo.
Una pequeña muestra, pero muy significativa de esa corrupción
ideológica que denuncio, es la persistencia de traductores de
lenguas regionales en el Senado. Sin embargo, la degradación
ideológica en el PP va mucho más allá de las innumerables cosas que
Rajoy, con su mayoría absoluta, no ha querido derogar, pese a
haberse opuesto a su promulgación en el pasado. Alcanza incluso a su
deber de hacer cumplir la ley, como sucede clamorosamente con el
desobediente y secesionista despilfarro de los nacionalistas, ya sea
respecto de la lengua, respecto de las consultas separatistas o la
no menos vulnerada Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Esa corrupción ideológica es lo que hace, por ejemplo, que el
partido del Gobierno y FAES sean a día de hoy dos mundos distintos e
incomunicados. Es también lo que ya se atisbaba en aquel calentón de
Rajoy en que llamó a liberales y conservadores a irse a otro
partido.
No faltarán, sin embargo, quienes defiendan esta por mí denostada
corrupción ideológica como una muestra de entendible pragmatismo,
como una aproximación a la realidad sin prejuicios ideológicos, como
una encomiable muestra de elasticidad, rasgo distinto de la
inteligencia, renuente a cualquier tipo de dogmatismo. Sin embargo,
no hace falta haber leído a Berlin, a Popper o a Marías –o tal vez
sí– para saber distinguir el saludable rechazo a todo tipo de
fundamentalismo de lo que no es más que mera y nihilista carencia de
principios.
Naturalmente, todo cambio debe partir de la realidad existente, pero
nada cambiará si lo que hacemos es, simplemente, someternos a ella.
Y Rajoy, bien por falta de principios o de lecturas, bien por su
carácter y su acomodaticia pasividad a la hora de dar la batalla de
las ideas, bien por carecer de un modelo alternativo de sociedad o
bien por una suma de todo ello, sólo aspira a ser el buen gestor de
un modelo estructuralmente insostenible, como es el que le dejó en
herencia el anterior presidente del Gobierno.
La continuidad del zapaterismo, ya sin Zapatero, me parece, en
definitiva, que es la mayor y más silenciada corrupción que puede
atribuirse a este PP presidido por Mariano Rajoy.
Nueva táctica del nacionalismo vasco
Editorial www.gaceta.es 22 Enero 2013
El Rey ha recibido al nuevo presidente de la Comunidad Autónoma
Vasca, Íñigo Urkullu, en un clima de plena normalidad institucional.
El asunto no merecería más que la oportuna información que el lector
encontrará en este mismo periódico, si no fuera porque la actualidad
política española ha estado recientemente marcada por la tensión
separatista procedente de Cataluña y que sigue activa, pues mañana
mismo está previsto un Pleno del Parlamento autónomo catalán en el
que se supone que será sometido a votación un texto reclamando el
inconstitucional “derecho a decidir”. En los últimos recientes
encuentros de Urkullu con los periodistas se le ha preguntado, sin
duda al rebufo de lo que ocurre en Cataluña, por la cuestión de una
posible reclamación de soberanía política, a lo que el nuevo
lehendakari ha contestado poniendo de manifiesto las diferencias
entre Cataluña y el País Vasco, es decir, desmarcándose del caso
catalán.
Esta actitud del hasta ahora presidente del PNV viene a poner cierto
bálsamo en la atmósfera política agitada por las incesantes
provocaciones de Artur Mas y su mentor Oriol Junqueras. Pero nos
equivocaríamos si pensáramos que el nacionalismo vasco ha renunciado
tanto a su inveterada pulsión independentista como a su ambición
anexionista de Navarra. Muy al contrario, el nacionalismo vasco
sigue con su reclamación de Navarra como cuando colocó en uno de los
cuarteles del escudo vasco las cadenas del viejo Reino, que después
tuvo que retirar tras una sentencia del Tribunal Constitucional;
pero no modificó el escudo, sino que dejó el cuartel vacío, en una
muda, pero elocuente, reclamación permanente de la anexión.
A pesar de que el independentismo vasco se ha visto reforzado en las
últimas elecciones autonómicas, lo cierto es que no corren muy
buenos tiempos para el PNV, porque la legalización de Bildu ha
marcado el final de la táctica señalada en su día por Xabier
Arzalluz: la ETA agitaba el árbol, y el PNV recogía las nueces. Hoy
la ETA, ya en las instituciones, se apresta a disputar al PNV la
cosecha. Tal vez Urkullu, consciente de que en esta nueva situación
su partido corre el riesgo de verse fagocitado por el brazo político
de los terroristas, aspira ahora a recolectar las nueces del árbol
separatista que sacuden los nacionalistas catalanes, lo que
explicaría su posición a la vez próxima y distante, de modo
semejante (mutatis mutandis) a lo que ocurría en relación con la
ETA: mostrar identidad en los fines, pero discrepancia en los
medios.
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