AGLI Recortes de Prensa   Viernes 15  Febrero 2013

Masby en la manifestación España 2000 Valencia
Juan Vicente Santacreu Periodista Digital 15 Febrero 2013

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Como he dicho en muchas ocasiones, a los simpatizantes del Movimiento Masby nos unen dos pilares fundamentales y no negociables: la unidad de España y el español como lengua vehicular de todos los españoles. El idioma y la nación; dos conceptos fundamentales en cualquier país del mundo menos en España. El resto de los aspectos pueden ser discutidos y discutibles, España NO.

Masby y la manifestación España 2000 Valencia
Por tanto el movimiento Masby ha apoyado, apoya y seguirá apoyando cualquier iniciativa social o política que no cuestione estos dos aspectos elementales de nuestra ideología y por ello hacemos un llamamiento a la ciudadanía, en este caso de Valencia y cercanías, para que el próximo sábado día 16 de Febrero os unáis con nosotros a la manifestación organizada por España 2000.

La manifestación comenzará a las 19.00 horas el próximo sábado 16 de febrero. Inicio en la Plaza los Pinazo de Valencia (C/ Colón junto al Corte Inglés) a las 19:00h. ¡¡Contamos contigo!!. Hazlo por ti, por tu madre, por tus hijos, por tus nietos no nacidos, hazlo por quien quieras, pero hazlo, nosotros no podemos asistir por ti.

En estos momentos de decadencia política e institucional en España, los ciudadanos tenemos muchos motivos para protestar, y en Masby, ¡¡estamos hartos!!. Hartos de que se cuestione España, hartos de no poder ser españoles en todo el territorio nacional, hartos de las 17 Reinonas y de sus mafias feudales repletas de “hijos de puta” que nos están crujiendo para mantener sus reinados, hartos de unas “putas” lenguas que nos hacen perder el tiempo y el dinero, aparte de separarnos, hartos de los jueces al servicio de sus partidos. En definitiva, hartos de no poder llegar a mitad de mes. Y como guinda al pastel, todo esto coronado por una “Casta” Real, que fieles a la traición, perdón, tradición Borbona a lo largo de toda la historia, han liquidado todos los imperios de España y ahora siguen con lo que queda de Patria.

A los ciudadanos: moved el culo de una vez y venid a la manifestación. Venid a decir lo que pensáis de los políticos. Además, para qué queremos tantas lenguas si cuando podemos hablar, no hablamos. Y si te pilla lejos porque vives en otro Reino Feudal, seguro que tienes algún amigo -personal o por la redes- que vive por Valencia y nos lo envías.

A los medios de comunicación: siempre os quejáis que la derecha social no se moviliza, quizás sea un buen momento para dar cobertura a este acto para que la derecha se pueda enterar y movilizar.

Personalmente os recomiendo que no hagáis caso a las últimas declaraciones de Draghi porque no son más que “brotes bordes”, son declaraciones con intereses. Los políticos no nos quieren sacar de la crisis, están haciendo que nos acostumbremos a vivir en ella como ha ocurrido en Argentina o en cualquier república bananera.

De esta no vamos a salir porque el cáncer Gallego, Vasco, Catalano-valenciano-balear ha eclosionado y la metástasis recorre todo el territorio español. Aquí sólo cabe la amputación autonómica. De momento y por culpa de las Dinastías Feudales, tus nietos no nacidos ya tienen una hipoteca asignada de por vida.

Gracias por leer y divulgar el Mensaje de Masby, porque entre todos estamos forjando una corriente de opinión libre, fuerte e independiente, porque en Masby no apoyamos Partidos, defendemos ideas.

Información en Estrella Digital : Manifestación Valencia
Información en Mediterráneo Digital : Masby manifestación España 2000
Juan Vte. Santacreu – Coordinador Movimiento Masby

Unidad de Mercado
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital 15 Febrero 2013

La última parida del Gobierno de Rajoy es crear la Unidad de Mercado. Bueno, más bien lo que pretende la Panda Popular es hacernos creer que va a crear la Unidad de Mercado. Lo mismo que ha hecho Wert con la reforma educativa. Una “mierda”.

Y como dicen los andaluces, “¿Y esto, qué es lo que es?”. Muy sencillo, imagina un grupo de países que se unen para que todos sus trabajadores y empresas puedan circular libremente por todos los países del grupo con las mismas normas legales. ¿Te suena? ¡¡Muy bien!! Sabía que lo acertarías; igual que la UE.

Mientras Europa camina hacia la unidad económica, fiscal, laboral, e incluso política, en España vamos hacia atrás
Pero hay algunas cosas que los ciudadanos de a pie deben saber. Lo primero es que un mercado único se proyecta entre países distintos para unificarlos, porque si ya son un sólo país, esto sería una gilipollez. De hecho no encontrarás ningún proyecto de unidad de Mercado en Alemania, Francia, etc. porque por el hecho de ser países ya tienen su unidad de mercado.

Actualmente estamos viviendo una etapa de la historia donde la unificación de fuerzas es crucial en todos los sectores: la economía, tecnología, científica, social, lingüística, empresarial, etc. Por tanto sería incomprensible que una nación optara por planteamientos contrarios a esta tendencia. Por ejemplo, sería aberrante que un país que teniendo una unidad política, territorial, de mercado y lingüística se separara. Pues bien, esto es España.

Mientras Europa camina hacia la unidad económica, fiscal, laboral, e incluso política, en España vamos hacia atrás, y como consecuencia, la situación se está haciendo tan inaguantable que la Panda Popular quiere lavarse la cara con unas normas para aparentar una Unidad de Mercado. ¿Pero en España y antes de las Autonomías no teníamos ya una unidad de mercado, entonces a que estamos jugando?.

Hace ya unos meses que denunciamos en Masby la ridícula situación feudal a la que hemos llegado cuando la Panda Popular optó por canalizar las compras de vacunas contra la gripe a nivel nacional. Sólo con esta pequeña operación nos ahorramos los españoles 31 millones de euros. Pero ¿no sería este el procedimiento normal que tendríamos en España si no tuviéramos Autonomías?

A cada ciudadano le cuesta al año unos 1.000 euros mantener este “trasto autonómico”
¡¡Que no te engañe esta Panda de Políticos!! La principal clave de una unidad de mercado es que un funcionario andaluz, por ejemplo, pueda trabajar de funcionario en Vascongadas aunque no sepa Vascoño, ¿o es que la movilidad y el mercado laboral no son desarrollo empresarial?.

Y justo ahora en medio de esta trágica obra teatral que está escribiendo la historia de España, emerge otro “idiota Monclovita” con la “parida” del año: “Vamos a eliminar duplicidades”. Pues muy bien señor idiota, le tengo que decir que en España no hay duplicidades, en España tenemos “diecisieteplicidades”. Si señor, 17 ministros de justicia, de economía, de sanidad, etc. Sin olvidar claro, a sus 17 Reinonas flokloricas presidiendo las comparsas.

¿Sabes cuál es el coste económico para ti de toda esta farsa feudal? Técnicos de Masby han calculado que a cada ciudadano le cuesta al año unos 1.000 euros mantener este “trasto autonómico”. Un dinero que los políticos te quitan y te crujen con impuestos todos los años para mantener un Estado Feudal. Nunca mejor dicho, feudos con Reinonas, banderas y estandartes. Si todo esto lo asumes sin hacer nada, no te quejes si a mitad de mes ya estás en pelota picada.

España huele muy mal porque la mierda rebosa por el pañal y en lugar de cambiarlo, los políticos se dedican a estirarlo y remendarlo.

PD para imbéciles: Las lenguas es cierto que unen, pero siempre que se hable la misma. ¡¡Imbéciles!!

Así lo pensamos cada vez más ciudadanos y así lo digo.
Juan Vte. Santacreu - en Twitter @JVSantacreu - Estrella Digital

La clase política es la escoria de España
Francisco Rubiales Periodista Digital 15 Febrero 2013

Hasta que los ciudadanos españoles no se convenzan de que la clase política es la escoria de la nación y que lo peor de la sociedad ha tomado el poder, los problemas que envuelven y destruyen el país no podrán curarse. El primer paso para vencer a la enfermedad es reconocerla y, por desgracia, España no ha reconocido todavía que los políticos son el cáncer que la destruye. Millones de españoles idiotizados y sin conciencia acuden a las urnas para votar a unos individuos que no solo no merecen gobernar sino que ni siquiera son merecedores de respeto.

Para convencerse de que los políticos son la escoria de España basta echar un vistazo a la prensa: ministros y miles de cargos públicos corruptos, dirigentes pendencieros que se pelean en las Cortes, sueldos ocultos y patrimonios fantasmas, corrupciones por todas partes, resistencia a dimitir, mentiras, espionaje sucio entre partidos, comisiones ilegales y un larguísimo etcétera que asombra y sobrecoge por la maldad concentrada en las filas del poder político.

Los que piensan y defienden que los políticos son el fiel reflejo de la sociedad, no tienen razón porque la sociedad española es cien veces mejor que sus políticos y gran parte de ella no se dedica a mentir, robar, espiar, ocultar patrimonio, burlar las leyes, abusar del poder y aplastar al adversario. España es uno de esos países que ha tenido la desgracia de que lo peor de su sociedad haya tomado el poder.

Los últimos escándalos de espionaje en Cataluña han conseguido sorprender a un pueblo que ya se consideraba curado de espanto. Todos se grababan y filmaban, todos acumulan dossieres para destruir al adversario. La mafia siciliana, al lado de los políticos españoles, parece una agrupación de aficionados. Ya lo dijo el mafioso ruso Petrov, que quiso corromper a los políticos catalanes de LLoret de Mar y salió aterrorizado, afirmando que le habría salido mas barato cumplir las leyes.

El argumento que esgrimen algunos políticos de que no todos son corruptos y que es injusto generalizar no es válido porque los que no han burlado las leyes ni se han corrompido, han guardado un silencio cómplice y no han acudido a los tribunales para acusar los desmanes, abusos y canalladas de sus compañeros, como era su deber. En Justicia, quien no denuncia un crimen que conoce se convierte en cómplice.

Hay casi un millar de casos de corrupción abiertos o a punto de abrirse en los juzgados, pero esa cifra es ridícula porque las estadísticas dicen que en corrupción suele aflorar siempre menos del diez por ciento de los casos existentes. Hay una ministra bajo seria sospecha (Ana Mato) y un ex ministro que avanza hacia el banquillo (Pepiño Blanco, uno de los cómplices del destructor Zapatero). Pero lo grave es que hay decenas de miles de políticos y ex altos cargos cuyo abultado patrimonio no es explicable.

Los ciudadanos han perdido la fe y la confianza en los políticos y en sus representantes y gobernantes, lo que invalida la democracia y la transforma en una sucia dictadura de partidos y de políticos profesionales.

La única solución al alcance de una ciudadanía marginada, manipulada y maniatada, que no cuenta en la política española, es manifestar desprecio a sus verdugos con pitadas y abucheos y no acudir a las urnas, salvo que sea para depositar un voto en blanco o un voto nulo, mientras el escarnio y la desvergüenza política española no cesen.

Quizás ayuden para tomar esa dura decisión dos argumentos sólidos como la roca: el primero es que ni una sola de las reglas básicas de la democracia se cumple en España, donde no hay separación de poderes, ni una justicia igual para todos, ni libertad para elegir a los representantes, ni castigo para los ladrones corruptos, etc.; el segundo es que el balance que ofrecen nuestros políticos en el poder, después de tres décadas de gobierno es estremecedor y lamentable: España padece los impuestos mas altos y desproporcionados de toda Europa, sin que los ciudadanos reciban a cambio servicios de calidad; han causado el cierre de casi 700.000 empresas y los políticos y sus instituciones y gobiernos son los peores pagadores de la nación, causando estragos entre autónomos y pymes con sus deudas públicas impagadas. Nuestro país ocupa los primeros puestos mundiales en casi todo lo sucio y deleznable: tráfico y consumo de droga, blanqueo de dinero, trata de blancas, prostitución, fracaso escolar, baja calidad de la enseñanza, acogida de mafias, población encarcelada, desprestigio de la clase política, desempleo masivo, avance de la pobreza y un larguísimo etcétera de vergüenzas e ignominias alcanzadas gracias al liderazgo nefasto de una de las peores y mas corruptas clases políticas del planeta.

Voto en Blanco

ARTÍCULO DEL PRESIDENTE Y EDITOR DE LA VOZ DE GALICIA
Contra la descomposición social
SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE La Voz 15 Febrero 2013

Rodando cuesta abajo desde antes de que comenzase la crisis, la bola de nieve de la traición a los españoles ha ido creciendo hasta alcanzar proporciones de lesa patria. Mientras se recetan empobrecimiento y calamidades para la sociedad, la clase política desmerece a su pueblo, enzarzada en los más sucios juegos que anidan en los alrededores del poder y ahora abandonada del favor de la opinión pública.

Es tan bochornoso el espectáculo que presentan que de nuevo surge, como un fantasma, la negativa idea que afloró en los tiempos de la dictadura, cuando muchos se avergonzaban de su nacionalidad. Se avergonzaban no por España, no por los españoles; sino por no querer verse en la misma foto con los que manchan con sus acciones el nombre de su país cada día.

Lo manchan con su injustificable conducta hacia los demás, destrozando el poco músculo sano que le queda al cuerpo social, y lo manchan con el bochorno de su peculiar vara de medir cuando se trata de mirar hacia sí mismos.

En estos años de suicidio económico y político los españoles han visto y sufrido el peor de sus declives desde la llegada de la democracia.

Primero les tocó padecer la crisis financiera, con la desaparición del crédito a las empresas y las familias. Luego tuvieron que rescatar a los bancos con sus impuestos, e incluso pelear por impedir que destruyesen los que estaban más integrados en el territorio, dado que alguien decretó que le estorbaban. A continuación vino, en un castillo de naipes, la muerte de sectores enteros, como el inmobiliario o la obra pública. En seguida, la brutal retención del consumo -que aun continúa agravándose-, por la falta de liquidez de los ciudadanos y las empresas.

Con ello, el derribo de parte de lo conquistado en sanidad, educación y servicios sociales, el sacrificio de los empleados públicos, la caída del comercio, las rebajas de los salarios en todos los sectores, las quiebras y cierres de empresas antes perfectamente sanas, la asfixia de los autónomos, la destrucción de grandes sectores productivos, como el campo o el naval, los impagos, las preferentes, los desahucios. Y como resumen de todo este destrozo, millones de parados.

Millones de personas que no pueden ganarse la vida con su trabajo es la mayor tragedia social que ha vivido España desde la posguerra. Se ha expulsado a la exclusión a generaciones enteras, con casos especialmente sangrantes, como los de los adultos que tienen muy difícil regresar al mercado laboral, y, sobre todo, los jóvenes que, después de haber adquirido la mejor preparación que se haya dado nunca en España, son enviados a la misma papelera donde terminan sus brillantes currículos.

Ese es, pintado someramente, el cuadro que hoy presenta el país. Donde había negocio, quiebra. Donde había trabajo, desempleo. Donde había oportunidades, desierto. Donde había creatividad, desánimo. Donde había esperanza, miedo. Donde había actividad, vacío. Donde había optimismo, desazón.

Todo ha cambiado desde que en el 2007 algunos advertíamos ya de lo que se venía encima, mientras otros, bien instalados en el poder, hacían juegos malabares con las palabras y no solo se negaban a ver el iceberg, sino que presumían de habernos regalado la economía más sólida de Europa. No fue solo una equivocación: es casi un delito haber dejado caer el país hasta el fondo del pozo, y seguir empujándolo ahora un poco más abajo con cada decreto-ley.
Hoy, todo está desmoronado o en trance de hacerlo. Ni la institución de la Corona se ha librado de los desmanes y del declive, a merced de aprovechados que perdieron el sentido de servicio y el respeto por la responsabilidad que se había puesto en sus manos. Donde se mire, aparecen casos y más casos de este derribo de la ética.

No se encuentra en el comportamiento de los partidos políticos -sean del color que sean-, náufragos hoy en el mar de la corrupción. No aparece tampoco en las organizaciones sindicales, financiadas con dinero público sin control, pese a que algunas se han apuntado irreflexivamente a la política de cuanto peor, mejor. Tampoco se halla en los órganos empresariales, desacreditados por escándalos en cadena. Ni siquiera se observa en instituciones antes respetables, como el Poder Judicial o el Banco de España. Ni en quienes en altas instancias toman decisiones interesadas, como dejar al país sin Iberia o malvender empresas rentables por un euro.

En este tiempo de calamidad económica, corrupción política y asco social, todo ha cambiado a peor.

¿Todo? No. Todavía hay un sector bien nutrido donde no ha pasado nada. Donde el inmovilismo es total; el despilfarro, la norma, y las prebendas, moneda de curso alegal. Es la Administración, que se ha convertido, por encima de su verdadero objeto, en el comodísimo refugio de la clase política.

Su estructura sigue intacta, su derroche no reconoce crisis -salvo si es para repercutirla en recortes a los ciudadanos- y los negocios que se generan a su sombra, por lo que se ve, permiten acumular grandes fortunas en paraísos fiscales.

Miles y miles de ayuntamientos con sus alcaldes y concejales, comunidades autónomas infladas de agencias y chiringuitos, órganos de propaganda política pagados con dinero público, instituciones redundantes que se solapan y se estorban, diputaciones que se dedican a repartir favores contados en miles de euros, Cámaras como el Senado absolutamente inservibles, donde sobran desde sus traductores a sus cargos electos.

Si en España se acometiese una reforma racional de la Administración, todo ese dinero que se esquilma al contribuyente para atender la usura de la deuda financiera podría ahorrarse sin que el servicio al ciudadano se resintiese en nada. Pero ese paso, tantas veces reclamado desde esta tribuna, parece aún muy lejos de darse. No interesa a quienes se lucran del estado actual, en el que tantos encuentran acomodo y mueven sus cuentas simulando que se esfuerzan por beneficiar a la sociedad.

Los últimos escándalos conocidos revelan muy a las claras el doble juego. Y avergüenzan a España entera. ¿Puede esperarse alguna vocación de servicio por parte de quienes amasan fortunas salidas, no del trabajo ni de la iniciativa empresarial, sino de las comisiones ilegales con las que se compran contratos que pagarán los contribuyentes?

Si la crisis económica ha traído al país la mayor calamidad en tiempo de paz, la crisis política que vivimos amenaza con instalarnos ante el peor de los escenarios: el de la descomposición social.

No ha habido nunca en la historia nada más grave que esa fractura, porque rompe la solidaridad, hace aflorar antagonismos insuperables y es el caldo de cultivo perfecto para las mafias y los falsos salvadores que solo procuran su beneficio.

España debe curar sus dos heridas. La que ha traído la pobreza al país y la que ha acabado con la confianza en las personas elegidas para gestionar los asuntos públicos. Ya no es posible intentar arreglar una sin atender la otra. Y es urgente.

Es urgente limpiar la vida pública española haciendo responder de sus actos a quienes se hayan aprovechado ilícitamente. Es urgente dar la cara ante la sociedad y someterse al interrogatorio público. Es urgente que las principales fuerzas políticas del país inventen de una vez la palabra transparencia y se la apliquen en primer lugar. Es urgente que limpien sus casas y que las enseñen relucientes. Es urgente pasar página a los proyectos fracasados y renacer con caras nuevas y con ansias nuevas.

Es urgente reformar la Administración: acabar con las ineficiencias y el enchufismo y ponerla verdaderamente, menos obesa y más ágil, al servicio de los ciudadanos y sus iniciativas. Es urgente pulir la Constitución para acabar con los intentos secesionistas y las tensiones artificiales.

Y es urgente, sobre todo, impulsar el cambio económico. Dejar de seguir los dictados de los especuladores financieros, recurrir al talento que agoniza inane en el país y lanzarnos de nuevo a crear y ofrecer.

Ante tanta vergüenza, muchos han optado por darse de baja de toda esperanza. La gente noble, no. Y esta Casa estará siempre con ella. Denunciando y reclamando a los que incumplen o traicionan. Y abanderando siempre a los que, en medio de la tempestad y la mar arbolada, luchan por salvar su barco. Donde no solo van los que no lo merecen. También vamos nosotros.

Rajoy no controla nada
PABLO SEBASTIÁN www.republica.com 15 Febrero 2013

Un presidente del PP como Mariano Rajoy que se ha demostrado incapaz de poner orden en su propio partido (ni ahora, ni antes) el PP, tampoco puede poner orden en el Gobierno de España ni de asumir una liderazgo nacional en plena crisis económica y social, con las instituciones patas arriba y en medio del gran festival de la corrupción a borbotones, de las escuchas ilegales (se dice que afloradas ahora por Interior para ocultar el caso Bárcenas), y los escándalos bancarios -que son dinamita social- y de todo orden que están provocando una oleada de furia ciudadana, y con razón, que ya veremos por donde sale y como explosiona.

A Rajoy España se le va de las manos por su incapacidad y miedo a tomar decisiones. No solo es incapaz de enfrentarse a la crisis de su partido por el caso de Bárcenas -nombre que no se atreve a pronunciar-, donde está implicado personal e institucionalmente como dirigente y presidente del PP (2004/2013), sino que cada día que pasa las rectificaciones y contradicciones de sus primeros dirigentes del partido están dejando a la intemperie a Rajoy, y dan avales al discurso y denuncia de la doble contabilidad publicada por el diario El País, la que emana del propio Bárcenas quien, ahora, y para colmo y asombro de todos y en plena alarma social, disfruta de unas vacaciones en las pistas de esquí de Vancouver (Canadá).

Al espectáculo del PP se suma el del PSOE, con Felipe González arropando a Rajoy, después de haber declarado Rubalcaba que, antes de pedir la dimisión de Rajoy, él habló con González y con Zapatero. Y con los escándalos de José Blanco y del alcalde de Sabadell, por el que puso la mano en el fuego el primer dirigente del PSC, Pere Navarro, lo que sumado a la gran rebeldía del PSC frente al PSOE, apoyando el referéndum de autodeterminación catalán, que es ilegal, debería obligar a los socialistas a provocar una ruptura inmediata con el PSC y a presentar su propias siglas del PSOE en Cataluña. Pero el débil liderazgo de Rubalcaba no tiene mucho que envidiar la parálisis de Rajoy (y que les vamos a contar de los escándalos de los políticos nacionalistas catalanes que a nadie tienen, tampoco, nada que envidiar).

Tenemos a un Rajoy que, para justificar sus miedos e incapacidad política para tomar decisiones, huye y trivializa todos los grandes problemas nacionales. Dice del independentismo catalán que es una algarabía, o que el caso Bárcenas son meros “enredos y dimes y diretes”. Y se muestra incapaz de poner orden en el Gobierno, en el PP e incluso en el palacio de la Zarzuela, donde el Rey Juan Carlos (que pretendía viajar a Marruecos sin venir a cuento de nada y para hacerse unas fotos) ha sufrido un nuevo percance (hernia de disco), lo que le puede llevar al quirófano de nuevo y le debería de obligar, de una vez por todas, a retirarse a descansar en lugar de hacer “bolos” para inútiles campañas de imagen (cuanto más sale peor para él, en las actuales circunstancias nacionales) que además sin una fracaso como se vio en la bronca de la final de la Copa de Baloncesto en Vitoria.

Estamos en situación de creciente emergencia y crisis nacional, sin que en el horizonte sea vea ni liderazgo ni alternativa, como no se ve en el PP un plan “B” para el caso de un “desmayo” final de Rajoy. Quien, entre otras cosas está en manos de Bárcenas, como la familia Real -empezando por la infanta Cristina- está a la intemperie en el caso Urdangarin y en manos de Diego Torres, el que además podría dejar en evidencia al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por presunta malversación de fondos en la alcaldía de Madrid. Con lo que, en compañía de Ana Mato, ya tenemos a dos ministros tocados por los escándalos y a Rajoy a expensas de lo que pueda hacer el “innombrable” Bárcenas.

¿Qué va o puede pasar? Pues de todo. Las medidas de reformas en el ámbito municipal que ayer anunció el Gobierno parecen de interés (veremos quién quiere ser ahora concejal) pero semejante iniciativa, como la de ayuda al paro juvenil, se pierde en el mar proceloso de la corrupción nacional y de esa sensación de vacío de poder que ofrece el ausente Rajoy. Al que arropan, un tanto a la desesperada, los poderes fácticos del país, pero sin demasiado convencimiento porque esos mismos poderes saben muy bien que este presidente no está a la altura de las circunstancias, y lo que es peor tampoco parece capaz de reaccionar como debiera. Y menos cuando está en entredicho su propia honorabilidad.

El infame pacto de silencio
EDITORIAL www.gaceta.es 15 Febrero 2013

Con la lentitud que caracteriza a las actuaciones judiciales en general, y en materia de corrupción política en particular, el llamado caso Campeón parece que ha dado otro pequeño paso adelante: el magistrado instructor, José Ramón Soriano, propondrá a la Sala Penal que solicite cuanto antes al Congreso de los Diputados el suplicatorio de Blanco para su procesamiento por tráfico de influencias, al haber intercedido ilícitamente en favor de su amigo José Antonio Orozco en sus relaciones con la Administración autonómica catalana. Este asunto pone en conexión (aunque no necesariamente procesal) las irregularidades gallegas del caso Campeón y las andanzas catalanas del empresario Dorribo, al que ahora se suma Blanco, ex vicesecretario general del PSOE y ex ministro de Rodríguez Zapatero.

Hoy nos tenemos que ratificar en lo que pedíamos ayer aquí mismo: una Justicia rápida e independiente, en un tiempo en que se abre un cajón y emerge un caso de corrupción política, que es siempre, como se sabe, económica también. Por alguna razón difícil de explicar, los partidos políticos se ceban en las críticas a sus competidores en cuanto aflora una noticia sobre manejos corruptos, creyendo que de este modo se defienden mejor de las acusaciones de lo mismo que lanzan sus rivales sobre ellos. Parecen no advertir que con este proceder sólo contribuyen a agrandar el abismo que los separa de una ciudadanía atónita e irritada que ya no cree a nadie, y que cada vez que oye decir que se trata de casos aislados aumentan su irritación y sus ganas de generalizar.

Por desgracia, en este tipo de asuntos España no es una excepción. En todas partes han saltado, y saltan, casos de políticos corruptos que buscan enriquecerse prevaliéndose de su situación de privilegio. Y en todas partes, también, reaccionan de manera parecida: puesto que las prácticas corruptas son generales, de lo que se trata no es de que cesen por completo y se castigue a los culpables, sino de que no lleguen al conocimiento público: lo malo no es sobornar o ser sobornado; lo malo es que se sepa. Mientras sus manejos no salten a los medios –y, consecuentemente, a los tribunales–, todo irá bien.
Pero cuando se abre la caja de Pandora, el pacto no escrito de silencio se hace añicos, y es entonces cuando los partidos se acusan recíprocamente, casi siempre con razón, como estrategia de defensa: nosotros lo hemos hecho, pero ellos también. Y ustedes, ciudadanos, al final tendrán que acabar votando a alguno de nosotros. ¿Creerán que eso puede durar siempre?

Justicia sensible con el nacionalismo
Antonio-F. Ordóñez www.vozbcn.com 15 Febrero 2013

Los que nos dedicamos profesionalmente como juristas en Cataluña venimos observando como los tribunales vienen deslizándose, de un tiempo a esta parte, por una pendiente comprensiva con los postulados más excluyentes del nacionalismo catalán aun a costa de realizar, a menudo, interpretaciones groseras y abiertamente en conflicto con la letra y el espíritu de la Constitución, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con la doctrina legal establecida por Tribunal Supremo (TS), órgano jurisdiccional superior español en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

No se esconden de ello ni lo niegan; más bien, al contrario, sacan pecho virtuoso a costa de los ciudadanos que ven pisoteados sus derechos. No en vano, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, así lo manifestó, haciendo suyo el lenguaje políticamente correcto establecido, en un reciente programa de la televisión pública catalana el pasado 21 de enero (se puede ver en el minuto 28:20):

“El TSJC […] es muy sensible con todo lo que se refiere a la lengua y a la enseñanza; y siempre ha defendido tesis –que no siempre le han sido respetadas por el Tribunal Supremo, todo se ha de decir- propiciatorias del catalán con carácter general”.

Este tribunal –en pleno- fue el que hace, aproximadamente, una año dictó un auto muy favorable a las tesis nacionalistas en materia de inmersión lingüística obligatoria en catalán, en ejecución de una sentencia del TS, que el catedrático de Derecho constitucional de la UAB Francesc de Carreras calificó atinadamente de ‘elusivo’:

‘Soluciona conforme a derecho un problema individual, dando la razón al padre de los alumnos, pero elude su responsabilidad de dar una solución general al conflicto planteado, al no imponer a la Generalidad el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar derechos sin tener que acudir a los tribunales caso por caso, una carga excesiva que no es justo atribuirla a los ciudadanos’.

Esta resolución está ahora recurrida al TS y a la espera de fallo definitivo (recordemos que el caso proviene del lejano 2006). Es de desear que se corrija la excesiva sensibilidad demostrada -auténtica desviación, en mi opinión, de sus funciones- que el órgano jurisdiccional jerárquicamente dependiente hizo de la resolución de aquél, habiéndose debido limitar a ejecutarla, es decir, ‘haciendo cumplirla íntegramente en sus propios términos’.

Es el mismo TSJC que en una sentencia de 2012 hizo una interpretación restrictiva de la legitimación activa de las asociaciones cívicas no nacionalistas en su acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa, señalando que no era suficiente ‘la defensa del ejercicio del bilingüismo lingüístico efectivo por parte de la asociación recurrente para entender acreditada la legitimación, ya que no es suficiente la obtención de una recompensa de orden moral o solidaria o el beneficio de carácter cívico o de otra índole, pues en realidad una posible sentencia estimatoria no habría de producir utilidad alguna ni perjuicio de ninguna clase en la esfera jurídica de la recurrente ni en la defensa de sus componentes al no actuar en defensa de sus intereses individuales’.

Igual de peligroso o más, en esta deriva nacionalista de la justicia en Cataluña, es el constatar lo que ocurre en algunos juzgados de lo contencioso-administrativo. Recientemente, el número 1 de Gerona, pese a anular la decisión de su ayuntamiento de fletar trenes para acudir a la manifestación secesionista del pasado 11 de septiembre, se arrogó la función de opinar, de forma inaudita y completamente inapropiada, sobre el recurso interpuesto tirando de las orejas nada más y nada menos que a la delegada del Gobierno en Cataluña:

‘Ahora bien, lo que no puede ser tampoco obviado es que este intento de utilización de las instituciones con la intención de conseguir beneficios de carácter político o electoral, aunque finalmente se demuestren erróneos, se da también en la conducta de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que con el pretexto de defender la legalidad, interpone recursos como el presente, derrochando recursos humanos y económicos de los órganos judiciales, con conocimiento de la escasa, por no decir casi nula trascendencia jurídica de su resultado, la cual es evidente, ya que, además, no se han afectado recursos ni dinero público de ningún tipo y que, incluso los beneficios obtenidos han sido donados al banco de los alimentos’.

También existen, por el contrario, juzgados que aplican, estrictamente, el derecho vigente -de forma aislada y casi heroica diría-, como el único contencioso de Lérida que al anular una multa del Ayuntamiento de Barcelona señalaba: ‘Lo que vulnera la legalidad vigente no es dirigirse al ciudadano en lengua catalana, sino imponer esta cuando el ciudadano ha elegido libremente la lengua castellana’.

Dirán ustedes que caben distintas interpretaciones del texto de la ley y hay verdad en ello. Sin embargo, la diferencia estriba en que quien se somete a los postulados nacionalistas asumiendo la inequidad, vive digamos sin problemas su ejercicio profesional. En cambio, este último juez opuesto abiertamente a sus tesis, rápida y sorpresivamente ocupó espacios en los medios subvencionados por el poder público autonómico en mano de los nacionalistas -la inmensa mayoría- con titulares tergiversadores del tipo ‘nuevo golpe de la justicia española al catalán’ y vio –acaso sin relación alguna con lo anterior- como el TSJC pedía para él una sanción ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mención aparte merecen los jueces del establishment que aparecen, recurrentemente, en los medios de comunicación controlados por el nacionalismo. Destaca, entre ellos, Santiago Vidal -magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona- que, por poner un ejemplo reciente, manifestó -en el seno de unas conferencias organizadas por la subvencionada y secesionista Asamblea Nacional Catalana (ANC)- que la justicia española es “una justicia fea, gris, obsoleta y que se administra en castellano”. Añadiendo que si Cataluña se independizase “de la justicia española se tendrá que cambiar todo, podremos aprovechar muy pocas cosas”.

En este juego perverso en el que se entremezclan los poderes del Estado, obviando la división e independencia que desde Montesquieu es rasgo diferenciador de la calidad democrática que caracteriza al Estado de derecho moderno, algunos partidos políticos de ámbito estatal también deben asumir su parte de culpa. Aún me estoy preguntando por qué el PP no recurrió en casación ante el TS la victoria pírrica que supuso la estimación parcial de su recurso contra el Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona, donde, en un ejemplo perfecto de esa especial sensibilidad a la que hacía alusión el presidente del TSJC, entre otras cosas, se llega a afirmar que el bilingüismo no es exigible, ‘ahora bien, se trata de una opción perfectamente posible desde un punto de vista jurídico, opción que permite el uso absoluto de una lengua sin cuestionar el uso normal de la otra lengua’. ¿Alguien puede explicarme cómo demonios el uso ‘absoluto’ de alguna cosa, puede permitir el uso ‘normal’ de otra? ¿No se ha dado cuenta el alto tribunal que salvando un reglamento inconstitucional se abría la puerta a los abusos que vienen sufriendo los empleados públicos y los ciudadanos en su relación con la administración municipal? ¿O se hizo, precisamente, por ello asumiendo como inevitable la hoja de ruta nacionalista monolingüe? ¿Dónde estaba el PP; tacticismo político a costa de los derechos de los castellanoparlantes en Cataluña, por enésima vez?

Dejo para el final mi propio caso. Se han presentado, a título personal o en el seno de la asociación Alternativa Ciudadana Progresista, de acuerdo con sus estatutos, varios contenciosos administrativos contra diversas actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona que evidencian la exclusión sistemática y programada del español dentro del consistorio. El primero, que hacía referencia –entre otras cosas- a la prohibición de uso de esta lengua en los teléfonos municipales me ha llevado después de más de dos décadas de ejercicio como abogado a tener, por primera vez, que presentar una queja formal ante el CGPJ. Sendas vistas del recurso, previstas para principios y finales del pasado año, fueron extrañamente suspendidas por razones siempre ajenas a este humilde recurrente. El derecho fundamental que reconoce la Constitución a un proceso sin dilaciones indebidas puede haber sido vulnerado y, en todo caso, el asunto denunciado no será revisado, en el mejor de los casos, hasta el año 2014; ¡tres años después de interpuesto recurso!

“Hoy en día para un juez es más fácil progresar si apoya la corrupción que si la combate”, decía, recientemente, un miembro español de la junta directiva de Transparencia Internacional. Hagan ello extensible si el apoyo se refiere a los intereses predominantes en nuestra Comunidad Autónoma. Uno tiene la sensación de que la línea fina que separa la sensibilidad de la prevaricación sólo acaba beneficiando, en estos tiempos de desafío secesionista, al poder hegemónico; en Cataluña, el nacionalista.

Los trabajadores y ciudadanos sólo pedimos, al acudir a la Justicia que emana del pueblo, un veredicto justo y que el juez que resuelva nuestro caso lo haga libremente, de acuerdo con su leal saber y entender, ejercitando la potestad jurisdiccional que tiene encomendada; más allá de las presiones de cualquier tipo a las que pudiera ser sometido, para que a diferencia de aquel personaje de ficción -Dr. Ernst Janning (eminente jurista, ministro de Justicia y juez acusado en los juicios de Nuremberg por crímenes nazis)- de la inolvidable película, ¿Vencedores o vencidos?, no tenga que reprocharse algún día, para acallar su conciencia, que “jamás supuse que se iba a llegar a eso”.

Antonio-F. Ordóñez Rivero es letrado e inspector de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona y miembro de Alternativa Ciudadana Progresista

Más que una ponencia
EDITORIAL El Correo 15 Febrero 2013
El Parlamento vasco no puede quedar solapado por otras instancias e iniciativas a la hora de dictaminar sobre el final de ETA

La decisión de constituir una ponencia parlamentaria de Paz y Convivencia que continúe los trabajos desarrollados en la anterior legislatura hizo que las cinco formaciones representadas en la Cámara vasca evidenciaran, nuevamente, el enorme abismo ético que distancia a quienes condenan el pasado terrorista -y reclaman la asunción del daño causado por parte de quienes lo infligieron o secundaron- respecto de una izquierda abertzale que insiste en llevar a las instituciones la hiriente 'verdad' que encierra su encubrimiento del mal. Pero una vez escenificada la diferente actitud con la que cada una de esas cinco formaciones contempla la creación de la mencionada ponencia corresponde especialmente a sus principales promotores -el PNV y el PSE-EE- perfilar con la máxima claridad cuál va a ser su cometido.

La ponencia parlamentaria de Paz y Convivencia debiera ser el ámbito institucional competente para aunar criterios y procurar el máximo consenso sobre la normalización democrática, así como a elevar a la consideración de la Cámara dictámenes que, previa aprobación por parte de su pleno, se hagan políticamente vinculantes para el Gobierno vasco en esta materia. Sin embargo es de temer que la instancia parlamentaria se convierta, como consecuencia de las desavenencias entre sus integrantes, en un foro de expresión de pareceres solapado entre las actuaciones que lleve a cabo la secretaría general de Jonan Fernández, el papel de 'mediadores internacionales' cuyo concurso no obedece -que se sepa- a una solicitud institucional y las iniciativas que por su cuenta puedan auspiciar o apoyar las distintas formaciones parlamentarias. La inquietud expresada por el PP y por UPyD de que la ponencia acabe haciendo suya la agenda del olvido que promueve EH-Bildu no es una prevención desdeñable. Pero para que tal supuesto no se dé resulta necesaria la participación activa en la ponencia de todos los grupos parlamentarios.

CATALUÑA
Método 3 (por ciento)
Raúl Vilas Libertad Digital 15 Febrero 2013

Primer acto
–Pasqual Maragall (presidente de la Generalidad de Cataluña): Ustedes tienen un problema, y este problema se llama tres por ciento.

–Artur Mas (jefe de la oposición, CiU): Para hacer estas cosas importantes es muy necesario que un cierto círculo de confianza entre ustedes y nosotros siga existiendo, (...) y no se rompa, y con su última intervención esto se rompe. Usted envía la legislatura a hacer puñetas. Supongo que es consciente de ello, y le pido formalmente que retire esta última expresión.

–Maragall: Accedo a su demanda por una sola razón, porque usted acaba de decir una cosa muy importante, que interesa más el país que todo lo que nos ha dicho antes (...)

–Mas: Yo le agradezco, señor Maragall, esta rectificación que es buena, no le humilla en absoluto.

Segundo acto
Semejante diálogo entre jefe de Gobierno y jefe de la oposición, por increíble que parezca, no tiene ningún efecto político. El 3 por ciento muta en 4 por ciento cuando estalla el caso del Palau de la Música. Los escándalos se multiplican, pero nada rompe la paz del Oasis. Partidos –salvo un pequeño pero irreductible grupo de Ciudadanos–, jueces, prensa ocultan sistemáticamente la corrupción. La tapadera primero se llama estatuto, después pacto fiscal, finalmente derecho a decidir. O sea, la independencia. Los periódicos publican editoriales únicos. La Policía (española) descubre cuentas millonarias de la familia Pujol y de Mas en paraísos fiscales. Nadie asume responsabilidades. Nadie las exige. La prensa calla. Sólo aplaude. Se suceden campañas electorales. Sólo hay un mensaje. España nos roba. A todos.

Tercer acto
Dos años antes (julio de 2010) Sánchez Camacho come con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Las acusaciones son gravísimas, pero la líder del PPC calla. En la mesa había un centro floral. Dentro un micrófono. La conversación se graba. El restaurante es La Camarga, frecuentado por políticos de todo pelaje. El micrófono es de la agencia Método 3. La detective es amiga de José Zaragoza, hombre fuerte del PSC. El micro siguió allí. Y las cámaras de vídeo. Y no sólo allí. Nadie conoce a Método 3 pero todos contratan sus servicios. CiU. PSC. PP. También el Barça. Mes que un club. Quinientos dosieres sobre políticos, empresarios, personalidades y destacados miembros de la sociedad civil. Todo se sabe, nada se dice. El Oasis, la omertá. Cataluña nos graba. A todos.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
La barra libre se acabó: hachazo a los desmanes de los ayuntamientos
El Semanal Digital 15 Febrero 2013

La fiesta toca a su fin en el municipalismo, aunque con más retraso que en el Estado y las CCAA. Ocho de cada diez concejales no cobrarán y a los alcaldes se les limitará el sueldo.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de ley de la tan traída y llevada reforma de la Administración Local, que no ha conseguido poner de acuerdo a los dos principales partidos y que además ha provocado tensiones con el municipalismo.

En la rueda de prensa posterior, Cristóbal Montoro afirmó que la reforma consolida el rol que desempeñan los consistorios y, sobre todo, clarifica sus competencias, ahora en colisión en muchas ocasiones con las autonómicas, provinciales e incluso estatales. Se trata, a juicio del ministro de Hacienda, de "una de las reformas más ambiciosas que se han hecho en España y de las más esperadas en términos de la estructura de la Administración del Estado".

Entre las medidas que incluye figura una que a buen seguro dará que hablar: una vez esté aprobada la ley, sólo el 18% de los concejales cobrarán por su trabajo como tales. El 82% restante no. Ello es debido a que se limitará el número de ediles con dedicación exclusiva.

En cifras, 12.188 de los 68.285 ediles españoles tendrán remuneración. Los demás no, con lo que tendrán que compaginar su labor política con su profesión. Entre estos últimos figuran todos los que lo son en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Además, la reforma fijará una tabla de sueldos para los alcaldes que irá en función de la población de la localidad. En ningún caso su salario será superior al de un secretario de Estado, que ronda actualmente los 100.000 euros brutos anuales. Y habrá una reducción del número de concejales de la que no se librarán las dos grandes ciudades: Madrid pasará de 57 a 45 y Barcelona 41 a 32.

Como principio general se definen "de una forma precisa" las competencias locales y se evitan las duplicidades. En suma, apuntó el ministro, la reforma supone "avanzar en el municipalismo. No es quitar competencias a los ayuntamientos, porque entendemos que no debe de ser así".

La diputación provincial será como "un gran gestor" de los municipios más pequeños, que son la mayoría. Quedará prohibido crear nuevas empresas públicas, se suprimen las que dependen de otras entidades y las actuales deberán sanearse. Por otra parte, Montoro anunció que el desarrollo de la futura ley será acompañado de la financiación local que corresponda, "lo que lo normal y lo coherente".

El Gobierno ha hecho número y calcula que la reforma puede suponer un ahorro de 7.129 millones de euros, 5.500 de los cuales serán fruto de la clarificación de competencias y de la eliminación de duplicidades. Además, la supresión de mancomunidades y entidades locales menores (aquellas que no cumplan unos mínimos de eficiencia y calidad) permitirá ahorrar 73 millones de euros, otros 145 millones la reducción de personal eventual y de cargos locales y 1.397 millones más la limitación del sector público local.

La oposición no ha tardado en manifestar su rechazo a esta reforma. Los socialistas sostienen que con ella se inicia "la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos" e Izquierda Unida la ha llegado a tildar de "golpe institucional" para acabar con la autonomía local con la falsa excusa de la austeridad. Es más, los de Cayo Lara ya han empezado a llamar a una "rebelión municipalista" para frenarla.


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Desafío
MIQUEL PORTA PERALES ABC Cataluña 15 Febrero 2013

«¿Por qué el Gobierno se ve obligado a presentar recurso de inconstitucionalidad? Porque el Govern se empeña en jugar a ser Estado»
El Gobierno -después del escrito de la Abogacía del Estado- solicita el informe previo preceptivo al Consejo de Estado antes de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Declaración de Soberanía del Pueblo de Cataluña. Sí, la declaración que «por razones de legitimidad democrática» otorga «carácter de sujeto político y jurídico soberano» al «pueblo de Cataluña». ¿La reacción del Govern? Previsible: que si un atentado contra la democracia, que si el Estado prohíbe la expresión democrática del pueblo catalán, que si leyes y constituciones no pueden impedir el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Lo de siempre: una buena dosis de victimismo aderezado con trazas de demagogia y populismo.

A estas alturas -la legalidad vigente dice lo que dice y la Declaración y lo que conlleva solo sería viable previa reforma de la Carta Magna-, pocas dudas hay sobre la inconstitucionalidad de la mencionada Declaración y del referéndum o consulta que eventualmente pueda organizarse sobre la independencia de Cataluña. En cualquier caso, el Alto Tribunal -podemos dar casi por seguro que el Gobierno presentará el recurso de inconstitucionalidad- fallará lo que deba. Más allá -o más acá- de la legalidad está la política. Veamos. ¿Por qué el Gobierno se ve obligado a presentar el recurso de inconstitucionalidad? Porque, el Govern se empeña -continúa empeñado- en jugar a ser Estado. Es decir, se obstina en superar los límites propios de una Comunidad Autónoma del Reino de España. Ante tamaño desafío -la secesión-, el Estado reacciona. Y lo hace reclamando el cumplimiento de la ley. Ni más ni menos. ¿Qué puede ocurrir? A corto plazo, la reunión prevista -secreta, dicen desde la Generalitat: si es secreta, ¿por qué se publicita?- entre Mariano Rajoy y Artur Mas puede fracasar. Quizá sea lo que busca el Govern. Y es que un nuevo portazo -la culpa, como siempre, del Estado- le vendría de perlas a un Govern asaetado por los cardos del jardín en que se ha instalado.

'Transición nacional' a la carta: derecho, pero no deber, de decidir
Álvaro Robles Cartes* El Confidencial 15 Febrero 2013

La declaración del Parlament por la que reclama la soberanía catalana ha constituido un tropezón nacionalista, aunque a la vez sea el preludio de no lejanas victorias para su causa.

En mi opinión, el pequeño descalabro de la declaración no tiene que ver con su inconstitucionalidad -intrascendente victoria legal que el Gobierno se apresta a cobrar ante el Tribunal Constitucional-, sino con la propia premisa de la que nace y en la que no siempre se repara. Artur Mas reclama la consideración de soberanía del pueblo catalán, al que dota de estatus nacional e identifica con el conjunto de ciudadanos que vive en la comunidad autónoma de Cataluña. Abandonar la aspiración de los Países Catalanes como sujeto de soberanía (con Baleares, Valencia, etc. ) para defender los derechos de la CCAA es un triunfo constitucional en sí mismo. Pero además:

1. El refrendo parlamentario no llegó a superar los 2/3 de la Cámara; un umbral importante, no por exigirse rebasarlo para modificar la Constitución (en España y por tanto también intuitivamente en el electorado que lo reclame ), sino porque es el requerido para reformar el propio Estatut catalán, la máxima norma autonómica que limita las consultas a la población catalana a las que autorice el Estado. ( Ver arts. 122, 222 y 223 del Estatut y 149.1.32 de la Constitución )

2. La romántica declaración esencialista impulsada por el Gobierno coincide en el tiempo con una declaración realista, voluntaria y expresa de dependencia, cual es la petición de 9.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómico. A diferencia de las CCAA de Madrid, Galicia o Navarra, los mercados financieros están cerrados para Cataluña, lo que equivale a certificar su actual inviabilidad.

La causa nacionalista puede carecer de argumentos pulidos, de cerebros privilegiados e incluso de apoyo suficiente, pero nadie podrá negarle la monotemática persistencia de sus abanderadosEl problema del encaje catalán en España no es un problema jurídico, sino histórico y socioeconómico. Un problema al que, como es sabido, conviene tener bien alimentado pues de él vive la élite que hoy gobierna Cataluña. Ilustrar a un independentista lo inconveniente de sus reivindicaciones por no ser compatibles con la Constitución del Estado dominante -por mucho que fuera votada por más de un 90% en Cataluña- no da demasiado de sí. Abundar en ello es tan ocioso como recordar al cónyuge en trance de separación la indisolubilidad divina del matrimonio.

El Gobierno de España tiene otras prioridades y urgencias. Sus mejores cabezas no están para delinear la estrategia contra el secesionismo. Remitidas las urgencias, la carpeta catalana ha vuelto al archivador, cuando debería estar permanentemente sobre la mesa. La causa nacionalista puede carecer de argumentos pulidos, de cerebros privilegiados e incluso de apoyo suficiente, pero nadie podrá negarle la monotemática persistencia de sus abanderados. Una generación de políticos obsesionada por desplazar unos cuantos metros arriba el campamento base en la permanente ascensión a la cumbre nacional y a la que dedican, como un abnegado gasolinero, 24 horas, 7 días a la semana, su trabajo y desvelos.

Mas aprende de Ibarretxe; Madrid no aprende de Londres

La ascensión por la cara descubierta del monte Independentzia protagonizada por Ibarretxe terminó mal. Con la kordada del PNV rota, el plan ridikulizado en el Congreso, y con la promoción del propio Ibarretxe como director de los destinos del prestigioso lehendakari Agirre Center en USA. Ni Mas ni CiU quieren eso.

La súbita entrada en razón del PSC, probablemente cinco minutos antes de que Rubalcaba autorizara la nueva sede del PSOE en la misma calle Nicaragua, ha permitido modificar el itinerario del Govern. Mas ha visto interrumpida la escalada legal de sus aspiraciones, rebajadas en el medio plazo hasta "el derecho a decidir", antes de tener la legitimidad suficiente de su Parlamento. Eso es bueno y es malo.

Mas ha visto interrumpida la escalada legal de sus aspiraciones, rebajadas en el medio plazo hasta "el derecho a decidir", antes de tener la legitimidad suficiente de su parlamentoEl secesionismo puro (CiU sin Unió +ERC + una parte de ICV+ CUP y otros) tal vez alcance hoy el 45% del voto. Una campaña informativa que explicara la irreversibilidad del proceso, la salida de Europa y las posibles consecuencias económicas -entre ellas la constatación de que hoy Cataluña no es viable financieramente-, haría bajar ese porcentaje. El ejemplo escocés que utilizan los independentistas puede verse al revés. Cuando Londres ha tomado en serio la oferta, ha explicado al votante las consecuencias de la separación (monarquía, moneda, política exterior, defensa), informado del nuevo estatus legal escocés ("el mismo que Sudán del Sur"), y ha participado en la redacción de la pregunta, anticipando su calendario, los partidarios de la secesión han bajado hasta el 23%. El premio tras la votación es que el Reino Unido evitará discutir sobre la cuestión escocesa los próximos años. Congratulations!

En lugar de eso, Mas, Junqueras y el nuevo Consejo para la Transición Nacional (¿!) encontrarán el modo de realizar una consulta o encuesta alegal. Un referéndum de la señorita Pepis sin otro valor que el del autoconsumo interno. No necesitan más. Madrid no va a poder parar una consulta patriótica a la que se le dará el nombre adecuado, donde la pregunta a contestar unirá Cataluña a Europa en lugar de separarla, donde participarán niños, en el que las garantías de conteo están por determinar y donde -al no haber consecuencias reales- predominará un espíritu lúdico y provocador entre los votantes. Con esos mimbres no es extraño que la consulta arroje una mayoría que paradójicamente no ha conseguido el Parlament en relación al derecho a decidir. El independentismo conseguiría un respaldo mítico que acompañaría a la cota de los supuestos 1.600.000 manifestantes de la última Diada y que serviría para apuntalar sus aspiraciones sobre una base cuantitativa contundente, superior a la que obtendría en cualquier consulta legal. La estricta aplicación de la ley, la enésima declaración de inconstitucionalidad o la detención de sus promotores sólo agrandará la victoria. Sin fractura social, pacíficamente, sin insultar, captando la atención y simpatía internacional y realimentando el victimismo interno, el nacionalismo independentista, debilitado y dependiente vislumbra un triunfo histórico con el que reverdecer las gestas de hace 300 años… y poner el marco a una nueva convocatoria electoral. ¿Les saldrá bien esta vez?

*Álvaro Robles Cartes es economista y consultor político y de comunicación.


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