AGLI Recortes de Prensa   Jueves 14 Marzo 2013

Montoro embalsa el déficit de 2012
Alejandro Inurrieta www.vozpopuli.com  14 Marzo 2013

La consigna dada por el ministro Montoro, con el aplauso de la bancada popular y la prensa adepta, ha sido que había que cumplir el tercer objetivo de déficit para 2012, aunque se utilizasen métodos de ingeniería contable.

El objetivo era presentar unas cuentas que pudieran pasar el examen de Bruselas, y así pedir árnica para este año y los siguientes, precisamente cuando los enjuagues contables saliesen a flote, tras el oscurantismo y cierto engaño de 2012. La realidad es tozuda, y tras las algaradas sobre las bondades del incumplimiento de 2012, se ha anticipado la cifra del 6,7%, por supuesto sin contar las ayudas a la banca.

Yendo un paso más hacia adelante en el delirio, la aparente tranquilidad en los mercados financieros, fruto de la continua inyección monetaria de la Fed, cuya burbuja podría estallar este mismo año, se explica por la buena acogida de los datos fiscales españoles. Pero la propaganda cada vez es menos efectiva y, en estos momentos de recesión de balances en España, las falsedades, incluso las contables, apenas tienen efecto en la población menos informada y formada.

La pregunta que se hacen todos los analistas independientes es: ¿cuál es el verdadero déficit español, sin utilizar trampas contables? Si nos fiamos de las cifras de ingresos, lo que han dejado claro los datos de enero, es que una buena parte de devoluciones de IVA e IRPF no se hicieron a finales de 2012, simplemente para poder presumir de una corrección ficticia, lo que sin duda descalifica a cualquier dirigente político serio. El aumento de las devoluciones en enero, casi un 85% respecto al mismo mes del año anterior, demuestra esta tesis.

Por otro lado, se dejó de computar gasto, criterio de caja, en la primera semana de noviembre, por lo que en este primer trimestre aparecerán reconocimientos de pago por valores muy superiores a los registrados en 2012. Jugar con el criterio de caja y devengo es muy hábil, y lo han hecho todos los gobiernos, pero en estos momentos de sufrimiento para una gran parte de la sociedad, parece, cuanto menos, de mal gusto.

La suma de trucos contables es difícilmente cuantificable pero, por las previsiones que manejábamos una serie de instituciones y EAFIS, la cifra de 2012 estaría más cerca del 7,1%-7,2%, que del 6,7% que maneja el Ejecutivo, y que todavía tiene que pasar el filtro de la Comisión. Sumando las ayudas a la banca, estaríamos con un déficit real, que no contable, del 10,2%, con una previsión de caída del PIB del 2-2,5% en 2013, lo que volverá a presionar al ejecutivo en este año a multiplicar el proceso de embalsamar el desfase de este año.

Lo curioso de las cifras brutas, antes de que pasen el filtro de Bruselas, es que el mayor ajuste en 2012 respecto a 2011 se ha producido en las comunidades autónomas, una gran mayoría gobernadas por el PP, mientras que el ajuste en la Administración central fue mayor durante el último año de mandato de Zapatero. Esto pone en cuestión el mantra sobre la herencia recibida que nos acompaña desde que llegó Rajoy a la Moncloa. Es decir, fueron las CCAA gobernadas por el PP y también Andalucía, gobernada por el PSOE, las que realmente causaron la desviación. Ahora se ve claramente que, por motivos electorales, no se quiso hacer lo que después se ha hecho sin piedad: dejar a muchos ciudadanos sin una gran parte de los servicios públicos que sí eran una buena herencia, y que venían desde 1986.

Listas
César Vidal La Razón  14 Marzo 2013

En los últimos tiempos el ministro Cristóbal Montoro parece encontrar una especial delectación en referirse a listas que Hacienda puede sacar a la luz en cualquier momento. Tan peculiares elencos irían desde la relación de actores españoles afincados en el extranjero y que, por tanto, pagan sus impuestos en otra nación a partidos políticos o «creadores de opinión». Los asociados de Montoro, sin duda, le habrán informado de que la publicación de semejantes listas podría constituir un delito de revelación de secretos, delito en el que, con toda seguridad, no deseará incurrir. Sin embargo, para que no sufra ante la imposibilidad de elaborar listas, desearía, humildemente y con todos los respetos, sugerirle al señor ministro algunas que podría publicar sin quebrantar la legalidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, podrían ser:

1. La de empresas que han quebrado a causa de los impagos de las administraciones públicas;
2. La de las administraciones públicas que no pagaron a esas empresas arrastrándolas a la quiebra;

3. La de los nuevos desempleados consecuencia de esos impagos;
4. La de los políticos de las administraciones públicas imputados como consecuencia de esos impagos (ésa será breve y sumamente fácil de elaborar);

5. La de cajas de ahorros quebradas como consecuencia de las acciones de los políticos y sindicalistas de su consejo de administración;
6. La de políticos y sindicalistas encausados tras haber arruinado a centenares de miles de ahorradores;

7. La de parientes de políticos – de hermanos a esposas pasando por cuñados– favorecidos por decisiones del poder;
8. La de personas que han entrado en los claustros de la universidad por su relación meramente personal con catedrático o titular;

9. La de profesores incompetentes que cuentan con una plaza porque entraron por la puerta falsa creada por los sindicatos;
10. La de sindicalistas que, en calidad de liberados, viven de nuestros impuestos;

11. La de asesores que, sin ocupación definida, ocupan las más diversas ramas de la administración
y 12. La de empleados en el servicio exterior, lista esta última que agradecerá su compañero el ministro de Asuntos Exteriores porque, según propia confesión, él ignora la cifra.

No me cabe la menor duda de que, elaboradas esas listas, el señor ministro podrá comprender a cabalidad por qué millones de ciudadanos han huido a la economía sumergida; por qué centenares de miles han emigrado; por qué el desempleo no ha dejado de aumentar y por qué millones pensamos que es posible una política fiscal infinitamente mejor que la que él perpetra.

Presunción de blancura
Javier Quero www.gaceta.es  14 Marzo 2013

Los diputados encuentran una ventaja en el Tribunal Supremo, que puede brindar mayores garantías a quien sea aforado si se ha forrado.

Blanco por fuera, negro por dentro, Pepiño se enfrenta a un futuro oscuro. La Fiscalía quiere empurarlo, suplicatorio mediante. Blanco ha anunciado que, en caso de ser imputado, hará lo que tenga que hacer. Se supone que se refiere a abandonar el escaño, que actualmente emplea como escudo para garantizarse el juicio del Supremo. Los diputados encuentran una ventaja en ese Tribunal, que puede brindar mayores garantías a quien sea aforado si se ha forrado.

La Fiscalía argumenta en su petición la “actuación decisiva” para que el amigo constructor de Pepiño, Orozco, obtuviera una licencia urbanística en Sant Boi, a pesar de contravenir la normativa medioambiental. Este Orozco reaparece en la vida de Blanco por su vinculación con la reforma del chalé en el que supuestamente Blanco puso dinero presuntamente negro. La Policía ha echado las cuentas y le han salido los cuentos, un desfase de 230.000 euros.

Anunciar que dimitirás si te imputan equivale a proclamar que, de momento, del escaño no te mueves ni de coña. La arraigada costumbre española es que un político sólo dimite en caso de perder el juicio. Sus posaderas adosadas al asiento parlamentario contrastan con lo que él mismo exigía a sus rivales. Blanco se erigió en azote de “corrutos” del PP. Bastaba con una mínima insinuación en cualquier medio de comunicación para que se subiera al púlpito a exigir dimisiones, escarmientos y casi ejecuciones. Durante años, el hombre que lo fue todo en el PSOE se pasó la presunción de inocencia por el vértice escroto inguinal. Mas, al convertirse en cazador cazado, el ex vicesecretario socialista ha probado su propia medicina y ese hecho lo ha llevado a una profunda reflexión que amenaza con publicar en un ensayo. Un buen título para la obra sería El libro Blanco del PSOE. He de reconocer que desconocía las inquietudes literarias del otrora mandamás ferrazino, aunque me temo que su deseo de sacar un libro se ve superado por su anhelo de salir libre.

Visto lo visto, la Unidad de Quemados de la Paz espera la visita de Rubalcaba después de haber puesto la mano en el fuego por su compañero de partido y desgobierno. El secretario menos general de la historia del PSOE ya tiene otro frente que atender. El caso del ministro que despachaba en las gasolineras constituye un nubarrón más sobre la sede socialista, aún no repuesta del chaparrón de Ponferrada. El escándalo por el apaño en el poder municipal de la capital berciana no amaina. El PSOE de León exige la dimisión del secretario de desorganización, Óscar López, inefable estratega, diplomado en tejemanejes, al que cegó la codicia de poder, lo que le ha valido ser conocido entre los suyos como El Cegato.

Sigo con cierto interés las evoluciones de quien reclama la presunción de blancura desde la sospecha de negrura. De todo lo leído, algo ha llamado especialmente mi atención. Reitero mi convencimiento, tantas veces expresado en estas páginas, de que las erratas de LA GACETA no son tales, sino descripciones crípticas de la realidad que nos rodea. Que en su edición de ayer, este diario expusiera literalmente que el ex ministro de Fomento presume de colaborar con la “usticia”, es un claro síntoma de que a la Justicia le falta algo. Aunque sea una jota. Y entiéndase por tal la letra del abecedario, no la danza regional. No obstante, el folclore aragonés nos ofrece esta inspirada composición, atribuida al afamado literato Fernando Gatell, célebre por su maña en estas lides: “si el Ebro crece en exceso/ y en el Moncayo cae granizo/ en España no cae preso/ ni un tramposo ni un chorizo”. Blanco y en botella.

¿Es posible un golpe de timón?
José Luis González Quirós El Confidencial 14 Marzo 2013

Si algo llama la atención en la política española es la prematura decrepitud de las grandes fuerzas, su extrema resistencia al cambio, su conformismo suicida con la idea de que la marea les sacará del hoyo. Frente a las esperanza en que las cosas vayan mejor, responden monótonamente con sus fórmulas más inanes, en la seguridad de que, hagan lo que hagan, les votaremos de nuevo, siempre que toque. No es casual que PP y PSOE tengan al frente a dos segundones curtidos en el desgaste, sin que hayan dicho nunca nada original.

Algunos afirman que esto es precisamente la normalidad, que los países serios no se andan con bromas, ni con cambios cada dos por tres. Según este peculiar modo de ver, hay que acostumbrarse a escuchar las mismas monsergas, repetidas, además, por los mismos embaucadores, aplaudir, a ser posible, y en todo caso, acudir raudos a votar para evitar que llegue el enemigo malo. Pese a esa apología de la mediocridad, son varios los signos de que el hastío y el desengaño pueden propiciar alguna catástrofe, término que puede significar que lo que está arriba se ponga debajo, y viceversa, sin implicar desastres.

Empecemos por el PP. Ni sus dirigentes se atreven a negar que estén haciendo minuciosamente lo contrario de lo prometido, de lo que se supuso que harían. Pese a ello, confían en que abunden los que, con tal de no ver a la izquierda en el poder, vuelvan a votar a quienes tan cínicamente han olvidado sus promesas.

Vayamos al PSOE. En lugar de reconocer que el PP está haciendo exactamente lo que ellos habrían tenido que hacer de haberse producido una impensable victoria de Rubalcaba, se dedican a las vaguedades, al tiempo que se afanan en descuajeringar los mimbres del partido, en pasar marxiana y aceleradamente de su irrelevancia, en certeras palabras de Ludolfo Paramio, a la más absoluta miseria. Igual que sus rivales, esperan que el encono inextinguible de sus huestes los reponga en el poder, olvidando las razones por las que lo perdieron.

Mientras tanto, la España real avanza hacia nuevas cotas de paro, de corrupción, de desorden competencial, de insolidaridad territorial, de ineficacia administrativa, de despilfarro y de caos judicial. ¿Preocupa esto a los grandes partidos? No en demasía. Es cierto que repiten a hora y a deshora que nos sacarán de la crisis, pero son cada vez más los que dudan de que conozcan el remedio, porque las esperanzas se desmienten una y otra vez.

No es casual que PP y PSOE tengan al frente a dos segundones curtidos en el desgaste, sin que hayan dicho nunca nada originalLa política actual de PP y PSOE constituye, sobre todo, una apuesta por su continuidad. Ambos se limitan a tratar nuestros problemas como si estuviésemos ante una crisis económica ordinaria, pero, por desgracia, todo indica que no es el caso. Es clamorosa la distancia entre la España real y la España oficial, y la fórmula que mejor describe ese abismo creciente es la renuncia de los aparatos políticos a lo que debiera ser su razón de ser, a la política misma. En el caso del PP, su apuesta por la mera gestión es apenas un tosco disfraz de su descreimiento en las ideas, algo sin lo que la política se vuelve inevitablemente chapuza, compadreo y mafia.

En lugar de promover una visión alternativa al conglomerado socialdemócrata y nacionalista que ha gobernado buena parte de las décadas recientes, el PP de Rajoy se afana en mimetizarse en ese oscuro barrizal de contradicciones y promesas engañosas, y ni siquiera ha hecho un mínimo esfuerzo por mantener con cierto vigor su españolismo, algo de lo que imagino que muchos dirigentes creen que hay que avergonzarse, rendidos como están a la cultura de sus adversarios, pese a que, y esto es realmente llamativo, sea evidente que esa política ha entrado, urbi et orbi, en crisis total por su inconsecuencia.

Los españoles se enfrentan a un panorama sombrío, y a la ausencia de líderes de fuste y el aconejamiento de las políticas al uso no inspiran ninguna confianza. Si esto ocurriese en una atmósfera en que todos estuviéramos seguros de la acrisolada honradez de los dirigentes, de su esforzado patriotismo, de su altura de miras, de su capacidad de sacrificio, de su ejemplaridad, sería lógico que estuviésemos a la espera, pero mucho me temo que la idea que nos hacemos de la moral colectiva de nuestros políticos sea bastante más sombría, tal vez porque leemos demasiados periódicos, como insinúa, en el fondo, la curiosa querella del PP contra uno de ellos a propósito de lo que ya saben, dicho sea para imitar por una vez el singular ingenio de Rajoy.

En contra de lo que decía el famoso cartel de la campaña de Clinton, habría que repetir, “¡Es la política, estúpido!”. Claro es que en España manda mucho el imperativo de estabilidad, lo inamovible, el auténtico legado de 40 años con Franco, pero quienes crean en la libertad política y en la democracia no pueden renunciar a pensar que un cambio de rumbo sea posible, aunque ahora no se aviste claramente al timonel, ni al capitán, porque incluso los viejos países se resisten a morir.

*José Luis González Quirós es analista político

Hoy en Madrid
Regeneración democrática 2.0
RAQUEL CÉSPEDES www.gaceta.es 14 Marzo 2013

La llamada regenaración democrática es más accesible que nunca. Existen las plataformas, los ciudadanos están muy activos en ellas, y los políticos comienzan a explorarlas.

En momentos de profunda crisis, como el actual, los cambios representan una tendencia habitual. Una democracia en constante evolución, es una democracia viva y empática. En la mayoría de los casos, la presión a favor de una evolución o cambio de paradigma viene ejercida por la calle. Y precisamente, esas sociedades inquietas e inconformistas son las que más demandan a sus gobiernos que espabilen y alejen la mirada de los despachos para observar lo que pasa en la calle.

Asumiendo que nos encontramos en un momento de cambio, el siguiente paso es reconocer que las redes sociales se han convertido en el motor esencial de esa demanda evolutiva. Movimientos sociales tan en boga como el 15-M o la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) han encontrado en las redes sociales un altavoz muy eficaz para proyectar sus demandas. Una capacidad de movilización que la sociedad observa entusiasmada y los políticos analizan con cierto estupor. Pero para que no cunda el pánico entre los despachos y la calle, la clave está en encontrar un equilibrio entre ambos frentes y ese punto de encuentro lo ofrecen las redes sociales. Con ese objetivo nace “Política y Redes Sociales: Regeneración democrática y ciudadanía”, un evento que tendrá lugar este jueves en el Ateneo de Madrid.

Política y Redes nació con la intención de que el ciudadano pudiera acercarse a una persona con cargo, el político, que tan inaccesible parecía, y viceversa. "Los nuevos canales de comunicación, las redes sociales, permiten humanizar y democratizar esta interacción tan saludable", asegura Carlos Gutiérrez, director del evento.

La llamada regenaración democrática es más accesible que nunca. Existen las plataformas, los ciudadanos están muy activos en ellas, y los políticos comienzan a explorarlas. “La conversación político ciudadano ha cambiado, las redes han permitido democratizar esa relación y hacerla más cercana”, matiza Gutiérrez.

Aunque las relaciones entre político y ciudadano “se han hecho mucho más horizontales y han perdido esa verticalidad”, tal como sostiene el director de Política y Redes, la interacción entre ambos aún es distante y desconfiada. “El momento coyuntural es complicado, aunque los políticos hablen, el ciudadano sigue desconfiando”, asevera Carlos Gutiérrez.

Para normalizar esa relación es clave que el político no conciba estas plataformas 2.0. como un canal más a través del cual transmitir su programa político, sin arriesgarse a escuchar, debatir e incluso discutir con los ciudadanos presentes en ellas.

“Queremos que los líderes sociales no se circunscriban a su territorio si no que debatan, compartan opiniones, reflexionen y lleguen a soluciones para avanzar en ese camino”, concluye Carlos Gutiérrez.

Socialistas catalanes
La sonrisa de la avispa Estrella Digital 14 Marzo 2013

Hace unos días, un amigo muy relacionado con el PSOE me decía que no echase muchas cuentas con la votación de todo el PSC (menos Carme quesí-queno Chacón) a favor de la resolución, propuesta por CiU en el Congreso, sobre la consulta soberanista en Cataluña. Que no le diera más vuelta a la cabeza porque la cosa era una jugada de Rubalcaba junto a Pere Navarro para cargarse a la Chacón. Porque, de lo que se trataba, era de dejarla desairada. 'Te lo juro por Arturo'. Jugada maestra para sacar a Carme del PSC y para retirarla de su carrera hacia la Secretaría general del PSOE. Dos pájaros en un tiro. Y el caso es que me explicó tantos detalles de la operación que parecía una jugada de ajedrez planificada por el gran Arturo Pomar (coño con los arturos). Era tan perfecta que no era creíble. Rubalcaba es listo y maquiavélico pero no tanto. Los progres, incluso, creen que es la reencarnación de Joseph Fouché, el genio tenebroso. Y de verdad que no.

Rubalcaba es listo y maquiavélico pero no tanto

De hecho, apenas han pasado quince días para darnos cuenta de que aquella operación no fue como me la contó mi amiguete y que los socialistas catalanes han perdido el oremus definitivamente, una frase, por cierto, muy catalana.

Creo que los socialistas catalanes ya no saben lo que son y andan dando palos de ciego a diestro y siniestro con lo que, a veces, golpean a sus propios amigos socialistas. Como en esta ocasión. Porque, ayer mismo, en el Parlamento catalán, su propuesta de pedir una consulta consensuada con el Gobierno central sobre el derecho a decidir de los catalanes fue sido aprobada por una mayoría aplastante: 104 votos a favor (de CiU, ERC, PSC e ICV), 27 en contra (PP y Ciutadans) y 3 abstenciones (CUP).

La cosa aprobada ordena al Gobierno catalán que pida diálogo al Gobierno español para debatir la cuestión, llegar a un acuerdo y convocar la consulta independentista. Todo, por supuesto, de buen rollito y no como pretendía la primera declaración. Lo que no deja de resultar sorprendente, ya que da la sensación de que a CiU y a ERC lo mismo le da 8 que 80. Votan a favor de todo lo que suene a consulta independentista aunque las propuestas sean distintas a las suyas. Debe ser que allí lo único que hacen es votar soberanía. No tienen un duro pero quieren ser como Kosovo como sea. O sea, más pobres todavía. Qué dislate.

La cosa aprobada ordena al Gobierno catalán que pida diálogo al Gobierno español para debatir la cuestión

Del onanismo mental de Pere Navarro y de los separatistas catalanes para defender la cosa no voy a hablar porque fue de una pobreza intelectual que no merece la pena. Para contestarles, sólo me limitaré a recoger una pequeña parte de lo dicho por Txiki Benegas, socialista que algo sabe del tema, en un artículo publicado hace unas semanas:

"El llamado derecho a decidir para plantear la secesión de una parte del territorio español no es un derecho; puede ser un anhelo, una aspiración o una reivindicación política, pero no un derecho. La diferencia es sustancial. Si fuera un derecho no reconocido, estaríamos ante un déficit democrático. Si es una reivindicación política, nos situamos ante una opción posible en el marco del pluralismo político, a la que cabe, como opción que es, oponer la contraria.

Es preciso aclarar que el llamado derecho a decidir es un sucedáneo inventado por los nacionalistas para edulcorar la autodeterminación, y entiendo que no es un derecho por varias razones: no forma parte de los derechos considerados naturales y no le son de aplicación los tres supuestos universales reconocidos por la ONU, situación colonial, ocupación militar y apartheid; tampoco es recogido por la Constitución de 1978, aunque sí fue debatido y ampliamente rechazado por el Congreso. Conclusión: no estamos ante un derecho que ampare la posibilidad de la secesión, sino ante una reivindicación política".

Más claro agua.

¿Hacia dónde caminan, entonces, los socialistas catalanes que eran los socialistas más españoles que hubo en España?

Ni ellos lo saben...

El federalismo como solución
Bernardo Fernández www.vozbcn.com 14 Marzo 2013

La ola independentista que se vive en Cataluña pondrá en jaque, más pronto que tarde, el modelo de Estado de estos años. Deberíamos ser capaces de utilizar el sentido común y buscar una salida desde una perspectiva amable, para diseñar un proyecto que pudiera ser compartido. En realidad, es más lo que nos une que lo que nos separa, pero si eso no es posible hagámoslo desde el respeto a la diferencia y la opinión del otro.

Habría que partir de la idea de que aquello a lo que hoy llamamos España se puede redefinir políticamente de cuatro modos diferentes que serían: un Estado centralista, que por razones obvias tendría un recorrido muy corto; un Estado federal asimétrico, como habían pensado personajes como Ernest Lluch o Pasqual Maragall, pero que en un país como el nuestro generaría más conflictos que ventajas, puesto que relaciones de tú a tú entre cada una de las CCAA y el Gobierno central de forma constante no hay Estado que lo resista; un Estado federal simétrico, que de hecho tiene su núcleo duro en el Estado autonómico actual; y varios estados independientes, con varios sistema jurídicos, en lo que hoy es un solo Estado.

A poco que hagamos el análisis con un mínimo de rigor, veremos que las opciones primera y segunda no se sostienen y la cuarta, por razones tan elementales como la no permanencia en la Unión Europea (UE), cuestiones relacionales, soportes de otros países, etcétera, es inviable, por tanto, queda como opción más razonable la tercera, es decir, el Estado federal.

Es verdad que desde el siglo XIX la asignatura pendiente de España es la estructura territorial del Estado. La fórmula utilizada en la Transición, creando el Estado de las Autonomías, ha dado a lo largo de más de treinta años buenos resultados. Además, otorgó protagonismo a los gobiernos central y autonómicos y a los partidos políticos; y permitió diversos ritmos y niveles de autogobierno, en función de las aspiraciones y capacidades de cada cual. No obstante, esta inicial virtud ha generado, también, importantes problemas y las mismas razones de su éxito original se han convertido en fuente de conflictos casi inagotable.

Ciertamente, a lo largo de estos años, en el funcionamiento del Estado autonómico han surgido anomalías que podríamos sintetizar en tres ámbitos. En primer lugar, la confusión que supone el federalismo como sistema de política democrática. España es, de hecho, el único país del mundo en el que para una buena parte de la ciudadanía, la federación no implica la construcción de una unión federal, sino el enfrentamiento y la fractura del Estado. Sin embargo, alguna virtualidad política tendrá el federalismo cuando más del 55% de la población mundial (65% del PIB global), vive bajo normas de corte federal.

En segundo lugar, algo se habrá hecho mal ya que los españoles no nos sentimos ciudadanos integrantes de un sistema que ha llegado a ser de hecho —con virtudes y defectos— un sistema político federal. La federalización del Estado de las Autonomías es innegable, y así lo entienden los investigadores más conspicuos de la materia, ya que posee el núcleo esencial de toda federación: niveles importantes de autogobierno y gobierno compartido garantizados constitucionalmente.

En tercer lugar, la ambigüedad, tan burdamente utilizada por algunos, ha impedido al ciudadano de a pie acabar de entender el funcionamiento del sistema. Además, la cicatería de determinados dirigentes políticos nos ha hecho enredarnos en un marasmo de debates estériles y carecer de un proyecto de futuro que, basándose en un análisis riguroso de los principales problemas, señale un horizonte de reformas preciso y contrastado en otros países federales.

El concepto federal de democracia sustituye la idea piramidal del poder político —mandar y controlar— por otra bien diferente: horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas (federadas). Asimismo, el federalismo postula la construcción de un Estado de estados, o lo que es igual: la articulación de autogobierno y gobierno compartido. Esto es: un equilibrio negociado y respetado que armoniza la autonomía política de las partes con la inclusión participativa en una voluntad común. De hecho, implica unidad en la diversidad, ya sea cultural o nacional. Además, defiende abiertamente la convivencia de varias naciones en el seno del mismo sistema. Es un proyecto basado en la tolerancia, la lealtad, la confianza y respeto mutuo. Se trata de superar las esencias nacionales. De igual modo, el federalismo postula, como eje central de su modelo, la igualdad y la solidaridad interterritorial.

Estudios solventes ponen de manifiesto que en España la igualdad no se ha visto dañada por la diversidad cultural y política, y que las distancias entre los diferentes niveles de bienestar entre CCAA han disminuido. Pero como sostiene el catedrático en Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela Ramón Máiz:

“Es verdad que con un coste y esfuerzo fiscal muy mal repartidos. Así pues, se propone una igualdad compleja, ajena a la uniformidad, en razón del autogobierno y experimentación que defiende, pero que sitúa en la base del proyecto común la cohesión territorial a partir de algunos postulados básicos: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia y proporcionalidad (ordinalidad)”.

Que nadie se equivoque, el federalismo no es la panacea, sino un programa que defiende una cultura política, principios y valores propios. Es también, un muy eficaz diseño institucional muy adaptable a contextos cambiantes. Puede ser la opción más útil para encontrar un horizonte válido para una gran mayoría de ciudadanos de este país. Ciertamente, se debería modificar la Constitución y para ello se necesita una mayoría política que de momento no existe. Pero, de hecho, es la única vía que nos queda, ya que la vía a través de los estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.

Podrá argumentarse que, dado el contexto de crisis económica que estamos padeciendo, existen otras prioridades. Todo lo contrario: es el momento idóneo para afrontar las reformas necesarias que nos garanticen un marco de convivencia, estable y duradero. De no hacerlo, llegará el día en que lamentaremos no haberlo hecho cuando estuvimos a tiempo.

Bernardo Fernández Martínez es ex diputado autonómico del PSC y consejero nacional de la Federación de Barcelona del PSC

¿ Qué hay de lo mío ?
Nota del Editor 14 Marzo 2013

Sigo esperando poder independizarme, pero antes tendré que conseguir que me entreguen mi parte de España, que no es cosa de ir dejando por ahí las decenas de años trabajados, y mi parte del expolio sufrido en vida y hacienda por parte de los diversos estamentos de la administración pública.

Irse de España con una mano delante y otra detrás no es una forma honrosa ni honrada de irse, que lo que yo he aportado no se lo cedo a nadie.

¿Presunción de inocencia o conciencia de casta, señor Blanco?
Editorial Estrella 14 Marzo 2013

La indefensión y lo referido a la presunción de inocencia afectan a los ciudadanos españoles y pasan de largo cómodamente, en cuanto a las consecuencias, cuando se trata de los políticos, por mucho que el señor Blanco se ponga digno y reflexivo. Nosotros no tenemos acceso a ruedas de prensa para dignificarnos frente a las acusaciones de otros particulares o de la propia administración cuando pleiteamos con ella. Nosotros no disponemos de un regimiento de abogados y si conseguimos uno es a costa de gastar y de pagar tasas judiciales.

La política y el poder se alían en todas sus manifestaciones para imponernos la ley del silencio y el trágala

No tenemos acceso a los mecanismos que facultan los indultos, a no ser que seamos conocidos del gobierno de turno. Qué más da que nuestros amigos piensen que somos inocentes y que ellos sí confíen en nosotros, nadie les preguntará. Si hacemos mal nuestro trabajo, nos despiden. ¿De qué habla Blanco cuando se manifiesta indefenso en cuanto a la presunción de inocencia? Es un acto más de cinismo y de alejamiento inmoral de la ciudadanía. Con todas y cada una de las letras, alto y claro.

Los políticos se tapan unos a otros. Ahí los tienen en el mismo hemiciclo, una metáfora de lo circular que es la política, tapándose unos a otros sin color político que los diferencie. Todo es impostado y disimulado. La vergüenza nacional se viste con las togas del poder porque ellos pertenecen a una categoría diferente. Por eso los ciudadanos están cada vez más hartos, hastiados y ajenos al modelo político del turno y el apaño. ¿Cómo se explica si no que no haya habido un incendio del sistema con las cosas que pasan y que se saben cada día?

La pelea entre jueces por la gestión de la Gurtel, Bárcenas o lo que sea no responde a criterios de logística judicial, sino de conflicto extrajudicial. Todo se solapa, nada se aclara. Todo es confuso y complicado, nada es sencillo y transparente.

El desgaste democrático es demoledor. Ponen en riesgo cada día el sistema mediante la doctrina del agotamiento: nos excluyen por cansancio; por cansancio los temas se abandonan al desinterés. Nosotros no tenemos notarios en el itinerario de cada mañana, ni amiguetes que den ruedas de prensa presumiendo enardecidamente de nuestras inocencias. Nosotros estamos condenados a la lucha por la supervivencia mientras la política y el poder se alían en todas sus manifestaciones para imponernos la ley del silencio y el trágala.

Las entidades por la libertad de elección de lengua presentan enmiendas a la LOMCE
El actual proyecto de ley es incompatible con la doctrina del TC y discrimina a los alumnos castellanohablantes
 www.lavozlibre.com 14 Marzo 2013

Representantes de seis entidades por la libertad lingüística en Comunidades Autónomas bilingües -Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Fundación Nacional Círculo Balear (Baleares), Galicia Bilingüe (Galicia), Impulso Ciudadano (Cataluña), Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua (País Vasco), y Círculo Cívico Valenciano, (Comunidad Valenciana)- han conjuntamente esta mañana en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, enmiendas al anteproyecto de la LOMCE.

De acuerdo con su criterio, el anteproyecto de ley es "incompatible con la doctrina del TC" porque "no garantiza los derechos lingüísticos de todos los alumnos al dar preferencia de trato a la educación en las lenguas cooficiales distintas del castellano, y relegar a una situación secundaria a los miembros de las comunidades lingüísticas castellanohablantes en los territorios con cooficialidad lingüística".

Efectivamente, el anteproyecto prevé dos vías: la posibilidad de recibir todas las materias no lingüísticas en la lengua oficial diferente del castellano, para los alumnos cuyos padres así lo deseen, y la posibilidad de recibir la enseñanza utilizando como vehiculares ambas lenguas oficiales, aunque este reparto quedará a criterio de lo que decida cada Comunidad Autónoma. Es decir, no se establece ninguna cautela para impedir que la enseñanza en castellano, la otra lengua oficial, sea una mera apariencia.

En suma, según denuncian estas plataformas lingüísticas, la propuesta del Gobierno es elegir entre estudiar todo o casi todo en lengua autonómica. "Aunque valoramos positivamente que la ley prevea para todas las CCAA con lengua cooficial la puesta en marcha de más de una línea de enseñanza, lamentamos que no se garantice la posibilidad de que los alumnos sean educados en español, siendo así que es competencia del Gobierno español asegurar a todos los ciudadanos la enseñanza en la lengua común", explican.

El TC ha declarado constitucional tanto el sistema de libre elección de lengua vehicular como el de conjunción lingüística (es decir, presencia de ambas lenguas como vehiculares). Lo que no ha avalado es un sistema de enseñanza exclusivamente en la lengua autonómica, si no se ofrece paralelamente la posibilidad de hacerlo exclusivamente en castellano.

Por ello, estas entidades proponen "un sistema de tres vías, sin cortapisas, con un régimen que garantice el cumplimiento de la Ley y con un reforzamiento de la Alta Inspección del Estado". "También abogamos porque los centros educativos no sean instrumento para el adoctrinamiento que a menudo se produce con el pretexto de 'normalizar' el uso de las lenguas diferentes del castellano. Es imprescindible que las Administraciones velen por la necesaria neutralidad política e ideológica en la educación. Por esta razón, ha sido incluida en las enmiendas una relación de supuestos basados en la casuística de la que estas asociaciones tienen constancia, y se ha previsto un régimen sancionador", indican.

Entre estas prácticas se encuentran, por ejemplo: el uso de expresiones que pretenden transmitir que sólo una de las dos lenguas oficiales es la verdadera lengua de los miembros de la comunidad; la defensa sectaria por parte de profesores de una determinada posición política o ideológica sobre un asunto de debate social; el reparto de material propagandístico sectario o la incitación a la participación de los alumnos en actos de protesta, especialmente cuando son contrarios a valores constitucionales o incluyen incitación a la intolerancia, el odio o la discriminación.

"Pretendemos que no se desperdicie la oportunidad que se abre con esta nueva ley, y que el sistema educativo español se dote de un modelo en el que se respeten los derechos lingüísticos de los alumnos; un sistema homologable a los de las democracias con más de una lengua oficial en un mismo territorio, y respetuoso con tratados internacionales suscritos por España, como la CELRM (Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, 1992). En este momento, en todas las CCAA con lengua cooficial se está produciendo, en mayor o menor medida, una discriminación hacia los alumnos que prefieren ser instruidos en español", subrayan.

Así, estas entidades se proponen dar voz y servir de cauce a las personas que anteponen los derechos de los alumnos a los intereses de grupos nacionalistas y de sectores económicos que se benefician de la llamada normalización lingüística, y que son quienes tradicionalmente han actuado con éxito como grupos de presión ante los gobiernos de diferente signo. "Estas propuestas serán también remitidas a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y al Consejo Escolar del Estado. Paralelamente, se iniciará una campaña para concienciar a todos los españoles de que la defensa de la libertad lingüística y la erradicación del adoctrinamiento en las escuelas, aun siendo competencia del Estado, requieren del compromiso de la ciudadanía, por lo que se recabará el apoyo de movimientos y organizaciones de la sociedad civil", añaden.

Este documento ha sido entregado al Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, Alfonso González, con la esperanza de que el Gobierno impulse las reformas necesarias para garantizar la libertad de elección de lengua y el derecho a ser escolarizado en español en toda España.

Cataluña
Puig anuncia la retirada de las multas lingüísticas impuestas antes de agosto de 2010, recurridas y no cobradas
Una sentencia del Tribunal Constitucional de octubre pasado anuló el régimen sancionador del Estatuto del Consumidor de Cataluña vigente entre 1993 y 2010. El consejero de Empresa y Empleo anuncia que se archivarán los expedientes abiertos que han recibido una reclamación del afectado, pero no se devolverán los importes de las multas lingüísticas cobrados previamente, ni se dejará de multar en base al Código de Consumo que entró en vigor en agosto de 2010, pese a que el Constitucional ha indicado que es ilegal hacerlo.
Redacción www.vozbcn.com 14 Marzo 2013

El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig (CiU), ha anunciado este miércoles que se archivarán los expedientes iniciados antes de agosto de 2010 para imponer multas lingüísticas a los comerciantes por utilizar el castellano en sus negocios.

“Hemos dado instrucciones para que se allanen todas las demandas y, en este sentido, pues es evidente que aquellos expedientes que lleguen con una reclamación es obvio que les damos la razón y que, por tanto, se desestima o, en todo caso, se retira el expediente sancionador”, ha respondido Puig a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada autonómica de Ciudadanos Inés Arrimadas.

De hecho, los servicios jurídicos de la Generalidad ya habían accedido a anular un expediente sancionador cuyo afectado lo recurrió ante los tribunales, tal y como recoge una reciente sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de Barcelona publicada este lunes por LA VOZ DE BARCELONA.

En ella, el Gobierno autonómico reconocía y acataba una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de octubre pasado que anuló parcialmente el artículo 30 de la Ley 3/1993 del Estatuto del Consumidor de Cataluña.

Ese artículo establecía el régimen sancionador de las infracciones contra los derechos de los consumidores a partir de 1993, entre ellos, el de ser atendido oralmente y por escrito en catalán. El Tribunal Constitucional consideró que dicho precepto incumplía el principio de seguridad jurídica por dejar a expensas de la discrecionalidad de la Administración autonómica los criterios y las cuantías de las sanciones.

Seguirán multando y no devolverán los importes cobrados
Sin embargo, hay dos cuestiones en las que Puig no ha cedido. Por una parte, solo se ha comprometido a archivar los expedientes abiertos contra los que se presente una reclamación, pero no ha aceptado cerrar de oficio todos los casos pendientes de resolución, ni devolver los importes de las multas lingüísticas impuestas -y cobradas- anteriormente (alrededor de un millar únicamente desde 2004), tal y como ha reclamado la formación liberal-progresista.

Por otra parte, en agosto de 2010 entró en vigor la autonómica Ley 22/2010 del Código de Consumo de Cataluña, que deroga y sustituye el Estatuto del Consumidor. Esta nueva norma también establece cuantiosas sanciones para los comerciantes que eligen usar únicamente el español en sus negocios.

El consejero ha señalado que el Código de Consumo vigente resuelve la ‘falta de seguridad jurídica en la tipificación de las sanciones’, que fue la causa de la nulidad dictaminada por la sentencia del TC de octubre, pero ha insistido en que no piensan revisar ‘el fondo de la cuestión’, esto es, multar a quien no utilice el catalán.

El Código de Consumo vigente también es ilegal, según el TC
En cualquier caso, en su sentencia sobre el Estatuto, dictada en junio de 2010, el TC dejó meridianamente claro que cualquier imposición por parte de la Administración de una de las dos lenguas oficiales sobre la otra en la relación entre particulares es ilegal:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

El problema estriba en que, ante la negativa de la Generalidad de acatar esta orden del Alto Tribunal adaptando el Código de Consumo, los sancionados después de agosto de 2010 se ven obligados a acudir a los tribunales para reclamar que se les anulen las multas lingüísticas. Al menos, mientras se resuelven los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y por el Defensor del Pueblo contra esta norma.

EL ANÁLISIS DE SINTETIA
Déficit 2013: redención o condena definitiva
Abel Fernández El Confidencial
14 Marzo 2013

El año que comienza será absolutamente clave para esclarecer el futuro a medio plazo de nuestras finanzas públicas. El primer hito de 2013 es que España ha alcanzado por fin un ligero superávit por cuenta corriente, algo que no sucedía desde hace más de una década: el gasto total es inferior a la producción interna, lo cual indica que las familias y el sector privado están ahorrando ya recursos por una cuantía equivalente al déficit del sector público. Así, España ha dejado de acumular nueva deuda externa neta.

El problema central cada vez se acota más, por lo tanto, en el remolino de deuda en que se encuentran nuestras cuentas públicas; cada año crece el esfuerzo necesario para mantenerse en el límite de la espiral, mientras las fuerzas se agotan. La evolución año a año del déficit agregado del sector público es desalentadora: 11,2% en 2009, 9,7% en 2010, 9,4% en 2011 y entre el 7% y el 8% en 2012 -sin tener en cuenta el salvamento del sector financiero, que habría que añadirle 3 puntos más-. Si las revisiones posteriores dejan el déficit de 2012 cerca del 8%, España habrá conseguido reducir sólo un punto de déficit cada año, a pesar de las subidas de impuestos; a grandes rasgos, la senda habrá sido: -11%, -10%, -9%, -8%. En comparación, las familias y el sector privado han cerrado un gigantesco agujero de 18 puntos del PIB en dicho mismo período: en 2007 pedían prestado cerca del 11% de este, mientras en la actualidad ahorran alrededor del 7%: un esfuerzo extraordinario nunca vivido desde la llegada de la democracia.

El año 2013 comienza, por lo tanto, siendo el primer año en que la economía española no necesita financiación en términos netos –lo cual no quiere decir que no vaya a haber dificultades de financiación, por supuesto, ya que muchos agentes internos preferirán financiar a agentes externos con su ahorro-En primer lugar, es necesario aclarar el supuesto del 7%-8% de déficit en 2012. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicó esta semana un avance de los flujos de caja de enero de 2013. Y todos los indicadores apuntan a que se ha abusado de nuevo de la flexibilidad en la imputación de flujos de caja. Así como el déficit de 2011 acabó siendo revisado desde el 8,5% inicial hasta el 9,4% final, existen muchos indicios de que se están imputando a enero de 2013 gastos que corresponden a 2012: la Agencia Tributaria ha devuelto en enero de 2013 más del doble de IVA que en el mismo mes del año pasado (5.432 frente a 2.462 millones de euros), el déficit de caja de dicho mes crece de 9.000 a 15.000 millones, los ingresos por IRPF caen de 11.000 a 9.000, etc. Es muy difícil hacer valoraciones sobre unos simples flujos de caja, pero todos los indicadores apuntan hacia dos conclusiones distintas: (i) o bien se ha transferido déficit de 2012 a 2013, (ii) o bien se está produciendo una alarmante nueva sangría en nuestras cuentas públicas.

Los analistas empiezan a asumir que el motivo es el primero: la situación no parece haber empeorado significativamente, por lo que las futuras revisiones del déficit 2012 lo situarán claramente por encima del 7%. El siguiente gráfico del Banco de España revela lo que ya se está convirtiendo en un feo hábito de nuestra contabilidad pública: en diciembre de cada año, la necesidad de financiación se reduce 'súbitamente' para volver inmediatamente a su nivel natural durante los primeros meses del año siguiente.

 

 

Año cero tras el fin de la hemorragia
El año 2013 comienza, por lo tanto, siendo el primero en que la economía española no necesita financiación en términos netos -lo cual no quiere decir que no vaya a haber dificultades de esa índole, por supuesto, ya que muchos agentes internos preferirán financiar a agentes externos con su ahorro-. Se trata de un momento ciertamente histórico: así como en 2008 pocos analistas pensaban que el sector público iba a sufrir tanto para reducir su déficit, prácticamente nadie creía que las familias y el sector privado serían capaces de reducir el gasto privado en 18 puntos del PIB. España ha conseguido en cierto modo cerrar una hemorragia que hacía crecer cada año la deuda externa total.

Como era de esperar, los juegos contables a corto no han engañado a nuestros acreedores: la prima de riesgo no se perturbó ante el anuncio de Montoro de que el déficit de 2012 se situaría por debajo del 7%. La gran incógnita que este año debería comenzar a despejar es la senda futura que experimentará nuestro déficit público. Las familias y el sector privado ya han realizado un tremendo ajuste de gasto, pero si el sector público no es capaz de acompañar, la deuda exterior neta permanecerá constante. Mientras los tipos de interés estén en mínimos, el coste de nuestra posición neta exterior es asumible, pero una subida de tipos nos empujaría a una nueva recesión, al tener que pasar a transferir nuevos recursos al exterior. ¿Cuáles son las principales amenazas y oportunidades para el déficit de España en 2013?

Tres grandes amenazas…
1. La recesión continuará en el año en curso, lo cual tendrá un efecto, de nuevo, negativo sobre los ingresos. Existe una correlación entre el crecimiento PIB nominal de un país (el crecimiento real más la inflación) y los ingresos públicos. El siguiente gráfico muestra dicha correlación.

 

Nuestra experiencia reciente dice que el crecimiento nominal de la economía ha de ser cercano al 2% para que los ingresos se mantengan al menos constantes. Sólo 2010 ha sido una excepción en este aspecto, lo cual se debe a la recuperación tras la enorme caída de 2009 y a la subida de impuestos. ¿Qué evolución del PIB nominal podemos esperar para España en 2013? El FMI pronostica un -1,5% de crecimiento, S&P un -1,3%. Si la inflación se mantiene a su tasa actual, el crecimiento nominal del PIB 2013 estará entre el 0,5% y el 1%, lo cual está asociado a una leve caída de ingresos.

2. La población adulta ha comenzado a disminuir. Se trata de un problema nuevo para España y la mayoría de países occidentales, acostumbrados a que el crecimiento de la población adulta “hinche artificialmente el PIB” –lo que los demógrafos llaman la ventana demográfica de oportunidad-. Menos población adulta significa menos gente en edad de trabajar (menos PIB) y más pensionistas (más presión sobre el gasto público en pensiones y en sanidad). Concretamente, el gasto en pensiones crece actualmente a una tasa superior al 4% anual incluso con la reciente semicongelación de su aumento.

3. Resistencia popular a los recortes. Gran parte de la población está convencida de que se están produciendo intolerables recortes y mermas en los servicios públicos. Y en cierto modo es así, ya que el aumento en los salarios públicos, pensiones, prestaciones de desempleo e intereses de la deuda contrarresta todos los esfuerzos por reducir el gasto (una reducción que se ha concentrado principalmente en la inversión pública).

La propuesta del PSOE de revertir la reforma laboral sería un tremendo error: nos habríamos quedado con los efectos a corto plazo (los despidos) sin beneficiarse de los efectos a largo plazo (la facilidad de contratación)El resultado final, a falta del informe resumen de la IGAE para 2012, es que el gasto total respecto al PIB ha aumentado desde 2007 en 5 puntos del PIB (desde el 40% al 45%), habiéndose reducido hasta ahora sólo en 2011, año en que el gasto público superó el 46% del PIB. Es decir, no ha habido austeridad en el conjunto del sector público, sino recortes de unas partidas para acomodar el crecimiento de otras. Las malas noticias son que, para seguir acomodando el crecimiento de salarios, pensiones e intereses de deuda, habrá que seguir recortando otras partidas de gasto antes incluso de poder realizar una reducción real de gasto.

… y tres grandes oportunidades para el déficit 2013
1. Los efectos contractivos de las subidas de impuestos ya se han asumido. Las reducciones de gasto tienen un inevitable efecto contractivo en el corto plazo, pero una vez asumido el coste (downside) a continuación se puede disfrutar el upside. La estructura fiscal española ya es mucho más parecida a la europea, y en cuanto vuelva un tímido crecimiento los ingresos públicos deberían crecer rápido sin depender de nuevo de la construcción.

2. Los costes laborales unitarios han disminuido. Es decir, los salarios han descendido, lo cual hace a las empresas españolas más competitivas en el exterior. Ello ha llevado a una oleada de opiniones positivas respecto a las posibilidades de España de experimentar una recuperación rápida: “Spain is the Next Germany” (Morgan Stanley), matizado por “Not yet the new Germany” (The Economist).

3. Los efectos positivos de la reforma laboral de 2012. Toda reforma laboral que implique más flexibilidad y facilidades para el despido tiene dos efectos contrapuestos. El primero opera a corto plazo y es el que la economía española ha sufrido durante el pasado año: al abaratarse el despido, muchos puestos de trabajo que se encontraban “en el límite” de la rentabilidad pueden ser suprimidos. El segundo efecto opera a largo plazo: cuando es menos costoso despedir, los costes laborales esperados son menores, lo cual incentiva la contratación. Pues bien, España ha sufrido el efecto a corto plazo, pero a partir de ahora pueden empezar a operar los efectos a largo. En este sentido, la propuesta del PSOE de revertir la reforma laboral sería un tremendo error: nos habríamos quedado con los efectos a corto plazo (los despidos) sin beneficiarse de los efectos a largo (la facilidad de contratación).

Conclusiones
El sector público español se encuentra frente al reto de cerrar sustancialmente su déficit tras años de ajustes menores. Parte del problema se encuentra en que es imposible recaudar más en un entorno de recesión. La otra parte es que muchas partidas de gasto tienen una enorme inercia que obliga a recortes muy descompensados.

Pero tras el descomunal ajuste de familias y empresas, el sector público debe liderar por fin la reducción del recurso a la financiación. Si España en su conjunto logra reducir su deuda externa neta, nuestra economía pasará a ser un lugar mucho más apetecible para la inversión externa. Por el contrario, si el sector público no da muestras de poder reducir rápidamente su déficit, puede llegar un momento en que el remolino de la deuda lo atrape irremisiblemente, conduciéndolo, a pesar de los esfuerzos, hacia el default final


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Sin doctrina Parot sólo hay impunidad

ÁNGELES PEDRAZA www.gaceta.es 14 Marzo 2013

La ‘doctrina Parot’ hizo que la Justicia fuera un poco más justa con las víctimas de los terroristas.

El próximo 20 de marzo es una fecha marcada en rojo en el calendario de la Justicia. Nos jugamos mucho. Y no sólo las víctimas del terrorismo. La sociedad española se juega su dignidad y la democracia su firmeza contra el terror. Si el Tribunal de Estrasburgo hace caso a la demanda de la asesina Inés del Río y deroga la doctrina Parot no habrá marcha atrás y ETA se saldrá con la suya. Se abriría una puerta sin retorno hacia esa impunidad que tanto tememos las víctimas del terrorismo. De un día para otro, decenas de terroristas, cada uno con múltiples asesinatos a sus espaldas, podrán quedar en libertad. Y tendrán que ser indemnizados por el Estado español pese a que en su día se declararon insolventes para no tener que pagar ni un céntimo a las víctimas que causaron.

Desde que en el año 2006 el Tribunal Supremo instaurara lo que conocemos como doctrina Parot –que implica que los beneficios penitenciarios se computaran sucesivamente desde el total de las condenas y no sólo desde el límite máximo de treinta años– las víctimas del terrorismo sentimos como si la Justicia se hubiera vuelto un poco más justa.

Gracias a ella, se acabó con una realidad sangrante como era el hecho de que terroristas con miles de años de condena a sus espaldas salieran a la calle habiendo cumplido a penas 17-18 años de prisión, pasando de esta manera a cumplir unas penas acordes con los delitos que habían cometido. Con su aplicación, se podrían evitar más escándalos como la liberación de De Juana Chaos, quien apenas cumplió 18 años pese a tener en sus espaldas la muerte de 24 personas... Menos de un año de prisión por cada una de los asesinatos cometidos.

Como he dicho anteriormente, la doctrina Parot hizo que la Justicia fuera un poco más justa con todos aquellos que sufrieron el ataque de los terroristas. Consiguió que el tiempo que estuvieran efectivamente los terroristas en prisión se ajustara lo máximo posible a las condenas impuestas en las sentencias haciendo posible que las víctimas pudieran ver colmada, en mayor medida, su sed de Justicia.

Por eso, desde el primer momento, se convirtió en un arma fundamental en la lucha contra el terrorismo. La firmeza de las instituciones, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley de Partidos y el hecho de que, gracias a la doctrina Parot, los terroristas pudieran cumplir íntegramente sus condenas, hicieron que ETA fuera acorralada y estuviera cerca de la derrota.

Con ella se permitió corregir una situación injusta que hacía que asesinar saliera prácticamente gratis en nuestro país. Antes de su aplicación, daba igual asesinar a una o a veinte personas, ya que al final la pena cumplida era la misma. Por ello, si es derogada, experimentaremos un retroceso terrible con consecuencias nefastas en la lucha contra el terrorismo en nuestro país.. No se puede permitir que, nuevamente, matar salga gratis en España.

Y lo que tampoco podemos permitir es que los terroristas se apunten un nuevo tanto. Ahora ETA está ganando, consiguiendo por dejar de matar lo que no consiguió durante más de 50 años asesinando. Ha vuelto a las instituciones bajo los nombres de Bildu y Amaiur, y sin disimulos como Sortu. Y ahora han centrado sus chantaje en la excarcelación de los presos etarras y para lo que la doctrina Parot ha quedado como el principal bastión de firmeza frente a los terroristas.

Por eso es tan importante que el Tribunal de Estrasburgo no derogue esta herramienta tan necesaria para mantener la fortaleza y la dignidad de nuestra democracia. Sin la doctrina Parot, se socavarán los cimientos del Estado en un golpe sin precedentes. Será la humillación definitiva, confirmando el terrible temor de la victoria de ETA sobre los demócratas, negando el derecho a la Justicia y pisando la Memoria de las víctimas del terrorismo.

Sin la doctrina Parot, ETA ganaría la partida y el riesgo de generar una grave alarma social en nuestro país es elevado. En primer lugar, porque cerca de cien terroristas quedarán en libertad. Cien terroristas que sin estar ni arrepentidos ni rehabilitados volverán a convivir con el resto de ciudadanos.

Y en segundo lugar, porque la doctrina Parot, al contrario que puedan pensar muchos, no sólo afecta a los etarras. Afecta también a asesinos en serie, violadores y otros criminales de la peor calaña que podrían quedar en libertad beneficiarse de esta decisión que no sólo afecta a los terroristas.

Pero todo esto no es fruto de un día. Se lleva muchos años permitiendo que ETA y sus compinches campen a sus anchas por las instituciones europeas y distintos estamentos internacionales adoctrinando sobre un ficticio conflicto, su resolución y sus consecuencias. Aquí no hay conflicto. No hay guerra. Sólo ha habido terroristas asesinos y víctimas inocentes. Por eso es fundamental que no haya impunidad para que la democracia se imponga sobre el terror y el fanatismo.

Como dije al iniciar estas líneas, nos jugamos mucho el próximo día 20 de marzo en Estrasburgo. No sólo las víctimas. También todos los ciudadanos españoles que han sufrido el terrorismo y llorado a las miles de personas que su barbarie ha destrozado la vida. Si se deroga la doctrina Parot, la puerta hacia la impunidad quedará abierta para siempre y conseguir la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia para las víctimas del terrorismo será ya una quimera.

Ángeles Pedraza es presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Una norma legítima
Editorial La Razón  14 Marzo 2013

Lla llamada «doctrina Parot» toma su nombre del apellido de un terrorista condenado a 5.000 años de cárcel por 26 asesinatos consumados y otros 116 en grado de tentativa, el cual, sin la reacción indignada de la opinión pública y la certera actuación de la judicatura española, hubiera quedado en libertad con apenas diez años de cumplimiento, merced a la aplicación de los beneficios penitenciarios previstos en el código penal franquista de 1973, por el que fue juzgado.

La «doctrina Parot» supuso un cambio de criterio en la manera de computar las penas que fue confirmado por el Tribunal Constitucional. Conviene recordarlo, porque no está en discusión ni la legitimidad de la norma ni su legalidad. Lo que sí ha cuestionado la sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es si se ha podido vulnerar el principio de irretroactividad de las leyes en el caso de la etarra Inés del Río, condenada a tres mil años de cárcel, y si se hizo en base a una interpretación judicial.

La sentencia fue recurrida por el Gobierno español ante la gran sala del TEDH, que deberá pronunciarse el próximo miércoles, día 20 de marzo. A nadie se le oculta que la desactivación de la «doctrina Parot» ha sido uno de los principales caballos de batalla de la banda etarra y sus afines, que enseguida la percibieron como lo que era: un magnífico instrumento del Estado de Derecho en la lucha contra la delincuencia organizada y en la prevención de delitos especialmente lacerantes, como la violación y el asesinato de menores.

La norma permite que terroristas y delincuentes sexuales irrecuperables cumplan íntegras sus condenas. Por ello, sin prejuzgar la decisión que adopte la gran sala, que esperamos sea favorable a las tesis españolas, urge neutralizar la campaña de propaganda montada por los proetarras de Sortu, organización que ha sufragado todos los gastos derivados del recurso de la terrorista Inés del Río, tal y como reconoció ayer su responsable, Hasier Arraiz, para hacer llegar a la opinión pública internacional la especie delirante de que la «doctrina Parot» –su pretendida abolición– está directamente vinculada a la negociación del fin de ETA. No. Ni es objeto de negociación alguna ni se está dirimiendo su legitimidad.

Sí se corre el riesgo, cierto, de que algunas docenas de asesinos sanguinarios, que no han mostrado arrepentimiento, tengan que ser excarcelados antes de lo previsto, pero la inmensa mayoría de los terroristas etarras que hoy cumplen condena tendrán que aceptar el rigor de la Ley. Las asociaciones de víctimas del terrorismo de España, Francia, Gran Bretaña e Italia se han movilizado para hacer llegar a los jueces del Tribunal de Estrasburgo la trascendencia de su decisión y, sobre todo, que nada tiene que ver el asunto con el pretendido final de la banda terrorista.

Desafío secesionista
Día de la Marmota en el Parlament de Cataluña
José García Domínguez Libertad Digital 14 Marzo 2013

Suma y sigue. El derecho a ser como la República de Somalia, único Estado del mundo que reconoce en su Constitución la prerrogativa de independizarse a las distintas tribus que lo integran, ha vuelto a ser vindicado en el Parlament de Cataluña. Esta vez, contando con el concurso entusiasta del PSC. A propósito de ese asunto, el de la eventual secesión de Cataluña, acaba de escribir Francesc de Carreras con lúcido sarcasmo que parece que el Gobierno de Rajoy no es partidario. Y en efecto, parece estar en contra de tal eventualidad. Aunque solo lo parece. Y es que el Ejecutivo, acaso poseído por una invencible molicie, aún no ha considerado oportuno explicar al común por qué no es bueno romper España.

Diríase, no obstante, que el inconveniente mayor remite a un desafuero administrativo: la improcedente invasión de tal o cual competencia normativa por parte de la Cámara autonómica. De ahí esas sesudas cuitas leguleyas sobre si cabe o no interponer recursos judiciales contra las proclamas levantiscas. Peripatética la relación que siguen manteniendo nuestras elites políticas con la idea misma de la nación. Para la izquierda, España es como un hijo tonto, una criatura a la que no queda más remedio que mantener, pero de la que conviene hablar lo menos posible, mayormente en presencia de las visitas. Por su parte, la derecha todavía participa, aunque en la intimidad, de la añeja concepción romántica y esencialista que inspiró la eclosión de los nacionalismos en el siglo XIX.

Como Herder, creen con ingenuidad temeraria que las naciones son criaturas de la naturaleza que existen desde (casi) el origen de los tiempos. Pero no es verdad. En la madre naturaleza proliferan las piedras, las moscas, los ríos, el pescado blanco y azul, las nubes, el ganado, las gentes con sus respectivas hablas y tradiciones más o menos atávicas. En el mundo natural hay de todo, de todo salvo naciones. Por algo antes de que, allá en los estertores últimos del XVIII, irrumpiese en escena el primer nacionalista no constaba noticia ni de una sola sobre la faz de la Tierra. Porque las naciones, todas, son creaciones del nacionalismo. Y sin proselitismo nacional activo, más pronto o más tarde, deja de haber nación. Así de crudo.

La solución no está en Madrid
Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, señala que "hemos entrado en una espiral separatista de extrema virulencia"
MATÍAS ALONSO*  www.lavozlibre.com 14 Marzo 2013

Desde la vuelta de CiU, de la mano de Artur Mas, al gobierno de la Generalitat de Cataluña, hemos entrado en una espiral separatista de extrema virulencia. El anuncio de la travesía rumbo a la mítica Ítaca, bajo el eufemismo de transición nacional, se convirtió tras el pasado 11 de septiembre en el lema electoral de la federación separatista con el apoyo del aparato propagandístico del régimen.

Podría pensarse que la situación actual en Cataluña no tiene precedentes, pero los tiene y bien definidos. La actual crisis separatista sigue un rumbo claro, puesto negro sobre blanco en hojas de ruta con autores concretos, que han seguido pies juntillas los sucesivos gobiernos autonómicos sin apenas oposición por parte del Gobierno de España, cuando no con su beneplácito expreso.

No hace falta remontarse a la cuna romántica del nacionalismo melancólico. Tras la restauración de la democracia y con la llegada de Jordi Pujol al gobierno de la Generalitat, se inició el proceso que, en poco más de tres décadas y con múltiples complicidades por el camino, nos ha puesto al borde de la ruptura de España y de una fractura política y social que parece inevitable en Cataluña.

Los cómplices con el proceso que nos aboca a la secesión han estado y están tanto en las instituciones catalanas como en las de la administración central del estado. La complicidad ha tenido su base en los dos partidos mayoritarios del espectro político español. Legislatura tras legislatura, tanto en las cortes generales como en el Parlamento de Cataluña, PP y PSOE han estado dispuestos a ceder al chantaje nacionalista y a mirar hacia otro lado mientras se afianzaba la desafección a España, con tal de asegurarse sus cuotas de poder y otras prebendas asociadas.

Llevamos más de tres décadas instalados en el eufemismo, pasando por alto continuos ataques al marco del estado de derecho y relativizando las palabras y los hechos. Frente a la necesaria defensa de la soberanía popular indivisible y constituyente y de la nación constitucional, la que nos iguala a todos en derechos y obligaciones y que sustenta nuestro estado social y de derecho con firmes raíces democráticas, hemos asistido al relativismo lacio o a la torpeza extrema de los sucesivos inquilinos de la Moncloa. Si los máximos dirigentes del estado son incapaces de defender y consolidar la nación constitucional y anteponen su interés partidista a la defensa de un proyecto común para todos los españoles, España no tiene futuro.

La situación es difícil, el desafío del separatismo es realmente preocupante. No podemos ni debemos caer en la melancolía. Si miramos atrás, si bebemos de las fuentes de la Historia, huyendo de las meras crónicas o del vocerío de los pregoneros de la ola separatista en Cataluña, veremos que España es un proyecto común desde hace mucho más de los tres siglos transcurridos desde la fecha referente del nacionalismo catalán.

El problema ha crecido por la miopía y el relativismo exacerbado de algunos. Aunque la solución pasa por Madrid hay que ser conscientes de que ni está ni ha estado nunca allí. Cada vez hay más voces en el conjunto de España que reclaman un cambio profundo del actual sistema, que anhelan una segunda transición apoyada en los valores de ciudadanía. Es posible que esa transición ciudadana sea la solución. Si realmente lo creemos y queremos aplicarla tendremos que llevarla a la capital del reino. Porque está claro que la solución no está en Madrid, todavía.

(*) Matías Alonso es secretario general y portavoz de Ciudadanos-Ciutadans.

Ciudadanos denuncia las 'multas de la vergüenza' por no rotular en catalán
Inés Arrimadas ha pedido que sean anuladas porque son "absolutamente ilegales" y Felip Puig le responde que "confunde las manzanas con las peras"
 www.lavozlibre.com 14 Marzo 2013

Barcelona.- Las multas lingüísticas interpuestas por la Generalitat de Cataluña antes del año 2010, afectadas por la norma autonómica de 1993 que quedó anulada en 2012, quedarán sin efecto en caso de ser recurridas ante los tribunales, tal y como ha reconocido el consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento catalán.

La diputada de Ciudadanos (C's) Inés Arrimadas ha recordado la sentencia juzgado número 8 de Barcelona, que anula las multas lingüísticas en 2010. Arrimadas ha asegurado que son "absolutamente ilegales" porque se busca "imponer una de las lenguas cooficiales en Cataluña". "Suponen un atropello y un ataque" a la libertad de expresión y a la propia democracia", ha subrayado.

De esta forma, ha afirmado que la actuación de la Generalitat está deslegitimada con la persecución de los autónomos y empresarios por cuestión de lengua y ha preguntado al consejero Felip Puig si "¿eliminarán las multas de la vergüenza? En las que un empresario es multado por poner manzana y no poma".

Puig le ha respondido diciendo que "confunde las manzanas con las peras". Según él, el Tribunal Constitucional falló que la normativa relativa a las multas lingüísticas previa al 2010 tenia problemas de "seguridad jurídica", pero el código de consumo que se aprobó ese año solventaba esta carencia, por lo que se seguirá con las sanciones.
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