AGLI Recortes de Prensa   Martes 29  Enero 2013

El Estado depredador
EDITORIAL Libertad Digital 29 Enero 2013

Pese a las muy justificadas suspicacias que su mera existencia despierta en muchos liberales, un Estado puede tener sentido como forma de proveer determinados servicios a sus ciudadanos. Para ello, como es lógico, ha de recaudar ciertos impuestos, pero este intercambio podría, o al menos debería, ser de tal forma que los individuos que pagaran esos impuestos obtuvieran una rentabilidad razonable.

Si, por el contrario, la maquinaria estatal no está pensada para proveer tales servicios, sino como un inmenso mecanismo que se justifique por sí mismo, nos encontramos con que son los ciudadanos los que trabajan para el Estado, y no a la inversa. En las peores circunstancias, ese trabajo se convierte en una carga absolutamente injustificada que ni los contribuyentes ni el conjunto de la sociedad pueden soportar.

Una carga especialmente gravosa para la economía del país en cuestión, tanto por lo que supone de desvío de recursos a ámbitos menos productivos como por su capacidad de desincentivar la propia actividad económica: el empresario, el autónomo y el trabajador por cuenta ajena se sienten mucho menos estimulados a producir si saben que una parte completamente desproporcionada de su esfuerzo va directamente a mantener una maquinaria inmensa que de lo último de lo que se preocupa es de sus necesidades.

Esta es, exactamente, la situación en la que nos encontramos en España: mantener no una sino 18 maquinarias estatales desproporcionadas cuyo fin último es la autoperpetuación está llevando a la economía, la general y la particular de casi cada uno de los españoles, a una situación de auténtico estrangulamiento.

El caso de los autónomos y el IVA que, mes tras mes, adelantan al Estado es paradigmático: como revelaba este mismo lunes en esRadio la vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, sólo en enero financiarán a las distintas Administraciones con 250 millones por facturas que todavía no han cobrado. El círculo perfecto de ignominia se cierra cuando consideramos que buena parte de esas facturas deberían haberlas abonado... las propias Administraciones, que incumplen de manera sistemática los plazos marcados por la Ley de Morosidad.

Por supuesto, aunque el caso de estos profesionales sea especialmente sangrante, por sus dificultades para afrontar problemas de financiación, la voracidad y la morosidad de las Administraciones perjudican a empresas de todo tipo y, en último término, a los trabajadores que éstas tienen en nómina.

En definitiva, el caso del IVA y de la morosidad de las Administraciones Públicas es la prueba del nueve de cómo hoy en día el Estado no es, en España, una eficaz herramienta para proveer servicios a los ciudadanos, sino una gigantesca estructura cuya meta principal es su propio mantenimiento.

Es éste un problema que no se arregla con parches de 50 euros, pero el Gobierno de Rajoy parece no tener intención alguna de abordarlo, pese a que este Estado depredador es, sin duda alguna, el principal freno para que España salga de una vez de esta larga y dura crisis.

La doblez de nuestros dirigentes políticos
Pablo Sebastián www.republica.com 29 Enero 2013

El primer problema de España es la corrupción que inunda las instituciones y los primeros partidos políticos del país. El segundo tiene que ver con la cohesión nacional de España, porque sin la solución previa de ambos problemas resulta imposible crear la confianza necesaria en nuestro país y una zona de estabilidad para las inversiones, el crecimiento, el crédito y el empleo. Y entre el primer y el segundo problema están dos cuestiones cruciales en la vida pública como son la mentira y no asumir responsabilidades políticas por los errores, los abusos o las corrupciones. Sobre las causas de todo ello ya hemos escrito numerosos artículos y están, esencialmente, en la ausencia de una democracia plena, de una separación de poderes del Estado que garantice los controles del poder Ejecutivo y del resto de administradores públicos, y en la necesidad de una nueva ley electoral con sistema mayoritario para la elección directa de nuestros representantes en las Cortes, así como los alcaldes y el propio jefe del Ejecutivo.

Pero a todo ello hay que añadir la doblez o la capacidad de gran manipulación de la realidad y de la verdad de la que hacen gala al día de hoy los primeros dirigentes políticos del país. Por ejemplo, aparece el líder del PSOE, Rubalcaba, en TVE y le preguntan por el gerente de su partido, Xoán Cornide, el que ha firmado en el nombre de la Fundación Ideas del PSOE -la que recibe dinero público- un acuerdo demencial con la misteriosa Amy Martin, que no existe y que luego resultó ser la esposa del que era director de la fundación, ahora llamado “el golfo”. Y Rubalcaba calla y se escapa de la entrevistadora incapaz diciendo que eso “formaba parte del timo”, como diciendo que al pobrecillo gerente le han tomado el pelo y que por eso ni lo cesan ni se va como tampoco se va Jesús Caldera de la fundación.

En el PP lo mismo pasa con Bárcenas, a quien nadie osa llamar “el golfo”, por la cuenta que les trae a todos, y se inventan una de esas comisiones de investigación que no investigan nada sino que se dedican a tapar lo que todo el mundo sabe: financiación ilegal y los presuntos sobres con dinero negro de origen desconocido para el pago de sobresueldos. Y Cospedal añade aquello de “que cada palo que aguante su vela”, como diciendo “yo no he sido, los demás allá ellos”, y entre los demás está Rajoy, que conocía muy bien al gerente Bárcenas hasta nombrarlo tesorero del PP.

Bueno, la desfachatez de Artur Mas con el caso Palau que tiene embargada la sede de Convergencia por corrupción, y la del no menos famoso Duran i Lleida, cuyo partido Unió acaba de ser condenado por corrupción, mientras él no dimite como había prometido, completan el escenario de la doblez y el descaro al que podemos ponerle la guinda de los indultos de este Gobierno a dos políticos de Unió y a otro del PP condenados por corrupción.

Y luego dice Rajoy que no se puede generalizar, cuando sabemos que además de los partidos están tocadas las instituciones, hasta la Casa Real, con este “duque empalmado” de Urdangarin que tuvo la desfachatez, la primera vez que acudió al juzgado de Palma a declarar, de decir que iba a defender “su honor y su inocencia”.

Más doblez, sobre la cohesión nacional. El cúmulo de mentiras históricas y actuales de Mas sobre “el España nos roba” de la Diada, la balanza fiscal, la Historia de Cataluña, Europa, etc., es inagotable y no pasa nada. Pero no menos doblez está en la muy reciente declaración de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando el pasado viernes declaró que la abogacía del Estado estudiará la declaración de soberanía que acaba de aprobar el parlamento catalán, por si estuviera fuera de la legalidad. ¡Pues claro que lo está! Porque emana del actual gobierno de la Generalitat, que utiliza fondos públicos para poner en marcha la independencia, el referéndum ilegal y organismos propios de un Estado, lo que de entrada, además de actuar en franca rebeldía, constituye una malversación de fondos públicos ¿Qué hay pues que estudiar?

Pues el presidente del Gobierno, Rajoy, todo lo que ha dicho al respecto es que esa declaración “no sirve para nada” y que en su momento -se entiende que si se convoca el referéndum- él piensa aplicar la ley. La que debería de estar aplicando de la manera más implacable y enviando al fiscal general y cortando cualquier tipo de financiación al gobierno rebelde de la Generalitat. Pero eso es pedirle mucho a Rajoy, quien prefiere quedarse en terreno de la doblez, del juego de palabras y de todo lo demás, a la espera de que el tiempo lo arregle todo, o que los problemas se arreglen por sí mismos, o que se pudra en el tiempo la investigación interna del PP, mientras el PSOE, que ya no es un partido nacional por su ruptura con el PSC, nos propone, desde su doblez, un pacto contra el paro de alcance nacional. A lo que la inefable ministra Báñez responde con su última ocurrencia: “tarifa plana de 50 euros para jóvenes emprendedores”. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza, y todos estos políticos siguen tan campantes donde están porque la inmensa mayoría de ellos no sabe hacer otra cosa, y así nos va.

Paganinis en la España del fraude, una especie en vías de extinción
Miguel Ángel González www.elsemanaldigital.com 29 Enero 2013

Con atajar el fraude no solucionamos la totalidad de nuestros problemas, pero aflorando una buena parte de ingresos no declarados se resolvería el problema del déficit público.

Como diría Woody Allen: "Me gustaría tener algún mensaje positivo que darles. Pero no lo tengo. ¿Aceptarían a cambio dos mensajes negativos?".

Es seguro que, si nos esforzamos, sacamos noticias positivas; además es necesario hacerlo, porque contribuyen a la generación de confianza, que es una de las bases sobre las que se ha de afianzar la salida de esta crisis.

Pero esta pasada semana hemos conocido los datos de la Encuesta de Población Activa. No voy a incidir mucho sobre ellos, porque ya son muy conocidos, especialmente el triste número del total de parados. Exclusivamente me voy a centrar en un par de cifras; redondeando: sobre 46 millones de personas, que es la población española, tan sólo 17 millones están ocupados, y de ellos 3 millones lo están en el sector público. Es decir que con el trabajo de 14 millones del sector privado hay que afrontar el gasto de 47 millones. Dicho de otra manera y simplificando, porque soy consciente de que hay muchos matices: el 30 por ciento de la población mantiene al otro 70%, entendiendo por mantener el hacerse cargo del gasto, ya que los que trabajan en el sector público -muchos o pocos, necesarios o no, es otro debate- también trabajan, pero son gasto.

Había dicho que les iba a dar dos mensajes negativos. El segundo es otro dato que hemos conocido también esta pasada semana: "Los ingresos totales de impuestos sobre P.I.B en España son diez puntos porcentuales menores que la media de la zona euro". Para entender mejor la trascendencia: recaudamos 10 puntos menos que Portugal y 6 puntos menos que Grecia, ambas economías intervenidas.

Ahora hagamos una mezcla de ambos datos; cóctel explosivo: los dos componentes de la mezcla lo son por sí mismos. El caso es que nos puede servir para incidir sobre algunos de los diagnósticos sobre nuestra situación económica y, como consecuencia, nos dice por dónde deben ir las medidas para superar nuestros desequilibrios.

El discurso, ya comentado en otras ocasiones en este blog, sobre subir los impuestos en los tramos altos de los que ya pagan, bla, bla, bla…, no se sostiene, como no se sostendría el afirmar que el paro se arregla diciendo a los 17 millones de ocupados que trabajen más. Es fácil de entender que se debe actuar sobre la base.

La carga impositiva, la presión fiscal, en España es de las más altas de Europa y del mundo. ¿Dónde está el problema y, por tanto, la vía para solucionarlo? Parte del problema, obviamente, está en el alto nivel de desempleo, pero no es lo único, ni mucho menos, que justifica cifras tan catastróficas. Desde luego hay un recorrido importante de recaudación en el impuesto sobre sociedades y sus exenciones y bonificaciones, en la elusión de impuestos de muchas grandes empresas multinacionales y en la persecución de figuras societarias que ocultan ingresos reales.

Pero no es suficiente: hay que ir de una forma decidida hacia la gran bolsa de fraude y para ello se precisan muchos más inspectores y mejores sistemas informáticos capaces de cruzar datos de cobros y pagos. Y también se precisa una labor de concienciación que conjugue la facilidad para declarar con la imposición de sanciones ejemplarizantes. O sea "palo y zanahoria". Cuando alguien te dice la famosa frase de "con IVA o sin IVA", en la mayor parte de los casos se pide sin IVA, porque no hay ningún estímulo a hacerlo de otra manera, salvo un principio ético, que no todos cumplen.

Además el pagador tiene claro que en la mayor parte de las ocasiones el profesional que le factura, si le dices que con IVA lo único que consigues es un incremento del precio del 21%, porque no lo va a declarar. No hay cruce de información ni estímulo para que lo haya. Se pierde el IVA, pero también se dejan de ingresar los impuestos por renta o sociedades que corresponderían a quien factura. Ni te cuento ya si, además, el que te factura está cobrando algún subsidio, que los hay y no pocos.

En cuanto al desempleo. En multitud de foros se oye aquello de "si de verdad hubiera seis millones de parados estarían ardiendo las calles". Las calles arden de vez en cuando y no precisamente, en la mayor parte de las ocasiones, por los parados. Es cierto que las familias están contribuyendo de forma decisiva a mantener situaciones dramáticas. Pero también es cierto que tras esas cifras hay, nuevamente, una gran bolsa de fraude.

El fraude en el desempleo tiene dos vertientes respecto a las cuentas públicas: por una parte no se producen los ingresos, vía impuestos, de las actividades no declaradas y, por otra, mucha gente que realiza estas actividades, como comentaba antes, además es perceptor de prestaciones. Nuevamente, como en el caso de los ingresos, se impone una política de estímulo y de sanciones, cosas simples, que se entiendan, del tipo "ya sé que la persona que va a limpiar a tu casa sólo va tres horas a la semana; te voy a facilitar que la des de alta, no es muy costoso ni en dinero ni en trámites, y si no lo haces tienes una multa de X veces el salario mínimo". La mayoría de la gente entiende mensajes de este tipo. ¿Alguien duda de que la velocidad en carretera ha bajado de manera notoria a raíz de la severidad de las sanciones impuestas? O quizás nos hemos vuelto todos mucho más responsables, así de repente.

Es evidente que con atajar el fraude no solucionamos la totalidad de nuestros problemas, pero si entendemos que nuestro principal quebradero de cabeza, origen de todos los recortes, es el déficit público, y que el mismo se solucionaría aflorando una buena parte de ingresos no declarados, creo que merece la pena tomárselo muy en serio. Y no es solo una cuestión de normas o de leyes, pues muchas de ellas ya existen, es una cuestión de publicitarlas y de aplicarlas: un poco de "marketing" no vendría mal.

Muchos españoles que vuelven de visitar algunos países del centro y norte de Europa vienen admirados por lo limpios, lo cumplidores, lo estrictos que son. Pero allí, dicen, lo que no está prohibido está no permitido. "Aquí somos mucho más libres y vivimos mejor". Será verdad, aunque, si volvemos a los datos antes comentados, no estoy seguro de que ni los que buscan desesperadamente empleo ni los "paganinis", que mantienen todo este cotarro, estén de acuerdo con esta afirmación.

IVA
Mordida desinteresada
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 29 Enero 2013

La tesorería es cara, sobre todo para quien no la tiene y la necesita. El Estado español, por ejemplo, realiza recurrentemente emisiones de deuda por las que paga elevados intereses, incluso cuando tal deuda es a muy corto plazo. No es inhabitual, de hecho, oír quejas de nuestros gobernantes a propósito de los asfixiantes intereses que han de abonar por unos pasivos que, en el fondo, no son más que el reflejo de su obsesión ególatra por gastar el dinero de los contribuyentes presentes y futuros. Lamentos que, empero, no terminan por convertirse en un atisbo de empatía hacia el resto de la población; acaso por aquello de que la política es la profesión con un mayor número de psicópatas per cápita y sabido es que los psicópatas son personas con nula empatía.

Al cabo, con lo que nos encontramos es que, pese a las reiteradas promesas de este Gobierno de que los autónomos no tendrían que pagar IVA por las facturas no cobradas, la mala práctica sigue funcionando como un cómodo y gratuito mecanismo de financiación de nuestras manirrotas administraciones. No sólo desangran fiscalmente a familias y empresas, sino que incluso las exprimen con carácter preventivo: antes de que hayan recibido la transfusión de sangre, ya les están reclamando la vampírica mordida. Tal vez piensen que a los autónomos y a las empresas les sale la tesorería por las orejas y que son incapaces de darle otro mejor uso a la misma que el de nutrir las arcas de Hacienda para, por ejemplo, atender sin demora las nóminas de los 600 asesores monclovitas.

Pero no, lo cierto es que muchos empresarios llevan años contra las cuerdas, sobreviviendo en un entorno tributario y regulatorio abiertamente hostil, y sus cajas se hallan consiguientemente exhaustas. No serán pocos quienes se vean forzados a solicitar un préstamo bancario y a pagar intereses para entregar un IVA que todavía no les ha sido entregado; sí, un préstamo como el que debería solicitar el Gobierno para seguir financiando su infladísima estructura de gastos en caso de no poder arrebatarles prematuramente sus fondos a autónomos y empresarios. Damos por sentado que la colocación de deuda debe efectuarse a interés (y debe, claro), pero tendemos a olvidarnos con extremada ligereza que los cobros adelantados, por idénticos motivos, también deberían abonar tales intereses: por ejemplo, rebajando la factura fiscal por pronto pago (o permitiendo como alternativa el retraso de su pago al momento del cobro). ¿O acaso Hacienda no es ávida en cobrar intereses de demora cuando cualquier ciudadano se retrasa en pasar por caja? ¿Por qué Hacienda considera gravosísimo que no se le pague a tiempo pero reputa un mal menor que los empresarios se vean forzados a pagar mucho antes de haber cobrado?

Veremos si, al final, el Ejecutivo excepcionalmente cumple con su palabra y modifica esta disparatada legislación, pero no olvidemos que, al final, esta disparatada legislación sólo es una de las numerosas groseras exteriorizaciones de un problema mucho más general dentro de un Occidente cada vez más socialdemócrata: la subordinación de los sanos intereses privados a los espurios tejemanejes estatales. La manera de promover el espíritu de empresa no pasa ni por tarifas planas, ni por cosméticas deducciones, ni siquiera por aplazar unos meses las deudas con el Estado: la forma de promover la empresa es tan sencilla como no convertir una sociedad en un infierno fiscal y regulatorio. Si los tributos fueran cuasi imperceptibles, abonarlos por adelantado no pasaría de ser una incomodidad menor; si hoy muchos autónomos y empresarios se sienten ahogados por su pronto pago, es porque nuestro mastodóntico Estado nos arrebata una gigantesca porción de nuestra renta. Ésa es la verdadera cuestión de fondo a resolver y que, por supuesto, ni los socialistas de izquierdas ni los de derechas resolverán jamás.

España
Al borde del abismo de la pobreza
Emilio J. González Libertad Digital 29 Enero 2013

En el transcurso de esta crisis la economía española, por desgracia, está batiendo muchos récords. Los últimos son el de número total de desempleados y el de tasa de paro, que ya supera el 26%. Este porcentaje se encuentra ligeramente por encima de los máximos alcanzados en la crisis de la década de los 80 y en la de 1992-93. La situación, sin embargo, ahora es mucho más grave que entonces y nos coloca al borde del abismo de la pobreza.

Dejando aparte el hecho de que ahora no podemos devaluar la moneda para salir de la crisis, lo primero a tener en cuenta es que no tenemos fondos europeos que nos ayuden a amortiguar el impacto socio-laboral de la misma y coadyuven a generar puestos de trabajo. En la crisis de los 80 España recibió mucho dinero de la Unión Europea en forma de ayudas de adaptación de la estructura económica a las exigencias de la pertenencia al mercado común, que amortiguaron en buena medida el impacto negativo sobre el empleo que tuvieron las varias reconversiones industriales, así como la del sector agrícola, que hubo que llevar a cabo. En la de 1992-93 también se recibió mucho dinero para la modernización de las infraestructuras, lo cual, al aportar en promedio un punto al crecimiento anual del PIB, contribuyó a crear muchos puestos de trabajo. Ahora, sin embargo, no vamos a contar con este tipo de ayuda porque hemos pasado a ser contribuyentes netos a las arcas de la UE y porque incluso tenemos ya un exceso de infraestructuras. En consecuencia, en esta crisis no vamos a poder contar con el concurso de los fondos europeos para recuperar los niveles de empleo, como pudimos hacer en el pasado.

De la misma forma, mientras en las crisis anteriores hubo expectativas de entrada de grandes flujos de capital internacional, expectativas que se vieron más que satisfechas, esas expectativas ahora no existen. Para superar la crisis de los 80 resultó de gran ayuda la instalación en nuestro territorio de muchas multinacionales que querían aprovechar nuestras ventajas en términos de costes laborales para competir en el mercado comunitario. En la década de los 90, la confianza que infundió a la economía española el saneamiento que llevó a cabo el Gobierno de José María Aznar para que fuéramos socios fundadores del euro se tradujo en nuevas inversiones que impulsaron el empleo. Ahora, sin embargo, no hay razón alguna para que vuelvan a repetirse estas entradas de capitales tan beneficiosas, sobre todo teniendo en cuenta que tienen destinos alternativos tanto o más atractivos que España en las denominadas economías emergentes. Dicho de otra manera, vamos a tener que apañárnoslas nosotros solitos para poder volver a crear puestos de trabajo, lo que pasa necesariamente por acabar con la cultura de la protección y del empleo de por vida y por favorecer la aparición de vocaciones empresariales.

Por último, tenemos él más que abultado déficit público. En la crisis de los 80, lo mismo que en la de los 90, el desequilibrio de las cuentas públicas llegó a alcanzar un máximo en el entorno del 6,5% del PIB. En esta, como es bien sabido, hemos superado el 11% en 2009, hemos registrado un 9,3% en 2010, bajamos ligeramente al 8,9% en 2011 y en 2012 muy probablemente hemos vuelto a superar el 8%. Esta diferencia es consecuencia, en gran medida, de la tremenda expansión que ha registrado el sector público, en particular las comunidades autónomas, a lo largo de los quince últimos años. En las crisis anteriores bastaba con congelar inversiones, recortar algunos gastos y subir un poco los impuestos para resolver el problema; en esta tenemos, necesariamente, que forzar el adelgazamiento de lo público, entre otras cosas prescindiendo de entre un millón y un millón y medio de empleados públicos que, por otra parte, no necesitamos para nada, lo cual es necesario para reducir el déficit y poder bajar impuestos, pero también supone engrosar todavía más las ya de por sí numerosas legiones de parados.

De todo esto se deriva la gravedad del problema de desempleo que tenemos en nuestro país. El problema es que nuestros políticos no quieren darse por enterados de cómo están las cosas y piensan que si la economía vuelve a crecer, todo se va a resolver por sí mismo. Nada más lejos de la realidad. Aquí no hay más que dos opciones: o se agarra el toro por los cuernos de una vez y se hace lo que se tiene que hacer, empezando por cerrar las autonomías, o tenemos que empezar a prepararnos para ser pobres, muy pobres, porque todo esto pasa y está pasando, no lo olvidemos, con unas familias muy endeudadas que están perdiendo sus viviendas y con un sistema de pensiones que ya ha entrado en déficit y va abocado, de forma irremisible, a la quiebra.

En la variedad, ¿está el gusto?
Primo González www.republica.com 29 Enero 2013

La pretensión del Gobierno de simplificar la normativa técnica y los requisitos que se les exigen a las empresas en diversos ámbitos geográficos, por lo general autonómicos, parece una idea repleta de sentido común. Naturalmente, algunas Autonomías, que se empeñan en verlo todo a través del prisma identitario, aquellas en las que el sentimiento nacionalista está más desarrollado, han empezado a valorar la nueva ley que intenta aprobar el Gobierno como un nuevo ataque centralista, una nueva forma de anular las diferencias y la variedad, aunque en este asunto es poco probable que sea vigente aquello de que “en la variedad está el gusto”.

Se puede valorar la oportunidad de la iniciativa gubernamental señalando que como Rajoy apenas tiene problemas, a veces da la impresión de que se escarbas el cerebro para crear alguno nuevo, para abrir frentes en donde había paz. Pero la diversidad de normas que afectan a la actividad económica, al etiquetado y presentación de productos, a las normas que suelen regularse desde los departamentos de sanidad o de defensa del consumidor o de regulaciones alimentarias y de otros muchos tipos, ha llegado en el caso español a convertirse en un auténtico abuso, que acaba por complicarle la vida a aquellos a los que pretendía defender.

Hay empresarios extranjeros que llegan a España y al poco tiempo desembarcan en una realidad bien distinta a la que viven en otros países o en otras zonas del planeta. Resulta que hay más barreras invisibles y las normativas diferenciales dentro de España que en países como Estados Unidos o la misma Unión Europea. En la UE se han desarrollado desde hace años numerosas iniciativas que tienden a simplificar la presentación y el contenido de muchos bienes e incluso servicios que circulan por los mercados interiores, un proceso de homogeneización que se justifica no sólo desde el punto de vista de la comodidad de usuarios y fabricantes sino desde la óptica puramente económica. Presentar la misma cosa con 17 formatos diferentes según la zona de España en la que se comercialice es un auténtico multiplicador de gastos. Además, genera en las Autonomías unos mecanismos de supervisión y vigilancia que naturalmente cuestan dinero y contribuyen a engordar ese problema del que últimamente estamos tan preocupados, el exceso del gasto público y, a la postre, el exceso de impuestos que se reclaman a los ciudadanos para mantener unas Administraciones sumamente caras y que lo hacen todo bastante más engorroso.

Es difícil averiguar de antemano hasta donde va a llegar la Administración Central a la hora de homogeneizar este prolijo reino de taifas, en donde cada Comunidad Autónoma ha querido fabricar un Estado al que no le falte de nada. De momento empieza a tener de uñas a los jefes de los 17 reinos de taifas existentes y es de suponer que el movimiento opositor se extienda como una mancha de aceite, ya que nadie querrá quedarse atrás en esta batalla en pos de la diversidad y en contra del dictado del Estado central. Cabe temer incluso que, en el empeño por simplificar las cosas, al Gobierno le salga el tiro por la culata y algunas Autonomías refuercen su arsenal normativo para demostrar que ni están vacías de competencias ni se las puede sustituir o reemplazar a la hora de legislar y normativizar el acto más insignificante de la vida comercial y económica.

Es muy dudoso que este intento de normalización del espacio económico sea en realidad, como pretenden algunos, un intento de invadir competencias o de anular personalidades. En la vida económica hay amplios espacios para avanzar en la homogeneización en pos de la comodidad y de unos costes más ajustados, cuestione que son muy de agradecer cuando uno se adapta a las necesidades reales de los ciudadanos y hasta de los fabricantes que participan en el proceso económico, cuyas aspiraciones y necesidades también deberían ser tenidas en cuenta. En este asunto, corremos una vez más el riesgo, como país, de dar pasos en la dirección contraria a la que están recorriendo nuestros socios de la UE. Ser un país singular ya es una apuesta arriesgada pero tener 17 países en el mismo espacio puede llegar a ser, en esta cuestión, un auténtico suicidio.

El desafío secesionista
Las excusas de una España dormida
Guillermo Dupuy Libertad Digital 29 Enero 2013

Una vez que el Gobierno del PP ha dejado, por fin, de encubrir el incumplimiento catalán de los objetivos del déficit –incumplimiento del que el Gobierno de Artur Mas tanto se ha estado jactando públicamente–, queda por saber cuál va a ser la excusa oficial de Rajoy para dejar en papel mojado las medidas de intervención contempladas en su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Supongo que la excusa del PP pasará a ser la de un incumplimiento generalizado por parte de las autonomías, al que bien se podría sumar el de la propia Administración Central. A la espera de confirmarse la excusa oficial para no hacer cumplir la ley tampoco en este asunto, ya podemos analizar, sin embargo, las razones que ha dado el Gobierno del PP para seguir justificando su persistente pasividad ante el aun más grave desafío secesionista.

La excusa no es otra que el hecho de que la declaración aprobada en el Parlamento autonómico, que proclama al pueblo catalán "sujeto político y jurídico" y que reitera la determinación de convocar una consulta soberanista, carece de efectos jurídicos, por lo que no sería necesario recurrirla ante los tribunales ni proceder contra un ilícito que todavía no se ha producido, como es la convocatoria firme o celebración de esa ilegal consulta secesionista.

Mucho se podría alegar contra esta peculiar forma de entender las cosas, según la cual tampoco se tendría que proceder judicialmente contra el ladrón, puesto que la ley no reconoce efectos jurídicos a la transmisión de propiedad mediante el robo. Sin embargo, lo pertinente en estos momentos no es tanto reprochar al Gobierno de Rajoy que no recurra esa proclama soberanista como que todavía siga sin advertir a Mas de las consecuencias penales que tendría la celebración de la consulta de marras. Y es que el hecho de que el delito todavía no se haya producido no es impedimento sino la mejor razón para lanzar un dilusivo aviso a navegantes.

¿De cuándo acá el cacareado "momento procesal" es excusa para no advertir públicamente del delito y de la pena a las que se enfrentarían quienes celebrasen esa ilegal consulta secesionista? La disuasión del delito ha de ser, por definición, previa a la comisión del mismo. Lo que ocurre es que nos negamos a aceptar, tal y como ya advertí en noviembre, que Rajoy "no va a hacer nada más que dejar sin efecto jurídico el resultado de ese delictivo referéndum, pero preservando la impunidad de sus convocantes".

Los poco despiertos analistas que persisten en excusar la pasividad del Gobierno con la bobada de que todavía "no es el momento procesal" verán que tampoco lo será una vez que el presidente catalán haya convocado y hasta celebrado la ilegal consulta de marras. Sencillamente, quieren creer que el problema es sólo catalán. Pero el problema está esencialmente en Madrid. Y lo está más en Moncloa que en Zarzuela.

Democracia contra ley
JESÚS LAÍNZ.  EL DIARIO MONTAÑÉS  29 Enero 2013

El parlamento catalán ha proclamado por gran mayoría que «Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Como se ha repetido mil veces, tal pretensión es ilegal por incumplir radicalmente los dos primeros artículos de la Constitución de la que nace la propia legitimidad de la comunidad autónoma catalana.

Muchos políticos y opinadores recuerdan que se trata de una declaración jurídicamente inútil. Es cierto, pero lo que no acaban de comprender los que confunden política con ley es la enorme utilidad política de la maniobra.

Por un lado, hacia el interior, pues permite agitar una vez más el rentabilísimo victimismo: «¡Ved de nuevo, catalanes, cómo nos oprime España negándonos el derecho a decidir!». Y por otro, hacia el exterior: «¡Ved, gobiernos y pueblos del mundo, cómo sigue oprimiéndonos la eternamente dictatorial España, que no reconoce nuestro derecho de autodeterminación, al contrario que el Reino Unido con Escocia!»

Lo que nuestros adoradores de la ley no comprenden es que todas las normas jurídicas de este mundo fueron hechas para ser modificadas y derogadas, y cuando las constituciones no permiten hacer cambios, se cambian las constituciones. Así ha sido desde Adán. Que nadie crea que los separatistas catalanes son unos incautos o unos incapaces. Todo lo contrario: saben muy bien lo que quieren y lo que hacen. Los dos Orioles, Pujol y Junqueras, lo han dejado muy claro: ésta no ha sido una declaración a favor de la independencia, sino de la democracia. El debate, dicen, está entre los que reconocen el derecho democrático a decidir y los que no. ¿Algún hereje se atreve, en esta época de la Diosa Urna, a quitarles la razón? Antes o después, contra la mitad más una de las papeletas, aunque consagre el mayor de los disparates o la peor de las injusticias, no hay quien rechiste ni argumento que sirva ni ley que prevalezca.

El pacto es otro
MANUEL MARTÍN FERRAND ABC  29 Enero 2013

Lo que se necesita es un pacto capaz de fortalecer la Constitución con cuantas reformas puedan convertirnos en una realidad representativa

MIENTRAS, en obsceno espectáculo público, los aires de la corrupción -la unos y otros- oscurecen el paisaje político nacional, la miseria colectiva crece y la esperanza popular disminuye. Es una triste ecuación que exige decisiones más drásticas que las que, con cuentagotas, nos va administrando un Gobierno indeciso, más dado al disimulo que a la transparencia y en el que (S.E. ú O.) el titular más endeble y contradictorio, el que trasluce mayor ignorancia sobre la materia que corresponde a su cartera es, precisamente, la ministra de Empleo, antes Trabajo. Cuando el paro sobrepasa la condición de drama social para ser una amenaza contra el orden social y la supervivencia de una democracia -perdón, partitocracia- con la que se sustenta un Estado que tiene en discusión su definición territorial y una Nación desmembrada y descompuesta en la que, por un mal gesto constitucional, cada problema tiende a multiplicarse por diecisiete, es cuando se requieren los titanes de la política, lo mejor de cada casa, y la firme decisión de -cueste lo que cueste- solucionar el problema principal, el que sofoca la mayoría ciudadana.

En ese orden de consideraciones, ante la gravedad de la situación, sería de celebrar la reaparición del ausente Alfredo Pérez Rubalcaba que le ofrece a Mariano Rajoy un pacto por el empleo. Es un manojo lleno de tópicos juntados en una melopea de Derecho Administrativo y ordenanzas laborales. Aún así, en la consideración de la pobreza imaginativa de nuestros líderes partitocráticos, sería de agradecer por el Gobierno; pero, ¿a quién representa Rubalcaba? En Cataluña, a pesar de la buena voluntad de Pere Navarro, el PSC ha puesto en evidencia con sus cinco diputados díscolos y más adictos al separatismo que a la condición española a un PSOE que, en cada una de sus federaciones, vive un vodevil de difícil recomposición y que, desde Andalucía a Madrid, es la encarnación de un esperpento. Rubalcaba muestra sensibilidad, pero carece de fuerza y eso, en política, es no tener fe de vida.

España atraviesa un mal momento que no se limita al problema del paro. Va más allá. Las instituciones, de arriba abajo, están desprestigiadas por la corrupción y sus defectos de diseño. El sistema no es representativo y el Parlamento no es el escenario principal del debate. Lo que se necesita es un pacto capaz de fortalecer la Constitución con cuantas reformas puedan convertirnos en una realidad representativa, parlamentaria y a la que la separación de los poderes del Estado, hoy amancebados, y sus consecuentes órganos de control sean la medicina capaz de erradicar la corrupción y la impericia que ya llega a todas partes. Hasta se ha venido abajo la cúpula cobertora de la Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu Santo.

Crisis institucional y reforma constitucional
El referéndum sobre la Constitución debe ser en 2015, junto con las elecciones
Javier Tajadura Tejada. El País  29 Enero 2013

La reforma de la Constitución es la asignatura pendiente de la democracia española. A diferencia del resto de constituciones de nuestro entorno, que han ido adaptándose —mediante un gran número de reformas— a las nuevas circunstancias políticas y económicas surgidas en las últimas décadas, y de forma singular al proceso de integración europea, la Constitución española solo ha sido objeto de dos reformas puntuales (los artículos 13 y 135). El último intento serio de afrontar el problema se produjo cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció en su discurso de investidura de 2004 su propósito de abordar cuatro reformas (la inclusión de las comunidades autónomas, el Senado, la inclusión de la Unión Europea y la sucesión a la Corona). Esa iniciativa presidencial condujo a la elaboración por parte del Consejo de Estado, presidido por el profesor Rubio Llorente, de un extenso, riguroso y bien fundamentado Informe sobre la Reforma Constitucional que, lamentablemente, pronto cayó en el olvido.

En el convulso contexto político y social actual, a quienes defendemos la conveniencia de abrir un proceso de reforma constitucional se nos formulan, básicamente, tres tipos de objeciones que conviene examinar: en tiempos de crisis es mejor no tocar la Constitución; la reforma exigiría una disolución de Cortes y eso no conviene al país; no existe el consenso político necesario.

La primera objeción olvida que —desde un punto de vista histórico— lo que distingue a la Constitución del resto de normas jurídicas es su naturaleza de norma de crisis. Las Constituciones surgen y se aprueban siempre en los periodos de convulsión política y social. Las reformas constitucionales son también, en muchas ocasiones, respuestas a crisis o desafíos. Así, la segunda y última reforma de nuestra Constitución, la que en septiembre de 2011 modificó el artículo 135 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria, tuvo su origen en el abismo económico en que se encontraba España en aquel verano en que a punto estuvo de tener que pedir un rescate total de su economía a las instituciones europeas. En definitiva, la situación de crisis no es que haga inconveniente acometer la reforma, sino que puede llegar a convertirla en imprescindible.

La segunda objeción es también inconsistente. Es cierto que la reforma profunda que exige nuestra Constitución debe verificarse a través del procedimiento superagravado previsto en el artículo 168, que requiere inexcusablemente disolución de Cortes y celebración de un referéndum nacional. Ahora bien, la reforma habría de hacerse coincidir temporalmente con la próxima disolución ordinaria de las Cortes, prevista para 2015. De esta forma, aprovechando la disolución de las Cortes por el transcurso de su mandato de cuatro años, evitamos tener que recurrir a una convocatoria electoral adicional y recortar innecesariamente la duración de la legislatura. Que la reforma sea necesaria no quiere decir que deba acometerse a toda velocidad, lo que sería incompatible con el rigor que exige. Lo imprescindible es poner ya en marcha un proceso para alumbrar un texto que pueda ser votado por las Cortes de la legislatura actual en su último pleno previsto para 2015.

La reforma dará ocasión a las nuevas generaciones de refrendar el pacto constitucional
La tercera objeción es, realmente, la única válida y la que nos obliga a señalar el modo de superarla. La reforma debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de las Cámaras y ello exige el acuerdo, al menos, entre los dos grandes partidos del país. Cualquier propuesta de reforma constitucional elaborada unilateralmente por un partido está condenada al fracaso. Por ello, la elaboración de las propuestas debe partir de una comisión en la que participen al menos representantes de los dos grandes partidos, y a la que convendría se sumasen el resto de fuerzas políticas. Esa comisión debería alumbrar un acuerdo político básico sobre la finalidad y el contenido de las reformas, susceptible de ser traducido jurídicamente en un proyecto articulado que pudiera ser debatido en las Cortes Generales.

La clase política ha olvidado que, si bien la reforma tiene por objeto adaptar la norma constitucional a nuevas circunstancias, es, ante todo y sobre todo, un mecanismo de garantía y defensa de la propia Constitución. Una Constitución que en un contexto de creciente desafección política y de desprestigio de las instituciones no se reforma, corre el riesgo de perecer en medio de una crisis de confianza y de legitimidad del sistema.

La reforma no tendrá efectos taumatúrgicos, pero puede servir para insuflar savia nueva en el texto constitucional; para que las nuevas generaciones tengan ocasión de refrendar el pacto constitucional; para regenerar la confianza de los ciudadanos en el sistema, haciendo que vuelvan a sentirse dueños de su destino; y para transmitir una imagen de unidad frente a las instituciones europeas y los inversores internacionales. En definitiva, la apertura de un procedimiento de reforma constitucional podría configurarse como un valioso instrumento para la regeneración democrática del país y la superación de la crisis, económica, pero sobre todo institucional.

Javier Tajadura Tejada es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Codirigió con Santiago Roura el volumen colectivo La reforma constitucional, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005.

Quema constitucional
Nota del Editor 29 Enero 2013

Con la experiencia sufrida durante estos años inconstitucionales, lo mejor que deberíamos hacer es una gran quema constitucional, y de paso asar unos pimientos.

El castellano en la Selectividad catalana
Roberto Augusto www.lavozlibre.com 29 Enero 2013

Licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona

Uno de los muchos argumentos que suelen darse para defender la inmersión lingüística en catalán es que los estudiantes tienen un nivel de castellano igual, o incluso superior, al de los demás territorios españoles. Para justificar esto es habitual poner como ejemplo los resultados de la prueba de Selectividad de castellano, que avalan, según algunos, esta idea.

Lo que he hecho es comparar la prueba de Cataluña con la de Madrid. Si la dificultad es similar, entonces los defensores de la inmersión tienen razón. Por el contrario, si el examen catalán es más sencillo lo que se está haciendo es engañar a la opinión pública. El resultado es el que cabía esperar: el de Madrid es más difícil. Y si lo comparamos con otras comunidades veremos que las pruebas se parecen más a la madrileña que a la catalana. Eso se explica, además, por el hecho de que en Madrid se dan más horas de castellano.

En ambas autonomías los ejercicios de comprensión de un texto y de expresión escrita tienen una dificultad similar. Los criterios de corrección ortográfica son muy distintos, pero diría que el resultado final se acaba equilibrando. La diferencia clave está en el resto de preguntas. En Cataluña no hay análisis sintáctico. Se dan varias opciones donde los alumnos deben identificar partes de la oración simple y tipos de subordinadas. En Madrid, en cambio, se analiza una frase completa. Otro aspecto importante es que el examen madrileño tiene dos preguntas teóricas, una de ellas sobre la lectura obligatoria. Esto no pasa en Cataluña. Allí se hace una pregunta relacionada con el libro que vale 0,5. En cambio, en Madrid, estos dos ejercicios son valorados con 3 puntos sobre 10.

La única forma de evaluar el nivel de castellano que hay en los institutos españoles sería hacer la misma prueba en toda España, algo que no sucede. Si se desea defender la inmersión en catalán que se haga apelando a otros criterios. Es ridículo que los políticos nacionalistas de Cataluña incluso presuman de sus resultados en Selectividad en el examen de castellano cuando lo que sucede realmente es que su prueba es más fácil que la realizada en otras regiones. Sin duda son muy hábiles en el perverso arte de manipular la realidad para que se adapte a su ideología.

Cataluña
La resolución soberanista, el comercio del cangrejo y el recurso al Constitucional
Cristina Losada Libertad Digital 29 Enero 2013

Mientras la Abogacía del Estado trabaja sobre la resolución soberanista del Parlamento catalán, los legos en la materia disponemos de un tiempo extra para el asombro. Esta perplejidad viene provocada por la extendida opinión de que esa resolución no la puede impugnar el Gobierno por carecer de efectos jurídicos y prácticos. De ser cierto y fetén tal postulado, los Parlamentos autonómicos pueden aprobar cualquier disparate siempre que permanezca en el limbo de la mera retórica, el brindis al sol y el papel mojado: nadie podrá rechistarles.

Yo tengo poca imaginación, pero a cualquiera se le ocurren media docena de burradas y otras tantas extravagancias. Pongamos que una Cámara autonómica aprueba una resolución declarando que, en un futuro, no descarta expulsar de su territorio a todas las personas que usan gafas; o que se interesará, más adelante, por facilitar los negocios a las mafias; o que, bien mirada, la esclavitud no estaba tan mal y quizá conviniera estudiar su implantación. Según la doctrina antedicha, al Gobierno no le quedaría otra que inhibirse en tanto esos dislates carezcan de consecuencias jurídicas.

Por fortuna, la Constitución ofrece una vía para frenar tales desvaríos declarativos, que en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se traduce de esta guisa:

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación (...) el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas.

En uso de esa prerrogativa, el Gobierno central impugnó en su día una orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León que prohibía la venta de cangrejos vivos –y de cualquier especie– en el territorio de la comunidad. El Ejecutivo entendía que obstaculizaba la libre circulación de cangrejos por todo el territorio español. Es cierto que la medida afectaba al nada desdeñable comercio de crustáceos, y que el TC rechazó la impugnación (STC 66/1991 de 22 de marzo). Pero la cuestión es ésta: si un Gobierno de la Nación recurrió al Constitucional en defensa de la libre circulación del cangrejo, bien puede hacer lo mismo cuando un Parlamento se proclama reina de los mares y anuncia un referéndum de autodeterminación.

Claro que puede. Otra cosa es que le parezca oportuno y conveniente. Y los precedentes son negativos. Hasta hoy, ninguna de las ocho o nueve piezas de retórica soberanista del Parlamento catalán ha despertado la férrea voluntad impugnadora que suscitó aquella infausta orden contra los cangrejos de Castilla y León.

Ángeles Pedraza a Iñaki Ezkerra
Juan Vicente Santacreu Periodista Digital 29 Enero 2013

La única arma que tenemos y no mata, es la divulgación, compártelo en las redes. Gracias

No sé por donde empezar. El tema de las víctimas del terrorismo es demasiado serio para mí, en cambio para los políticos ya hemos visto que “se la resbala”.

Que conste que directamente yo no tengo víctimas del terrorismo ni víctimas de los políticos, pero tengo en común con todas ellas que somos españoles. Sí, he dicho españoles, porque aunque cueste creerlo, algunos en este “puto” país seguimos siendo españoles. Y todo ello, a pesar de no tener ningún partido que nos represente.

Aparte de ser español, hay otra cosa que tengo muy arraigada, y es que jamás olvido. Cada vez que alguien nombra, o recuerdo a Gregorio Ordóñez, por citar tan sólo a uno del millar de víctimas, se me contrae el corazón. Un millar de víctimas que dieron la vida –contra su voluntad- por la libertad de ser español en España. Esto, en cualquier país del mundo sería motivo de veneración, en cambio los políticos de España ofrecen la peor respuesta; la indiferencia.

No obstante a veces emerge alguna voz de algún PPP –Palmero del Partido Popular- como Iñaki Ezkerra que abandona la indiferencia y en lugar de atacar a los malos, empieza a mear fuera del tiesto. ¡¡Normal que se le quede la sangre helada!!, eso pasa por no tener corazón.

Ya está bien de “mariconadas”, todos hemos oído decir a más de cuatro imbéciles lo contentos que debemos estar los españoles porque ETA lleva un año sin matar. Pues bien, yo llevo 57 años sin matar y nadie me ha dado un homenaje, ni siquiera un puesto en la administración. Y como yo, millones de españoles. Pero es más, las víctimas en lugar de matar, les han “matado la vida” y ni si quiera los políticos les dan un homenaje. Así que pongamos las cosas claras que en España parece que los polos magnéticos de la coherencia se han invertido y hay que retomar el norte.

Sólo hay una cosa peor que ser víctimas de ETA, y es que los españoles se olviden de esta tragedia.

A mí de lo único que se me hiela la sangre es de la cantidad de mariconadas del PP y la indiferencia de los políticos, por eso cada día me da más vergüenza ser español y por ello repudio a los políticos. ¡¡España me duele!!.

PD para Iñaki Ezkerra: Que no se te hiele la sangre por la forma de comportarse las víctimas, porque ellas tienen todo el derecho del mundo a actuar como les de la gana. Cuando algún “hijo de puta” te arrebate algún ser querido, sólo entonces podrás opinar.

Así lo pienso y así lo digo.

Más información en –> Victimas de ETA
Y si quieres conocer el estado de la Nación –> MasaBorreguera
Juan Vte. Santacreu – en Twitter @JVSantacreu

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Los nuevos tiempos
CARLOS CUESTA El Mundo  29 Enero 2013


«Nuevos tiempos». Así es como ha denominado María San Gil -la ex dirigente del PP vasco-, con una mezcla de sarcasmo y dolor, a la nueva etapa que atraviesa la política antiterrorista justo cuando se cumple el 18º aniversario de la muerte de Gregorio Ordóñez.

Nuevos. Tan sólo eso. Porque quizá sea eso lo único agradable que se puede decir de unos tiempos en los que la apariencia política pretende ocultar la realidad.

Salta el caso Bárcenas. Salta el caso Ideas. Y la respuesta del Ejecutivo es sólo eso: una respuesta. «El Gobierno va a seguir trabajando para que toda la vida pública sea transparente». ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Con un Tribunal de Cuentas que acumula más de cinco años de retrasos en sus investigaciones y que dispone, tras la ampliación del último verano, de sólo 26 personas para controlar a todos los partidos? ¿Con una Justicia cuyo órgano de gobierno es designado por los políticos? ¿Cómo lo va a hacer cuando el indulto -en 12 meses se han concedido más de 500 medidas de gracia- se ha convertido en el último comodín de los partidos?

Descubrimos que el dirigente de batasuna Pernando Barrena lleva 50 actos de homenaje a etarras tras su puesta en libertad con la prohibición expresa de participar en estos actos. Y la respuesta es otra afirmación: «Bildu es ETA». ¿Pero se ha devuelto a prisión a Barrena? ¿O a Bolinaga? ¿Se va a iniciar un proceso de expulsión de Bildu?

Se publica un informe de la patronal asegurando que las empresas pierden 45.000 millones por culpa de la telaraña legislativa de las autonomías; y la respuesta es una ley de unidad de mercado que permite las barreras por la lengua. Se anuncia el fin de las duplicidades entre autonomías y Estado; y la respuesta es una norma de reducción de gastos en los ayuntamientos que encuentra el obstáculo de los propios alcaldes del PP. Se aprueba la declaración soberanista en la asamblea catalana; y la respuesta es ninguna porque, afirman, «la declaración no vale para nada».

¿Acaso el Gobierno cree que disimular la realidad puede solventar los enormes problemas de nuestra estructura política? ¿Acaso cree que tapar una infección no es sino la más absoluta garantía de gangrena?

Sólo las instituciones sanas y sólidas pueden garantizar el progreso. Nunca los decorados. Y hoy construimos un decorado.

La victoria independentista
joan lópez alegre ABC Cataluña 29 Enero 2013

Libros que pongan de manifiesto la farsa del nacionalismo son pocos o casi ninguno

SI entra uno en una librería, virtual o real, de estas últimas cada vez quedan lamentablemente menos, verá que últimamente ha aparecido, una nueva sección: «Sobiranisme Català», lo comprobé el pasado sábado paseando entre las estanterías de Abacus en Mataró.

Títulos como «Lliures o Morts», «Espanya un pes feixuc», «Delenda est Hispania», «1714 el setge de BCN», «Ser independentista no és pecat» o «A la independència per la butxaca» son títulos que desconozco si arrasan en ventas pero inundan las librerías. En el sentido contrario, libros que defiendan la unidad de España o pongan de manifiesto la farsa del nacionalismo son pocos o casi ninguno. En el pasado fueron Vidal-Quadras con «Amarás a tu tribu», Porta Perales con «Si un Persa viatges a Catalunya» o más recientemente Barraycoa y próximamente Javier Montilla se han lanzado a escribir ensayos que defienden una visión global y no sectaria de la historia y la actualidad de Catalunya. El independentismo está ganando, pues, esta también, la batalla de la opinión y la cultura. Si vence esta batalla la independencia será irremisible.

Así sucedió en Eslovaquia, ningún indicador sensato, desde una perspectiva económica o social, avalaba la separación de la parte pobre de la antigua Checoslovaquia de las más prósperas Bohemia y Moravia, que configuran la actual Republica Checa, pero la opinión pública y publicada, con razón o no decanto la balanza. Los catalanes no independentistas han salido en los últimos meses del armario, se vio durante el Mundial del fútbol, luego vino la Eurocopa, el pasado fin de semana el Palau Sant Jordi estaba lleno de catalanes animando a la selección española de balonmano, las manifestaciones del 12 de octubre y el 6 de diciembre, incluso el resultado electoral del 25 de noviembre, ponen de manifiesto que el independentismo no es hegemónico ni fuerza única en Catalunya.

Falta ahora dar la batalla de la opinión, que como diría el general Schwarzkopf, recientemente fallecido, es la madre de todas las batallas.

No basta con que la opinión contra la independencia llegue desde medios de comunicación nacionales, debe ser realizada, pensada, expresada y escrita desde aquí, por gente de aquí. Los argumentos y los motivos, nos sobran, son claros, evidentes y contundentes, solo falta expresarlos.

Joan López es profesor de la Universitat Abat Oliba CEU.

Partido Popular
Los 'piropos' de Laura
Cayetano González Libertad Digital 29 Enero 2013

Después de las alabanzas hechas este domingo por la candidata de EH-Bildu a lehendakari, Laura Mintegi, a los dirigentes del PP vasco, representados por Borja Sémper y Javier Maroto, si yo fuera Antonio Basagoiti convocaría de forma urgente un congreso extraordinario de los populares vascos con dos únicos puntos en el orden del día: 1) una reflexión que se podría titular: "¿Cómo lo hemos hecho de mal que hasta la portavoz de EH-Bildu nos aplaude?" y 2) renovación a fondo de la actual cúpula directiva y elección de una nueva, en la que por supuesto no podrían ni deberían estar Basagoiti, Oyarzabal, Sémper, Maroto ni los que les han apoyado en este tiempo.

No se cuál ha podido ser la reacción de los actuales dirigentes del PP vasco al leer los piropos que les dedicaba Mintegui. Pero me pongo en lo peor y seguro que a algunos de ellos no les habrá desagradado del todo. Lo justificarán con eso de los "nuevos tiempos" que según esos dirigentes se han abierto en el País Vasco, y que entre otras minucias han devuelto a ETA a las instituciones como segunda fuerza política en el Parlamento vasco, amén de gobernar ya en Guipúzcoa y San Sebastián.

Lo grave de estos piropos es que se produjeron veinticuatro horas después del homenaje que la Fundación Gregorio Ordóñez tributó al dirigente del PP guipuzcoano asesinado por ETA hace dieciocho años. En el acto público, celebrado en un céntrico hotel de San Sebastián, no estuvo presente ningún dirigente del PP vasco. ¿Por qué no acudieron? ¿Por mala conciencia? ¿Por temor a ser mal recibidos por los asistentes? ¿Por no querer oír las cosas que dijeron los intervinientes, entre los que se encontraban María San Gil, Maite Pagazaurtundua, Santiago Abascal o la propia viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar? Fuera cual fuera la razón de su inasistencia, es un hecho objetivamente grave que, por ejemplo, el actual presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, no aparezca en un acto de homenaje a la persona que ocupó su mismo puesto y por la que, según propia confesión, entró en política, a raíz de su asesinato.

Después del batacazo electoral sufrido en las últimas elecciones autonómicas –130.000 votos, diez diputados, cuarto partido en la Comunidad Autónoma Vasca–, no ha habido la mas mínima autocrítica en el PP vasco. Nadie ha dimitido, nadie ha explicado en qué se han equivocado para perder casi dos de cada tres votos de los obtenidos por Jaime Mayor Oreja en el 2001, cuando el centro-derecha vasco tuvo el mejor resultado de su historia. Muy al contrario, el PP vasco ha sido noticia en estas últimas semanas por las declaraciones de Sémper y de Maroto favorables a entenderse con EH-Bildu. La respuesta a las mismas la han tenido en las alabanzas de la portavoz de esta coalición abertzale.

Es de sobra sabido que Rajoy está centrado exclusivamente en cómo sacar a España de la crisis. Y puede ser entendible. Pero el presidente del Gobierno y del PP tiene que saber que no se va a ninguna parte con un partido que en las dos comunidades donde gobiernan los nacionalistas –Cataluña y el País Vaso– es irrelevante. Es la cuarta fuerza política en ambas. No influye, no condiciona nada –como se ha visto en la configuración de los respectivos Ejecutivos autonómicos, presididos por Mas y Urkullu– la política en ambos territorios, que hoy por hoy siguen formando parte de España. Y si encima se reciben alabanzas del tenor de las pronunciadas por la portavoz de EH-Bildu, entonces lo mejor es meterse debajo de la cama y no salir en años.



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