AGLI Recortes de Prensa   Lunes 11 Febrero 2013

Palos de ciego y reformas a granel
Pablo Sebastián www.republica.com 11 Febrero 2013

Parece que por fin la clase política y los órganos de propaganda de los distintos partidos (como lo es El País del PSOE) empiezan a darse cuenta de algo que venimos diciendo hace ya varios años y que figura en la cabecera de nuestra sección de opinión como el “Nuevo decálogo de la reforma democrática”. Así, a medida que el viejo buque de la transición se va hundiendo poco a poco en las aguas turbulentas de la crisis de la economía y del paro, bajo las que subyace la ciénaga de la corrupción, unos y otros empiezan a darse cuenta de que las malas reglas del juego político español y mal llamado “democrático” están, de manera decisiva, en el origen de la vigente crisis española que, además de la economía y el paro, lo es también de identidad e institucional. Pero intentando salvar la cara ante los ciudadanos se están dando muchos palos de ciego, y ofreciendo reformas “oportunistas” -como las de la lucha contra la corrupción- que no van al fondo del gran problema español.

Pero el grueso del Régimen decadente se resiste a considerar un cambio en profundidad de la situación y se esconde detrás del más que manoseado y falso vocablo de la “regeneración”, que tantas veces ha sido mentado en vano por los líderes políticos, cuando lo que hace falta es la “reforma democrática”. Y una reforma de calado como la que proponemos en Republica.com y no solo un simple retoque de la vigente ley electoral, medidas en contra del paro y la corrupción y la manida transparencia de los partidos políticos y poco más. Se trata sobre todo de pasar de la Partitocracia a la Democracia y todo ello implica y obliga varios cambios esenciales.

Empezando por un referéndum -aún pendiente desde el inicio de la transición- sobre Monarquía o República; y siguiendo por una verdadera separación de los poderes del Estado y no solo, como ahora ocurre, de sus funciones, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo que nos llevaría a un modelo presidencialista, con Monarquía o con República, porque un presidente del Ejecutivo elegido por el sufragio universal de todos los españoles, tendría una fuerza muy especial y el apoyo directo de una gran mayoría ciudadana, y quedaría apartado de los comicios legislativos y de los aparatos de los partidos (los que hoy “secuestran” la soberanía popular), tal y como ocurre con el vigente modelo de monarquía parlamentaria. Asimismo, ni el Ejecutivo ni el Legislativo deben intervenir en el nombramiento de los órganos gestores del Poder Judicial (que han de ser seleccionados por los cuerpos y asociaciones jurídicas del Estado), lo que finalmente nos llevaría a la ‘idílica’ separación de los poderes del Estado de Montesquieu. Y pondría en marcha los equilibrios y controles de los Poderes, reduciendo así, en gran manera, la autocracia y los casos de corrupción. Luego habrá que añadir la reforma de la ley electoral, y reformas que se refieren a la estructura autonómica y local del Estado.

Sobre estas últimas y la ley electoral, UPyD presentó hace días iniciativas y propuestas, y ayer El País también escribió de esto, pero en ninguno de los dos casos se abordan el referéndum sobre la forma de Estado, el presidencialismo y la separación de los poderes del Estado. Y si esto no se hace, las otras reformas serán escasas y no habrá garantías ni controles democráticos, que es lo esencial. Entre otras muchas cosas que también habría que retocar en esta esperada reforma política e institucional, lo que obligaría a un cambio del texto constitucional. Reformas que nosotros hemos incluido en nuestro propio decálogo, presentado y ampliado desde hace tres años y recordamos a continuación por si sirviera como un elemento de reflexión para esta urgente y necesaria reforma de la vida nacional.

Decálogo de Republica.com para la Reforma Democrática:
1. Ley Electoral. En primer lugar urge una reforma de la ley electoral, en favor de un modelo verdaderamente representativo con listas abiertas y elección directa de los primeros gobernantes y representantes del país: jefe del Ejecutivo, alcaldes y presidentes autonómicos, parlamentarios, concejales, etc. (España es el único país de nuestro entorno europeo que no elige directamente a ninguno de sus gobernantes ni representantes, porque todo pasa por las listas cerradas de los partidos). La prioridad de esta reforma de la ley electoral tiene como objetivo garantizar la elección de unas Cortes Constituyentes de nuevo cuño, ajenas al vigente modelo partitocrático que, en el caso de reproducirse, nos dejaría anclados en la situación anterior.

2. Reforma Constituyente. Concluida la reforma electoral, el Gobierno debe disolver las Cortes y convocar elecciones “constituyentes” para la reforma de la Constitución de 1978 y su posterior aprobación en Referéndum, en el que, además de la Carta Magna, se deberá de incluir una pregunta expresa sobre la elección de la forma del Estado, entre Monarquía y República.

3. Separación de los poderes del Estado. El nuevo texto constitucional debe garantizar, sobre todo, la separación real y efectiva de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en la actualidad está reducida a la simple separación de funciones, para que de ello resulte el equilibrio y el control democrático de los poderes públicos. El Parlamento debe contar con una ley electoral representativa y abierta, y no intervendrá ni podrá nombrar al jefe del Ejecutivo como ocurre ahora. Los órganos rectores del Poder Judicial serán seleccionados con exigentes criterios de alta calidad, preparación y experiencia por el pleno de los cuerpos jurídicos del Estado, sin injerencia ni participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo (que son la misma cosa) como ocurre en la actualidad. Poniendo fin, de paso, a la dualidad y contradicción permanente entre los más altos tribunales del Estado, Constitucional y Supremo, en beneficio del Supremo que contará con una Sala Constitucional.

4. Presidencialismo. Tanto si los ciudadanos optan por la Monarquía como por la República, el Jefe del Poder Ejecutivo deberá ser elegido en unas elecciones exclusivamente presidenciales en el ámbito nacional, a dos vueltas, con lo que se habrá garantizado su independencia del poder Legislativo. En caso que la opción de Estado la elegida por los ciudadanos fuera la monarquía ésta pasaría de ser Parlamentaria a “Presidencialista”, y el presidente del Gobierno sería elegido directamente por todos los españoles en unas elecciones presidenciales. Mientras el Rey reduciría sus funciones a cuestiones representativas (y no tendría poderes e influencia en la vida política, ni en las Fuerzas Armadas o la política Exterior, ni una inmunidad superior a la parlamentaria). También se regularía el proceso sucesorio con la igualdad entre hombre y mujer y la eventualidad de una abdicación.

5. El Parlamento. Si el Senado no tiene competencias legislativas deberá desaparecer. El Congreso debe garantizar el derecho de palabra a todos los diputados con un nuevo Reglamento e impedir el mandato imperativo de los partidos políticos. Asimismo el Parlamento tendrá garantías, al margen de las mayorías, para la investigación independiente y permanente de la corrupción política y los abusos de poder, así como para depuración de las responsabilidades políticas de los gobernantes.

6. Calidad de los gobernantes. Los miembros del Gobierno, y altos cargos del Estado deberán ser examinados por el Parlamento antes de asumir sus funciones y una vez que se que dictamine su idoneidad para el cargo. Se creara una Alta Escuela de Funcionarios del Estado.

7. Comunidades Autónomas. Las Cortes Constituyentes deberán abordar la reforma en profundidad el vigente modelo territorial del Estado, en pos de reducción al mínimo posible y de la cohesión nacional. Asimismo se evitará mantener los cinco escalones administrativos del Estado: Estado, Gobierno, Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos. La Constitución expresamente dirá que el Estado, y en su nombre el Gobierno de la nación, no aceptará la deslealtad legal y constitucional de gobernantes autonómicos ni financiará (como ocurre en la actualidad) gobiernos y procesos secesionistas.

8. Financiación y control de organismos públicos. Los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones y organizaciones públicas y privadas (como la Iglesia Católica y otras confesiones) que emanan de la sociedad civil no pueden recibir financiación del Estado (salvo para el patrimonio cultural). Los partidos políticos deben hacer público el nivel de endeudamiento con la banca y entidades financieras. Todos los órganos regulatorios del Estado (Banco de España, CNMV, etc.) no pueden ser sometidos al poder Ejecutivo ni alterados por los intereses y las influencias de los grupos de presión y de los partidos políticos.

9. Universidad. El acceso a la enseñanza y Universidad debe garantizarse por el Estado de manera gratuita y sin ventaja alguna para los colectivos sociales económicamente más fuertes. Se deben recuperar cotas de máxima calidad para las Universidades españolas y de profesores y catedráticos, con unas oposiciones justas y verdaderas. La investigación científica y la tecnológica deben figurar entre las prioridades de la acción docente y en las políticas del Gobierno. El uso, público y privado y el aprendizaje del idioma español, o castellano, debe ser obligatorio en la enseñanza y en las administraciones, y ninguna otra lengua cooficial puede imponerse como vehicular o por encima de la lengua del Estado.

10. Libertad de Expresión. El Estado, y el Gobierno velarán por la garantía del pluralismo informativo y la libertad de expresión en medios públicos y privados y las redes sociales y los sistemas multimedia que se derivan de las nuevas tecnologías. Los grandes grupos de comunicación que disfrutan de concesiones del Estado han de hacer públicos su endeudamiento con la banca y entidades financieras.

Nada de lo prometido ha sucedido
Roberto Centeno El Confidencial 11 Febrero 2013

Definía la pasada semana a Mariano Rajoy como un pusilánime y un incapaz del que no se conoce que haya dicho una sola verdad ni que haya cumplido una sola promesa. Prometió crecimiento y tenemos más recesión. Prometió crear empleo y tenemos más destrucción que nunca. Prometió que el innecesario rescate de las cajas no costaría un euro a los contribuyentes y nos está costando decenas de miles de millones. Prometió competencia y ha consolidado los oligopolios. Prometió credibilidad y respeto a la legalidad y la inseguridad jurídica de contribuyentes, empresas y ciudadanos es enorme, ya que depende sólo de la conveniencia política. Hasta ha roto la tradición de secreto de la Agencia Tributaria, algo inimaginable en un país civilizado. Bloomberg explicaba el jueves la preocupación de los inversores por la falta de seguridad jurídica y cómo están deshaciendo su exposición a España, que se ha convertido en una monarquía bolivariana.

Según la última encuesta del CIS, Mariano Rajoy inspira poca o ninguna confianza al 82,1% de los españoles, todo un récord para una persona que pasó su campaña afirmando que era alguien previsible en quien se podía confiar. Pero además, al contrario que Zapatero y sus secuaces, que jamás supieron por qué España crecía y mucho menos por qué se hundía, estos saben el daño que sus políticas están produciendo. Para que tengan una idea de lo que son capaces para mantener el nepotismo, el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos que son la esencia misma del Estado de partidos, uno de los temas más comentados entre miembros del Gobierno es el llegar a la “presión fiscal óptima”, un eufemismo para el nivel anterior al que se produciría una revuelta social. La crisis no es una cuestión pasajera, como pensaron millones de españoles hoy empobrecidos de por vida. La crisis es el sistema o, en palabras del profesor Argandoña del IESE, citado por The Economist,: “Han creado un monstruo que nos devorará a todos”.

Es cierto que recibirían un desastre como herencia, pero han conseguido lo que parecía imposible: que las cosas empeoren sustancialmente. Dicen que han sembrado las semillas de la recuperación y que sólo hay que esperar a que den fruto. Es casi imposible una afirmación a la vez tan falsa y tan perversa. Falsa, porque lo que han sembrado son las semillas del desastre, y perversa por lo que supone de engaño consciente a un pueblo expoliado y empobrecido. En el año que llevan al frente del Gobierno, nunca antes las familias españolas vieron destruido un porcentaje tal alto de su riqueza, más del 20%. Nunca antes vieron una reducción tan enorme de su renta real, consecuencia de los recortes salariales y de las mayores subidas impositivas de nuestra historia. Nunca antes estuvo el dinero tan mal repartido. La brecha entre ricos y pobres es la mayor de toda la Unión Europea.

Los pensionistas: las próximas grandes víctimas
En medio del tsunami de acusaciones de corrupción –como si la corrupción y el tráfico de influencias en todas las instituciones desde la Corona a los Ayuntamientos, pasando por el Gobierno, fuera algo que necesitara demostración–, la pasada semana pasaron totalmente desapercibidas dos noticias económicas trascendentales. La primera, que el número de cotizantes a la Seguridad Social se ha reducido en enero en más de un cuarto de millón –¡en un solo mes!–, y en casi 800.000 a lo largo de 2012. La segunda, que los pasivos circulantes, o sea, la deuda pública total, superaban a fin del tercer trimestre el billón de euros, una cifra inasumible para los españoles y completamente imposible de devolver.

Rajoy prometió crecimiento y tenemos más recesión; prometió empleo y tenemos más destrucción; prometió que el innecesario rescate de las cajas no costaría un euro a los contribuyentes y nos está costando decenas de miles de millones

La pérdida de 263.000 cotizantes en 31 días es la puntilla, no sólo por lo brutal de la cifra, sino por la tendencia que demuestra. Y supone pura y simplemente que el actual sistema de pensiones es ya totalmente insostenible. En 2007 el número de cotizantes era de 19,2 millones y el de pensiones contributivas de 8,3 –una media de 2,31 cotizantes por pensión–. Desde entonces se han perdido más de tres millones de cotizantes y en el momento actual el número de cotizantes por pensión es de 1,75, muy por debajo del límite de sostenibilidad, que se estima en 2. En 2012 el déficit oficial de la Seguridad Social ascendió a 10.500 millones de euros, cuatro veces más que en 2011. ¿Y esto qué significa? Pues que en algún momento del año actual aparecerá el señor Rajoy y nos dirá: “Lo siento, pero no hemos tenido más remedio que bajar las pensiones”. Aunque lo más probable es que lo haga sin decirlo.

Lo que no dirá es que esto sucede porque no está dispuesto a cambiar un modelo de Estado que supone el despilfarro del 10% del PIB anualmente, y lo que tampoco dirá –y la oposición y los sindicatos vendidos silenciarán– es que entre 1985 y 1996 el Gobierno socialista utilizó 250.000 millones de euros de cotizaciones sociales en financiar el gasto del Estado, que si se hubieran colocado como era obligado en una caja separada, entonces inexistente, servirían para mantener el sistema de pensiones 20 o 30 años más. Los pensionistas actuales perderán probablemente como media un 20% de su poder adquisitivo en los próximos dos años, o el 40% si nos intervienen. Y para los activos actuales será mucho peor. Van a acabar cobrando una pensión, si es que cobran alguna, de menos de la mitad de lo que supone que les tocaría cobrar.

Una deuda pública insostenible
El pasado martes se conoció también otra cifra esencial de nuestra economía: los pasivos circulantes. Estos pasivos representan la deuda total del sector público, no sólo la llamada computable, que es una convención contable de los burócratas de Bruselas y que sólo representa una parte del total. Como explicaba Carlos Sánchez con todo detalle, la deuda de las Administraciones Públicas ascendía a 1,015 billones de euros a septiembre (1,07 billones extrapolados a fin de 2012), que si hacemos como que nos creemos la cifra de PIB oficial, representará el 102,8% del mismo y el 118% del PIB real estimado a través de sus componentes. Y de nuevo, como ocurre con el crecimiento y con la destrucción de empleo, lo peor no es la cifra en sí, que también, sino su velocidad de crecimiento. Y así, en el tercer trimestre de 2012, el incremento de la deuda fue tres veces superior al mismo periodo del año anterior, y el crecimiento interanual ha sido de 126.234 millones, la cifra más alta conocida jamás.

No sé si se dan cuenta de lo que significa esta cifra alucinante. Lo primero, que nos hemos tenido que endeudar en el equivalente al 80% de la recaudación total por impuestos, incluidas las participaciones de las comunidades autónomas y corporaciones locales en el mismo periodo. ¿Alguien en su sano juicio cree que esto se puede devolver? La segunda, que los pagos de intereses se van a las estrellas y superarán los 44.000 millones de euros en 2013, frente a los 36.460 previstos en los Presupuestos Generales del Estado. La tercera, que no sólo crece la deuda, sino también los avales –casi todos a la banca–, algo que estos insensatos que nos gobiernan reparten como si fuera el confeti de Ana Mato, y que a fin 2012 ascendían a 170.291 millones de euros, de los que probablemente la mitad, unos 85.000, se convertirán en deuda.

Uno de los temas más comentados entre los miembros del Gobierno es el llegar a la “presión fiscal óptima”, un eufemismo para el nivel anterior al que produciría una revuelta social

Me decía Alfonso Merlos en su programa Al día en 13tv que todos los políticos del Partido Popular con los que hablaba se mostraban muy ufanos porque habían alejado la posibilidad de un rescate y me preguntaba mi opinión. No conocía aún los datos del Banco de España sobre la deuda, pero el tema es obvio: o los citados políticos son tontos de concurso o son unos mentirosos compulsivos. No es sólo que nos tendrán que rescatar, es que ahora el rescate es ya imposible sin una quita de deuda a la griega. Es algo que pueden ver hasta los niños de primaria. En el verano de 2012 el tipo de interés a diez años llegó a superar el 7% y ahora se ha reducido hasta un 5,47%, que sigue siendo inasumible. ¿Acaso ha mejorado nuestra situación económica desde esa fecha? En absoluto. Todo ha empeorado considerablemente. Caemos el doble de rápido, se destruye dos veces más empleo y la deuda es casi 100.000 millones mayor. Y entonces, ¿por qué ha bajado el interés o, si lo prefieren, la prima de riesgo? Pues muy sencillo. Porque Draghi anunció que pondría el dinero que hiciera falta para sostener a estos insensatos.

Pero ahí los tienen, endeudando a los españoles al ritmo de 5.000 millones por semana y siempre a tipos de interés mayores –en la última subasta del jueves los tipos de interés se han incrementado notablemente en todos los tramos, hasta casi un punto adicional– para financiar gasto corriente. Ni un solo euro para la economía productiva o las familias, algo que arruinará el futuro de varias generaciones, aunque esto a Rajoy y sus secuaces les importa tres pimientos. Y la gran pregunta es: si el incremento de la deuda 2012 del conjunto de Administraciones Públicas será casi de 130.000 millones de euros –que es la prueba del 9 del déficit, porque las cifras parciales son incomprobables–, ¿cómo comprobar que los déficits de comunidades y ayuntamientos son los que dicen, si han mentido siempre? ¿Van a tener la desvergüenza de contarnos que el déficit 2012 es solo del 7%?

Nunca antes estuvo el dinero tan mal repartido. La brecha entre ricos y pobres de España es la mayor de toda la Unión Europea

Pero si la señora De Cospedal, que piensa que los españoles somos imbéciles, pasa en solo 48 horas de “que cada palo aguante su vela” a “todo es mentira”; si el señor Rajoy se pasa por la barba las pruebas de la Policía y la opinión aplastante de los ciudadanos y, cual tirano tercermundista, se autoproclama juez supremo diciendo que su obligación es “ser justo” y Ana Mato “es inocente porque se lo merece”, ¿qué no van a ser capaces de hacer con las cifras de un déficit vital para ellos y que nadie puede comprobar? Y si se puede comprobar les da igual, ya que excluyen los 40.000 millones del rescate bancario porque es coyuntural, pero incluyen los ingresos por ventas de activos como en Cataluña como estructurales. "¡Hemos reducido el déficit estructural en X puntos!", nos dirá Rajoy. ¡Mentira! Lo han manipulado en X puntos y, cuando dentro de unos meses se sepa que es dos puntos mayor, pues no pasa nada. Como pasó en 2012 cuando en abril, “después de un análisis exhaustivo”, Montoro juró por su honor que el déficit de 2011 era del 8,5%, y pasó al 10,5 % en noviembre. Y tampoco pasó nada.

Como explica el último The Economist, que detalla a los inversores internacionales el significado de la palabra 'chorizo', un Rajoy “visiblemente nervioso” ante la señora Merkel negó la veracidad de los papeles de Bárcenas “excepto en algunos casos”. Una canciller fría y cortante le espetaría: “Olvídese de Bárcenas y profundice la austeridad". Es decir, siga subiendo impuestos, recortando pensiones, eliminando prestaciones sociales esenciales como la dependencia y lo que sea menester. Así que ya saben lo que les espera. Y mientras tanto la señora Mato despilfarra 5.000 euros en confeti en el cumpleaños de su niño; más de dos millones de otros niños españoles, según UNICEF, viven ya en la miseria. No tienen ni vergüenza ni perdón. La indignidad y la cobardía de Rajoy y su incapacidad para gobernar su propia casa en plena guerra civil luce estos días sus mejores galas.

Los incorruptibles de Rubalcaba
Manuel Martín Ferrand www.republica.com 11 Febrero 2013

Los “papeles” de Luis Bárcenas – auténticos, falsos o entreverados – nacieron, según mi interpretación personal, como una operación dirigida contra Mariano Rajoy, un héroe hueco con espada de plastilina; pero, a la vista de los acontecimientos, lleva camino de convertir al PP en un conventillo de intrigas en el que ya se advierten con ofensiva nitidez las personas de mayor ambición sucesoria. Con la potestas no es suficiente, menos aún en tiempo de crisis y tribulación. Se necesita la auctoritas, algo que no se adquiere con silencios temerosos, medias palabras y viendo caer las hojas del calendario.

Muy dañado quedará el PP con esta historia y cuanto se esconde tras ella y el PSOE, que desde su fundación no ha dejado de dar muestras de oportunismo operativo, trata de recomponer sus maltrechas y divididas estructuras aprovechando la endeblez y la situación de su principal contrincante. Alfredo Pérez Rubalcaba, un segundón discutido en su casa, corresponsable de la ruina generada por José Luis Rodríguez Zapatero, astuto de salón y estratega de sobremesa acaba de mostrar, en una de sus paridas dominicales, una de sus armas para recuperar el poder y sanear la enfermedad moral que nos sacude.

Dice Rubalcaba que se proponer crear una unidad de “asuntos internos del Estado”. Una suerte de “hombres de negro” con licencia para darle una patada a la puerta de los despachos de los cargos públicos y entrar en ellos sin previo aviso. Algo que se califica por sí solo, que acredita el “talante” antidemocrático del socialismo español en curso y que recuerda los tiempos y los modos de José Corcuera cuando ejercía (?) como ministro del Interior.

Una cosa, necesaria y deseable, es luchar contra la corrupción y otra tratar de hacerlo de cualquier modo, incluso con la vulneración de derechos fundamentales de las personas. Aunque sean “altos cargos”.

En materia de corrupción ninguno de nuestros grandes partidos – y no hablemos de los periféricos secesionistas – tiene las manos suficientemente limpias para afearle nada a sus adversarios. Que Rubalcaba, que formó parte de un Gobierno, el de González, que llevó la corrupción hasta el mismísimo BOE y en el que proliferó el crimen de Estado, saque pecho para afear la muy fea conducta de algunos personajes del PP, incita a la carcajada. En esta materia, aunque carezca de sentido establecer un ranking de vergüenzas y, ajustándonos solo a este tiempo constitucional, el PSOE tiene más méritos que nadie. ¡Hasta “su” director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, participó en el baile de los millones inconfesables!

Dice Rubalcaba que “la mezcla de corrupción y crisis es mortal para el sistema democrático”. ¿Esa es la profundidad de su pensamiento político? Una crisis económica como la que padecemos, de naturaleza continental, puede tener remedio y, en su génesis, no nace de la intención de un partido político. La corrupción es otra cosa. Arranca de la escasez ética de sus protagonistas y, en lo que a la política se refiere, de la mala selección de personal que suelen hacer los partidos. Además, la partitocracia – la gran degeneración de la democracia – la lleva consigo. ¿Cómo alimentar esos grandes aparatos que estructuran los partidos si las cuotas de sus militantes no alcanzan el 10 por ciento de las subvenciones públicas que reciben y, a ojo de buen cubero, esa es la mitad de sus gastos reales?

Los incorruptibles de Rubalcaba, puestos a ellos, podrían empezar – en prácticas – su trabajo en Andalucía, donde, tras el monopolio socialista del poder autonómico, corrupción empieza a configurarse como sinónimo de administración.

PS.- Mientras redactaba las líneas precedentes, me llega la noticia del fallecimiento, en Barcelona y a los 70 años de edad, de Eugenio Trías Sagnier. Un cáncer de pulmón se lo ha llevado por delante. Era – es – uno de nuestros filósofos más notables e internacionales, un pensador original que, en función de nuestro penoso sistema educativo, no conocen nuestros bachilleres y, como diagnóstico de nuestra sociedad, ignoran muchos de nuestros cultos de oficio y apariencia. He aprendido mucho de alguno de sus libros – no doy para todos – y he disfrutado muchísimo con sus escritos dedicados a la música. Ningún otro notable intelectual contemporáneo interpretó con tanto sentido el pensamiento y la intención de los clásicos del sonido y, menos aún, el sentido cultural de la música.

Sin grandeza y sin estilo
Manuel Martín Ferrand  www.republica.com 11 Febrero 2013

Aunque no lo parezca, hemos llegado al final de la Transición. Fue bonito – ¡no tanto! – mientras duró; pero ya se han consumido las reservas de limpieza, buena voluntad y afán de futuro que la hicieron funcionar, últimamente a trompicones, desde aquellas esperanzadoras elecciones de junio de 1977. Hemos llegado a una situación que parece insostenible. Todas las instituciones del Estado, sin excepción, flotan en un mar de corrupción y crisis moral. No hay amarre posible – ¿por qué siempre el símil? – para la nave del Estado y, mientras, los españoles, diez millones más que en el 77, vamos a la deriva. Además, el paro se hace insufrible, crece la tensión social y la deslealtad constitucional de algunos líderes periféricos cuestiona la integridad territorial de la Nación.

Nuestra democracia es de mala calidad. La normativa vigente la convirtió en partitocracia, la peor y más concentrada de las formas del caciquismo típico de nuestra Historia y, superado el arranque de este periodo cuyo final anuncio – después de la primera legislatura de Felipe González -, tras haber perdido grandes oportunidades de regeneración, nos encontramos en un auténtico callejón sin salida.

La crisis ética en la que estamos instalados, la madre del cordero, tiene maltrechos e incapacitados a todos los partidos significativos de la oposición. El PP, que consiguió una cómoda mayoría absoluta en el Congreso, hace poco más de un año, como reacción del pueblo español a los excesos, corrupciones, divisiones y torpezas del PSOE, después de no cumplir ninguna – ¡ninguna! – de las promesas básicas de su programa electoral, atraviesa una situación que, en principio, parece de imposible solución dada la temeraria arrogancia con que la ha querido encarar el presidente, del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los papeles difundidos estos últimos días – por entregas, como los viejos folletones – por El País han avivado un huracán que ya venía soplando y creando destrozos desde los albores informativos del “caso Gürtel” y todo el negro rosario político-delictivo de los trajes de Francisco Camps y otras peripecias lamentables en el seno del PP.

Rajoy, como acostumbra, tardó más de lo debido y exigible a un jefe de Gobierno en dirigirse a los ciudadanos para responder a las muy graves acusaciones que, en el seno del “caso Bárcenas”, se desprenden de los papeles de El País. Lo hizo sin elegancia y sin grandeza, dos carencias graves en quien tiene la responsabilidad del futuro de España en un momento especialmente difícil y comprometido. Como he leído estos días en un calendario de sobremesa – ¡quedan! – y lamento no recordar su autor, “El honor es la conciencia externa y la conciencia, el honor interno”.

Es incluso posible que, en todo o en parte, esos papeles no se correspondan totalmente con la verdad, pero es incuestionable que casan con hechos ciertos y conocidos y no desentonan con el ambiente de secretismo y misterio típico de nuestros partidos, en este caso el PP. En cualquier caso, ponen sobre la mesa la existencia de sobresueldos y corruptelas que, cuando menos, exigen una más rotunda y menos altiva respuesta de Rajoy, el hombre que dice que sabe ganarse la vida… dentro del Estado, naturalmente. Estaría por verle en la refriega del mercado, sin exclusivas, territorios propios, clientes cautivos y demás incomodidades de la competencia.

El discurso de Rajoy, magnífico en la forma y hueco en su contenido, de este pasado sábado no aclara nada de cuanto está sobre la mesa. No solo no nombró a Luis Bárcenas, contra quien tampoco anunció querella alguna, sino que sobrevoló con un barato “es falso” sobre los sobresueldos y bicocas que señalan los papeles.

Esto, como iniciaba en el inicio de estas reflexiones, ya no tiene remedio. Se acabó la Transición y habrá que abordar – ya veremos quiénes lo hacen – un periodo constituyente que cambie la Constitución en cuanto se precisa, establezca nuevas normas que radicalicen la separación entre los Poderes del Estado y erradiquen la promiscuidad vigente, con un sistema electoral que impida la partitocracia. Lo demás vendrá por añadidura.

Aún no teniendo remedio, y sabiendo que las grandes transformaciones requieren tiempo, a la situación actual le cabe una prorroga. Está en manos del propio Rajoy que, después de actuar contra Bárcenas, debiera tomar la cimitarra de las grandes depuraciones y limpiar a fondo su propia casa. En caso contrario, debiera dimitir como, con risible oportunismo, le pide Alfredo Pérez Rubalcaba.

PP y Rajoy: Un grave problema de credibilidad
José Oneto www.republica.com  11 Febrero 2013

Si parte de nuestros políticos, sin distinción de partidos o de ideologías, hubiesen estado presentes este fin de semana, en el Carnaval de Cádiz, hubiesen comprobado el estado de indignación de una población como la de la bahía gaditana, con una tasa de paro que supera el 36 por ciento y, con unos datos de marginación y de pobreza, que son de los más elevados de España, habrían reflexionado sobre la forma de hacer frente a ese peligroso caldo de cultivo de la desesperanza en la que estamos, y cuyo final desconocemos.

Si los políticos del PSOE y del PP, hubiesen sido capaces de aguantar las críticas, las descalificaciones y, hasta los insultos, todo dicho y cantado con un estilo y un sentido del humor único, ese humor surrealista y disparatado que solo tiene el gaditano, (aquí, la única que ha aguantado,por todos, con valentía y dignidad, ha sido la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez ), se darían cuenta de lo difícil que es ahora salir de la vergüenza de los escándalos de los Eres andaluces, de lo complicado que resulta que se crean que lo de los sobresueldos en negro según los dirigentes del PP, es una pura invención, o de lo disparatado que suena el que una ministra como Ana Mato, siga sentándose en la mesa del Consejo de Ministros del Gobierno de España.

Por eso, cuando todos los componentes de las comparsas, coros y chirigotas, los del barrio La Viña y del Mentidero, los de la Isla, el Puerto y Jerez, se enteraron asombrados y todavía incrédulos, de que el partido del Gobierno pensaba querellarse con todos los que pusieran en duda la honorabilidad de algunos dirigentes populares, en relación con el escándalo de los sobresueldos que, después de 25 días, sigue ocupando los principales espacios informativos de la prensa nacional e internacional, Bárcenas y Mariano Rajoy, comenzaron a desplazar en las letras de cuartetos, comparsas y chirigotas, a los Urdangarin, a las Infantas Cristinas, a los Eres andaluces y, hasta al mismísimo Rey Juan Carlos. ¡Qué error, qué inmenso error! Querellarse contra los mensajeros, contra los llamados propagadores, y no contra los Bárcenas de turno, a los que Rajoy sigue sin nombrar por sus nombres y apellidos.

Y es que, después de tantos días de polémica, de enfrentamientos, de acusaciones, de declaraciones y contradeclaraciones ante la Fiscalía Anticorrupcion, de huir de los periodistas y de las ruedas de prensa frustradas, de dudar y rectificar, de estudiar querellas y demandas sin que se haya decidido nada, el problema ha quedado reducido a un problema de credibilidad, una credibilidad puesta en duda por gran parte de la ciudadanía, según encuestas que publican este domingo, los diarios “El Mundo” y ” El Pais” .

Para “El mundo ” el 78 por ciento de los españoles considera que, en efecto, el PP manejaba dinero negro, el 76 por ciento que pagó sobresueldos en B , y el 67 por ciento que Rajoy cobró o intervino en el reparto, al tiempo que el 84 por ciento cree que el ex tesorero Luis Bárcenas desvió dinero del PP a su bolsillo, el 80% que cobró “comisiones de Gürtel”, y el 62%, que es autor de los polémicos papeles que se han venido publicando. Solo el diez por ciento cree en las explicaciones del PP, y que no hubo contabilidad oculta. A pesar del desgaste que suponen estos datos en la credibilidad de este delicado escándalo, el Partido Popular que se encuentra en su situación más debilitada de los últimos veinte años le saca cinco puntos de ventaja a un PSOE que sigue en una situación agónica, incapaz de beneficiarse del desgaste gubernamental, hasta el punto de bajar 0,6 puntos, respecto al resultado electoral de las generales de noviembre de 2011. Aunque hay un dato sobre el que el partido gubernamental debe reflexionar: el 48,5 por ciento cree que Rajoy debe presentar la dimisión como presidente del Gobierno, frente al 43,7 %, y un 7,8 % que no sabe o no contesta.

La encuesta de “El Mundo” viene a coincidir con la de “El País “, ya que el 79 por ciento de los encuestados cree que las explicaciones que se han dado sobre el “caso sobresueldos”, no son “creíbles y suficientes”, al tiempo que el 72 % piensa que los dirigentes que aparecen en las listas deben dimitir de sus cargos. Especialmente irritante es el caso de la ministra de Sanidad Ana Mato que, según el 83 por ciento de los encuestados, debería asumir sus responsabilidades políticas y dejar su sillón en la mesa del Consejo de Ministros, a pesar del apoyo del presidente del Gobierno.

El sistema caníbal
G.GARCÍA-ALCALDE La Opinion 11 Febrero 2013

Tengo claro que no volveré a votar una lista electoral cerrada y bloqueada, sea de quien sea. Tres décadas largas de anteponer la marca a las personas han sido bastantes para corromper la política y hacer que muchos de los que no hemos perdido una sola convocatoria -aun tapando la nariz- reneguemos del sistema para siempre y jamás. Puede funcionar en otras sociedades, pero no en la nuestra, como delata el actual marasmo. Es preocupante que, en territorio conservador, pidan listas abiertas políticos como Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana, cuyas trayectorias no despiertan confianza, o Joan Lerma en el área socialista, que lleva muchos años en el ostracismo. Si los partidos se resisten, la exigencia ha de ser un clamor de todos. Ese cambio es lo único capaz de dar batalla a la corrupción implicando al ciudadano en la responsabilidad de evitarla, o de sufrirla con causa si aparece. Hasta ahora, el elector es únicamente víctima, con la condena añadida de soportar a inculpados y sospechosos durante toda una legislatura.

Cuando el PP menciona sus millones de votos finge ignorar que fueron la instantánea de un momento, muerto en menos de un año. Tolerar otros tres sobrepasa el estoicismo de cualquier elector crítico. Pero así es la cosa, y por eso la indignación genera acratismo, con rechazo de todo poder o descuelgues antisistema cuyo crecimiento natural es la insumisión. El sistema se autodevora con hambre caníbal. Ante un gobierno enrocado en su autodefensa, que no asume el error ni en casos flagrantes y trata de cubrir los presuntos fraudes con argumentarios mendaces, se cierran todas las salidas menos la del cambio, que debería imponerse como antídoto del escepticismo terminal. El reproche se extiende a la oposición socialista cuando no escucha la voz ciudadana y elude las medidas exigidas por sus propias corrupciones. Cada uno de nosotros tiene derecho a exigir que le representen aquellos que ha elegido directamente, no al conglomerado de las marcas que se creen eximidas de rendir cuentas a quienes les dan poder para representarles, no para el ocio sobrepagado en negro ni para los cabildeos cortesanos. Si elijo a los diputados en los que confío, sello un nexo permanente con su actividad, tanto en la prescripción de sus deberes como en la proscripción de lo que omiten o hacen contra mi criterio. De dar satisfacción a la mayoría de sus electores, puesto que la representación política no es ni puede ser unipersonal, dependerán su éxito y carrera. Escucharlos y rendirles cuentas puntuales es infinitamente más justo, necesario y democrático que la aberrante patrimonialización del poder delegado, como si dimanase de la gracia de Dios. Así estamos viviendo el periodo más repelente de la historia de unas libertades que acabaremos citando entre comillas. Listas abiertas, ¡ya!

Un Estado mejor, no mayor
EDITORIAL Libertad Digital 11 Febrero 2013

La profunda crisis que padecemos desde hace ya tantos años ha tenido por consecuencia una eclosión de regeneracionismo y reformismo. Todo el mundo clama contra esto y aquello y propone o dispone soluciones. También los partidos políticos, especialmente en las últimas fechas.

Sin duda es una buena noticia que la crisis haya hecho las veces de despertador o aguijón, que haya servido de acicate. Que por fin haya calado hondo la idea de que la economía no lo es todo, que de hecho los problemas económicos que padecemos tienen causa en otros más antiguos y de mayor calado. Ahora bien, las soluciones o concepciones-marco más extendidas no invitan al optimismo. Son más de lo mismo. Más de lo malo conocido.

El Poder Político, principal responsable de la crisis política, económica, cultural, nacional que padecemos, lejos de retroceder, adelgazar y corregirse, reclama más fondos, más presencia, más control sobre todos los ámbitos de la sociedad. Mal está el reclamo, pero peor aún es que buena parte de la sociedad esté en la misma onda. Es un tremendo error. El Estado en su conjunto deja de ser una solución para representar un formidable problema cuando se extralimita, cuando se desmanda, cuando se mete donde no se le necesita ni se le llama.

No necesitamos más Estado. Lo que necesitamos es que sea mejor. Para ello, debe replegarse, depurarse y concentrarse en su auténtico cometido: dotar a la sociedad de un marco legislativo claro, sencillo, no invasivo; velar por la vida y la hacienda de los ciudadanos y por el cumplimiento de los contratos; gestionar con el mínimo de burocracia posible la administración de la cosa pública, impartir justicia, defender los intereses nacionales dentro y fuera de nuestras fronteras.

Tenemos un grave problema de calidad institucional, lo cual explica la debilidad de nuestra sociedad civil. Si no lo solucionamos, no podremos avanzar en ningún otro ámbito. Si lo conseguimos, habremos dado un salto cualitativo y nos será mucho más fácil salir del hoyo.

La legislatura fantasma
Matías Alonso www.vozbcn.com 11 Febrero 2013

La X Legislatura del Parlamento autonómico de Cataluña se ha puesto en marcha, aunque sea a medio gas, con la proclamación de soberanía pactada por CiU y ERC que ha contado con el apoyo pusilánime de ICV-EUiA para complementar la mayoría parlamentaria camino de la sinrazón.

Cataluña ha venido disfrutando durante estas largas tres décadas desde la reinstauración de la democracia de un nivel de autonomía política envidiable en Europa. Pero padece los mismos males que el resto de España. El vigente sistema de partidos se muestra ineficiente, incapaz de anteponer los intereses generales a los de sus partidarios y acólitos, al tiempo que se ve salpicado de forma reiterada por una corrupción política vergonzante.

Esta posición debilitada a ojos de los ciudadanos ha sido aprovechada por los nuevos populistas totalitarios, encarnados en el binomio visionario que quiere encabezar, peti qui peti, la secesión y tal vez la sedición. El pasado 23 de enero tuvimos una primera muestra del desvarío en que se han instalado los rupturistas, siguiendo erre que erre con su hoja de ruta contraria al Estado de derecho y al interés general.

Le habíamos pedido al Gobierno de España que impidiese la representación del esperpento. Hizo oídos sordos. Consumada la felonía le pedimos que impugnara la declaración votada por CiU, ERC e ICV-EUiA en el Parlamento autonómico ante el Tribunal Constitucional. Como de costumbre, el Gobierno se hizo el longui en los primeros días, pero el ruido mediático y nuestra iniciativa política le han llevado a mover ficha y pedirle a la Abogacía del Estado que le refresque el concepto Estado de derecho.

Por fortuna todavía hay instituciones capaces de defender el interés común y la verdadera democracia, la que tiene sus fuentes en el marco constitucional que conforma nuestro Estado de derecho. El informe de la Abogacía del Estado sigue la tesis expuesta por Ciudadanos en su petición formal al Gobierno de España e incide en la pertinencia del recurso ante una acción parlamentaria que puede no tener efectos legales pero que, sin duda alguna, no es inocua y es la coartada perfecta para que el separatismo tense más la posición rupturista a riesgo de que la sociedad catalana y el conjunto de España se fraccionen.

El modelo seguido por el separatismo catalán es preocupante. El milagro kosovar no fue incruento y sólo pensar en que pudiera repetirse en el noreste de España debería impulsar a nuestros gobernantes a actuar con diligencia, firmeza y manteniendo -ahora sí peti qui peti- el ordenamiento constitucional y por tanto, el Estado social y de derecho que es la España del Siglo XXI.

Si el pulso se mantiene y Artur Mas insiste en anteponer lo que él llama “la voluntad de un pueblo” a la democracia constitucional que le permite ser el presidente de la Generalidad de Cataluña, con seguridad que esta X Legislatura del Parlamento autonómico será una legislatura fantasma.

Matías Alonso es secretario general de Ciudadanos y diputado autonómico

Rebelión liberal
Carlos Rodríguez Braun Libertad Digital 11 Febrero 2013

Jesús Miguel Marcos entrevista en publico.es a Gerardo Pisarello, que es profesor en la Universidad de Barcelona, de Derecho Constitucional, nada menos. Antes de entrar en las declaraciones de Pisarello, el entrevistador sitúa al lector sobre los males del mundo, que por supuesto son culpa del capitalismo. De hecho, al comunismo lo llama "incómodo enemigo socialista", y no se refiere, claro está, a que fue incómodo para sus millones de víctimas...

No, aquí lo malo es el capitalismo, con lo que sus "enemigos" muy malos no podrán ser. Uno fue el comunismo y el otro "las revueltas sociales", otro viejo camelo que identifica la sociedad con la gente en la calle y el poder solo con elites... salvo cuando mandan los comunistas, porque en ese caso manda el pueblo. En fin, llega Pisarello...

Agárrese usted:
En ese momento, comenzó a gestarse un bloque de poder económico-financiero dispuesto a frenar cualquier proceso de democratización que pudiera afectar sus intereses.

Un momento, dirá usted: en las últimas décadas lo que ha habido es más democracia que nunca antes en la historia. Pues no: afirma el profesor Pisarello que lo que ha habido es una "ofensiva contra el constitucionalismo democrático" encabezada por... ¡David Rockefeller!

Este delirante razonamiento sostiene seriamente que, asustados por las protestas ciudadanas, los gobernantes –no los comunistas, claro– decidieron reducir la democracia con el objetivo de no condicionar en exceso "el libre funcionamiento del mercado capitalista". Toda la evidencia va en sentido contrario: hubo mucha democracia y fueron los gobernantes democráticos precisamente los que más expandieron el Estado y más recortaron la economía de mercado y otras libertades, como lo prueba la expansión del gasto público y los impuestos, y numerosas otras incursiones del poder en la vida de los ciudadanos.

La reforma de la Constitución española que lideró Zapatero es el sueño del neoliberalismo (...) ya que genera una fuerte presión para la reducción del gasto social. Pero la gran banca ha exigido más: consagrar la prioridad absoluta de pago a los acreedores de deuda pública.

Pero ni el gasto social se ha reducido fuertemente ni han sido los banqueros los únicos interesados en garantizar el pago de la deuda pública, también los políticos, por la sencilla razón de que temían que nadie más les prestara, salvo a tasas exorbitantes.

El profesor Pisarello, que enseña Derecho Constitucional, nada menos, proclama sin rubor que el Tratado de Maastricht de 1992 fue un elemento clave en la nueva arquitectura económica, ya que "acabó de ceñir un corsé neoliberal que condicionaría los desarrollos constitucionales de los años posteriores". Un corsé muy flexible, sin duda, porque los políticos violaron sus preceptos cada vez que lo juzgaron conveniente para sus propios intereses, desde 1992 en adelante.

Para redondear el disparate, recurre a la tradicional consigna de ligar el liberalismo con las dictaduras, y en concreto con el fascismo. Como dice el tango: mentira, mentira. El que está íntimamente asociado con dictaduras, y con las más criminales que jamás hayan padecido los trabajadores de este planeta, es el socialismo, no el liberalismo. Y la relación estrecha con el fascismo no la tiene el liberalismo sino... tachán tachán... ¡el socialismo!

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Flagrantes incumplimientos
El PP no está haciendo la política que anunció
J.J. ESPARZA www.gaceta.es 11 Febrero 2013

Subida de impuestos, aborto, política antiterrorista, 'matrimonio' homosexual, politización de la Justicia...

1 Más impuestos. El Gobierno de Rajoy ha protagonizado una de las mayores subidas de impuestos de nuestra Historia reciente. Curiosamente, es lo mismo que su programa para las elecciones de 2011 reprochaba al PSOE. ¿Qué ofrecía el PP en ese programa? Esto: “Modernizaremos el impuesto sobre la renta con el objetivo de favorecer el ahorro, la inversión y el empleo. Fomentaremos fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual. (…) Elevaremos los mínimos familiares en el IRPF adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas. En el impuesto de sociedades generalizaremos la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20%; extenderemos el ámbito de aplicación del tipo del 25%”. Nada de eso ha pasado.
2 Más abortos. Contra las expectativas despertadas en su día, el Gobierno Rajoy no ha modificado la ley Zapatero del aborto. La reforma anunciada por el ministro Gallardón, que debía haber estado acabada el pasado otoño, duerme el sueño de los justos, y nunca mejor dicho. El año pasado, según cifras del Ministerio de Sanidad, se produjeron en España 118.000 abortos, cifra superior a la de años anteriores. En su programa de 2011, el PP proponía textualmente: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada de eso ha pasado.

3 Más parados. Tanto en su programa electoral como en sus discursos de campaña, Rajoy asumió como reto fundamental crear empleo y rectificar la desastrosa herencia dejada por Zapatero. Así lo decía el programa electoral de 2011: “Pondremos en marcha una reforma integral del mercado de trabajo que dé respuesta al drama social sin precedentes que representa un país con cinco millones de parados. Esta reforma integral supondrá un cambio coherente y coordinado de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación”. Hoy el drama permanece y la cifra de parados se acerca ya a los seis millones. La reforma laboral adoptada por el Gobierno, sólo parcial, aún no ha dado frutos.

4 ETA en las instituciones. El Partido Popular se había caracterizado siempre por una política de firmeza frente a la banda terrorista ETA, alineándose junto a las víctimas del terrorismo y oponiéndose por sistema a cualquier negociación política, a la entrada de los portavoces terroristas en las instituciones y a las medidas de “gracia” adoptadas por Zapatero. Así lo decía en su programa: “Debemos recordar que la sola existencia de la banda terrorista, que no ha anunciado su disolución ni su desarme, es intimidatoria y amenazante. Ahora es preciso reiterar que no resulta aceptable pagar ningún precio político por matar, tampoco puede asumirse que obtengan réditos por dejar de hacerlo. Al mismo tiempo que hemos de mantener sin reservas la actuación del Estado de Derecho contra el terrorismo de ETA y sus responsables, impediremos la legitimación de su trayectoria, el enaltecimiento de los terroristas, la equiparación de las víctimas con los delincuentes...”. Pero portavoces del PP en el País Vasco sostienen ahora que el futuro hay que construirlo con Bildu, y el Gobierno ha excarcelado al etarra Bolinaga y le mantienen en la calle a pesar de haber dicho este que no se arrepiente de sus crímenes.

5 'Matrimonio homosexual'. El Partido Popular recurrió en su día la ley Zapatero del llamado “matrimonio homosexual”. Asimismo, en sucesivas declaraciones públicas los principales líderes del PP, empezando por el propio Rajoy, manifestaron con toda claridad que su idea de la familia era la del matrimonio entre hombre y mujer. En su programa de 2011, el PP anunciaba medidas de apoyo a la familia: “Las familias son un sustento esencial de la sociedad, sobre todo en época de crisis, y las apoyaremos como merecen, en especial a las que tienen hijos menores y a las familias numerosas. (…) Trazaremos una perspectiva familiar en todas las políticas públicas, de forma que las familias sean tenidas en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos. Atenderemos las necesidades fundamentales de las familias”. Nada de eso ha pasado. Y al contrario, no se ha movido un dedo frente al zapateriano homomonio.
6 Politización de la Justicia. El Partido Popular ha defendido tradicionalmente la independencia de los jueces, desarrollando la norma constitucional que así lo prescribe. Es verdad que en ocasiones anteriores el PP pactó con el PSOE el reparto de cuotas de influencia política en el poder judicial, pero parecía que esta vez iba a ser diferente. Así lo decía su programa electoral de 2011: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Sin embargo, la reforma de la Justicia avanzada por el ministro Gallardón ordena que los 20 miembros del CGPJ sean elegidos directamente por el Parlamento, bajo el argumento de que su elección por asociaciones judiciales es también “una forma de politización”. Una vez más, el PP actúa contra su propio programa.

7 Educación: todo por hacer. Uno de los argumentos centrales del programa del PP en 2011 era la educación, bajo el lema “Camino de oportunidades”. Allí se anunciaba una reforma que en líneas generales sí se corresponde con la emprendida con el ministro Wert, pero con una evidente dilación en los tiempos. Donde más sangrante resulta el desfase es en la garantía del derecho a estudiar en castellano. El programa del PP decía así: “Haremos efectivo el derecho de los alumnos a aprender en español y en el resto de lenguas cooficiales. Favoreceremos el desarrollo de un bilingüismo integrador que facilite el mejor aprendizaje”. Pero ese derecho es sistemáticamente conculcado en comunidades como Cataluña y el País Vasco, y de manera especialmente llamativa en comunidades gobernadas por el propio PP como Baleares, la Comunidad Valenciana o Galicia, donde sigue habiendo denuncias por ese concepto. También la libertad de elección de centro está durmiendo en algún cajón. El programa de 2011 rezaba: “Reforzaremos la libertad de elección de las familias promoviendo una educación pública de calidad, y una oferta formativa de iniciativa social que responda a las demandas plurales de las familias”. Habrá que esperar a que la reforma de Wert se materialice.

8 Corrupción: escándalo público. Uno de los compromisos declarados del Partido Popular en su programa electoral de 2011 era la reforma de la Administración para combatir la corrupción. En las actuales circunstancias es interesante reproducir todo lo que el programa decía sobre este asunto: “Propondremos una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que establezca los deberes de las administraciones en esta materia y garantice a los ciudadanos la efectividad de este derecho de acceso. Impulsaremos para su aprobación, junto al resto de las fuerzas políticas, un acuerdo de bases por la transparencia y contra la corrupción en el ámbito local. Reforzaremos la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción. Aseguraremos su rápido enjuiciamiento. Mejoraremos la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas. Velaremos, en el seno del Partido Popular, por el riguroso cumplimiento de nuestro código de buenas prácticas y de los compromisos de conducta asumidos por nuestros candidatos. Regularemos las normas de conducta que regirán la actuación de los miembros del Gobierno y de los altos cargos del Estado”. Ley de Transparencia, en efecto, la ha habido, pero el compromiso de enjuiciar con rapidez las conductas corruptas parece haber quedado aparcado para mejor ocasión.

9 Modelo de Estado. Después de las suicidas maniobras de Zapatero con el estatuto de Cataluña, el PP se encontró con un tejido nacional tenso y a punto de desgarrarse. La crisis económica, con los consiguientes problemas de financiación autonómica, no hizo sino empeorar el paisaje. Esta circunstancia no estaba prevista en el programa electoral del PP, que, no obstante, sí expresaba claramente su idea de cómo gestionar el Estado de las Autonomías: “Delimitaremos con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y el aumento excesivo del personal al servicio de las administraciones. Promoveremos un nuevo modelo de financiación que evite la consolidación como gasto público estructural de los ingresos coyunturales, y que tenga en cuenta la población y las circunstancias que inciden en el coste de los servicios públicos así como las exigencias de estabilidad presupuestaria. Dotaremos de una definición más precisa a los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, y de estas entre sí”. La reforma autonómica aún sigue pendiente y el problema catalán ha entorpecido las cosas. En cuanto a la financiación, se ha beneficiado ostensiblemente a Cataluña en detrimento de otras comunidades como la madrileña. Y respecto a la “lealtad institucional”, claramente rota por la Generalitat, el Gobierno se ha limitado a acciones preventivas de tipo exclusivamente jurídico.

10 Política de comunicación. El Gobierno Rajoy ha potenciado en materia de comunicación el duopolio televisivo, que otorga a dos grupos de comunicación –Mediaset-Prisa y Planeta-La Sexta– una posición abusiva de privilegio en el mercado. El programa de 2011 no decía nada sobre política de comunicación, pero sí era muy claro en su defensa de los principios esenciales de la competencia en el mercado: “Ordenaremos los órganos reguladores para fortalecer la aplicación de la normativa de competencia en todos los ámbitos, bajo criterios comunes en todos los sectores y para todo el territorio nacional, favoreciendo la unidad de mercado. Avanzaremos en la liberalización de los sectores de telecomunicaciones, energía y postal, estableciendo como prioridad básica el desarrollo de la competencia”. Sin embargo, en materia de comunicación, el Gobierno contravino al órgano regulador, la Comisión Nacional de la Competencia, que se había pronunciado contra la fusión de Antena 3 y La Sexta, y prefirió beneficiar arbitrariamente a estos grupos... contra todos los demás.

Hay otros muchos aspectos del programa electoral del PP en 2011 que han sido dejados de lado: la ley de enjuiciamiento criminal, la reforma del Tribunal Constitucional, la supresión de los vetos en los trámites parlamentarios, etc. Pero los 10 puntos referidos son suficientes para hacer ver que el Partido Popular no está haciendo la política que se comprometió a aplicar desde el Gobierno.

Rubalcaba y Carracuca
La sonrisa de la avispa Estrella Digital 11 Febrero 2013

Mientras que seguimos esperando a que Alfredo P. Rubalcaba nos enseñe sus Declaraciones de Renta, por aquello de que el camino para superar este desencanto que, dicen, tienen los españoles pasa por la transparencia... Y mientras que esperamos que, de paso, nos enseñe las cuentas del PSOE para conocer en qué cifras se ha movido y de dónde salieron... Y, ya que estamos, nos las enseñe también Elena Valenciano para saber por qué es morosa...

Decía que, mientras esperamos ese gesto de transparencia, el líder de los socialista españoles se ha ido a la clausura del VII Congreso del PSE. Un congreso que, dicho sea de paso, ha vuelto a elegir a Patxi López como Secretario General del partido, lo que indica que la cosa debe ir bastante mal por allí arriba. Porque, si el PSE, después del fracaso tan estrepitoso que tuvo en el Gobierno del País vasco con Patxi de presidente, no tiene otra persona para liderarlo es que el partido está más hundido que el PSC. Pero allá cada cual.

Lo mismo las causas de esta pérdida de prestigio y de liderazgo tiene algo que ver con su postura en relación a ETA. Dicen que representantes del PSE se han reunido con representantes ETA, de nuevo, para mejorar la situación de los terroristas presos, como si las cárceles españolas fuesen tercermundistas...

La cabra siempre tira al monte... Lo que han olvidado es que la dispersión de los presos etarras la puso en marcha el gran Enrique Múgica. Pero estamos en otro tiempo. De hecho, López acaba de decir que el País Vasco es una nación. El concepto discutido y discutible para España vale para sus comunidades autónomas. El mundo al revés.

El caso es que, en esa obsesión constante de la izquierda por buscar la paja en el ojo ajeno y pensar que la única corrupción que existe en España es la económica de la 'derecha', Alfredo ha reunido a su gente (no se sabe si, en la reunión, estuvieron Griñán, Chaves, Valenciano y Pepe Blanco) y, después de mucho cavilar, ha parido un ratón. En el Congreso del PSE, ha anunciado que el PSOE va a proponer cuatro medidas urgentes para luchar contra la corrupción política, con dos objetivos principales: impedir que ocurran más casos y asegurar una sanción ejemplar y rápida. O sea, pura obviedad.

Lo que ya no es tan obvio es que proponga 'la creación de otra Oficina Anticorrupción en el seno de la Administración del Estado, que vigile el comportamiento de los responsables públicos y de los funcionarios públicos que participen en la gestión económica y contractual de los ministerios, organismos y empresas públicas'. Más madera. Más gasto. Más tontería. Y entonces, ¿qué hacemos con los controles que ya tenemos? Porque, tenerlos, los tenemos, P Punto.

Más madera. Más gasto. Más tontería
Lo que aún es menos obvio es que quiera que la Audiencia Nacional tenga competencias del conocimiento y enjuiciamiento de todos los delitos relacionados con la corrupción política (prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, fraudes y exacciones ilegales y los delitos urbanísticos) cometidos con participación de cargos o representantes públicos en cualquier punto del territorio nacional. O sea, que cuando tendríamos que ir hacia la desaparición de la Audiencia Nacional como tribunal especial preconstitucional porque ya ETA está en las últimas, Alfredo quiere potenciarla. Aparte de que ya tiene competencias en estos temas. Y no voy a enumerar los casos de corrupción en los que está metida.

Además, este hombre es más inocente que un cubo. ¿Desde cuándo la AN aborda los procesos judiciales se aborden "al máximo nivel, celeridad y homogeneidad"?

Por otra parte, en lo que se refiere a que las empresas que aparezcan implicadas en casos de corrupción resulten inhabilitadas para contratar con las administraciones públicas, ya existe y no sirve para mucho. Alguien debería habérselo dicho.

Pero lo que más me llama la atención es lo de acabar con las donaciones. Quiere prohibir las donaciones a partidos políticos por parte de personas jurídicas. Con el PSOE en el gobierno sí, ahora no. Ahora propone que las empresas no puedan dar dinero a los partidos, ni de forma pública ni privada. Reformó el tema hace cuatro días, siendo Vicepresidente, y ahora lo quiere cambiar otra vez.

Pero, vamos a ver, Alfredo, que estás más perdido que Carracuca... ¿Y no sería mejor dejar todo como está y acordar con el PP un pacto que obligue, en la ley de Transparencias, a publicar todas las declaraciones de Hacienda de todas las personas e instituciones que reciban dinero público o tengan algún tipo de responsabilidad pública?

Y cuando digo todas, digo todas. Incluyendo partidos y sindicatos, que ahora se quedan fuera. Aunque CCOO ya dice que lo va a hacer.


Cataluña
«Amics de la Unesco expresa el chantaje nacionalista a la sociedad española»
maría jesús cañizares / barcelona ABC Cataluña 11 Febrero 2013

Entrevista a Ángel Hernández, presidente del Movimiento Cívico 12-o

Pidió a la Unesco que amparara los derechos de los castellanohablantes en Cataluña y se encontró con una declaración en favor de la autodeterminación en la que se asegura que la independencia «evitaría muchas muertes en el Estado español». Ángel Hernández considera que el artículo incluido en la web de Amics de la Unesco Barcelona, desvelado por ABC y que está inspirado en la doctrina de la abogada de etarras Jone Goirizelaia, tiene «el lenguaje antisistema de quienes siembran el caos para alcanzar el poder».

-¿Cómo contactó con Amics de la Unesco?
-Nuestra asociación estudió las resoluciones y convenciones de la Unesco en materia de derechos lingüísticos y derechos a utilizar la lengua «materna» en la educación y descubrimos que la Unesco niega la «imposición de una lengua en la educación» como hace la llamada inmersión lingüística así como que recomienda la utilización de la lengua materna para los niños por multitud de razones. Considerando que en Cataluña se estaban violando los derechos humanos de los niños con lengua materna española, enviamos un escrito de denuncia a la Unesco España por correo certificado. Estamos a la espera de respuesta. Hemos recibido una indirecta, que ha sido de Amics de la Unesco en Barcelona, enviándonos el contacto a su web donde venía su agenda de actividades. Así descubrimos en su apartado «lucha por la paz» las manifestaciones independentistas y sus inspiradores intelectuales.

-¿Qué opina del artículo donde se advierte de que sin autodeterminación podría haber muchas muertes en España?
-No nos ha sorprendido que sea una institución subvencionada y proclamada de interés público, puesto que eso es algo habitual en Cataluña, pero sí en una vinculada a la Unesco que expresa opiniones contrarias a las resoluciones de la ONU. Por otro lado solo expresa el chantaje al que ha sido sometida la democracia y la sociedad española por el nacionalismo, primero por el armado y violento como ETA o Terra Lliure y paralelamente por los partidos nacionalistas de derechas o de izquierdas. Ahora ya nos ofrecen la paz a cambio de romper la nación española. Pero no lo van a conseguir.

-PP y Ciutadans creen que se trata de un lenguaje muy batasuno ¿qué opina?
-Estoy de acuerdo. Es una línea de pensamiento muy de la izquierda intelectual antisistema que considera que debilitando a las sociedades y sembrando el caos democrático conseguirán alcanzar el poder. Discurso muy propio también en Cataluña de partidos como ERC, pero también desde hace unos días de CiU y del presidente Más. Lenguaje del nacionalismo separatista de izquierda y de derecha.
«Todo forma parte del proyecto independentista, pero no sólo de Mas»

-La Generalitat protege con subvenciones e rebajas fiscales Amics de la Unesco ¿forma todo parte del proyecto soberanista de Artur Mas?
-Sí, todo forma parte del proyecto independentista catalán, pero no solo del señor Mas, sino del que vienen realizando desde hace 33 años todos los gobiernos de la Generalitat, en silencio y usando fondos públicos.

-¿La plataforma 12-O piensa realizar alguna acción de protesta?
-Queremos reivindicar el respeto a los derechos a la lengua materna en la educación el próximo día 21 de Febrero «Dia Internacional de la Lengua Materna» para la Unesco. Posiblemente convoquemos una manifestación ante la sede de Amics de la Unesco o en la plaza San Jaime en la puerta del gobierno de la Generalitat, que es quien no respeta dichos derechos.

-¿Confía en que la Unesco atienda su petición de proteger la lengua castellana en Cataluña?
-Rectifico la pregunta: lengua española en Cataluña puesto que colabora con nosotros la Plataforma Hispanoamericana en Cataluña, presidida por Jaime Toledo y no es el castellano lo que ellos hablan, sino el español. Vistas las acciones emprendidas por el ex Presidente de Unesco España Federico Mayor Zaragoza defendiendo a etarras en prisión y oponiéndose a que la Ley Wert pueda reparar la injusticia que supone que cualquier español no pueda ser educado en su lengua materna en algunos territorios de España, pues francamente, no confiamos demasiado, pero en caso de que Unesco España no responda a esta demanda lo elevaremos a la Internacional y Unesco España se convertirá en un organismo más al servicio contrario a los intereses comunes de todos los españoles y elevaremos el tono de las protestas por esta situación.

España / Lucha contra ETA
Los «verificadores» vuelven de la mano del PNV para ofrecer otra trampa de ETA
Quieren que Moncloa se siente con los etarras sin que entreguen las armas
J. M. Zuloaga. Madrid. La Razón 11 Febrero 2013

ETA no tiene previsto hacer ningún «gesto» significativo, como la entrega de las armas, su disolución (la rendición es impensable) mientras los Gobiernos de España y Francia, en especial el nuestro, no se sienten a negociar lo que la banda llama las «consecuencias del conflicto», según expertos antiterrroristas, consultados por LA RAZÓN. Puede intentar algún tipo de trampa, sobre todo de cara a la opinión pública, con el fin de intentar una transferencia de responsabilidades al Gobierno por negarse a negociar y dejar el «conflicto» abierto, con las consecuencias que ello pudiera acarrear.

La visita (durante la próxima semana, antes del congreso de Sortu, que tendrá lugar el 23-F), de los llamados «verificadores internacionales» al País Vasco, que, al parecer, han mantenido algunos contactos con representantes de ETA, forma parte del «enredo» que el Gobierno vasco y el PNV organizan para pilotar el «proceso».

Los «verificadores», al frente de los cuales se encuentra el cingalés Ram Manikkalingam, es uno de los inventos creados por el abogado sudafricano Brian Currin, el jefe de los llamados «mediadores», que, desde el primer momento, han apostado, tal y como quiere ETA, por una «solución negociada al conflicto». Esta estrategia tuvo su punto álgido en la Conferencia Internacional, celebrada en San Sebastián en octubre de 2011. Tras ella, la banda anunció el supuesto «cese armado definitivo», condicionado al establecimiento de negociaciones. Además, en el comunicado no daban en ningún momento por cerrada la «confrontación armada».

«Mediadores», «verificadores» y otras especies similares que puedan surgir, que no actúan de forma altruista sino que cobran por sus servicios, forman parte del plan general diseñado en la anterior legislatura para que el posible fin de ETA se ajustara al modelo irlandés, que se siguió con el IRA y que, con el paso del tiempo (ahí están de nuevo los atentados con bombas y los asesinatos) se ha demostrado como un completo fracaso. Sencillamente, porque los terroristas irlandeses no han logrado sus objetivos estratégicos, sino algunos de carácter táctico, tal y como ha ocurrido en España, con la legalización de los partidos batasunos Bildu-Amaiur-Sortu.

A este respecto, las fuentes consultadas recuerdan que en la citada Conferencia Internacional, tres de las figuras más relevantes fueran precisamente las que gestionaron el «proceso» irlandés: Gerry Adams, dirigente del Sinn Fein, el brazo político del IRA; Berti Ahern, ex primer ministro de Irlanda; y Jonathan Powell, jefe de gabinete del premier inglés Tony Blair. Fueron ellos los que, junto con otros expertos «conflictólogos», promovieron la llamada «Declaración de Ayete», por el palacio donde se celebraba la conferencia, en la que se aportaba abiertamente por la solución negociada, pero sin que la banda tuviera que desaparecer.

ETA dijo no a Batasuna
Los movimientos que ahora protagoniza el Gobierno vasco y el PNV con verificadores-mediadores, en su afán de pilotar el «proceso», se producen después de que Batasuna lo intentara a mediados del año pasado. Obtuvo de ETA un no rotundo a hacer «gestos» significativos si el Gobierno no se sentaba a negociar. Los comunicados emitidos por la banda desde entonces, en julio, septiembre y noviembre, se caracterizan por un tono cada vez más exigente, muy lejano a supuestos «gestos de buena voluntad», como ahora se pretende «vender» desde algunos medios.

En el último, del 25 de noviembre, además de realizar un emplazamiento directo a los Gobiernos de España y Francia, se utilizaba, incluso, la palabra «involución» para hablar del estancamiento del «proceso». Se trata de una estrategia que la banda ha utilizado cuando no ha logrado que se negocie lo que quiere.

Cataluña
Mas destinó 1,2 millones a promocionar el catalán por todo el mundo en 2012
Los ‘casales’ subvencionados se encuentran repartidos por todo el globo, desde Melbourne a El Salvador, pasando por Guayaquil, Grenoble o, incluso, Andorra, país donde el catalán es oficial.
Redacción www.vozbcn.com 11 Febrero 2013

Desde hace años, la Generalidad viene destinando cantidades multimillonarias a promocionar el catalán fuera de Cataluña, no solo en el resto de España, sino en los lugares más insospechados de la geografía mundial.

El año pasado, pese a la grave crisis económica, en general, y la crítica situación de las cuentas autonómicas, en particular, que obligó al presidente de la Generalidad, Artur Mas, a solicitar un rescate al Gobierno por más de 5.000 millones de euros, no ha sido una excepción.

Los casales no sufren apenas recortes
Según ha publicado este viernes el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC), el departamento de la Presidencia autonómica destinó, únicamente durante el segundo semestre de 2012, 1.216.789,68 euros (PRE/156/2013) en ‘subvenciones para actividades de promoción y difusión de la cultura y la lengua catalana’ de las ‘comunidades catalanas del exterior’.

Las comunidades catalanas del exterior son una suerte de casas regionales, casales, o, simplemente, grupos de ciudadanos que viven fuera de Cataluña y que el Gobierno autonómico reconoce como tales. Curiosamente, varias de estas entidades hacen referencia en su nombre a los ‘Países Catalanes’, una denominación reivindicada por los nacionalistas que engloba a Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Andorra, la región francesa del Rosellón, la Franja de Aragón (una parte oriental de esa Comunidad), la comarca del Carche (Murcia) y la ciudad de Alguer (en Cerdeña, Italia). Algunos de ellas, han organizado consultas para la secesión de Cataluña.

A lo largo de 2011, el Ejecutivo autonómico destinó a estas asociaciones 1,4 millones de euros, doblando los 705.000 euros inicialmente presupuestados. Mientras que en la etapa final del tripartito, estas ayudas sumaban poco más de medio millón de euros anuales.

Casi 43.000 euros para promocionar el catalán en Andorra
Muchas de las 63 entidades beneficiadas por estas subvenciones están situadas en puntos de dudoso interés estratégico para la Generalidad, tales como El Salvador, Grenoble, Guayaquil, Guayana o Melbourne. Si bien, las ayudas más importantes las han recibido las entidades de Cuba (106.400 euros), Caracas (82.950 euros), Buenos Aires (59.140 euros), Madrid (58.050 euros), México (56.000 euros) y San Sebastián (43.100 euros).

Destacan los 42.950 euros otorgados al Centre de la Cultura Catalana del Principat d’Andorra, especialmente por el hecho de que se trata de un país donde el catalán es oficial y es el propio Gobierno de Andorra el que se encarga de realizar políticas de promoción de dicha lengua.



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