AGLI Recortes de Prensa   Lunes 4 Marzo 2013

Las rentas salariales se desploman
Roberto Centeno El Confidencial  4 Marzo 2013

Ha tenido que ser el Banco Central Europeo el que ha hecho sonar las alarmas sobre las desastrosas consecuencias de la política de Rajoy, cuya dejación ante nuestros problemas políticos (¡ha esperado meses para recurrir la soberanía catalana! ) y económicos centrales empieza a ser escandalosa. Durante el primer año mariano, los salarios en España han caído un 10% de media, mientras que los precios han subido un 2,7%, pero en el cuarto trimestre la caída salarial ha pasado a ser un desplome, el 8,5 %. ¿Qué nos espera entonces en 2013? Acabarán poniéndoles impuestos hasta a las ranas. Es el fracaso rotundo de las medidas de ajuste de Rajoy, que han provocado una deflación brutal en la economía para incrementar supuestamente la productividad. Pero no es esto lo que ha sucedido como consecuencia de la falta de competencia en los sectores esenciales.

Un resultado calamitoso que, como afirma el BCE, “no sólo es una cuestión de competitividad, que también. Es, sobre todo, una cuestión de equidad en el reparto de las cargas del ajuste”. La semana pasada, según uno de sus miembros mas destacados, “la falta de competencia en España está llevando a márgenes empresariales inaceptables, siendo junto a Grecia los únicos países donde los márgenes han crecido durante la crisis”. Pero el problema es que este fenómeno se agravó extraordinariamente en 2012, y de una caída de salarios del 3% y una subida de márgenes del 0,2% en 2008, hemos pasado a una caída del 10% y una subida del 2,7%. Es el hundimiento en toda regla de las rentas de trabajo.

Durante el primer año mariano, los salarios en España han caído un 10% como media mientras que los precios han subido un 2,7%. Desde el 62% que representaban los salarios en el PIB en 1975, el fraude de la Transición -“to pal pueblo”, que diría Alfonso Guerra- los hundiría hasta un 50% antes de la crisis, para caer hasta el 47,8% del PIB a finales de 2011. El ajuste, como denuncia el BCE, lo han pagado exclusivamente los trabajadores y la clase media. Y aquí es donde Rajoy ha batido todos los récords: ¡dos puntos menos en un solo año! Las rentas del trabajo se han desplomado hasta el 45,8% del PIB, la cifra más baja de la historia, y la más baja también de toda la OCDE. Los asalariados han perdido 27.500 millones en 2012, mientras los beneficios empresariales han mejorado en 14.700. La pobreza afecta ya a 12,8 millones de personas y Rajoy afirma con una desvergüenza inaudita “hago lo que tengo que hacer”. El reparto de las cargas del ajuste está siendo alucinante, en ningún otro país ha ocurrido nada parecido.

¡Vale ya de mentir a los ciudadanos!
Como afirma el BCE, los brutales ajustes salariales no se han reflejado bien en la mejora de la competitividad-precio, y nada mejor para comprobarlo que ver el espectacular frenazo en el ritmo de crecimiento de las ventas al exterior. Una de las estafas más llamativas de este Gobierno de trileros ha sido la proclamación urbi et orbi de lo bien que iban las exportaciones, cuando el crecimiento en 2012 fue sólo un ridículo 1,7%, frente al 15% en 2010 y el 8,5% en 2011, y todo ello con unos recortes salariales la tercera parte de los aplicados en el primer año mariano. O sea, que aunque las exportaciones hayan mejorado marginalmente en cifras absolutas, su crecimiento se ha desplomado casi a la décima parte de 2010 y cinco veces menos que en 2011. Y no se lo pierdan, porque en el cuarto trimestre han caído al -0,9%.

Lo que sí ha sucedido, porque no podía ser de otra manera, es que el empobrecimiento de las familias ha hecho caer las importaciones un 7%, y se ha conseguido así una reducción del déficit comercial de 15.580 millones. Paradójicamente, cuanto más pobres somos y más caen las importaciones, menos cae el PIB, tanto como 2,8 puntos. Es decir, que sin la mejora del déficit comercial derivada de nuestro empobrecimiento, el PIB 2012 habría caído un ¡4,6%! Esa es la cifra que cuenta, la caída del PIB interno, la que afecta al paro, al consumo y a la inversión, o si lo prefieren a nuestra vida y a nuestro bienestar; lo demás es una simple cifra macroeconómica.

Una de las estafas mas llamativas de este gobierno de trileros ha sido la proclamación urbi et orbi de lo bien que iban las exportaciones, cuando el crecimiento en 2012 fue solo un ridículo 1,7%Los hechos son de sobra conocidos. El trabajo no es el único factor productivo y a veces ni siquiera el más importante, ya que hay otros factores, como los precios energéticos, esenciales en numerosos procesos. Tanto que muchas industrias intensivas en energía están cambiando su localización a otros países con costes energéticos más bajos. El hundimiento industrial de España, que ha pasado del 36% del PIB en 1975 al 14% actual, se debe esencialmente al costo de factores distintos al trabajo. ¿Cómo en un país donde el 60% de los ocupados gana menos de 1.000 euros al mes, y 800 es la media, alguien puede sostener que nuestro problema de competitividad son los salarios? ¡Vale ya de mentir a los españoles!

Si es incapaz de ir contra Bárcenas, ¿cómo va ir contra los monopolios?
Lo que tendrían que hacer Rajoy y sus ministros, cuya gestión está siendo desastrosa mientras sus relaciones con los monopolios -particularmente con el de las renovables- son presuntamente dolosas, es muy sencillo.

Productos petrolíferos: con más del 70% del mercado en manos de dos empresas, Repsol y Cepsa, la competencia es imposible. Ellos fijan los precios y los demás siguen al líder. Para que exista competencia la cuota de mercado de las dos primeras empresas de un sector no puede superar el 30%. Eso es teoría de competencia elemental. ¿Qué propone Rajoy?: dar mas EESS a terceros, un proceso que tardaría 20 o 30 años en liberalizar el sector suponiendo que se cumpliera, que tampoco es su intención. Pero es que, además, controlan la red logística CLH, donde la discriminación es tal que la competencia es imposible.

¿De qué te sirve tener una gasolinera si no puedes suministrar a precios razonables, y además con la Comisión Nacional de la Energía siempre a favor de los monopolistas? ¿Cuál es la alternativa? Es bien conocida, funciona perfectamente y tiene efectos inmediatos. En España lo hicimos a finales de los 80 y funcionó como un reloj: implantación de un sistema de precios máximos semanales iguales a la media de la semana anterior en Reino Unido, Francia y Alemania. Hoy en día, eso reduciría los precios al público en torno a un 10%. Por tanto, Sr. Rajoy, Sr. ministro de Industria y Sres. de la CNE: ¡dejen de engañar a los españoles! Si de verdad quieren competencia, déjense de brindis al sol y actúen. Los márgenes de las petroleras han subido un 20% durante la crisis y no han hecho nada de nada.

Sector eléctrico: aquí la situación de oligopolio y las conductas conscientemente paralelas son las mismas, pero con un problema mucho mayor: un mix de generación disparatado con subvenciones gigantescas que nos llevan a unos precios de energía inasumibles. Ni España ni nadie puede permitirse pagar diez veces más a la energía solar ni subvencionar más la eólica y la cogeneración, y hay una solución clara que ya ha funcionado en el sector con la moratoria nuclear.

Desmantélese la totalidad de las instalaciones solares y las eólicas que no puedan funcionar sin subvención y, al igual que se hizo con las centrales nucleares por el sectarismo de los socialistas en los años 80, compénsese a los propietarios por la inversión realizada y durante diez o veinte años cóbrese una cantidad por “moratoria renovables”. Esto es infinitamente más barato que seguir pagando unas subvenciones durante los próximos 30 años, que arruinan a las familias y destruyen la competitividad de la nación, para enriquecer sin límite a unos pocos amigos del poder. O esto, o el desastre. No podemos salir de la crisis pagando la electricidad más cara de Europa.

Gas natural: en este particular no existe un oligopolio. Es un monopolio macizo con un gran monopolista (Gas Natural) y el resto son en la práctica revendedores. No existe ni sombra de competencia. El sistema de precios máximos no es viable por la diversidad de las tarifas. La solución es un sistema cost plus con el que se funciona en situaciones de monopolios. Es decir, un sistema de precios administrados que cubra la totalidad de los costes con arreglo a unos estándares definidos, más un beneficio razonable a la inversión. Una buena gestión reduciría los costes por debajo de los estándares y mejoraría los resultados que hoy obtienen en los despachos del poder expoliando a los consumidores -acaban de subir el butano otro 5% sin que el precio de la materia prima lo justifique-. Los precios del gas natural caerían hasta un 15% y un 12% los del butano envasado.

¿Es acaso posible un déficit público de 70.390 millones, cuando el endeudamiento público se ha incrementado en 145.871?Y todo esto no es una elucubración teórica. Son los recibos que cada mes llegan a su casa, que son una auténtica salvajada y que afectan seriamente a todos y cada uno de ustedes. Ahora comparen lo que pagan hoy por el gas y la electricidad y lo que pagaban solo hace tres años: se quedarán pasmados. El gas no vale hoy más que entonces, vale menos. Y los costes de generación eléctrica no son mayores, sino menores. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues han sucedido dos cosas: en el gas, abuso descarado y manifiesto de posición dominante, que es delito grave en todo el mundo civilizado excepto en las monarquías bolivarianas; en la electricidad, las subvenciones a renovables que suponen ya un tercio de lo que pagan.

Ahora cogen ustedes, por poner un ejemplo actual, a un Bárcenas. Se descubre que ha llevado 36 millones a Suiza y se monta la mundial. El lobby de la energía solar ha seguido montando instalaciones después de ordenada su moratoria. En lugar de paralizarlas, reclamando lo que lleven invertido, las llevan a cabo ante la indiferencia del ministro de Industria, de la CNE y con la complacencia de su amigo Montoro. Un caso obvio o de negligencia grave, o de otra cosa. Resultado: 500 millones de costo al año más en el recibo de la luz durante 30 años, un robo anual de 500 millones, y ni se monta la mundial ni siquiera se menciona. En Bulgaria el Gobierno tiene que dimitir por una subida de la luz que la gente no acepta. En España nos comportamos como borregos, nos dejamos robar, dejamos arruinar el futuro de nuestros hijos a quienes están endeudando a razón de 5.000 millones por semana, sin rechistar. Sin duda, tenemos lo que nos merecemos.

Finalmente, el sector financiero y las telecomunicaciones. En el primero hay un problema mucho más básico que los costos, y es que no hay financiación. Después de regalarles casi 100.000 millones de dinero público entre efectivo y avales en 2012, reducen el crédito a familias y pymes en 96.000 millones. No hay palabras. En agradecimiento, nos cobran los tipos de interés y las comisiones más altas de Europa. Eso lo arreglaría el Banco de España limitando tipos y comisiones a la media de la Eurozona. Pero no está en eso, sino en ayudar a los banqueros y en proteger a los corruptos. En las telecomunicaciones, Telefónica, ese gigantesco cementerio de elefantes, algo insólito en el mundo de la empresa, con directivos de tan alto nivel como Urdangarin, Rato y Zaplana, que no estarían ni de botones en Verizon, Vodafone o AT&T, tiene también las tarifas más altas de Europa. Así que, Sr. Rajoy, ¡basta ya de engaños y basta ya de tocar el arpa mientras España se hunde!

P.D.: Sres. de Eurostat: ¿Es acaso posible un déficit público de 70.390 millones, cuando el endeudamiento público se ha incrementado en 145.871? ¿Es acaso posible que un déficit del Estado del 7,5% a noviembre pase a menos del 5% en diciembre con la economía cayendo el triple que a principio de año? ¿Es acaso legal suspender todos los pagos desde noviembre, aplazar todas las devoluciones de impuestos y dar por buenas sin mirarlas las cuentas de comunidades autónomas y ayuntamientos que jamás han dicho la verdad? ¿Cómo es posible que no contabilizándose las ayudas bancarias por ser coyunturales se contabilicen las ventas de activos públicos y la supresión de las pagas extras como estructurales? ¿A qué se dedican vuesas mercedes, que ni se molestan en comprobar cifras tan manifiestamente falsas? Porque el falseamiento del déficit no es un juicio de valor, son matemáticas.

El relevo de las tres “R”: Rey, Rajoy y Rubalcaba
Pablo Sebastián www.republica.com  4 Marzo 2013

Al inicio del otoño de 2011, bajo el gobierno de Zapatero, España puso en marcha de una reforma de la Constitución en un tiempo récord con la explícita y urgente colaboración del PSOE y del PP para incluir en nuestra Carta Magna el equilibrio presupuestario, como objetivo irrenunciable de los gobernantes del país. El temor al hundimiento de la deuda española en los mercados y el posible rescate de España por las instituciones de la Unión Europea llevó a esa urgente decisión con el objetivo de enviar a los mercados y a la UE un mensaje sobre a clara voluntad española de abordar en serio el problema del déficit del Estado.

Pues bien, los actuales problemas económicos y sociales, a los que se han añadido en estos últimos meses los institucionales de las crisis internas de los primeros partidos de España, PP y PSOE, de la propia de la Corona, los problemas de la ingente corrupción y el desafío independentista de Cataluña, permiten aventurar que, en estas graves y decisivas circunstancias, no sería descabellado el abordar un relevo urgente y controlado de las tres “R” de los líderes nacionales. Y ahí incluidas la abdicación del Rey Juan Carlos en el Príncipe Felipe, y las dimisiones de Rajoy al frente del Gobierno y del PP (antes de que el partido le estalle en las manos por causa de los escándalos de Bárcenas) y De Rubalcaba, fracasado en todas las últimas elecciones y sin autoridad entre los socialistas hoy día rebeldes a su jefatura de Cataluña y Galicia.

Las reformas que necesita este país son mayores que los solos y a la vez importantes relevos que aquí se mencionan. Pero está claro que con esos liderazgos, resulta imposible llevar a cabo reformas y pactos importantes de gran alcance nacional, tanto en la crisis del paro y la economía, como las relativa a la cohesión nacional y unidad de España, porque los puentes están rotos y porque estos líderes carecen de credibilidad y de autoridad para llevar a cabo la ingente labor que tenemos por delante.

Y todo ello, en el caso del PP, a pesar de la mayoría absoluta que garantiza la estabilidad de su Gobierno, porque además de sus problemas y escándalos en el seno de su partido, Rajoy se ha revelado como un funcionarial y puede que razonable gestor del déficit público, aunque ya veremos cuando llegan los resultados prometidos. Pero frente a los desafíos políticos y la desazón ciudadana España necesita un líder político que no huya de los problemas, que dé la cara y conduzca el país con fuerza e ilusión por el sendero de la recuperación y la cohesión nacional. Y ese al día de hoy no es el huidizo y escapista Rajoy.

En estas circunstancias la disyuntiva que se nos presenta es la siguiente: que siga todo como está, a riesgo de: que estallen otros y mayores escándalos en torno a la Corona o la figura del Rey, lo que nadie puede descartar; o que Bárcenas deje a los pies de los caballos a Rajoy ante los tribunales y la opinión pública; o que se produzca por la fuerza la ruptura del PSOE ante los ojos atónitos de Rubalcaba. O, por el contrario, que se retiren los tres por las buenas y den paso a renovados líderes que no tengan sobre sus espaldas pasados reprobables y que cuenten con prestigio y con la autoridad política y moral necesaria para pactar, reformar y sacar España de su actual postración.

Naturalmente, la decisión de estos relevos compete a cada uno de ellos y a sus entornos familiares, en el caso del Rey, y respectivos partidos, en el caso de Rajoy y Rubalcaba. Pero se está fraguando un sentimiento general de que ninguno de los tres está a la altura de las circunstancias. Y ese sentimiento no solo afecta a una gran mayoría de ciudadanos sino también a los electores de este país y de cada uno de los dos grandes partidos mencionados, tal y como lo revelan las encuestas actualmente.

Además, ninguna de las tres “R”, la del Rey, Rajoy y Rubalcaba, están hoy en condiciones de reconducir sus propias situaciones de crisis y conflicto en un tiempo récord, y corren el serio riesgo de aumentar los problemas para que incluso se pueda dar el caso de que los relevos hoy controlables sean, en un futuro no muy lejano, incontrolados y adornados de una grave desestabilización política general, lo que nos llevaría al escenario del temido gran rescate de España por parte de la UE, si es que la UE, en ese caso, soportara una crisis de semejante tamaño en España e Italia.

Puede que a los protagonistas de esta situación el planteamiento de sus relevos urgentes les parezca un disparate, y que ninguno de ellos esté dispuesto a sacrificarse y a renunciar a sus respectivos espacios de poder. Pero la deriva de los últimos acontecimientos españoles y la certeza de que ninguno de ellos está en condiciones de controlar su entorno y su futuro aconsejaría, como poco, a que todos ellos y sus asesores consideren al menos como hipótesis de trabajo, o como “plan B” en la reserva, esta eventualidad. Ahí están las renuncias de la Reina Beatriz de Holanda, del Papa Benedicto XVI y de Mario Monti (está última forzada) como unos ejemplos recientes que deberían, a mas de uno, hacer reflexionar.

Diálogo
César Vidal La Razón 4 Marzo 2013

Tras muchas vueltas y revueltas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha llegado a la conclusión de que debe acudir al Tribunal Constitucional para invalidar la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña. El hecho no tendría mayor relevancia –la licitud del recurso era obvia desde el inicio– de no ser porque el nacionalismo catalán ha vuelto a manipular el lenguaje en clave victimista. Según su máximo representante, Artur Mas, el enfrentarse legalmente con una acción tan desvergonzadamente ilegal como es el secesionismo significa interrumpir el «diálogo».

Queda así al descubierto por enésima vez lo que significa «diálogo» en lenguaje nacionalista, que no es otra cosa que un sinónimo de «capitulación». Si un gobierno central quiere dialogar sobre la posibilidad de recuperar competencias porque es bochornoso que no se pueda estudiar en español en Cataluña, o la de suprimir unas fantasmagóricas y carísimas embajadas en el extranjero, o la de echar el cierre a unas televisiones autonómicas escandalosamente deficitarias, o la de controlar una deuda que sólo en el caso de Cataluña supera el treinta por ciento de la totalidad de las CCAA, el nacionalismo catalán dirá que «eso» no es diálogo sino opresión y centralismo.

Sin embargo, cuando ese mismo nacionalismo persiste en aniquilar la unidad de mercado, se pasa las sentencias del Tribunal Supremo por el forro de la barretina, nos sigue vaciando los bolsillos para construir su Estado propio, afirma chulescamente que no piensa controlar el déficit, se niega a izar la bandera nacional, organiza pitadas contra el Jefe del Estado y el himno español, se empeña en quedarse con unos impuestos que no le corresponden, pone en fuga a los inversores nacionales y extranjeros o destruye Cataluña sumiéndola en un marasmo de corrupción, paletería y deterioro económico... ah, entonces cualquier respuesta por mínima que sea es un ataque contra el diálogo.

En otras palabras, si nos rendimos colocando sobre el tajo de la depredación nacionalista nuestro cuello para que se nos decapite con facilidad somos dialogantes; si nos resistimos, no sabemos lo que es dialogar. Décadas llevamos soportándolo de manera que causa la sorpresa, primero, y la rechifla después, de los que se enteran de lo que sucede en España porque no aciertan a comprender cómo una recua de catetos codiciosos nos ha conducido hasta esta situación. Sería por ello de desear que el gobierno, además del recurso al Tribunal Constitucional, haga lo posible para que los nacionalistas catalanes establezcan también el diálogo con los jueces de instrucción, el Código Penal y la cárcel.

La asonada socialista
xavier pericay ABC Cataluña 4 Marzo 2013

La rebelión de los socialistas catalanes contra las directrices de su Grupo Parlamentario en el Congreso ha dado mucho que hablar. Pasada la sorpresa inicial -después de tres décadas amenazando con que viene el lobo, comprobar que en efecto viene no deja de causar cierto impacto-, los comentarios se han centrado en el porqué de la asonada. Pero no desde el punto de vista del conjunto, sino del de cada uno de los catorce diputados que lo componen, como si el ejercicio de la política tuviera algo que ver con el libre albedrío. Es verdad que la actitud de Carme Chacón, absteniéndose en la votación de la resolución soberanista y contraviniendo por tanto la consigna de su partido, el PSC, al tiempo que la del Grupo Socialista, ha inducido a creer que el resto de los socialistas catalanes podían hacer lo propio. Nada más ilusorio. En realidad, Chacón ha actuado así porque no le quedaba otro remedio. Aunque pertenezca al PSC, su vida política está vinculada al PSOE desde que echó raíces en Madrid -y no exclusivamente políticas- y decidió optar a la secretaría general. Lo que no ocurre, claro, con sus trece compañeros.

Por más que algunos lleven tiempo en la capital, ninguno ha dado un paso similar. En la gran mayoría de los casos, su vida -repasen sus respectivos currículos- no es sino vida política. Como la de Chacón, pero con epicentro en Cataluña. Se deben, pues, al partido, en la medida en que lo deben todo al partido. Y mientras este aguante -que ya casi es como decir mientras este exista-, ellos aguantarán. Ahora bien, a partir el momento en que la fractura empiece a resultar excesiva, y en especial si el PSOE resucita su vieja franquicia catalana, estarán en condiciones de decidir si se quedan o si se van. Por supuesto, asalariadamente. «Business is business.» Para los trece y para la catorce. Al menos hasta que se reforme el sistema electoral y nuestros representantes políticos no deban rendir cuentas más que a sus electores.

La Ley de Transparencia
José Luis Martín Miralles Estrella Digital 4 Marzo 2013

Con referencia a la corrupción con la que convivimos en este país y que ha convertido la atmósfera en irrespirable, se nos dice que la solución a todo el problema vendría dada por una denominada Ley de Transparencia que se aplicaría a todo lo que se menea.

Y yo no es quiera ser aguafiestas, pero es que con respecto a las leyes, sin más, creo que sirven de poco. España, que es un país con innumerables leyes, hasta el punto de que somos objeto de sorna por ese tema, a su vez tiene la cualidad de hacer bastante poco para que se cumplan. Creo que serían preferibles pocas y que se cumpliesen a rajatabla.

Más que una nueva Ley para atajar la corrupción lo primero que se precisa es una justicia independiente y con medios

Por tanto, más normas, si no van acompañadas de un cambio por el que la justicia incremente sus medios y deje de estar en gran medida en manos del poder ejecutivo y de otros poderes, quienes la manejan desde la sombra, no servirían de nada y tendrían tan sólo un efecto de maquillaje y anestésico para la opinión pública.

No tiene sentido que el caso Pallerols, por ejemplo, haya estado 16 años en los tribunales para acabar en un acuerdo de restitución de lo apropiado. No es de recibo, es de cachondeo y propicio a la indignación.

Y no sólo es la justicia la que necesita cambios, porque si nos fijamos en el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador por antonomasia, que ve como sus representantes son elegidos por aquellos a quienes tiene que fiscalizar y que, además, le dejan corto de recursos, deja de sorprendernos que estén todavía revisando los datos del año en que los musulmanes llegaron a la península, ya que así no ofenden a nadie, como mucho a D. Rodrigo, pero vamos que no creo que les incordie.

Y además, con respecto a las voces que hablan de reformas de la ley de financiación de los partidos políticos, no seré yo quien no se sume a esa iniciativa. Creo que sí que sería necesaria una mayor transparencia y una menor hipocresía en esa área. Pero no debemos engañarnos, personas como Bárcenas, Aida Álvarez o Urdangarín las habrá siempre. Gentes que se servirán del sitio en donde militan y/o de sus cargos y puestos para aumentar su patrimonio personal es algo tan viejo como la humanidad.

Por tanto, y para resumir, bajo mi punto de vista, más que una nueva Ley para atajar la corrupción lo primero que se precisa es una justicia independiente y con medios, que sea igual para todos de verdad y que no tolere presiones de otros estamentos, a la vez que imparte justicia en tiempo y forma.

Lo más importante de todo para acabar con la corrupción es querer hacerlo de verdad y eso implica a la sociedad

En segundo lugar se precisan entes fiscalizadores independientes que se pronuncien en tiempos razonablemente cortos acerca de los temas que les competen y no "at calendas graecas".

En tercer lugar, son necesarias rotaciones en los cargos públicos especialmente sensibles y limitaciones temporales de los cargos políticos. Nadie debe estar eternamente sentado en la poltrona porque termina sintiéndose "El Emperador al que todo le está permitido" y ya estamos hartos de verlo en muchos comportamientos.

En cuarto lugar, medios libres y no controlados por los poderes fácticos del país, con libertad de prensa, pese a quien pese y caiga quien caiga, sin personas o estamentos protegidos a los que se les encubre y tapan las vergüenzas, porque como vemos ahora, de aquellos polvos, estos lodos.

Y por último, y lo más importante de todo para acabar con la corrupción es querer hacerlo de verdad y eso implica a la sociedad, incluyendo todos los estamentos públicos y privados, en una lucha continua para acabar con ella.

El oxímoron socialista
Javier Orrico Periodista Digital  4 Marzo 2013

A mi añorado amigo Pepe Perona le encantaba la palabra oxímoron. Creo que era para él un término fetiche, algo así como “austrohúngaro” para el gran Berlanga. En el caso de Pepe, el oxímoron era la más perfecta definición de la estupidez que veía extenderse como plaga irremediable en la vida española. Hay un oxímoron creativo, claro, como vieja arma retórica, pero en nuestro hispánico caso la gente caía en cada vez más frecuentes oxímoron porque no sabía lo que decía. Uno de sus oxímoron favoritos era “pensamiento universitario”, que conocía bien como catedrático que fue, similar al conocido como paradigma de lo imposible: “el pensamiento navarro”, y no me lo tomen a mal, que es broma antigua y mi apellido es navarro.

La definición que de oxímoron nos da la RAE es la siguiente: “Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido; p. ej., un silencio atronador.” A mí, sin embargo, me parece mucho más aclaradora del oxímoron, y de la demagogia y el autoengaño para engañar a otros, la expresión “socialismo asimétrico”.

Lo ha dicho Rubalcaba a propósito de las relaciones entre el PSOE y el llamado PSC: “Es una cuestión de simetría”. En efecto. Pero durante treinta años el PSOE consintió y alimentó la realidad asimétrica de una España en la que unos tienen más derechos que otros. Para ser precisos, una situación en la que vascos y catalanes actúan como potencias coloniales con privilegios de metrópolis sobre los demás españoles. Hasta en el fútbol. Exactamente como el PSC con el PSOE, en el que interviene sin dejarse intervenir, al que chantajea con sus votos usando los votos prestados por el PSOE de los inmigrantes.

Lo del PP, colaborador en la causa desde que fulminó a los Vidal-Quadras y las María San Gil, es otra cosa, cobardía simple, acomodamiento, fatiguilla. Pero que el socialismo, que dice defender la igualdad, haya sostenido esa desigualdad asimétrica en su propio seno, sometiendo España al catalanismo por la vía zapatera, como correlato de su propia estructura interna, no es sólo un oxímoron, sino la idiotez en estado puro. En estado socialista asimétrico. España. El oxímoron.

El PSOE se hunde a toda velocidad
Editorial Estrella Digital  4 Marzo 2013

Tiene mala suerte el PSOE, porque dadas las circunstancias debería ser beneficiario de la hecatombe que acude al PP por culpa de Bárcenas y de la política de austeridad que ha cabreado a un sinfín de españoles, pero antes que eso incluso las encuestas del periódico más afín siguen señalando datos estremecedores para el club de amigos que gestiona la nave socialista.

No es de extrañar, por otra parte. La patética intervención de Rubalcaba en el debate del Estado de la Nación lamentando no haber hecho algo más cuando gobernaba no es sino una rama más, pero de las que araña, del frondoso árbol de las inconveniencias, torpezas o maldades del secretario general de la formación socialista.

Ni por asomo la dirección socialista actual está cualificada para nada salvo para presentar su renuncia

Por ejemplo, el caso que asola las relaciones entre catalanes y federales, las explosivas relaciones entre socialistas gallegos y federales, entre madrileños y federales... Los votantes se alejan de un partido que hierve en sus follones internos y en su incompetencia para construir un relato coherente que satisfaga las expectativas de sus seguidores.

Así que con estos personajes, capitaneados por un Rubalcaba apuntalado por un grupo de incapaces, difícilmente el PSOE puede aspirar a subvertir la tendencia electoral y cae con el mismo ímpetu que el PP. Por cierto, y antes de que los tribunales termine de esclarecer lo que afecta al gallego Blanco que hasta que llegue el momento tiene que contentarse con la porquería que le saca a diario el periódico de Pedro J. Ramírez sin que él se inmute.

?El PP necesita recomponerse para abordar el nuevo periodo del que nos habló Rajoy? en el Congreso pero tendrá que hacerlo por sus propios medios ya que la presión de la oposición es un juego de canicas en comparación con la fuerza con que debería comportarse y que tan útil sería para la democracia. Y eso es así porque ni por asomo la dirección socialista actual está cualificada para nada salvo para presentar cuanto antes su renuncia.

El fiscal del régimen
EDITORIAL Libertad Digital 4 Marzo 2013

En el título VI de la Constitución Española dedicado al Poder Judicial el artículo 124 dice:

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Este domingo, 3 de marzo, el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, ha considerado "legítimo" que el gobierno de Artur Mas pretenda convocar un referéndum sobre la secesión de Cataluña, pese a reconocer que "no existe un marco legal que lo permita". Rodríguez Sol ha añadido que existen "otras alternativas, y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar".
El contraste entre las declaraciones de este señor y la función que la Constitución otorga a la institución de la Fiscalía es sencillamente demoledor. Lejos de perseguir el delito o promover la defensa de la legalidad lo que hace Rodríguez Sol es exactamente lo contrario. Es más, se permite aconsejar al Gobierno secesionista de Artur Mas cómo burlar la legalidad e incluso se atreve a cuestionar la soberanía nacional como única fuente de legitimidad, base esencial del Estado de Derecho, para hablar de la "voluntad del pueblo de Cataluña".

No es la primera vez que la Fiscalía de Cataluña deja claro cuáles son sus únicas lealtades. Rodríguez Sol ordenó actuar contra el diario El Mundo por sacar a la luz pública las corruptelas del clan Pujol-Mas. Semejante escándalo, un fiscal amedrentando a un periódico para proteger a presuntos delincuentes, tan solo valió una amonestación pública por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Las instituciones españolas son las principales responsables de lo que está sucediendo en Cataluña. Durante décadas, en una dejación de funciones escandalosa y cobarde, han tolerado que los nacionalistas construyan un régimen corrupto sobre la continua vulneración de la legalidad. Ahora corresponde a Torres-Dulce que la institución que representa conserve un mínimo de credibilidad y legitimidad. En su mano está.

La crisis del PSOE entre Bárcenas y Corinna
Manuel Muela www.vozpopuli.com 4 Marzo 2013

Es lo que faltaba en éste Ruedo Ibérico del siglo XXI, que ha convertido España en un escenario tragicómico, esperpento puro, para escarnio de los españoles y pasmo de los extranjeros. Nuestra capacidad de asombro ante lo que viene sucediendo va subiendo de nivel, no se colma, pero no debe oscurecer la reflexión y el análisis, provocando que hagamos mutis por el foro y esperar, inactivos, que lleguen tiempos mejores. Por eso, hay que insistir, de forma racional y con sentido político, en la urgencia de que cese el delirio que se ha adueñado de las instituciones y de los medios de comunicación a su servicio, para restaurar la cordura y, si es posible, iniciar el camino de la restauración de la dignidad democrática. Camino que no puede ser emprendido por aquellos que nos han conducido a la indignidad. La tarea es difícil y exige una suma de voluntades excepcional, aunando y vertebrando los movimientos ciudadanos sectoriales al servicio de ese objetivo. España lo merece.

Gobierno y Corona enfangados
De aquello que afecta a la Presidencia del Consejo de Ministros, el caso Bárcenas, qué se puede añadir a las abundantes informaciones y opiniones expresadas. Quizá recordar, en medio del tumulto, cuáles son los usos y costumbres de los países democráticos cuando un dirigente público, por acción u omisión, se encuentra inmerso en alguna situación análoga a ésta: normalmente dimite y se le sustituye sin dramas ni aspavientos. Si no se hace así, y también hay ejemplos de ello, el proceso de degradación avanza en perjuicio de las instituciones y de la paz del propio interesado. Por el momento, estamos en lo segundo, a causa del componente franquista que impregna la política española: la inexistencia de la dimisión anula, a mi juicio, cualquier intento de trasladar a la opinión pública que España goza de un régimen democrático y parlamentario, ya que, con las prácticas descritas, se está negando. No sólo en éste caso, ha sido lo habitual durante tres décadas, hasta el punto de pasar a convertirse en lo normal. De ahí el asombro que causa pedir dimisiones en nuestro país. Nadie cree que se vayan a producir y así nos va.

Los asuntos de familia de la Casa Real, casos Corinna y Urdangarín, nos ponen ante la realidad de la Dinastía, muy distinta a la que se había venido enseñando: el cordón sanitario que protegía a la Corona se ha roto, mostrando a los españoles su faz verdadera. Para muchos de nuestros compatriotas ha sido un verdadero choque emocional. Todavía no dan crédito a lo que ven y a lo que sospechan. No vale la pena enumerar la lista de corrupciones y de agravios que dañan a la jefatura del Estado y a la propia Monarquía. Ni el disimulo, ni los intentos de hacer comulgar a la opinión pública con ruedas de molino, podrán conseguir que los españoles sigan depositando su credulidad y buena fe en favor de quienes la han defraudado de manera ostensible. Se intentarán las componendas, vía abdicaciones o renuncias, pero su recorrido será corto, más en la medida en que la situación general de la nación no mejore. Antes o después, España tendrá que manifestar su voluntad de mantener la Monarquía o saltar a la orilla de la República, recuperando su mayoría de edad democrática y constitucional.

La crisis del socialismo en el contexto español y europeo
La cuestión catalana, y la marea independentista que lleva aparejada, ha terminado golpeando al PSOE: su partido hermano, el PSC, ha optado por el futuro de su territorio, Cataluña, y pretende ser una de las izquierdas actuantes en ese Estado emergente que, no se olvide, será consecuencia de la descomposición del Estado español. Una lanzada más a la crisis del socialismo, agudizada desde su salida reciente del poder. Crisis que viene de atrás, de muy atrás, desde principios de los años 90 cuando el socialismo español, capitaneado por Felipe González, se unió a sus homólogos europeos y abrazó los dogmas del capitalismo financiero, sembrando Europa de una ideología extraña e insolidaria que se ha cobrado ya dos piezas importantes: ha destruido a la socialdemocracia y ha arruinado el proyecto de la Unión Europea. La realidad actual así lo demuestra y no cabe rehuir las responsabilidades de los socialistas europeos en el desaguisado. En España, lo de Rodríguez Zapatero, con sus políticas erráticas, ha sido un paréntesis o pausa mal aprovechada para cambiar el rumbo de perdición iniciado por su antecesor, Felipe González. Las aguas del socialismo español han vuelto al cauce del río decadente del socialismo europeo, que ha sembrado la confusión y la orfandad en el centroizquierda del Continente.

Los fundamentos de la caída del Estado español los tenemos delante de nosotros: sus protagonistas, desde la Corona al primer partido de la oposición, pasando por el Gobierno y su partido, han puesto al poder público en el fango y carecen de capacidad para manejar con serenidad y acierto los asuntos del país. Es prácticamente imposible esperar nada bueno de todo ello pero, como la esperanza es lo último que se pierde, es necesario seguir bombardeando el bunker con propuestas de regeneración democrática, con el fin de conseguir apoyos crecientes de los españoles. En algún momento, los propios medios de opinión mayoritarios, que siguen renuentes a cruzar el Rubicón, tendrán que prestar su concurso al proyecto de restauración nacional. Entre el dilema de la descomposición y el freno a la misma, de forma civil y democrática, habrá que elegir. Los españoles tenemos derecho a decidir si deben prevalecer los intereses de una familia o de determinados partidos o grupos de poder sobre la libertad y el bienestar de la nación.

Un iceberg llamado 'mentiras'
José Luis Ortín www.vozpopuli.com 4 Marzo 2013

Las mentiras mayúsculas que hoy asolan España son poliédricas. Tienen tantos lados como irregulares son para quienes deberían ser guía y ejemplo para todos, la desvergüenza, el cinismo, la deshonestidad, las corruptelas, la cobardía, la traición, el robo, el abuso de poder y las sevicias de todo tipo que cada día nos encontramos en el panorama nacional.

Y todas ellas juntas conforman un iceberg que amenaza con mucha certeza el precario buque en el que hoy se ha convertido España. Y lo hacen porque al frente de cada arista de ese inmenso bloque de miserias humanas hay unos personajes que vienen actuando así con premeditación, alevosía y desprecio de los ciudadanos que los mantienen. Y lo hacen con una irresponsabilidad tan sangrante que asusta, otorgándoles la segura continuidad de sus actos si nadie pone coto, y pronto, a tanto desmán.

El crisol de la pérdida de valores
La mentira ha acrisolado nuestra inmensa pérdida de valores desbancando a la envidia y al fútbol como deportes nacionales. Aquí todo el mundo sabe que todo el mundo miente – me refiero a los poderosos y a los menos – y hace tiempo que, para más inri, lo vemos con el prisma de la normalidad dentro de un sálvese quien pueda que ha llevado su descrédito y la desconfianza general a la inmensa mayoría de ciudadanos que ven cómo nadie se ocupa de verdad de los acuciantes problemas que les arruinan cada día. Dije que están dadas las circunstancias que en anteriores etapas de esta España de nuestros dolores propiciaban la aparición de un salvador ocasional que normalmente acababa en tragedia. Y he visto con cierta alarma personal que otros articulistas han abundado en ello desde distintos ángulos, por lo que me reafirmo en el peligro real que se cierne sobre nosotros. Sin ánimo excluyente, veamos algunos casos.

Andalucía
En el asunto de los ERE en Andalucía nadie cree a los gobernantes que proclaman que ellos no sabían nada del atraco que supuso a los fondos públicos. Éstos, del PSOE, con la complicidad posterior de sus aliados comunistas.

Cataluña y Baleares
En Cataluña pocos dudan del trinque institucionalizado que los nacionalistas de CIU instauraron desde el poder. Ni que sus apellidos más ilustres forman un conglomerado tan defraudador como corrupto desde hace tanto tiempo como memoria democrática tenemos. Incluso anterior. Y aquí han contado con la complicidad, si no connivencia, de sus rivales del PSC-PSOE, que alguna vez amagaron con sacarlo a la luz pública – Maragall dixit- y que se la envainaron para no destapar el baúl de la mierda, con perdón, en el que sin duda alguna también estaban ellos metidos; de lo contrario no se explica. Y también en este caso han contado con el indigno silencio del Tripartito, cómplice también, que cuando desgobernó no tiró de la manta con todas sus consecuencias, o que les vino muy bien por aquello de la continuidad de las golfas costumbres. Y en tan nefanda cama redonda política estaban los socialistas, los republicanos independentistas de Ezquerra y los comunistas ecológicos de IU Los Verdes; que éstos se apuntan con sus primos a cualquier chollo aunque apeste. Miremos si no lo del desastroso lío a cinco bandas balear, donde no sólo desgobernaron a mansalva con socialistas, nacionalistas e independistas de todo pelaje, siguiendo su secular costumbre, sino que hicieron casi buena la etapa anterior del PP, que concluyó con su presidente encausado penalmente en cuarenta historias.

Valencia
En la Comunidad Valenciana, entre ‘gurteles’, Cajas, aeropuertos, grandes premios, parques de atracciones y obras que más parecieran fallas que creadoras de riqueza, también el PP ha pecado de los mismo. De esta querida región muchos pensamos que lo que ha salido hasta ahora, como en tantas otras, es como la punta del iceberg; si se supiera toda la verdad veríamos el catálogo de mentiras que han echado exculpatoriamente sus protagonistas.

PSOE
Del PSOE, ahora en la oposición, y del mandato de Zapatero y su vice Rubalcaba, qué podemos decir. Aparte de que protagonizaron el asombroso despropósito de laminarse en pocos años a las centenarias y benefactoras Cajas de Ahorros, con la ayuda de muchos ‘peperos’ y de otros ilustres, y el de hundir el país con sus demás inventos, todos somos conscientes de lo que mintieron con el asunto de las negociaciones con ETA, en la negación de la crisis económica por interés electoral partidista, en el maloliente y todavía inconcluso Faisán, en las peonadas de su ministro de industria en gasolineras, o en el ya muy lejano - pero del que arranca casi todo- asunto del 11M y su gestión política, policial y hasta judicial posterior. Eso de que todo fue obra de cuatro chalados musulmanes, luego oportunamente suicidados, que hicieron un montaje tan espectacular que supuso un golpe de estado electoral, siendo algunos de ellos y otros supuestos cómplices confidentes de las fuerzas del orden, no se lo cree nadie que piense sin obedecer consignas.

PP
Y por fin llegamos al PP de Rajoy. La gran esperanza blanca de los desesperados españoles, quienes le otorgaron más poder que ha tenido nunca partido político alguno en la España supuestamente democrática, y que en un tiempo record han tirado por la borda su bagaje ilusionante mintiendo con su programa electoral y mintiendo ahora también a mansalva con el asunto Bárcenas. Este personaje los tiene por los blandos y se escucha por doquier el ruido navajero de quienes desde dentro no soportan que a base de mentiras se tire por la borda su honra.

Y los demás
Y ya, si miramos a la realeza y a tantas otras instituciones básicas del Estado, y menos básicas, vemos cómo efectivamente el iceberg de las mentiras tiene demasiadas aristas afiladas para que el buque España pueda salvarse de ser empitonado y hundido.

O viene alguien, o ‘alguienes’, y dan un puñetazo en la mesa destapando y poniendo orden en este guirigay o se intuyen efemérides luctuosas, que diría el recordado Dr. Ripoll.

Cerrar el Senado
Hay que recuperar con reformas de calado la confianza en las instituciones
Paulino Rivero Baute El País  4 Marzo 2013R

Los ciudadanos están pidiendo a gritos una segunda Transición, un abanico de reformas en profundidad que permita reconstruir la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho, una batería de decisiones de calado que ponga fin a la preocupante espiral de descrédito y crispación que sacude a España. Frente a quienes al calor de este huracán alientan el desguace del modelo autonómico o del ámbito local, cabe decir bien alto que la crisis política no se arregla demonizando lo político sino con más política. Hace falta más y mejor política para abordar la gravísima crisis económica, política, social, territorial e institucional.

Es inaplazable emprender una segunda Transición que, con el coraje y la madurez que hicieron posibles los Pactos de La Moncloa, aborde, entre otros grandes asuntos, una reforma de la Carta Magna. Hay que poner al día una Constitución que muchas generaciones ni votaron ni sienten suficientemente suya; generaciones que bien merecen protagonizar esta segunda Transición a la que aludo.

La crisis —inicialmente financiera— ha derivado en una quiebra de la justicia social —de la confianza de la sociedad— que amenaza con carcomer los pilares del edificio que con tanto esfuerzo se puso en pie hace casi cuatro décadas.

No es posible cruzarse de brazos ante la sombra de desintegración que sobrevuela nuestro tejido social. Y precisamente porque es mucha la desolación y el enfado de los ciudadanos, creo que es imprescindible restaurar los valores que hicieron de España el Estado Social, Democrático y de Derecho que consagró la Constitución de 1978.

Es necesaria una Segunda Transición para recuperar la frescura democrática
Más aún. Esta crisis puede y debe ser el punto de inflexión a partir del cual perfeccionemos un modelo de convivencia que no solo establezca nuevos mecanismos de control y transparencia de los poderes públicos y sus representantes, sino también que refuerce los instrumentos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de todos los territorios de España y adapte el modelo de Estado a la realidad política y territorial del siglo XXI.

Ha llegado el momento de dar un nuevo paso. De protagonizar una segunda Transición. La solución no está, y no puede estar, en el fin de las instituciones y de la clase política; la opción no puede ser la ley de la selva. El camino está en hacer algo y en hacerlo mejor, regenerando nuestro armazón democrático y reforzando los pilares de nuestra arquitectura.

Una segunda Transición para recuperar la frescura democrática que se ha ido oxidando con el transcurso de los años, para volver a poner en valor principios como el consenso, el respeto por las diferencias, la solidaridad interterritorial, la voluntad de acuerdo y la amplitud de miras que tan útiles y fructíferos efectos tuvieron en la España de los primeros años de democracia.

Como es necesaria también una reforma constitucional del Senado que lo convierta en una auténtica y útil cámara de representación territorial con funciones propias y exclusivas sobre las cuestiones autonómicas —estatutos de autonomía, leyes básicas, financiación, solidaridad interterritorial, etcétera— y donde las comunidades autónomas estén representadas en exclusiva.

La Cámara alta quizá no ha defendido como debiera los intereses de las comunidades autónomas
“Hay que hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial”. Cuántas veces, durante los últimos 30 años, no habremos escuchado esta frase. No hay discurso político o institucional ni propuesta partidaria que no incluya esta proposición —de manera literal o aproximada— al abordar la reforma de una de las dos cámaras que integran las Cortes Generales. Así, por ejemplo, se manifestó su presidente, Pío García Escudero, en el discurso con motivo del Día de la Constitución —celebrado en 2012 por primera vez en el palacio de la plaza de La Marina— al hablar del debate sobre el modelo territorial del Estado: “Quiero apelar en este día a la capacidad de diálogo y a la altura de miras de todos los partidos políticos, para el logro de este gran objetivo nacional. Y me gustaría que este empeño también se extendiera a la reforma de una institución que tiene mucho que aportar al funcionamiento armónico de nuestro modelo de Estado. Me refiero, como ustedes podrán adivinar con facilidad, al Senado de España, de cuya reforma lleva hablándose prácticamente desde que se aprobó la Constitución y sobre la que hemos vuelto a trabajar en esta legislatura. Solicito, pues, el apoyo constructivo de todas las fuerzas parlamentarias para este propósito”.

Efectivamente, la Constitución española de 1978 ya definió al Senado como una “cámara de representación territorial”, y lo ha sido en la medida que está compuesta por senadores elegidos en circunscripciones provinciales o, en el caso de Canarias, insulares, y por otro grupo designado por los Parlamentos autónomos. Y lo ha sido porque en su exterior se izan las banderas de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades con estatutos de autonomía. Pero debemos preguntarnos si más allá de la adscripción geográfica de sus señorías —en este punto no hay diferencia con el Congreso— y de la celebración esporádica de debates sobre el estado de las autonomías, el Senado ha actuado real y eficazmente como cámara de defensa de los intereses de las comunidades autónomas supuestamente representadas. Me temo que la respuesta es “no”.

Los factores que han determinado ese este estado de cosas son diversos, pero entre ellos podemos destacar las limitaciones propias de una Cámara cuyas decisiones son enmendables y la cultura política de un país en el que el interés de los partidos prevalece sobre la independencia de criterio de los parlamentarios.

La consecuencia de todo ello ha sido que los senadores no han hecho —salvo contadas excepciones— bandera común de los intereses de sus territorios ni han aprovechado su estatus para convertirse en un contrapeso necesario en el juego de fuerzas que caracteriza a las democracias parlamentarias maduras.

Aun así, se sigue hablando de manera recurrente de la necesidad de reformar el Senado y convertirlo en verdadera cámara de representación territorial. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de verdadera?, ¿queremos cambiar su composición?, ¿queremos ampliar sus funciones?, ¿queremos mejorar los mecanismos de representación de las comunidades autónomas?, ¿queremos, en definitiva, hacer del Senado una institución útil al interés del ciudadano?, ¿cómo queremos hacerlo?

Lo deseable es que ese proceso se hubiera afrontado, si no desde el principio, cuando menos pocos años después de su constitución, en el momento en el que se hubieran detectado los errores o deficiencias propias de cualquier institución nueva para enderezar y corregir el rumbo en la dirección adecuada. En cualquier caso, si hay “verdadera” voluntad para convertir el Senado en una “verdadera” cámara territorial, hagámoslo ya, porque el tiempo se agota y los granos de arena en el reloj caen al mismo ritmo que la confianza de los ciudadanos en la clase política.

Unos ciudadanos que se vienen movilizando por una gobernanza eficaz, eficiente y racional. Una gobernanza que abomina de instituciones como el actual Senado, que no se sostiene ni desde el punto de vista político, ni económico (cuesta 52 millones al año) ni siquiera desde el sentido común.

Es hora de elegir: cambiemos el Senado o cerrémoslo.
Y sea cual sea la decisión final, aprovechemos para realizar un abanico de reformas en profundidad que permita reconstruir la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho, una batería de decisiones de calado que ponga fin a la preocupante espiral de descrédito y crispación que sacude a España. Afrontemos lo que he denominado en alguna ocasión anterior una Segunda Transición que aspire a una recomposición jurídica, político-administrativa y ética del Estado. Solo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones.

Paulino Rivero es presidente del Gobierno de Canarias.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Otra provocación separatista de Mas

EDITORIAL www.gaceta.es 4 Marzo 2013

Hoy LA GACETA recoge la decisión del Gobierno catalán de atribuir a su Secretaría de Asuntos Exteriores y Unión Europea funciones de política extranjera que exceden con mucho los límites de la lealtad institucional.

Entre otras cosas, el Gobierno de Mas parte de la base de que Cataluña “pertenece” a la Unión Europea y por tanto debe mantener representación en sus órganos y participar en los procesos de toma de decisiones. En claro desafío al Gobierno de la nación española, que por ley es el único competente en esta materia.

Precisamente este asunto de la acción exterior fue uno de los más polémicos cuando el Tribunal Constitucional hubo de estudiar el recurso contra el estatuto catalán de 2006. El estatuto, contra la Constitución, atribuía al Gobierno catalán competencias muy precisas en materia internacional. Finalmente el Tribunal optó por una solución “tibia” que consistía en aceptar una acción exterior propia por parte del gobierno catalán si se limitaba a las competencias autonómicas y no menoscababa la exclusividad constitucional del Estado. Interpretación benevolente que, una vez más, daba por hecha –sin fundamento– la lealtad institucional de la Generalitat.

En un documento oficial de la Generalitat publicado en 2010, Plan de Acción Exterior, firmado por el entonces vicepresidente Carod-Rovira pero seguido a pies juntillas e incluso aumentado por Artur Mas, se lee textualmente: “Para el Gobierno de la Generalitat la política de acción exterior es una política de país. (…) La acción exterior se configura claramente como un mandato estatutario dirigido fundamentalmente al Gobierno de Cataluña, dotado de un ineludible contenido político de límites imprecisos”. Y se añadía: “La acción exterior del Gobierno va más allá del simple ejercicio de la dimensión exterior de las competencias atribuidas a la Generalitat, ya que también comprende la proyección exterior de Cataluña y la promoción de sus intereses en todos los ámbitos, tanto políticos como económicos o culturales”. La ampliación de competencias en materia internacional que hoy revela LA GACETA va exactamente en la misma dirección.

Lo que tenemos delante es esto: una patente deslealtad que pretende construir en Cataluña “estructuras de Estado”, según anunció el propio Mas, ahora en materia de política exterior. La irresponsabilidad del Gobierno Zapatero y la abulia interpretativa del TC nos han traído hasta aquí. Pero el Gobierno de la nación aún tiene en sus manos instrumentos legales para frenar este disparate.

El diálogo con trampa
Martín Prieto La Razón  4 Marzo 2013

La mitificación del diálogo viene desde el bajo franquismo y representa un endiosamiento tramposo: ni el diálogo entre cristianos y marxistas dio fruto alguno, ni los «Cuadernos para el diálogo» del bueno de don Joaquín Ruiz-Jiménez sirvió de escabel a la democracia cristiana española. No obstante, el acreditado diálogo del doctor Ollendorf continúa teniendo adeptos entre nosotros: «¿ Qué hora es?»/ «Manzanas vendo».

Artur Mas, el motorcito fuera de borda del independentismo catalán, no se atreve a dialogar con los catalanes que han dejado escandalosamente de votar a CiU pero quiere chau-chau con el Gobierno como un doctor Pangloss, filósofo plano y adalid del mejor mundo posible sin contradicciones insuperables. El Gobierno rechaza el Acta Soberanista del Parlament y la remite al Tribunal Constitucional por cinco inconstitucionalidades.

El secesionismo puede darse con un canto en los dientes ante tanto garantismo porque el Constitucional tiene una terrorífica jurisprudencia más que cuestionable. Lamenta displicente Mas que esta defensa propia de la nación denota la falta de diálogo del presidente Rajoy, ignorando que es imposible hablar con «Jack el destripador» en un callejón portuario de Londres cuando le dice a la pobre fulanita eso de: «Vayamos por partes».

Neville Chamberlaine dialogó con Adolf Hitler en Múnich y propició la Segunda Guerra Mundial. Las fronteras españolas no se han movido en quinientos años, al margen de las colonias, y Cataluña no lo fue nunca. Cuando Italia o Alemania eran un rompecabezas, España ya existía tal cual es, y EEUU o Canadá aún no se habían constituido.

Es inútil dialogar con quienes intentan reescribir la Historia o negar a los voluntarios catalanes que piensan que con la barretina lucharon en las guerras marruecas. Ciertos diálogos van enfundados en el guante de hierro de la traición. Antaño se decía: «Mata al Rey y vete a Murcia». Hoy lo que se quiere es convertir a España en un cantón desde un refugio en Barcelona.

Rubalcaba recula
José Javaloyes www.republica.com  4 Marzo 2013

Poco, sólo unos días, ha durado la firmeza de este PSOE frente a la bajada al moro del soberanismo por parte de los nacionalistas catalanes. Al final se han tragado en Ferraz la aceptación por los socialistas de la desafiante apuesta del nacionalismo en demanda del supuesto “derecho a decidir” por parte de un territorio – el catalán -, de una fracción del ente nacional constituido por todos los españoles. Y luego de ser rebatido tal compromiso, después de la petición por el Gobierno de Mariano Rajoy, de conformidad con el criterio técnico del Consejo de Estado, contra el fondo de la maniobra perimetral aprobada por el Parlamento de la Generalitat para que se celebrara una consulta al respecto.

La delicuescencia socialista, ahora expresada en una primera fase por la mayoritaria respuesta negativa por dos tercios de los diputados del PSC en la cámara catalana, se puso enteramente de manifiesto en una segunda fase cuando tal iniciativa nacionalista fue votada en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los diputados catalanes, exceptuada Carme Chacón, quien fue titular de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero y que omitió su voto.

La tronante y lógica defensa por parte del PSOE, multando a sus correligionarios de Cataluña y apartando a José Zaragoza de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, se ha disuelto como una nube de verano con el acuerdo entre el PSOE y el PSC para llegar a un nuevo pacto en el que – se dice- los principios de simetría, reciprocidad y autonomía serán los ejes de la nueva relación entre ambas fuerzas. Herederas de la herencia doctrinal de Pablo Iglesias.

Delicuescencia es lo que respecta a la tendencia hacia la disolución e inestabilidad de principio que alientan debajo de esa etiqueta política; y ambigüedad, la indeterminación permanente sobre los rasgos constitutivos de la correspondiente identidad ideológica de esa formación política. O sea, que además de desleírse y disolverse en el fluir de los cambios coyunturales, dispone de la virtualidad de ser distintas cosas a la vez en cada coyuntura o momento. Conforme convenga en cada tesitura. Acaso por eso mismo haya venido a ser un profesor de Química como Alfredo Pérez Rubalcaba, experto en cromatismos, quien en tantas oportunidades y desde instalaciones políticas subalternas, pero siempre de importancia cierta, haya prestado tan cumplidos servicios al partido y a los Gobiernos de la rosa empuñada. Valiendo lo mismo, el actual máximo dirigente del PSOE, para un roto que para un descosido.

Conforme las declaraciones hechas a “La Vanguardia” de Barcelona aparecidas en el número de este domingo, descalificando por históricamente superado el protocolo suscrito en 1978 por Ferraz con el PSC – con lo cual Pérez Rubalcaba se ha lavado las manos por el ahora digo donde dije Diego y avanza, atribuyéndole virtualidades salvíficas, su ocurrencia reiterada de que la alternativa federal para una reforma de la Constitución que se votó el mismo año en que se firmó el acuerdo de federación entre el PSOE y el PSC. Tiene la cosa tantos bemoles como ninguna novedad en la dinámica de la Transición comenzada en la fecha aquella.

Si la estructura autonómica del Estado traída por esa Carta Fundamental, que en la práctica resulta tan próxima a un Estado Federal por la profunda descentralización política que incorpora y por el peso económico que esta descentralización supone, no ha valido para satisfacer la demanda diferencialista de algunos, como los nacionalismos catalanes y vascos, ¿qué suerte esperaría a un federalismo estricto como el norteamericano o el de Alemania, donde la Administración residenciada en Washington o la ubicada en Berlín tienen sobre los Estados o respecto de los Lander el peso económico primordial en ambos casos?

Inquieta preguntarse en qué tipo de federalismo está pensando Rubalcaba mientras recula ante el pacto del PSC con los nacionalistas catalanes motorizados políticamente por ERC. Una izquierda nacionalista que puede estar más próxima al confederalismo o al cantonalismo de la Primera República.

La falacia del derecho a decidir
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 4 Marzo 2013

Los separatistas catalanes consideran que el argumento del “derecho a decidir” resulta poco menos que imbatible y que su formulación pone a la defensiva a todos los que se oponen a él. Ir contra el “derecho a decidir” es ir contra la democracia, dicen y el argumento ha calado en muchos. Sin ir más lejos en la izquierda catalana, IC y PSC y en cierta parte de la izquierda del resto de España. El argumento-consigna es sin duda poderoso. Sobre todo porque se trata de una enorme mentira y de una verdadera falacia. Tan evidente en el fondo como emboscada en las formas.

El derecho a decidir de los catalanes supone no solo atribuirse un derecho inexistente sino expropiarselo este derecho a los demas, a quienes si lo poseen. El derecho a decidir esgrimido no es ni mas ni menos que un hurto, un robo del derecho de todos los españoles. Un derecho sancionado por todos, votado por todos y expresado con diáfana claridad en la Constitución, ley de leyes y receptáculo del conjunto de libertades, derechos y deberes de la ciudadanía: la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto.

Esa soberanía para serlo no puede ni ser troceada ni suplantada. Que es lo que ahora se pretende y se formula con cierta lógica desde el punto de vista del nacionalismo secesionista pero desde la mayor contradicción con sus propios principios por parte del socialismo cada vez más genuflexo y sumiso ante esos postulados reaccionarios y antiigualitarios. Porque ese derecho a decidir de una parte, Cataluña, es ante todo y sobre todo la suplantación del derecho a decidir de todos los españoles sobre toda y cada una de las partes de España. Supone, simplemente, un robo de un derecho que tenemos todos los españoles y que ellos pretenden sustraernos, apropiándose de él.

Con una agravante incluso. La pretensión iría y va aún más lejos. Y se refleja de manera esclarecedora en la relación que el PSC mantiene con el PSOE. Que no es otra que la del privilegio, el abuso y la desigualdad de trato. Resulta que el PSOE no tiene ni voz, ni autoridad ni presencia en las decisiones que el PSC tome en Cataluña, pero el PSC tiene, y ya se ha demostrado cuanta, derecho a presencia, influencia y decisión en el PSOE. Pues algo muy similar es lo que se ha pretendido siempre por parte del nacionalismo catalán. Yo influyo en el Estado cuanto puedo y quiero pero España aquí en Cataluña ni rechistar siquiera. Hasta los indpendentistas más rabiosos quisieran seguir con ese estatus y eso era lo intragable del Estatut anticonstitucional que presentaron.

En resumen y por lo claro, su famoso derecho a decidir no es ni más ni menos que robarnos a nosotros, a todos, un derecho y pretender que el todo no pueda decidir sobre la parte sino la parte sobre el todo.

"Txema Urkijo y los demás"
Raúl González Zorrilla http://www.paisvasco-informacion.com   4 Marzo 2013

“Se da la paradoja de que muchas víctimas, no todas, están viviendo el final del terrorismo casi como un drama o algo traumático, cuando aparentemente debiera ser un motivo de satisfacción y de gozo. No perciben que el final es el que ellas podían esperar y se van acumulando reivindicaciones”. (Txema Urkijo. Coordinador de Víctimas del Gobierno vasco. “El Correo” 25 de febrero de 2013)

Por enésima vez, un político, o alguien que vive directamente de la administración pública y que lo ha hecho así con diferentes equipos de Gobierno, trata, no se sabe bien con qué conocimiento, con qué legitimidad o con qué experiencia victimal, de arrogarse el derecho a saber no solo lo que han de pensar las víctimas sino cómo han de sentirse éstas ante un pretendido final de la organización criminal que las ha convertido en tales.

La insolencia de Txema Urkijo, que es la misma que caracteriza a gran parte de los políticos del País Vasco y del resto de España, resulta en este caso especialmente manipuladora porque el Coordinador de Víctimas del Gobierno vasco sabe perfectamente que sus acciones y sus opiniones, siempre contemporizadoras con el imaginario emocional nacionalista, siempre renuentes a proclamar que la democracia ha de imponerse radicalmente sobre el terror y siempre abiertas a propiciar encuentros equidistantes entre los victimarios y las personas afectadas por las acciones criminales de éstos, no son compartidas por la mayoría de las víctimas del terrorismo que, en la mayor parte de las ocasiones, expresan sus opiniones individualmente o a través de las asociaciones mayoritarias de este país como la AVT, COVITE o Voces contra el Terrorismo.

Pero Txema Urkijo, y otros tantos muchos como él, no escuchan el discurso abrumadoramente mayoritario de las víctimas, que exige una lectura justa del pasado, que demanda que los asesinos cumplan sus penas, que denuncia la impunidad y que sigue empeñado en que se investiguen los más de 300 crímenes de ETA que todavía están por resolver, porque estas reclamaciones no encajan con lo que él, o sus superiores políticos, desean que sea el presente y el futuro del País Vasco. En este punto, no debemos olvidar que desde múltiples y diferentes ámbitos socio-políticos se está trabajando intensamente para que las permanentes reclamaciones de memoria, verdad y justicia que abanderan la gran mayoría de las víctimas del terrorismo se transmuten en otro tipo de peticiones, éticamente indecentes, que hablan de perdonar a los asesinos, que apelan a “sumar esfuerzos” entre quienes matan y quienes mueren y que exigen “olvidar” a quienes más han padecido la lacra terrorista. Txema Urkijo, en su trabajo tan pretencioso como vacuo y manipulador en las diferentes “oficinas de víctimas” de las que ha formado parte, es, en este sentido, uno de los más conspicuos representantes de esta peculiar ética “prêt-à-porter” que tanta tradición y arraigo tiene en Euskadi. Se trata de una moralidad acomodaticia y dúctil, hoy excepcionalmente exitosa, que habla, efectivamente, en favor de los derechos humanos, demanda la paz, celebra el fin de los crímenes y valora la conclusión de la extorsión y de las amenazas, pero lo hace siempre con parches argumentales que difuminan la autoría de los asesinatos, que evitan señalar con nombres y apellidos a los responsables de los delitos, que abogan por extender la responsabilidad de la barbarie a toda la sociedad, que obvia a los muchos cómplices políticos de la atrocidad y que, en su nivel máximo de indolencia, llora por las víctimas del horror al mismo tiempo que consuela a los victimarios en Nanclares.

Ante la paulatina imposición de este gran relato referencial, es totalmente comprensible que las víctimas del terrorismo vivan el presunto final de la banda terrorista que asesinó a sus familiares con una intensa zozobra, una honda preocupación y una fuerte indignación porque, entre otras cosas, la mayor parte de ellas tiene la convicción ética y la certeza intelectual de que ETA dice que deja de asesinar porque ha comenzado a ver fructificar sus objetivos. De hecho, la semilla del totalitarismo etarra ha germinado ya en el Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Ayuntamiento de San Sebastián y en más de un centenar de consistorios de Euskadi y Navarra que están bajo el yugo de Bildu; los presuntos fines ideológico-políticos que los criminales decían defender con sus atentados, se han convertido ya en el eje central sobre el que pivota la política vasca, y hemos visto cómo el discurso de ETA se ha instalado cómodamente también en el Parlamento de Madrid. Por si todo esto fuera poco, el relato de lo sucedido que se está imponiendo en la sociedad vasca, y también en la española, es el que dicta un movimiento totalitario, con más de un millar de asesinatos a sus espaldas, en el que la desmemoria y la mentira histórica se alían para dar luz a un escenario irreal en el que "ha habido sufrimiento por ambas partes”, en el que “todos tenemos que ceder” y en el que hay que ofrecer espacios para “la reconciliación”.

Efectivamente, ETA dice que se marcha y lo hace enfangando de miseria las muchas instituciones que ya controla, amenazando con un perpetuo tutelaje del “proceso”, exigiendo “concesiones” a España y Francia, enorgulleciéndose de sus actos bárbaros, homenajeando a sus asesinos, sin reconocer ningún tipo de daño causado y sin pedir perdón a nadie. ¿Qué motivos tienen las víctimas del terrorismo para “la satisfacción y el gozo”, señor Urkijo?

Una vergüenza
Esperanza Aguirre http://esperanza.ppmadrid.es  4 Marzo 2013

imgLa sentencia del Tribunal Constitucional por la que se le enmienda la plana al Tribunal Supremo y se legalizan las «marcas blancas» de ETA, entonces llamadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna, resulta cada día más indignante. Hoy, los mismos perros con los mismos collares, aunque con otros nombres, como este de Sortu, son legales, ocupan las instituciones y para conseguir sus fines, que dicen que son la independencia y el socialismo, no ocultan que están dispuestos a utilizar los mismos medios que ha utilizado hasta ahora ETA: el tiro en la nuca, la bomba lapa, los secuestros, la extorsión y el terror.

Y ni siquiera lo disimulan, porque no les hace falta. Si han conseguido la legalización y la presencia en las instituciones democráticas sin abjurar de ninguno de sus 858 asesinatos, sin mostrar el menor arrepentimiento, sin pedir perdón a las víctimas, sin colaborar con la justicia en la resolución de los 326 crímenes que aún siguen sin ser esclarecidos y sin entregar las armas que guardan para ser utilizadas si no se satisfacen sus pretensiones, ¿para qué van a disimular que son ETA, que comulgan con sus fines y que aprueban los medios que ETA ha utilizado?

La esencia del terrorismo es muy simple: aterrorizar a la población para que ceda ante las pretensiones del terrorista a cambio de que cese el terror. El terrorista no quiere matar siempre, mata hasta que consigue lo que se ha propuesto, que no es otra cosa que sembrar tanto miedo como sea necesario para que la sociedad se rinda a sus deseos y pretensiones.

Una vez rendida y humillada la sociedad española, ya no hace falta matar más. Y esto es lo que se escenifica cuando vemos la celebración de congresos y saraos como el de la fundación de Sortu, cuando vemos cómo presentan a sus dirigentes, que vienen todos de la antes ilegal Batasuna, cuando vemos cómo vitorean a los asesinos y cuando escuchamos cómo los asistentes incitan a ETA a seguir asesinando, aunque hipócritamente los que están subidos en la tarima parecen no corear esos gritos.

Esto no se puede tolerar. Ningún ciudadano con un mínimo de sensibilidad democrática puede tolerar esas exhibiciones por parte de unos sujetos que han llegado a donde han llegado gracias al uso del terror y la violencia. Ningún ciudadano con un mínimo de dignidad puede contemplar impasible cómo los violentos se exhiben, orgullosos de sus crímenes, y cómo las víctimas, los que lo han perdido todo, son olvidadas y humilladas en muchos casos. Es una inmoralidad.

Que el secretario general de esta nueva, y ahora legal, marca de ETA afirme que «la confrontación armada no ha sido buena para nadie» es un insulto a la dignidad y al honor de cualquier persona honrada y con un mínimo de sentido de la justicia. «No ha sido buena para nadie» dice este sujeto, y tenemos que entender que ha sido igual de mala para Miguel Ángel Blanco que para el asesino que le metió dos tiros en la cabeza a sangre fría un día de julio de 1997. Pero ¡qué absurdo es éste!, pero ¡qué locura de indignidad es ésta!

Estamos ante la fase final del desafío que ETA planteó al Estado hace ya más de cincuenta años. Por mucho que sepamos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han derrotado policialmente a ETA, no podemos dejar de tener la sensación, cuando vemos las exhibiciones jactanciosas de sus secuaces, de que ETA no va perdiendo su desafío, sino todo lo contrario.

Ser derrotados por una banda de asesinos y chantajistas no pueden tolerarlo ni España ni los españoles. Una vez más, urge reagrupar todas las fuerzas políticas decentes para acabar de verdad con ETA y con sus disfraces. El Estado de Derecho tiene instrumentos más que suficientes para frenar tanta indecencia, tanta indignidad y tanta chulería como la que exhiben desde ese indisimulado disfraz que ahora se ha puesto ETA. Y hay que utilizarlos, y cuanto antes, mejor.

Destitución obligada

Editorial La Razón  4 Marzo 2013

El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, no parece tener muy clara cuál es la función de su cargo a tenor de sus declaraciones sobre la consulta separatista promovida por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Afirma el fiscal lo obvio: que no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia pero, en lugar de mantener el decoro que exige su cualidad de servidor de las leyes y del orden constitucional que conforma nuestro Estado de Derecho, se permite el desahogo de especular sobre las posibles vías alternativas para orillar la ley, tanto en su espíritu como en su forma.

Llega a proponer que se utilice la ley de consultas, con preguntas «de otro estilo», y dice, textualmente, que con ese subterfugio «es donde se puede posiblemente jugar». Martín Rodríguez Sol, funcionario del Ministerio de Justicia de España, respalda igualmente la falacia del «derecho a decidir» –« Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general a cualquier pueblo»–, en flagrante contradicción con nuestra Carta Magna, que no puede ser más clara y específica en ese punto, por cuanto establece que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español.

Es intolerable que un representante de un órgano constitucional, como es la Fiscalía de Cataluña, que tiene encomendada, entre otras funciones, la promoción de la justicia en defensa de la legalidad, se posicione en defensa de una actitud o intención que ataca a la propia Constitución. Un funcionario, además, que tendría que proceder contra los promotores de una consulta ilegal. Ni siquiera puede justificarse su actitud en la férrea presión política que, desde hace años, ejerce el nacionalismo sobre el cuerpo social catalán.

Lo más adecuado sería que el señor Martín Rodríguez Sol, que fue uno de los invitados a la parodia de la cumbre anticorrupción de Artur Mas, presentara su renuncia con carácter inmediato. De no producirse así, el Gobierno está obligado a destituirlo.

Otro caso preocupante es el del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, que también estuvo invitado en la citada cumbre anticorrupción, que ha declarado que la consulta separatista puede ser viable «con una interpretación amable de la Constitución». No creemos que el magistrado Gimeno sea partidario de una «interpretación amable» del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la hora de tratar los numerosos casos de corrupción y espionaje que afectan a CiU y al PSC en Cataluña; entre ellos, la colusión de un diputado convergente con la mafia rusa, y que deben pasar por su tribunal. Parece mentira que haya que recordarle a un profesional de la Justicia que los principios fundamentales de un ordenamiento constitucional no están sujetos a interpretaciones, «amables», o no.

El Fiscal Superior de Cataluña
La sonrisa de la avispa Estrella Digital 4 Marzo 2013

El Fiscal Superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, es un personaje singular. Espero que, esta misma mañana, sea cesado por sus superiores. Sencillamente, porque la Fiscalía es un órgano absolutamente jerarquizado en España, casi como el ejército, y ha cometido una grave falta al declarar algo que va totalmente en contra de lo que establece la propia Fiscalía General del Estado. Blanco y en botella.

El tipo debe aspirar a ser alguien importante en esa utopía que es la Cataluña independiente. Y a mí me parece muy bien. Pero debe esperar a que llegue ese momento sin la responsabilidad y el sueldo que ahora tiene.

Aconseja al Molt Honorable que busque subterfugios y 'trampetas' para salvar la ilegalidad

Porque es un escándalo que el Fiscal Superior de Cataluña (España) se permita el lujo de decir que es legítimo que esa Comunidad Autónoma aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político. Y aunque dice que, actualmente, "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia", aconseja al Molt Honorable que busque subterfugios y 'trampetas' para salvar la ilegalidad. Toma del frasco, Carrasco. Encima es un fiscal 'tramposet'. Lo nunca visto.

Pero ¿de dónde ha salido este personaje? Yo creía que los fiscales cobraban para acusar a los que no respetaban la ley. Pero ahora resulta que el Martín, como dirían en Cataluña, es más falso que un euro de chocolate ya que, en lugar de defender al Estado acusando a Artur Mas de prevaricación, va el tío y dice que, ante el previsible 'no' de Madrid (no de la ley sino de Madrid) a permitir un referéndum sobre la independencia "existen otras alternativas. Y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar". Pero hay más, el Fiscal Superior de Cataluña continúa diciendo "Si no hay solución en Madrid (no en la ley, si no en Madrid) hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas". Incluso, ya habla en plural. Qué tío más pelota.

Sin duda, el Artur los está volviendo locos a todos en ese viaje que, en palabras de este Fiscal Superior, Cataluña ha iniciado hacia Ítaca. Cuando un nacionalista se vuelve romancero ya es insoportable...

Aunque, ya puestos a divagar, existe una teoría que dice que Ítaca es la actual Cádiz. Según ésta teoría, Monte Nérito es Nertobriga (San Fernando); El puerto de Forcis es La Caleta; El Puerto Retro es el actual puerto de Cádiz, y la Fuente de Aretusa es Fuente Amarga, cerca de Chiclana de la Frontera. El separatismo no puede ser más absurdo...

El Gobierno ha recurrido la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional

Y todo porque el Gobierno ha recurrido la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional. Algo tarde porque el asunto es muy grave, pero sea dado por bueno el recurso si aceptamos la unidad de tiempo que usa Rajoy. Entre otras cosas porque el ataque a la Constitución Española y a España ya se anunció hace cinco meses, aunque el Artur diga ahora que este recurso es una toma de postura intransigente que rompe el dialogo. No se puede tener la cara más dura.

Parecida a la del Fiscal Superior de Cataluña. La única diferencia es que a este fiscal se le puede cesar hoy mismo y al Molt Honorable no. Aunque todo se andará porque la Constitución Española ya lo prevé también en su artículo 155. Y es que ya vale, ¿no?

Injusticia lingüística en España
ángel hernández guardia ABC Cataluña  4 Marzo 2013

«La dignidad humana de todos los españoles es idéntica y por ello defendemos el derecho a la educación en lengua vehicular materna de todos»

En la Grecia conquistada por el Reino de Aragón se decía que es «huir de los turcos para caer en los catalanes». El Estado y los jueces forman parte de uno de sus poderes no pueden dejar el ejercicio de los derechos fundamentales en manos del arbitrio de la administración porque lo relativo a la dignidad humana no puede estar al arbitrio de nadie, incluidos el de los jueces sino que pertenece al terreno de los valores y de la dignidad que son universales y no son cuestionables.

El sistema jurídico puede y de hecho crea numerosas injusticias cuando aplica la ley sin regirse por principios y valores fundamentales y se inspira de acuerdo con la corrección política.

La segregación racial ha sido no solo costumbre y tradición en EE.UU. sino que además era ley y en cambio la convicción y la lucha de la sociedad civil consiguieron abolir esas leyes injustas y derechos abusivos para una parte de la población. Es cierto como decía Enrique IV que «los derechos sin apoyos, poca fuerza tienen» pero también la tradición cristiana de los españoles nos dice que «Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos» y «nuestra condición de individuos de convicciones y no de conformismos, de nobleza moral y no de respetabilidad social» como decía Martin Luther King nos obliga a enfrentarnos a la injusticia para defender la dignidad humana con la resistencia activa.

La dignidad humana de todos los españoles es idéntica y por ello defendemos el derecho a la educación en lengua vehicular materna de todos, pero ese disfrute del derecho no puede generar desigualdades para ningún sector y menos para la lengua común y de la cultura de todos los españoles porque ha roto la cohesión social.

El Moviment Civic 12-O el pasado 21 de Febrero día Internacional de la Lengua Materna mediante una concentración y dos escritos, exigió ante la sede del Gobierno en Cataluña que este cumpla con su obligación de defender los derechos de todos los españoles así como del cumplimiento de las sentencias y de poner todos los medios para remover los obstáculos que aparezcan.

Pedimos al gobierno de España que así lo haga y con diligencia, no como en el caso de la sentencia que nos ocupa, que comenzó el litigio en 2006 y estamos en 2013. Esa demora es injusticia, no justicia.

De todos modos como sabemos que los derechos los deben defender los ciudadanos fuertes de espíritu y de convicción, decimos también con Luther King que «infinidad de voces y fuerzas nos mueven a elegir el camino de la resistencia mínima, y nos dicen que no luchemos por una causa impopular y que no nos encuentren nunca formando parte de una patética minoría de dos o tres» pero como no buscamos la respetabilidad social sino la justicia, allí estaremos.

Ángel Hernández Guardia es presidente de 12-O Moviment Cívic.

Cataluña ante el desafío secesionista
El fiscal superior de Cataluña da recetas para celebrar un referéndum separatista
"Si no hay solución en Madrid hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas", ha indicado Rodríguez Sol
Europa Press www.lavozlibre.com 4 Marzo 2013

Barcelona.- El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, ve legítimo que la Generalitat aspire a consultar a loss ciudadanos sobre su futuro político, pero advierte de que actualmente "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia", por lo que apuesta por buscar una alternativa en preguntas que respeten la legalidad.

En una entrevista de Europa Press, Rodríguez Sol ha considerado que ante el previsible 'no' del Gobierno a permitir un referéndum sobre la independencia "existen otras alternativas, y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar".

Según el fiscal, "hay un marco legal muy concreto y, a la vez, hay que intentar conectarlo con una realidad social de una parte importante de la población de Cataluña que cree que es mejor para Cataluña otro modelo" al actual.

"Si no hay solución en Madrid hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas", ha indicado Rodríguez Sol.

Asimismo, ha opinado: "Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general a cualquier pueblo". El fiscal ha hecho un símil con el viaje de Ulises y el proceso catalán: "En estos momentos, del viaje a Ítaca, los billetes los pueden tener en Madrid. Y nos podemos encontrar con que la postura de Madrid no sea muy favorable a los cruceros". Por ello, ha pedido "ser realista" y entender que el marco legal no contempla la posibilidad de un referéndum sobre la independencia, aunque sí apunta a que se podría hacer legalmente con una modificación legislativa que depende del Gobierno central.

"Yo creo que al final los legisladores tienen que ser conscientes de que legislan para los ciudadanos y tienen que buscar el bien común de todos y ver si la unidad nos fortalece o puede llevar a hacernos más débiles", ha reflexionado. Preguntado sobre si defiende una reforma de la Constitución en esta cuestión, ha puntualizado: "Lo que digo es que todas las leyes se pueden modificar y hay que valorar si la norma sigue respondiendo a una realidad social como fue en el año 78 o si hay una realidad distinta, plural, que aconsejaría una modificación", aunque ha puntualizado que estas decisiones corresponden a los políticos.

Rodríguez Sol ha mostrado con sus últimas actuaciones tras las revelaciones iformativas de El Mundo sobre la familia Pujol y sobre Artur Mas, desviar los casos hacia su jurisdicción para que no se juzquen en Madrid.


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