AGLI Recortes de Prensa   Domingo 24  Febrero 2013

España sin pulso
José Jiménez Lozano www.gaceta.es  24 Febrero 2013

Este asunto de los diagnósticos históricos y culturales es y debe ser muy relativo y provisional, porque ésta es su propia naturaleza, resultan simplemente como pequeñas ayudas para entender algo o entendernos. Y así, en este momento, diré por mi parte y con toda la relatividad que sea posible, que no me parece que sea tan rara ni que haya sido tan imprevisible esta situación española de ahora mismo, que recuerda el famoso diagnóstico de Silvela en también una depresiva hora española: «España sin pulso»; como depresiva y sin pulso pareció ser la España la llamada «generación del 98» literaria o no: esto es, la situación de una España políticamente agotada, llena de problemas sociales, y con una herencia histórica no fácil de echarse de encima. Y, sin embargo, ya son aguas apagadas.

Lo que diría es que la situación española era perfectamente previsible sin muchas dotes proféticas. Por un lado, ha estado la determinación de aborrecer la historia y hasta el nombre de España mismo, y toda una sistemática obra de demolición de todo eso y una especie de quema del muñeco que representaba al invierno de las tinieblas del pasado, tras arrastrarlo por doquier. No se decía «España», se decía «el Estado» o «el país», y la lengua misma resultaba algo vergonzante, y comenzó a utilizarse una jerga impostada, no significativa y sólo instrumental y servil con los diversos poderes: la «lengua de madera» que dicen los franceses, y el lenguaje políticamente correcto, que, según decía Tucidides, en relación con la incursión de los griegos en la isla de Corcira, se habla para encubrir mentira o crimen.

Se liquidaba la historia de la reconquista, y se vituperaba la unificación de las Españas, y sin ningún jacobinismo centralista por cierto. Pero nada de esto debía nombrarse. Todo era nuevo, estábamos en pleno adamismo, se estaba inventando el mundo.

La política fue presentada según otra de las supersticiones del tiempo –inventadas al efecto naturalmente– bajo los colores más idílicos, y sentimentales e incluso redentores, así que resultó decepcionante y hasta odiosa, en cuanto se han pregonado unos muy vistosos y muy numerosos casos de corrupción, cómo si nunca se hubieran visto en el mundo.

En el reciente pasado, todo había sido como si hubieran llegado los Reyes Magos Democráticos y con ellos un dinero inagotable, de manera que lo gastamos como las gentes irresponsables que son muy agraciados por la lotería y, al cabo de poco tiempo, han perdido hasta la camisa. Y, entonces, se comienza a hablar de «regeneración», como en tiempos de Costa, cuando éste proponía «Escuela y Despensa». Sólo que nosotros ya tenemos la alta cocina moderna y la ESO, como grandes esperanzas de plenitudes de futuro.

Pero, si las cosas han sido así, no puede extrañar que hayan producido la situación en que estamos, porque también hemos tirado por la ventana los valores de nuestra misma vieja civilización, y luego, digamos que lo que nos ha ocurrido ha sido exactamente lo que a los rusos cuando se enteraron de que eran de cartón las aldeas de Potemkín. Sólo que en Occidente llamábamos a éstas casitas modernidad y post-modernidad, como dice la señora Natalia Pikouch.

Hay una muy amplia florescencia de ignorancia y de banalidad, y no es posible otro discurso porque la verdad no existe, todo es opinión, nada es nada sino lo que decidimos que sea. El derecho funciona de la manera alternativa que se considere conveniente, y esta semi-democracia nuestra, en la que no hay siquiera división de poderes, precisa con urgencia ser convertida en una democracia por entero, mediante algo tan sencillo como sujetar a Derecho al Estado, y en consecuencia a toda otra persona e institución. Lo que quiere decir control y realización de las responsabilidades penales y civiles correspondientes. No se necesitan más ilusiones colectivas. Ni mas atenciones –y éstas al instante y el tiempo necesario– que al sufrimiento de las gentes, a menos que, desprendidos del sentido de la justicia y de la misericordia, nos hayamos vuelto especialmente bárbaros.

Justicia sí, linchamientos no
Editorial www.gaceta.es  24 Febrero 2013

La sociedad española vive en lo que podríamos llamar un justificado estado de cabreo general. Decimos “cabreo” y no “indignación” porque el primer término define mucho mejor ese sentimiento visceral, emocional, de haber sido engañados. ¿Quién nos ha engañado? Por ejemplo, los que prometieron pleno empleo y sólo crearon paro. Por ejemplo, los que prometieron prosperidad y nos han llevado a la peor crisis en más de medio siglo.

Por ejemplo, los que prometieron democracia y honradez y ahora se ven envueltos en innumerables casos de corrupción. Hay razones, sí, para el cabreo. En una situación como la actual, los ciudadanos miran a los tribunales como un último recurso contra la injusticia. Pero entonces aparece el riesgo de que los propios tribunales queden absorbidos por la atmósfera de exasperación visceral que preside el país. Y entonces los jueces no serían justos, sino justicieros, que es cosa bien distinta. Hoy tenemos el país agujereado por casos de corrupción que se extienden desde la Familia Real hasta el Partido Socialista, pasando por el partido del Gobierno e incluso por los equipos ciclistas.

Es absolutamente imprescindible que la Justicia meta la cuchara hasta el fondo para extirpar toda la porquería. Pero es una tarea delicada, porque, en el trance, la combinación de investigación judicial y repercusión mediática puede conducir –está conduciendo ya– a auténticos linchamientos públicos de personas que ni siquiera están aún juzgadas. Así la búsqueda de la justicia conduce a la injusticia. Por consiguiente: justicia, sí; linchamientos, no.

Esta llamada al sentido común concierne también a los jueces, que pueden ceder a la tentación de convertir los procesos en espectáculos propensos a despertar la cólera popular. Es muy peligroso, por ejemplo, multiplicar las comparecencias de imputados sin que exista acusación formal, porque la mera atención mediática convierte al sujeto en culpable de antemano –y sería hipócrita echar después la culpa a los medios de comunicación, que no han hecho sino acudir a las convocatorias programadas por el juez–. Del mismo modo, es muy peligroso dictar prisiones preventivas cuando no se tiene la seguridad de que esa medida va a servir para acelerar el proceso; el colmo es que alguien pase más de tres años en prisión preventiva por un caso que aún no ha llegado a sustanciarse en sentencias firmes, como le ha ocurrido a Francisco Correa en el caso Gürtel. Todas estas cosas crean necesariamente la impresión de que la Justicia en España ha dejado de ser segura. Y esto es lo último que nos podemos permitir.

No fue un verdadero debate
Mario Conde www.gaceta.es  24 Febrero 2013

Un gobernante ante un ataque a la unidad de la nación, no puede ignorarlo.

El llamado Debate sobre el Estado de la Nación no ha interesado más que a un porcentaje mínimo de españoles, a juzgar por la audiencia televisiva, que no alcanzó ni siquiera un ridículo 3%. Sin embargo, el cien por cien de la clase política estuvo atento a su desarrollo y resultado, que fue presentado ante la opinión de la manera mas absurda: victoria de Rajoy sobre Rubalcaba, como si eso fuera importante. Seamos claros: Rubalcaba es un líder imposible para el PSOE.

Si en el último congreso hubiera triunfado Chacón quizás las cosas habrían sido diferentes, pero es evidente que un hombre que ha estado en los Gobiernos de González, en responsabilidades cruciales, y que ha sido vicepresidente del nunca olvidado Zapatero, no puede evitar que en cualquier asunto que plantee como líder de la oposición le recuerden sus acciones/inacciones del pasado. Y no inventos ni descalificaciones verbales, sino hechos contundentes.

Por ejemplo: ante el miserable asunto del espionaje a personas privadas manifiesta Rubalcaba repugnancia. Problema: ¿dónde estaba usted cuando Narcís Serra tomaba dinero de fondos reservados, los entregaba a un director de la Guardia Civil para que los ingresara en una cuenta en Suiza y desde ella pagar los servicios de una entidad americana, Kroll Associates, para que espiara la vida de un ciudadano español privado? Pide independencia de la Justicia, pero ¿quien se encargó de corromper a jueces para que dictaran las sentencias que imponía el poder? Eso no fue un Debate del Estado de la Nación, sino un falso debate entre miembros de la clase política, con los correspondientes insultos y la bochornosa apelación al tú más, como cuando Rajoy dijo que el PP no ha sido condenado por financiación ilegal. Es verdad, pero ¿acaso nunca se financió irregularmente? Por favor, no provoquen más irritación, que las cosas se saben.

No hay que forzar la buena fe de algunas personas que, aun viendo lo que ven, siguen teniendo sentido del Estado. ¿Sobre qué nación se debatió? ¿Acaso no estamos viviendo uno de los momentos peores de la existencia de la nación española? Me habría gustado que el presidente del Gobierno hubiera dado respuesta contundente y clara a qué piensa hacer con el planteamiento secesionista del Parlamento Catalán. Decir eso de que pierden el tiempo y caminan al abismo está bien para periodistas de salón, pero un gobernante ante un ataque a la unidad de la nación española, al artículo segundo de la Constitución, no puede ni ignorarlo ni contestar con banalidades como esas.

Los españoles quieren tener claro qué va a hacer el Gobierno. Pero, claro, el presidente ya dijo eso de que a veces la mejor decisión es no decidir nada. Pues si eso es lo bueno, ¿para qué necesitamos un Gobierno y una clase política? ¿Para que no decidan nada? No debatió la nación sino que debatieron dos personas, porque ¿acaso los diputados de uno y otro partido pueden siquiera discrepar de sus jefes? ¿No es verdad que si discrepan se les quita de las listas? ¿De qué vivirían entonces muchos de ellos que nada han demostrado en la vida civil? ¿Del tráfico de influencias, como se demuestra en algunos casos? ¿Cómo van a debatir sobre el estado de la nación española quienes jamás han tenido oficio en la vida civil, ni han pagado nóminas, ni han creado riqueza, ni han sido auténticos médicos, abogados, arquitectos, taxistas o corredores de seguros, por poner ejemplos? Mientras sigan cavando un foso entre la sociedad civil y la clase política las cosas no se solucionarán. Seamos claros: no tenemos un proyecto definido de nación española, de la empresa España.

No tenemos una idea de qué podemos/debemos hacer en industria, agricultura, servicios, cuál debe ser nuestra posición ante la abrumadora hegemonía de los alemanes en Europa, no sabemos si nos gobiernan para nosotros o para los acreedores de España, no sabemos si aplaudir o criticar la postura inglesa sobre el Estado-Nación, no sabemos vivir como Suecia, Dinamarca, Noruega, que no sufren las consecuencias indeseadas del euro, no sabemos si tendremos Monarquía o República, no sabemos si nos van a seguir quitando empresas los países de América que antes decían ser hermanos, en fin, que no sabemos bien ni dónde estamos ni a dónde vamos. Parece que navegamos de oído agolpe de conveniencias del momento. Estamos ante un fin de ciclo.

El modelo partitocrático hegemónico se ha colapsado. Necesitamos un nuevo marco de convivencia en el que la sociedad civil tenga su presencia directa en los órganos del Estado, que esto no sea una democracia de partidos sino de ciudadanos, que dejemos de buscar soluciones asamblearias para predicar soluciones inteligentes, que dejemos de promocionar a la mediocridad para potenciar la creatividad, que valoremos a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen, que los políticos no sean una casta aparte sino que todos nos ocupemos de lo nuestro. Necesitamos abrir un debate sobre nuestro modelo de futuro. Y cuanto antes, que la irritación social aumenta de modo exponencial.

Crónica del 'Bienestar del Estado'
Los 'trucos contables' para reducir el gasto público y aumentar ingresos
No deflactar el IRPF, retrasar la devolución de impuestos o facturas ocultas son algunas de las técnicas para maquillar la contabilidad
Libre Mercado   24 Febrero 2013

El contribuyente español se enfrenta a una Administración demasiado grande y opaca, por lo que esta colección de noticias e informaciones varias ayuda a que los pagadores de impuestos sigan más de cerca el uso que se hace de sus recursos. En esta enumeración entran datos relativos al gasto público, la burocracia estatal, el endeudamiento soberano y el sistema tributario.

- El Gobierno de Rajoy maquilla el déficit público para atenuar los incumplimientos con Bruselas. El Ejecutivo consiguió que la UE relajase el objetivo de déficit hasta el 6,3% del PIB, pero el presidente del Ejecutivo ya ha confirmado que la cifra final será cercana al 7%. No obstante, el déficit oficial es mayor si consideramos que el gabinete ha recurrido a diferentes trucos contables para ofrecer unas cuentas menos negativas. Entre los métodos empleados, el retraso en la devolución de impuestos, la demora en el aplazamiento del pago al Fisco, el mantenimiento de facturas ocultas que se incorporarán a ejercicios posteriores, la no incorporación del rescate financiero a la contabilidad del déficit, etc.

- El Gobierno no incorpora la subida del IPC al IRPF para aumentar la recaudación en 1.795 millones de euros. La no deflactación de la tarifa del IRPF supondrá que cada contribuyente pague una media de 100 euros más por este gravamen. Este truco ha supuesto un aumento de la presión fiscal valorado en 7.000 millones desde 2010, derivado de no actualizar el Impuesto sobre la Renta.

- El Gobierno catalán gastó unos 4.000 millones más de los que ingresó en 2012. El déficit supera en más de un 30% el objetivo del 1,5% fijado por Moncloa, ascendiendo al 2%, según los últimos datos conocidos. Para defender su incumplimiento, el Gobierno autonómico ha citado diferentes "trabas" del gobierno central que habrían supuesto 1.500 millones de euros más de desajuste presupuestario. No obstante, cabe recordar que el Fondo de Liquidez Autonómico articulado a nivel nacional inyectó a Cataluña un rescate de casi 5.400 millones de euros.

Compensando ambas cifras (los 1.500 millones que reclama el Gobierno de Artur Mas y los 5.400 millones que concedió el gabinete de Mariano Rajoy), encontramos que el saldo es positivo para Cataluña en 3.900 millones de euros. Si los sumamos a los 4.000 millones de déficit oficial, encontraríamos un descuadre presupuestario real de 7.900 millones de euros, equivalente a casi el 4%.

- El déficit de Murcia duplica el objetivo de déficit, rozando el 3% del PIB. La región gobernada por el Partido Popular no ha mostrado la "austeridad" prometida, cerrando 2012 con un descuadre presupuestario del 2,9%. Esto significa una desviación total de más de 800 millones de euros, en línea con un programa de contención de gastos que solamente ha ajustado 450 millones de euros en todo el pasado año.

- La contabilidad poco fiable de las autonomías vuelve a tener mucho que ver con estos incumplimientos. En el caso de Murcia, los ingresos previstos en los presupuestos para 2012 estimaban la recaudación de 368 millones de euros que nunca llegó a materializarse. Es importante subrayar también que el Gobierno murciano recibió 527 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico en concepto de rescate; sin esos ingresos, el déficit podría haber sumado más de 1.300 millones de euros, es decir, un 4,7% del PIB.

- España regala más de 700 millones de euros al régimen de Evo Morales. La Administración de Rodríguez Zapatero destinó a Bolivia 380 millones en diferentes "ayudas" entre 2006 y 2010. Dichos compromisos añadirán otros 320 millones hasta el año 2015. A estos programas de gasto se une, además, una condonación de deuda equivalente a más de 70 millones de euros. Cabe destacar que, desde su llegada al poder, el régimen del "socialismo del siglo XXI" ha expropiado 20 empresas extranjeras, incluyendo filiales de las españolas Repsol, Red Eléctrica, Abertis, Aena e Iberdrola.

- El Gobierno añade un costoso trámite a la venta y alquiler de casas. Los contratos de compraventa o de arrendamientos celebrados a partir del próximo 1 de junio deberán contemplar una "certificación energética". El precio de esta nueva imposición para un inmueble de 100 metros cuadrados es de 250 euros en Italia o de 550 euros en Alemania.

- Castilla-La Mancha dará 1.000 euros a los estudiantes que completen la ESO. Quienes abandonen la Educación Secundaria Obligatoria pero vuelvan a la misma para completar su formación recibirán del Gobierno de María Dolores de Cospedal un subsidio de 1.000 euros. Según el gabinete regional, alrededor del 40% de los jóvenes manchegos no acabó la ESO ni trabaja en la actualidad, pero la solución que otorga la Administración a semejante problema es un nuevo manguerazo de dinero público.

- El subsidio del PER se salva de los recortes y ascenderá a 150 millones de euros en Andalucía. Así lo han confirmado la directora general del Servicio Público de Empleo Estatal y los sindicatos tras una reunión que renovó este controvertido programa de gasto. Cabe señalar que el número de "peonadas" que dan acceso al PER fue rebajado de 35 a 20 por el Gobierno popular.

- Las empresas públicas aumentan su plantilla en un 5%. En términos absolutos, los asalariados de los entes dependientes de las Administraciones Públicas aumentaron en 7.500 personas a lo largo de 2012, alcanzando un total de 155.200 empleados frente a los 147.700 con los que cerró 2011. En el mismo periodo, las Administraciones de las que dependen estos entes sí redujeron su plantilla, rebajándola en un 6,6%.

- Las primas renovables rozaron los 8.000 millones de euros en 2012. Esto supone un 24% más que en el ejercicio anterior, lo que engordará el déficit público en más de 2.200 millones de euros.
Andalucía, un poco sin fondo

- Andalucía ocultó al Tribunal de Cuentas el destino de 16 millones. En 2008 y 2009, la Junta de Andalucía habría cometido diferentes irregularidades contables a la hora de gestionar diferentes subvenciones estatales enfocadas al empleo. Concretamente, el ente auditor destaca que el Gobierno andaluz no demostró un buen uso del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, lo que ha llevado a la oposición a hablar ya de una "estafa generalizada y sistemática".

- En línea con esta situación de opacidad en Andalucía, cabe señalar que un sobrino de Felipe González cobró dos años de una empresa pública de la Junta sin trabajar allí. El ente en cuestión es una empresa regional de capital riesgo. También en Andalucía encontramos que un ex alto cargo socialista, pagó golf, jamones y trajes con dinero público de un consorcio provincial de bomberos.

- El Ejecutivo regional de Andalucía también favoreció al ex marido de Elena Valenciano con créditos irregulares. Se trató de tres préstamos otorgados en apenas nueve meses (entre octubre de 2008 y julio de 2009) por un valor total de hasta 1,5 millones de euros. Además de su matrimonio con la número dos del PSOE, el receptor de estos créditos ("Quico" Mañero) también fue Secretario General de Juventudes Socialistas en los años 80. Según las investigaciones judiciales, las operaciones carecían de los requisitos indispensables para realizar una correcta evaluación del riesgo: un plan de negocio y una propuesta de inversión.

- Y no dejamos Andalucía, porque las últimas noticias también llegan de la región gobernada por PSOE e IU: la Junta de Andalucía gastará en nuevos subsidios la ayuda extra de la UE contra el paro juvenil (gasto total de 243 millones) y entregará una paga de 400 euros mensuales a los estudiantes (gasto total de 160 millones).

Cataluña
“El modelo de escuela bilingüe es inclusivo y permite visualizar el respeto y la integración en las dos lenguas”
Ningún estudio internacional o pedagógico avala la inmersión lingüística obligatoria que se aplica en Cataluña. Es un modelo único, tanto por la negativa de la Generalidad a permitir que los padres elijan la educación de sus hijos como por ser el único lugar del mundo -con la excepción de Groenlandia- en el que no se puede estudiar en la lengua oficial del Estado. Para protestar por esto, la Asociación por la Tolerancia aprovecha el Día Internacional de la Lengua Materna para celebrar una jornada sobre bilingüismo y lengua materna.
Daniel Tercero www.vozbcn.com  24 Febrero 2013

El problema lingüístico que se vive en España está trufado por tres aspectos que lo convierten en un asunto de Estado. El fanatismo, la política y el dinero rodean todos los conflictos que se han generado -y ahí siguen- en Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana. Los gobiernos autonómicos, en algunos casos, legislan a favor del uso de las lenguas oficiales, pero no cumplen las normas; en otros casos, directamente, aprueban leyes en contra de la libertad de los ciudadanos.

La I Jornada por la Lengua Materna y el Bilingüismo organizada por la Asociación por la Tolerancia se ha celebrado en Barcelona, este sábado, con la participación de las principales entidades que velan por los derechos individuales de los ciudadanos en materia lingüística. El objetivo del acto era claro: poner de manifiesto que en algunos lugares de España, hoy en día, es imposible recibir la educación en la lengua oficial del país, común a todos los españoles y una de las de mayor proyección internacional.

Desde la entidad organizadora del acto hasta Galicia Bilingüe, pasando por la Fundación Círculo Balear, la Plataforma por la Libertad de elección lingüística del País Vasco y la Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística han reivindicado a los distintos gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, que permitan escoger a los padres la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos o, en todo caso, que se aplique un modelo bilingüe.

Libertad de elección y bilingüismo
¿Qué es mejor y más justo, la libre elección de lengua vehicular en las escuelas o un modelo bilingüe? En torno a esta pregunta, Mercè Vilarrubias catedrática de Filología inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona y autora del libro Sumar y no restar, y José Manuel Pousada, licenciado en Ciencias Químicas y vicepresidente de Galicia Bilingüe, han debatido y puesto las bases de la defensa de dos modelos distintos y no solo mejores y más justos que la inmersión lingüística obligatoria sino que aplicables en otros países del entorno europeo.

Así, Vilarrubias ha señalado que “el modelo de escuela bilingüe es inclusivo, no resta, y permite visualizar el respeto y la integración en las dos lenguas”. Esta sería la opción más ajustada a la realidad, al menos en Cataluña. Una sociedad bilingüe -que no quiere decir que hable los dos idiomas sino que entiende los dos y utiliza el que quiere- requiere de una escuela bilingüe. Son las administraciones públicas las que se han de adaptar a la realidad y no ser esta la que se cambie por aquellas.

“El sistema bilingüe en la escuela es el mejor sistema educativo para crear el mayor número de personas competentes en las dos lenguas oficiales”, ha defendido la catedrática. Un argumento irrefutable. Y un modelo, el bilingüe, que solo se aplica en las escuelas de Luxemburgo, y curiosamente con las lenguas alemana y francesa, pero no con el luxemburgués. La demografía manda en este caso.

Sin embargo, el modelo escolar en el que dos lenguas conviven con naturalidad no es aceptado por los partidos políticos nacionalistas que controlan la educación en Cataluña. “La situación en Cataluña es muy extrema y se está en una guerra abierta contra el español desde hace mucho tiempo”, ha añadido Vilarrubias.

Ejemplos en Europa
Vilarrubias, durante la intervención de Pousada, en la la primera mesa de la I Jornada por la Lengua Materna y el Bilingüismo (foto: Asociación por la Tolerancia).

Pousada es partidario de la libertad de elección para los padres teniendo en cuenta “la demanda umbral”, que establece el número mínimo de alumnos solicitantes de una línea para que las administraciones públicas estén obligadas a mantener dos líneas educativas por motivos lingüísticos.

Este es el sistema común en Europa en los países en los que existen varios idiomas oficiales, e incluso en los lugares en los que sin ser una lengua oficial se tiene un trato de respeto para las minorías lingüísticas. Este último caso sería el que se da en Eslovaquia, donde el húngaro tiene un trato diferenciado en la escuela si existe un 25% de solicitantes en esta lengua.

Gales (Reino Unido), Finlandia, Irlanda, Bruselas (Bélgica), algunas regiones de Italia, Eslovenia, Transilvania (Rumanía)… son solo algunos de los lugares de Europa donde los padres pueden escoger la lengua de escolarización de sus hijos. En ningún lugar del mundo -a excepción de Groenlandia- se da lo que ocurre en Cataluña, donde la inmersión lingüística se hace de forma obligatoria y en contra de los padres que piden la escolarización de sus hijos en la lengua oficial del Estado.

Ni tan solo Suiza es un ejemplo para los defensores de la inmersión. Tal y como ha señalado Pousada, tres cantones de Suiza son bilingües y uno, trilingüe. “En Berna, incluso, hay seis opciones de modelos lingüísticos en las escuelas”, ha recordado. Para el vicepresidente de Galicia Bilingüe tampoco tiene sentido defender el uso exclusivo de una lengua en las CCAA bilingües en base a la cohesión social -argumento utilizado en Cataluña- pues “se está reconociendo que aplicar la inmersión obligatoria fomenta la ruptura social de España”.

Un modelo legal incumplido
La teoría y práctica en Europa han dado paso a la realidad. A la cruda realidad de España. Los presidentes de las entidades del País Vasco, Galicia y Baleares -a última hora ha excusado su asistencia Pablo Espinosa, de la Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística- han expuesto cómo funcionan, en qué fallan y cómo se aplican los distintos modelos lingüísticos escolares en las tres CCAA.

En el País Vasco, tal y como ha señalado María Aldecoa, los distintos gobiernos autonómicos se han saltado la norma directamente. En esta Comunidad, la legislación permite la elección de lengua vehicular e incluso permite a los padres apostar por un modelo bilingüe. Sin embargo, Aldecoa ha denunciado que la Consejería de Educación, Política Lingüística y Cultura permite a los centros escolares no ofertar la opción de línea en español (el modelo A), con el eusquera como asignatura lingüística.

Esta decisión política, al margen del “adoctrinamiento” ideológico que se da en las escuelas, supone que cuando el Gobierno autonómico hace públicas las estadísticas de las peticiones de padres aparezcan “manipuladas”, ya que no se puede escoger una opción que sobre el papel legal sí se debería.

El PP no hace nada ante la rebelión en Galicia
El caso gallego lo ha explicado Gloria Lago. La presidenta de Galicia Bilingüe ha señalado que las asignaturas de “memorización y tratamiento de textos” se tienen que impartir en gallego y el resto, en español. Esta discriminación supone que los niños no adquieran determinado léxico. La Junta de Galicia se ha negado, por ejemplo, a que esta distribución se haga alternativa en cada curso.

Además, alrededor de 4.500 profesores han firmado una carta a la Administración autonómica advirtiendo que, aunque por ley tengan que impartir las asignaturas en español, no lo harán; no lo hacen, de hecho. Lago ha denunciado que la Junta, tras conocer la misiva y que los maestros están cumpliendo con su advertencia, no ha hecho absolutamente nada: “Cero. No ha hecho nada”.

El PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento autonómico de Galicia y ha gobernado la mayor parte de la etapa democrática en la Comunidad. Según Lago, los populares no tienen intención de hacer cumplir la ley ni de cambiar nada para que los padres pueda escoger. Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico, llevó en su programa electoral las demandas de Galicia Bilingüe.

“¿Cómo es posible que pase en Baleares si el PP tiene mayoría absoluta?”
El caso de la Baleares tiene un contexto distinto al del resto de CCAA. En las escuelas de Baleares se aplica la inmersión lingüística obligatoria en catalán, pese a que cada isla tiene una variedad lingüística suficientemente característica. Sin embargo, en las escuelas se estudia en el estándar de la lengua catalana. Así lo ha denunciado Jorge Campos.

El presidente de la Fundación Círculo Balear, hasta hace ocho meses miembro del Gobierno autonómico, ha criticado que el PP recogió en su programa electoral, “por escrito”, que los padres podrían escoger la lengua vehicular de sus hijos… sin embargo: “No lo cumple y sigue aplicando el catalán estándar, lejos del respeto que merecen el mallorquín, el menorquín y el ibicenco”.

Campos ha preguntado: “¿Cómo es posible que esto pase en Baleares si el PP tiene mayoría absoluta y donde los nacionalistas no llegan ni al 9% en las elecciones autonómicas?”. Así se ha cerrado la I Jornada por la Lengua Materna y el Bilingüismo, con preguntas, sin respuestas y con los dedos acusadores cayendo encima de los populares y dando por perdido al PSOE.

Wert rechaza la invitación
Eduardo López-Dóriga, presidente de la Asociación por la Tolerancia, ha indicado que el ministro de Eduación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), estaba invitado al acto pero “por motivos de agenda” ha desestimado su asistencia. Sí han acudido diputados autonómicos del PP, como María José García Cuevas, y de Ciudadanos, como Carina Mejías, así como representantes de UPyD, y concejales populares y liberal-progresistas.

Además, a la I Jornada por la Lengua Materna y el Bilingüismo también han asistido, entre otros, los ex diputados autonómicos Antonio Robles y José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, Martita Rodríguez, ex presidenta de la Asociación por la Tolerancia, y Olegario Ortega, ex vicepresidente de Ágora Socialista y colaborador de LA VOZ DE BARCELONA.

La obligatoriedad de aprender lenguas regionales es un atropello.
Nota del Editor  24 Febrero 2013

En España, donde la Constitución establece el deber de  conocer el idoma español y no aparece obligación alguna de aprender lenguas regionales, la obligatoriedad de aprender lenguas regionales es un atropello contra los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos españoles.

La pretensión de los que hablan lenguas regionales que los demás las aprendan obligatoriamente es inadmisible desde todos los puntos de vista. El respeto que reclaman para las lenguas regionales, no puede suponer minusvaloración alguna de los derechos de los ciudadanos español hablantes. Los hablantes de lenguas regionales no tienen derecho a reclamar a los demás respeto alguno porque no manifestemos interés en ellas.

Es inadmisible que los que pretenden imponer las lenguas regionales, secuestren a los hijos de los demás para despojarles de su lengua materna española e inocularles la lengua regional, cargada de indoctrinacíón contra España y el español.

En aumento desde 2002
El Estado cuesta a cada español 10.500 euros
 A. MÍGUEZ  www.gaceta.es  24 Febrero 2013
 
Sostener la estructura pública de España sigue siendo insostenible. Además, la brecha entre los ingresos y los gastos continúa distanciándose.

Desde el principio de la crisis económica en 2007 los costes del Estado español han crecido de manera constante hasta hoy. Los ciudadanos se tienen que enfrentar a un mayor desembolso para sostener la estructura pública de España.

A cierre de 2012, el Estado ha costado de media a cada español con empleo casi 10.500 euros, mientras que en 2007 era de algo más de 9.000 euros. No obstante, el momento álgido lo alcanzó en 2009 cuando cada ciudadano debía desembolsar 10.500 euros. Las cifras son más alarmantes si se comparan con los cifras de hace diez años. En 2002, la carga estatal era de casi 7.000 euros por habitante. 

Por CCAA, los habitantes del País Vasco se colocan a la cabeza, con 16.353 euros aportados al ente público; Navarra con 10.645 euros; y Asturias con 8.981 euros son los que tienen mayor coste por habitante del gasto público.

En el lado opuesto, Canarias con 6.237 euros, Madrid con 6.361 euros y Andalucía con 6.819 euros de gasto en Administración pública por habitante son las regiones que menos gastan en sus administraciones.

Las cifras reflejan el empeño de los Gobiernos de mantener una larga lista de empresas públicas, organismos y entidades ligados a todas ellas y sus respectivos trabajadores, en este caso funcionarios. 

A ello hay que sumarle las dudosas gestiones en la Administración central y en las administraciones autonómicas con sus alarmantes duplicidades. Los expertos cifran que  las duplicidades del Estado de las autonomías cuesta anualmente entre un 0,7% y un 2,3% del PIB nacional. Es decir, que si se acabara con esos excesos la Administración central se podría ahorrar un mínimo de 24.000 millones de euros.

Las corporaciones locales, entre ellas ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc, también pesan en la factura gubernamental. A este extenso entramado estatal se le suman los costes de la abultada deuda que arrastra España. 

Los costes del Estado ha provocado que los gastos se hayan incrementado en los últimos años. La brecha entre los ingresos y los gastos se ha ido distanciado cada vez más desde 2007 dando lugar a unas cifras desorbitadas de déficit. En 2011, los gastos alcanzan casi los 500.000 millones de euros, mientras que los ingresos no llegan a los 400.000 millones de euros.  

Con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el déficit público se situó por debajo del 7% del PIB en 2012, lo que ha supuesto un recorte de 21.000 millones de euros, frente al objetivo del 6,3% acordado con Bruselas. Cabe recordar que el porcentaje no cuenta con las ayudas a la banca. En 2011, el déficit de las administraciones públicas acabó en el 8,9%.

El continúo aumento del gasto público ha dado lugar a millonarias subastas de deuda por parte del Tesoro español. Está previsto que organismo realice en 2013 emisiones brutas por valor de 207.173 millones de euros. De esa cantidad, 48.020 millones corresponden a las necesidades de financiación neta, un 30% más que en 2012. 

Parte de esas emisiones se destinará a afrontar los vencimientos de 121.780 millones pendientes para el presente año, un 6,3% menos que los 130.344 millones del pasado 2012 . De ellos, 61.419 millones corresponden a letras y el resto, 60.361 millones, a bonos y obligaciones.


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Sortu debe ser ilegalizado
Editorial www.gaceta.es  24 Febrero 2013

Un partido político que asume orgulloso la trayectoria de ETA, lo que incluye los 857 asesinatos cometidos por la banda terrorista en sus 50 años de existencia, no puede constituirse legalmente sin que el Ministerio Fiscal lo impugne. Pues bien, el congreso fundacional de Sortu, celebrado ayer en Pamplona, diez años exactos después de que el Tribunal Supremo ilegalizara Batasuna, contiene motivos suficientes para que la Fiscalía intervenga.

En primer lugar, porque sus fundadores son los mismos que fueron disueltos judicialmente hace una década, y lo que entonces era conforme a Derecho lo sigue siendo hoy.

En segundo lugar, porque el ideario político de la nueva formación justifica el terrorismo como «acción defensiva» ante lo que denomina «violencia estructural del Estado». Es decir, equipara el tiro en la nuca y el coche bomba de ETA con la labor antiterrorista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En palabras del propio presidente de Sortu, Hasier Arraiz, se trató de una «confrontación armada».

En tercer lugar, porque el nuevo partido se define a sí mismo como «depositario y relevo de las luchas del Movimiento de Liberación Nacional Vasco», que encabeza y dirige ETA.

En cuarto lugar, porque pone en el mismo nivel y les ortoga la misma valoración a los asesinados por los etarras que a los encarcelados de la banda. Dicho más claramente: para Sortu merecen la misma consideración Miguel Ángel Blanco que «Txeroki», Gregorio Ordóñez que De Juana Chaos, los niños asesinados en la casa cuartel de Zaragoza que los asesinos de Hipercor.

Sólo por este intolerable agravio a la memoria de las víctimas, el fiscal general del Estado debería instar la legalización de Sortu. Si ETA ya no asesina desde hace meses es gracias a dos factores: al eficaz cerco policial y judicial y a que su brazo político fue ilegalizado. Por tanto, los herederos de Batasuna no pueden beneficiarse de la victoria del Estado de Derecho sobre la banda terrorista porque sería tanto como olvidar o, peor aún, despreciar a los ciudadanos asesinados durante estos diez años.

Hay una última razón por la que Sortu debe ser ilegalizado: por congruencia judicial. Si su secretario general in péctore es Arnaldo Otegi y éste se encuentra cumpliendo condena por intentar reconstruir Batasuna, o bien se le pone en libertad, lo que contraviene la decisión de los jueces, o bien se deniega la inscripción legal de Sortu en tanto no condene los 857 asesinatos de ETA, pida perdón a las víctimas y colabore con la Justicia a esclarecer los 300 casos pendientes. Y, por supuesto, lo más importante: mientras ETA no entregue las armas y se disuelva incondicionalmente, su brazo político no puede participar en la vida democrática. Aunque sólo sea por la deuda contraída con los demócratas asesinados.
 


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