AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 6 Febrero 2013

Individualismo colectivo
Fernando savater http://www.tiempodehoy.com   6 Febrero 2013

Los nacionalismos separatistas se comportan al modo de esos individuos insufribles que constantemente se están vanagloriando de lo excelso de sus dones.

Hace tres décadas, el antropólogo francés Louis Dumont sostuvo una teoría interesante. A su juicio, las características más negativas, arrogantes e insolidarias del peor individualismo (negarse a lo común, a la igualdad de derechos con los diferentes, a renunciar a privilegios para potenciar la armonía social, a imponer valores y creencias persiguiendo a los discrepantes, etcétera) no se dan solo en individuos, sino también en grupos o colectivos. Es decir, hay colectividades que se individualizan negativamente dentro de comunidades mayores, o incluso de la universalidad humana, para afirmar sus ambiciones particulares por encima y contra los derechos de los demás. Dumont señalaba a los nacionalismos del siglo XX, empezando por el nazismo hitleriano, como ejemplos no de colectivismos extremos, sino más bien de extremados individualismos colectivos.

Valga lo que valga esta teoría, que resumo de memoria y quizá de manera injustamente simplificadora para el pensamiento de su autor, creo que tiene cierta utilidad para enjuiciar las dificultades por las que atraviesa hoy la democracia española. Los nacionalismos separatistas se comportan al modo de esos individuos insufribles que constantemente se están vanagloriando de lo excelso de sus dones, de lo guapa que es su familia y lo único y excelente que resulta su linaje frente a la vulgaridad opaca del común de los mortales. ¿Cómo se les va a confundir a ellos con los demás? ¿Cómo se les va a degradar a la altura de sus vecinos o confundirlos en una misma unidad con ellos, por muchas ventajas que hayan obtenido en el pasado y obtengan en el presente de su pertenencia a esa comunidad?

Cualquier reducción de su excepcionalidad es vista como una agresión a su idiosincrasia cultural, víctima de la exigencia de homogeneidad propia de un país plural pero unido en aspectos básicos. Tal es por ejemplo la disputa en torno a la inmersión lingüística en Cataluña. Si los tribunales superiores o el Ministerio de Educación deciden defender el derecho de los catalanes a ser educados si lo prefieren en castellano, sin que ello elimine el derecho de otros a preferir como lengua vehicular el catalán, ello es visto por los nacionalistas como un feroz ataque a su identidad propia. El mal no estriba en que se les prohíba estudiar como ellos quieren, sino en que se permita a otros estudiar en una lengua distinta, que resulta ser además la común del Estado constitucional del que forman parte. Esa reivindicación de un derecho elemental, que atiende a la realidad social de la Cataluña de hoy, es presentada como una muestra del “españolismo más rancio”, como si proclamar para justificarse la milenaria existencia de una Cataluña anterior a España fuese una muestra de lozanía intelectual y política.

Y lo mismo puede decirse de la reivindicación de un “derecho a decidir” que en realidad consiste en la exclusión del derecho a decidir del resto de los españoles sobre algo que les afecta indudablemente, como la posible independencia de Cataluña. Según tal planteamiento, es impecablemente democrático que una gran mayoría de los ciudadanos del país del que hasta hoy forman parte –y no precisamente desde ayer– deban verse privados de voz y voto respecto a una pérdida crucial de su soberanía. Creo que hablar de individualismo colectivista insolidario y posesivo no es muy desacertado para caracterizarlo.
 

Bárcenas y Rajoy están acorralados
Pablo Sebastián www.republica.com  6 Febrero 2013

Rajoy no tiene escapatoria y cada minuto que pasa se amplía y se complica el escándalo de Bárcenas y Gürtel en todos y cada uno de sus frentes. Ayer el juez Ruz que investiga todo esto solicitó al ministro de Hacienda, Cristóbal, Montoro -el que se volvió a pavonear desafiante en el Senado- información sobre la posible regulación en la amnistía fiscal de grandes cantidades de dinero oculto por los principales encartados del caso Gürtel, que podrían ascender a 23 personas, Bárcenas incluido. Lo que constituiría el colmo de la burla de semejante amnistía, que además ha sido un fracaso para la recaudación del Estado (solo 1.200 millones del total de 40.000 aflorados).

Al mismo tiempo, aparecían nuevas cuentas secretas de este Luis Bárcenas, que parece tener el don de la ubicuidad, y que a la vista de lo que va saliendo ha mentido y se ha mofado de todos. De Rajoy, el PP, la Audiencia Nacional, Hacienda y de los medios de comunicación, donde miente y desmiente con un descaro que da fe de su desparpajo y capacidad de hacer daño en el PP, donde ya ha soltado una “bomba atómica” en forma de documentos sobre la contabilidad oculta de este partido publicada por “El País”.

Un PP donde se teme que Bárcenas tenga otro obús de mayor tamaño que acabaría por dinamitar lo que va quedando de este partido, que parece empeñado en negar todas las evidencias y que se ha acomodado en el templo sagrado de la mentira. En el que Luis Bárcenas se presenta como un ciego Sansón dispuesto a derribar la columnas del templo con todos los “filisteos” del PP dentro, y como suma venganza, aunque él acabe en la cárcel y perdiendo una parte (seguramente no toda) de la enorme fortuna acumulada a la sombra del Partido Popular. Ya se lo dijo su gran amigo Angel Sanchís a Palop en las grabaciones del caso Naseiro: no seas tonto quédate una parte del dinero oculto del PP.

Rajoy lo tiene muy mal. Ha reculado tanto ante Bárcenas que ahora no lo puede explicar. El pasado sábado dijo: “conocimos la existencia de 22 millones de euros en una cuenta particular de un banco suizo”. ¿Una cuenta particular? Rajoy la citó como si hablara de la cuenta de un extraterrestre desconocido para él, que no era otro que el innombrable Luis Bárcenas. El que ahora se aparece a Rajoy y al PP en Madrid y Berlín (por no aceptar las preguntas de la prensa en España), en el Ministerio de Hacienda, en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción donde está citado hoy a declarar en medio de un tumulto mediático, de un galimatías de cuentas millonarias en Suiza, Panamá y Madrid, y de las cuentas secretas del PP, con ingresos irregulares y pagos en sobresueldos a dirigentes de este partido según lo denunció “El Mundo” y luego acreditó “El País” reproduciendo copias de toda esa contabilidad y de esas prácticas que Cospedal dijo que ella había eliminado en 2009, aunque luego dijo que nunca existió, y que los expertos caligráficos afirman ser de puño y letra de Bárcenas.

Y preguntamos al presidente Mariano Rajoy: ¿acaso no era usted vicesecretario general, secretario general y luego presidente del PP cuando Bárcenas era el gerente y luego el tesorero, nombrado por usted, y senador del PP por Cantabria? Entonces, señor Rajoy ¿le suena a usted el nombre de Bárcenas, como el dueño de una cuenta multimillonaria en Suiza y gran responsable de las cuentas del PP que usted presidía? Entonces, ¿a cuento de qué viene tanto disimulo?

Ya sabemos que Rubalcaba es muy malo, pero Bárcenas era y es de la directa responsabilidad política e incumbencia de Rajoy. Y de nada le sirve enviar a esos pobres portavoces del PP a criticar a Rubalcaba, o amenazar a la prensa -que empiecen querellándose contra “El Mundo” que fue el primero en abrir el fuego graneado- , cuando cada minuto que pasa crece como una inmensa bola de nieve la presunta trama de la financiación ilegal del PP bajo los mandatos de Aznar y Rajoy, de la que dan fe, con su presencia en el PP y el Gobierno, J. Sepúlveda y Ana Mato, ambos “regalados” por Gürtel.

Los españoles están indignados con semejante espectáculo, la UE asustada con esta crisis en la presidencia del Gobierno de España, y los mercados van y vienen a la espera de concreciones, mientras en el PP siguen sin entender la diferencia esencial que existe entre la responsabilidad política de la corrupción y la acción judicial y el principio de la presunción de inocencia. No lo entienden ni les conviene entenderlo, porque el precio es muy alto y alcanza al mismísimo Rajoy, aunque solo lo fuera por su condición de gran jefe de Bárcenas en la presidencia del PP. El mismo que tenía en Suiza una cuenta particular de 22 millones de euros, y otras más en ese país, en España y en Panamá.

La secuencia del caso Bárcenas
Marcello www.republica.com   6 Febrero 2013

Vamos a ver si ponemos un poco de orden en todo esto del caso Bárcenas, o de la presunta financiación ilegal del PP y pagos de sobresueldos en negro a dirigentes de este partido, según se dice y se desprende de los detallados documentos publicados por el diario El País, y antes anunciados por el diario El Mundo. Y lo primero que hay que señalar es que la aparición de los papeles de la doble contabilidad en El País es el resultado inmediato de la venganza de Bárcenas al hecho de la captura por el juez Ruz de su cuenta secreta en Suiza con 22 millones de euros. Es, de libro, un ejemplo de la secuencia de ‘causa/efecto’.

La guerra, sin embargo viene de lejos. Y empieza con motivo de la imputación de Bárcenas en el caso Gürtel y de la ‘luz de gas’ que Rajoy, escondido tras las faldas de Cospedal, le empieza a hacer a Luis Bárcenas en el PP. No obstante, el juez Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -de quien se dice que tenía una buena relación con Federico Trillo- decide archivar el caso Bárcenas en Gürtel en septiembre de 2011. Pero hete aquí que, en esa misma fecha y bajo la presidencia de Zapatero, tanto el fiscal anticorrupción como la abogacía del Estado recurren el auto de archivo de Pedreira ante la Audiencia Nacional. Y en esas estábamos cuando Rajoy llega al poder a mediados de diciembre de 2012.

Y ¿qué hace Rajoy con Bárcenas? Pues nada, deja la situación tal y como estaba y no retira de la Audiencia Nacional el recurso de la fiscalía y de la abogacía del Estado que dependen del Gobierno y a Bárcenas se lo llevan los demonios, y empieza a hacer circular toda clase de amenazas por Madrid ante lo que considera como la traición de Rajoy, que lo dejan a él a los pies de los caballos.

Pero la cosa empeora cuando en marzo de 2012 el juez Ruz de la Audiencia Nacional reabre la causa de Bárcenas y empieza a pedir datos a Suiza hasta que finalmente aparece la famosa cuenta de los 22 millones de euros de Bárcenas. Y acto seguido se sabe, por el abogado de Bárcenas, que ha regularizado una parte muy importante de dicha cuenta en medio de la amnistía fiscal. Y es en ese momento cuando Montoro en el Congreso dice que no está nada claro que Bárcenas pueda disponer de ese dinero si tenia en curso una acción judicial, y Bárcenas cabreado por todo esto es cuando empieza a soltar lastre, primero en El Mundo anunciando que se pagan sobresueldos en dinero negro en el PP. Pero Pedro J. no se para en barras y sin tener los papeles lanza la denuncia en la portada del diario, poniendo eso sí a salvo a Cospedal y a Rajoy al decir que ninguno había cobrado y que Cospedal había puesto punto y final a esas prácticas, al tiempo que la manchega decía lo de que “cada palo aguante su vela”, como diciendo “otros sí y yo no”. Pero al decir eso dejó a la intemperie a Rajoy que tenía ante si dos tipos de responsabilidades: la suya como presunto cobrador y la de ser el presidente del PP en los años de todo este escándalo.

Pero Pedro J., se lanzó a pedir cárcel para Bárcenas, y Luis “el cabrón”, como le llamaban en Gürtel, cambia de caballo y se va de la mano de Jorge Trías a El País, que es donde, finalmente, se publica la famosa doble contabilidad. Donde Bárcenas suelta su primera ‘bomba atómica’, tan solo a los pocos días de que Ruz cazara su cuenta de los 22 millones en Suiza. A Luis Bárcenas le queda, sin embargo la esperanza de haber blanqueado su dinero negro en la amnistía fiscal y además y riéndose de todos niega ser el autor de los documentos de El País, para evitar las querellas del PP y de sus dirigentes implicados en los documentos. Y el PP, desconcertado, saca el pasado sábado a Rajoy con su canto del cisne desesperado, pero sin citar a Bárcenas porque aún temen que tenga una segunda ‘bomba atómica’ que dinamite a todo el PP y porque parecía que habían pactado con él para que dijera que todo era falso, una vez que el PP había decidido negarlo todo, tras los primeros traspiés de Cospedal.

Sin embargo, poco después, y una vez acordada la estrategia de negarlo todo, en el PP descubren que el daño causado por esta primera bomba es definitivo, que ha dañado a Rajoy y a todo el PP y llegan a la conclusión de que Bárcenas no puede hacer mas daño del que ha hecho, y aquí incluida la petición de dimisión de Rubalcaba que no pierde la ocasión para apuñalar a Rajoy. Y es entonces cuando lanzan a Montoro desde Hacienda y al fiscal contra Bárcenas. Y en ese momento procesal estamos en espera de que el fiscal lleve el caso al juez y que el magistrado dé orden de cárcel preventiva contra Bárcenas y le quite el dinero que acaba de regularizar (y que seguramente no es el único que tiene fuera de España). ¿Qué va a pasar a continuación? Pues muchas más cosas como pronto se verá.

Son las instituciones, estúpido
Luis de Velasco www.republica.com  6 Febrero 2013

El “caso Bárcenas” se convirtió, a partir de las no declaraciones y no acción del presidente del Gobierno este fin de semana, en el “caso Rajoy”. Desde ahora, amenaza con convertirse en el “caso España”. Algunos indicadores recientes son la caída ayer de la Bolsa y el alza de la prima de riesgo en lo que juegan claramente factores de incertidumbre política. O un descarnado editorial de este lunes del Financial Times en el que se afirma que “casi todas las instituciones, de la Monarquía a la Judicatura, muestran señales de putrefacción”. El eco del “corruption scandal” como lo definió la CNN, ha sido importante en los medios extranjeros.

Esta situación de emergencia crítica no se puede encarar ni pretender resolver con un simple cambio de persona al frente del Gobierno. Las declaraciones de Rubalcaba consiguieron lo que quería, titulares en los medios. Pero a partir de ahí ¿qué? ¿Más de lo mismo, palabrería y reproches mutuos entre los dos partidos cada vez más viejos que, según recientes encuestas, llegan escasamente a la mitad de los votantes? La hora de la verborrea, de los ofrecimientos de pactos ha pasado. El diagnóstico y los remedios están claros, falta la decisión política.

Es en la institucionalidad donde está el problema, es ahí donde hay que actuar de manera rápida y decidida. La institucionalidad instalada por la Constitución ya no sirve. Hay que ir a una refundación del Estado y a una regeneración de nuestra deteriorada democracia. Eso quiere decir política y es ahí donde hay que trabajar, desechando mensajes mesiánicos que protestan (y eso indudablemente es valioso y es lógico) pero que son incapaces de construir algo (y eso, obviamente, no vale para nada).

Detrás de las instituciones hay, naturalmente, personas con poderes, intereses, clientelas, privilegios. La institucionalidad de la vigente Constitución y sus normas de desarrollo valió para el origen pero luego ha sido ocupada por esos grupos, unos políticos (PP, PSOE y nacionalistas, éstos en sus feudos) y empresariales (la élite económico-financiera y medios de comunicación), que las consideran suyas y las utilizan para su beneficio, una gran parte de las veces con procedimientos poco éticos o delictivos. Eso es lo que se llama corrupción, tanto pública como privada.

Mientras la economía crecía y el bienestar colectivo, aunque injustamente repartido, aumentaba, estas lacras estaban ocultas salvo para algunas voces discordantes, siempre ninguneadas por los que mandan, es decir el “establishment”, los “poderes fácticos” que se decía en la transición y que siguen ahí. Cuando el castillo de naipes, construido sobre todo por el despilfarro empresarial con la connivencia de la corrupción política, se viene abajo, las miserias salen a la luz y las contradicciones sociales se agudizan.

En esas estamos. ¿Hay salida? La hay, aunque es muy difícil. Pero es imprescindible si queremos intentar resolver los problemas de esta crisis que es integral, económica, social, política, de valores. Sólo desde la política se puede intentar resolver. Política que quiere decir dirigentes (no sólo políticos) honestos y capaces e, igualmente importante, ciudadanía exigente, consciente de su peso y de su responsabilidad. Eso que se llama sociedad civil pero sociedad civil auténtica, responsable, no cuatro mangantes autodesignados. Y que entre todos sean capaces de establecer una nueva institucionalidad, un nuevo Estado presidido por la confianza (intangible imprescindible en una sociedad, algo que hoy existe cada vez menos) y con un sistema de premios y sanciones a la hora de votar y en el que no exista la lacra de la impunidad ni política ni judicial.

Corrupción
España se hunde. Todos somos Bárcenas
Mónica Mullor Libertad Digital  6 Febrero 2013

En España existe un sistema de legitimidad formalmente democrático en el que debe regir la igualdad de trato y la transparencia, y el poder ejercerse de acuerdo a unas reglas objetivas. No obstante, este sistema tiene un núcleo de sustancia feudal o tradicional, basado en relaciones de dependencia y lealtad personales. Así, el Estado es visto como propiedad de los que lo controlan y en torno al poder se tejen redes clientelares.

Lamentablemente, ese sustrato feudal da su verdadero carácter a un sistema formalmente democrático. Es por ello que en España la democracia potencia la corrupción, porque multiplica los centros de poder involucrados en la compraventa de favores y la creación de clientelas.

España ha experimentado una eclosión de centros de poder político y empresarial al amparo del Estado. Por ello no son de extrañar las abundantes noticias sobre escandalosos casos de corrupción, que van desde el cartero Bárcenas repartiendo sobres negros a los ERE de Andalucía que financian farras de prostitución y cocaína, pasando por el Instituto Nóos, que salpica a la Corona.

Desde sociedades más modernas y por ello más genuinamente democráticas, como las del norte de Europa, se podría creer que se trata de casos aislados. Pero no. España acumula una larga lista de escándalos: cuando no son los sobres son los indultos a políticos, banqueros, kamikazes con influencias; estafadores que quedan libres porque los tribunales se han demorado en exceso, incluso monjas que mueren antes de ser condenadas por su presunta implicación en el robo de bebés recién nacidos... Un sustancioso guión con todos los ingredientes necesarios para una estupenda telenovela al mejor estilo venezolano.

Esa es la lamentable imagen que España está mostrando al mundo; la imagen de su corrupción, que no solo afecta a sus políticos, cada día más desacreditados: también nos habla de una sociedad donde, como se dice en Argentina, "el vivo vive del zonzo (tonto) y el zonzo de su trabajo".

La corrupción no es un problema exclusivo de España. También hay corrupción en Suecia y en Finlandia, los países más limpios según Transparency International. Seguramente hay allí corrupción en ocultos imperios financieros y en algunos ayuntamientos, pero sin duda son casos contados y no tardan en salir a la luz. Los más famosos escándalos políticos suecos deben de parecer irrisorios a los españoles. Un ejemplo es el caso Toblerone: Mona Sahlin, por entonces (1995) viceprimera ministra y la más seria aspirante a dirigir el partido socialdemócrata, compró una chocolatina con una tarjeta de crédito reservada para gastos oficiales. Por un Toblerone Mona Shalin hubo de olvidarse de ser primera ministra. Sus compatriotas, con independencia de su color político, la sentenciaron. Esto demuestra que, como dice el refrán, cada sociedad tiene los políticos que se merece.

La sociedad española, a diferencia de la sueca, pone el listón muy bajo en la aceptación de la corrupción. Admite el pago de bienes o servicios sin IVA, el recurso a las influencias, el plagio, el clientelismo, el amiguismo; muchas de estas prácticas ni siquiera se reconocen como corruptas. Aquí están las raíces profundas de la corrupción española.

La clave del éxito en la lucha contra la corrupción está en la transparencia total en las transacciones y los acuerdos públicos. A todos los niveles. Se trata de que los españoles, como los suecos, no estén dispuestos a pagar los toblerones de sus políticos.

ideasyanalisis.wordpress.com

Oriol Pujol, fuera
EDITORIAL Libertad Digital 6 Febrero 2013

En vista de la maraña de imposiciones, prohibiciones y bochornosos despilfarros que reclaman los delirios identitarios de los nacionalistas, podríamos decir, con Lord Acton: "La nacionalidad no aspira ni a la libertad ni a la prosperidad, sino que, si le es necesario, no duda en sacrificar ambas a las necesidades imperativas de la construcción nacional". Sin embargo, y en vista de cómo algunos nacionalistas utilizan esa construcción nacional para forrarse, también resulta pertinente recordar al célebre Samuel Johnson, que denunciaba el falso patriotismo como "el último refugio de los canallas".

Los nacionalistas catalanes no sólo aspiran a llevar a cabo su empobrecedor e ilegal proceso secesionista con total impunidad, sino que pretenden que ese ataque al ordenamiento constitucional les sirva de parapeto en los casos de corrupción y de ilegítimo lucro en que algunos están inmersos.

Repárese en la reacción del secretario general de Convergència, Oriol Pujol, al demoledor informe de la Fiscalía por el que se solicita su imputación en el caso de las ITV. En lugar de aludir a la documentación remitida al juez, en la que aparece como el mediador político que permitió poner en marcha la operación para amañar el concurso de las ITV, Pujol se ha envuelto en la bandera de la independencia para asegurar que "todo obedece a una operación contra el nacionalismo catalán" promovida por "los que quieren frenar el proceso soberanista".

Por mucho que el hereu asegure que "esto no habría pasado si CiU no hubiera decidido empujar hacia donde está empujando", en referencia a su ilegal consulta secesionista, lo cierto es que con afirmaciones como éstas no va a refutar la validez de las numerosas pruebas, sustentadas con grabaciones, que señalan que participó en la trama de la concesión de las ITV con el objetivo de lucrase personalmente. El informe del fiscal no puede ser más rotundo al afirmar que este hijo del expresidente de la Generalidad Jordi Pujol "utilizó su capacidad de influencia política ilimitada" en este asunto, y describe cómo se aprovechó de su condición de líder del partido y de presidente del grupo parlamentario para colocar a personas de su confianza en puestos clave y facilitar así las operaciones.

En lugar de pretender dar lecciones de honradez al PP por el caso Bárcenas, más le valdría a CiU despojar preventivamente a Oriol Pujol de todos sus cargos. El tiempo dirá si, tal y como acaba de solicitar el juez Ruz a Hacienda, su hermano Jordi, también bajo sospecha de enriquecimiento ilícito, se acogió a la amnistía fiscal y si tiene cuentas en el extranjero. Pero, a la vista de las reacciones que ya se han producido, no resultaría extraño que, de ser cierto, los nacionalistas se refugiaran de nuevo en el proceso de construcción nacional que han puesto en marcha.

¿Por dónde empezamos?
J. de Mendizábal www.vozpopuli.com  6 Febrero 2013

A diario se puede escuchar o leer a comentaristas, articulistas y tertulianos citar a la sociedad civil y empresarial como co-partícipes de la debacle en la que estamos inmersos. Debacle moral, económica y social. Pues bien, no se puede estar de acuerdo con semejantes afirmaciones. La sociedad y el empresariado, en todo caso, tratan de adaptarse al entorno que les ha tocado vivir. Y, en muchas ocasiones, más que adaptarse, sólo de defenderse.

Hace ya muchos años, época de la mayoría absoluta del PSOE, un ministro dio en el clavo: "Ellos podrán tener razón, pero yo tengo el B.O.E.". Y, tan cierto. Con un simple decreto podían cambiar las reglas del juego sobre cualquier tema, en un visto y no visto. Por si no había quedado claro quién mandaba aquí, se cambiaron las leyes que hacían posible que la independencia de los jueces fuera el último garante de que, frente al poder público/político, siempre cabría la posibilidad de recurrir, demandar, exigir justicia, en definitiva. Es decir, en mitad de un partido de fútbol, resultó que un equipo podía cogerla con la mano y el otro no, claro. El otro equipo éramos todos los ciudadanos y, por supuesto, todos los empresarios. Ahí empezaron los males que, hoy, han explotado todos a la vez.

Ciertamente, muchos años después, estamos en las mismas. O peor. Las garantías en un sistema democrático son las leyes -mejor dicho, el cumplimiento de las mismas-, los jueces independientes y, en último caso, los medios de comunicación que pueden ejercer de denunciantes. Pero el sistema se corrompe cuando el incumplimiento de las leyes no es penado en consecuencia o cuando puedes cambiar esas leyes porque no te convienen o, llegado el caso, puedes utilizar al Tribunal Constitucional (no sé por qué se llama así, si en el mismo no todos son jueces) o, finalmente, la vía de los indultos gubernamentales. El sistema se corrompe cuando puedes, desde el Gobierno (amparado en el poder legislativo), cambiar, quitar y poner, elegir el Consejo General del Poder Judicial y, en consecuencia, parte del Supremo. El sistema se corrompe cuando puedes mediatizar a los medios. Y se corrompe absolutamente cuando un proceso judicial puede durar 15 años o más.

En estas circunstancias, pedir a un empresario importante, a un bufete de prestigio o a cualquier persona medianamente relevante que eleve su voz y denuncie a aquellos que tienen el poder de cambiar las leyes que les afectan a sus negocios o incluso personalmente, es pedir peras al olmo. Por ello, la mayoría tienen que escudarse en asociaciones, fundaciones, patronales o en movimientos sociales para decir lo que piensan, pero no lo pueden decir en primera persona. Y no pueden porque el B.O.E. sigue estando ahí y la Justicia, en sus últimas instancias, no es independiente del poder político.

Entre todos los temas que hay que cambiar en este país subvencionado, educativamente desastroso, de un estatismo intervencionista insoportable, donde reina la inseguridad jurídica, lo primero que habría que acometer es la recuperación de la independencia del Poder Judicial. Dado que tenemos que volver a hacer un Estado viable –ahora no lo es- empecemos por los cimientos y volvamos a Montesquieu y la separación de poderes. Hay que decir que, por el momento, vamos exactamente en la dirección contraria.

PSOE
Enfangarlo todo
Carmelo Jordá Libertad Digital  6 Febrero 2013

Líbreme Dios de defender a un Gobierno al que le han bastado, y sobrado, trece meses para demostrar que su cobardía política sólo es comparable a su ineficacia y, hay que decirlo, a su absoluta falta de principios en prácticamente todos los campos.

Pero, aun así, es que uno escucha al PSOE y le entran ganas de coger la bandera, atarle una gaviota, irse a las puertas de Génova 13 y vitorear hasta a la señora de la limpieza, que además seguro que tiene una expresión oral mucho más apañada que la de Soraya Rodríguez.

Y el asunto no se debe sólo a la evidente escasa calidad política de los portavoces habituales de la casa –las dos últimas ruedas de prensa que he seguido eran de la mentada Soraya Rodríguez y de Óscar López, algo así como el no va a menos–, sino, y sobre todo, a que el PSOE ha unido a su habitual falta de vergüenza el convertirse en un auténtico descontrol, un cachondeo, lo que en mi pueblo se ha llamado toda la vida, y no me cojan la metáfora por donde no es, una casa de lenocinio sin dueño.

Porque no puede ser que el sábado te bases en unas fotocopias, presuntamente papeles manuscritos por un señor, para lanzar el órdago a la grande en política: pedir la dimisión del presidente; y dos días después digas que no te crees nada de lo que pueda decir ese mismo señor que, por cierto, responde por Luis Bárcenas.

Es decir, que unas fotocopias supuestamente de puño y letra de Bárcenas pueden tener su importancia, de acuerdo, pero no pueden tenerla toda si la palabra del propio Bárcenas no tiene ninguna. O el que fuera durante tantos años tesorero del PP es una fuente fiable o, además de un presunto delincuente, es un golferas del que no puedes creerte nada. Las dos cosas a la vez no, mire usted.

Es el último signo de la decadencia del PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha conseguido de una tacada dos cosas que parecían imposibles: que el partido tenga menos calidad política de la que tenía en tiempos de Zapatero y, mientras el PP se hunde como se hundió el Imperio Romano, empeorar en las encuestas los resultados malísimos que obtuvo en las elecciones de noviembre.

Pero no se alegren todavía, aunque el descalabro definitivo del PSOE sería una excelente noticia para España, en el momento actual esta falta de alternativa sólo es una parte más de un panorama que invita a la más absoluta desesperanza: hoy por hoy, ni a izquierda ni a derecha hay nadie a quien, más allá de las lógicas discrepancias políticas, pueda uno dejar el timón del país e irse razonablemente tranquilo a dormir.

La política se ha convertido más en el problema que en la solución, si es que no lo ha sido siempre. Urge cambiarla, mejorarla y, sobre todo, aprender la lección y hacer que el máximo posible de parcelas de la sociedad quede fuera de su alcance. Porque si llegan a todo son capaces de enfangarlo todo.

España
Rubalcaba y el Faisán, una historia de negación y escapismo
a.z. / madrid ABC  6 Febrero 2013

Siendo ministro del Interior despreció peticiones de dimisión, negó todo y se declaró víctima de «insidias» sin importarle comprometer con ello el Estado de Derecho y a la Policía. Nada podía interponerse en su carrera por suceder Zapatero
Rubalcaba y el Faisán, una historia de negación y escapismo

A Alfredo Pérez Rubalcaba, el PP le pidió la dimisión 46 veces por su presunta implicación en el caso Faisán, según él mismo se jactó en una entrevista televisiva ofrecida en julio de 2011, justo después de dejar el Ministerio del Interior para convertirse en candidato del PSOE a la Moncloa. La primera de ellas fue en enero de 2010, nada más conocer la existencia de los informes de la Audiencia Nacional que apuntaban a la participación de altos mandos policiales en el chivatazo a la banda. La contestación de Rubalcaba fue en la radio con un «hasta donde yo se...» que inauguró su estrategia de negarlo todo y en la que invocó desde el principio aquello de «se está investigando, lo razonable es dejar que la investigación judicial termine» para ahorrarse explicaciones que nunca dió .

El comportamiento del hoy jefe de la oposición con respecto al más oscuro de los asuntos que le ha salpicado es una historia de escapismo. La hemeroteca no deja lugar a la amnesia en la medida que refleja sus calculadas ausencias de plenos parlamentarios clave, del victimismo del que se invistió y de cómo hurtó dar respuestas refugiándose en su cargo privilegiado o en ataques al contrario, que ya entonces recurrían al «y tu mas» con la trama Gürtel como arma arrojadiza. Rubalcaba se rasga hoy las vestiduras y exclama «¡gravísimo, gravísimo!», «¡insoportable...!» cuando cree ver en otros actitudes que él ha protagonizado durante años. Su recurso a declararlo todo falso rayó el paroxismo cuando catalogó en sede parlamentaria de «bazofia» llena de «mentiras y manipulaciones» unos papeles, las actas de las negociaciones del Gobierno con ETA difundidas en marzo de 2011 que tres años atrás habían sido incautadas al jefe de la banda Javier López Peña, «Thierry». Los documentos relataban cesiones del Ejecutivo a ETA y abonaban el supuesto de una traición de Interior al Estado de Derecho.

Del Congreso de los Diputados, donde ocupaba escaño especial al lado de José Luis Rodríguez Zapatero como su portavoz y vicepresidente, faltó estratégicamente el mismo 18 de enero de 2010 que el PP empezó a preguntarle sobre el turbio episodio de Irún. Los populares tuvieron que dirigirse en su lugar a otro, al titular de Justicia Francisco Caamaño, que ya trató de sacudir todas las sospechas diciendo que eran «rumores».

Pero Rubalcaba tuvo que enfrentarse un mes después al interrogatorio parlamentario de todas maneras, y en la primera de esas ocasiones se defendió victimizándose: «menos mal que usted no iba a proferir ninguna insidia, no hace usted otra cosa así que que poco más se me ocurre decir», lanzó a falta mayores argumentos al diputado que le preguntaba y que se convertiría en su azote parlamentario, Ignacio Gil Lázaro. Lázaro llegó a registrar en la Cámara 270 preguntas a Alfredo Pérez Rubalcaba, que se mostró altivo en todas las ocasiones y se atrincheró por siempre en un mantra según el cual, si el chivatazo existió «no afectó a la lucha contra el terrorismo».

El entonces ministro del Interior comprometió el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de España y puso en entredicho el modo de conducirse de un Gobierno que años atrás había negociado con ETA. Prueba de ellos es que, en febrero de 2011, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ya no pudo aguantar más y se refirió a este escándalo como «uno de los más bochornosos de nuestra democracia», poniendo en evidencia en un comunicado «el nerviosismo latente que se aprecia en las delcraciones del portavoz del Gobierno cuando es cuestionado al respecto arrojan más sombras que luces sobre el caso”. Para esa fecha, la convulsión social era máxima tras conocerse la inenarrable peripecia de la manipulación de las cintas clave del caso, que habían sido editadas.

Rubalcaba no era el único que daba la callada por respuesta. El Ejecutivo de Zapatero cerró filas en torno a él, como lo recuerdan los ejemplos de esgrima parlamentaria en los que la portavoz popular por aquellos tiempos, Soraya Sáenz de Santamaría, trataba de obtener explicaciones de la entonces vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega. Sáenz de Santamaría esgrimió en el hemiciclo el auto de la Audiencia Nacional en que definía el Faisán como «un caso de gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España». De la Vega eludió debatir reprochando al PP que «lecciones de democracia, las justas», y habló de otras coas.

Él a su vez se ocupó de proteger en todo momento a su hombre de máxima confianza, el secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho, al que promovería como titular del Ministerio y, una terminada la era Zapatero, blindaría con un aforado escaño de diputado en Cortes que, por cierto, costó un cisma en el PSOE de Zamora.

En octubre de 2012, el instructor del caso Faisán, Pablo Ruz, procesaba por colaboración al ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros. Dejaba fuera al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.

Si ellos [Los Musulmanes] se hubieran librado del castigo por apostasía, Hoy no existiría el Islam.
Nonie Darwish  Minuto Digital  6 Febrero 2013

Occidente se niega a estar preocupado; y cuando sus ciudadanos se preocupan, son reprimidos. Son demandados, atacados, amenazados con deportación y, a veces, asesinados.

El líder sunita más influyente de Medio Oriente acaba de admitir lo que muchos de nosotros, que crecimos como musulmanes en Medio Oriente, siempre supimos: que el Islam no podría existir hoy sin la matanza de apóstatas. Yusuf al-Qaradawi, presidente de la Hermandad Musulmana y uno de los líderes más respetados del mundo sunita, dijo recientemente en la televisión egipcia: “Si ellos [los musulmanes] se hubieran librado del castigo [a menudo la muerte] por apostasía, hoy no existiría el Islam”. Lo más llamativo de su declaración, sin embargo, es que no fue una disculpa; fue una lógica y orgullosa justificación para preservar la pena de muerte como castigo por apostasía. Al-Qaradawi sonaba desapasionado, indicando que no hay ningún conflicto moral, ni siquiera duda, sobre esta política en el Islam. Por el contrario, afirmó la legitimidad de las leyes islámicas en confiar en la vigilante justicia callejera a través del temor, la intimidación, la tortura y el asesinato, en contra de cualquier persona que se atreviera a abandonar el Islam.

Muchos críticos del Islam están de acuerdo con el Sheikh Qaradawi, en que el Islam no habría podido sobrevivir después de la muerte del profeta Mahoma, si no fuera por el asesinato, la tortura, la decapitación y la quema viva de miles de personas – convirtiéndolos en ejemplos para otros que podrían aventurarse fuera del Islam. Desde su implantación hasta la actualidad, el Islam nunca ha considerado inapropiada esta política, y mucho menos inmoral. En una encuesta reciente, el 84% de los egipcios está de acuerdo con la pena de muerte para los apóstatas, y no vemos ningún movimiento musulmán moderado contrario a esta ley. Que 1,2 mil millones de musulmanes parezcan cómodos con tal mandamiento arroja luz sobre la naturaleza del Islam.

A diferencia de los estadounidenses, que entienden los principios básicos de su constitución, la mayoría de los musulmanes no tiene ni idea de las leyes básicas de su religión. La mayoría de los musulmanes elige la ignorancia en lugar del conocimiento cuando se trata del Islam y, con frecuencia, se niega a comentar negativamente por miedo a ser acusados de apostasía. Mientras en Occidente se considera una virtud tratar de entender la propia religión, hacer preguntas al respecto y tomar decisiones en consecuencia, en el mundo musulmán hacer lo mismo es el último pecado castigado con la muerte. Aquello de lo que occidente se enorgullece, es un crimen bajo la ley islámica.

La principal preocupación de los ciudadanos musulmanes, en cualquier estado islámico, es permanecer a salvo, vivo y lejos de ser acusado de hacer o decir algo en contra de las enseñanzas islámicas. En tal atmósfera de miedo y desconfianza, el daño puede provenir no sólo del gobierno, sino de amigos, vecinos e, incluso, familiares, que están protegidos contra el enjuiciamiento por haber matado a alguien que consideran un apóstata.

No es una coincidencia que los países musulmanes tengan la más alta tasa de analfabetismo y de que carezcan de educación: en una cultura islámica que criminaliza no sólo la apostasía, sino también el hacer preguntas o dudar, la ignorancia es una virtud que lo protege a uno.

Las culturas islámica y judeocristiana son polos opuestos cuando se trata de sistemas de valores y brújulas morales – las divisiones fundamentales entre la moralidad islámica y la occidental. Ninguna religión distinta del Islam mata a los que la abandonan – probablemente un signo de la falta de confianza de los líderes islámicos en la capacidad del Islam para sobrevivir entre otras religiones que no matan para mantener en línea a sus seguidores.

En un original programa de televisión egipcio en el canal “Al-Tahrir”, en una discusión de los textos islámicos de Al-Azhar – la más importante Universidad Islámica del mundo, en El Cairo – a los estudiantes se les dijo que “cualquier musulmán, sin el permiso del gobernante, puede matar y asar a la parrilla a un murtad [apóstata] y comérselo”. Se confirmó que esta lección figura en los libros oficiales del gobierno egipcio para estudiantes de secundaria. El estupefacto invitado al programa de TV no podía creer que a los estudiantes egipcios del Islam se les enseñe que el canibalismo de los apóstatas está halal [permitido].

Políticas como éstas deben ser de gran preocupación para Occidente. Occidente, sin embargo, parece estar en negación. Se niega a estar abiertamente preocupado, y cuando sus ciudadanos se preocupan, son reprimidos. Son demandados [Geert Wilders, Lars Hedegard, Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Mark Steyn, Ezra Levant]; atacados [Kurt Westergaard en Dinamarca, Lars Vilks en Suecia, Charlie Hedbo revista semanal en Francia]; amenazados con la deportación [actualmente, Imran Firasat , desde España a Pakistán, y Reza Jabbari desde Suecia a Irán, donde ambos, muy probablemente, serán encarcelados o condenados a muerte]; decretadas amenazas de muerte [Salman Rushdie, Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan, M. Zuhdi Jasser] y, a veces, asesinados [Theo van Gogh].

En lugar de enfrentar con seriedad la amenaza del Islam, Occidente se ha vuelto insensible a todos los videos asesinos que se vierten fuera del mundo musulmán. No hay indignación en los gobiernos occidentales, los medios de comunicación o las ONG, acerca de lo que oímos y vemos y que se vierte diariamente desde Medio Oriente: las fotos de cientos de cristianos quemados vivos por musulmanes en Nigeria; los vídeos de apóstatas decapitados y quemados vivos que se encuentran por todo Internet; o los diarios recordatorios islámicos – de muchos dirigentes políticos, la televisión árabe y los púlpitos de las mezquitas, televisión árabe y líderes políticos – que, en su opinión, los judíos son descendientes de monos y cerdos.

Si queremos preservar las libertades occidentales para las futuras generaciones, es el momento de cambiar nuestra desestimación e indiferencia ante el profundo arraigo de estos puntos de vista.

Los occidentales han estado invirtiendo un montón de tiempo, esfuerzo y dinero tratando de entender el Islam, cuando todo lo que necesitan es escuchar lo que los líderes musulmanes están diciendo. Las prioridades de política exterior de Estado Unidos no deberían ser el apaciguamiento de una cultura islámica desesperada por aprobación, sino la protección de sus ciudadanos, de su cultura y de su constitución, de todas las ideologías moralmente en bancarrota y tiránicas.

Nonie Darwish es el Presidente de FormerMuslimsUnited.org y autor de “El Diablo Que No Conocemos”.
Traducido para porisrael.org por José Blumenfeld

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna (UNESCO)
I JORNADA POR LA LENGUA MATERNA Y EL BILINGÜISMO
ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA   6 Febrero 2013

Sábado, 23 de febrero de 2013 en el Centro Cívico Urgell, C/Urgell 145 (metro Hospital Clínico, L5)
Tf.: 675262986 E-mail: asociacion.tolerancia@gmail.com Web: www.tolerancia.org

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna (UNESCO), la ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA organiza la
I JORNADA POR LA LENGUA MATERNA Y EL BILINGÜISMO

18 - 19:15h
El derecho a la enseñanza en la lengua materna y los modelos educativos en Europa
Libertad de elección lingüística y bilingüismo como alternativas a la inmersión
Mercè Vilarrubias (catedrática de inglés en la EOI de Barcelona y autora del libro "Sumar y No Restar")
José Manuel Pousada (licenciado en Químicas, vicepresidente de Galicia Bilingüe)

19:30 - 21h
La inmersión lingüística en España y el control de los contenidos por las autonomías
Propuestas de las asociaciones de cara al futuro
Gloria Lago (Galicia Bilingüe)
Jorge Campos (Fundación Círculo Balear)
María Aldecoa (Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco)
Pablo Espinosa (Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística)
Eduardo López-Dóriga (Asociación por la Tolerancia)

Bilingüismo y libertad
Nota del Editor 6 Febrero 2013

Eso del bilingüismo suena muy bonito, pero no hay que dejarse llevar por las ilusiones. Aquí, bilingüismo significa obligatoriedad de aprender la lengua regional y es por tanto una conculcación inadmisible de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos español hablantes.

El bilingüismo, falacia per se (habría que tener tres cabezas), es además un grave disparate en lo concerninte a las lenguas regionales, pues supone una barrera infranqueable a la libre circulación y establecimiento de ciudadanos(trabajadores, de los funcionarios y contratados a continuación) e imposibilita la acción política y ciudadana de los ciudadanos que no conocen las lenguas regionales, situación de la que se benefician unos pocos (profesionales de la política, funcionarios y contratados) a costa de machacar a muchos.

Cuando vemos que el estado es tremendamente ineficaz, cuando hasta los menos favorecidos piensan que es necesaria la transparencia en sus acciones (de ahí la condición indispensable del uso del idioma español), tanto como la existencia de un mercado único, mercado abierto, libre, sin millones de páginas de leyes de aplicación dudosa o dolosa, el desmantelamiento del bilingüismo obligatorio con la derogación de todas las leyes de lenguas regionales, y la derogación, anulación,  de toda la legislación autonómica y su consiguiente desmantelamiento político, clientelar corruptoide son medidas indispensables para que los ciudadanos puedan ser protagonistas de la actividad económica y política y llevar a España a la dura senda de la competitividad mundial en condiciones más favorables.

LA DEUDA ROMPE POR PRIMERA VEZ LA BARRERA DEL BILLÓN DE EUROS
1.015.507.000.000 euros: esto es lo que debe el sector público
El Confidencial 6 Febrero 2013

La cifra es apabullante: 1.015.507.000.000 euros. O lo que es lo mismo, algo más de un billón de euros. Esa es la cantidad que adeuda actualmente el sector público, según las últimas cifras oficiales.

Lo singular no es sólo el volumen -es la primera vez que supera la barrera del billón de euros-, sino su evolución. Al comenzar la crisis económica (2007), los pasivos en circulación del conjunto de las Administraciones Públicas se situaban en 503.906 millones; es decir, la mitad que en el tercer trimestre de 2012. 

El endeudamiento, por lo tanto, ha crecido prácticamente a un ritmo de 100.000 millones de euros por año. Y el año 2009 marca el récord. Ese ejercicio, el endeudamiento subió en nada menos que 117.098 millones.

 

Esto significa que el endeudamiento público respecto del PIB se ha disparado hasta el 96,2%, lo que supone que, por primera vez, la deuda en circulación equivale prácticamente a la riqueza generada por España en un año (1,05 billones). Estas cifras incorporan no sólo los 800.000 millones largos que se tienen en cuenta a efectos de Protocolo de Déficit Excesivo (antiguo criterio de Maastricht), sino también las emisiones que se han visto obligadas a hacer las distintas Administraciones Públicas para cubrir sus necesidades de financiación.

Esta cifra, por lo tanto, es más representativa para medir el endeudamiento público que la que ofrece trimestralmente Eurostat. La oficina estadística de la Unión Europea elimina algunas partidas que se consideran una inversión y no un gasto. Son los llamados ajustes realizados en función de la metodología de elaboración del Protocolo de Déficit Excesivo. Según esta, la deuda del conjunto de las Administraciones se situaba al acabar el tercer trimestre del año en 817.164 millones. Es decir, se eliminan unos 200.000 millones que el sector público, en todo caso, tiene que devolver con sus correspondientes intereses. De esta cantidad, algo más de 700.00 millones corresponden al Estado.

Política de avales 

Los datos más recientes del Banco de España revelan, igualmente, que no sólo continúa creciendo de forma intensa el endeudamiento público, sino, también, los avales. En concreto, el año 2012 se ha cerrado con que el Estado ha contraído avales por valor de 170.291 millones. De esta cantidad, algo más de 26.600 corresponden a avales prestados a las comunidades autónomas y otros 32.333 al Fondo de Estabilidad Financiera (FEEF) puesto en marcha por la Unión Europea.

Esta evolución explica que el servicio de la deuda se haya disparado en los últimos años. En 2008 el pago de los intereses del conjunto de las Administraciones Públicas, ascendía a 17.399 millones, pero en 2012 la factura superará los 33.650, según la última comunicación oficial remitida a Bruselas. Y es probable que en 2013 supere ampliamente los 42.000 millones.

Aunque en los Presupuestos del Estado para 2013 aparece la cifra de 36.460 millones, esta rúbrica recoge únicamente los pagos de la Administración central, pero no del resto del sector público.

 

 

 

 

Corrupción y actividad económica
Juan Manuel López-Zafra  El Confidencial  6 Febrero 2013

"Cuanto más corrupto es el Estado más numerosas son las leyes"  Tácito
"La corrupción es la vía de la naturaleza para restaurar nuestra fe en la democracia"  Peter Ustinov

El análisis económico se ha preocupado históricamente por casi todos los aspectos que rodean la actividad humana. Son conocidos los trabajos de Becker sobre la familia, el crimen o la discriminación, los de intención de voto de Shapley o las bases contractuales y constitucionales de la teoría económica de Buchanan. En general, la aparición de nuevos problemas en las relaciones humanas genera el interés de los economistas, que investigan las causas y consecuencias de los mismos. La corrupción, compañera del ser humano desde sus inicios, ha sido sin embargo una línea de investigación tabú para los economistas, tal y como señaló el Nobel Myrdal. Artículos como el clásico de Rose-Ackerman (“The economics of corruption”) fueron escasos hasta los años 90, momento en el que la literatura económica abordó el problema desde múltiples perspectivas.

Uno de los aspectos más interesantes es el que relaciona la corrupción con el crecimiento económico. Según el Banco Mundial, todos los años se distraen de la actividad económica formal entre 1 y 1,5 billones de dólares (trillones norteamericanos). Distintas agencias internacionales como la Cámara Internacional de Comercio, el Foro Económico Mundial o las Naciones Unidas apuntan a que la corrupción alcanzaría un 5% del PIB mundial. La Unión Europea emitió un informe en 2011 en el que alertaba sobre la pérdida anual de alrededor del 1% del PIB de la UE (unos 120.000 millones de euros) en actividades relacionadas directamente con ella. En China, de acuerdo con diversos informes, el PIB estaría dejando de recoger del orden de un 14% de la actividad económica real. Los análisis del Banco Mundial señalan que la mortalidad infantil podría disminuir nada menos que alrededor del 75% y la actividad económica tres puntos más en los países más afectados.

A mayor cantidad de normas, a mayores restricciones a la libertad, a más control público, más incentivos para corromper. Sólo con más libertad se combate la corrupciónSon varias las causas de la corrupción, todas ellas relacionadas siempre de forma general con la intervención del Estado en la economía y, de forma particular, con la política gubernamental. Ya Krueger planteaba que las restricciones al comercio eran fuente de corrupción (el título de su artículo, "The rent-seeking society", es revelador al respecto). Ades y Di Tella observaron cómo a mayor grado de apertura de la economía, menos corrupción, y en un artículo anterior señalaron que los subsidios a las manufacturas mostraban una significativa correlación positiva con los índices de producción. La abundancia de recursos naturales (como indican Sachs y Warner), los bajos salarios de los empleados públicos (junto con la percepción ser inmunes a las sanciones, como señalan Haque y Sahay, del FMI) o tanto la obra pública como la industria militar (de acuerdo con Shleifer y Vishny, que las señalan como ejemplo de actividades en las que el precio de mercado es difícil de determinar) son elementos coadyuvantes. Goel y Nelson, del Banco Central de Finlandia, señalan la íntima relación entre el tamaño y el alcance del Gobierno con la corrupción, señalando que a mayor descentralización, menor corrupción. No son los primeros en presentar la presencia histórica de un país como un elemento cultural a considerar.

Las consecuencias económicas de la corrupción (de las morales no voy a hablar aquí) son variadas. Mauro efectúa un muy interesante análisis del efecto de ella en la estructura de gasto de los países, empleando una muestra de más de 100, y comprueba una primera, terrible. Una mayor corrupción afecta al gasto en educación. Previamente había observado cómo una mejora de una desviación típica en el índice de corrupción se asociaba a un incremento de la inversión de un 5% y un crecimiento del PIB de 0,5 puntos.

Las soluciones posibles pivotan entre dos extremos, ambos moralmente objetables. La coacción (representada por el ejército de inspectores de Hacienda, al servicio de un Estado Leviatán en la concepción de Brennan y Buchanan) y la compra de voluntades individuales por el Estado (como la de las loterías señalada por Wan en su “The incentive to declare taxes (…)” de 2010; la idea, en vigor desde los años 50 en Taiwán y adoptada recientemente por China, consiste en incentivar a los ciudadanos por no defraudar, en vez de sólo perseguir la evasión con todos los gastos (y frustración) que ello supone, mediante la incorporación de un número de lotería en el recibo oficial de venta. Según el autor, y a pesar de que señala que los premios deberían ser mayores para conseguir una optimización del efecto, los ingresos fiscales se incrementaron un 17% en el período de estudio). Aunque lo que claramente ha probado la historia es que el arma más eficaz es la reducción de los impuestos; desaparece el incentivo a no pagar el IVA cuando este disminuye a niveles razonables y, como probó el denostado por muchos economistas del mainstream Arthur Laffer, mejorar con ello la recaudación fiscal (que si a nivel macroeconómico a algunos no nos deja ninguna duda, a nivel micro aún menos; De Boer, por citar sólo un ejemplo, prueba cómo una reducción del 1% de los impuestos en las loterías genera un incremento de las ventas en un 1.2%). Sin duda es esta la solución menos objetable moralmente, al no generar estímulos al fraude ni reducir la voluntad individual a un objeto del tráfico mercantil.

La libertad económica contra la corrupción

Hace pocos días, Diego Sánchez de la Cruz, en un interesante artículo, planteaba que la libertad económica era la receta más efectiva contra la corrupción. Citaba el informe de Pavellas de 2010, que relaciona la posición de un país en el índice de Transparency International con el de libertada económica de la Heritage Foundation. Una somera actualización de la relación permite observar que los cinco primeros países del último ranking de libertad económica están situados entre los 14 primeros del Índice de Percepción de Corrupción 2012 de Transparency International; ninguno de ellos obtiene menos de 77 puntos (en una escala de 100, en la que el mejor obtiene 90). De los cinco últimos con menos libertad económica, sólo Cuba se encuentra en una posición intermedia (48 puntos en la escala de Transparency International), encontrándose los otros cuatro entre los 25 más corruptos del mundo. En el siguiente gráfico relaciono la puntuación en el Índice de Libertad Económica de 2012 (eje horizontal) con la del Índice de Percepción de la Corrupción de la misma fecha (eje vertical); a diferencia de Pavellas, he optado por un ajuste exponencial, frente al suyo lineal. Ambas características presentan un 67% de causas comunes. Se comenta por sí mismo.

 

Así pues, parece claro que, en economías como la nuestra, sin acceso a recursos naturales pero en las que la actividad económica se rige fundamentalmente por los designios públicos, la solución pasa por una reducción de la intervención estatal en la economía. Piensen en el Plan PIVE (que planteo simplemente como ejemplo, sin segundas intenciones): el Gobierno subvenciona la adquisición de vehículos con ciertas características, con el sano deseo de recuperar la actividad productiva y el empleo. ¿No podría darse el caso, hipotéticamente, de que los fabricantes presionasen al Gobierno para mejorar su posición? ¿No sería más razonable reducir los impuestos que gravan el sector? Claro que entonces el Ejecutivo dejaría de tener el control sobre esa parte de la actividad económica, permitiendo al ciudadano tomar sus propias decisiones sin otras restricciones que las de su propio presupuesto.

A mayor cantidad de normas, a mayores restricciones a la libertad, a más control público, más incentivos para corromper. Como le dije a Diego, sólo con más libertad se combate la corrupción.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

¿Es recurrible la declaración?
Francesc de Carreras La Vanguardia 6 Febrero 2013

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

El Parlament de Catalunya es un poder público vinculado al derecho y, por tanto, sus competencias están determinadas por normas jurídicas, en particular por el Estatut dentro del marco de la Constitución. También las personas estamos vinculadas a las normas jurídicas pero de forma distinta.

En efecto, las personas gozamos de libertades que se concretan en los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Las leyes, cauce a través del cual se regulan estos derechos fundamentales, establecen límites al ejercicio de estas libertades porque el ejercicio de la libertad de cada uno no debe vulnerar la libertad de los demás en virtud del principio de igualdad, según el cual todas las personas son iguales en derechos y ante la ley.

La personas tienen, pues, libertades, pero los poderes públicos no. Esta es una distinción fundamental. Los poderes públicos no tienen libertades sino competencias, es decir, facultades jurídicas legislativas, ejecutivas o judiciales, en el ámbito establecido por la ley.

En derecho suele decirse que las personas están vinculadas negativamente a la ley mientras que los poderes públicos están vinculados de manera positiva. Ello significa que las personas, dado que son libres, pueden hacer todo lo que deseen excepto aquello que la ley les prohíbe. En cambio, los poderes públicos, al no ser libres, no pueden hacer todo lo que deseen, sino sólo aquello que la ley les autorice. A las personas la ley les señala el límite del ejercicio de su libertad, a los poderes les señala el ámbito de sus competencias, es decir, de su poder. Así pues, la relación de la ley con las personas y con los poderes no es la misma.

Decíamos que el Parlament de Catalunya es un poder público. En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, no tiene libertad para actuar como quiera sino sólo dentro del ámbito de competencias establecidas en la ley. En el artículo de la semana pasada sostuvimos que el contenido de la famosa declaración de soberanía aprobada por el Parlament era frontalmente contrario a la Constitución.

En efecto, la declaración establece que la soberanía reside en el pueblo de Catalunya, dado que es un "sujeto político y jurídico soberano", mientras que la Constitución establece, en el apartado 2 de su articulo 1, que la soberanía reside en el pueblo español. El Parlament no aprueba esta declaración tan inconstitucional en forma de ley, ciertamente, sino en una resolución sin valor de ley, pero mediante un acto parlamentario formal, regulado en los artículos 145 y 146 del reglamento de la Cámara catalana y, por tanto, sujeto a los límites que el derecho establece.

¿Es competente el Parlament, un poder público, para efectuar una declaración sobre una materia como esta? En derecho público, suele distinguirse entre las competencias de un órgano y sus declaraciones de voluntad. Las primeras deben estar taxativamente fijadas en la ley correspondiente y facultan al órgano para dictar por sí mismo normas legislativas, ejecutivas o judiciales. Las segundas, bastante menos frecuentes, se limitan a expresar determinados deseos o aspiraciones que estos órganos no pueden llevar a cabo por sí mismos al no ser competentes y, en ocasiones, son peticiones de cambios legales e, incluso, constitucionales.

Ahora bien, estos deseos legítimamente expuestos como declaraciones de voluntad deben tener lógicamente un límite: que el cambio que se pretende sea llevado a cabo de acuerdo con el procedimiento jurídicamente adecuado. En otro caso, se estaría instando al órgano a quien se dirige la petición a cometer un cambio constitucional o legal de carácter antijurídico, para lo cual obviamente no está autorizado, dado que, tal como hemos dicho, la ley le vincula de forma positiva.

¿Puede el Parlament aprobar una resolución que exprese su aspiración de transformar Catalunya en un Estado independiente y soberano? A mi parecer sí, otras veces se han aprobado vagas resoluciones sobre la misma materia. Sin embargo, el carácter de la presente declaración es muy distinto: no se trata de un acto trámite sino de una resolución definitiva, constitutiva por tanto, y la consulta que se pide para que el pueblo de Catalunya ejerza por sí solo un supuesto derecho a decidir, inexistente en nuestro ordenamiento, incumple la Constitución y no es conforme al procedimiento de reforma constitucional que permitiría, en su caso, hacerlo jurídicamente viable.

La declaración, pues, hubiera podido ser legítima como expresión del deseo de una mayoría parlamentaria para alcanzar la independencia por las vías constitucionales. La Constitución no es un muro impenetrable, es abierta y prevé, incluso, su reforma total, al contrario que la alemana, la francesa y la italiana, no digamos ya la de EE.UU. Pero la redacción del texto aprobado es una clara instigación a los ciudadanos a que vulneren el sistema constitucional y, por tanto, se trata de una resolución parlamentaria con indudable valor jurídico que puede y debe ser recurrida por el Gobierno ante el TC por la vía que establece el art. 161.2 de la Constitución.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20130206/54365115142/es-recurrible-la-declaracion-francesc-de-carreras.html#ixzz2KL11BzeL
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