AGLI Recortes de Prensa   Viernes 8 Febrero 2013

La única salida decente para los políticos españoles
Francisco Rubiales Periodista Digital 8 Febrero 2013

España se encuentra en una peligrosa situación de bloqueo. Los políticos han fracasado y ni el gobierno ni la oposición gozan del aprecio y la confianza de los ciudadanos. Si los políticos se aferran al poder, España será un país oprimido por un gobierno no deseado y sin legitimidad. La única salida digna existente es abrir un periodo constituyente donde pueda construirse un nuevo sistema, esta vez auténticamente democrático y decente, sin la terrible contaminación actual de corruptos e ineptos en la política, un drama que ha terminado por arruinar el país.

Ante el dramático fracaso de Rajoy como gobernante y el hundimiento del PP en las encuestas, lo lógico sería que el PSOE, principal partido de la oposición, se preparara ya para relevar al PP en el poder, pero esa salida es imposible porque los socialistas están tedavía más desprestigiados y tienen peor imagen que la derecha, lo que les impide ser el relevo que España necesita. Ver como Rubalcaba, culpable principal, junto con Zapatero, del actual desastre de España, pide la dimisión de Rajoy, como si él estuviera limpio y tuviera autoridad moral para hacerlo, causa estupor y vergüenza a cualquier demócrata o ciudadano honrado. El cobro de sobres en dinero negro por parte de Rajoy y sus colaboradores es solo una sospecha bastante sólida, pero Felipe González, que tenía un "master en corrupción y que fue el descubridor y padrino de Rubalcaba, ya repartio dinero negro a mansalva entre los socialistas, durante su mandato, según acusaciones muy fundadas.

¿Que salida hay entonces para esta España atascada y desesperada? No hay otra que certificar el fin de este sistema trucado y maloliente, una sucia y corrupta dictadura de partidos políticos que han querido hacer pasar por democracia.

Después de haberse cargado de ignominia por haberse corrompido y practicado el abuso del poder y la arbitrariedad, la clase política española, consciente de que el país se encuentra en un callejón si salida, con la confianza perdida y casi destrozado por el mal gobierno, debería tener un último gesto de generosidad y decencia autodisolviendo la podrida y agonizante partitocracia española y dando los primeros pasos para que se instaure un verdadera democracia de ciudadanos.

Los síntomas de decomposición de la política española son visibles e indiscutibles. Los ciudadanos han perdido la confianza en sus gobernantes y en el mismo sistema, lo que deslegitima a la clase política. Ni siquiera funciona la alternancia en el poder, ante el convencimiento de los ciudadanos de que tanto el gobierno como la oposición no merecen el poder y están corrompidos hasta la médula. Los escándalos se superponen unos sobre otros sin que la sociedad pueda recuperarse y la desconfianza es de tal envergadura que las verdades tienen la misma credibilidad que las mentiras. Sea cual sea la acusación o el escándalo, la mayoría de los ciudadanos siempre creen que los políticos roban y son indecentes.

Ante esa situación de deterioro extremo, no existe otra salida que el cambio de sistema, la liquidación de la sucia oligocracia de partidos que sucedio al franquismo haciendose pasar por una democracia y su sustitución por un sistema democrático decente y controlado por los ciudadanos, no por unos partidos políticos que no han dado la talla y se han convertido, a juicio de los ciudadanos, en asociaciones de malhechores.

En una situación similar de agonía, agotamiento y decadencia, las cortes franquistas se hicieron el harakiri porque entonces la gente era decente y por tanto era impensable agarrarse a la poltrona a toda costa. Si el régimen de Franco se hubiera agarrado al poder, habría durado cuatro o cinco años más, pero eso hubiera supuesto dejar al país destrozado, que es lo que, con toda probabilidad, van a hacer los Rajoy, los Rubalcaba, los Cayo Lara y los nacionalistas que odian a España.

Voto en Blanco

La regeneración de la democracia
UPyD y la presunción de inocencia
Guillermo Dupuy Libertad Digital 8 Febrero 2013

Por mucha que sea mi simpatía a la UPyD que lidera Rosa Diez, y por interesante que considere su "Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado", hay algunas propuestas que allí se hacen a las que haría algunas objeciones.

Tiempo habrá de rebatir su apuesta por un sistema electoral todavía más proporcional que el que padecemos, o su confusa y poco trabajada propuesta de implantar una auténtica justicia independiente. Lo que me interesa ahora analizar es su propuesta de impedir por ley que puedan ser electas "personas acusadas por delitos de corrupción política".

Para empezar, semejante propuesta me parece de dudosa constitucionalidad, habida cuenta de que la inhabilitación para poder ser electo y ejercer un cargo público en un Estado de Derecho solo puede sobrevenir como resultado de una condena.

La responsabilidad política y la responsabilidad penal son y deben seguir siendo ámbitos diferentes, y los confunden tanto quienes se oponen a cualquier dimisión mientras no haya condena como los que pretenden que esa dimisión sea exigible por ley sólo por el mero hecho de ser acusado.

Luego está saber qué es lo que entiende UPyD por ser "acusado", porque, como bien señala Arcadi Espada este jueves en El Mundo, llevar un hombre a la hoguera de la Inquisición mediática sale aquí más barato que en otro país. Yo diría, desgraciadamente, mucho más: con una Fiscalía dependiente del Gobierno y cúpulas policiales designadas políticamente a dedo es fácil imputar a alguien un delito, por mucho que sea inocente.

Esto no quiere decir que no considere razonable que alguien sobre el que policías, fiscales y jueces han reunido indicios acusatorios abandone su cargo. Es más, también considero razonable que dimita alguien contra el que no haya indicio alguno de haber cometido un delito pero que haya faltado a su responsabilidad in vigilando, tal y como fue el caso del ministro Asunción tras la fuga de Roldán. Sin embargo, una cosa es lo razonable y otra lo imperativo; una cosa es la ética y otra la legalidad.

No debemos consentir que la lucha contra la corrupción pueda convertirse en una artera y no menos corrupta forma de deshacerse de los adversarios políticos. Ninguna de las reformas que requiere la regeneración de nuestra democracia pasa por socavar el derecho a la presunción de inocencia.

Nuestra democracia se defiende reformándola
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 8 Febrero 2013

Tengo en casa un cartelito con la imagen de todos los presidentes norteamericanos. Son 44 y la cadencia de sus mandatos es constante, sin que nada quebrara, desde 1789, tras la elección de Washington, el normal funcionamiento de la institución presidencial. Lo mismo cabe decir del Congreso, el Tribunal Supremo o las instituciones federales. Y ello pese a que la historia de EE.UU. ha estado trufada de guerras exteriores, una cruel guerra civil, dimisiones y asesinatos de presidentes y conflictos sociales y políticos terribles: el racial, con su vergonzosa segregación, de forma destacada. Pese a ello, la democracia americana ha podido con todo -también con la construcción de una nación inmensa y llena de contrastes- porque sus instituciones han resistido durante más de dos centurias.

Sin necesidad de exagerar, es claro que nuestro país atraviesa uno de sus peores momentos desde la transición. Ciertamente, a la explosiva combinación de una crisis económica brutal, de consecuencias devastadoras sobre el empleo y muy gravosas sobre el nivel de vida de la inmensa mayoría, y una crisis política de general desconfianza en partidos y políticos, se ha añadido una avalancha de casos de corrupción: el de Bárcenas no es el único, pero podría por sí solo tener demoledoras consecuencias para la estabilidad política de España.

Es en este contexto de extrema gravedad en el que creo necesario hacer un llamamiento a la cordura frente a los que tiran a lo loco contra todo (políticos, partidos, jueces, periodistas, Parlamento, autonomías y un largo etcétera) sin ofrecer más solución que el simple caos. Y es que sin instituciones sólidas ningún problema podrá solucionarse.

Pero es también ahora, por ello mismo, cuando hay que proclamar que para dar a esas instituciones verdadera solidez no podemos ya aplazar las muchas reformas que aquellas necesitan. Porque es urgente, entre otras cosas, quitar a los partidos poderes que se han arrogado al margen de las leyes; despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, para garantizar así una auténtica independencia de los jueces; asegurar de forma efectiva la imparcialidad del Tribunal Constitucional; reforzar la proporcionalidad de nuestro sistema electoral; controlar eficazmente los ingresos y limitar los gastos partidistas, reduciendo incluso el período de campaña electoral; limitar los mandatos representativos para luchar contra la esclerosis de las Cortes y los Parlamentos regionales; o reformar la Constitución para evitar el mercadeo de competencias con los nacionalistas.

¿Eso es todo? No: es un principio, sin el que no seremos capaces de evitar el riesgo creciente de que los discursos demagógicos y populistas sobre cómo vaciar el agua sucia acaben llevándose por el desagüe nuestras instituciones democráticas.

Una partitocracia agotada
XAVIER DOMÈNECH La Opinion 8 Febrero 2013

Las omnipotentes cúpulas de los partidos políticos españoles deberían ser las más interesadas en acabar con el sistema electoral al que deben su inmenso poder, ya que tal sistema constituye un pesado lastre que les hunde en el fango de los escándalos y les impide salir a flote.

La percepción pública de los cargos públicos como meros apéndices del cuerpo del partido, comandado por un único cerebro que todo lo controla, nos lleva fácilmente a deducir que cualquier caso de corrupción de los apéndices es también un caso de corrupción del cuerpo entero, del cual es responsable al cerebro o mando central. Y no puede ser de otra manera cuando sabemos que desde el más modesto de los alcaldes hasta el más poderoso de los ministros debe su cargo y su carrera al partido, tanto o más que a los votantes.

Es el partido quien le selecciona para su lista electoral y le sitúa en la primera posición o en la última. Es el partido quien establece pactos de amplio alcance territorial para intercambiar apoyos que significan alcaldías. Es el partido quien lleva a un alcalde a la candidatura autonómica y le convierte en parlamentario, luego le hace nombrar consejero, o le sube hasta el Congreso de los Diputados. Y es el partido quien puede cercenar en redondo las prometedoras carreras de personas de gran valía pero poco sumisas.

Todo eso lo sabemos los ciudadanos, y por ello nos resultan tan difíciles de tragar las protestas de inocencia que circunscriben los casos de corrupción tan solo a las personas imputadas. Puesto que alguien es alcalde o consejero porque el partido le puso ahí, el partido es cuando menos responsable político de sus tropelías, y en la medida en que las cajas están conectadas, también puede ser responsable económico.

En los albores de la transición hubo acuerdo en reforzar el papel de los partidos para apuntalar el nuevo sistema institucional, pero de ello ya hace tres décadas y media. El sistema ha dado de sí lo que tenía de bueno pero también lo que tenía de malo, y ahora ya no contribuye a consolidar la democracia sino a todo lo contrario. Hay un clamor popular al respecto, y si los partidos quieren sobrevivir para cumplir su indispensable función deberán renunciar a su poder inmenso para que los ciudadanos sintamos de una vez que nuestro diputado es nuestro acierto y nuestra culpa, y no los de su sigla, y que si mete la pata, o la mano donde no debe, su ruina dependerá de nuestra ira y no de los jerarcas de su organización.

Regeneracionistas y salvapatrias
José María Marco La Razón 8 Febrero 2013

La crisis económica actual no es una más de las que hemos vivido en los últimos cuarenta años. Esta crisis es el final de un modelo en el que el Estado ha jugado a servir de red de seguridad para todas las personas en cualquier circunstancia. Al desplomarse los pilares morales que sostenían el consenso socialdemócrata o socialcristiano, el Estado empezó a crecer de forma desmedida. Ahora es imposible pagarlo. Y no sólo eso: el Estado (el Estado de bienestar concebido de esa forma) se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la vuelta al crecimiento económico. En España la situación se agrava porque los acuerdos políticos y económicos que datan de los años de la Transición impusieron, sin que nadie lo haya cambiado hasta ahora, un modelo rígido e intervencionista, además de los superEstados autonómicos, que nos hace incapaces de responder a las situaciones de cambio.

Desde la sociedad se plantean al Estado –gobiernos y «políticos»– demandas contradictorias. Por un lado, se le pide que aligere su peso. Por otro, se le pide que no deje de seguir prestando los servicios que venía prestando hasta ahora –servicios que ya no va a poder prestar en muchas generaciones–, y todo eso envuelto en grandes consideraciones de carácter moral.

La corrupción y la percepción de la corrupción complican aún más un panorama diabólico. Hechos que antes eran aceptables hoy son vistos como privilegios injustos, y los casos de corrupción real se agravan por el contexto en el que se sitúan. Es lógico que la gente, los ciudadanos como se dice ahora, respondan con exasperación. No lo es tanto que desde la política, algunos medios de comunicación e incluso la judicatura se sobreactúe. No somos el único país en el que hay corrupción, ni siquiera el que más corrupción padece. La justicia funciona, en general, correctamente. Y el sistema democrático –y los propios partidos– responden a la realidad de la sociedad española. Cualquiera que lo desee puede fundar una nueva organización en el momento que lo considere oportuno. «Volver a fundar el sistema», «regeneración», «una España nueva»... Todo eso ya lo hemos oído. Parece que hay muchos españoles, en particular de los que deberían mostrar más responsabilidad, encantados con la idea de protagonizar lo que sería, sin duda alguna, una nueva catástrofe. Cuanto peor, mejor: esa es la consigna del día. Es un error monumental. Los españoles no necesitamos caudillos regeneracionistas y salvapatrias. Con un poco de honradez basta y sobra.

Bárcenas y su decálogo
Pablo Sebastián www.republica.com 8 Febrero 2013

Los hay en el Gobierno y en el PP que piensan que judicializar el caso Bárcenas, durante unos meses o años, es lo mejor que les podría pasar para ganar tiempo, una vez que los populares han vetado el debate (que les llegará en las sesiones del “Estado de la Nación”) y cualquier iniciativa de investigación del Parlamento, gracias a su mayoría absoluta. Lo que unido a las fugas de Rajoy ante los medios dan cero credibilidad al pretendido discurso de “la transparencia” de los dirigentes del PP.

Sin embargo, y a pesar de las presiones que se están ejerciendo sobre los medios de comunicación, este caso y la presunta trama de financiación ilegal y sobresueldos del PP no se quedará en el ámbito judicial (o de la Fiscalía), sino que va a seguir porque los actores son muchos e incontrolables, la competencia mediática feroz y los intereses cruzados y la conspiraciones varias, incluso en el interior del PP, donde Esperanza Aguirre no pierde ahora la oportunidad y ataca a Mato, Cospedal y Botella, para acorralar a Rajoy.

Pero piensa Rajoy que se van a cansar todos menos él. Y ello a pesar de los indicios que ya pesan sobre el escándalo Bárcenas:

1. Los documentos de la doble contabilidad aparecen pocos días después de que el juez Ruz descubriera sus cuentas (gracias a que Rajoy no retiró al fiscal ni al abogado del Estado del caso reabierto en la Audiencia Nacional) en Suiza con 22 millones de euros; y a las pocas horas de que el ministro Montoro dijera que la pretendida regularización de los millones que Bárcenas tenía ocultos podría resultar fallida. Luego la relación “causa-efecto” de los dos golpes en contra de Bárcenas y la aparición inmediata de los papeles en “El País” como venganza y respuesta es flagrante.

2. Todos los peritos coinciden en que la letra de Bárcenas es la que figura en los documentos publicados por “El País”. Falta por ver la comprobación de la Fiscalía, donde Bárcenas se habrá esforzado en disimular su caligrafía, pero existen más pruebas caligráficas como la carta que tiene el juez.

3. Los únicos que no han hecho comprobaciones caligráficas a pesar de que ellos tienen numerosos escritos de Bárcenas son, por lo que parece (¿o si las han hecho?) los del PP que desde un principio reconocieron la letra, aunque Cospedal no quiso hablar de la comprobación caligráfica.

4. Y los del PP siguen siendo -con la sola excepción de Ana Palacio, o Aguirre y Feijóo, los que no le tocan un pelo a Bárcenas, ni anuncian acciones judiciales contra él, pero sí en contra de los mensajeros y quien se atreva a opinar en este caso. Y estos silencios del PP son una prueba flagrante de su responsabilidad en el caso. O del miedo que persiste en el PP de que Bárcenas “cante”, o tenga más pruebas que dinamiten el partido.

5. Ya son muchos, puede que más de diez, los dirigentes del PP y de personas del entorno de este partido que reconocen pagos anotados en los documentos de Bárcenas, lo que da idea de su veracidad y de que solo pudieron ser escritos por alguien que conocía la contabilidad interna del PP.

6. La declaración ante el fiscal del ex diputado del PP, Jorge Trías -presunto filtrador de los documentos por el encargo de Bárcenas, aunque simulen estar enfrentados- afirmando que él había visto antes esos documentos en poder de Luis Bárcenas y que son los mismos publicados es un testimonio de cargo sobre la autoría de dichos documentos.

7. Los continuos desmentidos de Bárcenas, después de su largo silencio tras las primeras publicaciones por “El Mundo” y “El País” de la presunta contabilidad secreta del PP, y sus tardíos e irrisorios desmentidos posteriores (para evitar querellas de todos los citados en los papeles), presentan a un personaje con gran capacidad de manipulación y un enorme cinismo.

8. Las teorías conspirativas de dentro y fuera del PP, con citas a Rubalcaba, Garzón, Aguirre, Aznar, etcétera, no se tienen de pie por más que muchos de los citados verían con buenos ojos la caída de Rajoy.

9. La petición de Rubalcaba de dimisión de Rajoy, no solo ha sido consultada por el líder del PSOE con Felipe González y Zapatero, sino puede que también con Cebrián (“El País” y la “cadena SER”). Esta decisión rompe de manera irreparables los puentes de diálogo del PP con el PSOE en la crisis de la economía y el paro y el asunto del secesionismo catalán. Si Rubalcaba no hubiera pedido la dimisión de Rajoy, ante lo publicado por “El País”, las bases del PSOE habrían pedido la dimisión de Rubalcaba.

10.El PP ha cambiado varias veces de estrategia: primero y tras la publicación del escándalo por “El Mundo”, Cospedal vino a decir -”que cada palo aguante su vela”- y presumió de ser ella la que acabó con estas prácticas de Bárcenas (en el PP ¡presidido por Rajoy!), y acto seguido pasó a negarlo todo. Rajoy dijo que todo era falso y en Berlín añadió lo de “menos algunas cosas”. Luego dijeron que los documentos fueron escritos de una sentada y manipulados, etc. Y ahora están con la mirada puesta en Bárcenas y sin saber que hacer por si el ex tesorero los ataca una segunda vez.

El escándalo actual puede desembocar en una crisis institucional
José Oneto www.republica.com 8 Febrero 2013

Veintidós días después de que el periódico “El Mundo”, afirmase que durante años el Partido Popular ha estado pagando a algunos de sus dirigentes, incluido el presidente del Partido, Mariano Rajoy, sobresueldos en dinero negro, todo parece haberse convertido en una novela de intriga, en la que cada día que pasa, más difícil es encontrar la verdadera clave de la solución.

La realidad, es que veintidós días después de que se publicasen los primeros datos del escándalo, nadie importante de la dirección del Partido Popular, salvo José María Aznar, y Ana de Palacio, se han querellado contra el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, nadie ha hecho pública, como se prometió, su declaración de la Renta y del Patrimonio, y el propio presidente del Gobierno se niega a una comparecencia pública, ni ante los periodistas, ni ante el Parlamento, para dar la cara y explicar qué es lo que realmente ha pasado desde que se supo que el señor Bárcenas tenía una cuenta secreta en Suiza que se elevaba a 22 millones de euros.

El gran escándalo, que es objeto de todo tipo de comentarios y de análisis por parte de los mercados y de la prensa internacional, ha derivado en un auténtico chau-chau, en el que se intenta confundir al ciudadano sobre si los documentos son buenos o falsos, si esa es la letra de Bárcenas o no, si estamos ante una auténtica “conspiración” contra el presidente del Gobierno, como insinúa Bárcenas, o por el contrario, estamos ante un caso de chantaje en el que el ex tesorero del PP ha llegado demasiado lejos, y que por el momento, estaríamos en el escenario en que ha arrojado una de las bombas de racimo que tiene, sin garantías de que en las próximas fechas, se puedan producir nuevos acontecimientos y nuevas explosiones, aunque el terror del Gobierno indica que quieren parar, como sea, un tema que no solo perjudica al presidente del Gobierno, a la estabilidad del Gobierno y de partido, sino a la complicada situación económica española.

La realidad es que, como sostiene hoy el periódico Financial Times, Rajoy parece haber asumido un riesgo al negar cualquier actividad ilícita en nombre del partido, quedando como garantía para invertir cualquier otra revelación. Sus rivales no intentarán denunciar que Rajoy sea corrupto personalmente; sino que ha sido incapaz de gobernar su partido -y por extrapolación-, no está cualificado para gobernar el país. La experiencia, en casos similares, indica que el ruido político en torno a este asunto no disminuirá en algún tiempo por lo que, estima el periódico, “que el Gobierno seguirá en una situación comprometida hasta que pueda demostrar que todos los papeles publicados hasta ahora, son fraudulentos (lo que será muy difícil de demostrar) y es improbable que suceda pronto…”.

Sin embargo, lo más demoledor, es el análisis que hace la agencia económica Bloomberg, que cuenta como los inversores están preocupados por la estabilidad política española y como esos inversores han estado deshaciéndose de sus posesiones españolas y elevando los costes de financiación del país, después de que surgiese el escándalo de corrupción con la implicación del presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En realidad, la probabilidad de que el escándalo Rajoy fuerce la caída del actual Gobierno de centro derecha es escasa, pero los inversores, cree la agencia, tienen razones para preocuparse, porque la estabilidad política supone algo más que la supervivencia de un gobierno. Requiere, también la confianza de los votantes en las instituciones que les rigen. Y la verdad es que las acusaciones de corrupción están corroyendo esa confianza en España.

A medida que se erosiona la confianza en el Gobierno del país, también lo hace el funcionamiento de sus instituciones.” Si se permite que sigan empeorando, – es la tesis- estos fallos podrían provocar la inestabilidad del entorno operativo empresarial del país, haciéndolo poco atractivo para los inversores, irremediablemente preocupados por los cambios repentinos en la regulación, por la corrupción e incluso por la seguridad. Cualquier pérdida de confianza de esta índole resultaría especialmente problemática en un país como España, que depende enormemente del capital extranjero y de las inversiones para financiar su actual déficit por cuenta corriente.”

Las tribulaciones españolas han sido etiquetadas como crisis económica, crisis inmobiliaria, crisis bancaria y crisis de la deuda. Son un compendio de todas ellas. Pero España, avanza también hacia una crisis institucional.

‘El País’ protege a Rajoy
Marcello www.republica.com  8 Febrero 2013

Cuando parecía que los papeles de Bárcenas habían ofrecido al diario El País una victoria informativa sobre El Mundo y en la Redacción imperaba una cierta euforia que hacía olvidar el lío de la falsa foto de Hugo Chávez agonizante, que dio la vuelta al mundo como uno de los más espantosos patinazos periodísticos (sin que nadie dimitiera de la Dirección del diario), ahora y a propósito de Bárcenas y Rajoy se vuelve a abrir una brecha entre la Redacción y la Dirección del periódico que ostenta -en sus ratos libres de conferencias y bolos variados- José Luis Moreno ‘y sus muñecos’ (los de los bonos secretos), porque la línea de la información no coincide con la editorial, hoy día en manos de los bancos y grandes empresas más afines al PP y cercanas a Rajoy.

Así hemos visto al periódico denunciar en su portada la doble contabilidad del PP, su presunta financiación ilegal y pagos de sobresueldos en dinero negro a destacados dirigentes, y a la vez decir el periódico en su editorial que creían a Rajoy cuando dijo que todo era “falso” -luego en Berlín rectificó con lo de “todo menos algunas cosas”-, lo que no tenía pies ni cabeza porque no se puede decir que Rajoy es inocente y a la vez afirmar que había financiación ilegal y sobresueldos en el partido que presidía ese mismo Rajoy. ¿En qué quedamos?

Y ¿qué pasó con la petición de Rubalcaba de dimisión de Rajoy, que supuestamente el líder del PSOE consultó a González, a Zapatero y probablemente a su ‘íntimo’ Cebrián? Pues se quedó entre dos aguas, sí, pero ya veremos. Es decir el periódico tiene por un lado la mano levantada con una acusatoria información y luego templa las gaitas en la línea editorial y en sus artículos de opinión, donde nos hemos enterado que el director de El País ha vetado un artículo de Miguel Angel Aguilar sobre los ingresos del presidente del Gobierno Mariano Rajoy -el que presumía de que él sí sabía ganarse muy bien la vida fuera de la política (pero no de la Administración) en su registro de Santa Pola. Asunto el de los registradores que Aguilar ya había tratado anteriormente. Pues bien el artículo de Aguilar no se publicó en la edición de papel, pero se coló en la digital y cuando se dieron cuenta la censura interna se lanzó rauda sobre el digital de El País y levantó el citado comentario de Aguilar, con lo que ya tenemos otra vez la censura de Moreno/Cebrián en marcha para no darle disgustos a Rajoy. Ni a los nuevos propietarios del periódico, con el mensaje subliminal y de que “hay que salvar al presidente del Gobierno como sea, ¡salvad al soldado Rajoy!”, incluso a costa de la censura contra la libertad de expresión.

Ya castigaron tiempo atrás a Ridao por criticar a Rubalcaba, y a Santos Juliá cuando el lío de los ERES de los ‘viejos’ que se fue del diario (con Maruja Torres no se han atrevido, de momento, porque es la Reina de Bastos del periodismo nacional). Y vamos a ver ahora qué hace el famoso Comité de Redacción y el defensor del lector, y puede que también el gran fiscal general del Estado, Torres Dulce ‘de Membrillo’, quien ya estará siguiendo todo esto por si hubo un atentado en contra de la libertad de expresión y de los derechos fundamentales.

Bastante mojigato está El País con el caso Urdangarin, como para ahora morderse la lengua con Rajoy. Y todo ello después de hacer la pelota al nacionalismo catalán y de llegar tarde a los escándalos de los Pujol, ‘sus presuntos caseros’, también por la misma razón de ‘Estado interno’ como es la propiedad compartida del diario, cuya independencia está cada vez mas en entredicho y lejos de los pretendidos valores de su pretendida línea editorial. Sometida a los vaivenes de la inmensa deuda de Prisa y a los tejemanejes del millonario Cebrián.

España / AVT
La AVT celebra un encuentro de fútbol para «meter un gol por las víctimas»
Participarán numerosas caras conocidas y habrá sorteo de prendas deportivas donadas por futobolistas
C. S. Macías. Madrid. La Razón 8 Febrero 2013

La Asociación de Víctimas del Terrorismo no se va a callar. "Hartas" de la chulería que escenifican cada día los familiares de presos y la izquierda abertzale advirtieron ayer de que ahora responderán con las mismas acciones que ellos pongan en marcha. La presidenta de la AVT destacó que "si ellos salen a la calle a pedir por los presos, las víctimas estaremos en la calle pidiendo Justicia". "No vamos a consentir que los asesinos hagan cosas públicas, tengamos que verlas, pidamos que se prohíban y la Audiencia Nacional no las prohíba" indico Pedraza ante el rechazo de la Audiencia a la petición de la asociación de víctimas para que prohiba las marchas en favor de los presos.

Una de estas acciones de respuesta será un partido de fútbol en favor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que se jugará el próximo 9 de marzo en el polideportivo Príncipe de Asturias, en Pinto (Madrid); un cuadrangular con el que las víctimas contraponen el partido que se celebró el pasado 30 de enero en favor de los presos de ETA. Entonces, la AVT se mostró muy crítica y se preguntó si no habiá deportistas que jugaran un partido de fútbol por las víctimas del terrorismo ya que en el partido por los presos participaron ex judadores de fútbol de la Real Sociedad y el Athelitic de Bilbao.

En respuesta, el próximo encuentro deportivo contará con numerosas caras conocidas como los futbolistas Predrag Mijatovic, Kiko Narváez o Toni Muñoz, el árbitro Rafa Guerrero, el cantante Dani Martín, Jesús de Manuel o Gonzalo Miró, entre otros. La lista aún no está cerrada ya que muchos personajes públicos están llamando a la AVT para ofrecerse a participar en el encuentro. Entre todos tratarán de "meter un gol por y para las víctimas del terrorismo y la Justicia", destacó Ángeles Pedraza.

Además, durante el partido se sortearán algunos artículos donados como como una camiseta de Cristiano Ronaldo, los guantes de Iker Casillas o un balón firmado por los jugadores de la selección española de fútbol. La entrada al partido cuesta sólo cinco euros y también habrá una fila cero para aquellos que no puedan asistir cuyo número de cuenta figura en la pagína de la asociación: www.avt.org

En el intermedio, uno de los participantes, el cantante Jesús Manuel, conocido por su participación en Operación Triunfo entonará la canción Por ellos, por todos', que él mismo ha compuesto en memoria de las víctimas del terrorismo. Según indicó el cantante, que se arrancó a cantar una estrofa de la canción durante la reuda de prensa en la que presentaron el evento deportivo, destacó que ddonará una "imorpotante cantidad de los beneficios" de la canción, un tema que aseguró "no dejará indiferente a nadie" porque transmite la solidaridad de todos los españoles con las víctimas del terrorismo. "Víctimas somos todos. No hace falta haber perdido a un familiar para sentir indignación" dijo.

Por su parte, el árbitro Rafa Guerrero una vez más mostró su cercanía con las víctimas del terrorismo y animó a todos a participar en este evento. La alcaldesa de Pinto, Miriam Rabanera se mostró "encantada" de que las víctimas hayan contado con ella y retieró su colaboración.

«Sionismo y nacionalismos»
Horacio Vázquez-Rial. via espanaisrael.blogspot.com.es

Cataluña, en el mejor de los casos, aceptando las tesis soberanistas, es una nación sin Estado. Su situación no es la de un pueblo sin territorio a lo largo de los siglos. Los catalanes, y los vascos, y los gallegos, tienen territorios, indiscutibles e indiscutidos desde hace mil años, sea que quieran que esos territorios estén dentro o fuera de España. Nadie hace matanzas en ninguno de esos territorios (ETA es la excepción, y actúa desde el interior del País Vasco hacia fuera). Nadie los quiere echar al mar. Toda su tragedia, bien mirada, se reduce a un problema fiscal traducido a lo emocional.

Hola, Horacio, ¿qué tal por ahí?
¿Qué no hay tabaco?
Pues jódete y disfruta, que no todo va a ser fumar y venga a fumar.
Ya, que tú fumabas para irte y ahora no tienes tabaco.
Te comprendo, hermano, pero haberlo pensado antes.

Esta nota se origina en la pregunta de un amigo acerca de cómo conciliar nuestros reclamos sobre el derecho a existir y a defenderse del Estado de Israel con una consecuente crítica de los nacionalismos periféricos en España. Me hace notar este amigo que en el libro “En defensa de Israel” colaboran unos cuantos catalanistas notorios, empezando por Pilar Rahola, con quien coordiné el volumen –junto a Jaime Naifleisch– y con la que tengo una gran amistad.

La civilización es lo que determina las relaciones entre personas. Vivimos en una sociedad democrática, aunque quienes ocupan el Estado pudran sus estructuras y utilicen todos los mecanismos que les proporcionan las reglas del sistema para convertirlo en una maquinaria antidemocrática. Vivir en democracia implica tratar con todo el mundo en pie de igualdad y amar a los prójimos que no piensan lo mismo que uno. Jefferson y Adams no se podían ver, pero construyeron juntos los Estados Unidos. José Bergamín y José Antonio Primo de Rivera eran amigos antes del 18 de julio de 1936, pero el primero no hizo, ni podía hacer, nada para impedir la ejecución del segundo. Muchos, en la Guerra Civil y en la dictadura argentina, que yo he conocido, con los que yo he hablado, fueron salvados por enemigos y salvaron enemigos. Un capítulo clave de mi novela “El soldado de porcelana” trata del modo en que un falangista de muy alto nivel rescata el general republicano Gustavo Durán y lo introduce en el consulado británico para garantizar su vida. Por amistad.

En el párrafo precedente hablo de situaciones extremas. Lo cotidiano es mucho menos perverso. Lo cotidiano es alianza constante. Es la política que aún no es guerra. Esa política, esa tolerancia mutua en lo diferente y ese mutuo aprecio en lo igual, son la convivencia.

Pero la cuestión objetiva sigue en pie: ¿por qué Israel sí y Cataluña no?
Cataluña, en el mejor de los casos, aceptando las tesis soberanistas, es una nación sin Estado. Su situación no es la de un pueblo sin territorio a lo largo de los siglos. Los catalanes, y los vascos, y los gallegos, tienen territorios, indiscutibles e indiscutidos desde hace mil años, sea que quieran que esos territorios estén dentro o fuera de España. Nadie hace matanzas en ninguno de esos territorios (ETA es la excepción, y actúa desde el interior del País Vasco hacia fuera). Nadie los quiere echar al mar. Toda su tragedia, bien mirada, se reduce a un problema fiscal traducido a lo emocional.

Y es cierto que los nacionalistas vascos y catalanes fueron los primeros en hablar de Israel y en apoyarlo. Dice la leyenda, que siempre tiene algo de verdad, que hubo gudaris colaborando con el Irgún, aunque después los nacionalistas vascos se desdijeron. Ni la izquierda abertzale, sea lo que sea eso, ni el PNV hacen gala de sus simpatías por Israel. En Galicia, ni hablar. De hecho, tengo entendido que cuando se fundó la Sociedad de Amistad Galicia-Israel, muchos de sus miembros, militantes del BNG, fueron expulsados por ese gesto. (Pedro, por favor, confírmalo o desmiéntelo).

Los que sí son consecuentes proisraelíes son los catalanistas. Se identifican con la causa judía, aunque la suya no se le parezca en nada. Se identifican con la laboriosidad judía, con el estilo activo y discreto de los israelíes, con su capacidad negociadora. Y recogen un mito que mi abuelo, rancio gallego que se asombraba de la diversidad de las gentes y decía cosas como "Fulano es italiano pero es buena persona", soltaba de vez en cuando un lapidario: "Los catalanes son los judíos de España". Como si los catalanes de la Corona de Aragón no hubiesen sido los responsables del pogromo brutal de 1391. Uno, que no es una nación, cuando se mueve en términos políticos, hace lo que tiene que hacer: no tener amigos permanentes ni enemigos permanentes, aunque tenga, no intereses permanentes, sino pasiones constantes. Con lo cual establece pactos de colaboración en determinados terrenos.

Israel ha tenido en mi existencia el mérito de hacerme conocer gente de todos los colores y de todos los orígenes sociales, con pensamientos distintos, con deseos distintos, hasta con locuras distintas, pero toda coincidente en la defensa del Estado, del judaísmo y de la judeidad, con los más diversos matices.

No soy nacionalista –desearía ver una España estructurada, en la que nadie mire de reojo al vecino, pero creo que, si alguna vez eso tiene lugar, yo ya no estaré–, y tampoco, por lo tanto, soy sionista, en el sentido que los pioneros daban al término. Soy, eso sí, irrenunciablemente occidental, y es por eso que Israel forma parte de mí y yo de Israel. No busco ninguna causa menuda para esa lealtad, que lo es a mí mismo. Es –lo escribí aquí hace unos días, citando a una querida e inteligente amiga– una cuestión de decencia. Esto es Occidente, son milenios de civilización. Si alguien prefiere limitar su lealtad a su ayuntamiento, a su lengua, a su autonomía, a su nación, es cosa suya. Pobre, comparativamente, causa menuda, pero legítima. Si podemos recorrer juntos una parte del camino, bienvenido sea el compañero circunstancial mientras dure. Y si en un momento descubrimos que, para llegar a Jerusalem, él prefiere pasar por Olot y yo por Madrid, no me inquietará, porque lo importante de verdad es Jerusalem.

Estoy hablando de ideas, no del caso Palau. De gente que tiene un vínculo con su tierra que es más fuerte que la Ilustración, no de quien se vale de ella para trapichear. Y puedo asegurar que hay ideas mucho más estúpidas que las de los nacionalistas.

Además de las diferencias existentes entre naciones sin Estado y pueblo sin territorio (y lo pongo en singular porque sólo hay uno), hay una muy notoria entre los nacionalismos periféricos españoles y el nacionalismo judío en lo tocante al empleo de las murallas. Alessandro Baricco sostiene que los chinos no construyeron la Gran Muralla para defenderse de los mongoles, que tenían infinitos medios para atravesarla, sino para señalarles su alteridad, su condición bárbara –en el sentido estricto del término: extranjero, distinto, otro– respecto de la verdadera civilización. Bueno, pues de eso se trata. Los nacionalismos periféricos españoles construyen su muralla para señalar a España su carácter ajeno. El nacionalismo judío, que había proyectado un territorio propio sin murallas, tal vez como compensación por largos siglos de gueto, se encuentra con que el mundo levanta murallas a su alrededor para mantenerlo aislado. Los judíos jamás levantaron un muro para separarse de los demás, pero siempre encontraron quien lo hiciera por ellos. Procuraron adaptarse a todas las sociedades, sin que ninguna se lo permitiera realmente, salvo, tal vez, la estadounidense, donde, sin embargo, tampoco faltan judeófobos. No fue sino tras dedicar sus mejores esfuerzos a asimilarse que Herzl descubrió que tal cosa era imposible y empezó a agitar para que los judíos poseyeran un hogar nacional.

Nada poseían los judíos antes de 1947. Por poseer algo, muchos, incluso Herzl, hubiesen aceptado un rincón de la Patagonia, Madagascar o Uganda. Dice Bashevis Singer que Herzl murió "siendo un convencido ugandista". Al final triunfó la tesis del retorno a Judea, que los romanos habían llamado Palestina en memoria de los filisteos, o contra la memoria de los judíos. Triunfó porque Gran Bretaña cedió finalmente, y porque se había hecho allí un largo y duro trabajo de conquista física de un desierto hostil. Basta, para comprenderlo, con comparar la descripción decimonónica del actual territorio israelí que Mark Twain hizo en su día con los reportajes inefables de Julián Marías y Josep Pla en la década de 1950.

Horacio Vázquez Rial (Buenos Aires, 20 de marzo de 19471 – Madrid, 6 de septiembre de 2012) fue un escritor, periodista, traductor e historiador hispanoargentino. Falleció de un cáncer de pulmón el 6 de septiembre de 2012.


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Cataluña
Avanza la marabunta
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 8 Febrero 2013

Cuando leí "la apretada agenda de Mas" para el 2013 (La Vanguardia, 30/12/2012) y su plan de gobierno con la "transición nacional" como eje (LV, 4/1/2013) no pude dejar de evocar las escenas terroríficas con que culmina la película Cuando ruge la marabunta (1954). En ellas se ve cómo Charlton Heston lucha denodadamente para detener el avance de la marabunta, la espectacular columna de hormigas depredadoras que devoran todo lo que encuentran a su paso y que en ese momento amenazan con invadir la hacienda donde se encuentran su despavorida esposa, Eleanor Parker, y el personal nativo. El formidable aparato burocrático con el que proyectan blindarse los fundadores del nuevo Estado, según se desprende de las citadas informaciones, obrará sobre el ya depauperado espacio catalán tal como lo hacía la marabunta sobre la plantación de Charlton Heston.
'Nomenklatura' parasitaria

Queda claro, desde el principio, que los planes en cuestión no están encaminados a crear puestos de trabajo para los 880.000 parados que hay actualmente en Cataluña, sino a formar una nueva nomenklatura parasitaria adosada a la que ya existe. Ni los trabajadores, ni los autónomos, ni los emprendedores ni los restantes sectores productivos figuran en el programa de los secesionistas, tal como estos mismos se apresuran a poner en claro. De lo que se trata, nos informan, es de crear una nueva "clase dirigente" como la que denunció Milovan Djilas en plena degeneración de las sociedades comunistas. Lo explica nada menos que Miquel Calçada i Olivella –el otrora célebre Mikimoto del programa Afers Exteriors de TV3– en un artículo titulado "A propósito de la creación de estructuras de Estado" (LV, 27/12/2012).

Mikimoto viajó por 60 países a expensas de los contribuyentes para entrevistar a catalanes que residían en el extranjero. Calçada es hoy comisario designado por la Generalitat para los actos del tercer centenario de 1714, y llegó a insinuar su deseo de ser presidente de la Generalitat (El País –ed. Cataluña–, 23/5/2012). Aparentemente su cargo actual es honorario, aunque, según El Confidencial (28/5/2012), en el año 2011 recibió 300.000 euros en subvenciones de la Generalitat, que no había sido menos generosa con él en años anteriores.

Pues bien, en el artículo arriba citado Calçada hace suyas las palabras de Artur Mas en el sentido de que esta es "la operación nacional de más envergadura de los últimos tres siglos" y añade:

Es un proceso que se lleva a cabo en un contexto económico de lo más delicado. En definitiva, una tarea colosal. Planteada la situación de esta manera, nos tenemos que preguntar si disponemos de cuadros preparados para asumir con convicción, pasión, pero sobre todo eficiencia, lo que representará construir las nuevas estructuras de Estado.

Calçada pone como ejemplos las instituciones de enseñanza de la función pública que existen desde hace muchos años en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia, y termina con la voz de mando para los leales:

Sencillamente quiero decir que esta nueva generación tiene que tener claro que será la élite de la función pública del futuro Estado catalán. Sólo así, con la misma convicción que tenía el presidente Prat de la Riba, podremos superar aquel viejo axioma según el cual a los catalanes no nos interesa la función pública.

Ideólogos de la insumisión
El desprecio que estos privilegiados sienten por las tribulaciones de la inmensa mayoría de los ciudadanos se refleja el hecho de que empiezan la construcción de su Estado ficticio por el techo, por la élite. En Cataluña, la calidad de la enseñanza se sitúa a la cola del nivel europeo, el paro juvenil supera el 50 por ciento, el riesgo de pobreza amenaza al 25 por ciento de las familias, se multiplican los casos de desnutrición infantil... y en medio de tamaña crisis los ideólogos de la insumisión institucional ponen como modelo la ENA, la escuela nacional de administración que el general De Gaulle creó para organizar una nación centralizada, cohesionada y preocupada por el bienestar y la educación de sus ciudadanos. Monolingüe, por añadidura, en lengua francesa, universalmente valorada e indispensable para la comunicación social.

El plan de gobierno pactado entre CiU y ERC empieza por la creación del Consell Català per a la Transició Nacional, "que será el órgano encargado de velar por el impulso y la materialización de todas las actuaciones vinculadas a la consulta". Y propone a continuación (LV, 30/12/2012)

el despliegue de la administración tributaria catalana, es decir, la hacienda propia, que tiene que hacerse efectiva a lo largo del 2013. Un despliegue que incluye la ley de la administración tributaria catalana, la transformación del Institut Català de Finances (ICF) en el banco público de Catalunya y el diseño de la administración y la tesorería de la Seguridad Social catalana y que se tendría que empezar a articular durante el primer semestre del año. Después de esta, o conjuntamente, se tendrán que ir desplegando más estructuras de Estado, como el desarrollo de las estructuras de la administración de justicia o el impulso de la nueva ley de la policía de Catalunya.

El 9/1/2013, el somatén mediático informó:
A través de una reestructuración del Departamento de Economía, la Generalitat ha creado el embrión que le ha de permitir desplegar la Hacienda propia en el horizonte del año 2014.

¿Alguien caerá en la trampa de creer que en estas áreas de la nomenklatura del Estado ficticio habrá una sola vacante para alguno de los 880.000 parados que vegetan en Cataluña? No imagino que pueda haber alguien tan ingenuo como para tragarse semejante tomadura de pelo. La marabunta está alerta para no dejar que se le escape ninguna presa apetecible y avanza sin compadecerse de los parados a los que desplaza.

Deslealtad manifiesta
Obviamente, ningún área despierta tantos apetitos como la de Asuntos Exteriores, y por eso la Generalitat se ha abrazado a ella con todas sus fuerzas y no ahorra desplantes a las autoridades legítimas cuando estas intentan recuperarla según derecho. Por un lado, es el botín más codiciado por los validos del poder –una categoría situada por encima de la marabunta clientelar– y por otro cumple una función estratégica en la búsqueda de complicidades para el secesionismo fuera de las fronteras de España. Y es esta deslealtad manifiesta la que pone en entredicho la continuidad de Josep Antoni Duran Lleida en la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España, después de que los diputados de su partido hayan votado en el Parlamento de Cataluña que esta región es un "sujeto político y jurídico soberano", voto que los convertiría en extranjeros a él y a sus cofrades, si no fuese nulo, como lo es. Temo que sólo en España pueda producirse la anomalía de que quien desempeña el papel de embajador oficioso de un conglomerado secesionista ante el Gobierno constitucional se apoltrone simultáneamente en un cargo de tanta jerarquía y responsabilidad como el que ocupa Duran Lleida.

Lo curioso es que alguien que suele acompañar, con prudencia, los devaneos de los secesionistas castiga a la marabunta voraz con un criterio parecido al mío, aunque lo que se pregunta, en el contexto de la corrupción y no en el de la secesión, es si se trata de una raza de vampiros. Escribe Antoni Puigvert (LV, 28/1):

La corrupción tiene dos raíces culturales. El desprecio de lo público, que es histórico (y que el caprichismo individualista de los últimos tiempos ha renovado). Y el amiguismo: familia, grupo, influencias, enchufes, entorno. Partiendo de estas raíces, ha fraguado con naturalidad esta idea: un partido es un feudo. Todas las instituciones lo son. Al frente del feudo está el señor, rodeado de todo tipo de fieles militantes, funcionarios a dedo, asesores, propagandistas. La función de los siervos es defender al señor a capa y espada, pues él les compensará con canonjías y prebendas. También puede castigarles quitándoles arbitrariamente el puesto. Así funciona el país, así se depredan sus instituciones públicas (y, generalmente, también las privadas): sean políticas, judiciales, económicas o culturales. La idea de fondo es muy simple: la democracia es sólo para mí y los míos.

He aquí un retrato impecable, aunque involuntario y aplicado a otro colectivo, de la oligarquía secesionista. La coincidencia entre mi impugnación de los elementos bastardos y al mismo tiempo endogámicos que estimulan el secesionismo y la impugnación que formula Puigverd de los elementos bastardos y al mismo tiempo endogámicos que estimulan la corrupción nos lleva a pensar que, en última instancia, el secesionismo y la corrupción, la marabunta y los vampiros, se originan en el mismo lóbulo rapaz de nuestro paleoencéfalo antediluviano.

En el desenlace de la película, Charlton Heston abre las compuertas de una represa para que el torrente purificador se lleve a la marabunta. Buena idea.

Coste excesivo
editorial El Correo 8 Febrero 2013
Los partidos políticos españoles deben demostrar una rentabilidad social que añadir a su legitimidad democrática

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de las candidaturas que concurrieron a las elecciones generales de 2011 ofrece -más allá del señalamiento del PP y de Geroa Bai como las dos formaciones que superaron el límite legal- elementos que debieran contribuir a una revisión a fondo de los costes de la actividad de las organizaciones políticas y de su supervisión.

En los últimos comicios a Cortes Generales las distintas candidaturas se gastaron 65 millones de euros. El problema no es tanto la cuantía como su destino. Nada menos que 25,9 millones fueron dedicados a enviar propaganda electoral, y los otros 39 millones cubrieron una panoplia de iniciativas de campaña que, por lo general, buscaban movilizar a los adeptos más que informar a la ciudadanía sobre la singularidad del programa propio.

Pero la radiografía de los gastos en período electoral es el reflejo de la escora que padece toda la actividad de partido. Las formaciones políticas derrochan su energía en emular y contraprogramar a las opciones adversarias mediante un despliegue diario de acciones de comunicación y eventos organizados para ocupar una cuota mínima del espacio mediático con mensajes de réplica y afirmación. Esta dinámica contribuye a incrementar los costes electorales dentro y fuera del período de campaña sin que aporte algo distinto al empeño de fomentar la participación de los electores en la política.

En una realidad tan compleja y acelerada como la que vivimos las estructuras de los partidos no son capaces de añadir más que normas de complicidad interna a las precipitadas decisiones que se ven obligados a adoptar sus electos y cargos con responsabilidad pública.

Las sanciones recomendadas por el Tribunal de Cuentas a las dos candidaturas que superaron el límite del gasto electoral permiten llamar también la atención sobre las empresas contratadas que han soslayado la obligación de presentar sus facturas, para procurar una legislación más exigente al respecto y para evitar que firmas que proveen a las distintas administraciones públicas tengan como clientes a los partidos políticos que las gestionan. Pero la solución está en que el ejercicio del sufragio universal sea garantizado por el erario, y en que las formaciones institucionalizadas y sus fundaciones se dediquen a algo más que a aportar los argumentos de la conveniencia partidista.

La vergüenza, 'that is the question'
Antonio Robles Libertad Digital 8 Febrero 2013

El proyecto de la inteligencia humana ha logrado superar la mirada mágica sobre la naturaleza y construir ideales sociales presididos por la razón, el derecho y la ética. Sin normas no hay justicia, sólo abuso; sin valores, hasta las normas son insuficientes. Normas y valores, dos fundamentos imprescindibles de la honestidad democrática.

Hoy tenemos normas, pero se han disipado los valores. Sobre todo en los políticos y en sus guaridas, los partidos a los que representan. Estos ya sólo son organizaciones con el único objetivo de proteger sus intereses. Inútil esperar nada de ellos contra la corrupción que ellos mismos generan.

Sería pura ilusión creer que Artur Mas ha tenido una sola idea limpia a la hora de convocar una cumbre anticorrupción. Es una tradición del nacionalismo pujolista no respetar la separación de poderes. Con ocasión de las sentencias sobre la Ley de Normalización Lingüística de 1983, la Ley de Política Lingüística del 98 y la reforma del Estatuto, el pujolismo presionó, amenazó y chantajeó a todos los poderes del Estado, fundamentalmente al judicial. Ahora Artur Mas, en una decisión sin precedentes, reúne a los tres poderes del Estado en Cataluña –el judicial, a través del presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno; el legislativo, a través de la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, y el Ejecutivo, a través de sí mismo– para limpiar Cataluña de corrupción. Por si tal osadía se quedara corta, lleva además al Sindic de Greuges, al fiscal general y al Tribunal de Cuentas. Vieja tradición la de CiU, esta de presionar a los jueces para conseguir sus objetivos políticos.

Si un Estado democrático de Derecho aborrece algo es el compadreo entre los tres poderes. ¿Es necesario a estas altura hablar de que sin separación de poderes solo hay democracias tuteladas? Si un Estado, como es el caso del español, es un Estado de Derecho, la mejor manera de luchar contra la corrupción desde el Ejecutivo es respetando esa separación de poderes. Cualquier esfuerzo por acercarlos, llegar a pactos, presionarlos o chantajearlos es un atentado contra la democracia. Digámoslo claro: Artur Mas no los ha reunido para hacer limpieza, sino para ganar la batalla de la opinión pública y, de paso, gestionar desde el Ejecutivo sus pasos futuros.

Todo su esfuerzo es puro teatro, gana tiempo para frenar la imputación de su secretario general, aparenta ante la opinión pública una apuesta épica por la honestidad y simula que él mismo está acusado de tener dinero en paraísos fiscales.

No tiene vergüenza. No la tiene él, como no la tiene su socio Duran i Lleida, que no ha dudado en declarar: "Si un día soy imputado, dejaré mi acta de diputado". ¡Otra vez no, por Dios! Han perdido la vergüenza moral, son unos sinvergüenzas, creen que todo cuela en esta sociedad de electores sin rabia ética.

"Cal fer net", ha resumido el presidente Mas a la salida de la cumbre. ¿Qué ha querido decir? ¿Cómo se puede traducir en español? ¿Hay que hacer limpieza a fondo? ¿Llegar hasta el final? ¿Depurar? ¿Quién la ha hecho la paga? Nada de eso. La Vanguardia, el órgano oficioso y oficial de CiU (¿...?), lo ha traducido en su edición española por "Es preciso hacer limpieza"; vamos, pasar la escoba y olvidarnos de 30 años de corrupción, "hacer borrón y cuenta nueva", la auténtica traducción.

Hoy se han disipado valores como la honestidad o la vergüenza social. Si el conjunto de la sociedad se indigna hasta linchar, si le dejasen, al Carcaño de turno, ¿por qué soporta a estos sinvergüenzas? Quizás porque no somos mejores que ellos. Una pequeña encuesta a pie de clase me dio la clave: 4 de cada 5 alumnos se llevarían de El Corte Inglés objetos de su apetencia si estuvieran seguros de que nadie los detuviera. Y lo peor, su actitud frente a los que no lo harían era de mofa e incredulidad. Pues eso.

La indignación proscrita
Todas las protestas despiertan simpatía, excepto las de las víctimas de ETA
Fernando Savater El País  8 Febrero 2013

En la España actual, la indignación es un sentimiento bien visto y que despierta anchas simpatías. No me refiero solamente a los indignados del 15-M, de los que solo oigo hablar con admiración teñida de nostalgia: ya está claro que son —o fueron, o serán— la sal de la tierra. Pero la ola airada va mucho más allá y por desgracia la cenagosa actualidad política que vivimos parece garantizar su perpetuación multiforme. Por ejemplo, a las dos horas de aparecer en este periódico la contabilidad autógrafa y clandestina atribuida al turbio Bárcenas, ya estaba en volcánica marcha la recogida en Internet de firmas pidiendo la dimisión en bloque de toda la cúpula del PP. ¡Para qué más averiguaciones, ni presuntos ni leches: todos a la calle o mejor a la cárcel! Santa y comprensible cólera, como la de los damnificados por las preferentes, los profesionales de la sanidad pública amenazada o los usuarios de las urgencias clausuradas, por no mencionar a quienes abominan de una educación recortada que va a disputar a los jíbaros el triste récord en achicar cabezas…

Ya digo, se compartan más o menos los detalles de estas manifestaciones de descontento, toda la gente de bien y progreso siente por ellas comprensión o franca simpatía. ¡Qué menos, en vista de la que está cayendo y lo que se están llevando! Ah, pero hay una indignación, al menos una, quizá solo una, que recibe menos sufragios positivos que recelos en la opinión pública progresista. Me refiero a la indignación de las víctimas del terrorismo etarra. Sus protestas más o menos destempladas, sus muestras de desacuerdo con la política seguida por partidos e instituciones respecto a los presos de la banda o a los herederos políticos de esta, son vistas con incomodidad en el mejor de los casos y con franco desagrado en el peor. Se las avecina con la parcela poco recomendable de la extrema derecha y se deplora su intransigencia, incluso su obnubilación.

Las protestas ciudadanas y manifiestaciones de descontento despiertan comprensión y simpatía entre las gentes de bien y de progreso

Los más caritativos suponen que alguien —la versión actual de la clásica conspiración judeomasónica de toda la vida, supongo— está manipulando sus sentimientos, pues por lo visto las víctimas son más manipulables que cualquier otro grupo de indignados. Los más agresivos no se recatan en llamarles “vengativos” y deploran que sean un obstáculo para conseguir por fin la paz. ¡Ay, la paz! Parafraseando a Madame Roland, ¡cuántos crímenes se perdonan o se olvidan en tu nombre!

A fin de cuentas, tanto si se comparten como si no, los motivos de indignación de las víctimas son fácilmente homologables a otros mejor aceptados por la gente que, con disculpable autoindulgencia, se considera progresista. A la mayoría de las víctimas les irrita ver legalizado un partido político formado por quienes siempre han apoyado a ETA, han repudiado sistemáticamente todas las medidas antiterroristas (desde la Ley de Partidos hasta las últimas detenciones de activistas armados), comparten los objetivos políticos de la banda y, aunque proclaman su renuncia actual al uso de la violencia, nunca han condenado su sanguinario ejercicio en el pasado. ¿Reconocen el daño causado? Bueno, los terroristas ya saben que hacen daño, precisamente para eso son terroristas. Encuadran estos perjuicios en el amplio marco de un conflicto del que no son responsables y en el que también ellos han padecido, como los demás. ¿Es pura intransigencia el enfado de las víctimas? Imaginemos que en lugar de crímenes terroristas estuviésemos hablando de delitos de corrupción económica y de un partido que los ha justificado en el pasado, que no los condena hoy y que acoge a quienes los cometieron disculpándolos por las circunstancias políticas generales, aunque —¡eso sí!— prometiendo no volver a las andadas. ¿Nos extrañaría que despertase la indignación de muchos, sobre todo de los más damnificados por tales latrocinios?

La indignación de las víctimas del terrorismo etarra, en cambio, son vistas con incomodidad o con franco desagrado

También enfurece a las víctimas el intento de establecer una especie de memoria oficial de lo sucedido en las últimas décadas que parece diluir el terrorismo en una niebla de atropellos generalizados de distinto signo. Sobre ciertas cuestiones es mejor dejar la palabra a los historiadores, no tratar de pactar una verdad única entre quienes han padecido y protagonizado los sucesos en litigio. Como bien dice Tony Judt: “El verdadero problema es que cuando una comunidad habla de ‘contar la verdad’ no solo pretende maximizar con su versión su propio sufrimiento, sino que a la vez minimiza implícitamente el sufrimiento de otros” (Pensar el siglo XX).

Para quienes deben convivir, a la espera del dictamen o los dictámenes de la historia, el mejor punto de acuerdo es el respeto a la ley y la aplicación de la justicia. Las víctimas tienen motivos para suponer que se les quiere hurtar tal compensación: la cámara vasca acaba de rechazar, con los votos de PNV, PSE y EHBildu, la petición de que inste al ministerio correspondiente a esclarecer cuanto antes los 326 crímenes de ETA aún sin resolver. Por lo que algunos aseguran, ese apremio no ayudaría en el momento presente… Imaginen que se dijese algo parecido respecto a los asuntos de corrupción aún pendientes, los cuales —por graves que sean— son de menor gravedad que los asesinatos y atentados. ¿No se levantarían voces indignadas? Es este contexto el que explica las protestas sublevadas por el nombramiento de Jonan Fernández. Sin prejuzgar sus intenciones, es evidente que ni en el pasado ni en el presente se le conocen pronunciamientos a favor de que los culpables de actos terroristas se reconcilien no con sus víctimas —algo deseable pero que pertenece al reino de lo subjetivo— sino con la objetividad democrática de la legalidad y sus sentencias. De ahí la desconfianza preventiva que despierta.

Si resulta indecente tolerar la corrupción económica alegando que “todos han incurrido en ella”, menos aceptable es aun dar carpetazo a delitos de sangre

Y desde luego está el tema de los presos, juzgados y condenados por delitos terroristas. No sé si, como insinúan algunos correveidiles sectarios, hay víctimas que les niegan su derecho constitucional a la reinserción. Lo que resulta evidente es que ETA no quiere que disfruten de él. Es la fidelidad a los dictados de la banda (transmitidos verosímilmente por algunos abogados que pueden llegar hoy a senadores) lo que les impide cumplir los requisitos que legalmente les permitirían alcanzar beneficios penitenciarios individuales. ETA quiere reinsertarse socialmente a costa de ellos y que cuanto alcancen sea como batallón y por fidelidad a sus méritos de guerra. Fue eso precisamente lo solicitado en la manifestación de Bilbao, organizada por la actual variante de Batasuna y apoyada por notorios figurones del retroprogresismo hispánico. Consistió en una reivindicación de los presos en cuanto bloque sin fisuras al servicio del terrorismo, no de sus derechos como penados que solo mutilan quienes les manipulan. Y para colmo, a quienes se oponen a esta exaltación del delito se les llamó en ese mismo acto “enemigos de la paz”…

Desde luego, las víctimas del terrorismo —que no todas piensan igual— pueden equivocarse como cualquiera. Pero lo indiscutible es su derecho a indignarse como tantos otros colectivos que se consideran injustamente tratados. Si resulta indecente tolerar la corrupción económica con la excusa de que “todos han incurrido en ella”, aún menos aceptable es tragar la corrupción moral que pretende dar carpetazo a delitos de sangre por aquello de que “todo vale con tal de que no vuelvan a matar”. ¿O es que vamos a aceptar que hacer la vista gorda ante latrocinios públicos puede hundir al país, mientras que recompensar a los justificadores y beneficiarios políticos de crímenes es el camino para consolidar la paz?

Fernando Savater es escritor.

POLÍTICA | Polémica lingüística
ELA ve 'muy grave' la utilización del castellano en las escuelas infantiles
Solicita a PNV, PP y UPyD que 'corrijan' la propuesta que garantiza el uso del castellano junto al euskera en estos centros
Efe | Bilbao El Mundo 8 Febrero 2013

El sindicato ELA ha considerado "muy grave" la propuesta aprobada ayer en el Parlamento vasco por PNV, PP y UPyD para garantizar el uso del castellano junto al euskera en las escuelas infantiles del consorcio público Haurreskolak.

En una nota de prensa, ELA ha considerado que esta decisión "pone en peligro" el proceso de normalización del euskera al cuestionar el modelo de inserción lingüística en el idioma "minorizado" en la comunidad autónoma.

Por ello, el sindicato nacionalista ha exigido a los partidos que "corrijan" esa resolución y ha pedido al Gobierno Vasco y el consorcio Haurreskolak que, en caso de no hacerlo, no atiendan la decisión del Parlamento por "atentar contra los derechos lingüísticos y la normalización del euskera".

Diez años sin Joxeba Pagazaurtundúa
Por Euskadi
Maite Pagazaurtundúa Libertad Digital 8 Febrero 2013

El día 12 de marzo de 2005, a las cuatro y media de la madrugada, un varón joven que se encontraba en una parada de taxis de la localidad de Astigarraga, a un par de kilómetros de Hernani, procedió a insultar a una patrulla de la policía autonómica vasca. Los dos agentes le pidieron la documentación, y entonces se desató su furia, según consta en el atestado con la referencia 581A0500154. El sujeto empleó amenazas de muerte como las siguientes, que extraigo del referido documento, pero la lista es tan extensa que parece imposible que las pronunciara un solo sujeto de una tacada: "Pin, pan, pun" , "Asesinos", "Gora ETA","Que os maten a todos","Hijos de puta", "El juez me la suda", "Todos los jueces españoles son unos hijos de puta y había que matarlos a todos", "Todos los putos españoles tenían que estar muertos", "Venís a nuestro país a reprimirnos", "Cabrones", "Marcharos [sic] de aquí","Ojalá os peguen un tiro".

El sujeto que manifestaba tanto odio y fanatismo refinó la crueldad cuando ya en la celda de la comisaría de Hernani comenzó a gritar: "¡Que venga a sacarme Totorika!", "¿Dónde está Totorika?", "¿Qué hacíais el martes en Zinkoenea?", "Os vamos a hacer a todos como a Totorika". Aludía así al homenaje que, cuatro días antes, los ertzainas de la localidad habían hecho a su compañero Iñaki Totorika Vega, asesinado por ETA el 9 de marzo de 2001 en la rotonda conocida como Zinko Enea.

El sujeto, natural de Hernani, emitió más frases cargadas de mal absoluto. El atestado policial señala que no olía a alcohol, ni había mostrado desorientación durante las horas en que sucedieron los hechos. Agredió y mordió a los agentes durante su reducción, en la que debieron intervenir ocho agentes más.

Pasó entonces inadvertido, claro, cuando dijo:
Cuando vayas por la calle, gírate y mira atrás, ¡pun, pun!, uno menos, ¡sois unos mercenarios, que apaleáis a la gente por dinero!, ¡yo hago lo que hago por Euskadi, por mi patria, mercenarios!

El sujeto protagonista de todo lo que refleja el atestado se avino a pagar una multa. Fue detenido cinco años más tarde en la propia Hernani, acusado por el asesinato de Joxeba Pagazaurtundúa. A los dos días de la detención, cincuenta amigos y familiares del mismo y de su novia en 2003 ofrecieron una rueda de prensa en el Salón de Plenos del ayuntamiento, acompañados por la alcaldesa de la localidad, Marian Beitialarrangoitia. En tal comparecencia pública denunciaron la actuación desproporcionada de la Ertzaintza y solicitaron el fin de la incomunicación de los detenidos, entre otras cosas.

Gurutz Aguirresarobe Pagola fue condenado como autor responsable del asesinato terrorista de mi hermano el 7 de diciembre del año 2011. El arma con el que cometió el crimen había servido para asesinar, el 6 de mayo de 2001, a Manuel Jiménez Abad en Zaragoza –cuando no habían pasado ni dos meses del asesinato en Hernani del agente Totorika, que tanto le alegraba–. Es un caso que sigue sin ser resuelto, como 325 más.

Joxeba Pagazaurtundúa nació en Rentería en 1957. Desde niño había vivido en Hernani, hasta que se instaló en Andoain para formar una familia con Estíbaliz Garmendia. En Andoain nacieron sus dos hijos, Alain y Ander. En Hernani vivió toda su familia hasta que, en los años 1996 y 1997, decidió abandonar el municipio para instalarse en San Sebastián, a fin de evitar el acoso del entorno proetarra.

La entonces alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, es actualmente parlamentaria vasca por EH Bildu. En su perfil público aparece también como directora de comunicación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El alcalde de Andoain cuando fue asesinado mi hermano, a la sazón jefe de la policía local, era José Antonio Barandiaran. No condenó el asesinato. Cinco años más tarde, el 26 de mayo de 2008, Barandiaran ingresó en prisión como por un delito de colaboración con la dirección de la banda terrorista detenida días antes en Burdeos. El 25 de octubre de aquel mismo año fue puesto en libertad bajo fianza y recibido en Andoain por simpatizantes de la izquierda abertzale, según refirió una agencia de noticias.

Actualmente, y como hace diez años, Bildu gobierna el ayuntamiento de Andoain. La viuda, los hijos, los hermanos y la madre de Joxeba Pagazaurtundúa no viven ya en el País Vasco.

En el décimo aniversario del asesinato de mi hermano, hay más amabilidad ambiental y ETA no mata.

España
Acusan de ‘imperialismo’ a la Generalidad por incluir poblaciones de Aragón en los ‘Países Catalanes’
La Administración autonómica mantiene en TV3 la información meteorológica de localidades de Aragón en las que, según se denuncia desde una entidad cívica, no se habla catalán. FACAO pide a los gobiernos autonómico y nacional que pongan fin al “chantaje nacionalista”.
Redacción www.vozbcn.com 8 Febrero 2013

Mapa meteorológico de TV3, en el que se incluye la Comunidad Valenciana, la parte de Aragón que los nacionalistas denominan Franja de Poniente, parte del sur de Francia, las Islas Baleares y una parte de la Región de Murcia.

La Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental (FACAO) ha denunciado lo que considera una actitud imperialista de CiU a través de la Generalidad apropiándose informativamente de poblaciones de Aragón en los mapas del tiempo de TV3, así como en webs de la formación nacionalista y en entradas de la Enciclopèdia Catalana.

Aunque ni la Administración autonómica ni la coalición de Artur Mas, presidente de la Generalidad, y Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, han realizado cambio alguno en los últimos meses, es la primera vez que desde Aragón se acusa duramente a los nacionalismos de llevar a cabo una política de ‘imperialismo’.

En un comunicado, FACAO ha denunciado que la Generalidad de Cataluña y CiU ‘se apropian de municipios aragoneses y modifican a su gusto las comarcas aragonesas quitando y poniendo localidades según sus gustos y su mapa político de los Países Catalanes’. Una decisión que, según la entidad de Aragón, es propia de ‘regímenes totalitarios de hace más de 70 años’.

La Franja de Poniente
En concreto, tal y como han señalado desde la asociación cívica, las poblaciones que figuran como parte de los Países Catalanes en la información meteorológica de TV3 son las que desde el ámbito nacionalista se consideran la Franja de Poniente: Monzón, Binéfar, Bonansa, Tamarite de Litera, Mequinenza o Calaceite, entre otras. Y, además, ‘amplían sus fronteras apropiándose para la Gran Cataluña’ poblaciones como Benasque, Laspaúles, Azanuy o Alíns del Monte.

En estas segundas localidades, según FACAO, no se habla catalán -argumento oficial por el que se incluyen las poblaciones de Aragón o Francia en la información meteorológica del canal autonómico público de televisión de Cataluña- sino ‘modalidades aragonesas’, por lo que no estaría ni tan siquiera justificado desde el punto de vista lingüístico.

En este sentido, la entidad cívica aragonesa -que defiende desde ‘postulados científicos, sociopolíticos y culturales’ que en el Aragón oriental se habla aragonés- ha criticado a la Chunta Aragonesista (CHA), coaligada a ERC en elecciones europeas, por defender el aragonés y a la vez mantener acuerdos con la formación independentista liderada por Oriol Junqueras. FACAO también ha criticado duramente ‘dos de las grandes obras de la Enciclopèdia Catalana’: la Història Natural dels Països Catalans y la Història, política, societat i cultura dels Països Catalans.

“Chantaje pancatalanista”
Para Esperanza Viu, no se entiende “por qué los partidos y los representantes políticos aragoneses no actúan ni responden contundentemente de una vez al nacionalismo catalán”. La portavoz de la entidad ha instado al Gobierno autonómico de Aragón -en manos del PP- “a aprobar ya sin más demora la modificación de la [autonómica] Ley de Lenguas” y ha criticado que “en España y en Aragón se traga con todo lo que viene de los nacionalistas catalanes por el miedo a la amenaza permanente de a que me voy”.

Desde FACAO, finalmente, se ha hecho un llamamiento para que se ponga freno a lo que consideran un “chantaje pancatalanista” y Viu ha recordado que desde la entidad cívica no entran en valorar “si Cataluña debe o no debe ser independiente” pero no callarán, ha advertido, “ante los continuos agravios contra Aragón”.



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