AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 30  Enero 2013

Hacienda
España, infierno fiscal
Manuel Llamas  Libertad Digital 30 Enero 2013

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado con alborozo que la recaudación fiscal del Estado aumentó un 4,2% interanual en 2012, unos 6.800 millones de euros más que en 2011; enfatizando que el Gobierno ha alcanzado la previsión de ingresos que incluían los Presupuestos Generales del Estado del pasado ejercicio.

Montoro, sin embargo, oculta o, lo que es peor, desconoce que el crecimiento de la recaudación se ha hecho a costa de empobrecer aún más a unas empresas y familias ya de por sí depauperadas como consecuencia de los cinco largos años de crisis económica. Así pues, razones para la alegría, ninguna; sí, en cambio, y muchas, para la consternación. El Estado ha ingresado más como consecuencia de la mayor subida fiscal registrada en décadas y no porque haya crecido la actividad económica, lo que habría derivado en una mayor riqueza del sector privado.

El Gobierno del PP, con Montoro liderando el expolio, ha convertido España en un auténtico infierno fiscal en comparación con el resto de los países desarrollados, lo cual se traducirá, inevitablemente, en que los españoles tendrán menos capacidad de ahorro e inversión, factores determinantes para impulsar un sólido crecimiento económico. A los españoles se les impone el mayor esfuerzo fiscal de toda la Zona Euro, próximo al 40%, después de que Hacienda elevara una treintena de figuras impositivas en los últimos doce meses. Es ésta una estrategia de consolidación presupuestaria no sólo "masoquista", tal y como advierte Arthur Laffer, sino suicida.

El abultado déficit que siguen presentando las cuentas públicas no es un problema de falta de ingresos sino de exceso de gastos, y mientras Moncloa no se percate de esta realidad, el ingente castigo fiscal que está imponiendo a los contribuyentes servirá de poco, o más bien de nada. La prueba es la recaudación de 2012: subidas generalizadas e intensas de casi todos los impuestos para lograr una raquítica y ridícula recaudación extra de 6.800 millones, apenas el 0,6% del PIB o, visto de otro modo, el 7% del déficit registrado en 2011 (cerca de 100.000 millones de euros), a la espera de conocer el descuadre fiscal de 2012, que será próximo al 8% del PIB. Gran trabajo, señor Montoro... ¡Bravo! Tan sólo le quedan unas cuantas decenas de miles de millones de euros.

Este error de estrategia también se está trasladando a las delicadas relaciones que mantiene España con la UE. Rajoy, al igual que Rubalcaba u Hollande, defiende la necesidad de que los países del norte disparen su gasto público para ayudar a los manirrotos del sur con grandes planes de estímulo, así como retrasar el cumplimiento de los objetivos de déficit –otra vez– o de que el BCE salga al rescate sin exigir ninguna condición a cambio. Es decir, justo lo contrario de lo que necesitan España y el euro.

Todos mudos
Javier Orrico Periodista Digital 30 Enero 2013

Tras las trincheras, sólo la moderación podía salvarnos. El viaje al centro fue un despojamiento ideológico, un acto salutífero de eliminación de las costras paleolíticas en que habíamos vivido hasta la llegada de la democracia: aún los fantasmas del fascismo y el marxismo en un mundo de vacaciones masivas y playas llenas de bikinis. Nostálgicos azules y rojos, aunque estos últimos han persistido hasta crear, en efecto, las condiciones para una revolución. No había más que poner a todos los tontos de España a hacer el signo de la zeja de los cojones, hasta hundirla y arruinarla. No hay mejor fermento revolucionario que la miseria, su extensión, el PSOE en su plenitud de chóferes- asesores.

Mucho antes, decía, Suárez nos había conducido al centro como balneario moral y social. Mejor bañarse en La Manga que seguir matándonos. Los partidos debían buscar lo compartido, lo mayoritario, y servirlo. Así dicho, en eso consiste la democracia, que es una cosa para que los tibios gobiernen y dejen en paz a los que no lo somos.

Pero su virtud, que fue dejar atrás las arrugas ideológicas, terminó por convertirlos en agrupaciones de pancistas, servidores de una empresa colectivo-playera en la que la finalidad era la perpetuación y no el servicio. Aplicaron la sabiduría hispánica del que parte y reparte. Y así, empezaron a no mirar al que repartía, siempre que repartiera. A no poner en peligro al Partido (la empresa) con denuncias traicioneras. Se hicieron cómplices en las sedes, en las administraciones y en las Ideas. Todos sabían o intuían lo que pasaba y nadie decía nada: el que se mueve no sale en la foto.

España ha sido un inmenso ¡se sienten, coño! Sólo los imbéciles no han participado del banquete de una corrupción horizontal, vertical, diagonal, anal y oral. Rodolfo Hinostroza, el gran poeta peruano que tanto amé en mi juventud, comenzaba así uno de sus poemas: “Los imbéciles han renunciado al poder/ yo me confieso imbécil”. Él. Todos los demás, los que accedieron a sus puestos sin más oposiciones que el dedo o el sindicato; los que medraron desde jovencitos para alcanzar sus cátedras cooptadas; los periódicos comprados por los patriotas de las cloacas; los que olían antes de la entrada “del presidente” al coche; los que adulaban y cogían las migajas; los ciegos; los tuertos; los avestruces; los tancredos…

Y por supuesto, los ladrones, que andan ahora confiando en que una justicia inútil y penetrada por los mismos que los compraron, termine por condenarlos al disfrute de sus bien amasadas fortunas. Todos callan porque todos saben. En Cataluña, la náusea de España, hasta les dan mejores cargos. La ley del silencio, qué extraordinaria película.

¿Alternativa al bipartidismo corrupto?
Lucio A. Muñoz Periodista Digital 30 Enero 2013

Partidos formados por ciudadanos, ¿alternativa al bipartidismo corrupto? España nunca ha sido una democracia sino una cleptocracia.

Los intereses espurios de la casta política española difieren enormemente de los que tienen los ciudadanos. Un mensaje muy utilizado por la casta para engañar a los ciudadanos consiste en aludir constantemente a la identificación de la marca España con los conceptos de democracia y Estado de derecho. Desde la Transición, la sociedad española ha asimilado esta idea como verdadera. No obstante, en la actualidad y a causa, entre otras, de la alarmante corrupción política existente la percepción de los ciudadanos es completamente diferente, puesto que estos asocian el sistema político de nuestro país con el de una cleptocracia.

La cleptocracia es propia de las dictaduras. (Los españoles nos encontramos sometidos a la dictadura de la partitobancacracia o el bipartidismo corrupto). La economía en un régimen cleptocrático está supeditada a los intereses de los gobernantes cleptócratas., para ello, la corrupción política juega un papel protagonista. (Multitud de miembros de la casta entran en política sin apenas o ningún patrimonio y se hacen archimillonarios con esta actividad. De forma paralela, se produce un empobrecimiento de las familias, las pymes y los autónomos). Un sistema cleptocrático se caracteriza por establecer el poder a través de la institucionalización de la corrupción en todos los niveles de la Administración, desarrollando, para lograr este fin, estrategias basadas en el nepotismo y el clientelismo político.

 (El Estado de las autonomías ha multiplicado la corrupción por 17 y ha institucionalizado la misma en comunidades autónomas y ayuntamientos con el inestimable apoyo de las redes políticas clientelares).

La Justicia en una cleptocracia aplica la ley implacablemente a los ciudadanos mientras que los gobernantes cleptócratas gozan de absoluta impunidad. (En nuestro país, la Justicia está fuertemente politizada, por tanto, los políticos corruptos son juzgados con excesiva benevolencia. Si excepcionalmente un político es condenado por corrupción, siempre podrá ser amparado por un indulto gubernamental).

Los gobiernos cleptócratas suelen gravar, mediante impuestos confiscatorios, a los ciudadanos al objeto de mantener los privilegios de los gobernantes. (En España, se recorta en sanidad, educación, servicios sociales, etc., mientras se mantienen televisiones públicas ruinosas, empresas públicas deficitarias, asesores enchufados, políticos prescindibles con sueldos desorbitados, etc. Los desproporcionados impuestos y los recortes a la población sirven para mantener la estructura política, institucional y administrativa intacta). Es factible afirmar, por consiguiente, que España es una democracia sólo en apariencia, evidentemente, la casta se ha encargado de diseñar un disfraz a medida de sus necesidades e intereses (perjudiciales para la sociedad).

En democracias asentadas, por ejemplo en USA o Inglaterra, el bipartidismo goza de una salud aceptable, por tanto, el problema no radica en la coexistencia de dos grandes partidos políticos con representación mayoritaria sino en el funcionamiento de los mismos y del sistema democratico. En España, la corrupción consustancial a los partidos políticos ha permitido la politización de las instituciones públicas, consecuentemente, las corruptelas políticas se ocultan fácilmente con la ayuda, entre otros, del Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. La separación de poderes brilla por su ausencia en el régimen cleptocratico español.

¿Pacto anticorrupción?, ¿Ley de transparencia?, sin duda, la casta pretende seguir riéndose de los españoles. Nuestro sistema antidemocrático necesita urgentemente una nueva ley de partidos que incluya controles externos para combatir la corrupción. Del mismo modo, también es vital realizar una reforma de la ley electoral que permita a los ciudadanos elegir a sus diputados para que los partidos no puedan confeccionar listas integradas por políticos mediocres, sin formación ni cualificación, y corruptos.

La regeneración democratica que necesita España no será liderada por la casta política, puesto que ello significaría una merma de poder y una pérdida de privilegios. Por tanto, la sociedad civil, que se encuentra al margen del sistema y sin ninguna participación democratica activa (la casta considera a los ciudadanos como meros votantes), debe tomar la iniciativa.

Al menos, a nivel local (y autonómico) existe una alternativa al bipartidismo corrupto: los partidos formados por ciudadanos. En Torrelodones, un partido integrado por ciudadanos ganó las últimas elecciones y sus primeras medidas estuvieron encaminadas a dar ejemplo, de hecho, el nuevo equipo de gobierno local se bajó el sueldo y atajó el despilfarro. Actualmente, este ayuntamiento madrileño tiene sus cuentas saneadas.

¿Comenzamos ya? La solución la tiene la sociedad civil.

Establece varias bases en Siria
Hezbolá se fija en las armas químicas
CARMEN RENGEL www.gaceta.es 30 Enero 2013

La milicia establece sus bases junto a los silos e Israel teme que el arsenal acabe en Líbano. Obama habla por vez primera de operación militar contra Damasco.

Hezbolá ha establecido varias bases en Siria, alrededor de lo que las Inteligencias de EE UU e Israel consideran que son silos de armas químicas del régimen de Bashar el Asad. De esta forma, podrían ejercer una doble función de custodia y asalto, pendientes de si el Gobierno de Damasco cae, para hacerse con ellas. La noticia la desveló ayer el diario israelí Yediot Aharonot y coincide con una oleada de temor en el país a un descontrol de la situación interna en Siria que desemboque en el caos y en un saqueo de sus depósitos de gas sarín, mostaza y agentes nerviosos tabún y VX, que Damasco acumula desde 1973. Se estima que es el mayor arsenal químico del mundo.

Tras su reelección, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, convocó una reunión de urgencia con las IDF y el Mossad para analizar las posibilidades de que se rompa el frágil equilibrio de poder en Siria y la milicia chií libanesa se rearme, dado que cuenta ya con más de 60.000 misiles y cohetes adquiridos desde 2006.

Netanyahu ordenó el domingo el despliegue de dos baterías de la Cúpula de Hierro en el norte, en la frontera con Líbano, mientras el Ejército amplía el muro defensivo con Siria, lo refuerza tecnológicamente y envía nuevas unidades de Inteligencia. Los residentes del Golán y Metula confirman un aumento notable del movimiento de tropas en la zona, mientras se investiga una explosión, el domingo, en un supuesto almacén de armas de Hezbolá cerca del límite con Siria, segundo en un mes; sus milicianos cercaron el perímetro, y es imposible conocer qué tipo de armamento guardaba.

Traspaso de armas a Líbano
El miedo, afirma Alex Fishman, analista del Yedioth, es que Hezbolá logre trasladar armas químicas a Líbano, donde tienen ya silos subterráneos preparados. “Sería como buscar una aguja en un pajar”, escribe. Si eso ocurre, Israel ha amenazado con un ataque directo. “No habrá dudas”, añade. El viceprimer ministro, Silvan Shalom, dijo ayer en la Radio del Ejército que están “acumulando pruebas” de que el régimen sirio está “perdiendo el control” de sus armas químicas. EE UU ha confesado que tiene en mente un plan de contingencia si se llega a semejante descontrol, que requeriría de 60.000 soldados para evitar el flujo de estas armas. Netanyahu, en su primer discurso tras la victoria en los comicios, se dedicó a pedir un Gobierno con base fuerte para afrontar la “volatilidad” de la región, el “cúmulo de amenazas” que se ciernen sobre Israel. “Tenemos que estar preparados y fuertes”, señaló. En el diario Haaretz, Amos Harel rebaja la amenaza y sostiene que, en parte, el primer ministro “explota la seguridad con fines políticos”.

No sólo preocupa Hezbolá, sino el crecimiento de otros islamistas, esta vez al calor de los opositores armados a Asad. El canciller francés, Laurent Fabius, pidió ayer a la Coalición Nacional Siria que vigile la entrada de elementos extremos como Al Qaeda en sus filas, que sea “firme” frente a ellos, pues aprovechan el “colapso del Estado y la sociedad” para fortalecerse.

Con 84 nuevos muertos ayer, Homs asediada y el Ejército Libre de Siria ganando bases militares cerca de Damasco, el presidente de EE UU, Barack Obama, habló en la noche del domingo, por primera vez, de una operación militar contra el régimen. Dijo a The New Republic que está “luchando” con la cuestión de “saber dónde y cuándo actuar” para hacer “avanzar” los intereses nacionales.

Suculentos sueldos, dietas y extras
La Administración Local, el gran chollo de los políticos
Aparte de su salario público, cobran sobresueldos en todo tipo de órganos, sin límite, y desarrollan otras actividades remuneradas
  Libertad Digital 30 Enero 2013

El Gobierno está ultimando la reforma de la Administración Local que, entre otros aspectos, pretende fijar por ley el sueldo de alcaldes y concejales (hasta 100.000 euros), reducir el número de cargos electos y delimitar las competencias que ejercen estos organismos, así como establecer nuevos mecanismos para garantizar su estabilidad presupuestaria. Pese a que dicho proyecto se anunció hace meses, las reticencias que vienen mostrando los consistorios para reducir cargos y sueldos han retrasado su aprobación en varias ocasiones, si bien podría obtener luz verde del Consejo de Ministros este mismo viernes.

El revuelo que ha levantado la citada reforma entre los poderes locales que ostentan los partidos políticos se entiende al observar las remuneraciones y privilegios de los que disfrutan. En primer lugar, la ley vigente no establece límites a las retribuciones que pueden percibir los cargos electos, de modo que las corporaciones disponen de una amplia autonomía para fijar sus sueldos, dietas por asistencia e indemnizaciones. De hecho, los recortes salariales aplicados a nivel estatal y autonómico durante la crisis no son de obligado cumplimiento para los cargos de la Administración Local, si bien algunas entidades los aplicaron de forma voluntaria a partir de 2009.

Además, muchos de ellos compatibilizan el sueldo de la corporación local con dietas extra por formar parte de la dirección de organismos y empresas públicas dependientes del consistorio, o bien por representar a su entidad en otro tipo de entes, existiendo incluso la posibilidad de desarrollar otras actividades remuneradas, sin ningún tipo de límite.

En términos generales, las retribuciones de la Administración Local varían en función del régimen de dedicación que ostentan sus cargos: exclusiva, parcial o sin dedicación. Los dos primeros cobran un salario, mientras que los miembros sin dedicación suelen percibir abonos por asistencia a los plenos y órganos colegiados. Todos ellos suelen cobrar, además, indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio de su cargo y dietas por participar en la gestión de organismos y empresas dependientes de su entidad, sin que la normativa establezca límite alguno sobre el número de órganos a los que pueden asistir o la cuantía a cobrar por este tipo de asistencias.

¿Cuánto cobran los alcaldes y concejales?
Este particular sistema ha generado grandes divergencias entre los miembros de los entes locales, ya que cobran cuantías muy diversas, con independencia del presupuesto o el tamaño poblacional del municipio.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas analizó recientemente la retribución total (sueldos, planes de pensiones, dietas de asistencia a órganos dependientes e indemnizaciones) de los miembros de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, así como de las capitales de provincia y ayuntamientos con más de 50.000 habitantes. En total, 4.472 cargos electos, pertenecientes a 172 entidades locales y sus 918 organismos dependientes (organismos autónomos, empresas y sociedades mercantiles).

La retribución media de los alcaldes y presidentes de diputación con dedicación exclusiva ascendió a 74.463 euros en 2010; 60.975 euros para los tenientes de alcalde y vicepresidentes; y 52.439 para los concejales y diputados provinciales. El cargo mejor retribuido es el de presidente de diputación, con una media de 84.279 euros.

Estas cuantías se reducen en caso de dedicación parcial o ausencia de dedicación. Aún así llama la tención que el sueldo total de los cargos sin dedicación oscile entre los 12.855 euros al año de los concejales y los 21.720 euros de los tenientes de alcalde y vicepresidentes, tal y como refleja el siguiente cuadro.

Por otro lado, y puesto que no existen topes legales, algunos cargos cobran sueldos mucho más altos que la media. La retribución máxima en 2010 a nivel de diputación provincial fue de 141.428 euros; a nivel del alcaldía, 121.466 euros; en cuanto a tenientes de alcaldes y vicepresidentes, 113.948 euros; y en cuanto a concejales y diputados, 106.632 euros. Una vez más, destaca el hecho de que los cargos electos sin dedicación hayan cobrado un máximo que oscila entre 61.000 y 69.000 euros al año.

Así pues, se trata de sueldos superiores incluso al del presidente del Gobierno y sus ministros o al de los presidentes autonómicos y sus consejeros. En concreto, según el Tribunal de Cuentas, un 9% de los cargos locales analizados (394) cobraron más que el consejero de su comunidad autónoma, mientras que un 7% (306) cobraron más que un ministro del Gobierno. De hecho, en casi un tercio de las entidades analizadas (49 de 172), alguno de sus miembros cobró más que un ministro.

Dicho análisis es más significativo si se ciñe exclusivamente al ámbito de los alcaldes y presidentes de diputación, ya que el 31% de estos cargos (53) ganó más que el presidente de su comunidad, mientras que el 21% (36) cobró más que el presidente del Gobierno en 2010 (83.934 euros). Y, en concreto, la remuneración de 10 alcaldes/presidentes de diputación superó en más de un 20% el sueldo del presidente del Gobierno (ver el siguiente gráfico), mientras que en once entidades el salario medio de sus concejales superó al de un ministro.

Y todo ello, con independencia de la población o el presupuesto del municipio en cuestión. No en vano, si bien la retribución media crece conforme aumenta el tamaño del ente local, el Tribunal de Cuentas concluye que en las corporaciones de menor tamaño "las medias de retribución son muy dispares", de forma que sus sueldos no responden a criterios objetivos.

Otros sobresueldos extra
Hasta aquí las retribuciones analizadas por el Tribunal de Cuentas. Pero es que, además, en no pocas ocasiones, estos mismos cargos pueden incluso obtener un sobresueldo extra -a mayores de las cifras anteriores- actuando también como representantes del poder local en entidades de todo tipo (no dependientes de su corporación): cajas de ahorros, agrupaciones de municipios, asociaciones, consorcios, cámaras de comercio, fundaciones, mancomunidades, universidades, sociedades mercantiles participadas, etc.

No existe ningún límite al número de entes en las que un mismo cargo puede ser designado representante de su ayuntamiento o diputación, o al importe que perciben en concepto de dietas por asistencia, de modo que su sueldo real puede superar al que desvela el informe del Tribunal de Cuentas.

El 90% de las entidades locales analizadas nombró a alguno de sus miembros representante en algún organismo no dependiente, y la mitad de los cargos (unos 2.200) han ejercido esta labor en una media de tres entes de todo tipo. En cuatro corporaciones todos sus miembros ostentaban alguna representación en 2010 (Diputación de Lugo, el ayuntamiento de Torrelavega en Cantabria, Sagunto en la Comunidad Valenciana y Alcobendas en Madrid). Destaca por encima de todos el caso de un alcalde/presidente que en 2010 representó a su corporación en un total de 44 entidades, ni más ni menos.

Por último, al margen de todas estas actividades en la Administración Local, tanto en la propia corporación como en todo tipo de órganos (dependientes o no de su entidad), alcaldes/presidentes y concejales/diputados pueden también compatibilizar su cargo con el ejercicio de otras actividades remuneradas, tanto en el sector privado como público.

Según la ley, la única obligación es declarar estas actividades extra en un determinado Registro público. Algo más de 2.000 cargos (el 44% de los analizados) admitió realizar alguna actividad remunerada extra durante 2010, con independencia de que su dedicación fuera exclusiva o no: 760 cargos en el sector privado, otros 704 en el sector público y los restantes como patronos de fundaciones, pensionistas, tertulianos, etc.

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Cataluña: rebeldía, chulería y petición de 9.000 millones
Pablo Sebastián www.republica.com 30 Enero 2013

El Gobierno de Rajoy no solo ha perdido la iniciativa política y la batalla de comunicación ante el desafío independentista catalán sino que está perdiendo el tiempo y la dignidad. Así y mientras la Abogacía del Estado estudia la reciente declaración soberana del parlamento catalán, el portavoz de Artur Mas, Francesc Homs, ha decidido pasar de la actitud de ‘rebeldía’ de la Generalitat frente al Estado y la legalidad a la chulería, amenazando a Rajoy con un referéndum políticamente vinculante, manteniendo su diplomacia paralela a la de España -a la que acusan de practicar con ello un “nacionalismo rancio”- y, de paso, perdonando la vida al ministro de Economía, Luis De Guindos, diciendo que ya está entrando en razón en materia de control del déficit público.

Y todo esto acompasado con una nueva petición, por parte de la Generalitat de más de ¡9.000 millones de euros! para el año 2013 de fondos del Estado, para atender a la deuda de los últimos y a la vez ruinosos gobiernos de Cataluña. Reclamando semejante suma de dinero al FLA, el fondo para la financiación autonómica. Un dinero que, en parte, será destinado a financiar la independencia de Cataluña como es público y notorio. Lo que a todas luces se inscribe en el entorno del posible delito penal de malversación de fondos públicos, además para delinquir o violar la legalidad.

Naturalmente, semejante desvarío solo es posible por causa de la falta de autoridad y de decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien atemorizado desde que empezó el desafío catalán no ha cesado de dar pasos hacia atrás, en lugar de hacer las oportunas advertencias y comenzar a dar pasos hacia delante. Que es lo que debió de hacer Rajoy el mismo día que el Gobierno de Artur Mas se sumó en la manifestación de la Diada en la que se exhibió el lema de “España nos roba”. Un momento crucial en el que Rajoy se limitó a calificar la Diada de “lío y algarabía”, en lugar de poner los puntos sobre las íes ante semejante agresión a España y los españoles y de desmontar la calumnia ofreciendo el conjunto de los datos de la relación global -y no solo fiscal- de Cataluña con el resto de España que es sumamente favorable a los catalanes.

Luego vinieron las amenazas de Mas a Rajoy en el despacho del presidente del Gobierno del palacio de la Moncloa, donde el dirigente catalán le lanzó un ultimátum con advertencias de “o nos das el pacto fiscal, o atente a las consecuencias”, lo que dejó estupefacto y asustado a Rajoy, quien solo se atrevió a revelar el incidente un mes mas tarde en el Senado. Y desde entonces no han parado de sucederse los desafíos, advertencias y amenazas de Mas, CiU, ERC y del gobierno catalán a España, hasta culminar sus disparates -ahora aumentados por Homs- con la declaración de soberanía del parlamento catalán.

¿Hasta dónde y hasta cuándo va a llegar y a durar todo esto? Se dice que el viernes el Gobierno tomará medidas al respecto y que en política exterior se cortarán las alas a las autonomías que se empeñan en forzar una diplomacia paralela a la española. Pero todo eso es insuficiente y transmiten signos de franca debilidad, mientras el Gobierno no cesa de enviar miles de millones a este gobierno en rebeldía de la Generalitat, dinero público del Estado y del conjunto de los españoles que se utiliza para financiar la pretendida independencia de Cataluña. Con el argumento y a la vez la amenaza de que si no se les da el dinero Cataluña puede quebrar y dañar a España. Lo que es muy fácil de evitar si de una vez por todas se interviene ese gobierno ruinoso, que ni cumple los objetivos de déficit, y desleal, que anuncia una ruptura de la legalidad.

La sedicente "declaración de soberanía" de Cataluña debe ser recurrida
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 30 Enero 2013

El día 23 de enero de 2013, el Parlamento de Cataluña aprobó, por una mayoría inferior a los 2/3, una sedicente "Declaración de soberanía" de Cataluña. A día de hoy, parece, el Gobierno sigue meditando su impugnación. Es un titubeo completamente inexplicable que el Gobierno sí impugne las sedicentes declaraciones de "soberanía" de Cataluña hechas por varios Ayuntamientos (por una mayoría en varios casos, muy superior a los 2/3) y no lo haga con la realizada por un Parlamento de Cataluña que está no sólo yendo "más allá" de sus poderes, sino en contra de la raíz de su propio poder. Sin embargo, estamos ante un ataque brutal a la soberanía nacional española que puede y debe ser impugnado ante el Tribunal Constitucional. Sin dilación.

I. LA CONSTITUCIÓN Y SU DEFENSA
En su momento, publiqué un trabajo, cuya redacción inicial es de finales de 2003 y cuya última versión revisada y aumentada es de 2008 titulado "La indefensión jurisdiccional del poder constituyente".
En ese trabajo argumentaba que la Constitución Española había previsto los mecanismos para su defensa no sólo frente a ataques armados y violentos, sino también frente a ataques por medios pacíficos mediante la impugnación prevista en el artículo 161.2 de la Constitución que dice:

"El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida (...)"

La idea de defender la Constitución frente a ataques pacíficos se puede enfrentar a veces n pensamiento simplista, pseudo-pacifista, derrotista, o simplemente pánfilo, que podría argumentar que todo lo que se hace por medios "pacíficos" o no violentos es o debe ser legal.
Sin embargo, a este argumento se le puede replicar con dos contra-argumentos:
- Primero: no por utilizar medios pacíficos una pretensión resulta necesariamente legítima constitucionalmente.
Basta para demostrar el error de esta forma de pensar recordar que una calumnia o una intromisión en la intimidad son hechos que se realizan sin acudir a la violencia y que no por ello dejan de ser delictivos.
- Segundo: No hay que confundir un "medio pacífico" con la posesión de un arma.. aunque no se use.
Manuel Jiménez de Parga, Catedrático de Derecho Político y ex-presidente del TC lo ha dicho en El Mundo con sabiduría:

CiU y ERC, con la ayuda de otros, han colocado cañones y ametralladoras en la puerta del edificio constitucional español. No han disparado aún las terroríficas armas, pero pueden hacerlo en cualquier momento. Hay quienes sostienen que debemos esperar a que tales disparos se produzcan (efectos jurídicos, dicen). Sin embargo, las leyes prohíben la posesión de armas de guerra, independientemente de que se utilicen o no. Basta con tenerlas. ¿No sería acaso inconstitucional, con efectos jurídico-políticos, colocar unas metralletas frente a la sede del PP, aunque por el momento no se disparasen? A mi juicio, resulta claro que es suficiente la colocación de cañones y metralletas (afirmar que Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano) para atentar contra la Constitución, y el Gobierno tiene que impugnar tal declaración votada en el 'Parlament'.

II. LOS ANTECEDENTES DEL PLAN IBARRECHE Y DEL NUEVO ESTATUTO CATALÁN
Antes de la declaración sediciosa del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, los dos ataques más graves, sin uso de la violencia, a la soberanía nacional fueron el "Plan Ibarreche" y el nuevo Estatuto catalán.
- En mi citado trabajo consideraba que tanto el llamado "Plan Ibarreche" como el nuevo Estatuto catalán constituían graves atentados al principio de la soberanía nacional.
Lamentablemente, el Tribunal Constitucional consideró que no se podía impugnar el "plan Ibarreche" hasta que no fuera aprobado como una "ley", ignorando que si bien podía pretender la "forma" de una ley, su sustancia no era la de una ley, siquiera fuera inconstitucional, sino la de una "Constitución" opuesta a la Constitución Española. El Tribunal, de hecho, ni siquiera admitió, algo asombroso, la impugnación del Gobierno y rechazó su admisión mediante un auto de 20 de abril de 2004 que, aunque formalmente es un "auto de inadmisión", materialmente es una, a mi juicio equivocada, "sentencia de estimación". En mi contribución realicé la pertinente crítica a esa decisión.
- En cuanto al nuevo Estatuto catalán, fue ciertamente aprobado como una "ley orgánica", pero el Tribunal Constitucional, en su sentencia 31/2010 desactivó los componentes "soberanistas" de dicho Estatuto que pretendía introducir. Al estudiar el artículo 2.4 del nuevo Estatuto catalán de 2006, el TC decidió no anularlo, sino condicionar su vigencia que fuera interpretado "conforme con la Constitución". Y lo hizo con estas palabras:

"El pueblo de Cataluña no es, por tanto, en el art. 2.4 EAC, sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional cuyo ejercicio ha permitido la instauración de la Constitución de la que trae causa el Estatuto que ha de regir como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El pueblo de Cataluña comprende así el conjunto de los ciudadanos españoles que han de ser destinatarios de las normas, disposiciones y actos en que se traduzca el ejercicio del poder público constituido en Generalitat de Cataluña.
(...)
Tal es el designio que justifica la expresión «pueblo de Cataluña» en el art. 2.4 EAC, por entero distinta, conceptualmente, de la que se significa en nuestro Ordenamiento con la expresión «pueblo español», único titular de la soberanía nacional que está en el origen de la Constitución y de cuantas normas derivan de ella su validez" (STC 31/2010, Fundamento Jurídico 9)

III. LAS SEDICENTES "DECLARACIONES DE SOBERANÍA" DE CATALUÑA DE VARIOS AYUNTAMIENTOS SÍ HAN SIDO IMPUGNADAS POR EL GOBIERNO
Son varios los Ayuntamientos catalanes que en los últimos meses han aprobado, sin que eso forme parte de sus competencias, mociones en las que no sólo se declara al término municipal "territorio libre y soberano" (territori catalá llibre i sobirá).
Si consideramos el caso del Ayuntamiento de Celrá, en la provincia de Gerona, veremos que el 19 de septiembre de 2012 se aprobó por 10 votos contra 1 un ACUERDO en el que, entre otras cosas, se decía:

Primero. Declarar el municipio de Celrá territorio catalán libre y soberano.
(...)
Cuarto. Instar al Parlamento de Cataluña a que, conjuntamente, con los Ayuntamientos catalanes, asuma la completa soberanía nacional del territorio del Principado de Cataluña, valorando consultar a la ciudadanía, por la vía de referéndum, e inicie el proceso para declarar y constituir el Estado catalán antes del 11 de septiembre de 2014. La legislación legalmente aplicable, la normativa y la jurisprudencia de uso actual serán vigentes mientras el Parlamento de Cataluña no realice las actuaciones pedidas en esta Declaración y en tanto no se opongan a la soberanía del pueblo de Cataluña"

El acuerdo disponía que su contenido fuera comunicado a varias personalidades internacionales entre las que se encontraba "Bando Ki-Moon" (sic).

Este acuerdo o declaración, fue impugnado ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gerona por el Delegado del Gobierno en Cataluña el 3 de diciembre de 2012.

IV. LA SEDICENTE DECLARACIÓN DE SOBERANÍA DE CATALUÑA DE 23 DE ENERO DE 2013
Las peticiones de los Ayuntamientos separatistas parecen haber tenido eco y el Parlamento de Cataluña, tal y como le pedían varios ayuntamientos (como el de Celrá) yendo más allá de sus competencias, decidió, igualmente yendo más allá de sus competencias aprobar una "Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña" que, entre otras cosas, resuelve que:

El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.

V. EL GOBIERNO DEBE IMPUGNAR ESTA DECLARACIÓN.
Primero.
La "Declaración" del Parlamento catalán no es una ley y ni siquiera se pretende articularse disfrazada bajo la forma de "ley" como se hizo con el "Plan Ibarreche" o con el nuevo Estatuto catalán. Por tanto, no puede impugnarse por la vía del "recurso de inconstitucionalidad". Tampoco es, siquiera sea formalmente, un "acto de tramitación legislativa" que pudiera desembocar en algo con forma de "ley" que luego pudiera recurrirse por la vía del recurso de inconstitucionalidad como sucedió con el nuevo Estatuto catalán.

Segundo.
El Gobierno ha impugnado declaraciones cuyo contenido esencial es SIMILAR a la declaración del parlamento catalán, a saber una sedicente "declaración de soberanía".

Tercero.
El Gobierno en la Constitución tiene una vía, el artículo 161.2 para impugnar lo que no puede ser impugnado por ninguna otra vía.

Cuarto.
El Gobierno quedaría sin ninguna credibilidad en los procesos contenciosos abiertos contra los acuerdos municipales de declaración de "soberanía catalana" si no impugnara también el acuerdo parlamentario regional de declaración de "soberanía catalana".


ETA
A merced de la serpiente
Ángeles Pedraza  Libertad Digital 30 Enero 2013

Le estoy cogiendo miedo a escribir sobre las humillaciones que recibimos las víctimas del terrorismo en los últimos tiempos. Y esto se debe a que cuando empiezo a escribir las primeras palabras conocemos una nueva atrocidad que supera con creces la anterior. Me criticaron por decir que 2013 iba a ser el año más duro para las víctimas del terrorismo. Sólo estamos en enero y no pasa el día en el que no veamos cómo nuestra memoria es golpeada.

Y los golpes proceden de los que más duelen: de aquellos que tendrían que protegernos, a las víctimas y a la democracia. Porque la democracia está herida una vez que se permite que los terroristas ganen y cojan ventaja, mientras se ningunea desde distintas instituciones y estratos sociales a las víctimas del terrorismo, las únicas víctimas de toda esta historia. Los héroes casi olvidados.

Y es que en los 30 días que llevamos de 2013 hemos visto, por ejemplo, cómo un individuo para el que la Fiscalía ha pedido la imputación por pertenencia a ETA ha sido designado senador por el Parlamento vasco. Un colaborador de los terroristas como Iñaki Goioaga campará libremente por la Cámara Alta. Con total impunidad. Y nadie ha hecho nada por evitarlo. Absolutamente nada.

¿No les suena esta historia? ¿No les recuerda a un tal Josu Ternera? Ese asesino sangriento que se reía de todos los españoles como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, y que todavía tiene cuentas que rendir con la Justicia. Las víctimas del terrorismo vivimos un trágico déjà vu permanente viendo cómo los amigos de los asesinos están en las instituciones. Esos mismos que brindaban por los asesinatos y festejaban cada muerte tienen hoy cargos políticos.

Pero, como digo, no pasa un día sin que tengamos que desayunar con un nuevo ataque a la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia. Lo último ha sido el nombramiento de un batasuno, Jonan Fernández, como director del Área de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Repito: Paz y Convivencia. ¿En serio puede mantener la cabeza alta alguien que acepta ese cargo cuando durante años representó a un partido terrorista que jaleaba, apoyaba y colaboraba en los asesinatos de ETA?

¿Qué pretende Urkullu con este nombramiento? Yo lo tengo muy claro: no solo quieren que nos sentemos en la misma mesa que la serpiente. Quieren acercar nuestros cuellos a sus dientes. Ni más ni menos. Aquí está ganando ETA. Cuando la teníamos arrinconada, entre unos y otros le han permitido revivir y, a día de hoy, tener más fuerza política que nunca. Esa es la tragedia de las víctimas del terrorismo. Esa es la traición a la historia y a la democracia.

Quieren diluir nuestra presencia y silenciar nuestra voz. Quieren emparejarnos con otras categorías de víctimas inventadas para sepultarnos en el olvido. Con estas decisiones, dan el bolígrafo a los etarras para que sean ellos los que escriban su propia historia de terror. A su manera. Vendiendo un conflicto inexistente donde sólo ha habido asesinos y víctimas inocentes. Quieren legitimar la historia de ETA para hacer borrón y cuenta nueva, evitando así que tengan pedir perdón. ¿Por qué? Por nada. Esa nada son 829 muertos y miles de heridos. ¿No se les cae la cara de vergüenza?

Pero no van a callarnos jamás. Cada día tenemos más claro que tenemos que ser las víctimas las que contemos la historia real de lo ocurrido, junto a los miles de ciudadanos que están a nuestro lado. Y las que tenemos que buscar Justicia. Algo falla en una democracia cuando son los más débiles los que tienen que luchar por algo que tendrían que hacer aquellos que han jurado defender la Democracia y nuestra Dignidad.

Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

España
«Memoria inmoral» contra las víctimas
ep / san sebastián ABC 30 Enero 2013

Covite cree que la designación de un exbatasuno como asesor de Urkullu es un «varapalo» a las víctimas del terrorismo

Iñigo Urkullu da a conocer la nueva estructura del Gobierno Vasco

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha considerado que la designación de Jonan Fernández como responsable del Gobierno vasco de las políticas de derechos humanos, víctimas del terrorismo y memoria, supone «otro varapalo para los damnificados por ETA». A su juicio, con este nombramiento, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu pone de manifiesto que «busca asentar los cimientos de una visión parcial y favorecer una memoria inmoral de lo ocurrido en el País Vasco durante los últimos 30 años».

Covite, en un comunicado, ha recordado que Fernández, ex concejal abertzale que a principios de los 90 «tildó el terrorismo de ETA de violencia de contestación», a mediados de esa misma década «se posicionó en contra de la estrategia violenta de la banda terrorista». No obstante, el hecho de que defienda un final «sin vencedores ni vencidos» es «criticado con dureza» por este Colectivo.

«Ese planteamiento no sólo sigue al pie de la letra la hoja de ruta rubricada en Gernika en septiembre de 2010 por los herederos de Batasuna, Aralar, EA y Alternatiba, que defendieron que "una paz justa hace a todos vencedores», ha recalcado.

En ese sentido, ha considerado que el planteamiento enarbolado por Fernández, y que a partir de ahora se hará extensible al área de «convivencia» del Gobierno vasco, «legitima la teoría del conflicto y se decanta por la implantación de un relato parcial de lo sucedido durante 30 años de terrorismo».

Covite ha insistido en que ese relato, «que no parte de la derrota del terrorismo», prevé definir «una sociedad inmoral en la que la presencia de asesinatos selectivos quedará diluida en la historia». Finalmente, el colectivo ha aseverado que no enmarca su posición crítica «en el inmovilismo», sino en «la defensa férrea de la dignidad de las víctimas del terrorismo, a las que nadie debe enseñar a convivir, ni siquiera un área diseñada por el Ejecutivo autonómico vasco».

fuego en las calles
Los actos de ‘kale borroka’ aumentaron un 60% en 2012
2 comentarios ALBERTO LARDÍES www.gaceta.es  30 Enero 2013

Hubo 80 episodios de terrorismo callejero proetarra que causaron tres heridos y daños de 680.800 euros. Así consta en un informe elaborado por Mikel Buesa.

No hay atentados ni asesinatos. Pero la violencia continúa. Los actos de terrorismo callejero perpetrados por el entorno de ETA aumentaron un 60% en 2012 respecto al año anterior. Igualmente, se duplicaron las detenciones de proetarras relacionados con la kale borroka. El valor de los daños materiales es casi 10 veces mayor que la cuantía de los desperfectos de 2011. Así consta en un informe elaborado por el catedrático y víctima de la banda Mikel Buesa.

El documento, titulado ETA: estadística de actividades terroristas. 2012, se presentará en sociedad en las próximas semanas. Según declara su propio autor a LA GACETA, aún le restan algunos flecos para terminarlo. Se trata de un estudio pormenorizado de todas las acciones de la banda criminal y sus secuaces que realiza Buesa, director de la Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense.

En 2012 los proetarras perpetraron 80 actos de terrorismo callejero. Una cifra que se obtiene al acumular las acciones de violencia directa, como la quema de contenedores o cajeros automáticos, y los ataques de la “violencia simbólica”, como las pintadas amenazantes o apologéticas del terrorismo. Las cifras del año pasado suponen un 60% de aumento respecto a 2011, cuando hubo 50 ataques.

La kale borroka causó heridas a tres personas en 2012, frente a la ausencia de heridos del año anterior. Por último, Buesa estima que la cuantía de los daños materiales del terrorismo callejero en 2012 asciende a 680.800 euros, mientras que en 2011 los desperfectos costaron 76.200 euros. Es decir, el coste se multiplica por 10.

No por casualidad, el número de arrestos de individuos relacionados con el terrorismo callejero también aumentó en 2012 de forma casi proporcional a las cifras de ataques. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado apresaron a 42 personas el año pasado por estos motivos, frente a solo 19 detenciones en 2011. Así, los arrestos se han duplicado.

“Estos datos son una muestra muy clara de que el terrorismo de ETA no se ha terminado”, sostiene Buesa, porque “es verdad que no ha habido grandes atentados ni asesinatos, pero la violencia sigue presente”. El autor de este minucioso informe considera que los actos de terrorismo callejero “son un peligro latente que sigue ahí y que no va a desaparecer mientras ETA exista”. E insiste en que “a pesar de las constantes declaraciones de los políticos acerca de que esto se ha acabado, la violencia se ha atenuado pero no ha parado”.

La banda terrorista anunció el 20 de octubre de 2011 el “cese definitivo de la actividad armada”.En efecto, ETA no ha asesinado ni secuestrado ni extorsionado desde entonces. Pero sus secuaces, como demuestra este informe, han seguido quemando contenedores, atacando cajeros automáticos, realizando pintadas amenazantes y, en definitiva, atemorizando. El Ministerio del Interior y la mayoría de los partidos exigen a ETA una “disolución incondicional” que no llega.

Galicia
Educación prosigue los trámites para recurrir el fallo del decreto del gallego

El Supremo tiene un mes para dar a la Xunta un plazo para presentar formalmente el recurso, que pueden ser otros treinta días
e. á. santiago / la voz 30 Enero 2013

La Consellería de Educación se ha personado en el Tribunal Supremo para seguir teniendo la opción de presentar un recurso de casación a las seis sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulan parte del decreto del plurilingüismo.

La Xunta sigue así con los trámites para poder recurrir en el caso de que opte por esta vía. Ahora, el Supremo tiene treinta días para dar a la Xunta un plazo para presentar formalmente el recurso, que pueden ser otros treinta días. Es decir, que pueden pasar dos meses antes de que se tome la decisión definitiva. La Consellería de Educación aguarda a que los grupos de la oposición se posicionen sobre la propuesta de Feijoo, que se ofreció a acatar la sentencia a cambio del apoyo al decreto del plurilingüismo.

Dos artículos anulados
El TSXG recibió ocho recursos contra diversos aspectos del decreto del plurilingüismo. Dos sentencias del TSXG desestimaron los recursos presentados por Galicia Bilingüe y la Mesa por la Libertad Lingüística, y las otras seis se admitieron parcialmente, anulando dos de los artículos básicos de este decreto: la consulta vinculante a los padres en la etapa de infantil, y la libertad del alumno de expresarse por oral y escrito en la lengua cooficial que prefiera.

La oposición pide la derogación del decreto, algo que la Xunta no hará al considerar que el TSXG no derogó la norma, sino solo anuló dos artículos.

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