AGLI Recortes de Prensa   Viernes 1  Febrero 2013

España, un circo de tres pistas
Marcello www.republica.com   1 Febrero 2013

Asistí una vez en Nueva Delhi (India) y en la compañía del gran y magnífico fotógrafo Cesar Lucas a un espectáculo de circo en el que solo actuaba un elefante que se hacía el borracho y un par de patinadoras que daban vueltas en una placa de mármol. Y eso era todo, o casi todo hasta que entendimos que los espectadores de tal circo lo que compraban no era una entrada para ver el espectáculo sino el derecho a poder dormir toda la noche bajo la carpa en ese gélido ‘viejo Delhi’, en cuyas calles dormían a la luz de la luna miles y miles de personas, muchas de ellas enfermas.

Ahora, en España, los ciudadanos de bien asisten despavoridos y ateridos de frio y de desesperación al impresionante espectáculo de la política española, que se desarrolla en un circo de tres pistas: la pista de la corrupción de los partidos; la de la corrupción de la Corona; y la de la corrupción de los independentistas catalanes (los que ahora le están diciendo a Cospedal que debió callarse cuando aparecieron los casos de los Pujol y de Duran i Lleida).

Y para que nadie se quede fuera del espectáculo ahí está el gran presentador de la velada invitando a niños y mayores, a los novios y parados, a civiles y militares a cobijarse bajo la triple carpa del mayor espectáculo del mundo, o al menos uno de los más grandes de Europa, al “pasen y vean” la corrupción mas sofisticada y más completa de la Europa mediterránea.

Pasen y admiren a ¡un yerno del Rey! al ¡”duque empalmado” de Urdangarin y a su esposa la infanta Cristina, deambulando sobre el alambre del caso Noos/Aizzon! Y a la princesa Corinna (que ya está de nuevo en Madrid) bailando con una sombrilla china sobre el lomo de un elefante de Botswana, primo hermano de aquel otro que abatió el Rey de un certero disparo en la frente, y poco antes de caerse y de romperse la cadera en aquel safari a lo Mogambo.

Pasen a la pista catalana y admiren la precisión de esa ‘troupe’ de ¡los Pujol! También conocidos como ¡”los pitufos millonarios”!, haciendo sus ‘castellets’ y sus cabriolas en el trampolín. Y vean al presidente del Palau, el tal Millet, interpretando el violinista en el tejado gracias a la generosidad de Ferrovial, y a Duran i Lleida dando cursos de formación profesional, y a los amigos Prenafeta, Alavedra, De la Rosa, Pallerols, la gran caterva social catalana de la alta política y de la corrupción cantando el himno de la Diada, el ¡”España nos roba”!, lo que dejaron sin robar a los catalanes los políticos y amigos del nacionalismo independentista, y algún otro del PSC, empezando por el alcalde de Sabadell. Eso sí, todos ellos, como los de la Casa Real y los que siguen por detrás “presuntos”, no vaya a ser que nos podamos equivocar.

Y en la pista central de la política nacional pasen y vean a Pepiño Blanco en capilla y al director de la Fundación Ideas el tal Mulas,disfrazado a Amy Martin y con su perfecta imitación de la ‘Mula Francis’, aquella magnifica mula de nuestra infancia que hablaba hasta por los codos y con gran precisión científica e intelectual.

Y bueno, y qué le vamos a contar de los trapecistas voladores del PP. Desde Matas a Camps, pasando por Fabra o por Baltar, y por sobre todo Bárcenas, que es el gran mago prestidigitador que ha elaborado una lista de los presuntos cobros en dinero negro de los que son o han sido los primeros dirigentes del PP y los miembros destacados de los pasados gobiernos de Aznar. ¡Qué espectáculo!, Cascos por aquí, Arenas por allá, Rajoy por doquier, Cospedal en 2008, Acebes y Rato, y Trillo y Mayor, todos presuntos, todos sin red, pendientes de los cruces en el aire, de no chocar entre ellos y no caer al vacío y con todas las de la ley.

El circo España es impresionante y mucho nos tememos que su espectáculo, en permanente renovación, no hizo nada más que comenzar. Aunque el final de la velada mucho tememos que será el publico ciudadano, e indignado el que lo va a protagonizar con un desfile excepcional por las calles y plaza de la capital.

Trascendencia del ‘Barcenasgate’
EDITORIAL  www.gaceta.es  1 Febrero 2013

Algunas cosas ya van quedando claras en toda esta esperpéntica historia en la que “lo que parece” se acerca cada minuto más a lo que se va demostrando en los medios de comunicación. El morbo está servido. Los nombres que aparecen son todos, o casi todos. El diario El País, mimado por doña Soraya desde que es vicepresidenta, ha lanzado la bomba. Alberto Ruiz-Gallardón es posiblemente el único político relevante que no aparece en estas jugosas informaciones. ¿Azar? La vieja conspiración polanquista para tener dos caballos, PP y PSOE, ambos con unas solas riendas, se reactiva por momentos. Por encima de la polvareda, estamos asistiendo a una formidable lucha de poder. Y, lamentablemente, lo que menos importa aquí es la Justicia y, mucho menos, la ciudadanía.

Que Bárcenas cobraba peajes a empresarios varios en billetes de curso legal está a punto de convertirse en una verdad científica. Que “el que parte y reparte se lleva la mejor parte” es una verdad consuetudinaria. El Partido Socialista, el Partido Popular y el nacionalismo catalán se hallan inmersos en una asquerosa telaraña donde se mezclan el uso abusivo de fondos públicos, la construcción de sorprendentes fortunas privadas y la financiación opaca de los partidos. Podría confiarse en la Justicia, pero experiencias como la del caso Pallerols demuestran que la confianza tiene un límite demasiado evidente. No hay nadie que esté libre de pecado. Pese a lo cual todo el mundo anda tirando piedras.

La crisis institucional está servida y llega calentita. La Monarquía, tambaleándose como un boxeador sonado. La clase política, desacreditada. La Iglesia, autista. La sociedad, perpleja. ¿Y la Justicia? A los tribunales se dirigen ahora todos los ojos, como en la Italia de la Tangentopoli. ¿Al final unos jueces salvarán la democracia? Después de todo, hundidos el poder Ejecutivo y el Legislativo, parece que sólo queda en pie el poder Judicial. Pero en España los jueces dependen excesivamente del poder político. Si los jueces deciden coger el toro por los cuernos, si aún quedan entre ellos 100 jueces no sólo justos, sino también valientes, tendrá que ser a pesar del control partitocrático.

No perdamos de vista lo esencial: por encima de la denuncia, aquí se trata de defender una España libre, justa, democrática y decente, donde la sociedad pueda construir libremente su propio mañana y donde los políticos estén al servicio del bien común, que es el bien general de la nación. Si para llegar a eso hace falta reformar los cimientos de la casa, bienvenido sea el terremoto.

La inacción de Rajoy aumenta todas las sospechas
EDITORIAL Libertad Digital  1 Febrero 2013

La publicación ayer por el periódico El País de una supuesta contabilidad paralela con pago de sobresueldos a dirigentes del Partido Popular, agrava notablemente las sospechas de corrupción que pesan sobre el partido actualmente al frente del gobierno de España. Está por ver si los apuntes manuales reproducidos por el periódico del grupo PRISA se ajustan a la realidad y en qué medida lo hacen, porque entre lo publicado ayer hay al menos una falsedad de la que hemos dejado sobrada constancia. Nos referimos a unos pagos inexistentes a Libertad Digital por parte del Partido Popular, que según El País habrían aparecido anotados en un documento hológrafo obra del extesorero del Partido Popular. Libertad Digital y su Presidente ya han anunciado la presentación de las oportunas iniciativas judiciales contra los que sostengan tal mentira, una vez comprobado que nada de lo publicado en relación con nosotros tiene el menor contacto con la realidad. En el PP, en cambio, están todavía pensando qué hacer ante tan graves acusaciones, contribuyendo a socavar la imagen de un partido cuyos dirigentes están cada vez más en entredicho.

Desde que estalló el escándalo de los presuntos sobresueldos opacos al fisco la respuesta del Partido Popular a lo largo de todos estos días ha dejado mucho que desear. El colmo es que, como ayer desvelábamos en LD, la "exhaustiva investigación interna" ordenada por Rajoy vaya a consistir en unas llamadas de teléfono de la actual tesorera del partido, lo que suena más a una tomadura de pelo en toda regla que a la voluntad expresa de revisar pormenorizadamente lo ocurrido en torno a este asunto y hacerlo con todas sus consecuencias.

Como era de esperar, los efectos demoledores de un escándalo de estas proporciones han trascendido ya el ámbito nacional, con un destrozo para la imagen de España y una pérdida de credibilidad del país entero cuyas consecuencias están todavía por determinar. Este es un motivo añadido del suficiente peso político para que Rajoy salga a la palestra de una vez a demostrar sin el menor género de dudas la honorabilidad del Partido Popular y sobre todo de sus dirigentes, entre los que él mismo figura en lugar destacado.

Si lo publicado estos días por los dos principales medios nacionales es una falsedad, como afirman los actuales responsables del primer partido de España, a estas alturas ya debería haber entrado en los correspondientes registros judiciales una completa batería de demandas y querellas en defensa del buen nombre del PP y sus actuales mandatarios. Todo ello sin perjuicio de aportar a la opinión pública, con el aval de expertos independientes, el registro fidedigno de los principales flujos financieros que ha manejado el PP en los últimos años y su destino pormenorizado, en especial en lo referido a los honorarios devengados por su junta directiva.

Cuánto más tarde el PP en aclarar este escándalo más motivos tendremos para sospechar que las denuncias formuladas son verosímiles y mucho más graves serán las consecuencias que ese partido deberá arrostrar en el futuro para recuperar la confianza de los ciudadanos. Rajoy tiene la última palabra.

Rajoy bajo sospecha
Pablo Sebastián www.republica.com  1 Febrero 2013

Dentro de la dramática situación de España y de la crisis política, institucional y social que padecemos, confirmando el entierro del Régimen de la transición en un pantano de corrupción, tendría su gracia que el presunto delincuente que es Luis Bárcenas se fuera de rositas con sus diez millones de euros legalizados por causa de la amnistía fiscal del Gobierno. Y que Mariano Rajoy, por culpa del informe detallado y minucioso de la presunta contabilidad “B” del PP que ha publicado el diario El País y que había anunciado el diario “El Mundo”, deba dimitir de la presidencia del Gobierno y del PP, arrastrando con él a los que fueron primeros dirigentes y miembros de los gobiernos de José María Aznar, en caso de que dichos documentos fueran probados como auténticos. Lo que no es descartable porque, de momento, la caligrafía de parte de ellos es muy parecida a la de Bárcenas que aparece en otros escritos del ex tesorero del PP, lo que ya han confirmado algunos expertos en caligrafía a varios medios de comunicación.

Y eso es, precisamente, lo primero que debieron decidir Rajoy y Cospedal nada más conocer el informe del diario El País para ver si el autor de semejantes informes acusatorios y divulgados era y es el ex gerente y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, como parece a todas luces, y dentro de la lógica de su fría y cruel venganza por sentirse abandonado y acosado por el PP, tras su implicación en el caso Gürtel, ahora en la Audiencia Nacional. Convencidos como parecían en el PP de que Bárcenas nunca “cantaría” o revelaría su secreto porque complicaría más su situación procesal.

Pero entre la desidia y huida permanente de Rajoy y los disparates de Cospedal han conseguido abrir la caja de los truenos que el tal Bárcenas tenía guardada, celosa y primorosamente, en todos sus detallados cuadernos de la presunta doble contabilidad del PP, en la que no solo aparecen los cobradores en dinero negro, con el propio Rajoy y Cospedal incluidos, sino que además queda claro que por acción u omisión en toda a presunta trama de corrupción estarían implicados los presidentes recientes del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy como máximos responsables del partido.

La acusación contra Rajoy por parte de Bárcenas y sus escritos es un hecho de la mayor gravedad porque afecta, como lo ha dicho el jefe de la oposición Rubalcaba, al presidente del Gobierno de España. El que, como siempre no que querido salir a dar la cara y se ha escondido tras las faldas de Cospedal. La que a su vez no ha sabido explicar por qué no ha investigado la caligrafía del informe de El País a ver si era de Bárcenas, como tampoco pudo justificar su cambio de posición de hace semanas, cuando a la vista de las primeras informaciones de El Mundo sobre el caso, ella dijo “que cada palo aguante su vela”, mientras ahora ella aguanta las velas de todos los dirigentes del PP que inmersos en tan impresionante contabilidad “B” descrita en los documentos de El País.

De la misma manera Cospedal no ha puesto denuncia ni del PP ni suya contra El Mundo y su director (que acusó directamente al PP de esta corrupción), y ahora anuncia que se querellará contra El País, y todo el que se haga eco de estas noticias -es decir contra la gran mayoría de la prensa nacional e internacional-, cuando lo que Cospedal tendría que anunciar es su querella contra Bárcenas (y contra Lapuerta si llegara el caso), cosa a lo que no se atreve, una vez que saben que Bárcenas los puede dinamitar, algo que ya ha empezado a hacer, a pesar de sus cínicos desmentidos para que no le imputen la autoría y revelación de los famosos documentos de El País.

Como suele ocurrir siempre que hay un problema, Rajoy tardará en salir con lo que las sospechas que se ciernen sobre su cabeza y su partido habrán aumentado en lugar de disminuir, al tiempo que crece, y con razón, la indignación nacional por este y por otros asuntos (desde el caso Urdangarin a la independencia catalana) que nos alarman y atenazan al tiempo que anuncia un final del Régimen nacido de la transición de manera estrepitosa, lo que obligará a una reforma -nada de regeneración- democrática en profundidad de las reglas del juego político y la Constitución. Decíamos ayer que los palacios de la Zarzuela y la Moncloa ya están bajo sospecha y en coplas de corrupción y advertíamos sobre lo que aún estaba por salir. Pues bien ya ha salido una parte de todo ello pero no la totalidad como pronto lo podremos ver y comprobar. Y ¿entonces? Pues entonces ya veremos pero no sería ningún disparate que, de la misma manera que parece que el PP tenía una contabilidad “B”, en la Moncloa tengan preparado un Plan B, e incluso un posible sustituto de Rajoy si todo esto sigue como va y se van confirmando los informes que acaban de salir y que pueden continuar.

Bárcenas y las verdades de Boyer
El PP pagará la factura del populismo
José García Domínguez Libertad Digital  1 Febrero 2013

La sociedad española no concede tolerar bajo ningún concepto que alguien dedicado a la vida pública, un ministro, un parlamentario, un dirigente de un gran partido nacional, un gestor institucional que administra cientos de millones de euros bajo su personal responsabilidad, cobre mucho más que un vendedor de aspiradoras o un agente de seguros medianamente espabilado. No lo admite. Punto. Todas las lágrimas de cocodrilo, tan hipócritas, tan falsarias, tan impostadas, que está provocando la libretita del quinqui Bárcenas manan de esa patología colectiva primigenia. Aquí, una máxima protosocialista del Medievo, la de que nadie es más que nadie, se sigue anteponiendo a cualquier querencia meritocrática o toda elemental apelación a los precios de mercado.

Trasplantados a la actividad política, un abogado del Estado, un inspector de finanzas, un directivo de multinacionales, un economista de alto nivel deben aprestarse a aceptar nóminas propias de un administrativo con algún trienio para que no estalle el motín de Esquilache. De esos polvos, estos lodos contables en B. España es un país que ha pasado sin solución de continuidad de la dictadura del general Franco a la no menos opresiva de la opinión pública. Por eso una persona como Miguel Boyer hubo de esperar hasta los setenta y dos años antes de permitirse pronunciar en público la verdad. "Si se siguen bajando los salarios o manteniendo los que hay ahora en la Alta Administración, pronto solo llegarán los analfabetos a la dirección del Gobierno", manifestó no ha mucho con desolada y ya impune lucidez.

Al respecto, la libretita del quinqui no es más que el precio que ahora deberá pagar el Partido Popular por haber cedido en su día a la tentación populista. Acaso haya llegado la hora no solo de limpiar de extorsionistas y rufianes tanto Génova como Ferraz, sino de enfrentarse al infantilismo igualitarista hoy dominante en el sentir de nuestro país. La selección inversa de las elites, que llegaría al clímax de lo patético en tiempos de Zapatero, la devaluación de la calidad de la clase dirigente hasta extremos impensables hace apenas dos décadas, tiene que ver, y mucho, con esa claudicación, con el no atreverse a contrariar el deseo de la calle. Que ese, y no otro, fue su gran pecado.

Fallo multiorgánico
Irene Lozano El Confidencial  1 Febrero 2013

Los países no mueren (a veces sería más fácil acabar con todo y comenzar ex nihilo), pero si España fuera un organismo, en este momento el médico diagnosticaría un fallo multiorgánico con pronóstico muy grave, quizá irreversible. Que el jefe del Estado y el jefe del Gobierno estén implicados en sendos escándalos de corrupción constituiría por sí solo un gran motivo de alarma, más aún por cuanto ambos pueden estar siendo chantajeados por personajes muy turbios.

A esto hay que sumarle el profundo descrédito de los dos grandes partidos, vistos por los ciudadanos en estos momentos como delincuencia organizada, como piezas clave de una cleptocracia desacomplejada, que primero roba, luego engaña y para terminar nos toma por imbéciles.

La justicia se mueve a paso de paquidermo y está tan desbordada como la ciudadanía. El fiscal anticorrupción no da literalmente abasto y necesita un refuerzo de plantilla que no sé si el ministro de Justicia concederá con tanta celeridad como esos indultos que va dictando a diestro y siniestro.

El Congreso es una institución zombi, bloqueada por procedimientos ideados para blindar a la mayoría gubernamental, de manera que el control que se pueda ejercer sobre la labor del Gobierno sea lo más leve posible. Son las instituciones que el duopolio ha querido darse para garantizarse las menores molestias posibles en sus respectivos periodos al frente del cortijo. Ni el PP ni el PSOE han querido cambiar estos mecanismos, en la certeza de que se resarcirían mediante la alternancia. Todo ello, coincide con una larga recesión económica y una cifra insoportable de parados que no deja de aumentar.

La información publicada ayer por El País revela más datos aún de ese fallo multiorgánico que implica a toda una estructura económica, la creada durante la burbuja. Porque lo peor no es quiénes recibieron sobresueldos, sino quiénes los pagaban y a cambio de qué. La respuesta es: a cambio de una economía ineficiente basada en ese capitalismo castizo tan dañino que teme a la competencia y se cobija bajo sus contactos del poder político. Esas prácticas también tienen un pronóstico grave.

Así que pensemos mejor en ese tratamiento de choque que el presidente del Gobierno no es capaz de idear, puesto que ha sido adiestrado para aguantar, aguantar y aguantar (el peor perfil personal que podríamos tener en este momento)Algunos se frotan las manos pensando que la revolución debe de estar a la vuelta de la esquina, pero dudo que ocurra. No restemos ni un ápice de gravedad al hecho de que un millón largo de personas lo están pasando muy mal. Ni a la desigualdad rampante que está dejando la crisis. Y no perdamos la perspectiva: aún tenemos una renta per cápita del 99% de la UE (dato de 2011). Llegó a ser del 105% de la media comunitaria y por eso sentimos la pérdida económica, agravada por la desconfianza en el sistema y la sospecha generalizada hacia las elites.

En estas circunstancias, si fuéramos ese médico situado ante un enfermo con fallo multiorgánico, ¿qué habría que hacer? ¿Comenzar a regañarle por los excesos cometidos, por haber bebido y fumado o no haber cuidado su colesterol? ¿Habría que reprocharle su pésima herencia genética o sus debilidades congénitas? Todo eso empieza a resultar superfluo. Las cosas están bastante claras y ya sólo la elite insensible no las percibe como el resto de los ciudadanos.

Así que pensemos mejor en ese tratamiento de choque que el presidente del Gobierno no es capaz de idear, puesto que ha sido adiestrado para aguantar, aguantar y aguantar (el peor perfil personal que podríamos tener en este momento). Reforzar la persecución legal de la corrupción, tipificando como delitos la financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito; forzar legalmente a la democracia interna en los partidos, para asegurar que llegan los mejores y no los más canallas; transparentar la Casa Real (no sólo en lo tocante a sus cuentas, sino a todas sus actividades); y por último, modificar la cultura política para recuperar algo tan simple y antiguo como la vergüenza, hoy ausente de la vida pública. Eso para abrir boca. Va a ser difícil, muy difícil. Pero al final tendremos una democracia moderna y transparente, una ciudadanía implicada en la resolución de los problemas. Al menos, que nuestros hijos no puedan reprocharnos que no lo intentamos.

¿Cuánto más resiste este país?
Fernando Glez. Urbaneja www.republica.com  1 Febrero 2013

Que había sobresueldos en el PP era algo de lo que se hablaba desde hace tiempo más allá de los círculos de iniciados. Que alguien señaló hace unos pocos años (muy pocos) que había que acabar con esas prácticas, también. Y alguien advirtió que algún día eso estallaría en las peores circunstancia; era el pronóstico de los pesimistas (optimistas bien informados). El PP podía haber dirigido el proceso de clarificación de malas prácticas pasadas con una estrategia decente y sincera de profundizar la democracia, de llevarla a los partidos, empezando por el propio, y de practicar la transparencia que reclaman a los demás.

Pero decidieron no hacerlo, optaron por negar hasta las evidencias. Las experiencias anteriores invitaban a confiar en que no pasa nada. El caso Naseiro se agotó en los tribunales con triquiñuelas; los Gürtel y sus hermanos en otras comunidades se han ido dilatando y cociendo a fuego lento, con la distancia suficiente como para que los daños se acotaran al grupo de los pillados con las manos en la masa.

Uno de esos memos que ocupan puestos relevantes en el PP y opinan en su nombre decía ante las cámaras hace pocos días: mi partido nunca ha tenido financiación ilegal. Me sorprendió que ninguno de los presentes le llamara la atención por pretencioso. Decir eso con las evidencias existentes es insultar a los ciudadanos.

Las hojas contables que hoy desvela El País, son en su propia simpleza bombas atómicas. El PP ha decidido negar, subalternos del partido aparecen en todas las televisiones esta mañana declarando que no es cierto. ¿Qué sabrán ellos?

El problema es como sigue esto, la tentación de que sea un mal sueño, una tormenta de verano, es tan atractiva como peligrosa. La acumulación de humo es tan intensa que no es posible que no haya incendio. Y además andan en danza otras instituciones desde la Casa Real a la Fundación Ideas, con casos que evidencian descontrol, falta de respeto al dinero, ligereza, abuso, déficit de transparencia, irresponsabilidad… en resumen hechos que invalidan a quienes los protagonizan o toleran para representar a los ciudadanos y para la gestión pública o privada.

La acumulación de chapuzas, abusos, ocultaciones, mentiras (uno de los pecados capitales en las democracia maduras que inhabilitan a los mentirosos sin necesidad de sentencias judiciales) es de tal calibre que hay que empezar a pensar que esto no aguanta, que España (incluida Cataluña) necesita una refundación urgente con nuevos protagonistas que devuelvan la confianza a los ciudadanos.

Hace ochenta años un partido con muchos votos y escaños, que estaba en el poder, el Radical de Alejandro Lerroux, se disolvió por un escándalo de corrupción, el llamado caso del estraperlo, que comparado con lo actual era asunto menor. Hace tres décadas el Partido Socialista Italiano desapareció con estrépito por escándalos que se parecen a los actuales. ¿Puede ocurrir algo semejante en la España actual? Si siguen la estrategia de negación y ocultación lo tienen merecido.

fgu@apmadrid.es

Corrupción
Rajoy, 'kaputt'
Emilio Campmany Libertad Digital  1 Febrero 2013

En 2004, Rajoy creyó que ganaría las elecciones de la forma en que hasta entonces había logrado todo en política, a base de no hacer nada. Durante la siguiente legislatura intentó ser el líder que la derecha reclamaba para hacer frente a un Zapatero que llevó la nación al borde del abismo, negociando con ETA y dando alas al independentismo catalán. Como en 2008, a pesar del cambio de estrategia, volvió a perder, Rajoy retornó adonde solía, a no hacer nada. Dejó que Zapatero se cociera en su propia incompetencia y se sentó a esperar que la presidencia del Gobierno le cayera de la higuera. Y así fue.

Enfrentado a la grave crisis que el país sufre, admitió a regañadientes que algo había que hacer, pero sólo en el ámbito económico, dejando al margen la reforma institucional. Por eso lo esencial de su política ha consistido en recortar servicios y subir impuestos a los ciudadanos, sin tocar el sistema ni siquiera en lo económico. Para no tener que reformarlo, ha llegado a negar la evidencia, que está diseñado de un modo que genera derroche por sí solo, sin necesidad de que sus gestores sean especialmente manirrotos.

Sin embargo, hay una crisis inequívocamente institucional que se superpone a la económica. No se trata de la Monarquía, ni de la Justicia, que también. Se trata de la nación. Pero, ante la gravedad de lo que ocurre, Rajoy sólo sabe hacer lo de siempre, sentarse a esperar que el tiempo solucione los problemas. Ahora, las revelaciones publicadas por El País transmiten la sensación de que lo que todos sospechábamos, que el sistema estaba podrido, era efectivamente verdad. Puede que muchos de esos pagos estuvieran justificados, pero ¿por qué esa forma de contabilizarlos? ¿De dónde salía el dinero para poder realizarlos? ¿Por qué algunos empresarios hacían pagos al partido de esa forma tan opaca? ¿Y por qué el partido los aceptaba? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que Bárcenas amasara la fortuna que ahora confiesa haber regularizado teniendo como actividad principal la de tesorero del PP?

El templo se viene abajo y nadie parece en condiciones de salvarse. Ya no es cuestión de si se aparece o no en la lista o de si los pagos que se recibieron están o no justificados. La cuestión es que esa no es forma de llevar la contabilidad de un partido político cuyos cargos manejan cientos de miles de millones de dinero público. Nadie que haya tenido un puesto importante en el PP puede hoy suceder a un Rajoy que por fin se verá obligado a hacer algo, dimitir. ¿Y el PSOE? ¿Puede el PSOE aspirar a heredar los escombros? No parece. A fin de cuentas, es tan responsable como el PP del sistema que padecemos. Quien tenga que venir no puede salir de ninguno de esos dos partidos. No tengo ni idea de quién podría ser. Sólo sé que tendrá que traer una escoba bien grande.

Regeneración
Menos política en la vida diaria
Francisco Aranda Libertad Digital  1 Febrero 2013

Antes de empezar a escribir este artículo he rastreado las webs de los periódicos más importantes del mundo, lo cual me ha producido una profunda tristeza. Pondré sólo dos ejemplos: la corrupción de España es la noticia principal del Financial Times; y si usted introduce la palabra Spain en el buscador de The New York Times, le saltarán automáticamente los términos fraude y corrupción.

Basta ya. Puede que parte de todo este efecto altavoz esté siendo sobredimensionado aposta y no lo merezcamos, pero gran parte es consecuencia de una realidad que seguimos sin afrontar. Contamos con unos abultados entramados públicos que ocupan demasiado espacio en nuestra sociedad. Las consecuencias directas son dos: falta de libertad individual y corrupción. Se ha puesto en el centro del espacio a los políticos, en vez de a los ciudadanos, y ahora sufrimos las consecuencias. Hemos dotado de un excesivo poder a las administraciones públicas, les hemos cedido demasiadas parcelas de responsabilidad, y eso ha provocado el crecimiento de un mecanismo viciado.

Seamos sinceros: hemos permitido que los protagonistas de nuestra sociedad sean los políticos, incluso en las esferas económicas. La prueba la tenemos en los periódicos patrios. La política copa sus páginas, y los responsables públicos inundan las dedicadas a la economía (ahora también las de sucesos). Una amiga empresaria francesa me indica que le causa sorpresa que en España los responsables sindicales sean personajes muy populares y opinen prácticamente de cualquier cosa ajena las relaciones laborales.

No estoy diciendo que no sea necesaria la política en nuestra sociedad, porque lo es, y mucho, pero su sobrerrepresentación juega en contra de todos. Ahora son más actuales que nunca las ideas del economista recientemente fallecido James Buchanan, que rechazaba la idea de que el Estado es superior a los ciudadanos en sabiduría. Esta filosofía surgió de sus estudios sobre las decisiones públicas en materia de tributación, gastos, elección de prioridades y gestión de cuentas públicas dentro de la economía, que dieron forma a su teoría de la Elección Pública (Public Choice), que vincula la economía a la política del Estado.

El Nobel Buchanan aprendió mediante el análisis que los Gobiernos no son entidades eficientes y altruistas que trabajan para eliminar las imperfecciones de los mercados. Al contrario, son el agregado de personas que buscan satisfacer intereses personales a través de leyes, impuestos y regulaciones. Parece que muchos han olvidado estas conclusiones durante los últimos años, en los que ha abundado la intromisión de los políticos y de los funcionarios en nuestra vida económica diaria. Tenemos que despolitizar nuestra vida diaria. Política sí, pero la justita y muy controlada.

Tampoco hace falta acudir a grandes macroobjetivos que sólo son palabras grandilocuentes que se diluyen con el paso del tiempo. Por ejemplo, no podemos seguir siendo un país donde constituir una empresa sea un objetivo repleto de obstáculos (gracias a la saturación administrativa que padecemos). La politización de la administración pública y la pesada burocracia están entre las principales causas que explican el retraso de España. Así, el tiempo necesario para poner en marcha una empresa sigue siendo de 28 días, el doble de la media de la UE. Y el plazo para obtener una licencia de explotación se dispara hasta los 116 días, el más largo entre los socios europeos (salvo que sea usted un pillo y además sepa a quién debe sensibilizar para que los trámites sean más ágiles).

La política tiene su espacio, pero no puede seguir impregnando la totalidad de nuestra realidad, porque el resultado inmediato es la corrupción, a la cual, por cierto, sólo se hace frente con la ley. No creo que hagan falta esos pomposos grandes pactos del mundo mundial a los que se refieren algunos. La solución es mucho más sencilla y concreta. Se trata sólo de aplicar la ley. Mientras a los ciudadanos no se nos permite ni un día de retraso en el pago de cualquier tributo, las administraciones pagan cuando quieren y no pasa absolutamente nada. Más de cinco mil ayuntamientos no han presentado sus cuentas de 2012 al Tribunal de Cuentas, como obliga la Ley de Haciendas Locales, pero tampoco pasa nada; hay algunos consistorios que tienen cuentas pendientes de fiscalización desde hace seis o siete ejercicios (cualquier delito habría prescrito). Todo ello pese a que la referida Ley de Haciendas Locales, de 2004, encarga al Tribunal de Cuentas que asuma la fiscalización externa de la gestión económica de las entidades locales y sus organismos y sociedades, con el objetivo de corregir cualquier anomalía y exigir las responsabilidades contables que sea menester.

Un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, referente al ejercicio 2009, afirma que todas las líneas de subvenciones de la Consejería de Empleo para el fomento del mercado de trabajo incumplieron los principios de transparencia, igualdad y objetividad establecidos en la Ley General de Subvenciones. No se trata de uno o dos expedientes: estamos hablando de 25.377. Y no pasa nada.

El embajador de EEUU en España, Alan D. Solomont, nos ha dado un razonable toque de atención al recomendarnos atacar la corrupción de manera agresiva y rápida, para que la confianza en nuestro país no se vea minada. No podemos seguir transmitiendo imagen de corrupción e inseguridad jurídica si queremos recuperar tejido productivo.

Cuentas públicas
La señorita Rottenmeier y los recortes autonómicos
Cristina Losada Libertad Digital  1 Febrero 2013

Cuando aquella ministra de Zapatero, Carmen Calvo, dijo que el dinero público no es de nadie manifestó algo más que ignorancia. Expresaba una presunción muy frecuente en España. Por diversos motivos, cuesta aquí relacionar el dinero público y los impuestos; cuesta asociar, digamos, ese supermegaeropuerto que acaban de inaugurar donde no vuelan ni las moscas con lo que uno paga a Hacienda. Quizá estos tiempos de escasez modifiquen tales pautas, inducidas por viejas costumbres políticas: el candidato promete dar, pero no refiere lo que va a quitar. Sea como fuere, el cuadro clínico incluye la dificultad de relacionar en qué se gasta el dinero de nadie con la papeleta que se introduce en la urna.

Las campañas electorales autonómicas han pasado de puntillas sobre estos asuntos tan terrenales, tan pedestres y tan primordiales, pues ¿qué otra cosa más importante tiene en sus manos un gobierno que la gestión de un presupuesto multimillonario? Alguna excepción hubo, pero no llegó a alterar el hábito: las campañas siempre eran de gasto, apenas de impuestos y jamás de ahorro. La época de las vacas gordas no contribuyó a hacer visible aquel estrecho vínculo ni estimuló al votante a una vigilancia. Cuando el dinero fluye, ¿quién se pone quisquilloso?

Ahora que se ha puesto la lupa sobre el gasto público, cabe esperar que termine esa prolongada adolescencia y que el electorado premie o castigue al gobernante también, y sobre todo, por su gestión del dinero de todos. Para ello, si una comunidad autónoma decide recortar el gasto cerrando centros de salud y no clausurando chiringuitos identitarios, ha de ser el votante el que tenga la última palabra sobre la procedencia de esa escala de prioridades. Porque si es el Gobierno central, como algunos proponen, el que hace de señorita Rottenmeier, y fija qué gasto es superfluo y cuál es necesario, no se saldrá del estado de irresponsabilidad.

Cosa distinta es que el Gobierno fiscalice a qué dedican las autonomías el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. Esa línea de crédito obliga a quienes se acogen a ella a un pliego de condiciones, a pagar los vencimientos de deuda y, por supuesto, a su devolución. Ahí, toda supervisión es poca, y el Gobierno central manda o debe mandar como la troika y sus hombres de negro en los países intervenidos. Pero si CiU quiere mantener teles y embajaditas, la Junta de Andalucía su tinglado de la Memoria Democrática y tal gobierno del PP sus subvenciones a la lengua propia, mientras recortan en sanidad y educación, eso es materia a dirimir entre los partidos y los votantes. Lo propio de la mayoría de edad.

Crisis económica
Asfixia fiscal
Emilio J. González Libertad Digital  1 Febrero 2013

El Gobierno se las promete muy felices con lo del fin de la crisis; piensa que la recesión tocará suelo a mediados de este año, como prevé el ministro de Economía, Luis de Guindos, y que la ley de emprendedores que empieza a preparar será el impulso necesario para que la actividad productiva remonte. Yo creo, sin embargo, que no va a pasar nada de esto mientras el Gabinete no ponga en marcha una verdadera política de reducción del gasto público para abrir margen al sector privado y a la sociedad.

Es muy difícil que puedan consolidarse actividades empresariales, ya sea a través de nuevas empresas o mediante la aparición de nuevos autónomos, si las escuetas ganancias que puedan obtener muchos de los emprendedores que necesita este país van a ir a parar a las arcas de Hacienda a través de los impuestos y las cotizaciones sociales. Porque, en estos tiempos de crisis, en los que las empresas, los autónomos y los trabajadores ganan cada vez menos, a los emprendedores les resulta cada vez más difícil afrontar la gran mordida tributaria que aplica el Gobierno a través de las cotizaciones sociales, el IRPF y, sobre todo, un IVA en el que sigue sin arreglarse eso de la obligación de ingresar este impuesto cuando aún no se ha cobrado la factura y en el que se acumulan retrasos y más retrasos en las devoluciones de IVA. De la misma forma, es muy difícil que la demanda de consumo remonte si las familias, además de ganar menos, tienen que pagar más impuestos. Y, por la misma razón, es más difícil que estas mismas economías domésticas puedan salir adelante, evitar la quiebra, el embargo del piso, el impago de cualquier préstamo o de cualquier cuota de la tarjeta de crédito si el Ejecutivo sigue obsesionado con recaudar en vez de con recortar. Es decir, es muy difícil que se recuperen la economía y el empleo si la presión fiscal no se alivia.

El problema es que el Gobierno no parece estar por la labor. El Ejecutivo está aplicando la tijera, o está obligando a que las autonomías la apliquen, en capítulos tan sensibles como sanidad, educación, pensiones y prestaciones por desempleo, mientras sigue sin tocar aquello que más afecta a los políticos y sus allegados, que no es otra cosa que la necesaria reforma de la administración, con la consiguiente reducción de efectivos del sector público. Aquí nos han subido el IRPF y el IVA, pero nadie elimina asesores, ni coches oficiales, ni empresas públicas, ni políticas de gasto innecesarias que ahora no nos podemos permitir y que, en cualquier caso, nunca debieron aprobarse. La crisis está imponiendo al sector privado una terapia de choque, cuando lo que se necesita es una dieta de adelgazamiento radical para el sector público que nadie entre los que tienen que hacerlo quiere aplicar. Pero mientras no se reduzca el tamaño de lo público no se podrán bajar los impuestos ni, en consecuencia, podremos superar la crisis, porque, por mucho que diga la ley de emprendedores, si los impuestos siguen asfixiándonos como lo están haciendo, nunca saldremos adelante.

Instituciones nacionalistas
Roberto Augusto www.vozbcn.com  1 Febrero 2013

El Ayuntamiento de Gerona ha sido condenado por fletar trenes para asistir a la manifestación independentista del pasado 11S. El juez ha considerado que se han utilizado las instituciones públicas para favorecer a una determinada opción política. Por desgracia, este tipo de actos son muy habituales, aunque es extraño que suelan llegar a los juzgados.

Muchos políticos no entienden que las instituciones que gobiernan no son de su propiedad, aunque hayan ganado las elecciones por mayoría absoluta. Son de los ciudadanos, no de una parte de ellos, sino de todos, independientemente de lo que voten. Por eso es necesario buscar un espacio neutro de convivencia entre las distintas opciones partidistas que hay en la sociedad. No es lícito usar un ayuntamiento, o cualquier otra administración pública, del tipo que sea, para hacer apología de un mensaje político.

Lamentablemente este tipo de comportamientos suele ser habitual entre los seguidores del nacionalismo. Muchos de ellos se creen con el derecho natural a gobernar a su nación. Y consideran que el Estado debe ponerse al servicio de esta ideología. El mundo está compuesto para la mayoría de ellos por dos tipos de persona: los míos y los otros. Es decir, los nacionalistas y todos los demás. Consideran que ellos son los depositarios de las esencias de la patria. Por eso les parece normal usar las instituciones representativas de su nación para difundir su ideología política. Los buenos catalanes serían aquellos que han abrazado el nacionalismo o el independentismo. En cambio, todos los demás que no comulgamos con esas ideas somos representantes de alguna nación enemiga, traidores o seres desarraigados que sólo pueden suscitar lástima.

Este fervor con el que se alquilan trenes para ir a manifestaciones separatistas me recuerda mucho a la labor de los predicadores religiosos. Cuando alguien piensa que es el representante legítimo de una nación que trasciende a los individuos particulares, se cree con el derecho y el deber de difundir esa buena nueva a todos los que quieran escucharle. No importa que muchos ciudadanos de Gerona estén en contra de esas ideas y que se utilice el dinero público para difundir causas partidistas. Todo el mundo tiene el derecho a manifestarse pacíficamente por lo que considere oportuno. Pero debemos exigirles a nuestros políticos que no utilicen las instituciones para difundir su ideología.

Roberto Augusto es doctor en Filosofía

El rapto de las vergüenzas
José Luis Ortín www.vozpopuli.com  1 Febrero 2013

Vergüenza se escribe con ‘v’ de vesania, y es en lo que para muchos de quienes han medrado en la ‘partitocracia’ que nos gobierna se ha convertido aquélla. Tendrán que volver las vergüenzas para interponerse entre los que carecen de ellas y siguen atrincherados en las nomenclaturas de los partidos políticos españoles, casi sin excepción, y el pueblo desgobernado que los mantiene, como en la leyenda de Roma hicieron las sabinas para impedir una matanza entre romanos y sabinos.

De la Transición a la desvergüenza
La pérdida de la vergüenza ha sido galopante desde que cuajó la Transición política española. Uno recuerda con mucha añoranza aquellos difíciles años que mediaron desde las primeras elecciones democráticas hasta mediados los ochenta, en que las personas que habían protagonizado las primeras listas por su proyección social y a quienes votamos con entusiasmo dieron paso a los paniaguados que colocaban los mandamases de los partidos. A partir de ese momento todas las elecciones han sido un trágala para los ciudadanos españoles, que han tenido que elegir entre unos personajillos sin relevancia para nadie salvo para quienes los colocaban en las listas a cambio de su sumisión y mansedumbre.

De esa manera, los mandarines de los partidos han repartido cargos y prebendas asegurándose la lealtad prostituida de unas pandillas de inútiles cada vez más nutridas. Y hay tantos hoy en día que podrían segarse como cebada para el ganado. Casi sin excepción, ninguno de ellos haría nada relevante en el sector privado ni en ningún estamento profesional. Desde iletrados manifiestos a analfabetos funcionales para la vida real, por muchas oposiciones que hayan ganado, o profesionales diversos de medio pelo, pasando por licenciados de secano o ingenieros de título en la pared sin proyecto alguno que lucir en su pechera. Vividores del cuento y mamones de la teta grande del Estado que mantenemos quienes hemos tenido que salir a la calle a hacer algo de provecho, que decían nuestros mayores.

Y ya, si hablamos de muchos notables fontaneros y gerifaltes de los partidos sería obligado hablar de golfos sin fronteras. Porque para escaquear el dinero que roban no las tienen. Ni vergüenza para repartirse las mordidas que sacan miserable y puniblemente a multitud de empresas con la misma o más desvergüenza que ellos por aquello de servirles en bandeja sustanciosos contratos de todo tipo. Y en negro, naturalmente, que lo golfo no quita lo miserable. Porque hay que serlo, y mucho, para colaborar en la masacre de la sociedad española con impuestos y tasas para todos los disgustos diciendo, para más inri, que el Estado somos todos, yéndose ellos de rositas con sobres y bufandas de mayor y menor cuantía, según el escalón en el que se encuentren dentro de la nomenclatura partidista, y reírse en la cara de los administrados disfrutando de casas, coches y lujos que en su vida podían soñar con el sudor de su frente.

La calle y la sabiduría
Cuando los amigos hablamos en la calle sobre todo lo que está pasando las inquietudes son unánimes y coincidentes: ¿Y ahora en quiénes podemos confiar? ¿A quién votamos en la próximas? Y cada vez más se escucha aquello de “yo ya no voy a votar más”, o aquello otro más coloquial y rezumante de un justo cabreo humanísimo: “ la próxima vez los va a votar su p…madre” . A mí me pueden ustedes colocar en cualquiera de las afirmaciones anteriores, incluida en la última cada vez que ‘los pienso’, que son varias veces al día.

En esos momentos es cuando me acuerdo vivamente de un antepasado mío que vivió y trató en primera fila por su profesión de taxista a políticos de la Restauración, de la dictadura de Primo de Rivera, de la República y de la época de Franco. Al llegar la democracia y escucharme hablar lleno de ilusiones sociales ante la nueva etapa que se avecinaba, me dijo muchas veces sonriendo con sorna y cierta acidez desesperanzada: “nene, los políticos son todos iguales”. ¡Y qué razón llevaba! Sobre todo cuando añadía que “la política es para los que viven de ella”.

Porquería y cómplices
Esto se acabará algún día, no me cabe la menor duda, pero para que llegue ese momento tendremos que alcanzar los españoles la madurez democrática que ahora nos falta. Y eso pasará cuando votemos sabiamente a quien menos nos vaya a costar y más eficiente sea. Independientemente de las siglas y colores políticos con que se presente. Pero claro, para ello habría que laminar antes esta ‘memocracia’ mentirosa que nos arruina. Y eso será cuando votemos a las personas y no a las listas que los cuatro que realmente mandan mangoneando nos pongan delante. Y cuando sean casi anónimos los mandamases de los partidos políticos. Como ocurre en los países que nos llevan siglos de democracia.

Y también cuando un político que mienta, derroche, robe o haga lo contrario que prometió sea corrido a gorrazos en la plaza mayor de su pueblo, tenga que encerrarse en su casa avergonzado una buena temporada, o dé con su ilustrísima en la cárcel. Mientras tanto nos tocará seguir en el purgatorio de los cándidos ‘paganos’, que es el papel que nos toca a quienes mantenemos a toda esta banda de frescos y caraduras, por no llamarles canallas. Y alguien dirá que todos no lo son, y es verdad, pero sí son cómplices cuando sólo denuncian al de enfrente y se ponen la pinza en la nariz en casa propia.

Desde que los partidos y asimilados raptaron la vergüenza nacional la porquería no se distingue por colores sino por su peste. Y es que todos los que votamos también hemos perdido parte de la nuestra al ser cómplices una y otra vez de quienes nos roban; sean quienes sean.

Insidias y corrupción
Editorial La Razón  1 Febrero 2013

Si bien es comprensible el hartazgo de los ciudadanos ante el rosario interminable de denuncias de corrupción política que transmiten los medios de comunicación, es preciso situar las cosas en su justo término, so pena de caer en otra corrupción, la moral, tan nefasta como la primera.

El bien a proteger, que es el sistema democrático parlamentario español, sobre el que se sostiene el Gobierno legítimo, merecería, por su relevancia, que todos los actores concernidos extremaran la prudencia y evitaran la búsqueda de réditos partidistas. Pero no queremos caer en la ingenuidad. Desafortunadamente, la corrupción no siempre se trata como un mal a erradicar, sino como una excusa que convierte las simples sospechas, cuando no las claras insidias, en un arma arrojadiza contra el adversario político; con daños, a veces irreparables, en la fama y el nombre de personas que han desempeñado una labor pública honrada. Más aún, cuando a cada denuncia le sucede, inevitablemente, la exhumación de otras historias similares, ocurridas hace décadas, en las que se repiten las mismas sospechas que no pudieron ser probadas judcialmente o, lo que es más grave, resultaron directamente sobreseídas.

En el asunto que nos ocupa, el supuesto «escándalo» de las cuentas opacas del Partido Popular, existe, además, una derivada muy peocupante: la acusación anónima se amplifica en un momento clave para la recuperación económica de España, con las inevitables repecursiones negativas en los mercados financieros internacionales y en las cancillerías extranjeras.

¿Quiere esto decir que es conveniente tapar la corrupción? En absoluto. La corrupción debe ser combatida y debería ser objeto de un gran pacto de Estado de todos los partidos políticos y de los agentes sociales. Pero, sobre todo, la lucha debe sustentarse sobre los hechos y no sobre los prejuicios ideológicos de cada cual. Ayer, tres personas con nombres y apellidos, tres personas que tienen o han tenido relación directa con la administración del PP, su secretaria general, Dolores de Cospedal, y los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, negaron de manera inequívoca, clara y contundente, la existencia de pagos irregulares, de oscuros sobres, en la contabilidad del partido. Dolores de Cospedal anunció, además, la interposición de querellas en defensa del honor y la integridad de los denunciados. Frente a esta posición pública, repetimos, con nombres y apellidos respaldándola, no hay más que unos supuestos apuntes contables sin paternidad reconocida. No se trata ya de apelar a la presunción de inocencia, un derecho cada vez más devaluado en este mundo de precipitados juicios paralelos, sino al sentido común y a la proporcionalidad de los argumentos.

Gobierno legítimo: ni soñando
Nota del editor  1 Febrero 2013

En el origen, la legitimidad del gobierno se basa en la legitimidad de los procesos democráticos. En nuestro caso, no hay legitimidad de los procesos democráticos, los profesionales de la política lo demuestran todos los días.

En el devenir del tiempo, gobierno implica gobernar: asegurar la justicia y la efectividad de los recursos públicos y en nuestro caso no llegan ni al más mínimo nivel en ambos casos, por tanto esta claro que el "gobierno" que nos pastorea es claramente ilegítimo, por muchas vueltas que quieran darle al aspecto superficial de la "legalidad democrática" pues no tiene nada de democrático y poco de legal.

Corrupción ideológica del PP
Sobre el cese de Montoro
Guillermo Dupuy Libertad Digital  1 Febrero 2013

No digo yo que, si se demostrara que Bárcenas logró blanquear su dinero en Suiza gracias a la amnistía fiscal aprobada por el ministerio de Hacienda, sería motivo más que de sobra para que Cristóbal Montoro presentara su dimisión. Lo que pienso, sin embargo, es que su cese ya está sobradamente justificado, aun si no hubiera la menor sombra de corrupción económica en torno al PP por el caso Barcenas.

Entiendo que hoy, con el escandalazo de los papeles del extesorero del PP, no es el mejor día para plantear una hipótesis de este tipo, pero sigo pensando que lo peor del actual Gobierno es lo que he venido en llamar su corrupción ideológica. Hay muchas cosas que ilustran esa falta de respeto a las ideas, a los programas y a los votantes del PP, pero pocas lo hacen tan bien como el espléndido trabajo de documentación que acaban de publicar Manuel Llamas y Luis Fernando Quintero en nuestro periódico, en el que se reproduce textualmente lo que decía Montoro de las subidas de impuestos antes de llegar al Gobierno y lo que viene diciendo después.

Desde que Rajoy llegó al Gobierno, algunos hemos venido denunciado reiteradamente que el déficit dejado por Zapatero –además de no ser del todo "imprevisto" para los corresponsables gobernantes autonómicos del PP– no debía servir, en modo alguno, como excusa para subir los impuestos, sino, por el contrario, para llevar a cabo un mayor esfuerzo en el recorte del gasto público. De hecho, como ya recordábamos hace casi un año, esto último es lo que Montoro recomendaba ante déficits aun mayores que el dejado por Zapatero en 2011, como fueron los de los dos años anteriores.

Sin embargo, estos usurpadores de las siglas del PP que nos gobiernan no sólo han aplicado a nuestra enferma España una terapia propia de sus adversarios políticos, sino que han fracasado rotundamente en su empeño por lograr esos objetivos de reducción del déficit, a lo que han sacrificado todo, empezando por su honradez intelectual.

A pesar de que el Gobierno se ha concedido vergonzosas y paulatinas relajaciones en los objetivos de reducción del déficit para 2012 –desde el 4,4% al que se comprometió en las generales hasta el último de 6,3%–, todos los analistas y el propio Gobierno admiten que el desequilibrio entre gastos e ingresos ha sido aun mayor.

Montoro ha sido incapaz de cumplir y hacer cumplir su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por no tener que ser fiel a su palabra de aplicar las medidas de intervención a las comunidades incumplidoras, hasta encubrió por un tiempo el déficit de Cataluña, a cuyo Gobierno secesionista ha dedicado y va a seguir dedicando la mayor parte de la ayuda financiera proveniente de los Fondos de Liquidez Autonómica.

Por todo ello está más que justificada la marcha de Montoro, el defraudador. Claro que de poco serviría este hipotético cese si Rajoy se empeñase en seguir siendo, en tantas cosas, un fiel sucesor de Zapatero.

La política devorada por la mugre
Roberto L. Blanco Valdés La Voz  1 Febrero 2013

Como una marea incontenible, la basura se va adueñando del país, que contempla atónito cómo lo que un lunes parece en materia de corrupción (presunta o probada) el no va más, se supera el martes muy de largo, y crece al día siguiente, de modo que ya nadie sabe dónde puede acabar esta inflación de porquerías.

Las hechas públicas ayer por un diario de Madrid, a partir de informaciones suministradas por un sujeto tan poco recomendable como Bárcenas -¡¿cómo alguien en el PP pudo un día nombrarlo tesorero del partido?-, tienen tanta gravedad que, de ser ciertas, dejarían en una situación imposible a la cúpula del partido que gobierna este país.

Y es que lo que Bárcenas dice haber anotado en una supuesta contabilidad B del Partido Popular son, además de otras partidas, pagos reiterados en dinero negro -es decir, sin control fiscal- a varios de sus principales dirigentes, entre ellos el actual presidente del Gobierno. Que Rajoy, Rato o De Cospedal cobrasen una paga por sus cargos en el partido puede merecer moralmente un juicio u otro. Pero que lo percibido no fuera declarado fiscalmente por sus beneficiarios los convertiría en defraudadores reiterados a la Hacienda pública, algo que en un Estado democrático de derecho resulta incompatible con el ejercicio de todo cargo público.

En una rueda de prensa multitudinaria, De Cospedal negó ayer tajantemente la veracidad de todo lo publicado sobre la supuesta contabilidad paralela del partido del que es secretaria general: según ella -que, como tiene que ser, respondió a pie firme las preguntas de los periodistas-, ni esa contabilidad paralela existió nunca ni los documentos que dicen acreditarla son verdad. De Cospedal aseguró que todos los ingresos de los dirigentes procedentes del partido han sido controlados fiscalmente y que la única finalidad de las informaciones que lo niegan es hacer daño al PP, al Gobierno y a su presidente.

Por el bien de nuestra democracia, yo espero que lo que ayer sostuvo De Cospedal sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pues, en caso contrario, a la extraordinaria gravedad de los hechos se añadiría una inmensa mentira que no podría quedar impune desde el punto de vista de la responsabilidad política.

Es posible que algunos vean en este presunto escándalo la oportunidad de oro para tumbar a un Gobierno elegido por amplísima mayoría hace poco más de un año. Creo que esa forma de afrontar este y cualquier otro tema relacionado con la corrupción es un error que se acrecienta a medida que aquella sitia a nuestro régimen político. Pues lo que está en juego con toda claridad no es ya la credibilidad de este o aquel partido sino la de las instituciones democráticas, sometidas a un desgaste acelerado que, de no frenarse, nos colocará, más pronto que tarde, al borde del abismo.

Cataluña
Admitido a trámite un recurso contra el Ayuntamiento de Barcelona por excluir el castellano en un centro deportivo

El sistemático incumplimiento del bilingüismo institucional por parte del consistorio barcelonés, a pesar de que así lo ordenan múltiples sentencias, abre la puerta a la vía judicial para corregir estas situaciones.
Redacción www.vozbcn.com  1 Febrero 2013

Según ha podido saber LA VOZ DE BARCELONA, el Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona ha admitido a trámite el recurso presentado por Alternativa Ciudadana Progresista (ACP) contra el Ayuntamiento de Barcelona por excluir el español de ‘todas las informaciones, escritas y visuales’ de las instalaciones de un centro municipal deportivo del Ensanche de la ciudad.

El recurso, presentado a mediados de diciembre pasado, forma parte de una campaña iniciada por la joven entidad catalana -situada en el ámbito ideológico de la izquierda y sin ánimo de lucro- para garantizar los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, que consideran que no son respetados por parte del consistorio barcelonés ni por buena parte de los concesionarios de los servicios municipales.

El Ayuntamiento rechaza cumplir las sentencias sobre bilingüismo
El proceso se inició en verano pasado, cuando ACP instó a la dirección del Centro Deportivo Municipal Claror a ‘reintroducir el castellano como lengua oficial, junto al catalán, en sus informaciones oficiales’. Tras recibir el silencio como respuesta por parte de los responsables de las instalaciones, decidieron elevar la petición al Ayuntamiento de Barcelona.

Entonces, la fundación que gestiona el centro deportivo respondió a la entidad señalando que se limita a seguir ‘las consignas establecidas’ por el consistorio. ‘Y hasta el momento no hemos recibido ninguna que nos indique la necesidad de introducir cambios en la forma de gestionar la información’, añadieron.

Dos meses después, el consistorio, en manos de CiU, también remitió a la entidad un escrito, firmado por la secretaria jurídica del Instituto Barcelona Deportes, Amina Omar Nieto, en el que, por una parte, reconocía la existencia de una sentencia que obliga a respetar el bilingüismo en las actuaciones municipales, y aseguraba su ‘intención’ de ‘acatar’ todas las sentencias y resoluciones judiciales; pero por otra, consideraba que las actividades desarrolladas en el centro deportivo municipal en cuestión ‘se ajustan plenamente a la normativa vigente y de aplicación en este ámbito’, a pesar de que el español es sistemáticamente excluido.

ACP apela a lo establecido por el Tribunal Constitucional y el TSJC
ACP apela a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que estableció que el catalán no puede ser preferente respecto al castellano en las instituciones públicas de Cataluña ni en las empresas que dependen de ellas.

También recuerda que, en mayo pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -sentencia 316/2012- anuló parte del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana aprobado en febrero de 2010, por otorgar al catalán un uso preferente sobre el español.

El TSJC fue muy claro en su sentencia:
‘No son aceptables […] los preceptos que desequilibren la paridad en la posición jurídica de ambas lenguas oficiales; esto es, las que configuren una posición de prevalencia o preferencia del catalán sobre el castellano o viceversa […]. El uso exhaustivo del catalán en las actuaciones internas no resulta necesariamente ilegal en la medida que esta previsión no excluye en si mismo el uso paralelo y normalizado del castellano. La paridad jurídica de ambas lenguas a la que se refiere el Tribunal Constitucional comporta que cuando más intensa es la regulación del uso de la lengua catalana, más intensidad habrá de recibir también la otra. Si no fuese así estaríamos en una situación de uso preferente de una de las lenguas, situación que el Tribunal descarta. De la misma forma sería igualmente admisible una regulación en los mismos términos referida a la lengua castellana’.

El Ayuntamiento mantiene otros frentes abiertos en materia lingüística
En este ámbito, el Ayuntamiento mantiene abiertos otros contenciosos por su política de discriminación lingüística respecto a los castellanohablantes. El pasado mes de diciembre también fue admitido a trámite un recurso presentado por un abogado del propio consistorio contra el Decreto de la Alcaldía sobre normativa gráfica aprobado en noviembre por considerar que los nuevos membretes y carteles que el Ayuntamiento está utilizando en sus documentos oficiales y anuncios públicos no respetan el bilingüismo institucional que deben aplicar las administraciones públicas en función de la legislación vigente.

Además, tal y como ha recogido LA VOZ DE BARCELONA, el Ayuntamiento de Barcelona sigue prefiriendo retirar las multas de tráfico a aquellos infractores que las recurren, en vez de rotular las señales en las dos lenguas oficiales -castellano y catalán-, según establece el artículo 56 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 138 del Reglamento General de Circulación.

Cataluña
La Cámara de Comercio de Lérida reconoce “desafección” a los productos de Cataluña por la deriva secesionista
El presidente de la entidad ilerdense señala que “estamos en boca de todos y nos miran con otros ojos” en el resto de España. Culpabiliza a Artur Mas y a la prensa.
Redacción www.vozbcn.com  1 Febrero 2013

Representantes de la Cámara de Comercio de Lérida junto a la presidenta del Parlamento autonómico, Núria de Gispert, en una imagen de 2012 (foto: Cámara de Comercio de Lérida).

El presidente de la Cámara de Comercio de Lérida ha asegurado que en los últimos meses se está notando una “desafección” del resto de España hacia los productos de Cataluña por la deriva secesionista iniciada por Artur Mas (CiU) desde su llegada a la Generalidad. Según Joan Simó, parte de la culpa de esta “desafección” también es de los medios de comunicación que equiparan la petición de celebrar un referendo secesionista con la independencia.

“Estamos en boca de todos y nos miran con otros ojos”. Simó, este jueves, ha intentado evitar hablar de un posible boicot a productos de Cataluña, pero sí ha reconocido que, después de que el presidente autonómico haya decidido llevar adelante, sí o sí, es decir, legal o ilegalmente, una consulta independentista, la “desafección” del resto de España con los empresarios de Cataluña ha aumentado.

“El producto catalán tiene buena fama”
Simó ha puesto como ejemplo la dificultad en muchos restaurantes de Aragón de encontrar vinos de Cataluña: “En Aragón es casi imposible encontrar vinos catalanes, como máximo cava, y eso que estamos al lado”. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio ha recordado que, aunque las ventas han bajado para algunas empresas, los productos de Cataluña siguen siendo de muy buena calidad. “El producto catalán tiene buena fama, y por eso vendemos”, ha añadido, según ha informado Europa Press.

El máximo responsable de la Cámara de Comercio de Lérida ha hecho estas declaraciones en la sede de la institución ilerdense durante la presentación de la balanza comercial de 2012 de la provincia, ejercicio cerrado con un superávit récord. Las exportaciones de las empresas de Lérida han alcanzado los 1.589 millones de euros, un 10% más que en 2011 y casi el doble que las importaciones.

La alerta de Simó va en la misma línea de lo que otros empresarios de la Comunidad han ido denunciando en privado sobre la caída de las ventas en el resto de España. En medio de una crisis institucional promovida por la Generalidad, hace unas semanas se hizo público que una empresa gallega dejaba de comprar a un mayorista de Tarragona ‘debido a la actitud de desprecio’ de Mas hacia Galicia.

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El Gobierno vasco subvenciona a las ikastolas francesas mientras el Ejecutivo galo veta toda financiación pública de estos centros educativos nacionalistas

EIG. Redacción. Biarritz. http://www.paisvasco-informacion.com 1 Febrero 2013

Durante los últimos diez años, el Gobierno de Vitoria, tanto bajo el liderazgo de Juan José Ibarretxe como bajo la presidencia de Patxi López, ha destinado más de seis millones de euros a impulsar y mantener el desarrollo de las ikastolas en el País Vasco francés. Pues bien, mientras los Ejecutivos de Lakua, de uno y otro signo, se dedican a despilfarrar los fondos públicos en los caprichos educativos nacionalistas, la Administración francesa, directamente implicada en las cuestión, ya ha advertido a los municipios del suroeste de este país que resulta completamente ilegal que los ayuntamientos financien la construcción de edificios para ikastolas o que cedan gratuitamente suelo público para el levantamientos de estos centros.

Así se lo ha comunicado Patrick Dallennes, subprefecto (subgobernador) de Bayona, dependiente del Ministerio del Interior de Manuel Valls, al alcalde de Hendaya, Jean-Baptiste Sallaberry, que se había comprometido a financiar con 2,2 millones de euros la puesta en marcha de una nueva construcción para una ikastola que apenas tendría 250 alumnos. "Los alcaldes que así actuén estarán incumpliendo la ley francesa y si persisten en sus acciones se encontrarán con graves consecuencias para sus municipios".

Además de Hendaya, las administraciones locales de Biarritz, San Juan de Luz y Anglet también se habían comprometido a correr con los gastos del surgimiento de nuevas ikastolas.
La situación del vascuence en Francia es muy diferente a la de España. En el hexágono, solamente la lengua francesa tiene carácter oficial. Las ikastolas, con su modelo de inmersión lingüística en euskera, están permitidas, pero quedan fuera del sistema educativo público y no reciben financiación del Estado


El TS admite a trámite el recurso de Galicia Bilingüe contra la sentencia del TSJG sobre el decreto del plurilingüismo
La plataforma inicia una campaña para pedir a Feijóo que "defienda sus principios y no pacte con quienes no se sentirán satisfechos hasta haber laminado cualquier espacio de libertad"
 www.lavozlibre.com  1 Febrero 2013

Madrid.- Galicia Bilingüe recibió este miércoles la notificación de que su recurso contra la sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo. El recurso presentado por Galicia Bilingüe ante el TS se basa en sentencias del propio tribunal y en la doctrina del TC y se refiere, principalmente, a la reclamación del derecho a recibir la enseñanza en lengua materna hasta los 8 años, y a lograr que la Administración educativa respete el uso de ambas lenguas oficiales.

La admisión a trámite de este recurso ha coincidido con la reiteración de la oferta de pacto realizada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a los grupos de ideología nacionalista. Por ello, la asociación pro libertad de elección de lengua ha iniciado hoy una campaña que difundirá profusamente y que consistirá en el envío al presidente de la Xunta de una petición, que ya puede descargarse de la página web de Galicia Bilingüe, en la que se insta a Feijóo a defender sus principios y a no pactar con quienes no se sentirán satisfechos hasta haber laminado cualquier espacio de libertad.

Esta es la petición de Galicia Bilingüe a Alberto Núñez Feijóo:
Señor Presidente de la Xunta de Galicia

Cuando en abril de 2009 accedió usted a su cargo, muchos ciudadanos esperábamos que, tal y como había prometido, su gobierno aprobaría un nuevo decreto que permitiese elegir el idioma de las asignaturas troncales, y que les diese libertad a los alumnos para utilizar la lengua oficial de su elección en sus libros, oralmente y en sus exámenes. Pero no fue así. Nunca nos ha explicado usted si su cambio de criterio se debió a una cesión ante la presión de los sectores favorables a la imposición de lengua, si se dio cuenta a posteriori de que esa regulación de las lenguas en la enseñanza no era acorde con sus verdaderas convicciones, o si sus promesas formaban parte de una estrategia electoral. Lo que sí sabemos es que su gobierno aprobó un decreto que establece que las asignaturas troncales que requieren más memorización y uso de textos, han de impartirse obligatoriamente en gallego y las demás en español. El decreto recoge tan sólo dos de sus promesas: la libertad de los alumnos para expresarse en la lengua elegida oralmente y por escrito en clase y en los exámenes. Ahora también ese derecho corre el riesgo de desaparecer del decreto debido a unas sentencias del TSJG. Ante esta tesitura, usted puede ordenar la interposición de un recurso ante el TS o poner en marcha un cambio legislativo. En su lugar ha optado por una tercera vía, ofrecerles un pacto a los partidos de ideología nacionalista: usted no recurre y ellos no lo presionan más.

Galicia Bilingüe seguirá trabajando para lograr un cambio en la legislación que permita que podamos gozar de libertad de elección de lengua vehicular, algo que es un hecho en otras democracias desde hace tiempo, pero lo que en este momento muchos ciudadanos le pedimos es que, al menos, siga usted adelante con el recurso ante el Tribunal Supremo. Galicia Bilingüe ha recurrido en casación otros aspectos de la sentencia, y su recurso acaba de ser admitido a trámite, pero las libertades ahora recogidas en el decreto sólo puede recurrirlas la Xunta de Galicia.

Les ha ofrecido usted un pacto a quienes no tienen un concepto democrático de lo que implica la co oficialidad de las lenguas, a personas que anteponen sus intereses a la mejor educación de nuestros niños y jóvenes. Dice usted que si en el plazo de 30 días aceptan su ofrecimiento, la Xunta no interpondrá finalmente recurso. Bien sabemos que es incómodo hacerles frente a las recriminaciones de estos sectores, y también que nunca se sentirán satisfechos hasta haber laminado cualquier espacio de libertad. La Administración de Galicia es monolingüe en gallego, la Ley de subvenciones prima el uso del gallego, no existen ayudas a la producción cultural en castellano, y 4500 profesores se niegan a impartir asignatura alguna en español ante la pasividad de las autoridades educativas. Aun así, los sectores pro-imposición le llaman a usted lingüicida. Usted aprobó un decreto con un determinado contenido, y resulta lógico deducir que creía que ese contenido era el adecuado, que consideraba que era lo mejor. Señor Presidente, los principios no se negocian. Si se tienen se defienden, recurra usted las sentencias.


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