AGLI Recortes de Prensa   Jueves 31  Enero 2013

¡Menos lobos, Montoro!
César Vidal La Razón 31 Enero 2013

Hace apenas unas horas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nos ha regalado una comparecencia en la que ha procedido a cantar las loas de la gestión de su Ministerio durante el último año. Comprendo perfectamente que con los tiempos que corren y, sobre todo, con los sacrificios que soportamos desde hace más de un lustro, millones de españoles, Montoro desee inyectar una dosis de optimismo a los ciudadanos. Está bien, pero no hay que pasarse. Que Montoro tenía una papeleta dejada por ZP de las que invitan a abandonar el mundo y sus vanidades en busca de la misericordia divina es innegable. Que haya seguido el buen camino durante los últimos meses es otro cantar.

Juzguen ustedes. Tras treinta –¡treinta!– subidas de impuestos el pasado año, incluidas las de impuestos tan relevantes como el IVA, el IRPF o el de sociedades, la Administración sólo ha conseguido recaudar poco más de un cuatro por ciento por encima del año anterior. Bien poco parece para tantos sudores nuevos descargados sobre nuestros hombros. Eso por no hablar del dinero aflorado con la mal llamada «amnistía fiscal», que está a considerable distancia de lo que esperaba el Gobierno.

Se mire como se mire, los logros de Montoro –por muy justas que sean sus intenciones– son menos que magros. De hecho, la próxima entrega de dinero que pretende Mas, de concedérsele, se llevaría más que de sobra el dinero adicional recaudado el año anterior. No es sólo eso. Es que además la política de Montoro –que es totalmente socialdemócrata y que en el IRPF ha llegado a superar el programa de IU– nos ha colocado contra las cuerdas en términos económicos.

Si se han seguido destruyendo empresas este año y el número de parados ha subido en casi tres cuartos de millón sobre los cinco millones y cuarto que dejó ZP se debe, en no escasa medida, a la política fiscal de Montoro que, en algunos tramos, es abiertamente confiscatoria.

De aquí al verano, Montoro sólo tiene un camino si desea que no acabemos en la suspensión de pagos que todavía, por desgracia, es posible. Esa senda pasa por reducir drásticamente el gasto público comenzando por Cataluña y bajar de manera creciente y sostenida los impuestos para no seguir obstaculizando la recuperación económica. De lo contrario, todo lo avanzado hasta ahora, todo, puede disolverse como un azucarillo. Así que ¡menos lobos, Montoro... y asociados!

Fiscalización necesaria
Editorial La Razón 31 Enero 2013

La consolidación fiscal es un objetivo básico. En buena medida, la recuperación de la confianza internacional en nuestro país se ha cimentado en el rigor para equilibrar nuestras decaídas cuentas, que ha exigido el mayor ajuste de Europa el pasado año. Ninguna administración puede desmarcarse de ese fin. No cumplir con los compromisos adquiridos y desviarse de los planes de estabilidad nos penalizaría gravemente. El objetivo de déficit público constituye en sí mismo una prueba sobre la determinación y la convicción de España de asumir sus responsabilidades. En este sentido, el Gobierno se ha mantenido firme con razón en su posición de no flexibilizar los deberes de las comunidades. Rajoy insistió ayer en que alterar los criterios acordados con la UE sobre el volumen convenido de los desajustes no enviaría «un buen mensaje» a los mercados, de los que dependemos para financiarnos.

En efecto, un paso en falso en este terreno se paga demasiado caro y abrir la mano no sería inocuo para la consolidación fiscal. No se trata de un pronóstico, es una certidumbre. El pasado año, Cataluña ya incumplió el tope marcado y muy probablemente no fue el único territorio. Según avanzó ayer Funcas, España cerró 2012 con un déficit público del 7,3%, un punto porcentual por encima del objetivo, que no sería atribuible a la Administración central, que habría cumplido, sino a la Seguridad Social y a las autonomías.

En esa coyuntura, censurar una supuesta intransigencia del Estado o culparlo de las estrecheces de las finanzas territoriales es falso e injusto. Basta recordar, por ejemplo, cómo las arcas estatales ayudan a las comunidades a financiar el déficit. Ayer mismo, Cataluña reclamó un rescate de 9.073 millones, casi el doble de lo que solicitó el año pasado. Lo expresó de forma concluyente el ministro García-Margallo: «Las autonomías tendrán que decidir si cierran ambulatorios u oficinas en el exterior».

Cuesta entender que a estas alturas de la crisis existan administraciones que distraigan los mermados recursos en políticas ajenas al interés general y a las necesidades de los ciudadanos. El Gobierno tiene el deber de garantizar ante Europa que España es seria y se mantiene firme en su compromiso con el saneamiento, el equilibrio y la estabilidad financieros. LA RAZÓN adelanta hoy que Hacienda revisará factura a factura las cuentas de 2012 de las comunidades. La Intervención General las fiscalizará porque hay datos que no cuadran. Es una decisión prudente que reforzará la transparencia y la credibilidad de la información que se trasladará a Europa. Una investigación profunda redundará en solvencia. España está aún lejos de disfrutar de la fortaleza económica necesaria y pende de complejos y delicados equilibrios que no podemos arriesgar con cuentas poco claras.

Zarzuela y Moncloa, en coplas de corrupción
Pablo Sebastián www.republica.com 31 Enero 2013

Rajoy no quiere que el Parlamento debata la corrupción política y sobrados motivos tiene para ello. Empezando por la Casa Real que, desconcertada por la imputación del secretario de la Infantas, García Revenga, y por la imparable citación a declarar de la menor de ellas, Cristina, vive en el mayor de los desconciertos. Porque, además, no saben lo que está por salir de esa garganta profunda de Diego Torres, el socio de Urdangarin (por cierto a los dos les exige el juez una fianza de 8,1 millones de euros), quien tiene el convencimiento de que la Justicia no es igual para todos -como se aprecia en la situación de la Infanta Cristiana- y que, en ese caso, él tiene la obligación de desvelar los datos que coloquen a todos los afectados en el mismo nivel.

Y así y mientras desenredamos la trama de Urdangarin, nos llegan novedades de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP que confirman que este personaje regularizó en la amnistía de Hacienda más de diez millones de euros que tenía en cuentas opacas en Suiza, con lo que se confirma la versión de su abogado y queda en la peor de las evidencias el Gobierno de Rajoy. Y el ministro Montoro de manera especial, sobre todo si resultara cierto que Bárcenas hizo su regularización fiscal poco antes de que la Audiencia Nacional le volviera a abrir la causa (ambos hechos parece que ocurrieron en marzo de 2012). Lo que de ser cierto daría la razón al PSOE en su denuncia de connivencia entre la amnistía fiscal del Gobierno y la situación financiera y procesal de Luís Bárcenas, lo que sería el colmo de la desvergüenza política del Gobierno y del PP, amén del propio Bárcenas, quedando Rajoy bajo sospecha y en pésima posición.

Estamos, pues, ante dos casos de envergadura que afectan a los primeros palacios del país, la Zarzuela y la Moncloa y que tienen por delante un largo y penoso recorrido no exento de sorpresas y de posibles nuevas y mayores revelaciones, que podrían acarrear consecuencias de gran alcance, y al día de hoy difícil de imaginar. Lo que unido a la galopante crisis del paro y a la debilidad de las cuentas de la Seguridad Social, nos presenta un horizonte más bien oscuro y no exento de tensión política, judicial y social, por más que el ministro De Guindos se esfuerce en convencernos de que ya se ven brotes verdes en la balanza exterior, el déficit, y en la “bondad” de los mercados sobre la deuda española, que si bien parece cierta, nadie asegura que en un momento dado todo esto no pueda empeorar por la desconfianza que genera semejante estado de corrupción general española.

Y a no perder de vista el caos de los desafíos independentistas de Cataluña sobre los que todavía estamos en la espera de que el presidente Rajoy se digne a decir algo concreto, o a anunciar de una vez por todas alguna decisión que obligue a los adalides de semejante rebeldía catalana, institucional y anti constitucional a retroceder. O, por lo menos, a no dar un solo paso más en dicha dirección del referéndum ilegal, el Estado catalán, o la soberanía al margen de la española y nacional. Y si insiste y, cuando antes, que se ponga en marcha la intervención de gobierno catalán que es, si esto sigue así, lo que tarde o temprano ocurrirá. Lo que está claro es que así no podemos seguir con tantos frentes abiertos y mientras crece imparable la desesperanza y la tensión social.

Como engañan PP y PSOE a sus electores
José Oneto www.republica.com 31 Enero 2013

En medio de un ambiente enrarecido por los interminables casos de corrupción y, complicado, en las a últimas horas, por el caso del Duque de Palma, al que se le acaba de imponer una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros, compartida con su socio Diego Torres, y por el caso de los sobresueldos del PP, los dos principales partidos políticos del país, han protagonizado otro de los espectáculos a los que nos tienen acostumbrados, mirando para otro lado, incapaces de afrontar el grave problema de la situación e, intentando engañar a sus electorados, olvidando cuáles son sus papeles en estos momentos críticos por los que atraviesa el país.

Si ayer fue la presentación de un supuesto pacto entre los dos grandes partidos, para hacer frente a los devastadores efectos de las llamadas “preferentes”, que afectan a cientos de miles de ciudadanos, engañados por Bancos y, especialmente por Cajas de Ahorros, en una operación que supone una verdadera estafa a quienes menos se pueden defender (ancianos, ciudadanos con poca información e, incluso, deficientes, a los que se les pedía firmar, simplemente, con la huella dactilar), hoy ha sido el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados donde, después de varias semanas de inactividad parlamentaria, se han reanudado las sesiones de control, y ni el señor Pérez Rubalcaba, se ha atrevido a preguntar por los numerosos y escandalosos casos de corrupción, que han ido apareciendo en el último mes, ni el presidente del Gobierno se ha dignado siquiera, citar el escándalo Bárcenas, los 22 millones aparecidos en una cuenta en Suiza, y los sobresueldos en negro al aparato del Partido Popular.

Un debate amañado, donde, como siempre, se ha concluido que es necesario un pacto contra la corrupción y que se tomarán medidas. Una vergüenza de debate donde solo, Cayo Lara, de Izquierda Unida, y Rosa Díez, de Unión Progreso y Democracia (UPyD), han hecho referencia a lo que en estos momentos tiene indignada a la opinión pública hasta unos extremos que muchos políticos son incapaces de valorar.

Pero es que, para más desvergüenza, los dos grandes partidos anunciaron el martes, a bombo y platillo, un pacto en torno a las “preferentes” que no sirve absolutamente para nada, que introduce más confusión en el debate sobre un tema que es sangrante, y que puede llevar a los afectados, a pensar que ya han arreglado el problema. Y no es verdad; no han arreglado absolutamente nada. Primero, porque no pueden, al estar el sistema financiero prácticamente intervenido, después del rescate bancario, por el Banco Central Europeo y por Bruselas, y después porque lo único que han acordado PSOE y PP es formar una Comisión para seguir de cerca el desarrollo de los procesos de arbitraje o judiciales.

Presentado por los dos grandes partidos como un gran pacto, como un triunfo, y un paso decisivo, para la resolución del problema, ninguno de los dos partidos han transmitido a los afectados la idea de que su problema sigue estando sin resolver, y que el único paso que se ha dado es la creación de esa Comisión, sin que haya cambiado substancialmente nada ya que sigue siendo necesario demostrar para no sufrir pérdidas en la inversión, la mala praxis en la venta de estos productos y, después, acudir a la vía del arbitraje.

Las propias asociaciones de consumidores recuerdan que, si se acude a este proceso y no se consigue un fallo a su favor, es imposible acudir a la vía judicial. ¿Qué es, pues, lo que han pactado? Dar tiempo al tiempo y, transmitir la sensación de que, por fin, se llega a acuerdos entre los dos grandes partidos. Y el acuerdo ha salido a relucir en el debate parlamentario de este miércoles por el que han pasado por el debate del Congreso de los Diputados, como si aquí no ocurriera nada.

El baile de la mangosta
Marcello www.republica.com 31 Enero 2013

Sesión de control en el Congreso de los Diputados en plena fiesta nacional de la corrupción, sobre la que el Gobierno del PP quiere desplegar un tupido velo de pactos, estudios y comisiones varias. El hundimiento de la carpa de la plaza de toros de las Ventas es un anticipo de lo que Rajoy, nuestro don Tancredo por excelencia y de mármol, quiere hacer con el caso de Bárcenas, a quien ni el presidente ni su vicepresidenta osan mencionar en la Cámara por la cuenta que les trae.

El Parlamento no debatirá la corrupción, como inocente pretende Cayo Lara, porque esa lacra está amparada en la mayoría de los escaños del PP, o en los de los dos primeros partidos de la oposición (PSOE y CiU) y nadie está en condiciones de investigar o agredir primero sin dispararse –como el pobre Froilán- en su propio pie. “Lo mismo le digo, o aplíquese el cuento” le vino a decir Rajoy a Rubalcaba, cuando el del PSOE se atrevió a mentar “la bicha” de Bárcenas en la sesión de control. Además, está más claro que el agua cristalina que el debate de la corrupción debería comenzar con la inexplicable “no situación procesal” de la Infanta Cristina en el caso Nóos/Aizoon, un asunto sobre el que nadie osó pedir al Gobierno la menor explicación, mientras en los corros variados de la Cámara se decía a media voz: “Pedro J. va a por la Infanta para llegar a la caza mayor, por fin el elefante blanco, es decir el Rey”.

Don Tancredo Rajoy está pálido de miedo en el Ruedo Ibérico, y sobre el pacto nacional de empleo que le propone Rubalcaba le responde con el pase del desprecio, al tiempo que no se atreve a contestar, como debiera, a Sánchez Llibre (de CiU, y otro que tal baila el rigodón de la corrupción), a propósito de su descarada petición de “flexibilidad” para el déficit catalán. Con lo fácil que era decirle: “su coalición acaba de aprobar una sonora declaración de soberanía nacional, y ¿viene usted a solicitar a la soberanía española “flexibilidad” y 9.000 millones para pagar el despilfarro y financiar el independentismo catalán?” Algo así es impensable en un personaje como Rajoy.

Máxime en un día como este de coplas de ciego que lo ve todo y diretes que vuelan de Zarzuela a Moncloa, y de Moncloa a las Cortes donde resuena: “en la Audiencia Nacional/ está quien yo temo,/ no se le ve la cara/ con el sombrero.” El fantasma de Luís Bárcenas, “el cabrón”, sobrevolaba el Congreso, y solo faltó que, aprovechando las obras que se realizan en la cubierta del Palacio, uno de los suyos rompiera la cristalera que corona el hemiciclo y derramara unos fajos de billetes sobre las cabezas de sus señorías, ¡sublime alegoría!, como el maná caía del cielo.

Rajoy no dice nada, ni quiere debatir sobre la corrupción en el Congreso: “Es algo que ya sabemos todos y que está en la prensa” –dice tan pancho-, mientras a su derecha, la que fuera princesa Soraya e implacable “catilinaria” en la oposición, y luego ranita Soraya tras el encantamiento que sufrió por mentir e indultar a quien no debía, se prepara inquieta en su escaño para saltarle a la yugular de la otra Soraya, la Rodríguez del PSOE, que se atreve a mentar la amnistía fiscal del ministro Montoro, “torito bravo, no me lo mires de esa manera”.

Entonces, la otrora princesa y ahora ranita se transforma en furia mitológica y adopta la imagen y los modales de la mangosta, ese terrorífico roedor que arranca de un salto y de cuajo la cabeza de sus adversarios, sea la cobra imperial o la temible pitón. Antes de iniciar su danza mortal, a la mangosta Soraya se le encienden los ojos como a las fieras en la oscuridad, luego se frota las manos –como diciendo, “me la voy a merendar”-, y finalmente y con los dientes afilados y el discurso fluido de memoriona opositora se lanza al cuello, de Soraya a Soraya, de su adversaria sin entender que es la vicepresidenta del Gobierno de España y que ya no está en la oposición. Que su Gobierno mayoritario no está para agredir a los demás y menos en las dramáticas y actuales circunstancias españolas. Pero ella quiere hacer sangre y termina su perorata con una velada acusación de responsabilidades de corrupción en los bancos del PSOE. Otra vez lo de “tu más, o tu también”, el colmo de la desfachatez en el vigente momento procesal de la corrupción en el Partido Popular.

Los diputados del PP aplauden entusiasmados la vehemencia del baile mortal de la mangosta Soraya, que abandona el hemiciclo henchida de entusiasmo y escoltada por esa caterva de palmeros que suelen acompañarla ¡hasta las puertas de lo lavabos!, y que la jalean sin parar. “Has estado inmensa” le dirán, como una vez le dijo Curro Romero a Rafael de Paula tras un quite por verónicas azules y rosas en la Maestranza de Sevilla, en un domingo de Resurrección en el que Rafael acababa de salir del penal, por un pinchazo en la panza a un payo por venganza de celos gitanos y de cuernos de amor.

Qué pena, penita, pena, lo de esta Vice Soraya y su metamorfosis inversa, perdiendo la condición de crisálida. Allá va campante con su “troupe”, luciendo su pequeña sonrisa meliflua de Gioconda y escondiendo la mirada, mientras en su paseíllo por los pasillos del Congreso se escucha otra copla que le canta sin rubor: “amores que se han querido/ y se encuentran en la calle,/ o se mudan de color/ o se hacen un desaire./ Por dentro sufren los dos”.

Corruptor y corrompido
Román Cendoya www.gaceta.es 31 Enero 2013

Los políticos condenados reciben el indulto de forma automática

La corrupción generalizada que perciben los ciudadanos tiene una muy difícil solución. La separación de poderes no existe y es un escándalo la discriminación positiva que disfrutan los políticos en el tratamiento judicial. Da igual que el número de políticos imputados supere los doscientos, que ninguno está en la cárcel. Mientras que algunos empresarios sí, es más, si los políticos son condenados, automáticamente reciben el indulto. Todo este lodazal responde al falso principio del corruptor y el corrompido. Siempre se pone la carga de la prueba en el corruptor, papel que desde la política –en connivencia con la Justicia– se le asigna siempre al empresario. Y el pobre corrompido siempre es el político que ha sentido debilidad ante la tentación del perverso. Pues bien, cuantos más escándalos de corrupción suceden más claro me queda que el corruptor es el político y el corrompido el empresario. El argumentario para corromper se estructura en la financiación de los partidos o la ayuda para las campañas electorales. Los políticos son los que corrompen al empresario con la petición. Y este, en muchos casos, no tiene otra alternativa que pagar si quiere poder licitar con la Administración. Y como ocurre con el IVA, tiene que pagar antes de que la Administración le pague.

Teóricamente todo es para el partido, pero los partidos son la personalidad colegiada de los dirigentes. Por eso, muchos dirigentes tienen un nivel de vida muy superior al que les corresponde por ingresos. Dirigentes con verbo fácil y rápido para casi todo menos para negar tajantemente que nunca han cobrado un sobre sueldo o han recibido dinero sin control. El fiscal ha ordenado investigar los sobres del PP. El silencio de Rajoy respecto de Bárcenas es sobrecogedor. Con lo fácil que es decir: “Yo jamás he recibido un dinero diferente al de mi nómina”.

Partitocratia delenda est
Ricardo Carreras www.lavozlibre.com 31 Enero 2013

Doctor por la UCM, emprendedor, activista y experto en redes sociales

Tras regresar de su viaje en misión de arbitrio a Cartago, el romano Catón el Viejo se convenció de que la gran prosperidad que había contemplado en la ciudad rival era una amenaza para Roma. Terminaba todos sus discursos advirtiendo a sus compatriotas del peligro, y la necesidad de conjurarlo, con la conocida frase "Delenda est Carthago" ("Cartago debe ser destruida") o bien "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" ("Por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida").

Los españoles deberíamos terminar nuestros discursos, escritos o conversaciones privadas con la frase “Partitocratia delenda est” o lo que es lo mismo “la partitocracia debe ser destruida”.

Así es. Pacífica y democráticamente, debemos reformar el actual sistema, atiborrado de corrupción, despilfarro e ineficiencias, y sustituir a los partidos políticos dominantes.

El sistema político que sufrimos es, en efecto, una partitocracia. Las cúpulas de unos partidos políticos autoritarios y opacos acumulan todo el poder. No hay elecciones primarias. Las cúpulas deciden quiénes van en las listas - cerradas. Después a los legisladores electos les impondrán la disciplina de partido, para orientar su voto. Estos partidos políticos, hipertrofiados, se han expandido por todos los rincones. Desde las cajas arruinadas, cuyos responsables, en vez de estar a la sombra o en el banquillo, gozan de pensiones millonarias, a los tribunales. Si fueran excelsos, esto no sería necesariamente malo. Pero esta casta política ya ha demostrado con creces, a estas alturas del partido, su inepcia, avaricia y estrechez de miras. Han quedado patentes, junto a sus privilegios, su desvergüenza o su falta de patriotismo.

El problema no es que un “golfo” – en palabras de Óscar López- fuera el director de la Fundación Ideas, y que él o su mujer hayan cobrado 50.000 euros a través de una autora inventada. El problema es que una fundación subvenida con dinero público pueda pagar, sin que salten las alarmas, 3.000 euros por un artículo, cuando hay periodistas de primera línea que cobran 100. Es, por tanto, un fallo del sistema.

El escándalo no es que en el PP se haya colado un presunto corrupto. El escándalo es que Bárcenas fue tesorero y gerente del partido durante tres décadas. Y que tampoco saltó ninguna alarma, interna o externa. Si se confirma que no ha ganado honradamente los 22 millones que tenía en Suiza, los sucesivos dirigentes del PP han sido sus cómplices o enormemente negligentes.

De CiU, mejor no hablamos.

Mientras rosos y vellosos, tirios y troyanos se aprietan el cinturón, tenemos en España más televisiones públicas que todo el resto de Europa. No es una anécdota. Es un fallo sistémico.

No funcionan los controles internos, ni los externos, ni hay división real de poderes. Y estos partidos políticos son totalmente incapaces de reformarse desde dentro -sería como confiar en que los ayatolás de Irán se conviertan al cristianismo-. Lo que hay es una casta política mediocre y desnortada, unas autonomías desbocadas y una partitocracia decadente.

Que vengan otros, nuevos. El sistema está agotado. Hay que reformarlo.

¡Partitocratia delenda est!

El quinto poder
Francisco Flores López www.lavozlibre.com 28  31 Enero 2013

Periodista

Vivimos en una época en la que ser ciudadano es ser casi nada; en la que los derechos decrecen al mismo ritmo que los impuestos engordan; en la que los políticos parecen flotar a sus anchas dentro de una esfera de soberbia y corrupción. Pero, a la par, gozamos de una etapa plena de posibilidades, marcada por la innovación, la colaboración desinteresada, el cambio vertiginoso. Nunca el mundo había sido tan difícil de definir. Jamás habíamos tenido tantos recursos para informarnos, formarnos y entretenernos.

Los ciudadanos conformamos el quinto poder. A veces lo ignoramos, porque al ser tantos, el coordinarnos se convierte en una tarea titánica. Sin embargo, la eclosión en los últimos años de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) nos han facilitado herramientas que antes ni podíamos soñar y con las que trabajar colectivamente es más que factible, es fácil. La imbricación de las conexiones que hemos generado entre todos es tan sofisticada que ya se habla de una inteligencia colectiva, capaz de urdir una obra de la magnitud de Wikipedia.

Por desgracia, también estamos empachados. Tanto merengue tecnológico nos ha hecho caer en la gula y olvidar la meta. La cantidad se ha impuesto a la calidad, el entretenimiento ha solapado al rigor, el éxito ha suplantado al prestigio. A nuestro favor hay que alegar que no somos los únicos culpables. El resto de poderes, especialmente el político y el mediático, han trabajado a conciencia para evitar que nos salgamos de las lindes de eso que el pensador Guy Debord ha llamado la 'sociedad del espectáculo'. Nos intoxican diariamente con tal cúmulo de informaciones, cotilleos, opiniones, diversiones y degluciones varias, que somos incapaces de definir qué es o no es verdad.

Esta sobrecarga de impulsos nos induce a la abulia o a la compulsión, pero jamás a la reflexión. Buscamos desquiciados a alguien que ordene el caos circundante, ya sea un gurú de Twitter o un contertulio bullanguero, pero no aparece. Mientras, los profesionales del asunto, los periodistas, se pasan el día cogiendo polvo en la cola del paro, defenestrados. Ellos eran los 'intérpretes de la actualidad', tal como los define el manual de Luis Núñez Ladevéze. Su ausencia acucia nuestra sordera, como si cada cual hablara en su propio idioma.

Por suerte la crisis nos está despabilando, aunque a golpes. Salimos de la hibernación y estamos ateridos, pero al movernos vamos percibiendo el vigor de nuestros músculos antes doblegados. Aunque hay que ser precavidos, porque la tecnología sirve tanto para abrir vías de progresión como para mantenernos aletargados. Así lo indica Nicholas Carr en su libro 'Superficiales', en el que define las TIC´s como potentes herramientas de distracción, a través de las que se crean una visión fragmentada de la realidad y cuyo uso incluso nos está restando comprensión lectora.

Nuestro poder como ciudadanos no emana únicamente de Internet, pues rebotar un email de indignación o escribir un post en una web no es igual a un acto de rebeldía. Radica en la capacidad que tengamos para unir nuestras potencias con toda la repercusión de la que seamos capaces. Nuestro poder está en la calle, aunque se conecte a la red y se suba a la nube.

Somos el quinto poder y de nosotros depende, individual y colectivamente, orientar el futuro hacia rutas más veraces. El proceso ya ha comenzado. Pero es necesario que nos desprendamos del mal hábito de la crítica y aboguemos por dar buen ejemplo. Desde esta columna, que queda inaugurada con este artículo, trataré de hacer lo propio y de mostrar que el cambio es posible, sano y necesario.

'Operación Alaya', la voladura descontrolada de los ERE
Javier Caraballo El Confidencial 31 Enero 2013

Nadie habrá de sorprenderse por el rumor intenso que otra vez corre por los pasillos de juzgados y despachos políticos como un viento racheado que levanta un torbellino de papeles. Nadie que se haya detenido alguna vez en el trasfondo del mayor escándalo de corrupción institucional que se conoce, el despilfarro de más de 1.000 millones de euros con episodios sonados de fraude y robo en el reparto de los fondos de Empleo de la Junta de Andalucía, se asombrará de que, dos años después de comenzar el caso, la sombra del fiasco en la instrucción de este proceso judicial haya comenzado a apoderarse del ánimo de todos.

Con más de 30.000 folios de sumario judicial, 200.000 documentos anexos y 80 personas imputadas, el proceso está paralizado de facto desde hace meses por la baja inesperada de la juez titular y principal impulsora, Mercedes Alaya. Una nebulosa se cierne en torno al futuro inmediato del proceso; quizá nunca nadie ha sabido responder a la pregunta, pero este debe ser el momento de mayor incertidumbre sobre el destino final de este macroproceso. Nadie sabe cuándo ni cómo acabará, y esa incertidumbre general, cuando ya han pasado dos años (las diligencias previas de la causa se incoaron el 19 de enero de 2011), debe de causar alarma, porque de los polvos de una instrucción como ésta llegan luego los lodos de un proceso judicial fallido. Por dilaciones indebidas, por vulneraciones del derecho a la defensa, por indefensión... En suma, por las razones tantas veces repetidas en las que un gran escándalo acaba en nada y multiplica de forma exponencial la desconfianza que la sociedad tiene en la Justicia.

¿Quiere decirse, por ello, que la responsabilidad de todo cuanto sucede es de la juez titular, Mercedes Alaya? No, desde luego. Más allá aún: si en otras ocasiones ha habido motivos razonables para censurar su forma de actuar, 'la juez de porcelana', como se la definió aquí, esta vez no parece que la responsabilidad de esta incertidumbre sea suya. Lo que está poniendo de manifiesto el caos en el que está cayendo es que los macroprocesos judiciales no pueden recaer sobre una sola persona que, además, como ha ocurrido durante tanto tiempo con la juez Alaya, tiene que instruir otros procesos judiciales no menos complejos, como el de MercaSevilla o la intervención del accionariado del Real Betis Balompié, además de atender los asuntos cotidianos del juzgado de guardia.

Hasta hace una semana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, no pareció entender la urgencia que existía para tomar medidas inmediatas sobre el juzgado que instruye los ERE, para reforzarlo y para garantizar que el rumbo de la instrucción se acelere y se esclarezca. Se han tomado medidas, sí, pero la impresión es que dichas medidas, además de llegar demasiado tarde, son insuficientes para atender el retraso acumulado en este tiempo de baja de la juez, en el que se han seguido aportando al caso nuevas diligencias y pesquisas policiales mientras que los jueces de refuerzo sólo podían, razonablemente, atender las urgencias judiciales que se planteaban, como los recursos de excarcelación pendientes.

Sostiene el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que "la Justicia, o la hacemos ágil o no tiene sentido", sobre todo en ese tipo de "macrocausas amplias y delicadas", y ciertamente es así, pero resulta que lo único que se ha decidido sobre la instrucción de los ERE ha sido nombrar un juez más de refuerzo, desechando la idea que parecía más razonable de desdoblar el juzgado y crear un órgano bis, que habría implicado ocho nuevos funcionarios. Ya es sabido que la Justicia cuenta con medios muy limitados y que, con toda probabilidad, la decisión del TSJA esté forzada por las circunstancias y por la cicatería con la que la Junta de Andalucía gestiona las competencias de Justicia. Es probable, sí. Pero, sobre todo, lo que pone de manifiesto todo esto es la necesidad imperiosa de modificar de una vez por todas la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desde que se inició el caso de los ERE, la juez ha sido objeto de algunos ataques furibundos por parte del establishment socialista. Han atacado su vida personal, con infundios, y se la ha intentado apartar del caso con la recusación judicialNada se hace más difícil que intentar entender cómo es posible que el sistema procesal español se siga rigiendo por una ley del siglo XIX, mutilada y parcheada decenas y decenas de veces. El ministro socialista Francisco Caamaño ya presentó al final de la pasada legislatura un proyecto de ley, pero su labor fue más testimonial que otra cosa porque cuando la aprobó el Consejo de Ministros, a finales de julio de 2011, todo el mundo sabía que la legislatura estaba agotada, sin tiempo para nada más. Ahora, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha vuelto a asumir el reto de sustituir la ley de 1882 y, de hecho, a principios de año ya recibió el informe de la comisión de juristas nombrada al efecto.

Definir el papel de jueces y fiscales
Con la nueva ley se regularan aspectos esenciales del procedimiento penal, como las escuchas telefónicas, pero sobre todo se va a redefinir el papel de jueces y fiscales. Y será el Ministerio Fiscal, y no el juez de instrucción como hasta ahora, el que dirigirá las investigaciones, con lo que a la instrucción de los casos se le incorporarán las ventajas que presenta la Fiscalía por su estructura orgánica y, sobre todo, por su especialización. En ese nuevo modelo, y durante la fase de instrucción, el juez quedaría como 'juez de garantías', encargado de velar por los derechos fundamentales del 'investigado', término que sustituiría al actual 'imputado', tan controvertido. Deberán, además, incorporarse plazos concretos de duración de la instrucción y del propio secreto sumarial; fin a las instrucciones de casos que se saben cuándo empiezan pero nunca cuándo acaban.

Ahora, volvamos a la pregunta inicial: ¿La responsabilidad de la deriva que ha tomado la investigación de los ERE es de la juez Alaya? En muchos aspectos, sí, por su forma de conducir el caso. Pero es evidente que con otra ley procesal el marasmo judicial en el que se encuentra ese escándalo no existiría así porque las causas objetivas que lo han conducido a esa situación, incluido el protagonismo de la juez, no habrían concurrido nunca. Un ministro del PSOE presentó un anteproyecto de ley y un ministro del PP ha retomado la iniciativa política de ponerle fin a una ley de cuando en España reinaba Alfonso XII. Sería triste y penoso que un asunto tan primordial para el funcionamiento de la Justicia se empantane en debates estériles, limitados y cegatos, como se acostumbra en España. La voladura descontrolada que padece el escándalo de los ERE debería ser el impulso definitivo.

Otrosí digo: desde que se inició el caso de los ERE, con la primera investigación en 2007 del caso Mercasevilla, origen de todo, la juez Alaya ha sido objeto de algunos ataques furibundos por parte del establishment socialista. Han atacado su vida personal, con mofas e infundios, y, en paralelo, se la ha intentado apartar del caso con la recusación judicial. Desde hace unas semanas, otra vez se han desatado rumores interesados contra la juez por el trabajo de su marido. La noticia ya la avanzó El Confidencial: Jorge Francisco Castro García, esposo de Mercedes Alaya, es el administrador concursal del holding del empresario de la construcción Luis Portillo, que ha dejado una deuda superior a los 545 millones de euros. El rumor que se difunde tiene que ver con la minuta millonaria que le correspondería al marido de la jueza, nombrado para ese trabajo por otro juez de Sevilla. "Es un escándalo que un juez 'premie' con una minuta tan elevada al marido de una compañera suya", van diciendo.

Al respecto, dos cosas. El nombramiento de los administradores judiciales está regulado por ley y nada hace indicar que en este caso se incumpla ninguno de los requisitos exigidos. Y dos, si alguien considera que debe corregirse la ley en algún sentido, porque es probable que así sea, que lo proponga en el Congreso. Lo demás querrá decir que, en el fondo, lo único que se pretende es manchar el nombre de la juez. Dicho de otro modo, lo único que se intentará es convertir el escándalo de los ERE en la 'operación Alaya'. Y eso, claro, es demasiado burdo.

Rabia de España
Pedro de Hoyos Periodista Digital 31 Enero 2013

Algunos lectores en sus comentarios han dejado claro manifiesto de su incomodidad ante mi anterior artículo en el que maldecía los éxitos del deporte Español que nos distraían, interesadamente en mi opinión, de los gravísimos problemas de España, de entre los cuales la crisis económica siendo el más lacerante no es el más grave ni peligroso.

A todos nos gustan que nos rían las gracias y que nos den palmaditas en la espalda, a mí también, pero por una parte hace tiempo que me resultan innecesarias y por otra si debo que pagar el precio de contener la rabia… el negocio no me interesa. Debo añadir también que me importa cada vez menos, debe ser cosa de los años, que hablen mal de mí… con tal de que hablen.

Que a diversos lectores les haya producido urticaria y se vayan con su lectura a otra parte será cosa que me disguste, sin duda, pero todo tiene su contrapeso en esta vida y otras compensaciones habrá. No obstante confío en que la bondad y la fidelidad de alguno de ellos me sirvan para conseguir su perdón.

Pero sí, escribí este artículo profundamente enfadado, casi rabioso, y molesto por una España que, aún sintiéndome tan español como cualquiera otro, me produce rechazo, indignación y asco. ¿Asco? Sí, asco. Quisiera, lo he manifestado en tanto en privado como en alguna entrevista, aislarme de la contaminación moral de este país al mismo tiempo que librar de mí a esta sociedad, retirándome a vivir como los menonitas, los amish de tantas pelis americanas, privándome del contacto con la modernidad, la actualidad y la inmoralidad. Y como siempre debo añadir que al hablar de inmoralidad no hablo de religión, aunque ella subyazca permanentemente.

La actual situación de indecencia política, con señoritingos que con el permiso y la complacencia de los gobernantes legalizan diez millones de euros que habían ocultado y que suceda en medio de seis millones de parados, que suceda cuando los jubilados ven sus ahorros involucionar, cuando hombres de cincuenta años tienen que vivir de sus padres y de sus abuelos porque nadie les da un trabajo digno, me produce rabia profunda y montañas de indignación.

Cuando se demuestra hasta la saciedad la inmundicia de los principales partidos políticos, consentidores por lo menos de la corrupción, sin que éstos pasen del “Pues anda que tú”, sin que pongan remedio, sin tomar una solución definitiva, viable y objetiva treinta años después de haberse detectado el problema, queda patente para el observador crítico que es por falta de voluntad, por carencia de interés, por falta de compromiso, porque si así les va bien a ellos… ¿qué importamos los demás, qué importa el sistema, qué importa España?

Cuando vivimos asaltados por las estafas de escándalos bancarios como las preferentes, Bankia o algunas cajas de ahorros y se comprueba que nada pasa, que sólo es condenada una madre que compra comida con una tarjeta encontrada (acaba de suceder) es porque alguien quiere que sea así, al menos lo permite y no lo combate.

Cuando la primera familia de la nación, si es que seguimos siéndolo, algo que según Zapatero es discutible, se enfanga en aventuras sexuales ajenas al ámbito familiar, y esto lleva sucediendo décadas; cuando en esa familia se produce el mismo deterioro amoral generalizado que facilita el latrocinio es porque esa familia no puede seguir presidiendo nuestros actos, sus imágenes no deben presidir la vida pública, despachos, colegios, ayuntamientos u otras instituciones. La primera familia debe ser ejemplar o no ser primera familia.

Cuando todo esto sucede y pasa el tiempo pero nada cambia; cuando la vida pasa y nada se altera en la ruindad y la barbarie; cuando los sinvergüenzas siguen estando satisfechos; cuando hay elecciones y se modifica el gobierno pero nada honesto y digno ocurre y los grandes traidores, desfalcadores, timadores y villanos siguen en la calle sonriendo; cuando no hay un político de mínima relevancia que haya ido a la cárcel… me da rabia que media nación babee porque una pelota haya entrado más veces en la portería de Dinamarca que en la de España… si es que queda España.

Que a ustedes no les gusta… créanme, lo siento.

España y la corrupción
Juan Velarde Libertad Digital 31 Enero 2013

Abundan las noticias sobre el alto nivel de corrupción en España. La cuestión es grave desde el punto de vista moral pero también desde el económico. Los estudios de la relación entre los índices de percepción de la corrupción y las oscilaciones del Producto Interior Bruto realmente impresionan. En un número del Journal of Economic Literature y en otro de la Revista Española de Control Externo aparecen informaciones incontrovertibles. Últimamente ha publicado unas informaciones interesantes el profesor Andrés Fernández Díaz en esta última revista que corroboran lo anterior.

Todas estas informaciones tienen como base numérica el Índice de Percepción de la Corrupción que publica cada año Transparencia Internacional. Disponemos de las cifras de 2012. ¿Qué observamos respecto a España?

En este índice el 0 indica corrupción absoluta y 100, absoluta limpieza. España puntúa mejor en 2012 que en 2011. Si en éste obtuvo un 62, en aquél cosecha un 65. De nuevo, como ocurrió con la Administración Aznar tras la Administración González, se observa una inmediata mejoría. Conviene consultar el trabajo de Fernando Jiménez "España", en las págs. 223-228 del Informe Global de la corrupción 2009. Corrupción y sector privado de Transparencia Internacional.

¿Qué países europeos obtienen mejor puntuación? Dinamarca (90), Finlandia (90), Suecia (88), Noruega (85), Suiza (86), Holanda (84), Luxemburgo (80), Alemania (79), Bélgica (75), Reino Unido (74), Francia (71), Austria (69) e Irlanda (69). Por debajo del índice español se encuentran los países del sur y el este del continente: Portugal (63), Eslovenia (61), Polonia (58), Malta (57), Hungría (55), Lituania (54), Georgia (52), República Checa (49), Letonia (49), Turquía (49), Croacia (46), Eslovaquia (46), Rumanía (44), Macedonia (43), Bosnia y Herzegovina (42), Italia (42), Bulgaria (41), Montenegro (41), Serbia (39), China (39), Grecia (36), Moldavia (36), Albania (33), Bielorrusia (31), Rusia (28) y Ucrania (26). ¡Vaya herencia ha dejado el comunismo!

En el ámbito iberoamericano van por delante de España dos países: Chile (72) y Uruguay (72). El resto está claramente por debajo: Puerto Rico (63), Costa Rica (54), Cuba (48) –también con un régimen comunista–, Brasil (43), El Salvador (38), Panamá (38), Perú (38), Colombia (36), Argentina (35), Bolivia (34), México (34), Guatemala (33), República Dominicana (32), Ecuador (32), Nicaragua (29), Honduras (28), Paraguay (25); la peor nota es la de Venezuela (19).

En el pasado habíamos superado los 70. Para volver a conseguirlo es necesario adoptar medidas de todo tipo –de transparencia, jurídico-penales, de control de corporaciones locales y autonomías, de partidos políticos–. El camino se ha iniciado de nuevo. Es obligado pasar, casi habría que decir de inmediato, de ese índice 70.

En las cifras ofrecidas hay informaciones que dan escalofríos. Un país fronterizo con España, Marruecos, obtiene un 37. El resto de la costa meridional del Mediterráneo –y ello explica muchas explosiones de tipo político-social– aun está peor (salvo Túnez [41]): Argelia (34), Libia (21), Egipto (32). Como ha señalado Jaime Lamo de Espinosa, una subida en el precio del trigo en el mercado de Chicago origina de inmediato una explosión en la zona. Todo eso perjudica a España, por lo que la lucha contra la corrupción tiene, efectivamente, un carácter internacional.

Desafío secesionista
Cómo meter en vereda a los micronacionalistas
José García Domínguez Libertad Digital 31 Enero 2013

Rasgo no menor de ese fatalismo claudicante que se ha apoderado de los españoles de hoy es el lugar común, tan extendido, de que poco o nada cabe hacer frente a las audacias de los micronacionalistas; poco o nada con el arsenal legislativo a disposición de las Cortes, quiero decir. La Constitución misma, con sus necias lagunas e interesadas ambigüedades, abortaría cualquier afán racionalizador de la estructura territorial del Estado, nos insisten. Y acometer la reforma del Título VIII se antoja quimera más que peregrina, suelen remachar los dontancredos de todos los partidos.

Sin embargo, el mantra no se compadece con la verdad. Que nadie, ni a diestra ni a siniestra, haya metido en vereda jurídica a los secesionistas y sus satélites en los últimos treinta años no implica que sea empresa imposible. Significa, simplemente, que nadie, ni en el PP ni en el PSOE, ha sentido la genuina necesidad de llevarla a la práctica. Poder, claro que se puede. Falta querer. Se puede, sin ir más lejos, poner coto, y raudo, a ese deporte tan caro a nuestros napoleones de Notting Hill: la bulimia legislativa de los Parlamentos regionales y su gusto por invadir competencias propias de la Administración central. Una usurpación impune cuyo fundamento último no se asienta en la torpeza, infinita por lo demás, de los constituyentes del 78 sino en la más célebre maldición gitana: pleitos tengas y los ganes.

Así, el Constitucional garantiza con su legendaria parsimonia bovina que siempre haya de mediar una eternidad entre los recursos y sus sentencias. Eternidad durante la cual la Carta Magna pasa a morar en el limbo de los justos. De Artur Mas acaso proceda decir que es un adversario de la Constitución. Un adversario, sí, porque su verdadero enemigo, nadie lo dude, es ese Tribunal llamado a defenderla. Aunque soluciones hay. Lo acaba de proponer Muñoz Machado, el académico: habilítese a los jueces ordinarios a fin de que puedan dejar inaplicadas cuantas normas legales sepan contrarias a la Constitución. Inaplicadas, que no anuladas. Y tampoco cualquier ley, sino solo las de las comunidades autónomas que contradigan lo establecido en las del Estado. Bastaría con modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tan simple como eso. Poder, se puede.

Izquierda contra soberanismo
Rafael García Rico Estrella Digital 31 Enero 2013

En la entrevista que hoy publicamos, Joaquín Leguina alerta sobre los riesgos que acompañan al separatismo catalán. Es un análisis serio hecho por un político poco sospechoso de actuar movido por cualquier interés que no sea el de su convencimiento y la razón que defiende. De hecho en la entrevista es claramente perceptible el desprecio que muestra por los sectarismos y las ‘cuadrillas políticas’, que suelen terminar siendo, exclusivamente, intereses sindicados más allá de cualquier criterio objetivo.

Que el debate suscitado en Cataluña es impresentable es una obviedad, al menos desde mi punto de vista. Rompe la dinámica compartida durante treinta y tantos años de Constitución en los que hemos hecho de la convivencia el primer parámetro de nuestra actividad política.

Hemos soportado la presión criminal de una organización separatista que ha hecho un daño personal, familiar y social difícilmente reparable

La secesión de Cataluña es evidente que pondría fin a eso y que nos sumergiría en los pantanos de la historia, aquellos que habitamos cuando la pasión romántica de los nacionalismos estrellaba en Europa a los pueblos contra los terraplenes. La ruptura de Yugoslavia es el ejemplo más cercano en el tiempo y más próximo geográficamente. Y no dista tanto de nuestra pegajosa realidad.

Durante estos mismos años de Constitución hemos soportado la presión criminal de una organización separatista que ha hecho un daño personal, familiar y social difícilmente reparable en un plano corto de tiempo. Así que imaginar a gente matando por la bandera, y todo el imaginario particularista que encierra el nacionalismo para justificarse no solo no es una exageración sino que se puede considerar como probable a la vista del comportamiento de los sectarios gemelos en el otro extremo de los Pirineos.

Para que el nacionalismo prenda basta con excitar las pasiones de un pueblo que sufra una crisis importante. Se da esa circunstancia. El nacionalismo gobernante con la ayuda de sus primos de la supuesta izquierda nacionalista, somete a los catalanes a la presión más sangrante bajo la terrible excusa del saque español de los recursos. Son frecuentes las descripciones de los andaluces como vagos y de los extremeños como inútiles. Treinta años de estupidez medida han dejado un rastro que anticipa con facilidad el tono de lo que se dirá en el futuro no sobre la política o los políticos, sino sobre las personas y su naturaleza. El huevo de la serpiente está incubándose, que nadie se equivoque.

Con independencia, valga la palabra, de que fructifique el soberanismo ilegal o no, va a ser difícil calcular, medir y controlar el alcance del espíritu que se ha agitado. Y del mismo modo que el siglo anterior empezó clase contra clase, este puede ser el de ¿raza? contra ¿raza? ¿etnia? contra ¿etnia? No sé muy bien cómo definir la motivación profunda que impregna el nuevo ‘identitarismo’ catalán, sin que me de la risa. Ya era penoso oír a Arzallus hablar del Rh; impresionará escuchar lo que venga. Sin duda.

En medio de este jardín de piedras, la izquierda socialista se confunde en su posición

En medio de este jardín de piedras, la izquierda socialista – Leguina lo recuerda – se confunde en su posición. No está en los orígenes ideológicos ni en la práctica política de la izquierda hacer discursos identitarios o nacionalistas que defiendan causas que hagan entrar en conflicto territorios que no albergan hostilidad natural alguna. Y ni aunque la tuvieran.

Reivindicar ?el ?internacionalismo de Jean Jaures, cosa que suelo hacer, y traducirlo al significado que tendría ahora – europeísmo, por ejemplo - es una quimera, puesto que probablemente la inconsistencia habitual que afecta a los llamados nuevos dirigentes los aleja de una comprensión de la historia de lo que dicen defender.

Queda por hablar sobre el significado profundo de estas cosas antes de ponernos a enredar de nuevo y como siempre sobre el federalismo, la asimetría o la simetría, en la estructura del estado. Vamos camino de seis millones de parados, de un empobrecimiento absoluto de los más débiles y de una caída brutal de rentas en la clase media. Pero de eso parece que aburre hablar. Salvo a los que padecen el problema.

Rafa García-Rico - en Twitter @RafaGRico - Estrella Digital

Corrupción: peor el destrozo que el robo
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 31 Enero 2013

Pocas condenas por corrupción se han dictado en España y en ningún caso se ha recuperado toda la cantidad estafada. Sin embargo, aunque parezca paradójico, el dinero detraído no es el elemento más grave de la actividad corrupta. Aunque todos los saqueadores del Presupuesto restituyeran hasta el último euro sustraído, nuestros males no se resolverían. Llegaría, eso sí, un inmenso caudal dorado desde Suiza, Islas Caimán, Liechtenstein, Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales para remiendo de presupuesto, alivio de deuda y bálsamo contra la crisis. Y también para quiebra de la lujosa jubilación de muchos dirigentes. Sin embargo, no compensarían, ni de lejos, todo el perjuicio causado.

Los corruptos no se asemejan a ese elegante carterista de guante blanco que birla limpiamente el efectivo pero restituye tarjetas y documentos. Actúan como esos torpes ladrones que, para desvalijar la vivienda, ocasionan destrozos por un valor muy superior a lo sustraído. Para detraer un millón de euros, la corrupción puede generar a la sociedad perjuicios desproporcionadamente mayores aunque el daño resulte menos visible que el palpable estropicio de los cacos.

Duele e indigna el expolio de los fondos pero resultan mucho más nocivos ciertos elementos que van inexorablemente unidos a la corrupción: los favores concedidos, las decisiones políticas tomadas, el ejemplo ofrecido y el ambiente creado. Una nación moderna y próspera requiere instituciones que garanticen una combinación armoniosa de competencia y cooperación entre sus miembros. Pero un régimen de cleptocracia, además de detraer fondos, impide la competencia, entorpece la eficiencia y desanima la cooperación. Lo que se observa a primera vista en la corrupción no es más que la punta del iceberg de una grave enfermedad, que corroe todo el cuerpo político y contagia al resto de la sociedad.

Quedan lejanos aquellos tiempos en que se consideraba la corrupción un lubricante, facilitador o catalizador de la economía. Ante un sinnúmero de trabas burocráticas, normas y regulaciones, unos oportunos sobornos agilizarían los trámites, permitiendo la actividad industrial, la apertura de nuevas empresas y la creación de empleo. Esta benigna visión se desvaneció al comprobar que esas normas y regulaciones no eran más que barreras establecidas deliberadamente por los políticos con el fin de crearse oportunidades de enriquecimiento inconfesable. Las trabas se dirigen a restringir la competencia, garantizando así sustanciosos beneficios a esos amigos que pagarán bien el favor concedido. Los sobornos y comisiones no agilizan nada: se parecen más a la protección que venden los mafiosos contra la amenaza creada por ellos mismos.

Un auténtico océano de leyes
Como señaló el senador e historiador romano Publio Cornelio Tácito: “corruptissima republica plurimae leges". Los gobernantes corruptos multiplican las leyes hasta el límite, creando en el sistema económico auténticos cuellos de botella donde colocar sus particulares “peajes”. Como símbolo de este contumaz latrocinio se alza una colosal pirámide formada por más de 700.000 páginas de Boletines Oficiales Autonómicos, con la friolera de 100.000 leyes, normas y regulaciones, muchas veces contradictorias e imposibles de cumplir. Esta gigantesca y enrevesada selva legal, plagada de trampas y arenas movedizas para quien no pague los “peajes”, genera en la economía nacional unas pérdidas muy superiores a los sobornos recaudados pues destruye tejido industrial y dificulta la creación de empresas.

La corrupción organizada lesiona la competencia y distorsiona el mercado pues no permite prosperar a las empresas más eficientes, ni a las que proporcionan mejor servicio, sino a aquéllas con mayor disposición a pagar sobornos. Por ello, cuando la administración contrata corruptamente servicios de empresas privadas, no solo infla el precio con las comisiones, también proporciona menos calidad. Y la omnipresente arbitrariedad genera enorme incertidumbre, desalentando la inversión productiva.

Pero el problema no se reduce sólo a empresas inadecuadas: los corruptos también impulsan proyectos inapropiados, con tremendo despilfarro de recursos escasos. Las líneas de AVEs sin viajeros, las autovías sin coches o los aeropuertos peatonales, suelen surgir de decisiones políticas que no priman las partidas con mayor rentabilidad social sino, más bien, aquéllas que mayor flujo de comisiones proporcionan. Por ello, la corrupción tiende a sesgar el gasto de las administraciones hacia proyectos faraónicos, de escasa utilidad para el ciudadano. Llamativos e inútiles monumentos salpican las Comunidades Autónomas como recuerdo, para generaciones venideras, de esta desaforada y particular fiebre del oro… ajeno.

Por todo ello, la recaudación opaca de 22 millones de euros requiere muchas decisiones dañinas para la economía, que perjudican mucho más allá de su mera repercusión en el precio pagado por los contribuyentes. Los políticos habrían favorecido a empresas poco eficientes, construido carísimas e inútiles infraestructuras o promulgado normas perniciosas para el establecimiento de nuevas de empresas y para la creación de empleo. No sorprendería que la obtención de estos 22 millones hubiera ocasionado a la sociedad un coste económico diez o veinte veces superior.

Puntilla a la confianza y a la legitimidad
Desgraciadamente, los males causados por la corrupción ni siquiera se limitan a los ya descritos: el deterioro se extiende a las percepciones y a las actitudes de los ciudadanos. Un régimen de cleptocracia suele destruir la confianza que los ciudadanos tienen en los demás, ese delicado material con el que se teje el capital social, que permite la cooperación. Y lesiona gravemente la legitimidad de las instituciones, esa argamasa que mantiene unidas las vigas maestras del sistema político.

Los estudios muestran que, en países con líderes corruptos, los ciudadanos tienden a desconfiar de las personas ajenas a su entorno. La imagen que cada individuo se crea de los demás, de la gente en general, se encuentra muy influida por aquello que percibe en sus políticos. “¿Por qué “la gente” no va a ser capaz de hacer lo mismo que los gobernantes?”. Si los líderes son tramposos, embusteros o incumplen su palabra, los sujetos se inclinan también a recelar de sus conciudadanos, generando así una conducta poco cooperativa y una tendencia a incluirse en grupos cerrados.

Por ello, es falso el razonamiento de que los políticos son corruptos porque la gente también lo es. La causalidad es distinta: cuando la gente percibe que los políticos no son honrados, se inclina a pensar que los ciudadanos desconocidos tampoco lo son. Y el individuo tiene incentivo a comportarse de manera no cooperativa cuando cree que los demás actúan también así, con grave quebranto del capital social.

Por último, la percepción de la corrupción deteriora gravemente la legitimidad de un régimen, esa noción que impulsa a las personas a respetar las normas que emanan de la autoridad, no por temor al castigo sino por convicción. La legitimidad se refuerza cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera justa y equitativa. Pero tiende a desvanecerse cuando observan que el comportamiento de sus líderes, incluyendo el monarca, no resulta constructivo ni ejemplar. Cuando advierten que impera el privilegio, el abuso, la arbitrariedad y la corrupción. Y el fenómeno reviste muchísima gravedad: la pérdida de la legitimidad a ojos de los ciudadanos suele ser una de las señales más inequívocas de que un régimen toca a su fin.

La gente está harta
Fermín Bocos Estrella Digital 31 Enero 2013

No hay peor ciego que el que no quiere ver y en ese registro están los líderes de los principales partidos políticos. En la sesión parlamentaria de control al Gobierno, Rajoy y Rubalcaba representaron una escena que parecía extraída del Tartufo de Moliere. El segundo preguntaba al primero qué pensaba hacer para acabar con los casos de corrupción que apuntan a su partido y el primero le respondía que puestos a dar consejos: "no se le ocurría otra cosa que hacerle la misma recomendación que me ha hecho usted a mí". El diálogo de la sartén y el cazo. Cayo Lara preguntó por Luis Bárcenas, pero no obtuvo respuesta; el presidente del Gobierno que también lo es del PP, hace ver como que no recuerda que fue él quien le nombró tesorero del partido. Hablando de olvidos, Rubalcaba, presidente de la Fundación Ideas, también hace como que no sabía nada del "caso Mulas", pese a que en noviembre del 2011 ya se habían publicado noticias acerca de los sobresueldos que se llevaba este pájaro a cargo de los contribuyentes, porque -no deberíamos olvidarlo-, las fundaciones -todas-, reciben dinero del Estado.

Lo malo de la corrupción asociada con la política es que resulta abrasiva para el sistema

Frente a los casos flagrantes de corrupción que están en las portadas de los medios, el presidente del Gobierno anuncia una "ley de transparencia". Lo cual es tanto como decir que no piensa hacer nada. Nada para cortar de raíz con el origen del problema que no es otro que la financiación encubierta de los partidos políticos a través de partidas obtenidas con cargo a comisiones obtenidas de las empresas que aspiran a hacerse con contratos de obras públicas. En el caso de Cataluña, el famoso "3 por ciento" del que habló Maragall. En ese entramado que a veces aflora (Filesa, casos Naseiro, Gürtel, Palau, Pallerols, etc) hay golfos con nombre y apellidos que se aprovechan para meter la cuchara y llevárselo a Suiza, Andorra o las Islas del Canal. Lo malo de la corrupción asociada con la política es que resulta abrasiva para el sistema. En su ceguera voluntaria nuestros políticos no ven que el grado de indignación y hartazgo de la gente es muy notable. Lo reflejan las encuestas y lo dice la calle. Es un clamor cada vez más potente. Con seis millones de parados, los desahucios que no cesan, los miles de jubilados timados con las preferentes y una clase media cada vez más esquilmada por los impuestos, el cabreo del personal va a más tras observar que la minoría privilegiada que vive de la política ni sufre las inclemencias de la crisis ni da señales de querer cortar con las malas prácticas que desembocan en los casos de corrupción. Cualquier día, cualquier chispa, va a poner todo esto patas arriba. Al tiempo.

Cartografía del dolor
IGNACIO CAMACHO ABC  31 Enero 2013

Con el dolor no hay borrón y cuenta nueva; la única cuenta posible es la vieja de la justicia. Los muertos no prescriben

EN la larga masacre del terrorismo ha habido tiempo hasta para que prescriban algunos crímenes pero hay algo que no va caducar y es la memoria de las víctimas. Como han sido tantas, cada comunidad social o familiar recuerda a las que tuvo más cerca, a las que más impronta dejaron en sus sentimientos o a las que más vacío causaron con su pérdida. Lo que no va a suceder es que el tiempo vista de rutina las efemérides de los caídos porque a ese fuego sagrado de la evocación nunca le van a faltar vestales que lo mantengan encendido en el fondo de la conciencia. Porque los muertos no prescriben y porque olvidarlos sería matarlos dos veces.

Ayer hizo quince años del asesinato del matrimonio Jiménez Becerril y ni uno solo de ellos ha dejado Sevilla de dolerse de una amputación que no cicatriza. Hay otras ciudades y otras tierras donde la acumulación del horror dificulta la singularización de los recuerdos, pero la geografía del dolor está dibujada con mapas de emociones y éstas pertenecen al ámbito intransferible del afecto. La tragedia del terrorismo ha dejado un paisaje moral devastado que convierte a la sociedad entera a la vez en víctima y superviviente. Y no habrá falsa paz que consuele del quebranto ni reconciliación posible con quienes se han beneficiado del sufrimiento. El cese del crimen es mejor que su continuidad pero muchos españoles seguimos pensando que la violencia ha terminado (?) más por extinción o por pacto que por derrota. No nos une, como a Borges, el amor sino el espanto; el peso triste de los muertos está mal repartido y unos los siguen llevando a cuestas mientras otros se han encaramado al poder sobre un montón de cadáveres que ni siquiera les causan un leve remordimiento.

La lluvia de aquella noche de enero sigue cayendo sobre el alma de los sevillanos igual que aún fulge sobre todos los españoles el sol implacable de los días de Miguel Ángel Blanco. Esta ciudad era mejor con Alberto y Ascen vivos, como Vitoria lo era con Fernando Buesa, San Sebastián con Gregorio Ordóñez, Andoain con Joseba Pagaza o López de la Calle, Málaga con Martín Carpena, Valencia con Manuel Broseta, Bilbao con Javier de Ybarra o Madrid con Tomás y Valiente. La lista del holocausto etarra ha mutilado a España entera de talento, de cariño, de vigor y de esperanza. Esa cartografía del desconsuelo está pintada con una sangre que no va a decolorar ningún apaño de cinismo pragmático. Con el dolor y con la pena no se puede hacer borrón y cuenta nueva; aquí no hay más cuenta que la vieja de la justicia, y sigue pendiente al menos hasta que se cumpla la última condena. El relato de ese sacrificio colectivo se escribe desde el llanto para que no haya lugar a un mínimo resquicio de desmemoria, como un conjuro contra la humana tentación de olvidar. Y de perdonar, ni hablamos.

EN la larga masacre del terrorismo ha habido tiempo hasta para que prescriban algunos crímenes pero hay algo que no va a caducar y es la memoria de las víctimas. Como han sido tantas, cada comunidad social o familiar recuerda a las que tuvo más cerca, a las que más impronta dejaron en sus sentimientos o a las que más vacío causaron con su pérdida. Lo que no va a suceder es que el tiempo vista de rutina las efemérides de los caídos porque a ese fuego sagrado de la evocación nunca le van a faltar vestales que lo mantengan encendido en el fondo de la conciencia. Porque los muertos no prescriben y porque olvidarlos sería matarlos dos veces.

Ayer hizo quince años del asesinato del matrimonio Jiménez Becerril y ni uno solo de ellos ha dejado Sevilla de dolerse de una amputación que no cicatriza. Hay otras ciudades y otras tierras donde la acumulación del horror dificulta la singularización de los recuerdos, pero la geografía del dolor está dibujada con mapas de emociones y éstas pertenecen al ámbito intransferible del afecto. La tragedia del terrorismo ha dejado un paisaje moral devastado que convierte a la sociedad entera a la vez en víctima y superviviente. Y no habrá falsa paz que consuele del quebranto ni reconciliación posible con quienes se han beneficiado del sufrimiento. El cese del crimen es mejor que su continuidad pero muchos españoles seguimos pensando que la violencia ha terminado (?) más por extinción o por pacto que por derrota. No nos une, como a Borges, el amor sino el espanto; el peso triste de los muertos está mal repartido y unos los siguen llevando a cuestas mientras otros se han encaramado al poder sobre un montón de cadáveres que ni siquiera les causan un leve remordimiento.

La lluvia de aquella noche de enero sigue cayendo sobre el alma de los sevillanos igual que aún fulge sobre todos los españoles el sol implacable de los días de Miguel Ángel Blanco. Esta ciudad era mejor con Alberto y Ascen vivos, como Vitoria lo era con Fernando Buesa, San Sebastián con Gregorio Ordóñez, Andoain con Joseba Pagaza o López de la Calle, Málaga con Martín Carpena, Valencia con Manuel Broseta, Bilbao con Javier de Ybarra o Madrid con Tomás y Valiente. La lista del holocausto etarra ha mutilado a España entera de talento, de cariño, de vigor y de esperanza. Esa cartografía del desconsuelo está pintada con una sangre que no va a decolorar ningún apaño de cinismo pragmático. Con el dolor y con la pena no se puede hacer borrón y cuenta nueva; aquí no hay más cuenta que la vieja de la justicia, y sigue pendiente al menos hasta que se cumpla la última condena. El relato de ese sacrificio colectivo se escribe desde el llanto para que no haya lugar a un mínimo resquicio de desmemoria, como un conjuro contra la humana tentación de olvidar. Y de perdonar, ni hablamos.

Tres primeras sentencias del TSJA
La Justicia actúa contra los 30.000 enchufados de la Junta de Andalucía
Las tres primeras sentencias recaídas afectan a más de 2.000 enchufados por el PSOE andaluz.
Pablo Molina Seguir a @pablomolinald Libertad Digital 31 Enero 2013

En noviembre de 2011, ante la proximidad de unas elecciones autonómicas de incierto resultado para el PSOE, la Junta de Andalucía decidió convertir en empleados públicos a casi 30.000 trabajadores de la administración paralela autonómica a través de la Ley 1/2011 ya conocida como "Ley del Enchufismo". Según denuncian los sindicatos independientes de funcionarios, los casi 30.000 empleados de los chiringuitos de la Junta (fundaciones, empresas públicas y demás entes oficiales) son en su mayoría cargos públicos, familiares y afiliados al PSOE y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, razón por la cual ambos sindicatos habrían validado con su firma tan escandalosa cacicada.

En esencia, como explicamos aquí en su día, el ejecutivo de Griñán creó gracias a esa ley autonómica cinco agencias públicas para integrar a los casi 30.000 contratados en sus estructuras de personal, de forma que todos pasaran a convertirse en empleados públicos sin necesidad de superar ninguna oposición. La consecuencia inmediata es que el futuro laboral de todos estos miles de empleados quedaba asegurado, pues en caso de que el gobierno de la Junta de Andalucía hubiera cambiado de manos, su despido sería imposible por pertenecer organismos administrativos en condición similar al del resto de funcionarios públicos.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios, sin vinculación ideológica alguna, recurrió todos los decretos de integración de personal a través de una batería de recursos, a la que añadió diversas demandas de carácter penal contra las autoridades de la Junta que firmaron tan escandaloso artificio administrativo. Pues bien, estas acciones judiciales han comenzado a dar su fruto con las tres primeras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaídas en este mes de enero, que anulan la funcionarización de los enchufados que la Junta pretendía integrar respectivamente en las agencias públicas de Gestión Agraria y Pesquera, Servicios Sociales y la Agencia del Conocimiento.

Sólo en el caso de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, son 1.800 los contratados a dedo que han visto anulada su integración por sentencia del TSJA contra la que ya no cabe recurso alguno. El razonamiento de dicho tribunal para revocar este escandaloso enchufe no puede ser más elemental, pues resulta evidente para los magistrados "la quiebra del principio de igualdad" y la vulneración del "derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad" tal y como establecen los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española. Para el TSJA, además, la operación para consumar la funcionarización de estos contratados a dedo, más que una trampa administrativa supone todo un "desprecio al Estado de Derecho".

¿Dónde están y qué hacen los 30.000 enchufados?
Estas tres primeras sentencias del TSJA van a ser con toda probabilidad reproducidas en el resto de recursos planteados, pues las circunstancias son idénticas en todos los casos. Así pues, la pregunta que se hacen los sindicatos independientes de funcionarios en Andalucía es qué va a pasar con las casi tres decenas de miles de contratados a dedo por la Junta de Andalucía.

De hecho, a raíz de una disposición cautelar de los tribunales andaluces, las funciones públicas de estos contratados laborales quedaron en suspenso, por lo que todos cobran puntualmente su salario mensual pero nadie sabe dónde están ni a qué se dedican. Lo cierto es que en el momento en que sentencias firmes como las tres ya recaídas surtan efecto, todos los afectados dejarán de pertenecer a las agencias públicas en que la Junta quería integrarlos por lo que su futuro laboral quedará de nuevo a merced del PSOE andaluz, que todavía confía en que una revisión de las sentencias por el Tribunal Supremo le permita validar la vasta "operación enchufe" puesta en marcha a finales de 2011. Mientras tanto, el coste para el bolsillo del contribuyente de estos 30.000 contratados irregulares asciende a mil millones de euros anuales, sin que se sepa a cambio de qué contraprestación laboral se está dilapidando semejante cantidad de dinero público.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Sigue la apisonadora etarra
La sonrisa de la avispa Estrella Digital 31 Enero 2013

Mientras que Rajoy se daba el pico con Urkullu, durante tres horas, y vaya usted a saber de qué hablaron para que el Presidente del Gobierno vasco saliera contento de la reunión, la AVT y Covite, ponían el grito en el cielo por el nombramiento de Jonan Fernández como responsable de la Secretaría de Paz y Convivencia en el País vasco. O lo que es lo mismo, de cómo se ha metido a la zorra en el gallinero.

La convivencia se ha roto porque unos mataban y otros morían
O lo que es peor aún, por el hecho de poner a un batasuno-etarra a llevar los asuntos de lo que los separatistas llaman la Paz y la Convivencia cuando en el País vasco no ha habido guerra y la convivencia se ha roto porque unos mataban y otros morían.

Y es que continúa la apisonadora etarra. Hace unos días criticaba, en esta misma columna, que se hubiese nombrado senador de España al abogado de los etarras, al que les llevaba las órdenes de la banda asesina a los presos. Ahora, aún la cosa es más miserable porque se ha nombrado a uno de ellos para llevar una institución que se va a dedicar a algo inmoral: a borrar las huellas de las atrocidades que ha hecho ETA en España. Incluido, el País Vasco. Y eso es otra humillación a las víctimas. Porque lo que busca Urkullu, y su Gobierno apoyado por la gente de Bildu-ETA, es "asentar los cimientos de una visión parcial e inmoral de lo ocurrido en el País Vasco en los últimos 30 años", como asegura la propia Covite. Incluso, se llegará negar su existencia.

Y es que el tal Jonan Fernández fue concejal de HB de los duros. A principios de los años 90 consideró que el terrorismo de ETA como 'violencia de contestación'", aunque luego dicen que se posicionó en contra de esa violencia. Pero, ay amigo, es de esa tropa que defiende un final del terrorismo sin vencedores ni vencidos. Lobos con piel de corderos. O lo que es lo mismo, equiparar a las víctimas con sus verdugos. Una inmoralidad. Una traición. Algo inadmisible. Una vergüenza. Una teoría que legitima el conflicto y se decanta por la implantación de un relato parcial de lo sucedido durante 30 años de terrorismo.

Quieren pasar de puntillas por la historia de tanto dolor y que todo se termine diluyendo
Quieren acabar con la Memoria. Quieren acabar con la Justicia. Quieren pasar de puntillas por la historia de tanto dolor y que todo se termine diluyendo.

De hecho, los batasunos quieren contar ahora en los centros educativos vascos que ETA es, simplemente, una organización independentista que fue extorsionada y atacada por el Estado español. Así se escribe la historia cuando los gobernantes traicionan sus principios, a saber por qué espurios intereses.

Menos mal que a las víctimas del terrorismo les queda Dignidad. Le podrán arrebatar la Memoria y la Justicia. Todo. Todo menos la Dignidad. Y en protesta por el nombramiento, la AVT ha renunciado a "mantener cualquier tipo de relación institucional con el Gobierno vasco" y a no solicitar "ningún tipo de ayuda económica, ni ahora y ni en el futuro, por ética y por respeto a todas y cada una de las víctimas del terrorismo". La limosna que les daban era de 50.000 euros. Menos que a las familias de los etarras. Cuanta indecencia nos queda por ver.

Mas rentabiliza la amenaza
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC 31 Enero 2013

Estamos ante una versión perversa de la parábola del hijo pródigo, eximido incluso de la obligación de arrepentirse de sus excesos

La Generalitat de Cataluña ha solicitado, o mejor dicho exigido, 9.073 millones de euros al fondo de rescate creado por el Gobierno para auxiliar a las comunidades autónomas incapaces de hacer frente a sus pagos. Nueve mil setenta y tres millones de euros, el cuarenta por ciento de la cantidad total presupuestada este año para ese fin, que se unen a los 11.687 millones recibidos en 2012 del Estado en concepto de ayudas varias. Lo que hace un total de 20.760 millones de euros que los españoles hemos aportado a escote en el empeño de salvar a Cataluña de la quiebra provocada por la ineptitud de sus dirigentes.

La lógica y la buena crianza, que impone a los bien nacidos la sana costumbre de ser agradecidos, deberían haber llevado al Ejecutivo catalán a abrazar la humildad, rebajar el tono y el contenido de sus constantes ofensas a España, que el nacionalismo dibuja perezosa, rapaz, ávida de expoliar los frutos de su trabajo, y ponerse a hacer los deberes con el fin de cuadrar sus cuentas. Pero nada más alejado de la realidad. En lugar de agachar la cabeza, el tándem separatista formado por un Artur Mas echado al monte, rehén de la izquierda republicana, y un Oriol Junqueras que no acaba de creerse su suerte, sigue pedaleando en dirección al abismo, jaleando cada impulso con una nueva amenaza.

Y lo peor es que les dejan.
El president y sus compañeros de viaje la exageran, no la enmiendan. Se permiten el lujo de criticar al Ministerio de Hacienda por haber tardado en servirles en bandeja el producto de nuestros ahorros, logrados a base de recortes, y se jactan de que se lo gastarán como mejor les parezca. Por ejemplo, en utilizar sus «embajadas» autonómicas para promover internacionalmente sus aspiraciones secesionistas o en mantener un aparato de propaganda digno del gigantesco engaño colectivo que resulta indispensable orquestar para conducir a la ciudadanía catalana a la trampa de la sedición.

Y lo peor es que les dejan.
Mientras Madrid, Galicia, Valencia o Baleares se aprietan el cinturón a costa de medidas impopulares, a fin de embridar su déficit y financiar al conjunto, Cataluña comunica que sobrepasará con creces el objetivo fijado (2,3 frente al 1,5 establecido como tope) y apela al victimismo como justificación del chantaje al que nos tiene sometidos. En 2013 Madrid recibirá 500 millones menos que Cataluña en concepto de IVA, a pesar de recaudar más por ese impuesto, y aportará 2.500 millones de euros al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, que representan el setenta y cinco por ciento del total. Exactamente 385 euros por habitante, frente a los 95 de cada catalán. A cambio, los madrileños ahorrarán en su televisión autonómica, sometida a un ajuste drástico del 40 por ciento de su presupuesto, pese a que ya era una de las más baratas para el contribuyente: 49 euros por hogar, frente a los 109 que cuesta la catalana, con sus siete canales intactos. Doscientos setenta y ocho millones de euros TV3 en el año 2011, por noventa y seis Telemadrid.

Estamos ante una versión perversa de la parábola del hijo pródigo, eximido incluso de la obligación de arrepentirse de sus excesos. Asistimos al triunfo del matonismo político, retribuido con generosidad mientras se castiga «de facto» a quienes siempre han cumplido con sus obligaciones y contribuido al progreso común.

Violencia y relatos, ¿avanzamos?

RAÚL LÓPEZ ROMO Y GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA. EL CORREO  31 Enero 2013

· La labor de Jonan Fernández en Elkarri se caracterizó por iniciativas bienintencionadas, pero que partían de una premisa errónea: la creencia de que en el País Vasco existe un conflicto secular en el que están enfrentados dos bandos equiparables.

El terrorismo ha atenazado a quienes no pensaban como los verdugos, sobre todo a aquellos que no asumían como exclusiva una única identidad territorial. En Euskadi la violencia ha ejercido la función de gran polarizador político. Hace 25 años los partidos democráticos plantearon, mediante el Pacto de Ajuria Enea, un discurso cívico frente a la narrativa maniquea y excluyente del nacionalismo vasco radical. Lo importante, se venía a decir, no era la identidad, sino el Estado de derecho y las instituciones comunes, frente a quienes arremetían contra ellas. Fue un intento loable, pero no terminó de cuajar. Siguió habiendo quien encontraba su lugar en la equidistancia, para evitar decantarse por uno de los supuestos extremos. Valga como ejemplo el documental de Julio Medem ‘La pelota vasca’ (2003).

Jonan Fernández ha sido nombrado nuevo responsable del área de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Su labor al frente de Elkarri estuvo caracterizada por iniciativas bienintencionadas, pero que a nuestro juicio partían de una premisa errónea: la creencia de que en el País Vasco existe un conflicto secular en el que están enfrentados dos bandos equiparables. Si las dos partes han conculcado derechos humanos, ambas han sido tan culpables como víctimas. El corolario era aparentemente lógico: ya que todos han cometido atropellos, la solución se ha de centrar en la reconciliación, en mirar hacia adelante.

Este esquema goza de un gran predicamento a nivel político y social, pero, desde una perspectiva histórica, es más que cuestionable, ya que se sostiene sobre un olvido selectivo. Para restañar las heridas no se puede asumir dicho relato acríticamente. Al contrario, resulta necesario reflexionar con honestidad sobre lo que nos ha ocurrido en las últimas décadas. Y sobre lo que sigue ocurriendo, porque el odio sectario todavía no se ha desactivado. Esto puede observarse en la vida cotidiana. Una parte de la población continúa sin poder expresar abiertamente su identidad vasco-española, lo que representa un menoscabo de la libertad de expresión inadmisible en democracia. Hasta hace poco ETA y su entorno perseguía y mataba a los representantes electos de casi la mitad de los vascos. Hoy nadie es asesinado por sus ideas en Euskadi. En este sentido hemos avanzado considerablemente, pero es que el punto de partida era tan bajo, las aspiraciones cívicas tan mínimas…

Y queda mucho por hacer. Que se lo digan, sin ir más lejos, a quienes salieron a la calle con camisetas de la selección española de fútbol en la última Eurocopa. Algunos volvieron a sus casas humillados, golpeados e insultados. Que animar a ‘la Roja’ sea visto como una provocación, y que muchos lo hagan desde el sofá pero no en la calle, dice mucho (en realidad dice muy poco) sobre dónde estamos en cuanto a tolerancia.

La educación es una herramienta fundamental para elevar el nivel cultural de la ciudadanía y para fomentar el espíritu crítico. La Fundación Fernando Buesa publicó hace pocos meses un informe que señalaba que una parte significativa de nuestros futuros docentes quieren pasar cuanto antes la página de ETA. No es muy halagüeño, pero ¿qué esperábamos? En las últimas décadas han abundado los que han optado por la ambigüedad y el mirar hacia otro lado ante un sector social que ha tenido como vanguardia de su quehacer político… a una banda terrorista.

En Euskadi la memoria devora a la historia. La violencia no ha sido precisamente un acicate para los estudios reposados sobre nuestro pasado reciente. Varios profesores amenazados y forzados al exilio son la prueba más palmaria de ello. Es cierto que últimamente, gracias a la labor tanto de historiadores veteranos como de una nueva generación de investigadores, se han publicado diversos trabajos rigurosos sobre las causas y consecuencias del terrorismo. Pero en demasiadas ocasiones no encuentran eco y quedan recluidos en el circuito cerrado de la universidad, sin cumplir una función social de divulgación.

Jonan Fernández y su equipo tienen ahora entre manos una gran responsabilidad: su labor puede contribuir tanto a desmontar el mito de las violencias simétricas como a apuntalarlo, banalizando así el mal etarra. Para evitar esto último convendría que pusieran negro sobre blanco que ETA no solo ha sido la organización terrorista que más ha matado en España, con muchísima diferencia, y la que más ha perdurado, hasta el punto de que aún hoy no se ha desarmado. También ha sido la única banda que ha contado con un notable respaldo social para imponer mediante la fuerza su proyecto de poder. Por lo tanto, este ha sido el único ideal político que, tras el franquismo, ha supuesto un desafío contra la pluralidad de la sociedad vasca.

RAÚL LÓPEZ ROMO Y GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA / HISTORIADORES

PSOE
Lecciones sobre corrupción desde Extremo Oriente
Cristina Losada Libertad Digital 31 Enero 2013

Qué imprudencia la de Rubalcaba cuando interpeló a Rajoy sobre la corrupción y dijo: "Usted tiene un problema". ¿No recuerda qué le pasó a Maragall? En marzo de 2005, el entonces presidente de la Generalitat atacó de similar manera a un Artur Mas en la oposición: "Ustedes tienen un problema y este problema se llama tres por ciento". Es sabido que Mas no lo negó; le respondió que si quería hacer "cosas importantes", léase el nuevo Estatuto, debía retirar tales palabras, a lo que don Pasqual accedió. Pero se ha reparado menos en que aquel fugaz destape de una corrupción muy consolidada señaló el principio del fin de Maragall. Después de aquello, el hombre sólo duró un año en el cargo. En la familia socialista, e igual en otras, es una temeridad significarse como levantador de alfombras, aunque se trate de las del adversario.

Apremiados por la gran inquietud pública, los dirigentes compiten por el papel de implacable perseguidor de la corrupción, un híbrido del fiscal Di Pietro y de Eliot Ness, siempre que logre encontrar personal para formar Los Intocables. Pero más allá de los aspavientos retóricos, del "usted tiene un problema" y "usted tiene un problema peor", sólo se vislumbra un horizonte impreciso y a lo peor un espejismo. El Gobierno propugna un pacto contra la corrupción, ley de transparencia, retoques en el Código Penal y nuevas reformas de la financiación partidaria. Otros reclaman medidas punitivas y cambios inmediatos. Propuestas hay, aunque poco definidas. Ahora bien, su utilidad será escasa si no responden a un diagnóstico que identifique cuáles son los fallos y los incentivos perversos que sirven de caldo de cultivo de la corrupción política.

La financiación de los partidos, supuesta matriz del problema, es sólo uno de los factores, como muestran muchos de los casos que están ahora en el candelabro. Puesto que no andamos solos en el universo de la corrupción, tiene interés fijarse en una democracia que sobresalió en ese ranking, con escándalos que tumbaron a primeros ministros, a ministros y a altos cargos de Hacienda, de Agricultura, de Construcción o de Transportes. Me refiero a Japón, donde eran habituales los sobornos a miembros del Gobierno y a los partidos. Los estudios al respecto apuntan a una combinación de causas. La financiación era una, desde luego, pero había más: el sistema electoral, la estricta disciplina de partido, la fuerte regulación de la economía, la escasa probabilidad de ir a la cárcel por corrupción política y la tolerancia social ante unas prácticas que reparten beneficios. ¿He dicho Japón? Puestos uno tras otro los factores coadyuvantes, digo España.

A vueltas con la declaración
Francesc de Carreras La Vanguardia 31 Enero 2013

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Habrá que ir dándole vueltas a la resolución 5/X del Parlament de Catalunya, por la que se aprueba la "Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya", que así se llama oficialmente el texto. De momento, el Gobierno central parece estar dudando sobre su impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC). El plazo para presentar dicha impugnación es de dos meses y, por tanto, aún hay tiempo para seguir dándole vueltas.

La perplejidad ante una posible impugnación no proviene de que el contenido de la declaración sea inconstitucional: esto nadie lo duda, todo el mundo lo tiene claro, incluidos sus promotores y los diputados que la votaron. Es obvio que se trata de una declaración deliberada y abiertamente inconstitucional que rompe uno de los preceptos estructurales básicos de nuestra norma suprema: allí donde la Constitución dice (artículo 1.2) que la "soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado", uno de estos poderes del Estado, el Parlament de Catalunya, sostiene que "el pueblo de Catalunya tiene (...) carácter de sujeto político y jurídico soberano". Por tanto, según la declaración, Catalunya no tiene derecho a la autonomía -como implícitamente reconoce el artículo 2 de la Constitución y, de manera confusa, el artículo 2.4 del Estatut- sino que es un pueblo soberano.

Así pues, el choque con la Constitución no puede ser más evidente. Y para mayor cachondeo, este principio de la declaración se justifica en la misma "por razones de legitimidad democrática", lo cual ya me parece el colmo: un texto con un contenido tan flagrantemente inconstitucional y, por tanto, aprobado a sabiendas de que se desprecia la legalidad democrática, se justifica por razones de una supuesta "legitimidad democrática" al margen del actual Estado de derecho.

No entiendo que mediante la utilización de tales chapuzas jurídicas, y sólo estamos en los comienzos, los independentistas catalanes puedan creer que, en el caso de que alcancen su objetivo, Catalunya sea reconocida como Estado soberano por la Unión Europea, siempre tan escrupulosa con el derecho, y también por el resto de los estados y organismos que forman la comunidad internacional. Si hubiera soldados del ejército de Catalunya con metralleta deteniendo a la gente y tanques por las calles, la prensa mundial consideraría que el proceso que comenzó la semana pasada es un golpe de Estado, ya que jurídicamente así es.

Afortunadamente no hemos llegado a este punto, no hay tanques ni metralletas. Hay algo mucho más civilizado: poderes públicos estatales y juristas de todo tipo preocupados por el cumplimiento de las normas vigentes -dado que estas, y sólo estas, tienen legitimidad democrática- que intentan averiguar si es posible utilizar vías jurisdiccionales para declarar nula una declaración tan frontalmente contraria a derecho. Para ello tratan de determinar el marco legal e interpretarlo, examinan la jurisprudencia por si encuentran precedentes, leen la doctrina para reflexionar, todo ello con la finalidad de encontrar argumentos suficientemente sólidos para llegar a una conclusión convincente y razonable que permita reconducir las cosas por el camino del derecho que nunca se hubiera debido abandonar.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo es posible que ante una declaración tan opuesta al derecho no existan órganos competentes para hacerlo cumplir? Sólo cabe una respuesta válida: si no los hay es porque el derecho no ha sido vulnerado. Pero a esta respuesta le debe seguir otra pregunta: ¿es jurídicamente admisible que un órgano público como es el Parlament pueda formular una declaración tan obviamente inconstitucional sin que ningún otro órgano público pueda reaccionar para restablecer el derecho?

Naturalmente, si tales afirmaciones sobre la soberanía de Catalunya fueran pronunciadas por personas físicas o jurídicas, por políticos o comentaristas, por asociaciones y hasta por partidos políticos, no se plantearía ningún problema ya que estarían amparados por el derecho a la libertad de expresión. De hecho cada día hay declaraciones de este tipo como corresponde a una sociedad libre. Pero no es el caso: el Parlament ha aprobado una declaración cuya forma jurídica es la de resolución -en concreto, la resolución 5/X- debido a las facultades que le confiere el reglamento del Parlament, en desarrollo del Estatut, en sus artículos 145-147.

¿Puede ser recurrida ante el TC una resolución, presuntamente anticonstitucional, de un poder público como es el Parlament? El artículo 161.2 de la Constitución establece que "el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas", lo cual comportará automáticamente la suspensión del acto impugnado. Por tanto, esta vía jurisdiccional, desarrollada en los artículos 76 y 77 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, parece ser la idónea para el caso. Ahora bien, hay quienes sostienen que la declaración no tiene efectos jurídicos sino meramente políticos y, por tanto, no cabe la impugnación. Dudas, dudas. Intentaremos solventarlas en un próximo artículo.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20130130/54362533982/a-vueltas-con-la-declaracion-francesc-de-carreras.html#ixzz2JXdw69FP
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La fascinación del nacionalismo catalán por Israel
via http://espanaisrael.blogspot.com.es 31 Enero 2013

J. Cañete

En 1957, ya sexagenario, Josep Pla arribó a Tel-Aviv en un barco repleto de judíos europeos que acudían a la llamada de construir Israel. El Estado hebreo impactó tanto a Pla que el escritor acabaría publicando ‘Israel, 1957’, un panegírico de la epopeya del pueblo judío en su regreso a la tierra prometida. Pla no sospechaba que su libro se convertiría en una obra de referencia entre gran parte de la clase política catalana y que contribuiría a la contradictoria relación de la derecha y la izquierda catalana, española y europea con Israel.

Todo el mundo sabe que en el siglo XX la extrema derecha –fascismo, nazismo, franquismo– era antisemita. Lo que no es tan conocido es que unos 8.000 judíos fueron brigadistas internacionales durante la guerra civil española, en la que defendieron la Segunda República en nombre del socialismo y el comunismo y en contra del fascismo. Para la izquierda, judaísmo y sionismo –convertidos en sinónimos– significaban antifascismo. A ello se le unió el movimiento colectivista de los kibutz, que parecía la plasmación en la tierra prometida de la utopía socialista.

Durante décadas cualquier político de izquierdas europeo que se preciara debía cumplir con el ritual de visitar un kibutz en Israel. Josep Borrell, por ejemplo, suele presumir del verano que pasó en 1969 en Israel, donde conoció a su primera esposa. Pero el ahora presidente del Parlamento Europeo no estaba solo. La derecha nacionalista catalana se sentía atraída por otro Israel: el país que una ideología nacionalista –el sionismo– había luchado por recuperar. Israel era y sigue siendo El Dorado nacionalista: el pueblo que recupera su tierra, que crea un Estado floreciente superando todo tipo de obstáculos y que resucita su lengua muerta. Pla y su ‘Israel, 1957’ en estado puro.

Esto explica la fascinación que el nacionalismo catalán siente por Israel, y que muchos de sus dirigentes peregrinasen al Estado hebreo como sus colegas socialistas y comunistas. Por citar a alguno, el apego de Jordi Pujol es tan grande que cuatro de sus hijos han pasado por un kibutz –Oriol conoció de primera mano las tensiones con los palestinos en la frontera con Gaza– y se embarcó en el proyecto del Museu d’Història de Catalunya tras visitar el Museo de la Diáspora en Tel-Aviv. En la polémica visita de la corona de espinas, el republicano Josep-Lluís Carod Rovira estaba más interesado por el eficaz sistema de enseñanza del hebreo que por los campos de refugiados de la franja de Gaza.

Al llegar al poder, Felipe González se dio cuenta de que para devolver a España a la comunidad internacional había que reconocer a Israel. Pero la política en Oriente Próximo es alambicada, y se escapa de análisis en términos de izquierda y derecha. Cayó el muro, estallaron la primera y la segunda Intifada, EEUU se convirtió en neocón, surgió la amenaza islamista y Osama bin Laden destruyó las Torres Gemelas. En estos tiempos oscuros y de confusión, probablemente lo único que tengan en común hoy en día José María Aznar y nacionalistas catalanes, Federico Jiménez Losantos y Joan B. Culla, Jon Juaristi y Pilar Rahola es su apoyo incondicional a Israel.

http://www.alertadigital.com/2012/10/07/la-fascinacion-del-nacionalismo-catalan-por-israel-jordi-pujol-envio-a-cuatro-de-sus-hijos-a-un-kibutz/

La salida de ETA
'Disolverse, entregar las armas y pedir perdón'
Agencias GACETA.ES  31 Enero 2013

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido ha dirigido el homenaje a Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión, asesinados hace 15 años.

El presidente del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, ha avisado este miércoles a la banda terrorista ETA de que mientras que el "PP esté en el Gobierno de España no tiene nada que negociar porque solo tiene una salida: disolverse, entregar las armas y pedir perdón a las víctimas".

Así lo ha dicho en el acto homenaje que este 30 de enero ha rendido el PP-A al concejal Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa Ascensión García en el 15 aniversario de su muerte a manos de la banda y en el que han estado presente, además de la familia de ambos, cargos del partido como el vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales, Javier Arenas, el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, y el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno.

No se consigue matando
Ante un concurrido auditorio en un hotel de Sevilla, Zoido ha asegurado que a la familia de Alberto y Ascen y a la "familia política" del PP les une hoy lo mismo que hace 15 años, que es la lucha contra la "vileza de los asesinos" y la "dignificación de la vida política", algo que, a su juicio, "no se consigue matando".

Por eso, ha pedido a los asistentes que "nadie le dé las gracias" a ETA por estar en tregua en estos momentos y que nadie crea que el Gobierno está "negociando" con la banda porque el PP solo contempla "una derrota de la banda que pasa por la entrega de las armas y por pedir perdón" a los familiares, frase que ha recibido el emotivo aplauso de los presentes.

Ni Bildu ni Amaiur
En esta idea también ha insistido la hermana del concejal asesinado, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, quien ha negado igualmente que el Ejecutivo de Mariano Rajoy esté "negociando con ETA". Pese a ello, ha pedido al Gobierno que "se mantenga firme" en esta decisión porque ETA, aunque "debilitada", no está "derrotada" y sigue "muy fuerte en materia política y penitenciaria", cuestiones en las que reivindica, fundamentalmente, el acercamiento de los presos al País Vasco. Sobre la última manifestación celebrada en Bilbao por este motivo, la eurodiputada ha lamentado que "gente como Gordillo o Pilar Bardem no tenga nada mejor que hacer" y acudan como si "los presos fueran parte de la solución y no el problema".

Para la hermana de Alberto, esto hace que "parezca que vivamos en el mundo al revés", donde los etarras intentan además "escribir el final de la historia", algo a lo que se ha opuesto rotundamente porque "todo lo que escriben es mentira" y porque, como su hermano y su cuñada, hay muchos que han muerto por defender los valores democrático del país. "Que no maten ahora no debe hacernos olvidar ni hacer que nos pongamos nervioso" ante ETA, ha reivindicado.

Jiménez-Becerril también ha negado en este acto que las víctimas del terrorismo estén divididas y, aunque ha admitido que puede haber algunas diferencias entre ellas, ha puesto el énfasis en lo que les une. "Os aseguro que, en lo fundamental, todas las víctimas estamos de acuerdo y es que ni Bildu, ni Amaiur ni llámese X deben estar en las instituciones", ha resumido tras señalar como otro punto en común la exigencia de que los presos cumplan íntegramente sus penas.

'Ni queremos ni podemos olvidar'
Aparte de estas peticiones de carácter político, el acto ha transcurrido entre sentidos recuerdos sobre quiénes y cómo eran Alberto y Ascen. De ellos, Zoido ha destacado su "vitalidad" y "alegría", además de su compromiso por hacer "una Sevilla mejor". Por ello, ha considerado que la celebración de este homenaje cada 30 de enero es "difícil" pero imprescindible para "mantener viva su memoria y sus principios".

También el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha destacado la "responsabilidad y honradez" del concejal, o el "alcalde de Triana" como a él le gustaba que le llamaran, y ha lamentado que "pagara tan caro, con su vida y la de su mujer, pertenecer al PP". "Así de caro lo pagaron y ahora algunos quieren que nos olvidemos. Pues miren no, ni queremos ni podemos olvidar", ha concluido.

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