AGLI Recortes de Prensa   Viernes 8 Marzo 2013

Crisis institucional
El sistema está muerto
Emilio Campmany Libertad Digital 8 Marzo 2013

Uno de los aspectos más sorprendentes de los últimos años de Zapatero fue la incapacidad del PSOE para librarse de él y dar una respuesta seria a la crisis, que evitara no ya la derrota, que eso hubiera sido imposible, pero sí al menos el desastre electoral al que al final se vio abocado. No sólo eso, sino que el partido escogió para su regeneración y posible vuelta al poder al único socialista en activo que puede con orgullo aunar en su sola persona buena parte de la responsabilidad de los desastres del Gonzalato y las sansiroladas del zapaterismo. Y no bastándoles, elevaron a la condición de alternativa a Carme Chacón, quintaesencia del huero ideario del solemne.

En el PP, la situación no es mucho mejor. El desencanto de sus electores es tanto más profundo que el de los socialistas, porque esperaban más de su partido. Rajoy ha defraudado su programa económico haciendo que España sea un país más socialista de lo que lo era en tiempos de Zapatero gracias a una brutal subida de impuestos. No sólo eso, sino que ha dejado en vigor las leyes que tanto irritaron al electorado de derechas, la del matrimonio homosexual y la del aborto. En política antiterrorista, siguen vigentes las directrices fijadas por Eguiguren. Encima se extiende la sospecha de que el PP, en materia de corrupción, no tiene ya nada que aprender del PSOE. Y eso sin contar el generalizado nepotismo con que Génova gestiona la cosa pública.

Podría interpretarse que los dos partidos que sostienen el sistema han enfermado y han decidido suicidarse enemistándose con sus respectivos electorados. Sin embargo, el diagnóstico es más complejo. Los dos partidos mayoritarios ya no sostienen el sistema, forman parte de él. Por eso no pueden cambiarlo y salvarse porque creen, con razón, que no sobrevivirían a una regeneración del mismo. Al menos, no lo harían sus actuales dirigentes. Personajes y personajillos, apergaminados, ajados y amojonados, se atrincheran para sobrevivir cuanto se pueda. Ya ni se preocupan por ocultar los muchos favores que hacen a los empresarios que revolotean alrededor de ellos, ni se esfuerzan por disimular los muchos cargos, a veces sin contenido, que reparten entre familiares y amigos. No renuncian a nada y que la fiesta dure lo que tenga que durar.

La verdad es que el sistema está muerto, pero PP y PSOE no quieren enterrarlo porque forman parte de él. Tendremos que ser nosotros quienes con nuestro voto empecemos a cavar su tumba. Pero ¿votando a quién? Buena pregunta detrás de la cual podría esconderse un Berlusconi o un Beppe Grillo. Y es con ese miedo con el que PP y PSOE cuentan para sobrevivir y fingir que el sistema que les alimenta sigue vivo. Y por eso nos previenen del riesgo que entraña votar a partidos "estrafalarios". Y es verdad que hay un riesgo. Pero a mí me está pareciendo que casi cualquier cosa es ya mejor que este hedor insoportable.

El segundo puesto de la corrupción
Ignacio del Río www.republica.com 8 Marzo 2013

El barómetro del CIS sitúa a la corrupción y el fraude en el segundo puesto de las preocupaciones de los españoles, tras el paro. Un segundo puesto ganado a pulso, con constancia y perseverancia y sin respuesta contundente de los partidos políticos, más dispuestos a cubrirse sus vergüenzas que a introducir las modificaciones normativas adecuadas que dificulten y penalicen a los políticos corruptos y a sus colaboradores externos.

El penúltimo que se incorpora a la lista es el ex ministro del PSOE José Blanco, con las obras en su vivienda financiadas en parte, 100.000 de 170.00 euros, por el PSOE, alegando, una vez más razón de seguridad y con referencia a ETA de por medio.

Es absolutamente obsceno que las trapisondas de los partidos por las vías de sueldos, préstamos y emolumentos se pretendan justificar con alegaciones al terrorismo de ETA, como si la seguridad de los políticos fuera una razón de Estado que permite saltarse la ley. Una argumentación imprudente que recuerda pasados comportamientos y que tienen unos inaceptables antecedentes con el GAL que derivó en la apropiación de fondos reservados por altos cargos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Felipe González, bajo la excusa de combatir al terrorismo con sus mismas armas.

En todo caso que la seguridad de determinados políticos se convierta en un bien superior a la seguridad de la generalidad de los ciudadanos y sirva para justificar contabilidades no transparentes y derivaciones de fondos con terceros, es un escarnio y una burla a la lógica de la razón democrática y a la legalidad en el Estado de Derecho.

Las medidas que anunció el Gobierno se han ido diluyendo con el paso de los días y, a pesar de su proclividad a utilizar el mecanismo del Decreto-Ley, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría encargó un documento al Centro de Estudios Constitucionales que no tiene otra utilidad que ralentizar y adormecer el problema para que, mientras tanto, se enfríe el problema. Ya se sabe que para que un problema no se solucione, no hay más que formar una comisión de expertos, sin plazo ni agenda.

Bastaría simplemente que el Gobierno hubiese aprobado cinco medidas para responder políticamente a la alarma social que ha causado la corrupción. En primer lugar, la auditoría externa, deposito y publicación anual en el Congreso de los Diputados de las cuentas anuales de los partidos políticos, de igual manera a como se hace con las sociedades mercantiles.

En segundo lugar, la obligación de facilitar a los ciudadanos el acceso a los archivos y datos económicos de los partidos políticos en aplicación de la Ley de Transparencia, motivándose únicamente su negativa cuando la información afecte a datos personales sensibles de terceros.

En tercer lugar, la prohibición absoluta de donaciones anónimas y la publicación de las de cuantía superior a 2.500 euros, de conformidad con la limitación fiscal de pagos en metálico por cantidad superior a dicha cuantía.

En cuarto lugar, la reducción de la duración de las campañas electorales y la limitación de gastos electorales que no podrá sobrepasar el crédito presupuestario destinado a sus subvenciones. Además, debe incluirse la prohibición de condonaciones de préstamos y créditos concedidos por las entidades financieras y la afectación a su amortización de las subvenciones presupuestarias dedicadas anualmente a la financiación de los partidos políticos.

Finalmente, la publicación en la memoria anual de las cuentas del partido de cualquier retribución, préstamo o anticipo concedido a sus cargos electos cualquiera que fuera su cuantía, como se hace en los Consejos de Administración de las entidades financieras y de los salarios, honorarios y pagos a proveedores superiores a 100.000 euros anuales, correspondientes a su funcionamiento ordinario o a gastos electorales.

La decisión de atribuir la competencia a la Audiencia Nacional para el encausamiento de las conductas penales vinculadas a la actividad política del encausado, cuando se trate de altos cargos del Gobierno de la nación, diputados y senadores, la limitación temporal en la instrucción sumarial y la aplicación de la pena en su grado máximo a haberse cometido el delito con el agravante de la posición preeminente del cargo público, apoyaría la convicción de que se quiere dar una respuesta contundente a la corrupción política.

La ecuación, crisis económica más paro más corrupción es una combinación de alto riesgo para la democracia y que, con carácter inmediato, produce desafección al sistema de partidos políticos y a los procedimientos electorales.

Los efectos que se están produciendo sobre la marca España son devastadores y por mucha oficina que ha montado el ministro de Exteriores para su proyección internacional, sus esfuerzos se diluyen día a día por el desagüe de la corrupción. Un tremendo agujero negro que hay que taponar cuanto antes.

El PSC y la extraña pareja
Juan Fco. Martín Seco www.republica.com 8 Marzo 2013

La pasada semana se escenificó en el Congreso de los Diputados un desencuentro que se venía fraguando tiempo atrás. Trece diputados del PSC rompieron la disciplina de voto del grupo parlamentario socialista y Carmen Chacón se quedó en medio, ejerciendo su propio y personal derecho a decidir, sin alinearse ni con unos ni con otros.

En honor de la verdad nunca he entendido las relaciones entre PSOE y el PSC, como tampoco he logrado comprender las de IU e Iniciativa per Catalunya. Entiendo, ¿cómo no? las coaliciones de partidos, bien sean preelectorales o poselectorales, o incluso permanentes como la de Convergencia y Unió. Lo que me resulta difícil de comprender es que una formación política renuncie a tener presencia y a concurrir a las elecciones en una parte del territorio y lo haga a favor de otra formación política que, cuando quiere, afirma su propia personalidad y autonomía declarándose independiente.

Las relaciones entre el PSOE y el PSC (al igual que las de IU e IC) se basan en la asimetría, y las asimetrías terminan creando todo tipo de problemas y si no, véase lo que ocurre con la Unión Monetaria. El PSC forma parte de los órganos de dirección del PSOE (aunque después no se siente ligado por las decisiones que estos adoptan), pero no a la inversa, ningún militante del PSOE pertenece a los órganos de dirección del Partido Socialista de Cataluña. El PSOE tampoco participa de la elección del primer secretario del PSC. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Ellos son independientes. Pero el PSC sí participa en la elección del secretario general del PSOE, tan es así que en la anterior etapa recordaron a menudo a Zapatero que era secretario general del PSOE gracias a los votos del PSC. Lo cual era rigurosamente cierto. Aunque asimismo es verdad que Zapatero debió también su triunfo al grupo llamado de los Renovadores por la base (de José Luis Balbás, “los balbases”) que más tarde protagonizarían el famoso “tamayazo” que entregó la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre.

Lo cierto es que Zapatero debió de creerse que mantenía una deuda con el PSC porque lanzó aquella frase tan desafortunada: “Pascual me comprometo a apoyar en Madrid lo que apruebe el Parlamento catalán”. Y así nació el aciago Estatuto de Cataluña, que no solo concedió privilegios a una parte de España frente al resto, sino que dio lugar y ocasión a que el nacionalismo catalán ejerciese el deporte que más le gusta: el victimismo. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Además, fueron polvos totalmente innecesarios, en los que Zapatero y el PSC se metieron solos. Artur Mas no parecía muy entusiasmado. Incluso amenazó a Maragall con no apoyar el Estatuto cuando este le reprochó en el Parlament el 3% de las comisiones, y Zapatero tuvo que emplearse a fondo más tarde para convencer a Convergencia de que no se retirase de la aventura.

Toda la operación fue una enorme chapuza imputable al PSC y a Zapatero. De aquellos polvos estos lodos, porque cuando el PSC pretende quitar la bandera nacionalista a los nacionalistas, a estos no les queda más remedio que disparar por lo alto, y ahí están el pacto fiscal y la pretensión de independencia. En realidad ambas cosas son muy similares puesto que, dado el peso que la economía catalana tiene en el conjunto de España, una independencia en materia de hacienda pública por fuerza tiene que conllevar la ruptura política y de mercado. El concierto con el País Vasco y con Navarra resultan soportables (no justos) en función de la importancia menor de ambas autonomías, pero la aplicación del modelo a Madrid o a Cataluña es totalmente inviable. Sería tanto como incorporar entre los territorios españoles el erróneo diseño que la UM ha implantado entre los países europeos y que hace imposible su pervivencia.

El PSC continúa patinando y manteniendo posturas contradictorias. Por una parte afirma estar en contra de la declaración del Parlament que proclama que Cataluña constituye un sujeto político y jurídico soberano pero, por otra, defiende que tiene derecho a decidir. Resulta difícil casar ambas tesis. Todos tenemos derecho a decidir, pero dentro del marco de un ordenamiento jurídico y de acuerdo con unas reglas de juego. La libertad de uno termina donde empieza la de los demás. Pensemos qué ocurriría si un día Amancio Ortega, Manuel Jové, Botín, las hermanas Koplowitz, Florentino Pérez y otras doscientas grandes fortunas decidiesen (por su derecho a decidir) que puesto que pagan al fisco más de lo que reciben se independizan fiscalmente, o que la urbanización de lujo de la Moraleja por su derecho a decidir quisiera crear su propio municipio independiente de Alcobendas, ya que contribuye en mayor medida que los servicios de que disfruta. El derecho a decidir de manera absoluta es únicamente atributo de los Estados, es decir, de los sujetos jurídica y políticamente soberanos, aunque ahora soberanía, soberanía, solo la tiene el BCE.

El PSC ha tenido siempre dos almas, la de una progresía ilustrada y la de una clase trabajadora proveniente en buena medida de la emigración. Parece que la primera ha impuesto sus tesis a la segunda. La deriva nacionalista del PSC (y no digamos de Iniciativa), unida a la renuncia del PSOE y de Izquierda Unida a establecerse como tales en Cataluña ha dejado a una parte importante de la sociedad catalana sin referencia política.

¿No ha llegado el momento de que un partido nacional como el PSOE que lleva en sus siglas la e de España, se haga presente en todos los territorios? Los resultados seguramente no serían muy brillantes a corto plazo. IU lo intentó sin éxito. La inercia electoral y la opacidad informativa son obstáculos difícilmente salvables, pero a medio y a largo plazo las cosas cambian. IU no perseveró. De hecho, el mercado electoral no se comporta de manera distinta a cualquier otro mercado y es sabido lo que cuesta abrirse un hueco en ellos, pero con tiempo y con medios se consigue y, hoy por hoy, el PSOE tiene instrumentos suficientes. Todo ello no es óbice para que más tarde pudiera establecer las coaliciones electorales que considerase adecuadas pre o poselectorales, pero con reglas de juego claras y definidas.

El PSOE tiene que calibrar también el daño electoral que su extraño maridaje con el PSC le puede causar en otros territorios. Sin duda a IU se lo hace el comportamiento mantenido por sus correligionarios en Cataluña y en el País Vasco. Nacionalista y de izquierdas son dos términos difíciles de encajar, sobre todo cuando el nacionalismo se ejerce desde las regiones ricas y el PSOE ya tiene suficientes dificultades para convencer a la ciudadanía de que es un partido de izquierdas como para que le arrastren a veleidades nacionalistas.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

El despertar de la sociedad civil
Francisco Muro de Iscar Estrella Digital 8 Marzo 2013

Recuerda con acierto José Juan Toharia, que la sociedad recrimina a los políticos que andan más preocupados por sus propios problemas e intereses que por los del común ciudadano y, además, haber abandonado el espíritu de la Transición, que permitía una cotidiana y durísima refriega parlamentaria y mediática, pero también la constante consecución de acuerdos y consensos que hizo posible el difícil parto democrático. Fue sin duda mérito de los políticos de entonces, engrandecidos con el paso del tiempo y olvidadas las miserias, trampas y traiciones -que las hubo- pero también fue el resultado de un esfuerzo colectivo de asociaciones, sindicatos, organizaciones profesionales o instituciones como la Universidad que, con todas sus discrepancias, pensaron, dialogaron, propusieron ideas y cedieron algo para lograr mucho. Ese diálogo, ese consenso, esa forma de hacer política es puro recuerdo.

Desde hace demasiados años, desde hace demasiados Gobiernos, cada cual empezó a tirar por su lado y el resultado es el que vemos hoy. Incapacidad para acuerdos en temas de Estado -la justicia, la educación, la sanidad, las pensiones, el modelo económico, autonómico o fiscal- y una reciente desconfianza ciudadana en sus políticos, con riesgos de que surjan candidatos que pesquen en este río revuelto de recortes, corrupción, desatención a los intereses generales, disputas inútiles e ineficiencias crecientes.

Hay propuestas inteligentes en justicia, en sanidad o en educación, pero los políticos ni siquiera escuchan el clamor ciudadano

No sé si es posible recuperar la clase política de la Transición -profesionales competentes, con experiencia probada, servidores de los ciudadanos, capaces de consensos, de paso por la política- pero creo que es indispensable que la sociedad civil despierte. Sabemos lo que nos pasa, como dice Toharia. Hay propuestas inteligentes en justicia, en sanidad o en educación, pero los políticos ni siquiera escuchan el clamor ciudadano. Hay que empujarles a que lo hagan y hay muchas organizaciones o instituciones que deberían ponerse en la primera fila. Desde luego, la Universidad si sabe despertar de su letargo. Pero hay muchas más que están pidiendo regeneración y cambio.

La Fundación Transición Española ha propuesto reestructurar el Estado autonómico y rediseñar sus competencias. No es una elucubración sino un estudio serio que puede ser discutido, que plantea un debate imprescindible y difícil. Pero hay que abordarlo. Antes lo hizo el Foro de la Sociedad Civil que planteaba la supresión de las autonomías, un objetivo equivocado y tal vez imposible si no volvemos cincuenta años atrás. En el terreno de la Justicia, abogados, jueces, fiscales, sindicatos y consumidores y usuarios se han planteado formular una e reforma radical de la Justicia. Ojalá lleguen a algún puerto. En educación y sanidad hay otro clamor. Lo mismo deberíamos decir del modelo económico, pero sindicatos y patronal hace tiempo que no hablan de nada ni con nadie. Hay que acabar con el desierto de esta sociedad civil y crear movimientos ciudadanos sustentados en un pensamiento sólido y discutido, con propuestas posibles, que obliguen a los políticos a bajar de su guindo particular y escuchar a sus votantes.

Supresión de las autonomías: ¿ un objetivo equivocado ?
Nota del Editor 8 Marzo 2013

Eso de volver cincuenta años atrás, sería estupendo, un regreso a la juventud, en 1963 tampoco había trabajo ni oportunidades, como ahora, serivicio militar obligatorio, impuestos mínimos, corrupción mínima, aunque los profesionales de la política comenzaban a dar sus primeros pasos, pero sin estar en nómina.

Eso de disparar sin justificar es muy de intoxicadores, decir que la supresión de las autonomías es un objetivo equivocado, será para los profesionales de la política, porque para cualquier ciudadano, sometido a su opresión y esquilma, es lo único posible e indispensable. Las consultas sociológicas, con todo el barro que llevan (una sociedad adormecida y teleatontada no puede dar respuestas serias), apuntan a un crecimiento imparable del rechazo de los ciudadanos al tinglado autonómico.

Cualquier servicio que el estado deba proveer a sus ciudadanos, es más eficiente a nivel nacional que autonómico. En cualquier tiempo, y más en época de vacas flacas, el estado debe ser eficiente y el tinglado autonómico es un disparate. Eso en cuanto a servicios, pero el disparate es también en su aspecto normativo, de libertad de establecimiento y desplazamiento.

Las vacas gordas han sido un espejismo provocado por las políticas de los bancos centrales de lanzar papel al mercado y por tanto, valorar el capital como humo, intereses que  no cubren la inflación y desaparición de la riqueza de los ahorradores para reducir las deudas de los gastadores (¿ alguien conoce alguna familia que se financie con deuda ?).

España, ¿final de una etapa histórica?
Matías Alonso www.vozbcn.com 8 Marzo 2013

El pasado 19 de febrero, el profesor Manuel Jiménez de Parga presentó ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas una ponencia en la que analiza las causas por las que considera que, efectivamente, España ha llegado al final de una etapa histórica, iniciada con la restauración de la democracia y la promulgación de nuestra vigente Constitución.

No cabe duda de que la mente preclara del profesor Jiménez de Parga ha sido capaz, en su discurso académico, de profundizar en las causas del agotamiento del actual sistema político y en presentar abiertamente muchas posibles soluciones. Sus planteamientos recogen además, en buena medida, el sentir de muchos ciudadanos españoles que asisten atónitos a la descomposición de un sistema político que, pese a sus notables defectos, ha traído a España el período más amplio de paz, prosperidad y desarrollo social, económico y político. Sin embargo, esta descomposición del sistema está generando una desafección creciente en el conjunto de la ciudadanía, como reflejan continuamente las encuestas de opinión del CIS.

La tesis del profesor Jiménez de Parga plantea como síntomas de esta situación la corrupción política institucionalizada, la tasa de desempleo con niveles social y económicamente insoportables, el descontrol del sistema de las Comunidades Autónomas, la mala representación política por el actual sistema de partidos y la vigente ley electoral, un régimen parlamentario desfigurado, la clara quiebra del principio de separación de poderes y una Administración de Justicia politizada.

El profesor plantea en su ponencia claros diagnósticos y soluciones, proponiendo una nueva ley electoral, la adecuación del actual sistema parlamentario huyendo del presidencialismo actual, el necesario reajuste autonómico y la consecuente lealtad institucional, la ingente tarea de la vertebración de España como Estado, la imprescindible agilización y mejora de la Administración de Justicia, la erradicación de la corrupción en las instituciones políticas. Todas ellas, cuestiones capitales que hay que abordar cuanto antes para asegurar la continuidad de nuestro vigente sistema democrático y la pervivencia de un marco de Estado de derecho que permita la convivencia ciudadana y le dé futuro y prosperidad a nuestra sociedad.

Somos conscientes de que en pleno siglo XXI nuestro sistema democrático tiene ante sí los retos que magistralmente exponía el profesor Jiménez de Parga. No cabe duda de que la España nacida de la transición de finales de los años 70 y de la vigente Constitución de 1978 está llegando a un final de etapa. La viabilidad del sistema pasa por su reforma profunda y por revertir la tendencia de descrédito de las instituciones y de desafección a las mismas por parte del conjunto de la ciudadanía.

Ante estos retos, la Fundación Tribuna Cívica, con la colaboración de Ciudadanos, organiza en Barcelona este sábado 9 de marzo una Escuela de Invierno en la que, bajo el prisma de la necesidad de una nueva transición impulsada desde la ciudadanía, se debatirá sobre dos de los temas capitales planteados por el profesor en el marco académico: la necesidad de una nueva ley electoral y la separación efectiva de los poderes públicos.

Contaremos para ello con la participación de destacadas personalidades de la judicatura, con la presencia del juez decano de Madrid, del mundo académico, en las personas de dos catedráticos de la UAB, y de la sociedad civil, representada por el secretario de Acció per la Democràcia, además de varios dirigentes y diputados de nuestro partido en el Parlamento autonómico de Cataluña. Será una jornada en la que buscaremos herramientas para mejorar la transparencia de nuestro sistema y soluciones concretas que permitan plantear las propuestas políticas necesarias para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en las instituciones políticas en que les representan.

En este final de etapa queda mucho por hacer. Este sábado 9 de marzo, en Barcelona y para toda España, Ciudadanos profundizará en la senda de las soluciones.

Matías Alonso es secretario general de Ciudadanos y diputado autonómico

Unas instituciones muy informales
Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 8 Marzo 2013

Con frecuencia se escuchan voces cuestionando la necesidad de profundas reformas en España. Nada de cambios: bastaría con usar apropiadamente las leyes vigentes. ¿Corrupción? Que se aplique a todos los urdangarines el código penal, que sean juzgados, condenados y cumplan las penas. ¿Favoritismo? Que los gobernantes se ajusten a las leyes que predican trato igual para todos. ¿Despilfarro? Que se pongan en práctica las normas que obligan a un presupuesto más equilibrado.

La simple repetición de los deseos actuaría como un conjuro, un sortilegio capaz de surtir mágicos efectos. Todos los aludidos cobrarían repentina conciencia de su negligente conducta y se aprestarían a corregir pasados errores. Y, si la Constitución no se cumple… pues que se cumpla ¡córcholis! ¿Por qué buscar soluciones complejas si las hay tan sencillas? Sin embargo, la candorosa corriente del “que se haga” desemboca invariablemente en un callejón sin salida, en un entusiasta pero estéril sermón en el desierto: no cambiando las condiciones, tampoco los resultados. Es loable animar al cumplimiento de las leyes pero, para proponer algún remedio eficaz, conviene explicar ese insano proceso que degrada las normas, o su espíritu, a la condición de papel mojado.

Instituciones formales e informales
Los sistemas no siempre funcionan tal como las leyes parecen indicar pues sus reglas del juego, esto es las instituciones, no sólo engloban organismos formales y leyes escritas. Incluyen además reglas informales, incentivos, expectativas. Y también aquellos mecanismos que aseguran el cumplimiento de las normas, especialmente por los que ejercen el poder. Una vez elegido un gobierno, ¿quién garantiza que se atendrá a las leyes? Se delega en los gobernantes suficiente poder para eludir las normas sin que los ciudadanos tengan capacidad, medios, tiempo ni ánimo para detectarlo, mucho menos para impedirlo. Por ello, si la arquitectura del sistema político carece de oportunos controles y equilibrios internos, su verdadera naturaleza puede encontrarse muy distante de su mera apariencia legal.

Atendiendo a la letra de las leyes, España gozaría de un sistema de libre acceso. Salvando excepciones, la legislación garantizaría un trato equitativo e impersonal, sin contemplar explícitamente privilegios ni mecanismos de selección subjetivos. Reconocería la libertad económica y el derecho de todos los ciudadanos a formar asociaciones o partidos, concurrir a las elecciones y llegar al gobierno en igualdad de condiciones.

En realidad, un sistema de acceso restringido
Pero el diablo suele manifestarse en los detalles, en esas arraigadas instituciones informales. El funcionamiento real de nuestro país posee muchos rasgos de un sistema de acceso restringido, ese régimen donde imperan los privilegios y el favoritismo, primando las relaciones personales o la cercanía al poder. En el terreno de la economía, numerosas regulaciones establecen condiciones ad hoc de muy difícil cumplimiento, casi siempre a medida de ciertos grupos privilegiados situados en la órbita de los gobernantes. Suficientemente complejas y enrevesadas para permitir amplios márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones del poder. En España es mucho menos importante conocer la legislación que identificar correctamente la persona con la que hay que “hablar”. Esta deriva hacia un sistema de acceso restringido pone trabas a la competencia y a la creación de empresas, entorpeciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

Lo mismo ocurre en la política. Unos pocos partidos han monopolizado el poder gracias a la enorme cantidad de recursos que proporciona la ocupación de los cargos públicos y al férreo control sobre los medios de comunicación. Enormes barreras a la entrada de nuevos oponentes trasladan la contienda electoral a un terreno de gran desigualdad, aun sin existir discriminación sobre el papel.

Legalmente, nuestras instituciones formales deberían corresponder a un régimen de libre acceso pero hay ciertas reglas informales que lo impiden. Aunque la Constitución niegue el mandato imperativo para los diputados, la elección por listas cerradas incentiva fuertemente la disciplina de voto, anulando la teórica independencia del legislativo. Y este fenómeno se extiende a otros órganos del Estado. Así, aunque la ley señala un Tribunal Constitucional independiente, en la práctica dominan las relaciones informales, identificándose tan fácilmente la obediencia partidaria que, en lugar de toga, cada magistrado podría lucir la correspondiente sudadera con los colores del partido. La selección se basaría teóricamente en el mérito pero, de facto, domina la conexión partidaria y el acatamiento de las consignas.

Una perversa dinámica de grupos y facciones
El sistema cerrado no favorece que los sujetos actúen de forma individual e independiente en ningún ámbito. Fomenta, por el contrario, la creación de grupos compactos, cohesionados por una especie de código de hierro. Es frecuente en España preguntar a qué bando pertenece cada uno, causando sorpresa e incredulidad esos extraños personajes que actúan libremente, sin consignas ni ataduras. Debido a que el mérito y el esfuerzo no se valoran en su justa medida, la adhesión al grupo constituye la vía más directa hacia el privilegio, el medio de arañar una porción adicional en el reparto de la tarta, ya que las facciones poseen mayor capacidad para la presión (incluida la amenaza) que el individuo aislado.

Los sistemas restringidos, basados en privilegios, tienden a la inestabilidad pues exacerban el conflicto social, el choque entre clanes, especialmente cuando se reducen los recursos a repartir. Cada grupo intenta conservar su parte incrementando una presión que, con frecuencia, se ejerce tras las bambalinas. Llevada al extremo, la intensa pugna puede desembocar en una discusión sobre las reglas del juego, abriendo así la puerta a un cambio de sistema.

Pedir a los políticos, con tanta insistencia como ingenuidad, la correcta aplicación de las leyes es una buena vía para… desgañitarse y caer en una profunda desesperación. Mejor proponer las reformas capaces de modificar completamente los incentivos y de establecer unos sanos y casi automáticos controles sobre el poder. En definitiva, ajustar los pivotes para transformar radicalmente esas escurridizas instituciones informales a las que pocos prestan atención.

ETA
La 'discreta' impunidad de Ternera
Guillermo Dupuy Libertad Digital 8 Marzo 2013

Tras entrevistarse con la consejera vasca de Interior, y tras asegurar que el Gobierno de Rajoy "no ha negociado, ni negocia ni negociará" con ETA, Jorge Fernández Díaz ha afirmado que "hay que gestionar con discreción el final del terrorismo". Bastante bien sabemos a qué se refieren los nacionalistas con esa conocida expresión que ahora hace suya el ministro del Interior. Lo que no sabemos es si Fernández Díaz se refiere a la discreción que el Gobierno de Rajoy también necesitaría en el caso de estar dispuesto a conceder todo o parte de lo ya negociado entre ETA y los anteriores Gobiernos. En cualquier caso, un Gobierno como el de Rajoy, que se empeña en no ver la persistencia de ETA en las instituciones y que ubica el fin del terrorismo no en la detención de todos los pistoleros prófugos sino en circenses anuncios de disolución o de entrega de armas, va a necesitar de mucha, mucha discreción para eludir el imperativo de justicia al que obliga un Estado de Derecho.

Desde luego, el ministro del Interior no se puede quejar de la bochornosa discreción con la que muchos medios de comunicación han tratado informaciones de tanta enjundia como las que apuntan a que Josu Ternera y al resto de la cúpula de ETA han sido expulsados de Noruega. Gracias a esa discreción, el ministro del Interior se ha permitido no valorar la noticia y a limitarse a afirmar: "El Gobierno tiene la información que debe tener. No puedo ser más explícito. Ni confirmo ni desmiento".

Teniendo presente que Ternera está en busca y captura por orden del Tribunal Supremo desde 2002, por su participación en la masacre perpetrada en la casa cuartel de Zaragoza, no se quejará el ministro de la nauseabunda discreción mediática con la que se está tratando una noticia de esta envergadura. Ciertamente, muy pocos medios parecen conscientes de la gravedad del caso Ternera, más repugnante que la del caso Faisán.

Me disculpará el ministro la indiscreción, pero, hasta la fecha, todo indica que el Gobierno de Rajoy respeta y va a seguir respetando lo negociado entre ETA y el anterior Gobierno socialista. Y no sólo en lo que a la impunidad de Josu Ternera se refiere.

¿Existe el PSOE?
Antonio Elorza El País  8 Marzo 2013

El reciente episodio de la división del voto socialista sobre la “consulta” para la autodeterminación de Cataluña ha sido resuelto a corto plazo de una forma cuando menos sorprendente. Apenas expresado el descontento, seguramente real, de algunas figuras históricas del PSOE, los focos se centran en la actitud de Carme Chacón, por no participar en el voto, como si esta cuestión personal fuera el gran problema. Recordemos el tratamiento del tema en las páginas centrales de un diario: tres cuartos de espacio a la información sobre la discrepancia y como única imagen, gran foto de la exministra.

El tema capital, la fractura del voto entre PSOE y PSC, una vez constatada, se presenta como algo no muy grave, o por lo menos de perfecta solución en el marco de unas “nuevas relaciones” a establecer en un futuro indeterminado; “nuevas relaciones” de contenido tan evanescente como la solución federal con que el partido piensa resolverlo todo. Y para que no se diga que no se hace nada, las multas, como si se tratara de una simple cuestión de tráfico, que, además, recaen en la misma medida sobre los socialistas catalanes indisciplinados y sobre la diputada Carme Chacón. A esta le toca también la declaración de interdicto pronunciada por Pere Navarro sobre su futuro en Cataluña. Balance: aquí no ha pasado nada irremediable y, de paso, se designa un chivo expiatorio, tanto para el sector nacionalista del PSC como para el secretario general del PSOE, que así se quita de medio a un ya disminuido rival.

En este diario, Pere Navarro declara: el único puente de diálogo existente entre Cataluña y el resto de España “es el PSOE y el PSC”. La concordancia incorpora una contradicción, porque si estamos ante dos partidos, se impone “son”, y si es un único partido, habría que decir “el PSOE y en su marco el PSC”, algo que Pere Navarro no está dispuesto a conceder. Conviene traer aquí la experiencia de otra fractura histórica, la del PCE y el PSUC en Cataluña: sin una articulación clara y, hasta hoy, buena o mala, existía entre PSOE y PSC, su ruptura de facto, en una cuestión sustancial, supone el principio del fin, ya que implica una impotencia total del primero —a no ser que se trate solo de eludir responsabilidades— y no evita el descenso a los infiernos del segundo. El resultado es catastrófico para nuestro país, con el partido de la izquierda contribuyendo a desmantelar el orden constitucional, aunque sin duda sirva para que en Ferraz todo siga igual.

Y es que aun manteniendo el apoyo a la consulta de su programa, la jugada de CiU y ERC copiando el texto PSC para sumarle a la resolución pro referéndum tenía fácil respuesta: bastaba exigir a los catalanistas que declarasen que el principio de consulta “en el marco de la legalidad” ahora afirmado, corregía abiertamente su resolución de enero en el Parlamento catalán, algo que no hubieran aceptado. Quedaría explicada de paso la aparente contradicción entre los dos votos del PSC, uno negativo en Barcelona y otro afirmativo en Madrid. No pasaba nada porque fueran presentadas dos resoluciones proconsulta en el Congreso de los Diputados, una con la cláusula de rigurosa legalidad. A no ser que Pere Navarro piense ante todo en sumarse a la riada independentista, acaudillada por Pere Mas y Oriol Junqueras. Dada la gran importancia de la actitud del PSC, apoyarles a fondo para decir que luego rechazará la independencia es simplemente inefable. Y a no ser que estuviéramos ante una maniobra de encubrimiento, según el criterio de que todo pueda hundirse si todo sigue igual.

A las ideas y a los debates políticos, Alfredo Pérez Rubalcaba debe ser alérgico; de otro modo resulta incomprensible no haber discutido a fondo con PSOE y PSC la autodeterminación catalana. Claro que así, desde la pasividad, podía llegar al momento de salvar la cara con un “no”, permitiendo de hecho que el PSC avalase la consulta, sin debate previo alguno, minimizando costes. En esta línea, el aldabonazo antimonárquico de Navarro pudo ser una simple coartada para que no extrañase su ulterior alineamiento con CiU-ERC, aparentando que el PSC piensa siempre por su cuenta. A partir de ahí, opiniones divergentes sobre la “consulta”, y entrada en escena de un coro que intenta conjurar la tragedia de un divorcio PSOE-PSC. Como si un-partido-que-son-dos al afrontar la crisis del Estado fuera efectivamente un partido político, y no un simple aparato de poder preocupado únicamente por la propia supervivencia.

Prensa económica
Las comunidades autónomas secan el pozo de la deuda pública
En septiembre de 2012 casi habían alcanzado el tope comprometido para 2013, según cuenta el Economista.
Luis F. Quintero Libertad Digital 8 Marzo 2013

Todo el gasto público comprometido de cara a consolidar las cuentas nacionales se mira con lupa, pese a que llega con cuentagotas. Si este viernes Libre Mercado abre su edición destacando que "Rajoy eleva un 28% el déficit público del Gobierno central en 2012", en el Economista nos cuentan cómo "las autonomías casi alcanzan el tope de deuda de todo 2013". ¿Cómo es posible?

Según cuenta este diario, "al cierre de septiembre de 2012" las CCAA ya sumaban el "16,9% del PIB, frente al objetivo del 2013: 16%". Así "las autonomías están abocadas a extremar los recortes o a subir los impuestos ante el estrangulamiento que supone, por un lado, rebajar el déficit al 0,7% y, por otro, evitar que la deuda pública supere el 16% del PIB este año. Esta última meta es especialmente difícil ya que, hasta el tercer trimestre de 2012, la deuda pública autonómica sumaba, en su conjunto, 167.467 millones, el 15,9% del PIB, a sólo una décima del objetivo no ya para 2012, sino para este año".

Seguimos con este diario donde también destacan que "el Tesoro emite bonos por debajo del 5% por primera vez en dos años". Esto significa que "la primera subasta de deuda tras el caótico resultado de las elecciones italianas salió redonda: la demanda casi triplicó a la oferta y el bono a 10 años bajó del 5% por primera vez desde 2010".

Lo que no sabemos es si lo que cuenta hoy Expansión, que "el Gobierno vende edificios de RTVE, CNMV y Patrimonio", va a lograr reducir el déficit total del conjunto de las administraciones.

Otro de los protagonistas indiscutibles del día es, sin duda, Juan Roig, presidente de Mercadona. Sus declaraciones de ayer abren la edición de hoy en Cinco Días y aparece muy destacado con fotografía en portada en Expansión.

El económico de Prisa dice a grandes tipos que "Mercadona baja los precios" y advierte de que Roig anuncia la medida "porque las cosas se van a complicar mucho". Además, "la cadena creará 1.000 empleos en 2013, tras los 4.000 del pasado año" y "decide paralizar la expansión exterior para centrarse en España".

Precisamente este último punto es el más destacado en Expansión que dice: "Mercadona: mejor bajar los precios que salir al exterior" y añade que Roig "considera que el consumo en España caerá en 2013 y 2014". Por este motivo, "ha fijado una nueva estrategia" que pasa por "aplazar el salto al exterior para concentrarse en potenciar la venta de productos frescos y reducir los precios al consumidor porque" cree que "la renta de los españoles seguirá bajando".

Por otro lado, en Expansión manda este viernes la información relativa a IAG y Vueling: "El consejo de Vueling rechaza la OPA de IAG" porque "considera que no refleja el valor de la compañía. El no de Vueling podría obligar a mejorar la oferta al grupo IAG".

Cataluña
Entidades denuncian ‘manipulación’ de Rigau y de algunos medios al tratar las sentencias sobre bilingüismo escolar
La plataforma Cataluña, tal cual considera que ‘El Periódico’, ‘La Vanguardia’ y ‘El País’, entre otros, abrazan las ‘consignas’ lanzadas desde la Generalidad en el sentido de que el Tribunal Supremo avala la inmersión lingüística obligatoria, cuando no es cierto.
Redacción www.vozbcn.com 8 Marzo 2013

Representantes de las entidades aglutinadas en la plataforma Cataluña, tal cual, durante su presentación en septiembre pasado.

La plataforma Cataluña, tal cual (promovida por Ágora Socialista, Asociación por la Igualdad de las Lenguas Oficiales, Asociación por la Tolerancia, Foro España Hoy, Impulso Ciudadano y Plataforma Hispanoamericana en Cataluña) ha denunciado este jueves ‘la desobediencia y manipulación reiterada’ de la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, y ‘la información intencionadamente parcial y tendenciosa’ que se ha difundido en relación a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que reitera la obligación del Gobierno autonómico a ofrecer una educación bilingüe en Cataluña.

En un comunicado, la entidad ha asegurado que Rigau ‘mostró su perfil más oscuro cuando, deliberadamente, tergiversó la mencionada sentencia y, en rueda de prensa, proporcionó un titular falso a periodistas’. Y ha añadido que ‘El Periódico, La Vanguardia, El País y otros diarios locales no tuvieron escrúpulos en abrazar la consigna: la inmersión ha sido avalada’.

Esta actitud tendría el objetivo de ‘confundir a los ciudadanos y ocultarles ciertos derechos, como el de ser instruidos en castellano, lengua propia y oficial de la mayoría de escolares catalanes’.

Por ello, la asociación ‘espera una corrección por parte de los medios que se han sumado a la ceremonia de la confusión para que informen bien a la ciudadanía, por honestidad y ética profesional, y por no seguir colaborando en la creación de un clima de fractura e insurrección social’.

La sentencia del TC sobre el Estatuto ‘fulmina la inmersión obligatoria’
Cataluña, tal cual recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto dejó claro que ‘las instituciones autonómicas no pueden primar una lengua oficial sobre la otra en ningún ámbito’, incluido el educativo, donde ‘señaló al castellano como lengua vehicular de la enseñanza junto con el catalán’, por lo que ‘fulmina la inmersión obligatoria’.

También destaca que ‘hay cinco sentencias posteriores del Tribunal Supremo, coherentes con la doctrina del Tribunal Constitucional, instando a la Generalidad a corregir su modelo lingüístico’. Estas sentencias, la primera de ellas de diciembre de 2010, son la respuesta a varios padres de alumnos que solicitaban para sus hijos educación bilingüe ‘con un reparto proporcional y equitativo de materias en castellano y catalán’. Los autos desautorizan a la Generalidad por la ‘exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular’.

La entidad subraya que la sentencia del pasado 26 de febrero ‘especifica que el derecho que asiste al padre no se satisface con la prestación a sus hijos de una atención particularizada en castellano, sino con la entera transformación del sistema, de modo que sus hijos junto con sus condiscípulos, utilizaran, en la proporción que la Generalidad estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la enseñanza’.

El Tribunal Supremo, continúa el comunicado, ‘concreta su alcance al ámbito del centro y el curso del alumno demandante, pero ello deriva solo de cuestiones procesales, dado que la pretensión era la anulación de un concreto acto administrativo y no de un reglamento’. ‘De todo ello se colige que si hubiera un alumno recurrente en cada uno de los cursos de todos los centros de Cataluña, se debería cambiar el sistema entero’, añaden.

Por otra parte, Cataluña, tal cual también ha lamentado que la consejera de Enseñanza ‘ignore las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenan incluir en el impreso de preinscripción escolar una pregunta a los padres sobre la lengua habitual de sus hijos con objeto de hacer efectivo el derecho a elegir la lengua vehicular de la enseñanza en los primeros cursos’


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Puro afán recaudatorio
Editorial La Razón 8 Marzo 2013

El acuerdo de gobernabilidad en Cataluña suscrito entre CiU y ERC, con el objetivo declarado de forzar la independencia de esa comunidad autónoma española, incluía entre sus términos una reorientación de la política fiscal del Gobierno catalán, más próxima a los planteamientos de la vieja izquierda, siempre fracasada, que a la de los defensores del libre mercado. Es una de las consecuencias del gravísimo error de cálculo de Artur Mas al adelantar las elecciones, y de su empecinamiento en el desafío separatista.

Más grave aún si recordamos el papel decisivo jugado por los republicanos catalanes en los dos gobiernos tripartitos, que han arrastrado a Cataluña a una profunda crisis económica y social, con un déficit público que parece imposible de dominar y sin posibilidad de obtener más financiación externa que la avalada por el Gobierno. Condicionado por sus socios, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha sido incapaz de elaborar el nuevo presupuesto que, en sus líneas generales, incluirá un incremento de la presión fiscal, en perjuicio de las medidas de ajuste y ahorro del gasto público recomendadas por la Unión Europea.

Pero dado que los ciudadanos de Cataluña soportan ya la fiscalidad más alta de España, con un tipo marginal del 56 por ciento, sólo superado por Suecia y la isla de Aruba, los ideólogos de ERC han recurrido a la «creatividad fiscal» para incrementar los ingresos. Una de las propuestas es la imposición de una nueva tasa a las bebidas refrescantes «excesivamente» azucaradas, con la excusa del combate contra la obesidad y la mejora de la salud. Este tipo de argumentación no es nueva y suele ir pareja a las razones medioambientales. La Unión Europea, sin ir más lejos, se sirve de la defensa de la salud para imponer barreras arancelarias camufladas a las importaciones cárnicas de terceros países.

La realidad es que la Generalitat no tiene otra mira que la recaudatoria, puesto que es de todos sabido que la obesidad es un problema multifactorial, en el que las bebidas azucaradas no tienen el mayor papel. Por el contrario, este es un sector que ha capeado bien la crisis, con decisiones empresariales acertadas como, en el caso de Coca-Cola, la concentración de plantas embotelladoras, y que contribuye a las arcas del Estado con más de 550 millones de euros anuales. Se pretende por parte de la Generalitat, si es que acaba por aprobar el nuevo impuesto, una sobretasación descarada, especialmente lesiva en una región con un tipo de turismo en el que destaca la modalidad de «sol y playa». Al ser dos empresas norteamericanas las más afectadas, no es extraño que la Embajada de Estados Unidos haya hecho una correcta, pero firme, advertencia a Artur Mas. Disparar impuestos al tuntún, como en una barraca de feria, está muy cercano al espíritu asambleario de ERC, pero no parecía que fuera del estilo de Convergència i Unió.

Misteriosas “Estructuras de Estado”
EDITORIAL www.gaceta.es  8 Marzo 2013

Hoy LA GACETA revela que el gobierno catalán ha gastado más de 270 millones de euros (más de 45.000 millones de las antiguas pesetas) en un misterioso soporte informático. Misterioso porque el concepto publicado en el boletín oficial es deliberadamente ambiguo: “Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado mediante el procedimiento de diálogo competitivo para el aprovisionamiento y mantenimiento de aplicaciones de la Generalitat de Catalunya”. ¿Qué quiere decir eso? Nadie lo sabe. LA GACETA ha tratado infructuosamente de obtener explicaciones del gobierno catalán y, en particular, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, departamento responsable del gasto. La única hipótesis verosímil es esta: el Gobierno catalán intenta construir un sistema de control informático de los ciudadanos con vistas a reforzar su propia agencia tributaria, distinta de la del resto de España. En ese sentido, el gigantesco gasto guardaría coherencia con la intención anunciada por Artur Mas: poner en pie “estructuras de Estado” propiamente catalanas.

El designio de crear “estructuras de Estado” forma parte del calendario previsto por los separatistas catalanes y se está cumpliendo de manera implacable. Este pasado fin de semana LA GACETA recogía la orden de la Generalitat para crear instrumentos de política exterior propia a través de una Secretaría de Asuntos Exteriores y Unión Europea entre cuyos fines se incluía “Dirigir, coordinar e impulsar la política y las actuaciones del Gobierno derivadas de la pertenencia de Cataluña a la Unión Europea, y, en particular, dirigir la representación en las instituciones y órganos de la Unión Europea”. ¿Cataluña miembro de la UE? Ese es el horizonte de Mas y él mismo lo ha dicho. No hay por qué dudarlo.

Punto y aparte es el gigantesco desprecio que este desorbitado gasto representa para los ciudadanos. Cataluña es una comunidad pésimamente gestionada que ha acumulado una deuda intolerable; tanto que se ha visto obligada a efectuar drásticos recortes en materias tan esenciales como la sanidad. La propia supervivencia de la gestión autonómica depende ahora de las masivas inyecciones de dinero que le aporta la Administración general del Estado. Y en esas circunstancias, la oligarquía separatista derrocha cientos de millones de euros en construir sus “estructuras de Estado”. Es sencillamente delirante. Desde el punto de vista político, una deslealtad. Y socialmente, un perfecto ejemplo de injusticia.

Bildu, IU y el chavismo
La sonrisa de la avispa Estrella Digital 8 Marzo 2013

Así las cosas, la muerte del Hugo Chávez ha destapado pasiones entre algunos españoles que yo pensaba imposibles a estas alturas de la liga en Europa.
Ahora resulta que el venezolano tercermundista tenía seguidores en España. Es más, que el amigo de los Castros cubanos era el ídolo político de estos españoles de Batasuna-ETA-Bildu y de IU. Pero, además, una cosa mala. Los de Bildu han llegado a poner en la fachada de la Diputación de Guipúzcoa una bandera venezolana a media asta y a los de IU les ha faltado tiempo para decir que la idea bolivariana de Chávez coincide con la idea política que tienen ellos preparada para España. Y, claro, ante semejante apasionamiento no me queda más remedio que refrescar algunos datos de lo que es Venezuela en este momento. Pero no para convencerlos. Estos ya no tienen remedio. Pero sí para algún despistado quien aún tenga duda después del campañón que están lanzando los petrodólares para convertir a este personaje en un mito de la 'revolusión'.

Los de Bildu han llegado a poner en la fachada de la Diputación de Guipúzcoa una bandera venezolana a media asta

Para empezar, diré que Venezuela es uno de los países más corrutos del mundo, ya que está a la altura de países como Haití, Irak, Sudán, Afganistán o Corea del Norte.

Por supuesto, el Estado de Derecho allí es una broma. La capacidad de Chávez para violar los derechos de propiedad privada era infinita. Aún recuerdo aquellas imágenes en las que se veía al golpista decir: 'Nacionalícese ese edificio. ¿Qué es aquello? ¿Un banco español? Nacionalícese'. Según el Observatorio de los Derechos de Propiedad, tan sólo le superan Libia y Yemen. El régimen chavista, entre 2005 y 2011, efectuó un total de 3.355 actos contra la propiedad en industrias y comercio; 1.911 en tierras (70% en minifundios) y 529 en invasiones a la propiedad.

Cada día, Venezuela se parece más a Cuba. Desde hace tiempo la escasez de productos de primera necesidad es tremenda, siendo un país riquísimo, y el fuerte declive de la industria nacional la está llevando a la ruina más absoluta.

Human Rights Watch, en su informe 'Venezuela: El legado autoritario de Chávez', acaba de publicar que la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) estuvo marcada por una alarmante concentración de poder e indiferencia absoluta por las garantías básicas de derechos humanos.

De hecho, los chavistas tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia y debilitaron la capacidad de medios de comunicación adversos y de periodistas defensores de derechos humanos. El poder de Chávez era tan absoluto que estaba muy por encima de la ley (incluso, Maduro, es su sucesor a título personal del difunto y no porque lo diga la ley) y gozó de plena discrecionalidad para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a venezolanos que le criticaban o no eran de los suyos.

Eso sin contar con la inseguridad que se vive en Venezuela, que ya es uno de los países más violentos del mundo. El número total de homicidios se ha disparado un 330% desde 1998. En 2012, por ejemplo, fueron asesinados un promedio de 44 venezolanos por día.

No hay quien dé más. Pero aún hay españoles que lo admiran. En democracia tiene que haber de todo.

Pere y Patxi
miquel porta perales ABC Cataluña 8 Marzo 2013

¿Cómo dialogar con quien ha declarado de antemano que Cataluña es un sujeto político soberano?

EN la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, previa a la votación en que el PSC dio el «sí» de pecho al derecho a decidir, el compañero Patxi López cantó las cuarenta a los socialistas catalanes.

Los catalanes: que si los socialistas españoles no entienden que la mayoría de catalanes está a favor del derecho a decidir, que si el socialismo catalán no debe quedar al margen de este movimiento, que si el PSC no puede perder la centralidad en Cataluña. Patxi: que si fuera ingenuidades, que si nosotros ya sabemos en carne propia en qué consiste eso del derecho a decidir, que si el derecho a decidir es una jugada a favor de la reivindicación independentista, que si la izquierda no puede enredarse en tácticas y estrategias nacionalistas que no van con nosotros. Veamos. ¿Quién lleva razón? ¿Pere o Patxi? Lo que sabemos es que el nacionalismo catalán está contento, porque el apoyo del PSC le permite tener una mayoría holgada en el Parlament.

El PSC, para el nacionalismo catalán, es -¡ay!- de los suyos. Y cuando los socialistas catalanes piden al Govern que se vote, en el Parlament, la misma propuesta que en el Congreso, ¿qué contesta CiU? Primero, que no. Pero, luego, rectifica para no quedar en evidencia. Y, al mismo tiempo, impulsa una Ley de Consultas que permita celebrar el referéndum. ¿Qué hará el PSC? ¿Apoyará una ley que -con toda seguridad- escapará de las competencias de la Generalitat? El PSC ha ido a por lana y, antes o después, saldrá trasquilado. Pero -mira por dónde-, están contentos porque han vuelto a la centralidad catalana.

Me temo que el socialismo catalán - ingenuidad y/o oportunismo- abogará por el diálogo. Dos preguntas: ¿cómo se puede dialogar con quien ya ha declarado de antemano que Cataluña es un sujeto político soberano? ¿Cómo dialogar con quien se mueve -del pacto fiscal al concierto y luego a la soberanía- al compás de la pancarta callejera? Lo del socialismo catalán no lo arregla ni siquiera el compañero Patxi con sus muy razonables argumentos.

Los separatistas desafían la ley con la jornada 'Enlazados por el catalán'
La Fundación Círculo Balear denuncia la ilegalidad de la celebración del próximo 9 de marzo
 www.lavozlibre.com 8 Marzo 2013

Madrid.- Los separatistas de Valencia, Cataluña y Baleares desafían de nuevo a la ley organizando la jornada 'Enlazados por el catalán' en las tres comunidades autónomas. La Fundación Círculo Balear ha denunciado la ilegalidad de la celebración del próximo 9 de marzo.

Organizada por partidos políticos, sindicatos, y asociaciones independentistas, la Fundación denuncia que la jornada no es más que una muestra más de la exaltación política pancatalanista. Una celebración que además se ha gestado en los colegios públicos de Baleares implicando a menores de edad, y que, incluso, recibe el apoyo explícito de algunos centros educativos.

La campaña 'Enlazados por el catalán' fue denunciada hace ya un año por la entidad que preside Jorge Campos, quien llamó la atención sobre los tintes políticos de la misma. Fue iniciada por un grupo de docentes pancatalanistas, que han ido colocando lazos con la bandera de Cataluña en los centros educativos, leyendo manifiestos políticos contra la libre elección de lengua y la lengua balear, y adoctrinando políticamente a los menores en horario lectivo.

"La minoría nacionalista que promueve esta campaña pancatalanista desde los centros educativos se ha crecido ante la impunidad de sus acciones ilegales. Ya que el gobierno balear no ha abierto ni un sólo expediente disciplinario ni sancionador contra los infractores. El consejero de educación del Partido Popular, Rafael Bosch, no ha querido aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público que prohibe a los funcionarios docentes posicionarse políticamente en el ejercicio de su cargo o utilizar medios públicos para campañas políticas. Bosch ha menospreciado las quejas de los padres por el adoctrinamiento que sufren los menores de edad. Su condescendencia con los nacionalistas ha provocado que una campaña que hubiera durado semanas, aplicando la legalidad vigente, se haya convertido en un símbolo de defensa ante los ataques imaginarios que según los radicales se producen contra la lengua catalana", dicen desde la Fundación Círculo Balear.

La jornada 'Enlazados por el catalán' persigue el objetivo de imponer la lengua catalana como única en Cataluña, Valencia y Baleares, según la web creada para tal evento, y en la se puede ver un vídeo en el que se exige la retirada de la LOMCE para que no haya obstáculos en "la construcción de una comunidad libre".

Para Círculo Balear, "el pancatalanismo independentista, muy minoritario en Valencia y Baleares pero muy bien subvencionado, es el punto de unión de las diferentes entidades que organizan y apoyan la jornada de mañana: los sindicatos CCOO y UGT comparten campaña con grupos violentos vinculados al entorno proetarra como Arran". "Partidos separatistas catalanes como las CUP, ERC, o el Partido Socialista de Mallorca (PSM-MÉS) junto a organizaciones radicales de Baleares como la Obra Cultural Balear (OCB) o el sindicato de enseñanza STEI-i. Incluso la Federación de Padres FAPA o la confederación de padres COAPA comparte reivindicación con el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) vinculado al antiguo grupo terrorista Terra Lliure. La misma causa comparten el Sindicato de Estudiantes de los Paises Catalanes (SEPC) o el Institut d'Estudis Catalans (IEC), entre otros", aseguran.

La Fundación, además, hace especial hincapié en el apoyo que a esta jornada ha dado Felipe Munar i Munar, nombrado por Rafael Bosch para asesorar a los padres sobre la libre elección de lengua. "El mismo que se presentó en las últimas elecciones como número 9 en las listas del partido separatista PSM", comentan.

"Esta jornada política, que conlleva un coste económico muy elevado, cuenta con el apoyo explícito de algunos centros educativos públicos", ha dicho Campos, quien se dirige al gobierno balear que preside José Ramón Bauzá: "Les recomiendo que entren en la web y comprueben los colegios e institutos públicos que muestran su apoyo a este tipo de campañas. Es necesario abrir diligencias para investigar la utilización política de centros educativos sostenidos con fondos públicos. Y como se financian estas costosas campañas averiguando el destino de las subvenciones que perciben los organizadores. Se está infringiendo la legalidad vigente", ha dicho Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear.

Artur Mas quiere cargarse a Cocacola: quejas por subir los impuestos a bebidas azucaradas
Gasta 934.000 euros de los ciudadanos en autobombo de la Generalitat en El Periódico de Catalunya
Mas le cuadra las cuentas a El Periódico de Catalunya con una jugosa campaña de publicidad institucional
Insertará al menos 13 'monográficos' presumiendo de la reactivación de la economía catalana
Antonio José Chinchetru. Periodista Digital 8 Marzo 2013

No sólo de subvenciones vive la prensa en Cataluña. También se beneficia de jugosos contratos publicitarios con el Gobierno de Artur Mas. El gran beneficiado del último ejemplo es El Periódico de Catalunya. La consejería de Presidencia de la Generalitat se va a gastar 933.988,26 euros para insertar en dicho medio y sus suplementos 'monográficos' de auto-bombo del Ejecutivo autonómico. El contrato tiene una validez de tres meses.

Según se recoge en la plataforma de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña, el 11 de febrero de 2013 la Generalitat formalizó el contrato con la empresa Focus Media, a la que se le encarga "La inserció de monogràfics sobre diversos temes i actuacions d'interès general al diari El Periódico i als seus suplements temàtics" (La inserción de monográficos sobre diversos temas y actuaciones de interés general en el diario El Periódico y sus suplementos temáticos). Dicho contrato se eleva a 772.0000 euros sin IVA (933.988,26 euros con IVA) y su adjudicación fue aprobada el 21 de enero de 2013.

El pliego de prescripciones técnicas que acompañaba al anuncio de licitación, que se había hecho público el 8 de enero de 2013, especifica que los monográficos tienen que ser un mínimo de 13 con una extensión de entre 4 y 8 páginas. Se especifica que:

La finalitat d'aquestes insercions és comunicar de forma clara i entenedora els temes i les actuacions més rellevants per al manteniment i la reactivació de l'economia catalana en qualsevol dels sectors.

(La finalidad de estas inserciones es comunicar de forma clara y comprensible los temas y las actuaciones más relevantes para el mantenimiento y la reactivación de la economía catalana en cualquiera de los sectores).

Además de en El Periódico, los cuadernillos de auto promoción de la Generalitat se insertarán en los siguientes suplementos del diario: +Salud, +Personas, +Innovación, Impulso empresarial, Cuaderno del Domingo, A punt de neu, Destinos i Gourmets.

Periodista Digital ha hablado por teléfono con fuentes del Grupo Zeta que han dicho desconocer los detalles del contrato, pero han insistido en la transparencia de las relaciones comerciales de El Periódico con la Generalitat.




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