AGLI Recortes de Prensa   Domingo 10 Marzo 2013

¿Corrupción? Esto sí que es corrupción
Carlos Sánchez El Confidencial 10 Marzo 2013

Dimitri5 es un lector de El Confidencial. Y ha escrito, probablemente, el comentario que mejor sintetiza el drama de la economía española: “Mientras las administraciones no reduzcan su gasto, no hay solución”, sostiene. “Es como Saturno devorando a sus hijos. La administración acapara todo el crédito disponible con la colaboración de Bruselas”.

Y continúa Dimitri5: “Las normas de Basilea permiten que cuando un banco invierte en deuda pública de un Estado insolvente, no tenga que provisionar; y cuando presta a una pyme creadora de puestos de trabajo, sí tenga que hacerlo. Se está distorsionando la financiación productiva creadora de empleo, fuente de riqueza e ingresos para el fisco. Desviándola al gasto improductivo, a la orgía de gastos de administraciones públicas parasitarias. Duplicadas y colocadero de políticos y otros paniaguados. Es inútil recibir ayuda de Bruselas para rescatar al sector financiero si es para quemar esa ayuda en sueldos improductivos. Sólo estamos hundiendo al país en una mayor deuda sin esperanza de un retorno del dinero dilapidado”.

Difícil, muy difícil, resumir mejor en apenas un par de párrafos las miserias de un país que, paradójicamente, celebra como un éxito que cada semana el sector público se vea obligado a pedir casi 5.000 millones de euros al mercado. Un auténtico disparate que sólo ayuda a enmudecer los problemas, pero no los resuelve. Lo más chocante, sin embargo, es que este proceso de endeudamiento (y empobrecimiento de la nación) se produce en ausencia de un verdadero debate sobre hacia dónde va la economía real más allá del tópico y las generalidades: mayor competitividad y exportaciones. Mientras se pone el foco en la creación de nuevas empresas con políticas a favor del emprendimiento (sin duda necesarias), se deja morir a muchas que son viables.

España es hoy un páramo industrial. Y lo que es todavía peor, pasa de puntillas sobre la orientación de la política económica como si se tratara de un asunto menor. El sector público, volcado en su propio ajuste, parece complacido con ese nuevo rol internacional que cumplirá la economía a la salida de la crisis si nada lo remedia: un papel subsidiario de las grandes potencias. Un país especializado en suministrar mano de obra barata y productos de baja intensidad tecnológica a la Europa del norte. Y que se articula a través de la devaluación interna que se reclama desde Alemania.

Hace diez años, sin embargo, y como ha escrito el economista Daniel Gros, se consideraba a Alemania el enfermo de Europa. Su economía era incapaz de salir de la recesión, mientras que el resto del continente se recuperaba. Su tasa de paro era superior a la media de la eurozona; mantenía déficits excesivos, y su sistema financiero estaba en crisis. Una década después, se ve a Alemania como un modelo que todos deberían imitar.

España es hoy un páramo industrial. Y lo que es todavía peor, pasa de puntillas sobre la orientación de la política económica.Muchos achacan la recuperación alemana a la reforma laboral, pero su impacto ha sido muy inferior al que suele decirse. Sin duda, por motivos ideológicos. Alemania ha salido del pozo debido a que desde hace siglo y medio ha contado con un aparato productivo muy potente volcado a las exportaciones y fuertemente imbricado en el sistema educativo, lo que le ha permitido aprovechar el despegue de los países emergentes. Eso explica que apenas haya perdido cuota de mercado en un contexto muy competitivo.

Los inventores
La vinculación entre la industria y el sistema educativo no es, desde luego, un asunto baladí. Ni nuevo. A menudo se suelen poner como ejemplo dos grandes figuras que influyeron de forma determinante en la industrialización alemana. Una es Ernst Werner M. von Siemens (1816- 1892), ingeniero industrial y teniente de la artillería prusiana, capaz de construir en 1847 un nuevo telégrafo que permitió tender cables submarinos transoceánicos que sería la base para la creación de Siemens, fundada ese mismo año. Hoy Siemens está presente en todo el planeta y no sólo vendiendo los viejos tranvías que poblaron las grandes urbes. La otra figura es Carl Duisberg (1861-1935), personaje esencial que explica la creación del Grupo Bayer y el desarrollo de la industria química y farmacéutica germana, estudiante de química en Göttingen y Jena, antes de ser nombrado director de Farbenfabriken Bayer, quien buscada un químico con talento para “hacer inventos”, como recordaba hace algún tiempo el profesor Lamo de Espinosa.

Esos “inventos” son los que sostienen hoy la economía germana, que no sólo ha aumentado su productividad gracias a la introducción de mayor flexibilidad en sus relaciones laborales e industriales (Agenda 2010), sino que, al mismo tiempo, ha tenido bien cuidado en preservar su aparato productivo. Ese es, en realidad, el reto de la política económica de Rajoy. No sólo rebajar la prima de riesgo, sino también encauzar los diferentes modelos productivos que genera una economía compleja como es la española.

Un reciente estudio de la profesora Eva Benages, pone de manifiesto negro sobre blanco la naturaleza del problema. España fracasa en intensidad en el uso del conocimiento. Y no sólo eso, continúa confiando su crecimiento en los sectores con menor valor añadido: construcción, hostelería, agricultura, ganadería, pesca o actividades inmobiliarias, que apenas representan el 40% del valor añadido total.

No se contrata porque no se produce, no se produce porque no se vende, no se vende porque nadie quiere gastar. Es por eso que parece el momento de comenzar a reestructurar la deuda privada en sectores altamente apalancadosO dicho en otros términos igualmente ilustrativos. Como se ha puesto de relieve recientemente, España sigue a la cola, y muy a la cola, en el ránking de patentes a nivel mundial. Entre las naciones avanzadas, sólo por delante de países como Eslovaquia, Grecia o Portugal, lo que da idea de que algo no se ha hecho bien.

La economía del conocimiento y las patentes son, en realidad, las dos caras de una misma moneda que pueden evitar el mayor peligro que existe actualmente en Europa: la divergencia entre economías que comparten una misma divisa y que no aprovechan las externalidades debido a una especialización productiva absurda. Unos producen mientras que otros compran sus productos creando burbujas artificiales de dinero que periódicamente explotan.

Esa Europa es inviable. No es posible que coexistan en la región enormes diferencias sociales y económicas. Media docena de países disfrutan ahora, por ejemplo, de un desempleo inferior al 7%, mientras que otra media docena sufre un paro superior al 14% (y Grecia y España por encima del 25%).

Castigo a las pymes españolas
Otro ejemplo igualmente ilustrativo que revela hasta qué punto ha fracasado la unión monetaria. Las pymes españolas (datos de enero) pagan por financiarse 221 puntos básicos más que las alemanas en las nuevas operaciones de hasta un millón de euros. Y en contra de lo que pueda creerse, pese a la rebaja de la prima de riesgo, ese diferencial no ha dejado de crecer. Hace un año se situaba en 138 puntos básicos. Y en noviembre de 2010 era cero. Como lo leen. Es decir, que pese a la moneda única y la unión monetaria, la divergencia crece y crece. La prima de riesgo baja, pero financiarse en cada vez más caro.

Es verdad que los ajustes realizados en Europa han corregido algunos desequilibrios de los países periféricos. En particular en naciones como España, cuya balanza de pagos cerró el año pasado con un déficit de apenas el 0,8% del PIB (lejos del 10% que llegó a representar en 2007). Pero como sostiene el economista Pisani-Ferry, la contracción de la demanda interna explica en buena medida la mejora. No es fruto, por lo tanto, de un avance sustancial de la competitividad, como de forma un tanto cínica aseguran algunos altos funcionarios del Gobierno.

Como no puede ser de otra manera, la tendencia de los países con más desempleo y menor productividad será deprimir los salarios para ser más competitivos, pero ese sería un error estratégico. La solución pasa por construir economías homogéneas y no basadas en una división artificial parecida a lo que un día se llamó norte-sur. O ricos y pobres, como se prefiera. Y lo cierto es que para evitar esa catástrofe no hay más remedio que resolver el problema de la deuda. Tanto la soberana como la privada.

El desapalancamiento es necesario para que puedan sobrevivir las compañías que hoy sufren el racionamiento del crédito y que pueden caer si la recesión se alargaPero ninguna crisis de deuda se ha resuelto sin una quita por parte de los acreedores, salvo que se pretenda asfixiar a los países, con todas las consecuencias fatales que eso conlleva (el PIB de Grecia se ha contraído ya un 20%). Y una recesión prolongada sin duda que puede llevarse por delante buena parte del tejido productivo de un país, como de hecho puede estar sucediendo ya en España. Cerrar una empresa es mucho más costoso que abrir una nueva.

Como diría el profesor Alfredo Pastor, “no se contrata porque no se produce, no se produce porque no se vende, no se vende porque nadie quiere gastar”. Es por eso que parece el momento de comenzar a reestructurar la deuda privada en sectores altamente apalancados. Aunque sufran los acreedores. No para salvar a empresas obsoletas e inviables; sino, por el contrario, para que puedan sobrevivir las compañías que hoy sufren el racionamiento del crédito y que pueden caer si la recesión se alarga.

Una Europa no integrada social y económicamente será fuente de futuros conflictos. Y es mejor resolverlos ahora que intentar hacerlo cuando sea demasiado tarde. Y tal vez sea conveniente recordar una conversación que mantuvieron Churchill y Roosevelt tras la II Guerra Mundial: "En una ocasión", contaba el político británico en su imprescindible obra sobre la contienda, "me dijo el presidente Roosevelt que estaba pidiendo públicamente que le hicieran sugerencias sobre cómo llamar a esta guerra. En seguida le propuse: 'la guerra innecesaria'. No ha habido jamás una guerra más fácil de detener que la que acababa de arruinar lo que quedaba del mundo después de la contienda anterior". Palabra de Churchill.

La doble cara, jurídica y moral, de la corrupción
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinion 10 Marzo 2013

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Los casos más complejos, por el número de implicados y la variedad de delitos que cobijan, Gürtel, Nóos, Pokemon, Campeón, Ere o el de los papeles de Bárcenas, caen de lleno en lo que tenemos por corrupción política porque políticos son los protagonistas y son públicos los caudales con los que se benefician los corruptos. Cohechos, sobornos, prevaricaciones, fraude fiscal o burdo saqueo de las arcas municipales, autonómicas o estatales son conductas tipificadas en el Código Penal y, por eso, cuando entran en la órbita judicial podemos decir que se normalizan su valoración y tratamiento. A partir de ese momento, de esos casos nos importan las resoluciones judiciales, la sentencia final por encima de todas, que son la garantía última de que el Estado de Derecho funciona correctamente. No digo que carezcan de consecuencias morales, negativas para los condenados que tardarán en recuperarse del reproche social, y positivas, satisfacción por ver castigado el delito, para la mayoría de ciudadanos que suelen creer antes a sus jueces que a los delincuentes, sino que lo verdaderamente relevante es la consecuencia jurídica, la sentencia que confirma que la corrupción se persigue eficazmente y se castiga. Cuando esto sucede, cuando la legalidad funciona como debe, la convivencia no padece, incluso, en aquellos casos delictivos en los que el error de procedimiento, la eficacia de una garantía, frustra una sentencia condenatoria de los probados culpables, caso Naseiro, y produce una decepción moral en los ciudadanos pese a que el Estado de Derecho haya funcionado correctamente. Si se comprenden estas situaciones como inevitables no tendrán efectos mayores en la convivencia, más allá de la decepción moral momentánea.

Quedan, sin embargo, otras corrupciones no delictivas y, por ello, no sancionables jurídicamente, que desde el punto de vista moral son, y lo estamos sufriendo, las más dañinas para el buen funcionamiento del sistema. Actuaciones caciquiles reprobables por contrarias a la igualdad, cobros de cantidades disparatadas que los propios beneficiarios se asignan, sueldos y jubilaciones de oro para los responsables de las cajas, ¡qué ejemplo acaba de dar Suiza!, dietas descomunales por reuniones innecesarias, caso Barcina de ayer mismo, compatibilidades que rechinan, prebendas sonrojantes, remuneraciones desmesuradas con el dinero público para los dirigentes más relevantes de los partidos, enriquecimientos desbordantes e inexplicables de responsables institucionales y otros comportamientos similares están teniendo consecuencias nefastas sobre la legitimidad del sistema democrático. No constituyen delito, o eso parece, pero son conductas que merecen el más duro reproche social y que, sin embargo, quedan, han quedado ya, sin sanción. En este país de pícaros no hemos mejorado desde la Transición y lo que antes tapaba la afluencia de dinero ahora lo ha descubierto la crisis cogiéndonos en la inopia. Eso explica el porqué de tanta indignación social que desconcertada da alas a líderes y movimientos tan pintorescos como los que conocemos dentro y fuera de nuestra casa.

Medidas de fomento del empleo, ¿publicidad política engañosa?
Balance de la política socialista del Gobierno del PP
Lucio A. Muñoz Periodista Digital 10 Marzo 2013

15 primeros meses del Gobierno Rajoy: la España productiva sigue manteniendo a la España subvencionada, un millón de desempleados más y empobrecimiento brutal de los españoles. ¿Algún político está en el paro?

Política económica de austeridad mal enfocada. La política económica centrada única y exclusivamente en la austeridad, es decir, en lograr el objetivo de déficit a toda costa, no está dando los resultados esperados, puesto que el enfoque de la misma no ha sido el más idóneo. Aunque algunos prestigiosos economistas y determinadas instituciones financieras de ámbito internacional hayan felicitado al Gobierno por cerrar el ejercicio 2012 con una cifra de déficit del 6,74% (sin contar el rescate financiero y apoyándose en el maquillaje contable ya que no se han contabilizado multitud de facturas impagadas a los proveedores por parte de la Administración y se han cobrado impuestos por adelantado) la realidad es que el desigual reparto de la carga del ajuste ha provocado un espectacular empobrecimiento de las familias españolas y un aumento de la mortandad empresarial.

Independientemente de lo anterior, es posible que la cifra oficial de déficit presentada por el Gobierno pueda ser inexacta.

En cualquier caso, no representa ningún éxito conseguir esta aceptable cifra de déficit porque la contrapartida ha sido empobrecer a los españoles y continuar destruyendo nuestro tejido empresarial, formado mayoritariamente por pymes y autónomos.

Teniendo en cuenta el entorno actual, la austeridad sería una estrategia económica efectiva si la misma estuviera centrada en erradicar la cultura basada en la subvenciones y el gasto público-político improductivo. No obstante, el Gobierno ha preferido reducir el gasto público social y gravar fiscalmente a la economía productiva, destruyendo, por tanto, al sector privado al objeto de mantener intacto el aparato político-administrativo autónomico y estatal.

Reforma laboral, hasta la fecha, destructora de empleo. La escasamente profunda e incompleta reforma laboral (esperemos que pueda dar sus frutos en el futuro) no ha servido, hasta la fecha, para frenar la destrucción de empleo sino que ha provocado el efecto contrario, propiciando, por tanto, un aumento considerable del desempleo. ¿Servirá la reforma laboral para crear empleo cuando la economía española crezca? ¿Se hubieran destruido tanto puestos de trabajo sin el efecto de la reforma laboral?

Además de destruir empleo, la reforma laboral también ha generado una reducción de los salarios provocando una pérdida de riqueza de las familias españolas. (Efecto demoledor, tanto en cuanto la rebaja de los salarios ha venido acompañada de un aumento excesivo de los impuestos).

Un aspecto en el que está fracasando la reforma laboral es el relativo a que los empresarios disponen de facilidades para despedir pero los trabajadores, una vez despedidos, no tienen la misma facilidad para reintegrarse en el mercado de trabajo. (Al contrario de lo que sucede en algunos países anglosajones y del norte de Europa cuyos mercados laborales disponen de la denominada “flexiseguridad”).

Posiblemente, los inicialmente denostados “minijobs” pudieran ayudar a los más jóvenes a emplearse aunque gozando de salarios inferiores (mejor ganar poco que no trabajar).

Rescate de los cajeros (políticos) corruptos. El Gobierno actual heredó un sistema financiero quebrado (la quiebra afectaba a la mitad del sistema, es decir, a las antiguas cajas de ahorros) y un BdE cooperador necesario de esta bancarrota generalizada. El Gobierno hubiera tenido que dejar caer a aquellas cajas de ahorros inviables (respetando legalmente los depósitos de hasta 100.000 euros de los ahorradores) pero prefirió salvar a los políticos (gestores y causantes de la quiebra de las cajas) que fueron, además, indemnizados con cantidades millonarias. El coste del rescate financiero supone el endeudamiento de las póximas generaciones de españoles.

Además de que miles de empleados de estas entidades financieras están engrosando las listas del paro, tampoco ha servido el rescate financiero para reactivar el crédito que tanta falta les hace a las pymes y a los autónomos.

De igual modo, la obra social de las antiguas cajas de ahorros ha sido, en multitud de casos, reducida al mínimo o prácticamente eliminada. (La liquidación de la obra social de algunas cajas de ahorros bancarizadas, conjuntamente con los recortes sociales, entre otros, en materia sanitaria y educativa ejecutados por el Gobierno, han contribuido a empobrecer más aún a quellos españoles necesitados de ayuda).

Negación de la institucionalización de la corrupción. Casta política corrupta (con excepciones). Zapatero negó la crisis económico financiera. Del mismo modo, Rajoy niega la existencia de un Estado corrupto hasta la médula e, igualmente, reniega de la necesidad de instaurar una verdadera democracia que suplante al actual sistema antidemocrático sustentado por un modelo territorial obsoleto, inviable económicamente y despilfarrador (y por una casta política, mayoritariamente, corrupta e indigna).

La corrupción está institucionalizada, tanto en cuanto parasitan en la Administración cientos de miles de empleados públicos sin oposición (por tanto, no son funcionarios) y enchufados por los partidos políticos, principalmente, por el PSOE y el PP, a los que hay que pagarles un sueldo, por encima de la media del sector privado, que sale de los impuestos de los españoles. No olvidemos que el principal problema de España es de origen político.

Empobrecidos por los monopolios y los oligopolios. El Gobierno está permitiendo que los altísimos precios impuestos por los monopolios (sector del gas) y los oligopolios (sector petrolífero, eléctrico y telecomunicaciones), además de las subvencionadas energias renovables, disparen las facturas y por consiguiente empobrezcan a los españoles.

Destrucción de pymes y autónomos. Siguiendo la estela económicamente destructiva emprendida por Zapatero, el Gobierno Rajoy termina sus primeros 15 meses de gestión con un millón de nuevos parados y más de 30.000 empresas cerradas (pertenecientes al sector privado, puesto que casi no se han cerrado empresas públicas).


******************* Sección "bilingüe" ***********************


LA GENERALITAT BOLIVARIANA
IÑAKI EZKERRA ABC  10 Marzo 2013

El bolivarismo es una chapuza constitucional. Bolivariano es el referéndum de Mas y bolivariano fue antes el Estatut

AHORA lo entiendo. La clave del desafío del nacionalismo catalán no está en Macià ni en Companys ni en Casanova. Está en Chávez y en Maduro. Está en ese inventillo cutrepolítico bautizado con el nombre de «bolivarismo» que consiste en burlar la legalidad constitucional y en querer vestir a la vez de constitucional y legal dicha burla, con una verborrea mareante que es la del vendepeines y en la que nunca falta la invocación a la sagrada voluntad del pueblo. Las nuevas formas totalitarias en Latinoamérica han dejado atrás el viejo formato de la dictadura clásica, por demasiado evidente, para adoptar el disfraz más útil y políticamente correcto de un tipo de democracia superficial y rebosante de rasgos autoritarios. Es el caso venezolano y también el argentino. La coartada moral que tienen es que tampoco pueden dar muchas lecciones de ejemplaridad ciertas democracias occidentales como la nuestra sin ir más lejos. Es verdad que lo primero que hacen los Chávez y las Kirchner es convertir a la Justicia en un traje a su medida. ¿Pero no es eso lo que intentan los nacionalistas y otros que no son nacionalistas en España? Detrás de lo que andan Artur Mas y Pere Navarro no es de la secesión sino de la Generalitat Bolivariana de Cataluña. Y lo paradójico es que, al ser todavía ésta una autonomía y no una nación, les protege legalmente ante la Unión Europea la misma nación española que dicen denostar.

El bolivarismo chavista no es un fenómeno exclusivo de Venezuela. ¿Quién iba a decir que el mayor logro de ese iletrado difunto iba a ser lingüístico? Desde él, ya el término «bolivariano» no significa lo que antes significaba sino que ha cobrado una nueva y revolucionaria acepción. El bolivarismo mediterráneo, como el caribeño, es, por un lado, la cultura del desafío a la democracia y, por otro, la travestización de ese desafío en un valor democrático. Es un eructo con sordina, un órdago que se arruga, una bravuconada pusilánime que tiene la desfachatez de disfrazarse de obediencia. Es la autoideología del «hago lo que me sale, pero lo hago en nombre de los derechos que me acabo de saltar». Es un rudimentario juego de manos para dar gato por liebre sin querer prescindir del consentimiento y la bendición del timado; un truco en el que el prestidigitador tiene plena conciencia de su torpeza y la exhibe ante su víctima como parte del ritual de la humillación.

El bolivarismo es, en fin, una premeditada y alevosa chapuza constitucional. Bolivariano es el referéndum de la autodeterminación catalana y bolivariano fue antes el Estatut. Bolivariana fue la aprobación de ese texto inconstitucional en el Congreso de Diputados. Bolivariano es el reproche que le hace el PSOE al PP por su recurso ante el Constitucional y bolivariana fue la legalización de las marcas negras de ETA. Resulta obvio que la Justicia de Venezuela es mucho más bolivariana que la nuestra. Pero ¿es presentable cómo defensa de esta última el argumento del «y tú más»?

La eficiencia como bien público
Cataluña prefirió sumar competencias a construir una administración pública eficiente

Valenti Puig El País  10 Marzo 2013

En instantes álgidos de crisis económica, cuando el barómetro del ánimo colectivo baja, es cuando se notan las disfunciones de una administración que se empeñó en replicar simbólicamente formas políticas medievales o imitar inconscientemente rasgos del modelo francés. O, simplemente, reproducir a precio costoso la denostada administración del Estado. Del mismo modo, dicho sea de paso, en plena crisis es cuando uno se da más cuenta de que demasiadas bicicletas de Barcelona no se paran cuando el semáforo está en rojo.

Ahora se constata que hubiese sido más útil adaptar para Cataluña modelos tan sucintos y transparentes como el suizo o el escandinavo. Se prefirió reclamar el máximo de competencias posibles, en imitación del Estado, emulando excesos de protocolo para no ser menos, cuando en realidad, siendo conveniente cierto empaque institucional, lo que legitima verdaderamente es la gestión eficaz, transparente y comedida en el gasto público. Seguramente, a la ciudadanía de Cataluña le hubiese convenido más asemejarse a la gestión de lo público de Dinamarca. Muy al contrario, se imitó, si no se duplicó, la tan malquerida formación de la administración pública del Estado.

La gestión diaria de la Generalitat ha generado inercias, duplicaciones, un descontrol en la gestión de personal y cortocircuitos en cadena

Es por ausencia de un modelo racionalizado de administración pública puesta al día que la gestión diaria de la Generalitat ha generado inercias, duplicaciones, un descontrol en la gestión de personal y cortocircuitos en cadena, como fue en el caso de los dos gobiernos tripartitos, con mención especial que se merece ERC.

Con el dinero del contribuyente, la reproducción de formas de Estado ex nihilo tiene sus riesgos. Y cuanto más Estado se reproduce, menos se confía en los órdenes espontáneos, que son los propios de una sociedad civil que en buena medida se autorregula. Nunca hubo en Cataluña tantas regulaciones, tanta reglamentación, tantas páginas de legislación normativa, hasta llegar al carné de boletaire y a algunas disrupciones de la naturaleza del mercado único que tan beneficioso ha sido y es para la economía catalana.

En algún ente preautonómico de cuyo nombre preferimos no acordarnos, la propuesta de aplicar métodos de racionalización administrativa de modo previo a la futura transferencia de competencias estatutarias mereció muchas carcajadas, porque en los nichos anacrónicos de la memoria institucional lo de menos era racionalizar, sino contratar a un sinfín de familiares. Ha ocurrido y algunos de los que se carcajearon tanto hoy entran y salen de los tribunales. En el menos ambiguo de los casos, se produjo una reproducción de sistemas administrativos que ya eran obsoletos, una mímesis absurda y muy cara.

Cataluña hubiese podido ser un modelo de administración autonómica, la introductora del modelo escandinavo o suizo en la vida pública de toda España

El intríngulis de la administración autonómica, como no lo atribuyamos a una enrevesada voluntad política, ha incidido también en el endeudamiento, bastante al margen de la atribución victimista de todos los males al gobierno central. El empeño regenerador que contribuyó al auge del catalanismo cultural y político ahora es otra cosa. De hecho, de habérselo propuesto alguna vez, Cataluña hubiese podido ser un modelo de administración autonómica, la introductora del modelo escandinavo o suizo en la vida pública de toda España. Algo así intentó la Mancomunitat de Prat de la Riba, pero ahora mismo todo eso suena a tiempo perdido. La actual parálisis resulta inescrutable aunque a veces permite atisbar el desbarajuste interno que se vive en una Convergència asida de ERC y todavía surfeando por las aguas de un soberanismo incierto y gaseoso.

En Cataluña, cuando se reclaman estructuras propias de un Estado, quizás se posterga la opción de reformas administrativas que han sido objeto de demora desde las primeras transferencias, fruto de la redistribución territorial del Estado, hasta prácticamente ahora. Un método aconsejable para la administración de lo público es la eficacia y la transparencia. Un método muy distinto se ciñe todavía a la identidad ultrajada. Las instituciones requieren algo más, sobre todo credibilidad, gobierne quien gobierne. En el fondo, tal vez sea más fácil añorar la irrealidad de un Estado propio que administrar la vulgar y cruda realidad de todos los días.

Valentí Puig es escritor.

Recortes de Prensa   Página Inicial