AGLI Recortes de Prensa   Martes 26  Febrero 2013

Demasiado fácil para el PP (el Estado del Giliestar)
Javier Orrico Periodista Digital 26 Febrero 2013

Un boxeador solo en el ring nunca puede ser noqueado. Salvo que se golpee a sí mismo. Y el PP anda en ello, en el autoknockout, pero ni así. No es sólo que Rubalcaba haya terminado por ser un malo de spaghetti-western, inconsistente y rehén de su pasado. Es el pasado del PSOE y su absoluto no-futur, su punkización desnatada, su imposibilidad de cambiar el modelo de gasto público inacabable que nos ha llevado a la ruina. Después de haber aumentado la deuda en más de cuatrocientos mil millones de euros, y de que ya nadie nos preste porque no podemos devolverlo, la izquierda (no olvidemos a esa IU enloquecida que fue el principal apoyo del PSOE, ese Llamazares lacayo de ZP, ese Lara que llama al golpe para ganar lo que no consigue con los votos) no puede presentar como alternativa seguir gastando un dinero que no tenemos, e incrementar, aún más, el expolio impositivo de los asalariados. Los únicos que pagan impuestos en España. Subir impuestos, sobre todo el IRPF, es lo más reaccionario, lo más injusto, lo peor que ha hecho el PP. Y lo que proponen Rubalcaba y Lara son nuevas subidas de impuestos, en lugar de intentar cobrárselos a los que nunca han pagado. ¿Qué hicieron las izquierdas, PSOE-IU, durante los veintidós años que gobernaron para acabar con el fraude? ¿Quién puede creer todavía nada de lo que digan estos impostores?

La única oposición verdadera al PP sería la que le exigiera desmontar de una vez su propia socialdemocracia. Su socialismo light. Que no es lo mismo que desmontar el Estado del Bienestar, sino más bien el del Giliestar o Capullistar, como prefieran. Renunciar, por ejemplo, al medio millón de euros que el Ministerio de la señora Mato gastó en 2012 en genialidades como la de la arqueología de género. O tantos observatorios regionales en manos de feministas y feministos derrochando ayudas para los amiguitos (y las amiguitas). O unas universidades llenas de cretinos y cretinas investigando la nada. ¿Cuánto se gasta en España en planes para obligar a la gente a decir los planes y las planas? ¿Cuánto en visitas a centros de enseñanza para adoctrinar en el género? ¿Cuánto en institutos de la mujer, dedicados a comprar el perdón del feminismo instalado? ¿Qué ha hecho el PP para desmontar esta parafernalia de gasto público? Acaben con las subvenciones de una vez, esa forma de corrupción legal, de anestésico social. Con todas. Aunque si decidieran hacerlo, seguramente comenzarían creando un Observatorio para las Subvenciones. Subvencionado.

¿HASTA CUÁNDO?
Cuatro pecados capitales de España que alargan la penitencia
Alfonso Merlos www.elsemanaldigital.com 26 Febrero 2013

Es imposible que los españoles tengamos el perdón o la redención a corto plazo después de tanto desastre. Es demasiado bestia lo que hemos hecho y dejado hacer.

Lo acaban de explicar de forma absolutamente magistral, rigurosa y didáctica los profesores Aurelio Martínez Estévez y Vicente Juan Pallardón López en un libro exquisito en el que relatan cómo hemos pasado del éxtasis, el descontrol, el desenfreno y la euforia generalizada al mismísimo abismo del rescate.

Han sido excesivos los pecados. Muy sostenidos en el tiempo. Hemos persistido en ellos. Y aún somos incapaces de hacer un diagnóstico pleno de lo que nos ha dejado en la raya de la ruina. Un sistema financiero dominado por la soberbia. Un sector público en el que la lujuria ha marcado los modelos de actuación. Una política de reformas absolutamente olvidada y, por consiguiente, atacada por la pereza. Y ahora seguramente lo peor: una respuesta colectiva como nación a la crisis dominada por la ira.

Estamos en efecto en un tiempo de buscar la penitencia, de hacer propósitos de enmienda, pensarlos, trazarlos y ejecutarlos a una extraordinaria velocidad porque el reloj nos come. Es así. No hay alternativa porque está en juego la mismísima supervivencia y el bienestar de personas, de familias y de una nación entera en declive, proceso de desmoronamiento y lucha contra los peores gigantes que son eso, gigantes y no fantasmas.

Es verdad que cada día más los ciudadanos se están posicionando en dos bandos. El primero, el que engrosan todos aquellos que tras la propaganda de Rubalcaba, la izquierda extrema y los más variopintos grupúsculos antisistema luchan sin desmayo buscando su objetivo prioritario: derribar el Gobierno de Mariano Rajoy o, como mínimo, cobrarse la cabeza del presidente. El segundo bando, en el que militan los que entienden que dado que la crisis empezó en el interior de cada uno de ellos, debe ser en el interior de cada uno de ellos de donde salga una respuesta madura, crítica y alejada de las histerias.

Si nos presentamos ante el espejo, ante Europa y ante el mundo divididos y debilitados es probable que tardemos más de una década en salir de este infierno. Si hacemos lo contrario, trabajando unidos y fuertes, haciendo el camino juntos, quizá un lustro sea suficiente para volver a respirar aire fresco por nuestros propios medios, sin necesidad de una ventilación mecánica que al mismo tiempo nos ayuda y nos ahoga. Nosotros veremos.

Italia ingobernable, España sin gobierno
Pablo Sebastián www.republica.com 26 Febrero 2013

Las dos orillas del Mediterráneo están al rojo vivo. Al sur los nuevos regímenes de la primavera árabe no salen a flote en sus respectivos naufragios y al norte la Europa meridional de Grecia, Italia, España y Portugal permanece sumida en el desastre del paro, la crisis económica y la gran recesión, sin horizonte a corto o medio plazo que permita imaginar la recuperación. Más bien al contrario empieza a crecer la sospecha de que Merkel, el BCE y la Comisión Europea se han equivocado radicalmente con sus políticas de extremo ajuste del déficit.

Los últimos datos y previsiones de la Comisión Europea así lo avalan, y los problemas políticos de España e Italia también lo certifican. Los italianos tras unas elecciones en las que el gran pupilo de Merkel, Mario Monti, ha resultado ser el gran perdedor de unos comicios en los que en la Cámara de diputados ganó el centro izquierda de Bersani, mientras que en el Senado triunfó el inagotable Berlusconi en compañía de sus socios de la Liga del Norte, aunque caben otras alianzas de difícil estabilidad, con lo que Italia se despierta hoy como un país más bien ingobernable y con la sorpresa de que el partido anti sistema de Beppe Grillo, el “Movimiento cinco estrellas”, aparece como el gran triunfador de los comicios. Lo que, sumado a una resistencia a la baja de Berlusconi con su “Polo de la libertad”, hace que en Italia aflore una base social que se declara en contra del euro y a favor del regreso de la lira, lo que ha de preocupar y mucho en la UE por mas que el peligro no sea inminente.

En la capital de España el pasado sábado desfilaron (como en otras cincuenta ciudades del país) miles de personas protestando contra el paro, las políticas de ajustes y la corrupción. No fueron manifestaciones muy masivas pero sí importantes, sobre todo si se tiene en cuenta que carecían de organización previa y que no han sido convocadas por los partidos ni por los sindicatos. Los seguidores de la anti política o contra la clase política crecen en nuestro país aunque las elecciones aún están lejanas (para 2015). Y, al contrario de Italia, aquí sí tenemos un gobierno mayoritario del PP con el apoyo apoyo parlamentario en las dos Cámaras. Pero el Gobierno no anda, no camina, no funciona y carece de un importante liderazgo, por más que Rajoy le haya ganado el debate de la nación a un Rubalcaba que lleva sobre sus espaldas la pesada herencia de Zapatero.

El gobierno de Rajoy no es un buen gobierno, varios ministros están muy desgastados en solo un año, y el propio presidente Rajoy se ve acorralado y perseguido por el ‘caso Bárcenas’ de corrupción (que hoy inunda las portadas de todos los medios) y donde tiene una clara responsabilidad política, y ya se verá si también alguna judicial o penal (como presidente del PP).

Rajoy está, pues, parado y bloqueado y la Comisión Europea le acaba de echar un jarro de agua fría sobre sus resultados económicos de 2012 y sus previsiones para 2013, y además se enfrenta al desafío de la independencia catalana, frente a la que el presidente español no se ha atrevido a dar la cara. Y al deterioro de la imagen del Rey y de la Corona (ahora aumentado con las declaraciones de Corinna la presunta amante del monarca) , mientras se escuchan por Madrid voces a favor de la abdicación del Rey en el Príncipe Felipe, y se exige a la vez una reforma democrática en profundidad que obligaría a cambiar el texto de la Constitución. Y todo ello en medio de un festival casi inagotable de casos de corrupción.

Demasiados problemas políticos para Rajoy, quien no pasa de ser un aplicado y “obediente” -lo dice él- funcionario que aplica en España las duras recetas económicas que le envían desde Bruselas. Es cierto que este país ha reducido el ‘déficit estructural’ y ha recortado el gasto público, pero no consigue crear nuevas empresas ni empleo y el paro empieza a causar estragos imposibles de soportar.

Y para colmo ahí está la crisis institucional. Y lo que es peor, rotos los puentes de diálogo entre los grandes partidos nacionales (y el PSOE con mayores problemas de liderazgo que el PP y a su vez enfrentado en Cataluña con “su” PSC). Como en Italia, el panorama político y económico español es bastante malo porque en nuestro país hay desgobierno y en Italia un escenario de ingobernabilidad. Y ¿qué dicen de todo esto los mercados? Pues hoy se verá aunque de momento no se meten demasiado en política, sino más bien y sobre todo vigilan la cuenta de resultados. Pero si todo sigue así y crece la tensión o la revuelta social entonces los mercados atacarán. Sobre todo si la UE no empieza a cambiar el rumbo y a rectificar.

Los prosistema
Ramón Pi/201303 26 Febrero 2013

Son los que saben que la democracia es el control social del poder.

La imagen más extendida de los antisistema se reduce a los que protestan de los políticos en general sin mostrar afecto hacia ninguno en particular. Esta taxonomía es un error. Existen muchas personas que entrarían en esta descripción rudimentaria y, sin embargo, me atrevo a decir que son los prosistema por antonomasia: son los que, aun con todas sus deficiencias, aprecian la Constitución de 1978 tal como salió de sus redactores, y lo que lamentan es que sucesivos Gobiernos, con la complicidad de la oposición, la hayan interpretado de tal modo que han conseguido desnaturalizarla en algunos aspectos sustanciales. Son los que saben que la democracia es el control social del poder, justo lo opuesto a una dictadura, que es el control de la sociedad por el poder, y por eso abominan de un desarrollo constitucional que ha neutralizado los controles del poder y ha convertido la democracia en una cruda partitocracia de mediocres dóciles al mando.

Son los que se rebelan contra la intromisión de los partidos en el Poder Judicial, pervirtiendo su independencia de varias formas, que van desde la designación parlamentaria de todos los vocales del Consejo General hasta la creación de turnos de acceso a la judicatura que abren la puerta a toda clase de arbitrariedades, pasando por la negativa a dotar a la Justicia de medios que, en cambio, disfrutan otros organismos como la DGT.

Son los que lamentan que los magistrados del Tribunal Constitucional tengan siempre algo que agradecer o que esperar del poder político, lo que facilita el envilecimiento de su alta función, como hemos visto ya en algunas sentencias infames.

Son los que sienten repugnancia ante la obstinación del poder en corromper el proceso de formación libre de la opinión pública, bajo el pretexto de que la radio y la televisión son “servicios públicos” que sólo pueden ejercer los que reciban la correspondiente concesión administrativa. A qué seguir.

Política de Anacleto
Alfonso Basallo www.gaceta.es 26 Febrero 2013

Los partidos se han convertido en cañerías opacas, desconectadas de la realidad.

Como acaba de recordar el especialista Jesús Palacios, entrevistado por Eduardo García Serrano en Intereconomía TV, la idea del 23-F no era dar un asonada fascista, sino enmendar la Transición y fortalecer la democracia. No eran cuatro militarotes nostálgicos del franquismo, sino buena parte de la clase política (socialistas incluidos) quienes, al estilo De Gaulle con la crisis de Argelia, pretendían enderezar el rumbo a la catástrofe. La democracia se sostenía sobre arenas movedizas (la frágil UCD de Suárez) y estaba sometida a un triple chantaje: los nacionalistas, la atomización de las autonomías y el terrorismo de ETA. El problema es que el fin no justificaba los medios (secuestrar el Parlamento y atacar a la Constitución).

Lo curioso es que 32 años después del golpe, los hechos parecen dar la razón a ese grupo de políticos (socialistas incluidos) que detectaron el problema e idearon una solución tramposa y, a la postre, chapucera. La triple amenaza ha llevado al Régimen de la Transición al límite de sus fuerzas. En materia nacionalista, Cataluña le desafía con un órdago soberanista y podemos imaginar que el Parlament hará con el dictamen del Consejo de Estado lo mismo que Israel suele hacer con las resoluciones de la ONU. En materia autonómica, el despilfarro del monstruo regional nos ha llevado a la ruina. Y en materia de ETA, la democracia ha perdido –parcialmente– la batalla, porque la enseña pirata ondea en San Sebastián y Amaiur se sienta en el Congreso.

Y, paradoja de paradojas, la sed inicial de política ha degenerado en hartazgo de partitocracia. Los partidos, teóricos cauces de la representación popular, se han convertido en cañerías opacas, atascadas de corruptelas, desconectadas de la realidad, y entregadas al turbio deporte de intrigar las unas contra las otras, emulando a 007, o mejor dicho, a Anacleto.

Italia
El circo del estatismo europeo
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 26 Febrero 2013

Entre los innumerables problemas que afectan a gran parte de las esclerotizadas economías europeas (Estados mastodónticos que asfixian fiscal y regulatoriamente a un atrofiado sector privado), hay uno que destaca sobre los demás: la permanente inestabilidad institucional y la cierta sensación de que el continente puede romperse por cualquier lado. Hoy es Italia donde un Berlusconi echado más que de costumbre al monte inflacionista amenaza con dinamitar la arquitectura jurídica del Continente; ayer era Grecia, con sus neonazis y neocomunistas, la que amagaba con celebrar el referéndum rupturista que meses antes había anunciado Papandreu; y mañana serán España –con sus quinceemes, veintitresefes, bárcenas y urdangarines– o Francia –con su Hiperestado infinanciable y su socialismo enrocado– los que den la campanada. La normalidad europea pasa por la anormalidad estructural, por la certidumbre en la incertidumbre permanente.

Es cierto que no todos los cambios son siempre para peor y que, en ocasiones, incluso resulta deseable precipitarlos. El problema de Europa no es, pues, la posibilidad en sí misma del cambio (que es hoy más necesario que nunca), sino la desazonadora seguridad de que los cambios serán a peor y generarán más estatismo, populismo y arbitrariedad política; hacia una menor libertad, en definitiva. ¿Cómo promover una sana inversión a largo plazo en un territorio crecientemente tóxico y hostil? ¿Cómo crear riqueza en unos países que se dedican principalmente a rapiñarla y consumirla? ¿Cómo lograr una cierta previsibilidad a largo plazo en los cálculos empresariales cuando la nota dominante es la imprevisibilidad?

Acaso se diga que tales son las inexorables consecuencias de una crisis económica tan brutal como la que estamos atravesando. Pero semejante planteamiento peca de simplista, pues sólo coloca su sesgada atención en una parte de la realidad. Si la mayoría de Europa reacciona ante la crisis apostando, consciente o inconscientemente, por una degeneración institucional –en lugar de por una regeneración– es simple y llanamente porque la sociedad europea ha sido adoctrinada durante más de un siglo en el antiliberalismo más rampante: la estatolatría, la fe ciega en la planificación central y en la democracia irrestricta, la veneración del Estado de Bienestar, la creación artificiosa de todo tipo de derechos sociales y económicos que jamás dejaron de ser esclavizaciones del prójimo y la adicción al sobreendeudamiento público o privado como vía a una artificiosa e insostenible prosperidad.

Lejos de mamar los valores de la libertad individual, de los contratos voluntarios, de la responsabilidad o del ahorro; lejos de instruirse en la prudencia financiera, en la creación de valor económico o en la construcción de un patrimonio personal; y lejos de comprender que el Estado no es un aliado sino un enemigo al que hay que recluir y maniatar, la mayoría de los europeos sigue pataleando contra el Estado no por provocar y agravar la crisis, sino por no subir suficientemente los impuestos a los ricos, por no endeudarse todavía más, por no crear empleo público de la nada, por no subsidiar a más ciudadanos, por no devaluar la divisa, por no rubricar el impago de todas y cada una de las deudas contraídas y por no nacionalizar y someter sectores económicos enteros.

Que frente a las crisis un alto porcentaje de la población busque más estatismo y no más liberalismo –y se refugie en extravagantes alternativas liberticidas, como los berlusconis y los syrizas, o apuntale a los también liberticidas partidos mayoritarios, podridos hasta la médula– no tiene que ver con las crisis, sino con los valores y la formación de los ciudadanos. Y justamente lo que genera inquietud son las formas de organización política a que puedan dar lugar tales valores y tal formación. Al parecer, sólo el pan y el circo parecen calmar a los hijos del socialdemócrata Estado de Bienestar europeo; y habiéndose reducido las sobreendeudadas hornadas de pan gubernamental, se está optando por trasladar el circo a la arena política. Es decir, se está optando por echar a todos los ciudadanos a los leones. Como para no salir corriendo.

¿Vendrá un Primo de Rivera?
Manuel Muela www.vozpopuli.com 26 Febrero 2013

Es la pregunta inquietante que se puede hacer al contemplar el desmoronamiento institucional de la Transición, ahogada por los escándalos de la corrupción y por el agravamiento de la crisis económica. Si a ello se une el fracaso de las Cortes a la hora de proponer iniciativas de regeneración y cambio para recuperar el consenso político y social, no es difícil prever que la inestabilidad seguirá creciendo en paralelo con la evolución negativa de la actividad general del país. Contra lo sostenido por los portavoces oficiales, incluido el presidente del Consejo de Ministros en el debate de la semana pasada en el Congreso de los Diputados, ningún indicador anticipa mejoras en lo económico; todos apuntan al ahondamiento de la depresión, cuya manifestación más dolorosa es el aumento del paro. Frente a eso, los partidos políticos del régimen, salvo alguna excepción minoritaria, han seguido apostando por su sostenimiento con diferentes grados de adhesión: desde la tibieza de los nacionalistas, pasando por el desconcierto de los socialistas, hasta el inmovilismo, aparentemente granítico, del partido del Gobierno. Un cuadro en el que todo conspira para que en España se produzca algún tipo de ruptura, con bastantes posibilidades para la opción del primoriverismo civil. ¡Triste sino para los indefensos españoles!

Lo que pasa cuando se pierde el apoyo social
La historia nos suministra ejemplos abundantes de lo que sucede cuando los sistemas políticos pierden el apoyo social, normalmente porque se muestran incapaces de atender las necesidades o demandas de sus ciudadanos. También cuando se ahogan en el vómito de su podredumbre. Si se unen ambas cosas, como es el caso actual, el enigma sólo afecta al tiempo ¿meses, un año quizás? De nuestro pasado contemporáneo he echado mano de D. Miguel Primo de Rivera, no por su condición de militar, sino porque su irrupción en la política española al frente de un Directorio, el 13 de septiembre de 1923, se produjo por el pudrimiento de los partidos dinásticos de entonces. Éstos se mostraron incapaces de hacer frente a las dificultades económicas que sucedieron a las ventajas -- hoy le llamaríamos burbuja -- que España obtuvo con su neutralidad en la Primera Guerra Mundial. A tales dificultades se añadieron la cuestión catalana, los escándalos económicos y la sangría de la guerra marroquí. De hecho, fue el desastre de Annual el que provocó la apertura en las Cortes de la investigación conocida como el Expediente Picasso, que podía implicar al propio rey Alfonso XIII.

Desde 1917 la inestabilidad política y social había ido creciendo al tiempo que los partidos políticos del régimen se degradaban con sus propias miserias, sin ofrecer alternativas al modelo agotado de la Restauración: la sociedad española de entonces demandaba cambios pero las organizaciones encargadas de capitanearlos hacían oídos sordos a los mismos. Los intentos de cambio, como la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona o las propuestas del Partido Reformista, no sólo no prosperaron sino que excitaron la autodefensa de los poderes establecidos, lo que produjo la parálisis en la gobernación del país. Y hasta tal punto llegó que, cuando se produjo el pronunciamiento de septiembre de 1923, fue recibido con la indiferencia teñida de apoyo de la opinión pública y la simpatía de determinadas organizaciones sociales, especialmente el sindicato socialista UGT. Un fenómeno transversal, como se dice ahora. La historia posterior es conocida.

La decadencia democrática y el desafecto popular
La España de hoy tiene poco que ver con la de un siglo atrás, pero, de forma similar a aquella, camina por derroteros llenos de esclerosis política, de ruina económica y de desigualdad social. Son las referencias del agotamiento de un modelo político y económico que, a mi juicio, no ha sabido o no ha querido desarrollar al país. Se ha limitado al aprovechamiento especulativo de la bonanza basada en fundamentos poco sólidos, destacando entre ellos un endeudamiento inasumible. Europa está sufriendo una guerra sin cañones y España, uno de los países ya derrotados, no sabe o no puede digerir las consecuencias de su Tratado de Versalles particular: sus minorías dirigentes no dirigen ni prevén nada, se limitan a obedecer a Bruselas o Fráncfort y a defender sus posiciones cada día. Los españoles, conscientes muchos de ellos de la envergadura del desastre, se preguntan cómo terminará todo, dando por sentado, como indican las encuestas sociológicas, que no esperan nada bueno de los que están al mando. Es decir, el consenso político y social parece quebrado y a pocos les preocupa restaurarlo. Voces, de dentro y de fuera, hablan de agotamiento, pocas de cambio, y las más, de resignación.

El Congreso de los Diputados ha sido esta semana fiel retrato de lo expuesto: el jefe del Ejecutivo ha declarado impávido que, entre sus compromisos electorales y el deber ¿qué deber?, eligió incumplir los primeros y, a renglón seguido, dio unas cifras sobre déficit y evolución de la economía que fueron desmentidas de plano, al día siguiente, por su idolatrada Comisión Europea. No conforme con ello, desdeñó debatir sobre la corrupción, que también le afecta a él y a su partido, y negó la apertura a cualquier proceso regenerador o de cambio, ante las tímidas solicitudes de determinadas minorías parlamentarias. Discurso y actitudes claramente defensivos con ribetes de arrogancia que no presagian nada bueno sobre el futuro inmediato. Dijo que su única preocupación era el déficit. Pura ceguera que se transforma en necedad, cuando desde el establishment denuestan las declaraciones del líder del PSC que, al fin y al cabo, pretenden oxigenar al régimen para evitar o aplazar su hundimiento.

Las mareas sociales y los movimientos de disconformidad van subiendo de grados, ofreciendo la imagen de un país profundamente alterado y despegado de sus instituciones y mandatarios. A eso se le oponen policías o bomberos, aunque éstos últimos han empezado a desertar. El día que lo hagan sus colegas policiales se comprobará cuan vacía es la arrogancia del poder cuando éste ha dado la espalda a la sociedad. Me temo que sólo eso es lo que hay sobre el tablero español: una guerra de trincheras. A los liberales y demócratas, que creemos en las zonas templadas del Gobierno y de la política, todo esto nos suscita una grave desazón: España camina con el fardo de la impostura democrática, sumida en la postración económica y social. Son los caldos de cultivo para cualquier clase de dictadura.

Estado despilfarrador e insostenible
via http://juanjulioalfaya.blogspot.com.es 26 Febrero 2013

Estado de las Autonomías
Cuando advertimos que para producir necesitamos obtener autorización de quienes no producen nada; cuando comprobamos que el dinero fluye no hacia quienes comercian con bienes sino a quienes trafican con favores; cuando percibimos que muchos se hacen ricos por el soborno y la influencia política y no por el trabajo y que las leyes no nos protegen contra ellos sino que, por el contrario, son ellos quienes están protegidos contra nosotros; cuando reparamos en que la corrupción es recompensada y la honradez es un auto sacrificio, entonces podremos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestra sociedad está condenada”.

Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos, han procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal, desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.

La concurrencia de administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es causa de numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente sufre de falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17 Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas (algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones “internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales españolas.

Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier Estado federal. Un estudio hecho por un partido político estima en 40.000 millones de euros el despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y redundancias. Por nuestra parte, creemos que esa estimación se queda corta, y que la verdadera cifra de gasto innecesario por duplicidades sería de unos 50.000 millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo en cuenta que, en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos corrientes.

En definitiva, lo que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.

Pero, ¿existe alguna manera de eliminar las duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay varias formas de eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar las Autonomías, aunque ello tropieza con dos obstáculos enormes: uno, porque la autonomía territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y para eliminarla es preciso modificar profundamente dicho texto; otro, porque los partidos mayoritarios y los nacionalistas prefieren mantener las actuales CCAA en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los partidos políticos. En efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de enchufados.

Antes o después, deberemos entrar en razón y, sea para lograr el bien común o por imposición de Europa ante la insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que conformarnos con el “café para unos pocos” o, incluso, con ningún café para ninguna comunidad territorial. En todo caso, el “café” autonómico debe ser no atractivo. Y el café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir, solo con los impuestos de los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los españoles, como ahora. ¡Ah!, y cuando decimos autofinanciación de la autonomía, queremos decir que sea suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la deuda pública de cada comunidad autónoma. Y el “café” se conseguirá asimismo cuando las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el “café” autonómico será amargo si deja de ser el chollo que es actualmente para los nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre podrá renunciar a ella, para ser igual que las otras comunidades de régimen común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!

Por supuesto, los partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no modificar las Autonomías, aunque saben que conllevan costosas duplicidades y ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los ciudadanos para que PP y PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar profundamente las Autonomías? Pues sencillamente luchar democráticamente contra ellos hasta que cambien de actitud sobre este asunto, lo que exige llevar a cabo, entre otras cosas, lo siguiente:

- Influir en la opinión pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desaparecer esas costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.

- Pedir la celebración de un Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA y existencia de Autonomías.

- Exigir la devolución al Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de otras que se estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.

- Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas duplicidades mediante la reforma del Estado de las Autonomías; o, incluso, la eliminación de las CCAA tras la necesaria reforma de la Constitución. Red de Blogs Comprometidos es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana “Recortes para Todos”.

Cuando advertimos que para producir necesitamos obtener autorización de quienes no producen nada; cuando comprobamos que el dinero fluye no hacia quienes comercian con bienes sino a quienes trafican con favores; cuando percibimos que muchos se hacen ricos por el soborno y la influencia política y no por el trabajo y que las leyes no nos protegen contra ellos sino que, por el contrario, son ellos quienes están protegidos contra nosotros; cuando reparamos en que la corrupción es recompensada y la honradez es un auto sacrificio, entonces podremos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestra sociedad está condenada”.

http://www.reddeblogscomprometidos.com/

Cataluña 2014
Buscar legitimidad simbólica en el aniversario de 1714 para un proyecto independentista es poco riguroso desde una perspectiva histórica
Miguel Trias Sagnier El País   26 Febrero 2013

Nadie tomó muy en serio a Carod Rovira cuando, en plena euforia del gobierno tripartito, fijó el año 2014 como el horizonte en el que Cataluña debía decidir su independencia. El 300º aniversario del fatídico 11 de septiembre de 1714 en el que las tropas borbónicas capitaneadas por el Duque de Berwick entraron en Barcelona a sangre y fuego tenía, en el imaginario del defenestrado líder de ERC, todo el simbolismo requerido para la nueva cita de Cataluña con su historia. Aunque Carod cayó primero y después el tripartito, la apelación al aniversario histórico parece que quedó en el acervo del partido que desde hace décadas enarbola la bandera del independentismo y, frente a la resistencia de Convergencia, que incluso desde su perspectiva más soberanista, es capaz de ver las dificultades del reto, ha impuesto el solemne calendario para la celebración de la consulta. Y ya que el simbolismo histórico se halla tan presente en las decisiones de quienes nos pretenden guiar por esta transición, no está de más que, para atisbar las posibilidades de lograr el objetivo marcado, rastreemos los precedentes en los que se legitima.

Desde la unión de las coronas de Aragón y Castilla, Cataluña ha tenido dos episodios de enfrentamiento abierto y prolongado con el poder español. El primero fue la rebelión contra los planes de Unión de Armas diseñados por el Conde-Duque de Olivares para contrarrestar el pujante poder francés. La oposición de las Cortes Catalanas a participar en dicho proyecto fiscal y la profunda aversión popular al asentamiento del ejército en el Principado dieron lugar a la Revolta dels Segadors en 1640. El ejército armado por el Conde-Duque para aplastar la rebelión fue detenido en Montjuich gracias al apoyo de Francia. A partir de allí, tras un intento efímero de constitución de una república catalana, el Principado entró en la égida del rey francés, cuyo dominio se demostró más insoportable que el castellano, desembocando en la vuelta al apaciguado redil español.

El segundo se produjo con el alineamiento catalán en el bando del Archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión de 1705-1714. A diferencia del anterior, en este conflicto Cataluña no proyectaba un futuro por separado, sino que pretendía una nueva configuración de España, que preservara el llamado neoforalismo de la segunda mitad del siglo XVII, otorgara a Barcelona un papel más relevante en el reparto de poder y reconociera la libertad de comercio con las Indias. El conflicto tiene de nuevo un marcado carácter internacional, apoyando al Archiduque el Imperio e Inglaterra, mientras que Francia y Castilla se alinean con Felipe V. Finalmente, el acceso del pretendiente austracista a la corona imperial desbarata los equilibrios en los que se basaba la coalición, quedando Cataluña sola en una resistencia tan heroica como abocada al fracaso.

Con la legalidad constitucional en contra y sin apoyos en Europa, al proyecto de “transición nacional” se le presenta un camino incierto

La primera reflexión que podríamos realizar de este breve excurso es que buscar legitimidad simbólica en el aniversario de 1714 para un proyecto independentista es, desde la perspectiva histórica, poco riguroso. Pero no es, a mi entender, ésta la principal lección que nuestros políticos historiadores debieran extraer de los anteriores episodios, sino la evidencia de que las posibilidades de éxito de un enfrentamiento abierto con un poder superior se basan en los apoyos internacionales que ese proyecto pueda tener. Otros procesos de independización (véase Irlanda o la ex-Yugoslavia) demuestran con obstinada regularidad que sólo con un fuerte respaldo exterior las vías unilaterales tienen futuro.

Sin duda, la constatación de la gélida acogida que el proyecto independentista está teniendo en Europa, detectada ya por los políticos de Convergencia, les llevaba a ser más cautos en la fijación de fechas concretas. En una reciente entrevista, la socióloga norteamericana Saskia Sassen, preguntada por su opinión acerca del proceso soberanista, repreguntaba sobre los canales internacionales que había desarrollado Barcelona. Señalaba que Nueva York y Los Ángeles tienen circuitos internacionales realmente independientes y apuntaba en esta dirección para el juego de relaciones que Barcelona debía construir en un mundo global como el actual. Pero de momento la economía catalana está fuertemente entroncada a la española y los canales internacionales de Barcelona, que la conectan principalmente con Europa y Latinoamérica, son plenamente compartidos con Madrid. No obstante, ignorando las lecciones de la historia y miopes ante la evidencia de política internacional, ERC y el sector soberanista de Convergencia han impuesto un itinerario carente de anclas internacionales y privado de lógica geoestratégica. Porque es indudable que el estado español utilizará todos sus poderes para evitar la secesión unilateral de Cataluña. Con la legalidad constitucional en contra y sin apoyos en Europa, al proyecto de “transición nacional” se le presenta un camino muy incierto.

Eso podría regocijarnos a los que siempre hemos creído que, incluso en los malos momentos, España es un proyecto compartido. Pero para los que somos catalanes, eso no es así, pues sin duda esta aventura nos va a debilitar. Y también puede ser que fuera de Cataluña alguien haga el cálculo cínico de los réditos electorales que el enfrentamiento catalán pueda proporcionarle, especialmente en el nuevo ciclo electoral que se abrirá en 2014. Tampoco debiera ser así, en primer lugar porque jugar a espolear los sentimientos xenófobos es repudiable en cualquier contexto, pero además, porque aunque la aventura soberanista descarrile, el proyecto España va a salir debilitado si no somos capaces de construir un nuevo marco de convivencia común, marco que demanda con claridad un nuevo pacto constitucional.

Y refiriéndonos ahora a la historia más reciente, no estará de más recordar que el reforzamiento del catalanismo radical viene íntimamente vinculado al renacer del nacionalismo español en el segundo mandato de Aznar. Ese nacionalismo que enarbola ahora con entusiasmo la enseña constitucional recoge la tradición de los que en España se han opuesto siempre a toda reforma política (incluida la de 1978). Porque sólo con el argumento de la fuerza, sea la de los tanques o la de la legalidad preestablecida, no se reconstruirá la affectio en la que debe basarse el proyecto común que llamamos España.

Miguel Trias Sagnier es catedrático de la Facultad de Derecho de ESADE.

Terrorismo
Doblemente víctimas
Cayetano González Libertad Digital 26 Febrero 2013

Tiene sus bemoles o, como diría el actual embajador de España en Londres, manda huevos que el único parlamentario que se refirió a las víctimas del terrorismo en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación fuera el portavoz de Amaiur, Iñaki Urbina. Eso si, este individuo, siguiendo la ortodoxia del discurso del mundo de ETA del que forma parte, lo hizo en el contexto de comparar a las víctimas con los verdugos. Ni el presidente del Gobierno ni, por supuesto, el líder de la oposición, ni ningún otro portavoz, tuvieron a bien referirse en sus intervenciones a las víctimas del terrorismo. Sólo la portavoz de UPyD, Rosa Díez, hizo alusión a la gravedad del hecho de la vuelta de ETA a las instituciones vascas y a la legalización de Sortu.

Las víctimas del terrorismo corren el peligro de volver a ser, si no lo están siendo ya, doblemente víctimas, en este caso del olvido y del arrinconamiento por parte de los poderes públicos y, mucho me temo, de una sociedad que en los tiempos duros que se están viviendo por mor de la crisis económica prefiere no cargarse con más preocupaciones. Cuando llegó al Gobierno, en 2004, Zapatero tenía claro que quería negociar con ETA, y sabía que las víctimas podían ser un obstáculo. Para removerlo, aplicó una estrategia de división e incluso de control de las mismas, para lo que creó el Alto Comisionado para las Víctimas, donde colocó al difunto Peces Barba, que cumplió al pie de la letra la labor que le fue encomendada por su jefe.

Zapatero consiguió sólo en parte sus objetivos, y digo sólo en parte porque tanto la AVT, con Alcaraz al frente, como muchos ciudadanos y escasos medios de comunicación –esta Casa, la Cope de Federico Jiménez Losantos y Cesar Vidal y pocos más– protagonizaron lo que se conoció como "la rebelión cívica", que tuvo su expresión más plástica en nueve manifestaciones por las calles de Madrid, a cuál más multitudinaria, con el lema "En mi nombre, no", que dejaba bien claro el rotundo rechazo al proceso de negociación política con ETA que estaba llevando a cabo el entonces presidente del Gobierno. Las víctimas se convirtieron en esos años no sólo en un dique de contención de ese proceso negociador, sino sobre todo en un referente moral y cívico para la inmensa mayoría de los españoles. La rebelión cívica recordaba en muchos aspectos lo que sucedió en 1997, cuando a raíz del asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco nació lo que se conoció como el espíritu de Ermua.

Con la llegada del PP al Gobierno, en noviembre de 2011, era lógico pensar que si Rajoy volvía a la política antiterrorista que llevaron a cabo los Gobiernos de Aznar, de los que el formó parte, las víctimas volverían a ocupar el lugar que les correspondía por el enorme sacrifico que habían hecho. Se trataba de que el Gobierno del PP atendiera las justas reivindicaciones planteadas históricamente por las víctimas, y que ellas mismas sintetizaron en tres palabras: Memoria, Dignidad y Justicia.

Pasados catorce meses desde que el PP accedió al poder, las víctimas piensan, y con razón, que muy poco ha cambiado en la política antiterrorista. El ejecutivo de Rajoy no sólo impulsó políticamente la puesta en libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga, el torturador/secuestrador de Ortega Lara, sino que antes no hizo nada para intentar evitar la legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional, ni ha hecho nada después para instar a la ilegalización de las diferentes marcas de ETA, llámense EH-Bildu, Amaiur o Sortu. Este domingo hemos asistido al Congreso fundacional de esta nueva-vieja marca de ETA, que cuenta con batasunos históricos en su órgano de dirección –Rufino Etxeberria, Joseba Permach, Pernando Barrena– y que ha reservado su Secretaría General para el aún preso Arnaldo Otegi.

Las víctimas tienen motivos más que sobrados para estar inquietas, preocupadas, desfondadas. Están convencidas de que el Gobierno de Rajoy no hará nada para cambiar el actual estado de cosas. Intuyen que detrás de lo que algunos denominan los "nuevos tiempos", marcados por el anuncio de ETA de su alto el fuego definitivo, lo que se esconde es impunidad ante los crímenes de la banda terrorista todavía no esclarecidos, un intento de que el relato de lo que ha sucedido lo escriban los terroristas y su mundo y no los demócratas y, además, la equiparación de víctimas y verdugos. Es decir, un final donde no haya vencedores ni vencidos. La verdad, todo muy triste, sobre todo para quienes dieron su vida por defender nuestra libertad.

Mali
El coste del esfuerzo antiterrorista
GEES Libertad Digital 26 Febrero 2013

El presidente francés, François Hollande, reconocía esta semana durante una visita oficial a Grecia la segunda baja en combate de sus Fuerzas Armadas en el frente antiterrorista del norte de Mali. Al piloto de helicóptero de combate fallecido el primer día de la intervención, el 11 de enero, hemos de añadir a un legionario muerto en la abrupta región del Adrar de los Ifoghas. Esta última aparece como el Tora Bora de Mali, una región abrupta en la que los yihadistas han encontrado un excelente escondite para ocultarse y, con el tiempo, lanzar sus ataques contra las fuerzas malienses y sus aliados extranjeros.

El anuncio de Hollande coincidía en el tiempo con la rueda de prensa ofrecida en Bamako por el primer ministro maliense, Diango Cissoko, y por el titular francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius. Este último anunciaba que "las grandes operaciones militares" podían darse ya por terminadas, pero todo indica que tal afirmación no deja de ser un gran ejercicio de voluntarismo. Si tenemos en cuenta que tan sólo entre el 14 y el 18 de febrero las fuerzas francesas –las únicas que hoy por hoy tienen poder aéreo– habían realizado 85 salidas con diversos aparatos, comprobamos que el campo de batalla sigue siendo complejo y que la presencia militar aún se extenderá en el tiempo.

Ello es así a pesar de que diversos países africanos han desplegado ya sus contingentes militares sobre el terreno: los 5.250 inventariados el día 19 se aproximan a los 6.000 previstos en lo que a las fuerzas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) respecta. A ellos hay que añadir, además, los casi 2.000 efectivos chadianos, muchos de los cuales están participando en misiones de combate, por ser los militares mejor preparados para el combate en el desierto.

Al despliegue africano hemos de añadir, como esfuerzo adicional al propiamente francés que ha permitido frenar a los yihadistas antes de que se hicieran con el control de todo el país, la aprobación formal por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el pasado día 18, del despliegue de 450 efectivos de varios Estados de la Unión, que coadyuvarán al entrenamiento de los militares malienses durante un período inicial de 15 meses. Veinte Estados miembros –entre ellos España– aportarán efectivos a la Misión EUTM-Malí, y también lo hará un Estado no comunitario: Noruega.

Pero, más allá del esfuerzo africano y del de algunos Estados de la UE, y a pesar de las declaraciones de Fabius, lo más probable es que Francia tenga que seguir liderando el esfuerzo más duro, el ejercido en el campo de batalla. También es el Estado que paga el precio más alto en términos de efectos colaterales: siete turistas franceses eran secuestrados por los yihadistas del grupo nigeriano Ansaru el pasado día 19 en Camerún, en una región cercana a la frontera con Nigeria.

© GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Cataluña
El Supremo obliga a la Generalidad a ofrecer el bilingüismo escolar pero la exime de hacer universal este derecho
El Alto Tribunal rechaza el recurso de casación de Convivencia Cívica Catalana contra la interlocutoria del TSJC de 2012 pero obliga a la Consejería de Enseñanza a establecer las dos lenguas vehiculares en las aulas cuyos padres pidan el bilingüismo escolar. De esta manera, la inmersión lingüística en las escuelas deja de ser obligatoria.
Daniel Tercero www.vozbcn.com 26 Febrero 2013

El abogado de las familias y Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, y el presidente de la entidad cívica, Francisco Caja, tras presentar el texto del recurso ante el TSJC sobre el auto de este tribunal, en marzo de 2012 (fot: LVdB).

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación contra la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que interpretaba una sentencia del Alto Tribunal en relación al derecho de los niños a recibir la enseñanza en bilingüe en las escuelas de Cataluña. El Supremo ratifica su posición adoptada en mayo de 2011 y deja el sistema de inmersión lingüística sin efecto obligatorio.

El Supremo, si bien ha rechazado la petición de hacer universal el sistema bilingüe a toda la enseñanza de forma automática, sin embargo, ha vuelto a recordar a la Generalidad que debe adaptar el sistema escolar para que los padres que lo pidan puedan escolarizar a sus hijos en las dos lenguas vehiculares oficiales, tanto en español como en catalán, conjuntamente.

El recurso, presentado por Convivencia Cívica Catalana (CCC) el 8 de marzo de 2012 en representación de una familia que vio reconocido el derecho de sus niños a estudiar con las dos lenguas oficiales como vehiculares, pedía al Supremo que anulase el auto del TSJC, que limitaba este derecho solo a los alumnos cuyos padres lo pedían, e hiciera extensivo este derecho a todo el sistema escolar.

Los magistrados del Alto Tribunal han aclarado que:
‘Por tanto el derecho que se reconoció al recurrente en representación de sus hijos, fue que a éstos, en el centro y curso en que se escolarizaran, se les educase en ambas lenguas vehiculares catalán y castellano, para lo que deberán adoptarse las medidas precisas por la administración educativa catalana, y a cuya adopción le conminó el auto de 8 de marzo de 2012, que se deberá ejecutar en esos términos’.

Bilingüismo en todas las líneas educativas
Con la decisión del Supremo, conocida este martes y votada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 5 de febrero, se confirma que la Consejería de Enseñanza, en manos de Irene Rigau (CiU), deberá adaptar el sistema escolar para dar satisfacción a la demanda de los padres.

En el auto, el Alto Tribunal ha ratificado que la Generalidad debe ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.

Y solo matiza que esta adaptación se debe dar para los niños cuyos padres lo pidan y para toda la línea educativa de los centros afectados. Los centros escolares, por lo tanto, deberán compaginar las dos lenguas, español y catalán, como vehiculares en las aulas en las que los padres lo soliciten.

La atención individualizada no sirve
Tras conocer la sentencia, Ángel Escolano, letrado de Convivencia Cívica Catalana, ha señalado a LA VOZ DE BARCELONA que, aunque el Supremo no les ha dado la razón en la petición de anular la interlocutoria del TSJC, para que el derecho se haga extensivo de forma universal, sí ha ratificado que la Consejería de Enseñanza debe aplicarlo a toda la línea educativa.

Así es. En la sentencia, el Alto Tribunal ha recordado que ya en el fallo inicial, del 9 de diciembre de 2010, se advierte a la Generalidad de que el reconocimiento del derecho de los padres a educar a sus hijos en las dos lenguas vehiculares:

‘No se satisfacía con la prestación a sus hijos de una atención particularizada en castellano, sino con la entera transformación del sistema, de modo que sus hijos junto con sus condiscípulos, utilizaran, en la proporción que la Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, pero referido ese sistema al seguido en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza’.

Además, Escolano ha reconocido que es de “lógica procesal” que la legitimación para hacer extensivo de forma universal un derecho recaiga en el Ministerio Público y el Estado, y no en una entidad particular. Por lo que ha adelantado que, a partir de ahora, los padres tienen derecho a que sus hijos estudien con las lenguas española y catalana como vehiculares pero deberán solicitarlo en los centros educativos, y estos no podrán negarse.

Por último, el Supremo también ha recordado a la Generalidad que las medidas a adoptar deben incluir, además de que en la educación de los hijos del demandante se utilice ‘el castellano también como lengua vehicular junto con el catalán’, que en la relación entre la escuela y los padres ‘todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita’ se haga en español, si así es la voluntad de los padres.

I Jornada por la Lengua Materna y el Bilingüismo
Las plataformas por la libertad lingüística denuncian el desprecio por el español
Asociación por la Tolerancia, Galicia Bilingüe, Círculo Balear y Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco se unen en Barcelona
 www.lavozlibre.com 26 Febrero 2013

Barcelona.- Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, la Asociación por la Tolerancia ha organizado este fin de semana en Barcelona la I Jornada por la Lengua Materna y el Bilingüismo. En ella, han participado los presidentes de las principales asociaciones que defienden los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las comunidades con más de una lengua oficial, como Galicia Bilingüe (Gloria Lago), Círculo Balear (Jorge Campos), Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco (María Aldecoa) y la anfitriona del acto, Asociación por la Tolerancia (Eduardo López-Dóriga).

Todos ellos han denunciado la imposibilidad de ejercer el derecho a la enseñanaza en español, que aún siendo lengua materna y oficial, es excluída o relegada a un segundo plano en sus respectivos sistemas educativos autonómicos.

También han demostrado mediante ejemplos sacados de libros de texto, material y actividades escolares, el preocupante grado de adoctrinamiento nacionalista al que son sometidos los niños en las escuelas públicas y concertadas.

Finalmente, han pedido al gobierno de la nación que ponga fin a esta situación insostenible y que el redactado de la LOMCE recoja de forma clara y rotunda el derecho a la escolarización también en la lengua común de todos los españoles, controlando asimismo los contenidos de los libros que son tergiversados a su antojo por los nacionalismos.

En el primer debate, Merce Vilarrubias (catedrática de inglés y ensayista) y José Manuel Pousada (vicepresidente de Galicia Bilingüe) ha debatido sobre el bilingüismo y la libertad de elección lingüística como alternativas al modelo de inmersión forzosa actual, basándose en los diferentes modelos educativos existentes en Europa.

Cataluña
La regulación excesivamente restrictiva de la Generalidad en materia comercial genera graves perjuicios al sector
Un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia -dependiente de la Generalidad- advierte de que, pese a ser la que ha desarrollado un régimen regulatorio más restrictivo, Cataluña es la segunda Comunidad que más minoristas ha destruido en términos relativos. Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico sigue defendiendo en los tribunales la prevalencia de su normativa frente a la nacional, mucho más flexible.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 26 Febrero 2013

Evolución del grado de regulación comercial por CCAA, según cuatro análisis diferentes (cuadro: ACCO).

El tradicional proteccionismo normativo hacia el comercio tradicional y minorista llevado a cabo por los diferentes gobiernos de la Generalidad ha supuesto un grave perjuicio para la economía catalana, según un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), dependiente de la Generalidad de Cataluña, hecho público este mes.

La ACCO concluye que la normativa autonómica desarrollada a lo largo de los últimos quince años se ha caracterizado por ‘su elevado grado de intervención administrativa’, imponiendo ‘numerosas restricciones injustificadas a la competencia, básicamente en forma de barreras de entrada de índole muy diversa (urbanísticas, sectoriales, etc.), que han dificultado -e incluso impedido- la implantación de nuevos establecimientos, sobre todo los de gran formato’.

El organismo asesor de la Generalidad advierte de que también ha habido una ‘limitación de los horarios comerciales’ y de ‘los periodos de rebajas’ que, a su vez, ‘limitan la capacidad de los operadores para competir’.

Todo esto ha supuesto unas consecuencias contrarias a las inicialmente pretendidas, y no solo no ha evitado ‘la caída del comercio tradicional’, sino que ha conllevado ‘efectos negativos colaterales sobre la competitividad de la economía’ y para los consumidores.

Posibles sanciones por imponer restricciones al comercio
A lo largo de 41 páginas, el informe de la ACCO, titulado Efectos del carácter restrictivo de la normativa comercial sobre la competitividad de la economía catalana (1997-2012), analiza la evolución de las diferentes normativas comerciales nacionales y autonómicas, y recoge las evaluaciones de numerosos organismos nacionales e internaciones (entre ellos, el FMI, la OCDE y la Comisión Nacional de la Competencia) que coinciden en denunciar ‘el carácter injustificadamente restrictivo de la normativa comercial’ autonómica, al igual que la nacional, aunque en menor grado.

La entidad encargada de velar por la promoción y defensa de la competencia señala que estas barreras de entrada han dificultado la implantación de nuevos operadores, lo que ha reforzado ‘el poder de mercado de los ya implantados’. Esto ha sido ‘contraproducente’ para fomentar la ‘modernización y especialización’ del comercio tradicional, ‘factores claves para su supervivencia’.

También considera que se ha hecho caso omiso de algunos criterios establecidos en la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Con esta Directiva, ‘las pruebas económicas pasan a estar prohibidas y cualquier restricción al acceso y ejercicio tiene que estar sometida a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación‘. Su incumplimiento podría suponer la imposición de sanciones por parte de las instituciones comunitarias al Gobierno, unas sanciones que este podría, a su vez, repercutir a la Generalidad.

Efectos negativos sobre la inversión, el empleo y los consumidores
La regulación restrictiva ha convertido las licencias comerciales en un bien escaso, ‘lo que otorga unas rentas regulatorias a su propietario no justificadas en razón de mercado y que pueden inducir a una fuerte especulación en el momento de su transmisión’. ‘La ambigüedad de la normativa aplicable puede dar lugar a una discrecionalidad en el otorgamiento de las licencias por parte de la administración y puede generar inseguridad jurídica en los operadores’, añade.

Por otra parte, los efectos sobre el empleo también han sido negativos:
 

‘Las barreras de entrada que, en la mayoría de casos, son justificadas por los poderes públicos como mecanismos para proteger la ocupación, producen a menudo el efecto contrario: las empresas, cuando encuentran muchas dificultades para desarrollar proyectos en un área determinada, invierten en otros territorios, ya sea en regiones limítrofes o en países con más capacidad de recorrido para la enseña. La consecuencia, por lo tanto, es que la creación de puestos de trabajo se produce fuera de Cataluña’.

La ACCO también subraya que la falta de competencia ha generado efectos negativos sobre el bienestar de los consumidores -’los grandes perjudicados’ de la situación-, quienes, toda vez que han aumentado sus preferencias por el formato hipermercado y habida cuenta de que la oferta ha sido limitada por la regulación, se han encontrado con un nivel de precios mayor y con la necesidad de realizar mayores desplazamientos para acudir a sus centros elegidos.

Todo ello, además, ‘retrasa la modernización y especialización de los pequeños establecimientos y no les permite beneficiarse del polo de atracción que constituyen los grandes formatos, por ejemplo, centros comerciales’.

La más regulada, pero la segunda Comunidad que más minoristas pierde
El informe compara el grado de regulación comercial que ha habido en las diferentes CCAA y destaca que, a excepción del País Vasco, Cataluña es la Comunidad que ha evolucionado hacia un régimen regulatorio más restrictivo en los últimos quince años, según cuatro análisis diferentes independientes.

Sin embargo, y en contra de lo pretendido, Cataluña ha sido la segunda Comunidad que mayor destrucción de autónomos en comercio minorista ha registrado en términos relativos en la última década.

 

Evolución del formato comercial tradicional por CCAA en el sector alimentación (cuadro: ACCO)

La ACCO también señala que las CCAA ‘tienen grados de regulación comercial muy diferentes entre sí’, y apunta a una posible ‘necesidad de una regulación estatal que garantizara una unidad de mercado y redujera el coste regulatorio de la fragmentación del mercado para la actividad empresarial’. Un asunto que, de forma muy superficial, ha empezado a abordar el Gobierno mediante el Anteproyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

La solución: flexibilizar la normativa
La ACCO concluye que, ‘visto el crecimiento imparable del comercio electrónico, es un contrasentido establecer barreras al establecimiento físico de comercios así como restricciones en su ejercicio cuando el mundo virtual no tiene fronteras y está abierto 24 horas al día‘.

‘Para que el comercio físico pueda competir en igualdad de condiciones con el mundo virtual, hay que dotarlo de mayor flexibilidad tanto para el establecimiento como en el ejercicio de la actividad’, especialmente ‘en un momento de crisis como el actual’, añade.

De esta forma, considera ‘deseable que el modelo comercial fuera en realidad consecuencia del modelo de planeamiento urbanístico y territorial que, seguramente, sería un instrumento suficiente para evitar implantaciones en lugares inadecuados, con mala comunicación con el transporte público o demasiado alejados de zonas densamente pobladas’, sin tener que ‘hacer uso de una regulación comercial adicional, que tiene un carácter marcadamente restrictivo porque incide en aspectos como la tipología de establecimiento, su dimensión o el tipo de actividad, y que se asimila, en realidad, a una planificación económica’.

Este informe se ha conocido en mitad de un conflicto de competencias que enfrenta al Gobierno con la Generalidad y que ya está en manos del Tribunal Constitucional. En este caso, el Ejecutivo autonómico -sorprendentemente, en contra del criterio de la ACCO- trata de defender la prevalencia de una normativa autonómica sobre establecimientos comerciales mucho más restrictiva que la legislación nacional.


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Mas y la corrupción
Víctor Andrés Maldonado www.vozbcn.com  26 Febrero 2013

El pasado viernes 22 de febrero, Artur Mas se reunió de nuevo con los principales responsables de los organismos encargados de luchar contra la corrupción en Cataluña (el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía de Cataluña, la Sindicatura de Cuentas, el Síndic de Greuges y la Oficina Antifraude de Cataluña). En esta ocasión, Mas presentó un documento con diferentes medidas encaminadas a mejorar la lucha contra la corrupción. Algunas de estas medidas van en la buena dirección, como, por ejemplo, la mejora en la transparencia de las cuentas de los partidos políticos o publicar los ingresos de los asesores de los cargos públicos.

Dentro de esas medidas, Mas ha vuelto a insistir en que los políticos imputados en una causa judicial no tienen por que dimitir y, por lo tanto, deberían poder seguir en sus cargos. Sólo en el caso de ser inculpado por el juez y sometido a juicio, el político debería abandonar temporalmente sus responsabilidades (por ejemplo, en caso de ser alcalde pasaría a ser sólo concejal), pero no los cargos para los que fueron elegidos (por ejemplo, seguiría siendo concejal o diputado), a la espera de la sentencia. De esta manera, Mas espera que se evite el perjuicio que una dimisión ocasionaría al político imputado (incluso, al inculpado) en caso de una sentencia absolutoria. Esta propuesta estaría inspirada en lo que sucede actualmente en el poder judicial, donde los jueces pueden seguir ejerciendo sus funciones hasta que son sometidos a juicio.

Como ciudadano, no salgo de mi asombro por lo inapropiado de tal propuesta proveniente del presidente de un partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), con numerosos casos de corrupción entre sus filas y con la sede embargada judicialmente. Además, con la que está cayendo y el grado de desafección creciente entre los ciudadanos hacia la clase política en general, una propuesta de este calibre no hará más que aumentar el desapego de la ciudadanía y poner en riesgo la credibilidad de las instituciones. Efectivamente, esta propuesta iría en el camino de una relajación (en favor de los políticos corruptos) de la práctica actual, por la cual en la gran mayoría de los casos los partidos políticos invitan a los políticos imputados a abandonar sus responsabilidades (dejar de ser alcalde) e incluso sus cargos electos (dimitir como concejal o diputado).

No es un buen ejemplo a seguir. Es una propuesta que va en sentido contrario a lo que espera la ciudadanía y que invita, en cierta manera, a la impunidad, particularmente, cuando la imputación de una persona en una causa judicial no es un hecho nimio, sino sometido a un procedimiento que presupone la consideración, por parte del juez, de la existencia de indicios suficientes de la comisión de un delito por parte de la misma.

La analogía planteada con el poder judicial no es válida. Primero, porque los jueces son funcionarios públicos no electos y, como tales, sólo pueden ser condenados por la comisión de un delito a través de la vía del Código Penal. Por contra, los políticos tienen, además de las penales, unas responsabilidades políticas a las que tienen que hacer frente. Unas responsabilidades políticas que tienen su base en un deber de ejemplaridad ante los electores a los que representan; una cuestión de carácter moral que va más allá de un procedimiento judicial. Segundo, y debido a que los procedimientos judiciales de determinación de responsabilidades penales son largos y suelen llevar mucho tiempo, el mantener a políticos imputados en sus cargos tiene un efecto negativo en la eficiencia con la que estos ejercen sus funciones y, por ende, tiene un impacto negativo en el funcionamiento de las propias instituciones.

Ante la inminencia de la, al parecer, más que probable imputación de Oriol Pujol, secretario general de CDC y presidente de CiU en el Parlamento autonómico, por el caso de las ITV, me pregunto si Mas no está preparando el terreno (y la justificación subsiguiente) para la continuación de aquel en sus actuales cargos y responsabilidades. En el fondo, esta iniciativa demuestra que la imputación a Pujol tiene una base sólida y no algo ligado a la tan socorrida práctica del nacionalismo catalán de envolverse en la senyera como un ataque del Estado al proceso soberanista.

Señor presidente autonómico, de lo que se trata es de introducir medidas que favorezcan la lucha contra la corrupción e impidan la impunidad de los que la practican, no lo contrario. Imite las prácticas existentes en los países más avanzados en esta materia, los países nórdicos, donde los políticos sospechosos de corrupción (el equivalente a la figura de la imputación en España) son invitados por el líder del partido a renunciar a todos sus cargos y responsabilidades, como ejemplo de moralidad y como elemento para asegurar un funcionamiento eficiente de las instituciones. Siga su ejemplo y no lo contrario.

Víctor Andrés Maldonado es economista y experto en relaciones internacionales

El Instituto Ramon Llull otorga subvenciones a las Universidades de Cambrige, Stanford y La Sorbona
Mas deja sin dinero a las escuelas catalanas pero subvenciona a las universidades más elitistas del mundo

Se recorta el sueldo a los profesores catalanes pero se entregan 40.000 euros al Instituto Tecnológico de Massachussets para una exposición
Antonio José Chinchetru. Periodista Digital 26 Febrero 2013

Mientras los niños catalanes se ven obligados a llevarse la tartera al colegio para poder comer, y además se les cobra por el uso del comedor, y el sistema educativo recorta en otras partidas como sueldo de profesores, la Generalitat de Cataluña tiene dinero para subvencionar a varias universidades extranjeras. Entre ellas figuran algunos de los centros más elitistas del Mundo, como la Universidad de Cambridge o el Instituto Tecnológico de Massachustts. El encargado de entregar ese dinero de los ciudadanos es el Instituto Ramon Lllul.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado el el 26 de febrero de 2013 el Anunci de l'Institut Ramon Llull, sobre informació pública de concessió de subvencion (Anuncio del Instituto Ramon Llull, sobre información pública de concesión de subvención). En dicho anuncio se deja constancia de que la citada institución concedió en 2012 subvenciones, otorgadas e forma directa mediante convenio) con distintas empresas y asociaciones por un total de 257.817,96 euros. Aproximadamente la mitad de esta cifra, 128.705 euros, tiene como destinatarias universidades extranjeras, algunas de ellas muy elitistas.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, situado en la ciudad de Cambridge, EEUU) firmó el convenio por una cantidad más abultada: 400.000 euros. Este dinero tiene como objetivo la producción de una exposición sobre el arquitecto valenciano Rafael Gustavino Moreno (1842-1908) en la Biblioteca Pública de Boston entre septiembre de 2012 y febrero de 2013. Este caso se distingue del resto de ayudas a universidades extranjeras debido a que las demás tienen como objetivo en mantenimiento de cátedras o estudios sobre la lengua y la literatura catalana, o la cultura de esta comunidad en general.

El otro centro academico norteamericano objeto de la generosidad del Instituto Ramon Llul es la Universidad de Stanford (Palo Alto, California). Se le concedieron 21.000 dólares, unos 16.055 euros al cambio.

Otra universidad especialmente mimada por la Generalitat es Universidad de París-La Sorbona, a la que se otorgaron 36.200 euros destinados a su Centro de Estudios Catalanes. A la también francesa Universidad de Picardía Julio Verne en Amiens le fueron concedidos 10.250 euros.

El sistema universitario de Reino Unido también ha conseguido parte del pastel. El 'college' Queen May de la Universidad de Londres firmó un convenio por el que se le otorgaron, para el mantenimiento del Centro de Investigación en Estudios Catalanes y la enseñanza del catalán, 12.000 euros. Algo menor, 8.200 euros, es la cantidad conceda a la mundialmente famosa Universidad de Cambridge, la segunda más antigua del mundo en lengua inglesa.

Italia queda como el 'hermano pobre' en el grupo de países con universidades que reciben fondos del Instituto Ramon Llull en forma de subvención. Tan sólo se conceden 6.000 euros a la Universidad de Turín.

Cataluña
La Generalidad paga la hipoteca de Acció Cultural del País Valencià
El departamento autonómico de la Presidencia repartió otros 3,2 millones de euros en 2012 entre entidades nacionalistas o pancatalanistas. Algunas de ellas están implicadas en el escándalo de corrupción del Palacio de la Música; han promovido denuncias contra el Gobierno por un supuesto ‘genocidio cultural’; o defienden el ‘derecho a decidir’ porque ‘se ahorrarían muchas muertes’. El Ejecutivo autonómico reduce un 28% las subvenciones de los convenios plurianuales, excepto a Òmnium Cultural, cuyo recorte solo es del 3,27%.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 26 Febrero 2013

Eliseu Climent, presidente de Acció Cultural del País Valencià, una de las entidades más favorecidas por las subvenciones de la Generalidad (foto: josuerkoreka.com).

Los polémicos criterios utilizados por el tripartito a la hora de otorgar subvenciones fueron muy criticados en su momento por el evidente e indisimulado sesgo ideológico aplicado. Lejos de corregirse, esta situación se ha agravado con la llegada de CiU a la Generalidad.

En las últimas semanas se han conocido algunas de las subvenciones entregadas por el departamento autonómico de la Presidencia en 2012, entre las que destacan cuatro millones de euros para los medios que ‘fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación’; 1,2 millones para promocionar el catalán por todo el mundo; 4,5 millones para la prensa privada por utilizar el catalán; y 16 millones para las federaciones deportivas, especialmente para aquellas que se han independizado de las españolas.

Este viernes, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado una nueva tanda de subsidios concedidos durante el segundo semestre del año pasado por Presidencia (Resolución PRE/291/2013). En total, otros 3,2 millones de euros adicionales adjudicados ‘fuera de concurrencia pública’ (esto es, a dedo) a entidades o actividades que, mayoritariamente, tienen un claro perfil nacionalista o, directamente, secesionista.

1,1 millones de euros para Eliseu Climent
Destacan de forma especial las subvenciones destinadas a fomentar el pancatalanismo en las CCAA limítrofes con Cataluña. Como es habitual, una de las entidades más beneficiadas ha sido Acció Cultural del País Valencià (ACPV), presidida por Eliseu Climent. Climent es íntimo del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol y ACPV ha recibido decenas de millones de euros en subsidios a fondo perdido procedentes de la Generalidad a lo largo de las últimas décadas.

En esta ocasión, el departamento dirigido por Artur Mas le ha premiado por partida doble. Por una parte, le ha otorgado 382.923,57 euros para ‘actividades culturales diversas’, lo que incluye la construcción de lo que los nacionalistas denominan Países Catalanes (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andorra y parte de Murcia, Aragón, Francia e Italia).

Pero, por otra parte, y de forma inaudita, el presidente autonómico le ha concedido a la entidad privada 715.411,43 euros ‘a dedo’ para la ‘financiación de la cuota anual del préstamo hipotecario derivado de la compra del edificio El Siglo [sede central de la entidad], correspondiente al año 2012′. Algo así como si el Gobierno del Principado de Asturias le pagase la hipoteca de su sede al Centro Asturiano de Barcelona.

Comunidad Valenciana, Francia y Baleares
En esta misma línea, Presidencia autonómica ha otorgado 102.900 euros a la Fundació Escola Valenciana para ‘promoción del valenciano en la enseñanza y el uso social’, y otros 32.4000 euros a la Fundació Sambori para un ‘concurso de literatura en valenciano’.

También ha entregado 428.047,20 euros para el ‘personal docente de las escuelas’ de la Associació d’Amics de la Bressola, una entidad que gestiona siete colegios en lengua catalana en la región francesa del Rosellón. Y 15.000 euros a ACV Tirant lo Blanc para ‘actividades incluidas en el programa de actividades valencianistas’.

De igual forma, Obra Cultural Balear ha recibido 85.500 euros para ‘actividades de promoción de la lengua catalana en las Islas Baleares’.

CatDem y la fundación de Pujol, únicas entidades de partidos subvencionadas

Otras de las subvenciones más difíciles de explicar son las que han recibido dos entidades directamente relacionadas con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Por una parte, la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem), conocida por su implicación en el escándalo del desfalco del Palacio de la Música (según el sumario de la instrucción judicial, esta entidad, anteriormente denominada Fundació Ramon Trias Fargas, presuntamente se encargó de intermediar en el cobro de comisiones ilegales por parte de la formación nacionalista a cambio de adjudicaciones de obras públicas) fue agraciada con 7.400 euros.

Por otro lado, la Fundació Privada Centre d’Estudis Jordi Pujol, presidida por el propio ex presidente autonómico, recibió 45.000 euros para el ‘fomento del conocimiento de la realidad catalana y europea’. Son las únicas dos fundaciones vinculadas a partidos políticos que han sido subvencionadas por Presidencia en esta ronda de ayudas.

Ayudas a una organización que denuncia un “genocidio cultural” del Gobierno
No menos sorprendentes son los 30.000 euros concedidos al Centre Català del Pen Club. Esta entidad solicitó en marzo pasado al PEN Internacional, matriz de la delegación catalana y miembro consultivo de la ONU, que presentase una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por el “genocidio cultural” que, desde su punto de vista, está sufriendo la lengua catalana por parte del Gobierno nacional y de los gobiernos autonómicos.

La entidad justificó esta medida como respuesta a “la campaña calculada y feroz de abolición del catalán llevada a cabo por los sucesivos gobiernos españoles” y, especialmente, por las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que obligan a restablecer el bilingüismo escolar. El Pen Català también forma parte de la plataforma Som Escola que, liderada por Òmnium Cultural, presiona a la Generalidad para que desacate las sentencias y mantenga la prohibición del castellano como lengua vehicular escolar.

Entre los promotores de la iniciativa del Pen Català está Josep Maria Terricabras. Terricabras es catedrático de Filosofía en la Universidad de Gerona, miembro del Instituto de Estudios Catalanes, del consejo consultivo de Plataforma per la Llengua, de la Asamblea Nacional Catalana y presidente del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos del PEN Internacional. Es un habitual receptor de subvenciones de la Generalidad.

Subsidios para defender que el ‘derecho a decidir’ ahorra muertes
Otra partida incluye una subvención de 53.550 euros a Amics de la Unesco de Barcelona para financiar ‘los gastos relativos a las actuaciones previstas para el año 2012′.

Esta asociación ha sido objeto de crítica por parte de una veintena de entidades de Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña, encabezadas por el 12O Movimiento Cívico, por promover ‘actitudes fascistas, anexionistas e imperialistas’.

En concreto, las entidades han denunciado ante la Unesco y ante el Gobierno que Amics de la Unesco de Barcelona defiendan un supuesto ‘derecho a decidir’ de lo que denominan Países Catalanes. En la web de la asociación dedican un extenso ensayo en el que concluyen que si el Gobierno respetase el ‘derecho de autodeterminación’ de las CCAA ‘se ahorrarían muchas muertes’.

Todos se aprietan el cinturón, menos Òmnium Cultural
Entre el resto de subvenciones publicadas este viernes por el DOGC sobresalen los 72.000 euros entregados a Enciclopèdia Catalana para la ‘edición de la obra colectiva Catalunya, nació d’Europa (1714-2014)‘; los 4.000 euros a D’Artagnan Consultoría para la aplicación para smartphones JoSócAquí, ‘que localiza catalanes en el mundo y permite el contacto entre ellos’; y los 12.500 euros que se han repartido dos entidades para participar en el ‘encuentro internacional de la sardana’ celebrado en Budapest (Hungría) en agosto pasado.

El DOGC también recoge las ‘modificaciones de convenios de gasto plurianual, de acuerdo con el objetivo del Gobierno de la Generalidad de consolidar el esfuerzo de austeridad iniciado el 2011′ establecido en los presupuestos de 2012.

En este sentido, cinco entidades han visto reducidas las aportaciones del Gobierno autonómico en una media de un 28%, sin embargo, ese ajuste no se ha distribuido de forma proporcional entre todas ellas. Curiosamente, a Òmnium Cultural el ‘esfuerzo de austeridad’ que está aplicando la Generalidad solo le ha supuesto una reducción del 3,27% en sus subvenciones, de tal forma que su convenio para el período 2011-2013 ha pasado de 1.434.763 euros a 1.387.884,40.


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