AGLI Recortes de Prensa   Martes 12 Febrero 2013

El terremoto que viene
Luis del Pino Libertad Digital  9 Febrero 2013

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 9/2/2013

El terremoto de Lisboa, ocurrido el 1 de noviembre de 1755, fue uno de los más intensos de la Historia y uno de los más letales.

El 85% de la ciudad quedó destruida por los temblores de tierra, el maremoto y los incendios. Se calcula que perecieron en la catástrofe 90.000 personas, en torno a un tercio de la población de la ciudad, a las que hay que sumar otros 10.000 muertos a causa del maremoto en las costas del Algarve, de Andalucía y de Marruecos.

Y si la mortandad no fue mayor se debe a que el gobierno portugués supo mantener la cabeza fría. Cuando le preguntaron al entonces primer ministro, el Marqués de Pombal, qué había qué hacer ante aquella devastación, su respuesta fue "Cuidar a los vivos y enterrar a los muertos". Y a ello se aplicó con diligencia: había que impedir las epidemias, así que se organizó a la población para enterrar los cadáveres o lanzarlos al mar; había que controlar los incendios, así que a ello se dedicaron escuadras de bomberos; había que cortar de raíz los saqueos, así que se levantaron patíbulos en varios puntos de la ciudad para ahorcar a los ladrones. En menos de un año, el desescombro había terminado y comenzaba la reconstrucción de la capital portuguesa.

El terremoto de Lisboa tuvo consecuencias de largo alcance. Era el siglo de La Ilustración, así que la atención de los pensadores, de los gobernantes y de los científicos se vio atraída por aquel fenómeno de un modo que antes no hubiera sido posible. El rey portugués y el rey español ordenaron elaborar informes detallados sobre el terremoto en los que se consignaran, no solo los daños experimentados y las características percibidas del terremoto, sino también las posibles señales de advertencia previas que hubieran podido producirse: había nacido la sismología moderna, y por primera vez se intentaba abordar de un modo científico la pregunta de si los terremotos pueden predecirse.

Hoy en día, sabemos que no es posible, al menos de momento, predecir cuándo y dónde va a ocurrir un terremoto. Pero los científicos sí que son capaces, en ocasiones, de estimar la probabilidad de que un terremoto de una cierta envergadura se produzca en una cierta zona. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en los temblores que han afectado a la isla canaria de El Hierro, donde los sismólogos fueron capaces de ir especificando los niveles de alerta según pasaban los días.

¿Por qué se producen los terremotos? Pues porque las placas que componen la corteza terrestre están en perpetuo movimiento y chocan y resbalan unas con otras. Cuando la tensión entre las placas supera la capacidad de resistencia del terreno, se produce la súbita liberación de una energía descomunal, con las consecuencias desastrosas que todos conocemos.

Para calcular el riesgo sísmico, se miden cosas como la historia sísmica del lugar, los desplazamientos del terreno, las emisiones de gases y los microtemblores que indican que hay un movimiento de tierras en marcha. No se trata de predicciones perfectas, pero permiten hacerse una idea de si puede estar a punto de producirse un terremoto de gran magnitud.

Esta semana, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha hecho público su barómetro de opinión del mes de enero, con unos resultados ciertamente alarmantes para nuestra clase política. Los datos de intención directa de voto del Partido Popular y el Partido Socialista han caído a mínimos históricos. Solo uno de cada tres españoles declara espontáneamente su intención de votar a alguno de los dos partidos mayoritarios. Es decir, el sistema bipartidista ha perdido la mitad de los apoyos que tenía a mediados de 2004.

Al mismo tiempo, el número de electores huérfanos ha crecido de manera espectacular. Si lo normal es que en torno a un 13% del electorado se declare abstencionista, en los últimos años esa cifra ha escalado hasta situarse en el 28%.

Analizando las gráficas de evolución de esas intenciones de voto a lo largo del tiempo, se comprueba que la desafección de los ciudadanos hacia los partidos tradicionales comenzó en 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis. Las elecciones de 2011 y la victoria del PP por mayoría absoluta permitieron a los españoles recuperar algo de confianza, pero a lo largo de este último año el crédito del sistema bipartidista ha vuelto a desplomarse de forma espectacular, hasta alcanzar cotas nunca vistas.

Eso tiene dos consecuencias: la primera es que hay una creciente bolsa de electores huérfanos a la espera de que alguien venga a darles cualquier tipo de esperanza, lo que abre la puerta al crecimiento de nuevas formaciones políticas. La segunda consecuencia es que la deslegitimación de los partidos mayoritarios va a hacer que resulte cada vez más difícil imponer nuevos recortes a los ciudadanos, porque la paciencia de éstos ya se está agotando.

La sociología no es una ciencia exacta, pero las encuestas de opinión a lo largo del tiempo sí que permiten detectar los movimientos tectónicos en el interior de la sociedad y estimar la probabilidad de un cataclismo. Y el riesgo de estallido social y de colapso del sistema es, a la luz de las encuestas, cada vez mayor.

Si nuestra actual clase política tuviera un mínimo de lucidez, haría caso de lo que los sensores sociológicos están detectando, vería que hay cada vez más probabilidad de que se produzca un terremoto político de grandes dimensiones y obraría en consecuencia. Será difícil volver a recuperar la confianza de unos ciudadanos que están hartos de palabrería, pero puede hacerse: bastaría con que se rectificara el rumbo y se acometiera una reforma radical del estado y de las administraciones, en lugar de pretender que seamos los ciudadanos los que paguemos la factura de la crisis y de la corrupción sistémica.

Pero decían los antiguos griegos que, cuando los dioses quieren destruir a alguien, primero le vuelven ciego. Así que mucho me temo que ni PP ni PSOE harán caso de las señales, cada vez más evidentes, de que el tiempo se les agota. Y continuarán persistiendo en el error, convencidos de que pueden salvar el estado autonómico y el esquema de reparto de poder surgidos de la Transición.

En consecuencia, les recomiendo que vayan mentalizándose para el terremoto político que se avecina. Porque, como diría Alfonso Guerra, de aquí a las elecciones europeas del año que viene, a España no la va reconocer políticamente ni la madre que la parió.

UN DEBATE ERRÓNEO
Estragos de la ceguera selectiva: el sueldo de Rajoy no es el problema
Miguel Ángel González www.elsemanaldigital.com 12 Febrero 2013

Me fijo en las reacciones sobre el salario del presidente del Gobierno y debo llegar a la conclusión de que hay mucha demagogia, bastante hipocresía y demasiados complejos.

"Sr. Rajoy: Vd. solamente tiene que contestar a dos preguntas: una, si alguna vez ha cobrado sobresueldos, y dos si los ha declarado a Hacienda", decía el jefe de la oposición. "Nunca he recibido ni repartido dinero negro, ni en este partido ni fuera de él", manifestaba el presidente del Gobierno. Los acontecimientos posteriores, petición de dimisión incluida, parecen indicar que, dijera lo que dijera el presidente, la respuesta sería la misma.

Reacciones tras la publicación de las declaraciones de IRPF del Sr. Rajoy:

-"Mintió sobre sus ingresos reales en un programa de TV".
-"Se sube el sueldo tres veces más que lo que subieron los salarios en España durante la crisis".

-"La subida de sueldo en 2008 es sospechosamente parecida a lo que, según los papeles de Bárcenas, percibía en los ejercicios anteriores en B.
-"Pasa de ganar 239.000 euros como jefe de la oposición a 75.000 como presidente del Gobierno".

No voy a entrar aquí en el juego de mentiras y verdades que muchos quieren alimentar; tertulias y más tertulias sobre lo mismo. Los famosos papeles están en manos de la Justicia y habrá que esperar a que se clarifiquen tantas dudas como han dejado, tanto sobre su autenticidad como sobre su contenido. Quien haya mentido, cuando se conozca, que se conocerá, que lo pague.

Me fijo en las reacciones sobre el sueldo del presidente, y debo llegar a la conclusión de que hay mucha demagogia, bastante hipocresía y demasiados complejos. Si hubiera que juzgar la retribución del presidente sólo por su cuantía, dejando de lado otros beneficios que van con el puesto, habría que decir que es bajo. Y aquí abrimos el dilema sobre si los sueldos de los políticos son altos o bajos, y sobre si un sueldo bajo es una invitación a obtener otros ingresos por vías distintas, normalmente relacionadas con la corrupción.

Puede ser una discusión interesante. Sin embargo, en mi opinión, el problema, desde el punto de vista del gasto, no está en la cuantía de los sueldos, sino en la cantidad de gente que vive del erario público, y en que muchos de ellos tienen como único mérito el formar parte del club de amiguetes del político de turno, lo que les posibilita a su vez formar parte de la casta privilegiada.

El problema, nuevamente desde el punto de vista del gasto, no está, como se dice, en el número de funcionarios, sino en aquellos que han sido metidos por la puerta de atrás bajo todo tipo de títulos, personal de confianza y asesores de lo más variopinto.

Si de verdad queremos que en las administraciones públicas haya un severo control del gasto, lo que hay que potenciar es precisamente el "personal de no confianza", es decir el técnico, funcionario, que fiscalice las cuentas con independencia del color político que ahora toque. Las corruptelas que se dan en las administraciones más cercanas al ciudadano se reducirían notablemente potenciando estas figuras, reduciendo asesores y, especialmente, tratando a los ciudadanos con el respeto que se merecen en su condición de contribuyentes, mediante una exposición clara y detallada de los usos del dinero público.

Leí hace tiempo, en el resumen de una conferencia del catedrático de Economía Jesús Fernández Villaverde, a quien me he referido en anteriores ocasiones, sobre la forma de organizarse en una localidad de Filadelfia, donde vive, en cuanto a la administración de la cosa pública. Es una localidad de 60.000 habitantes donde no hay alcalde, sino una especie de gestor. La gente no le vota por si está a favor de una u otra política, sino por cómo les resuelve sus problemas.

A diferencia de ayuntamientos similares en España, la página web de esta localidad lo que recoge, en lugar de loas al alcalde y sus andanzas, en más de 300 páginas con un detalle exhaustivo, es partida a partida el dinero que se ha gastado, como en una comunidad de propietarios. El vecino juzgará si está bien o mal empleado. Este gestor cobra 275.000 dólares, y los vecinos están encantados con él; saben perfectamente que se los tiene más que ganados y que podría tener ese sueldo en cualquier otra compañía, porque "se lo rifan".

Así que podemos seguir dando vueltas a los sueldos; es una forma como otra cualquiera de no afrontar los problemas reales y de descentrar dónde, de verdad, deben estar las exigencias: menos gente cobrando "por la cara" del erario público y mucha más transparencia en las cuentas de todas las administraciones y entidades que viven del dinero de todos. O sea, que el Sr. administrador de nuestra comunidad de propietarios, a quien pagamos muy bien, no puede hacer con nuestro dinero lo que le parezca. Si pensamos así ya es un avance; algo diferente a la desgraciada frase de "el dinero público no es de nadie", dicha por una iluminada ministra hace años.

Gulag y economía
Carlos Rodríguez Braun La Razón 12 Febrero 2013

Las evidencias de su naturaleza criminal han deslegitimado el comunismo. De ahí los esfuerzos en el campo de la ocultación de la verdad. Así, son legión los intelectuales de izquierdas que investigan todos los aspectos represivos del fascismo, pero necesitará usted una lupa para encontrar trabajos sobre los crímenes del socialismo real.

Por ejemplo, se ha instalado en la opinión pública la idea de que los campos de concentración comunistas se limitaron a los años de Stalin y solo existieron en localidades remotas como las de Siberia. Mentira. El primer campo de concentración comunista fue establecido en 1919, bastante antes del estalinismo. Y del medio millar de campos que hubo, la aplastante mayoría eran urbanos, como explica en un reciente trabajo la profesora Tatiana Mikhailova, de la Universidad de Múnich: «El 83% de los campos estaba localizado a menos de 35 kilómetros de una ciudad, y el 66% de ellos a menos de 35 km de una ciudad poblada con más de 10.000 habitantes en 1939» («Gulag, WWII and the Long-run Patterns of Soviet City Growth» http://goo.gl/t5ADI).

El Gulag tuvo importancia simbólica pero no cuantitativa en la represión: la mayoría de las víctimas del comunismo murieron fuera de los campos; pero sí fue relevante para la economía, porque comportó el suministro de trabajos forzados para infraestructuras y otras obras públicas, en un sistema cuyo feroz antiliberalismo desincentivaba el esfuerzo y la producción.

La Ley del IRPF
Los políticos no tributan la mitad del sueldo
LEIRE ARANZÁBAL www.gaceta.es 12 Febrero 2013

La ley deja exentos de impuestos los “gastos de viaje y desplazamiento” de los cargos electos. Estas dietas suponen en algunos casos hasta el 75% del salario.

Los cargos electos –diputados nacionales, autonómicos y provinciales, senadores, eurodiputados y concejales– están exentos de pagar impuestos por una parte importante de su sueldo –en algunos casos alcanza el 75%–, la relativa a las célebres dietas. Esto es así porque, según la Ley del IRPF, los “gastos de viaje y desplazamiento” quedan excluidos de la relación de rendimientos del trabajo por los que se debe tributar.

En el artículo 16.2.b de la citada norma se recoge que serán objeto de fiscalización “las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los Diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las Asambleas Legislativas autonómicas, Concejales de Ayuntamiento y miembros de las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de las mismas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento”.

PrivilegioGracias a este privilegio, los políticos presentan una declaración de la renta similar a la de un ciudadano de clase media, beneficiándose de un tipo marginal muy inferior al que se debería aplicar en caso de que todos sus ingresos fueran declarados. Y es que en la excepción que supone el capítulo de “gastos de viaje y desplazamiento” los cargos electos han encontrado un espacio de impunidad fiscal del que sacan el máximo provecho. Todos los diputados electos por una circunscripción distinta a Madrid reciben 1.823 euros al mes para pagar los “gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara”. A los diputados por Madrid se les abona, en cambio, 870 euros mensuales. Además del dinero destinado a manutención, alojamiento o transporte, los parlamentarios españoles perciben otros extras, como los que remuneran a los miembros o presidentes de comisión y a los portavoces.

Más prebendasEsto ha sido posible porque la propia Ley del IRPF deja en manos de las Cortes la potestad de fijar las dietas. Así, el presidente del Congreso de los Diputados recibe casi 4.000 euros al mes por gastos de representación y otros 3.210 para gastos de libre disposición; los presidentes de comisiones, por su parte, obtienen un complemento de 1.600 euros al mes para gastos de representación.

Pero las dietas y la exención de tributar por las mismas no son el único privilegio de sus señorías. A cada parlamentario le corresponde también un iPad, un teléfono móvil, línea ADSL en su domicilio, despacho en la Cámara y asistente personal. Todo con cargo al presupuesto de las Cortes.

Por si ello fuera poco, sus señorías gozan también de un calendario laboral considerablemente más corto al del resto de trabajadores. La labor parlamentaria se divide en dos periodos ordinarios de sesiones que suman nueve meses: febrero-junio y septiembre-diciembre. Durante los meses inhábiles sí pueden desarrollar su labor las comisiones y la Diputación Permanente se mantiene activa, pero no se celebran Plenos.

De hecho, mañana martes tendrá lugar el primer Pleno de 2013 –sí hubo una sesión de control al Gobierno el 30 de enero– para, entre otras cosas, tomar en consideración dos iniciativas populares: la que reclama catalogar la Fiesta Nacional como Bien de Interés Cultural y la que pide regular la dación en pago.

Contra la corrupción, ley de Transparencia
javier chicote / madrid ABC 12 Febrero 2013

El Congreso de los Diputados escucha hoy los argumentos del presidente del Tribunal de Cuentas sobre una ley de acceso a la información que sigue sin aprobarse

Una buena parte de la ciudadanía tiene esperanzas depositadas en que la ley de Transparencia vea la luz cuanto antes, máxime en una etapa convulsa por la serie de escándalos de corrupción (Bárcenas, Oriol Pujol, ERE andaluces, Urdangarín...) que se sucenden sin cesar. Hoy, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, comparece en el Congreso para hablar sobre una normativa cuyo borrador se presentó hace ya casi un año entre críticas.

Entre otras lagunas, el anteproyetco de ley da un mes de plazo a las administraciones para responder las solicitudes de información, pero si el interesado no recibe notificación en ese periodo se entiende que la solicitud ha sido desestimada.

Para el Gobierno de Mariano Rajoy, «la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es una pieza fundamental» dentro del programa de reformas para salir de la crisis. De momento, el borrador sigue en fase de consultas, lo que significa que España sigue siendo a día de hoy uno de los pocos países de Europa que carece de una ley de transparencia.

Distintos colectivos, entre ellos abogados, periodistas y movimientos ciudadanos, consideran que la facilidad de acceso a la información será un antídoto contra prácticas corruptas. De momento, trece autonomías que han puesto en marcha portales de «open data», un proyecto iniciado en EEUU que permite acceder a través de internet a los datos generados por esos gobiernos.

Ley de transparencia de la inutilidad del gobierno
Nota del Editor 12 Febrero 2013

Aquí sobran normas, reglamentos, leyes, constituciones y profesionales de la política. El primer párrafo de la ley de transparencia deberia ser: Para que la acción del gobierno sea transparente, todos los procesos deben ser realizados en español y quedan por tanto derogadas todas las leyes sobre lenguas regionales. Todos los procesos deben ser sustanciados en medios digitales y todas sus fases estar disponibles en Internet a disposición de la ciudadanía.

11-M
Balance de otro año perdido
Gabriel Moris Libertad Digital 12 Febrero 2013

No pretendo hacer un balance financiero de España en estas reflexiones. Pretendo hacerlo de algo que, para mí y para muchos ciudadanos, es mucho más importante que la ruina económica. Se trata del crimen masivo e indiscriminado cometido un once de marzo contra el pueblo que viajaba en los Trenes de la Muerte. Oficialmente desconocemos el objetivo.

Transcurridos casi nueve años de aquel asesinato múltiple, me atrevería a pronosticar que la mayoría de los españoles de edad inferior a los veinte años no asocia el 11-M con el mayor atentado terrorista del siglo XXI en España y Europa. Seguro que sí han oído hablar de la Memoria Histórica. Después del atentado y del alboroto político-social de los días siguientes, el 11-M pasó a ser silenciado por todos. Dejaron de existir los peligrosos islamistas, nunca más se hicieron manifestaciones reclamando verdad y justicia, es más, en el callejero de nuestras ciudades no se aprecia una profusión de alusiones al atentado y a sus víctimas. Puedo estar equivocado pero ésta es mi apreciación.

Tanto nuestras autoridades como los medios de comunicación que las apoyan tienen una deuda con las víctimas del terrorismo. Esa deuda no se puede saldar con medidas económicas y fiscales. La única manera posible de compensarla parcialmente pasa por esclarecer los hechos y hacer justicia. Nada de esto se está haciendo, en la sentencia no había autores intelectuales, sólo un dudoso autor material y sin un relato probado de los hechos, con pruebas incontrovertibles. Si no me falla la memoria, el 31 de octubre de 2007, después de la lectura de la sentencia por el ponente, el actual presidente del Gobierno, líder de la oposición en aquel momento, declaró que había que seguir investigando el 11-M hasta esclarecer plenamente los autores y los hechos.

Antes y después de la sentencia, la inacción y el mutismo ante la vergüenza nacional del 11-M ha sido como una consigna de obligado cumplimiento para todos los poderes del Estado. Es más, se han dado premios y prebendas a alguno de los actores que impidieron la recta investigación ¿Alguien en su sano juicio puede comprender esta realidad? ¿Qué oscuros intereses o temores pueden justificar esta actitud?

Desde la llegada al poder del nuevo Ejecutivo, no ha habido ningún gesto que indique un cambio de actitud en la investigación pendiente de los atentados de los Trenes de Cercanías. Yo, como víctima, creo vivir aún en las nefastas legislaturas derivadas de los atentados. Como si hubiera una relación causa-efecto entre los atentados y las acciones derivadas.

Podemos concretar el balance en tres asuntos que provienen del año 2012:

– Recurso de casación contra Sánchez Manzano y un perito tedax, presentado ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Según mi información, la vista se debió celebrar a puerta cerrada el 31 de enero.

– Declaración ante la juez Belén Sánchez, de la Audiencia Provincial de Madrid, de Jamal Zougam, su madre y sus hermanos. Tuvo lugar el 17 de enero. Todos ratificaron que el condenado se hallaba en su casa en la hora de los hechos.

– Aparición en Villaverde de los restos del único foco de explosión que se conserva. La Fiscalía General del Estado solicitó informes sobre el hallazgo a la Fiscalía de Madrid y de la Audiencia Nacional. Transcurrido casi un año, desconozco si ha habido algún tipo de repercusión práctica en la investigación.

La deuda del Estado para con las víctimas sigue pendiente. En este asunto sí hay unanimidad de criterio y de acción. "El pueblo español no está preparado para conocer la verdad".

‘Historia criminal del comunismo’
Nunca tan pocos mataron a tantos en tan poco tiempo
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA www.gaceta.es 12 Febrero 2013

Cuando, a finales de 1917, los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia todo el progresismo mundial se felicitó por aquella venturosa revolución de los desheredados de la Tierra. Creían que con Lenin comenzaba una era dichosa de igualdad, fraternidad y emancipación para toda la especie.

La realidad, sin embargo, no tardó en imponerse. Tan pronto como Lenin y los suyos llegaron al Kremlin dio comienzo uno de los experimentos más sangrientos de la Historia de la humanidad. El Partido, así, con mayúsculas, que se había impuesto a sangre y fuego en las calles de San Petersburgo, desató una feroz represión a la que nadie en el viejo imperio de los zares pudo sustraerse.

El crimen comunista empezó en su misma concepción. Lenin no dudó en aplastar con violencia ejemplarizante a todo el que se oponía a sus designios. De aquellos primeros años proviene, por ejemplo, la Cheka y su cortejo de brutalidades y desafueros.

Cuando Stalin ascendió a la máxima magistratura de la república de los soviets todo estaba dispuesto para que sobre Rusia y sus países vecinos se abatiese la mayor y más duradera tiranía que la historia ha conocido.

De Stalin y sus numerosos crímenes se sabe mucho, en gran parte porque fueron sus sucesores los primeros en denunciar los excesos de su espantoso régimen. Stalin, un revolucionario profesional georgiano que había crecido a la sombra de Lenin, fue el padre de las principales instituciones de los regímenes comunistas que vendrían después. A él le debieron los planes quinquenales, los campos de concentración para los presos políticos y las amplias y periódicas purgas internas dentro del Partido.

Proyectos faraónicos
El primero de los planes quinquenales, que fue de 1928 a 1933, se llevó por delante a cinco millones de personas. Para que el plan se llevase a cabo el líder exigió la colectivización de toda la agricultura del país. Eso implicaba la expropiación forzosa de varios millones de pequeños granjeros, que el régimen sacrificó sin inmutarse. A estos granjeros Stalin los denominó kulaks, que en ruso significa “puño”. El que no pereció durante la colectivización fue deportado a grandes complejos carcelarios levantados más allá de los Urales. El sistema, gestionado por una oficina moscovita llamada gulag, llegó a contar con medio millar de campos por los que pasaron más de 14 millones de condenados durante sus tres décadas largas de vida.

Pol Pot acabó con tres millones de camboyanos, un tercio de la población del país
El sistema de campos estalinista se entendía a la perfección con otra de las pasiones del tirano: los proyectos faraónicos. En tiempos de Stalin se excavaron canales imposibles, se construyeron vías férreas a ninguna parte y se explotaron minas y canteras en lugares prácticamente inaccesibles. Todo se hacía con mano de obra esclava, en su mayor parte proveniente de los gulags.

A Stalin se deben los planes quinquenales, los campos de concentración y las purgas en el partido
La muerte de Stalin y la posterior desestalinización no hizo que el genocidio comunista retrocediese ni un palmo, muy al contrario, aumentó y se extendió por el mundo como una plaga. Durante la posguerra el experimento soviético se traspasó a un puñado de países europeos ocupados por el Ejército Rojo. Poco después China, el país más populoso del mundo, se integró en el bloque socialista. Más tarde llegarían Cuba, las naciones de Indochina y varias repúblicas africanas recién independizadas.

El gran salto adelante
En todos los casos se reprodujo el mismo esquema adaptado a la historia y las tradiciones locales. Pero donde más fuerte arraigó el comunismo fue en China. Allí, gracias a la perseverancia y la voluntad de poder de Mao Zedong, un guerrillero marxista que se había hecho con el poder en 1950, se consumaron los grandes crímenes comunistas del siglo. En China se padeció la mayor hambruna de la historia, provocada por la ineptitud de los planificadores maoístas, que quisieron convertir el país en una potencia industrial en unos pocos años. Aquella delirante campaña, bautizada como “el gran salto adelante”, costó la vida a 40 millones de personas.

Un poco más al sur, Pol Pot, otro fanático que se veía como el sucesor de Mao, se adueñó de Camboya y la metió en el que quizá sea el Gobierno más tiránico que jamás haya existido. Vació las ciudades y dedicó a toda la población al cultivo de arroz. Hizo desaparecer el resto de oficios y prohibió la religión, la música, la filosofía y el deporte.

La ineptitud de los planificadores maoístas llevó a China a la mayor hambruna de la Historia

El régimen de terror de Pol Pot y sus jemeres rojos se saldó con tres millones de muertos, una cifra modesta si la comparamos con las víctimas del “gran salto adelante”, pero inmensa si tenemos en cuenta que Camboya tenía por entonces nueve millones de habitantes.

Al caer el Muro de Berlín y disolverse la Unión Soviética a principios de los años 90 empezaron a hacerse cuentas de la barbarie. Los especialistas calcularon que el experimento comunista había enterrado unos 100 millones de cadáveres en todo el mundo en sólo 70 años de historia.

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Contraproducente y restrictiva"
Un organismo de la Generalidad destroza la ley catalana de comercio
La Autoridad Catalana de la Competencia pide cambios profundos en la normativa regional de la distribución.
D. SORIANO Seguir a @SorianoDomingo www.libremercado.com 12 Febrero 2013

Desde hace años, Cataluña tiene una de las regulaciones comerciales más restrictivas de España. Todos los gobiernos que han pasado por la Generalidad han hecho bandera de la defensa de sus pequeños tenderos (los botiguers, en catalán) frente a las grandes superficies. No importa los cambios normativos que haya aprobado el Gobierno central, como el decreto de liberalización de horarios comerciales impulsado por Jaime García-Legaz. Las instituciones públicas catalanas siempre se han negado en redondo a liberalizar un sector que consideran estratégico.

Sin embargo, no todos dentro de la administración regional parecen estar de acuerdo con esta postura. Hace unos días, un organismo dependiente directamente de la Consejería de Economía, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), publicó un demoledor informe acerca de las diferentes leyes regionales sobre comercios. Según sus conclusiones, esta normativa no ha conseguido los objetivos de proteger al pequeño comercio y, sin embargo, ha supuesto un enorme perjuicio para los consumidores, que tienen menos oferta, precios más altos y más dificultades para acceder a los bienes que los vecinos de otras comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, los autores piden más liberalización, tanto para ayudar a la modernización del sector (especialmente el pequeño comercio) y conseguir más competencia, con los benéficos efectos que esta tiene para el usuario. Por lo visto hasta ahora, no parece que desde el Gobierno regional se hayan dado por enterados del contenido de dicho estudio.
La justificación

Tal y como explica el mismo informe, "la normativa comercial catalana de los últimos 15 años se ha caracterizado por su elevado grado de intervención administrativa", que ha dado lugar a "numerosas restricciones injustificadas a la competencia, básicamente en forma de barreras de entrada, y al ejercicio de la actividad, concretadas en la limitación de horarios comerciales y períodos de rebajas".

La justificación tradicional a este tipo de leyes es que protegen al pequeño comercio frente a las grandes superficies. Sin embargo, numerosos estudios académicos, muchos de ellos incluidos en el informe del ACCO, han desmontado esta creencia. Como podemos ver en este artículo publicado por Fedea hace sólo un par de meses, tanto en Italia como en Francia, los análisis realizados muestran que las restricciones provinciales a la apertura de establecimientos comerciales se tradujeron en "aumentos de precios, costes laborales y beneficios de las empresas ya establecidas, reduciendo al mismo tiempo la productividad y el empleo".

En España, Luis Orea realizó un interesante análisis acerca del impacto en los precios de las diferentes regulaciones comerciales de las 17 comunidades autónomas, una cuestión en la que Cataluña destaca como la más intervencionistas y restrictiva. Pues bien, según sus datos, las diferentes leyes pueden provocar cambios en los precios de hasta el 8%, siendo estos incrementos especialmente significativos en el caso de los bienes más económicos.

Y según un informe de la Comisión Nacional de la Competencia de 2011, los principales beneficiarios de la regulación restrictiva han sido los supermercados de menor tamaño. Es decir, que una normativa restrictiva perjudica a los consumidores porque incrementa los precios (sobre todo a los de menor poder adquisitivo) y favorece sobre todo a las cadenas de supermercados de tamaño medio.
Las conclusiones

Todo el informe es absolutamente demoledor. Prácticamente no hay ni un solo párrafo que no sea crítico con las leyes comerciales catalanas. De hecho, si no lo hubiera realizado un departamento dependiente de la propia Generalidad podría ser despreciado como un ataque interesado al Gobierno regional. Sin embargo, son los propios técnicos de la Consejería de Economía los que lo han escrito y por eso debería tener algún impacto en la política del Ejecutivo de Artur Mas, aunque todos sus pronunciamientos hasta el momento han ido en sentido contrario. Éstas son sus principales conclusiones:

Datos: en Cataluña, en los últimos diez años, el canal tradicional no ha aumentado su cuota de mercado, sino que ha perdido un 2,7%; los hipermercados han reducido su cuota un 9,9% y los supermercados han subido un 19%. Los m2 de superficie de venta de canal tradicional han caído un 24,9% (más que la media nacional) y es la segunda comunidad autónoma con mayor reducción del número de autónomos en este sector.

Objetivos: "la normativa catalana no ha sido efectiva para evitar la caída del comercio tradicional y ha sido contraproducente para fomentar su modernización y especialización". Asimismo, "limitar nuevas implantaciones ha sido contrario al objetivo expresado de evitar problemas de movilidad obligada". Es decir, que ante una restricción del comercio, los clientes acaban yendo a las grandes superficies, con un coste superior en tiempo y combustible consumido justo lo que en teoría quería evitarse.

El futuro del sector: "los pequeños comerciantes se sienten protegidos y pierden incentivos para modernizarse y especializarse. La supervivencia del comercio tradicional depende de su capacidad para especializarse en ámbitos donde pueda ser competitivo".

Licencias más caras: "la regulación restrictiva las convierte en un bien escaso, lo que otorga rentas regulatorias no justificadas a su propietario. La ambigüedad de la normativa puede dar lugar a discrecionalidad por parte de la administración e inseguridad jurídica entre los operadores".

Menos competitividad: "las empresas, cuando encuentran las empresas, cuando encuentran muchas dificultades para desarrollar proyectos en un área determinada, invierten en otros territorios. La consecuencia es que la creación de puestos de trabajo se produce fuera de Cataluña. Las restricciones también generan efectos negativos sobre el nivel de precios".

Menos oferta: "las restricciones normativas han provocado que la oferta global sea menor que la potencial; en particular, han limitado el crecimiento del formato hipermercado y de los establecimientos de descuento, lo cual iría en contra de las preferencias y el bienestar de los consumidores".

Malo para los comercios: "retrasa la modernización y especialización de los pequeños establecimientos y no les permite beneficiarse del polo de atracción que constituyen los grandes formatos, por ejemplo, centros comerciales".

Peor para los consumidores: "son los grandes perjudicados por una normativa comercial restrictiva ya que todos los efectos identificados en este trabajo acaban repercutiendo negativamente, de forma directa o indirecta, en su bienestar".

Sin futuro: "visto el crecimiento imparable del comercio electrónico, es un contrasentido establecer barreras al establecimiento físico; el mundo virtual no tiene fronteras y está abierto 24 horas al día. Para que el comercio físico pueda competir en igualdad de condiciones con el mundo virtual, hay que dotarlo de mayor flexibilidad. Precisamente, en un momento de crisis como el actual, es conveniente una regulación comercial flexible que no introduzca trabas a la actividad económica".

Cataluña
La industria cultural estadounidense denuncia las cuotas lingüísticas de la Ley del Cine de Cataluña
La obligatoriedad de doblar el 50% de las películas al catalán supone costosas ‘barreras de acceso al mercado’ para la productoras cinematográficas independientes, según advierte la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) en su informe anual sobre protección de los derechos de autor.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 12 Febrero 2013

La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) carga contra las ‘barreras de acceso al mercado’ que supone la Ley del Cine de Cataluña por imponer cuotas de doblaje al catalán.

La perseverancia de la Generalidad por imponer el catalán en el ámbito de las relaciones privadas, además de ser contrario a la Constitución, levanta sorpresa e indignación más allá de nuestras fronteras, tal y como han advertido en más de una ocasión desde el mundo empresarial catalán.

Esto es lo que ocurre con la autonómica Ley del Cine, aprobada en 2010, que establece multas de hasta 75.000 euros a los exhibidores que no proyecten, al menos, el 50% de las películas en catalán, y que está pendiente de la resolución del recurso de anticonstitucionalidad presentado por el PP meses después.

‘Barrera de acceso al mercado’
El informe de 2013 sobre protección de los derechos de autor realizado por la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) ha vuelto a cargar contra las ‘barreras de acceso al mercado’ que supone la Ley del Cine de Cataluña por imponer cuotas de doblaje al catalán.

El documento, publicado este viernes, denuncia lo siguiente:
‘Los productores cinematográficos independientes siguen sufriendo las restricciones adoptadas en julio de 2010 para las películas estrenadas en Cataluña. El artículo 18 de la Ley del Cine, aprobada por el Parlamento regional, impone a los distribuidores la obligación de doblar y subtitular al catalán -la lengua regional- la mitad de las copias analógicas y todas las copias digitales de cualquier película doblada o subtitulada que se exhiba en Cataluña, con la única excepción de las películas europeas dobladas (no subtituladas) cuya distribución sea de quince copias o menos. Obligaciones similares se aplican a la distribución de los DVD. Esto es costoso y no está garantizada la demanda del público. Para los productores cinematográficos independientes, por ejemplo, quienes habitualmente lanzan menos copias, el coste por copia será mayor, lo que constituyen mayores barreras de acceso al mercado. Si bien promover el ‘acceso lingüístico’ es un objetivo legítimo, los medios [utilizados] no son adecuados ni justos‘.

No es la primera vez que esto ocurre. De hecho, los informes de 2010 (año en que se aprobó la ley), 2011 y 2012 recogen la misma advertencia.

La IIPA considera que España no garantiza los derechos de autor
La IIPA es una entidad formada por las siete principales patronales estadounidenses de la industria cultural, y en su informe anual analiza el grado de protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, recomendando al Gobierno de los Estados Unidos la inclusión en las listas de vigilancia (Special 301 Lists) de los países que no garantizan suficientemente los derechos de autor.

En el informe de este año, la IIPA insta a la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) a volver a incluir a España en las listas de vigilancia, entre otras cosas, por no luchar de forma clara contra el intercambio por internet sin autorización de contenidos protegidos. España estuvo incluida la lista de vigilancia (un grado inferior al de la lista de vigilancia prioritaria) en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, pero la USTR excluyó a nuestro país de ella en 2012, tras la aprobación de la Ley Sinde.

La inclusión de un país en las listas de vigilancia del Gobierno estadounidense -para lo que se tiene en consideración informes como el de la IIPA- puede acarrear sanciones y restricciones comerciales a las empresas procedentes de dicho territorio. En abril se conocerá la decisión de la USTR.

Una ley polémica
En septiembre de 2011, la Generalidad y las distribuidoras cinematográficas llegaron a un acuerdo para flexibilizar la aplicación de la Ley del Cine de Cataluña, lo que, de hecho, la dejaba en papel mojado. El Gobierno autonómico se comprometió a destinar 1,4 millones al año para el doblaje y la promoción de películas en catalán con el objetivo de que los pases en dicha lengua alcancen el 25% de la cuota de mercado en 2014, y el 35% en 2017.

En junio pasado, la Unión Europea también ordenó modificar la Ley del Cine de Cataluña, pero por otro motivo. Según la Comisión Europea, el hecho de que la norma autonómica exima a las películas cuya versión original es en español de la obligatoriedad doblar el 50% de ellas al catalán supone una discriminación para las cintas europeas no españolas.


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El presente y el futuro de España giran en torno a los papeles de Bárcenas
Francisco Rubiales Periodista Digital 12 Febrero 2013

Los papeles de Bárcenas, tanto si son auténticos como si son un burdo montaje, tendrán importantes consecuencias en la política española. En primer lugar debilitarán la partitocracia y en segundo lugar empujarán a los políticos hacia la regeneración, no por covencimiento sino por miedo a la furia e indignación de un pueblo que ya está cansado de soportar a delincuentes en la política.

Si los apuntes sobre pagos en dinero negro a la cúpula del PP son auténticos, entonces los populares están sentenciados y tendrán que salir del poder por corruptos y delincuentes, sufriendo un duro castigo de la ciudadanía, que los marginará del poder durante décadas. Pero si se demuestra que esos papeles son un montaje, entonces será el PSOE, el partido que cree a pie juntillas que son auténticos y que exige la dimisión de Rajoy, el que pierda la pelea y quede ante la ciudadanía como una cruel asociación de malhechores, capaces de vender el alma y de realizar todo tipo de canalladas con tal de alcanzar el poder "como sea", incluso con maniobras mafiosas, al margen de las urnas.

El presente y el futuro de España giran en torno a los papeles de Bárcenas, que están ya en manos de la Justicia. Pero sea cual sea la sentencia, los dos grandes partidos políticos saldrán abrasados y todavía más despreciados y podridos de este asunto porque, aunque todo fuera un montaje, lo grave es que los ciudadanos se lo han creído, lo que demuestra que los españoles creen con firmeza que están siendo gobernados por golfos y sinvergüenzas.

Algunos creen que, ante su derrota humillante en las urnas, el PSOE ha regresado al espíritu conspirativo y antidemocrático de 1933-34, el que creó las bases para la Guerra Civil. Otros piensan que los papeles de Bárcenas han puesto al descubierto una práctica común en todos los partidos políticos españoles, que reparten dinero clandestino entre los suyos y que utilizan los fondos públicos para alimentar el clientelismo y la corrupción. Otros se sienten escandalizados de que se exija al PP que demuestre su limpieza, lo que representa una inversión de la carga de la prueba, que debe recaer sobre el que acusa. El PSOE, el que apoya la operación, parece que quiere gobernar sin ganar en las urnas, sea como sea (Zapatero dixit), conducta que muchos historiadores y analistas piensan que siempre fue una constante de ese partido, desde que se fundó. Otros creen que el gran fallo del PP ha sido permitir que alguien con demasiada información valiosa se cabree e inicie una venganza sanguinaria y letal, como ocurrio con la mafia en Estados Unidos, que empezó a caer cuando el FBI detuvo e hizo confesar a los contables. Otros piensan que detrás de esos papeles esta el defenestrado juez Baltasar Garzón, cargado de odio contra los que le echaron de la Audiencia Nacional, ayudado por su amigo el ex diputado popular Jorge Trías Sagnier, cuyo odio hacia el PP es visceral e íntimo. Unos pocos, por último, piensan que el caso Bárcenas ha sido como una bendición del cielo para España porque ha logrado que los más antidemocráticos políticos del país, hasta hace poco arrogantes e instalados en el desprecio al ciudadano, como sátrapas orientales, estén ahora aterrorizados ante la indignación del explotado pueblo, hablando de listas abiertas y de regeneración, palabras que hasta hace pocos días estaban prohibida en el léxico de los desprestigiados y nefastos ´políticos de la partitocracia española.

Otros pensamos que, ocurra lo que ocurra, el resultado será bueno porque la clase política está de rodillas y tiene miedo. Es como si de pronto se hubieran dado cuenta de sus miserias, arbitrariedades y abusos de poder, de sus robos y rapiñas, de que han metido la mano en los fondos públicos más de lo que era prudente y de que no todo estaba tan bajo control como ellos pensaban.

Están tan asustados e inseguros que Ana Mato podría dimitir, cuando esa dimisión era impensable hace apenas un par de semanas, a pesar de que es evidente que ella y Sepúlveda estaban juntos y eran socios cuando los cabecillas corruptores del Gürtell les colmaron de regalos.

Ante la actitud siniestra y desesperada de Rubalcaba, unido como un poseso a una acusación a la que quizás le falte consistencia, es posible que el cobarde Rajoy se anime y decida hacer pagar a los traidores del "Faisán" su chivatazo a ETA y otras muchas traiciones y colaboraciones con la banda armada que debieron producirse cuando Rubalcaba era el responsable de la lucha contra el disminuido terror etarra.

Algo debe estar cambiando en la mente de los sátrapas antidemocráticos que dirigen este país cuando Esperanza Aguirre habla de otorgar más protagonismo al ciudadano, lo que implica reconocer que la ciudadanía ha sido marginada y hasta aplastada por los políticos dictadores que se han hecho pasar por demócratas durante las tres últimas décadas.

Pero ¡cuidado! porque si alguien cree que los políticos españoles se están regenerando y haciendo demócratas se equivoca porque solo tienen miedo, un miedo creciente a la furia e indignación del pueblo, que siempre ha sido saludable para los dictadores y opresores.

Voto en Blanco

España / país vasco
El día en que el PNV vinculó a Jonan Fernández con ETA
s. e. / madrid ABC 12 Febrero 2013

El exconsejero de Interior Juan María Atutxa aseguró en 1992 que el nuevo asesor de Urkullu para la «paz» recibía consignas de la banda para reconvertir su plataforma en un movimiento supuestamente pacifista

ETA ordenó a la coordinadora Lurraldea, a la vista del éxito obtenido con la modificación (a base de asesinatos) del trazado de la autovía Andoain-Pamplona, que se reconvirtiera en un supuesto movimiento pacifista, para contrarrestar la emergente fuerza de las asociaciones de víctimas, pero sin llegar a exigir la disolución de la banda ni condenar los atentados. Así lo probaron diversos documentaciones internas incautadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los responsables de Lurraldea, con Jonan Fernández al frente, desmintieron tales acusaciones en reiteradas ocasiones. En septiembre de 1992, cuando el nacionalista José Antonio Ardanza presidía el Gobierno vasco, su consejero del Interior, Juan María Atutxa, confirmó el plan de ETA y de hecho, poco después, Lurraldea dio paso al movimiento Elkarri, que defendía la teoría del conflicto y la necesidad de establecer una negociación entre el Gobierno y ETA como único modo de superarlo. Así, Atutxa aseguró, con cierta ironía refiriéndose a esta reconversión de la plataforma: «como un movimiento de paz, sería fenomenal, pero con las pretensiones de legitimar la existencia de un movimiento armado, la cosa se les pone muy difícil».

Jonan Fernández, el mismo que dirigió el movimiento Elkarri y que mantiene la teoría del conflicto es hoy el secretaría de «Paz y Convivencia» de Iñigo Urkullu, encargado de administrar el final de ETA desde el Gobierno vasco, en un escenario «sin vencedores ni vencidos». Esto es, a través de una negociación política, como hace más de 20 años.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | Por alerta de lluvia y nieve en Gipuzkoa
Bildu se niega a lanzar en castellano un mensaje de emergencia a los ciudadanos
Larraitz Ugarte pide "prudencia" en nombre de la Diputación a la población, pero sólo en una de las lenguas cooficiales
J.M. Alonso | San Sebastián El Mundo 12 Febrero 2013

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte (Bildu), se ha negado a ofrecer en castellano un mensaje para llamar a la prudencia a la ciudadanía ante las intensas precipitaciones y las copiosas nevadas que están generando importantes problemas en el territorio, con carreteras cortadas y desbordamientos de ríos en algunos puntos.

En su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Diputados, y a la vista de los problemas que la climatología está generando en Gipuzkoa, al igual que en el resto de Euskadi, Ugarte ha lanzado el mensaje en euskera para que los ciudadanos sean "prudentes" y sólo recurran al vehículo cuando sea "imprescindible". Sin embargo, ante la interpelación de una periodista para que hiciese llegar a la población este mensaje de prudencia en castellano, se ha negado. Ha mirado a su responsable de prensa y ha exclamado: "Me dicen que no", esto último en castellano.

La Diputación de Gipuzkoa ha impuesto el euskera en sus comparecencias públicas para, según alega, defender los derechos de la lengua vasca, pero en ocasiones, de forma esporádica, sí realiza declaraciones en castellano, cuando le interesa hacer llegar su discurso en esta lengua, como por ejemplo en el conflicto abierto por la gestión de las basuras. Sin embargo, hoy se ha negado a pesar de que el mensaje hacía alusión a un llamamiento público dados los graves inconvenientes que están provocando las adversas condiciones climatológicas.

Ugarte ha anunciado que se han dado desbordamientos en algunos puntos de la costa, pero no ha aportado mayor concreción. Por contra, sí ha facilitado el número de máquinas quitanieves que están trabajando en diferentes puntos de la red viaria para mantener las carreteras operativas


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