AGLI Recortes de Prensa   Domingo 17  Marzo 2013

Un régimen acabado, necesitado de cristiana sepultura
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 17 Marzo 2013

El próximo martes, 19 de marzo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, general Félix Sanz, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para dar cuenta del intenso, demoledor para la institución monárquica, affaire Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la “princesa” alemana que irrumpió con la fuerza de un torrente en el corazón cansado de un Rey ya muy baqueteado a la altura de 2004 por historias de cama, desde su ya lejano primer largo apareamiento conocido con la mallorquina Marta Gayá. A diferencia de tantas otras mujeres como han pasado por su vida, de las que hay memoria por retazos perdidos entre escoltas, personal de la Casa, amigos de francachela y encubridores varios, la historia de Corinna, de soltera Larsen, ha adquirido una dimensión nueva y muy peligrosa para el futuro de la Corona, una dimensión política erigida sobre las columnas del discurso que la propia “princesa” levantó en su entrevista en el semanario ¡HOLA!: “El trabajo que he realizado para el Gobierno español, cuando se me ha pedido, ha sido siempre delicado y confidencial. Son asuntos clasificados, situaciones puntuales que yo he ayudado a solucionar por el bien del país”.

Las preguntas que, a borbotones, surgen después de escuchar una declaración de parte semejante ya fueron formuladas aquí el 3 de marzo. Interrogantes, en todo caso, inquietantes para la seguridad del Estado y alucinados para ese español medio que, de pronto, descubre la existencia de una moderna Mata Hari habilitada, comisión mediante, para hacer “trabajos” que, al parecer, no es capaz de llevar a cabo ni el Gobierno, ni sus embajadas en el exterior, ni sus servicios secretos. Abochornados por el lance, han sido varias las fuerzas que han pedido la presencia del general Sanz en las Cortes. Estamos ante un militar de alta graduación a quien el Gobierno Rajoy ha mantenido en el cargo por exigencia expresa del Monarca: con el escándalo Urdangarin y el escándalo Corinna, sexo y dinero, as usual, gravitando sobre su cabeza, el Rey necesitaba mantener al militar al frente de los servicios de inteligencia para poder seguir durmiendo tranquilo, como esta semana contó en estas páginas Federico Castaño.

Las preguntas que, a borbotones, surgen, son inquietantes para la seguridad del Estado
Ni PP ni PSOE pondrán en apuros al responsable del CNI. El acuerdo entre ambos partidos al respecto ha llegado al punto de expulsar de la comparecencia al Grupo Mixto, en el que se cobija un testigo particularmente incómodo: la Esquerra Republicana de Cataluña. Lo de Félix Sanz será, pues, un paseo militar, nunca mejor dicho, un garbeo distendido que superará con dos largas cambiadas a base de negar la evidencia. La evidencia, sin embargo, es abrumadora para el futuro de España. Los problemas personales del Rey –el pésimo ejemplo que desde el punto de vista de la moralidad pública ha expandido de arriba abajo por el cuerpo social español-, los escándalos del Rey, se han convertido en uno de los grandes problemas de España, si no el mayor, hasta el punto de resultar necesario retorcer el normal funcionamiento de las instituciones para disimular, modular, ocultar los chispazos que diariamente llegan hasta la ciudadanía desde las alturas de esa conducta impropia. La vivencia diaria de unos servicios de inteligencia obligados a ocupar buena parte de su tiempo y recursos en tapar los deslices del titular de la Corona (tal que la presencia de Corinna en el recinto de el Pardo, en la puerta trasera del palacio de la Zarzuela, durante los últimos 6 años) no hace sino confirmar esa idea de que el Monarca se ha convertido en parte del problema de España, causa –si bien no única- del desprestigio de sus instituciones y obstáculo que se yergue frente a ese proceso de regeneración democrática que demanda como inaplazable una mayoría de españoles demócratas.

El sainete de la ex mujer de Kashogui
Para tapar evidencias ha sido necesario montar un sainete periodístico según el cual la cobradora de la comisión devengada por la firma, por parte de un consorcio de empresas españolas, del contrato para la construcción del AVE entre las ciudades de Medina y La Meca no ha sido la mencionada Corinna, sino una bella empresaria iraní que pasaba por allí, una tal Shahpari Zanganeh, mujer casada en su día con el magnate Adnan Kashogui, experto en el tráfico de armas fabricadas en España desde su empresa Alkantara, en la que tuvo por socio al mismísimo INI. ¿Misterio aclarado y a otra cosa, mariposa? Pues no, señor, porque desde hace tiempo se sabe que la Zanganeh, una mujer a la que Juan Miguel Villar-Mir –mecenas del Rey desde hace años, papel en el que ha sustituido a Manuel Prado y Colón de Carvajal y, más recientemente, a Alberto Alcocer- emplea para engrasar sus negocios de la península arábiga, es socia desde siempre de nuestra afamada Corinna, de modo que aquellos 135 millones de comisión muy bien podrían haberse repartido en tres partes y no precisamente iguales, al decir de las fuentes.

Va a ser difícil taparlo todo, enmascararlo todo, confundir a todos. Hay cosas especialmente graves, tal que las gestiones que sirvieron para desactivar un asunto tan espinoso como la violación de una modelo española ocurrida en Ibiza en la madrugada del 12 de agosto de 2008, en un camarote del yate de lujo Turama, alquilado por la familia real saudí y fondeado frente a las costas de la isla. Según la denuncia presentada en una comisaría ibicenca, el supuesto violador era el príncipe Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud, un personaje habitual en la lista Forbes, quien habría amenazado con adjudicar el contrato del AVE antes citado a un consorcio francés en caso de resultar imputado. Don Juan Carlos felicitó al príncipe saudí una vez que la Audiencia Provincial de Baleares anunció el archivo de la causa. ¿Eran estos los asuntos “delicados y confidenciales” a los que aludía Corinna?

Va a ser difícil taparlo todo, enmascararlo todo, confundir a todos. Hay cosas especialmente graves
El viernes conocimos el contenido de una nueva remesa de correos que el exsocio de Iñaki Urdangarin ha entregado al juzgado que investiga el caso Nóos. Las bombas que periódicamente van saliendo del arsenal de Diego Torres no solo hacen cada día más complicada la situación judicial del yerno del Rey y de su hija -¿cómo es posible que la señora de Torres esté imputada y no la de Urdangarin?-, sino la propia posición del Rey, cada vez más indefendible desde esa neutralidad impostada que pretende el establishment judicial, político y mediático. En esos correos, Iñaki le pide al Rey que haga “un par de gestiones” para atraer patrocinadores de marcas de lujo al Valencia Summit, uno de los eventos con los que el duque se lucró a costa del erario público. Esos patrocinadores “podrían venir si el Señor les anima a aceptar la invitación”, escribe el talonmanista en su correo a la Casa del Rey. ¿Por qué Iñaki se comporta de esa guisa? Porque es lo que ha visto hacer en casa de su suegro desde que puso pie en Palacio, razón por la cual “pasar el cepillo” le parece la cosa más natural del mundo. Una cuestión de costumbre.

Las aventuras de Corinna como gestora de fondos
Esta semana hemos tenido, por fin, cumplida información en este diario del Fondo de Infraestructuras Hispano-Saudí en el que 14 empresas españolas se embarcaron en 2007 con la idea de forrarse con los contratos que iban a llover en Arabia Saudí gracias a la fraternal amistad que une al Rey, patrocinador del Fondo, con la monarquía saudí, proyecto en el que la “entrañable amistad” se empleó a conciencia buscando dinero entre empresarios y family offices de la capital. La aventura acabó como el rosario de la aurora. Los empresarios que intentaron recuperar lo invertido recibieron del entonces secretario de Estado de Comercio, Pedro Mejía, la protesta de que poco podía hacerse porque “se trataba de un asunto muy delicado a nivel nacional”. El Fondo se liquidó el 12 de abril de 2010, después de que los paganos aceptaran un acuerdo por el que perdían la pasta entregada y se comprometían a pagar el 0,85% de las aportaciones totales comprometidas, a cambio de liquidar sus compromisos. Como fiduciario de la liquidación, un tal Energy & Infrastructure GP Limited, nacido en paraíso fiscal de “padres” desconocidos, tras el cual, no obstante, los afectados adivinan la mano de una “princesa”. La palmada fue de 21 millones de dólares.

Como en toda tragedia con ribetes de farsa que se precie, también aquí hay espacio para el humor, negro en este caso. Esta semana supimos, en fin, que Alberto Alcocer ha puesto a la venta su lujoso helicóptero. El anuncio correspondiente anima a los potenciales compradores advirtiendo, sin cortarse un pelo, que el aparato “fue inaugurado por un Rey” (sic). La realidad es que no fue solo inaugurado, sino que sirvió para depositar más de una vez en Zarzuela a Arturo Fasana, un gestor de fondos suizo que en Credit Suisse Ginebra maneja la llamada “cuenta de los españoles”, por la que han desfilado unos 15.000 millones de euros de 54 clientes, todos de alto copete, entre ellos, naturalmente, Francisco Correa, epicentro de la trama Gürtel. Les ahorro la moralina, pero es evidente que una situación como la descrita no se sostiene. No hay país que pueda abordar su futuro lastrado con carga pesada. Va siendo hora de que los españoles demos cuerda nueva al reloj de la Historia.

Obligada intervención

editorial El Correo 17 Marzo 2013
El 'caso Chipre' no puede distraer a Europa de la necesidad de las políticas de estímulo

La decisión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro de acordar el rescate de Chipre exigiendo la aportación de los depositarios en las entidades de dicho país introduce una cláusula tan novedosa como coercitiva en la disciplina impuesta para la consolidación fiscal de los partícipes de la moneda única. El Gobierno español quiso ayer dejar claro que la medida «no es extrapolable» a nuestro país. Pero aunque la economía chipriota represente únicamente el 0,2% de la que suma con sus socios, se trata de un precedente que podría suscitar efectos inmediatos en los mercados y planear sobre próximas crisis financieras.

La ayuda acordada entre el Eurogrupo y el Gobierno de Anastasiadis, de 10.000 millones de euros, va a ser sufragada en parte con la aplicación de un impuesto extraordinario del 9,99% sobre los depósitos superiores a 100.000 euros y del 6,75% sobre el resto. El cuadro de medidas pactadas entre Bruselas y Nicosia incluiría también el incremento del impuesto de sociedades del 10% al 12,5% junto a otras iniciativas de ajuste que se irán aplicando en las próximas semanas.

No es fácil predecir cuáles serán sus efectos sobre la economía de Chipre y los que induzcan sobre la zona euro. Pero tan drástica intervención, por necesaria que fuese para solventar la crisis bancaria chipriota y, de paso, impedir que continuara siendo un destino ventajoso para el dinero procedente de otros países comunitarios y no comunitarios -el 30% de los depósitos sometidos a la tasa de rescate es foráneo- constituye un síntoma más de la debilidad en la que sigue moviéndose el euro.

La prohibición cautelar de que se realicen transferencias antes de que se retenga la cuantía correspondiente que cada ahorrador está obligado a aportar dará paso, en los próximos días, a expresiones más netas de la indignación mostrada por los chipriotas al conocer la noticia a primera hora de ayer. Pero por relevantes que sean la actuación sobre Chipre y sus consecuencias, los países del euro no pueden distraer ni su atención ni sus esfuerzos del problema fundamental que afecta a nuestras economías: la ineludible compensación que la austeridad precisa de políticas que incentiven la reactivación, cuando menos en los países que pueden permitírselo. El 'caso Chipre' no puede desviar el foco de las preocupaciones de los responsables del euro y, en general, de la UE.

Algunas verdades contra el euro
Juan Fco. Martín Seco www.republica.com  17 Marzo 2013

Son tantos los tópicos que se manejan en referencia a la Unión Monetaria (UM) y tan extensa y profunda la intoxicación reinante en esta materia que resulta muy conveniente recordar, aunque sea de manera simplificada, algunas verdades básicas sobre ella:

1) La UM, en contra de lo que nos aseguraban sus apologistas, no garantiza la convergencia en las tasas de inflación de los distintos países. Desde la constitución de la UM en 1999 hasta 2008, los precios se incrementaron en la Eurozona como media un 22%, pero siguieron en los distintos países miembros una tendencia desigual. Mientras que en Alemania crecían un 17,42%, en España, Grecia, Irlanda y Portugal lo hicieron en un 34,28%, 35,55%, 35,72%, 30,33%, respectivamente. Es decir, los precios de los productos españoles se encarecieron con respecto a los alemanes en un 17%.

2) La imposibilidad de devaluar la moneda, y dada la diferente evolución de los precios, hizo que unos países, los del Sur, perdieran competitividad, mientras que los del Norte la ganaban. Los primeros fueron incrementando progresivamente su déficit exterior y los segundos, su superávit. En 2008 el déficit de la balanza por cuenta corriente de España se situó en el 10% del PIB. Alemania, por el contrario, presentó un superávit del 6%.

3) El crecimiento económico de Alemania se ha fundamentado en sus exportaciones. Hasta el inicio de la crisis España, Grecia, Portugal, etc. lograron crecer gracias a endeudarse en el exterior. Alemania les prestaba el dinero para que comprasen sus productos. La economía germana (a través de sus bancos) logró colocar el dinero proveniente del excedente de su balanza de pagos en las hipotecas subprime norteamericanas, y en préstamos a los bancos de los países del sur de la Eurozona.

4) La crisis en los países del Sur no se origina por una expansión desenfrenada del gasto público, ni por un déficit y un endeudamiento públicos excesivos. El porcentaje del PIB que absorbe el gasto público de estos países es de los más bajos de toda la Eurozona, y las cuentas públicas españolas, por ejemplo, terminaban 2007 con un superávit del 1,9% del PIB y un stock de deuda pública de un 36% del PIB, casi la mitad que Alemania (66,7%).

5) La crisis se desencadena cuando los bancos europeos, principalmente del Norte, alarmados porque una parte muy importante de su activo se ha convertido en papel basura (hipotecas subprime, etc.) se preguntan si el enorme volumen de créditos concedidos a los bancos griegos, españoles, irlandeses, portugueses, italianos, no correrá la misma suerte. Los préstamos se interrumpen y el mercado interbancario casi deja de funcionar.

6) El déficit en la balanza de pagos que ya no pueden financiar y la necesidad de refinanciar las deudas precedentes hunden a los países del Sur en el estancamiento y la recesión.

7) La UM constituye una enorme trampa para los países deudores que se han hipotecado en una moneda, el euro que, si en teoría es la suya, en la práctica no la controlan, puesto que su emisión y control se ha entregado a un organismo, el Banco Central Europeo, independiente políticamente y por lo tanto democráticamente irresponsable.

8) Las políticas que el BCE y los países acreedores (sobre todo Alemania) imponen a los países deudores, lejos de conducirles a la recuperación, les empujan más y más por la senda del desempleo y la recesión. Además, tienen por único objetivo el reembolso de los créditos a los bancos del Norte, aun a costa de someter a las poblaciones a toda clase de sacrificios.

9) La UM tampoco logra, tal como pronosticaban sus defensores, la convergencia en los tipos de interés. Los países del Sur pagan intereses dos, tres o diez veces superiores que Alemania u Holanda, lo que crea una situación incompatible con el mercado único y la misma UM.

10) A corto plazo, los grandes beneficiarios de la UM son los países acreedores, especialmente Alemania. A largo plazo, sin embargo, es posible que todos salgamos perjudicados.

11) La imposibilidad de devaluar la moneda (corrección en el orden monetario) traslada el ajuste al campo real de la economía en forma de recesión y paro. Los gobiernos de los países deudores plantean como única alternativa lo que llaman la “deflación competitiva”, es decir, la contracción de los salarios. A este objetivo van encaminadas muchas de las medidas recomendadas por Berlín, Frankfurt y Bruselas.

12) La devaluación monetaria modifica los precios interiores frente a los exteriores, pero deja intacta la relación interna de precios (incluyendo los salarios) y, en consecuencia, la distribución de la renta. Es neutral. Esto es, empobrece a todos por igual o, mejor dicho, no empobrece a nadie, simplemente desmonta el espejismo de un enriquecimiento anterior ficticio.

13) La llamada devaluación competitiva, al no modificar a la vez el precio de todos los productos y servicios (incluyendo los salarios), cambia la distribución de la renta, pudiendo llegar a enriquecer a unos y empobrecer a otros, y desde luego en distintas cuantías. Desde 2000, la remuneración de los trabajadores ha pasado de absorber el 50% de la renta nacional a hacerlo en un 45%, mientras que el excedente empresarial (beneficios y rentas de capital) seguía el camino inverso, del 45% al 50%.

14) Es muy dudoso que la deflación competitiva pueda sustituir a la devaluación monetaria. Al margen de la iniquidad y de los enormes costes sociales que comporta, no hay ninguna garantía de que la contracción salarial se traduzca en disminución de precios y, en cualquier caso, no minorará el endeudamiento exterior tal como lo hace la depreciación de la moneda.

15) Una unión monetaria únicamente puede funcionar si va acompañada de una integración presupuestaria y fiscal como la que mantiene cualquier Estado, o como la que se aplicó entre las dos Alemanias y de la que Europa carece totalmente. Alemania nunca lo consentirá, porque ello implicaría una enorme transferencia de recursos de los países ricos a los pobres, al igual que las que se producen entre las regiones de cualquier país. Basta ver que el presupuesto comunitario apenas alcanza el 1% del PIB conjunto de todos los países.

16) Cuando Merkel o la oligarquía europea hablan de la unión fiscal emplean el concepto de manera torticera pues se refieren tan solo a un pacto para limitar el déficit público. Nada tiene que ver, por tanto, con la creación de una verdadera hacienda pública comunitaria.

17) Dentro de la UM hay escasas esperanzas de superar la crisis económica, pero si en algún momento y por esos caprichos de la economía apareciesen los brotes verdes, para enjuiciar el euro no deberíamos olvidar en qué situación quedaríamos. Una democracia intervenida, el Estado social gravemente dañado y por encima de nuestras cabezas una espada de Damocles, puesto que en cualquier próxima perturbación, las medidas a tomar volverían a ser las mismas e irían contra los asalariados y contra los servicios públicos y los gastos de protección social.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

Mas mentiras que verdades sobre el euro
Nota del Editor 17 Marzo 2013

No puedo aceptar prácticamente ninguno de los puntos o "verdades". Mi interés en la UE se centraba en despojar a los españoles profesionales de la política de la imprenta de los billetes y evitar la inflación y la devaluación que tanto les gusta.

La gente muy  pudiente compra productos alemanes, Mercedes, BMW, Bosch, yo sólo alcanzo a comprar algunas veces en Lidl, y Bosch porque lo fabrican mis paisanos en Zaragoza, donde está el centro de investigación,desarrollo y producción de inducción (Balay). Alemania fabrica muchísima maquinaria para la automatización de la producción en todo tipo de fábricas y si hay compradores es porque su eficacia beneficia a todos, eso de hacer las cosas a mano, artesanalmente, no tiene sentido, es como pretender hacer a todos funcionarios para darles empleo.

La crisis se fundamenta en muchos pilares: dinero barato, despilfarro, corrupción e ineficiencia en la administración pública, depredación de los recursos particulares por parte de tales impresentables que impulsa a los ciudadanos esquilmados a especular para tratar al menos de conservar su riqueza restante. En España tenemos dos cestas para poner los huevos: construcción y turismo, se rompe una cesta,  pincha la demanda y hunde el tinglado (construcción, finanzas); el turismo aún funciona porque nuestrros vecinos del sur andan siempre a tiro limpio.

La administración pública, corrupta e inefizaz, sigue despilfarrando, con eso de las lenguas regionales y las autonomías ya tenemos para rato y luego vienen los ayuntamientos y sus alcaldes, algunos faraónicos (Madrid - gallardonia con su palacio) y todo se queda en la familia.

Decir que la imprenta de los billetes tiene que ser democráticamente responsable,  significa que hay que hacerla funcionar cuando los políticos lo deseen, y así es como el papel se multiplica como los panes y los peces, como si fuera la piedra filosofal. Pues eso, a imprimir billetes, hasta que para pagar un café haya que llevar los billetes en una carretilla.

Bueno, ya me he cansado, en la capital de lo que queda de España, mañana es, como dicen los ingleses bank holiday, y mis lectores se dedicarán a pasear por las sierras y los pueblos, mientras otros se sentarán delante de la caja tonta para seguir moviendo las orejas.

No hay mayor corrupción política y democrática que la permisividad ante ETA
http://rosadiez.net  17 Marzo 2013

Ahora que da la impresión de que el Partido Popular se ha caído del guindo (es sólo una impresión, no se confíen) y empiezan a escucharse voces de dirigentes del PP vasco (los mismos que han insultado a UPyD por exigir al Gobierno que no de tregua a los testaferros de ETA) es buen momento para recordar que desde las filas de este partido estamos librando en solitario la batalla por la dignidad y la justicia. Es buen momento para que a nadie se le olvide que no hay mayor corrupción política y democrática que la permisividad ante ETA, cualquiera que sea el nombre con que se denominen.

Me pregunto qué tiene que ocurrir para que el Gobierno de instrucciones a la fiscalía para que actúe de una vez por todas. Me pregunto cuáles serán los pactos oscuros que existen entre el PSOE y el PP en esta materia para que Rajoy y su Gobierno hayan extendido tal velo de silencio y de permisividad hacia ese mundo de terror.

Me pregunto qué hubiera hecho el PP estando en la oposición si se hubieran producido todos los acontecimientos que pueblan cada día los informativos y muestran a las claras las relaciones de dependencia entre los tres comandos institucionales de ETA (Bildu, comando Guipúzcoa; EH Bildu, comando Álava; Amaiur, comando Madrid) y la propia banda terrorista.

Me pregunto qué hubieran hecho en el PP en la oposición cuando los portavoces de cualquiera de los tres comandos llaman “muertes por razones políticas” a los crímenes de la banda; o cuando niegan el terror y amenazan, sentenciando que “el conflicto” es anterior a ETA y que volverá si el Gobierno no da pasos; me pregunto que hubiera hecho Rajoy si un Gobierno socialista hubiera dado como toda explicación para no actuar contra los testaferros de ETA que “ahora somos gobierno”. Me pregunto qué hubieran hecho si el Ministro del Interior hubiera dicho que no concederle el tercer grado a un asesino que estaba en huelga de hambre hubiera sido prevaricación.

Me pregunto cuántas manifestaciones habría convocado EL PARTIDO POPULAR si, con un gobierno socialista en España, los terroristas más sanguinarios como Ternera y Sorzabal hubieran estado negociando en Oslo bajo la protección de un gobierno amigo sin que nuestro gobierno arqueara siguiera una ceja.

Son preguntas retóricas, porque ahora son gobierno. Por eso hacen lo contrario de lo que prometieron, porque estos también creen que se promete para llegar y se incumple para permanecer. Pero aquí hay un partido político que piensa que se puede y se debe hacer política de otra manera; y que si no hacemos justicia en esta materia no mereceremos ser llamados demócratas.

Crónica del 'Bienestar del Estado'
El rescate de CCAA ya asciende a 41.000 millones de euros
Mientras Hacienda baraja relajar los objetivos de déficit autonómico, el rescate de CCAA supera ya los 40.000 millones, y creciendo.
D.S.C. Libertad Digital 17 Marzo 2013

El contribuyente español se enfrenta a una Administración demasiado grande y opaca, por lo que esta colección de noticias e informaciones varias ayuda a que los pagadores de impuestos sigan más de cerca el uso que se hace de sus recursos. En esta enumeración entran datos relativos al gasto público, la burocracia estatal, el endeudamiento soberano y el sistema tributario.

El déficit supera los 100.000 millones por cuarto año consecutivo. Según los datos oficiales del cierre del déficit público para 2012, el descuadre fiscal asciende a un total de 105.000 millones de euros, equivalente al 9,99% del PIB. Por comparación en 2011 se midió un déficit del 9,44%, con 100.402 millones. De este modo, el conjunto de las administraciones públicas gastó el pasado año unos 4.600 millones de euros más que el ejercicio precedente. Esto se tradujo en una deuda pública oficial del 84% del PIB, nivel cada vez más cercano al umbral de intolerancia a la deuda descrito por Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart. Dicho umbral (calculado en torno al 90% del PIB) implica ausencia de crecimiento y alta probabilidad de default.

Rajoy eleva un 28% el déficit público del Gobierno central en 2012. El agujero fiscal del gobierno central fue del 3,84% sin contar el rescate a las cajas de ahorros. Esta cifra implica un agujero mayor que en 2011, cuando el desajuste fue del 2,97%. En términos absolutos, se trata de un descuadre de 31.579 millones para 2011 y de 40.330 millones para 2012.

Hacienda prepara el camino para nuevos incumplimientos regionales del objetivo de déficit: en vez de exigir el desfase máximo del 0,7% pactado anteriormente, el Ministerio de Cristóbal Montoro "estudia fijar un objetivo de déficit a medida de cada autonomía". ¿La razón? Al parecer, "a algunas regiones les parece excesiva" la cifra de consolidación presupuestaria acordada el año pasado. ¡Y todo a pesar de los 41.000 millones de euros con los que el Fondo de Liquidez Autonómica ha rescatado a las Comunidades Autónomas en 2012 y 2013!

El sistema de pensiones de reparto sigue deteriorándose. En 2012 cerró con unos gastos de 103.523 millones frente a unas cotizaciones de 98.378 millones. El agujero no dejará de crecer, debido al mal desempeño de la economía y a la propia inercia de un sistema de reparto incompatible con el envejecimiento de la población. Para el mes de enero, el gasto en pensiones de jubilación fue de 5.205 millones, casi un 6% más que en 2012.

El dato de déficit público presentado hace algunas semanas contó con el maquillaje estadístico del retraso de las devoluciones en 2012. No en vano, las devoluciones crecieron un 82,6% en enero de 2013. Impuesto por impuesto, Hacienda devolvió un 176% más por IRPF, un 112% más por Impuesto de Sociedades y un 50% más por IVA. El déficit de caja registrado en enero fue de 15.252 millones frente a los 9.040 millones de 2012: un 69% más.

Considerando los gastos del Estado comprometidos a largo plazo (cuya inclusión en la contabilidad no es inmediata), encontramos compromisos equivalentes al 25% del PIB hasta 2051. Esta partida aumentó un 2,5% en 2012, principalmente por el preocupante aumento de la deuda pública. Los gastos financieros del presupuesto plurianual han saltado de 99.462 a 209.997 millones entre 2005 y 2012.

Las CCAA disparan la creación de impuestos, pero no logran recaudar más. La lista de nuevos gravámenes creados por los gobiernos regionales no deja de crecer. En la actualidad cuentan con 59 impuestos propios, pero la recaudación que aportan a sus arcas es sólo el 1,8% de los ingresos tributarios totales. De hecho, en muchos casos los costes de gestión superan a la recaudación que de ellos se obtiene.

Los esqueletos del despilfarro en la Comunidad Valenciana: decenas de residencias, polideportivos y auditorios permanecen cerrados por sus inasumibles costes de mantenimiento. Los fondos del Plan E para la región superaron los 1.400 millones de euros: el resultado fueron bibliotecas sin libros, obras inauguradas tres veces... En resumen, un cementerio de proyectos fallidos.

La administración recoloca 'a dedo' al personal de las empresas públicas suprimidas. La reducción de la plantilla del sector público en 2012 se ha quedado en humo para periódicos y poco más. Un ejemplo lo tenemos con el ente estatal Invest in Spain, cuyos trabajadores han sido recolocados en el ICEX sin tener en cuenta los principios del Estatuto del Empleado Público.

Un cátering de altura para el Rey y Rajoy: 321.250 euros para los vuelos VIP. Esa es la cifra del contrato que acaba de sacar a concurso el Ministerio de Defensa. El gasto mantiene los niveles heredados de la Administración Zapatero, con topes de hasta 250 euros para el kilo de jamón ibérico, 8 euros para el litro de naranja, 4 euros por cada pieza de fruta o 120 euros para cada kilo de lomo ibérico.

Las políticas activas de empleo, cuyo fracaso fue reconocido por la UE esta semana, subvencionan los cursos de acción sindical de UGT. Entre las asignaturas pagadas con el dinero de todos, podemos destacar "Actuaciones ante los conflictos de violencia laboral" y "Acción sindical para cuadros y dirigentes sindicales". ¿Qué lecciones se incluyen en estas materias? "Debate sobre la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el contexto del Estado de Bienestar", "Mecanismos de Equidad del Sistema Nacional de Salud, "Relación entre Estado del Bienestar, Políticas Transversales y Políticas de Salud", etc.

Como Alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón enterró 10 millones de los contribuyentes en un programa informático que no funciona. Se llamaba Proyecto Mástil, fue anunciado a bombo y platillo en 2006 y ha quedado en agua de borrajas. Tras seis años de desarrollo, este sistema llamado a "unificar la gestión tributaria" del consistorio no ha tenido apenas resultados satisfactorios.

RTVE gastará 1,72 millones de euros en comprar periódicos. Mientras el Congreso y el Senado anunciaron la conversión de este programa de gasto por suscripciones online, la radiotelevisión estatal no se apunta a la austeridad y anuncia una licitación que incluye más de 30 periódicos, en torno a 140 revistas y 50 otras publicaciones.

El déficit real de la Comunidad Valenciana no es del 3,45% sino del 6,2%. El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana recoge la liquidación del presupuesto para 2012. De estos datos se deriva que el desfase total fue de 6.223 millones, financiados por el ICO y el Fondo de Liquidez Autonómica. En total, la deuda de la región creció en 6.600 millones, alcanzando los 25.000. A pesar de las cifras, el Gobierno valenciano ve imposible reducir el déficit e insiste en que se tiene que reconocer "el esfuerzo y ahorro de la autonomía".

El gran despilfarro del Metro de Málaga. Esta infraestructura, cuya inauguración estaba prevista para 2009 y se ha retrasado hasta octubre del presente año, ha costado más de 800 millones de euros pero apenas reducirá un 3% el tráfico, según los datos propios del proyecto.

El déficit de la Seguridad Social se lleva el 90% de los ingresos derivados de las 27 subidas de impuestos de Rajoy. Los esfuerzos de Cristóbal Montoro apenas compensan el hundimiento de la Seguridad Social en 2012: las medidas tributarias habrían elevado la recaudación en 11.237 millones, pero el desfase de las pensiones y compensaciones suma 10.381 millones.

destrucción de pruebas
Pedraza: 'Nadie quiere seguir adelante con la investigación del 11-M'
2 comentarios J. SEDANO www.gaceta.es 17 Marzo 2013

El Tribunal Supremo confirma el archivo de la causa. Rubalcaba recurre una vez más a las "teorías conspirativas".

Nuevo golpe a la esperanza de poner luz sobre tanta negritud. La que todavía se acumula alrededor del mayor de los atentados ocurrido en nuestro país. Si en febrero fue la Audiencia Provincial de Madrid, esta semana el Tribunal Supremo confirmó el archivo de la causa instruida contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y una perito de su unidad por posibles irregularidades en la recogida y custodia de muestras del atentado del 11-M. El único asa al que siguen agarrándose las acusaciones personadas en la causa.

El alto tribunal, que revisó el caso a puerta cerrada el pasado 30 de enero, decide así no enmendar la decisión de la Sección 17 de la Audiencia de Madrid que acordó en febrero de 2012 el sobreseimiento de la causa al considerar que los hechos denunciados por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil constituían "cosa juzgada material" por la Audiencia Nacional, pese a la intención de la juez Coro Cillán de seguir adelante con las investigaciones porque en su día argumentó que existían indicios delictivos. Eso sí, la magistrada lleva desde el 7 de febrero de 2012 sin practicar diligencia alguna.

En realidad, Jesús Martín Vázquez, abogado de la Unión de Oficiales, aseguró ayer a este diario que la decisión del Supremo se sustenta en un puro elemento formal y de ningún modo se puede interpretar como un carpetazo definitivo al caso. "El tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión y en ningún momento ha valorado si es verdad o mentira lo argumentado por la Audiencia", aseguró Martín Vázquez. El alto tribunal entiende en su auto que Sánchez Manzano y la perito química de los Tedax no estaban procesados sino imputados –cuestión necesaria para aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal–, motivo suficiente para "inadmitir directamente" el recurso presentado por las acusaciones ante el Supremo y fundamentado en la tajante decisión adoptada en su día por la Audiencia de Madrid.

En todo caso, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil confirma que la decisión adoptada por el alto tribunal es continuación de la tesis que se quiere plantear. El principal objetivo que sobrevuela sobre cada una de las decisiones políticas y judiciales que se enmarcan en el caso: "no seguir investigando el 11-M".

Sobre este asunto también se refirió ayer la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Ángeles Pedraza. La decisión del Supremo –señaló Pedraza a LA GACETA– "es un varapalo más a nuestra lucha". "Nos ponen palos en las redes aunque vamos a seguir luchando hasta el final". La presidenta de la AVT es consciente que el proceso que se sigue contra Sánchez Manzano significa en realidad la única pieza que queda pendiente, y por extensión a la que aferrarse, para aclarar definitivamente lo acontecido aquel fatídico día de marzo de 2004.
Decisiones judicialesEso sí, Pedraza sentencia: "Nadie quiere seguir adelante con el 11-M". Las últimas decisiones judiciales, acompañadas por una respuesta política, refrendan la opinión de la presidenta.
Ayer, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el archivo de la causa –hay que recordar que el Supremo en ningún momento a dado un carpetazo definitivo– confirma que "las teorías conspirativas" sobre lo ocurrido "son falsas". "Una vez más se ha confirmado lo que la sociedad española sabe desde hace mucho tiempo: que las teorías conspirativas sobre los atentados son falsas", sentenció el líder de los socialistas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Los asesinos, sueltos por la calle
Editorial www.gaceta.es 17 Marzo 2013

La fe del ciudadano en la Justicia se va a ver sometida a una durísima prueba si Estrasburgo resuelve a favor de la etarra Inés del Río, liquidando así la doctrina Parot. Esta dictamina que las redenciones por beneficios penitenciarios que se aplican a un penado se computen sobre el total de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años. Si se suprime, la pena por asesinato quedaría en seis años, y en poco tiempo saldrán a la calle decenas de peligrosos delincuentes, al quedar reducida considerablemente la duración de sus condenas.

Y no sólo terroristas de ETA, como Inés del Río, con 23 cadáveres a sus espaldas (en total, 54 etarras condenados por 264 muertes), sino también otros peligrosos delincuentes, como violadores o asesinos, como es el caso de Miquel Ricart, autor de los crímenes de Alcasser; Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor; o como los narcotraficantes Sito Miñanco o dos miembros del clan de los Charlines. Además del problema de seguridad que va a generar, dada la peligrosidad y el carácter reincidente de muchos de ellos, la derogación de la doctrina Parot genera un clima de impunidad y alarma social que se compadece mal con el Estado de Derecho.

Ese clima es doblemente lacerante en los delitos de terrorismo, porque se inscribe en un contexto de manga ancha por parte de las autoridades ante el falso final de ETA. Como señalaba Ángeles Pedraza en LA GACETA: el final de la doctrina Parot puede ser utilizado por el Gobierno como excusa para aflojar la presión sobre los presos etarras. Cualquiera diría que las famosas “ansias infinitas de paz” son contagiosas, viendo al ministro Fernández al justificar el Bolinagazo, o al Gobierno al permitir que el entorno abertzale tribute un homenaje a los presos etarras de la cárcel de Jaén. Y que el Estado de Derecho parece anestesiado ante provocaciones como la de Laura Mintegui, portavoz de Bildu en el Parlamento vasco, al calificar de “política” la muerte de Fernando Buesa.

Si ETA ha dejado de matar es porque ha ganado parcialmente su batalla. Primero ganó en el decisivo frente parlamentario, tras su oportuno blanqueamiento en el Tribunal Constitucional, al sentar a su brazo político en las instituciones; y ahora puede ganar el no menos decisivo frente judicial, al beneficiarse de la supresión de la doctrina Parot. La que perderá, en cualquier caso, es la Justicia, y su más antigua definición: “Dar a cada uno lo suyo”.

Parot y las promesas incumplidas
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC  17 Marzo 2013

La doctrina Parot fue el remiendo, no la solución. El problema seguirá estando ahí, diga lo que diga Estrasburgo

HIZO falta mucho tiempo y aún mayor determinación para poner fin a la práctica impunidad de la que gozaban en España los terroristas y otros asesinos múltiples de similar calaña. Hasta 2006, al amparo de una jurisprudencia imbuida de «buenismo», auténticos depredadores de rostro humano, condenados a centenares o millares de años de cárcel, cumplían un máximo de quince, lo que en muchos casos no equivalía ni siquiera a uno de privación de libertad por cada vida segada. Fueron los gobiernos de Aznar quienes hallaron el modo de terminar con este escarnio, aplicando los beneficios penitenciarios al total de la pena impuesta y no al periodo máximo de estancia en prisión (30 años). Del mismo modo encontraron fórmulas legales para liquidar a todo el entramado político, empresarial y «socio-cultural» que alimentaba a ese monstruo de múltiples tentáculos llamado ETA, mucho más complejo y peligroso que un grupo de pistoleros. Porque cuando se quiere se puede.

Fue la voluntad política de un Partido Popular firme en sus convicciones la que logró que las víctimas obtuvieran al fin justicia y los criminales pagaran por sus crímenes. La que hizo prevalecer el sentido común por encima de los complejos históricos. La que impuso cordura y proporcionalidad a una lucha lastrada hasta entonces por el pensamiento débil de un legislador y unos jueces obsesionados por salvaguardar los derechos de los delincuentes hasta el extremo de ignorar los de sus víctimas. Hoy, todo ese capital moral corre el riego de desvanecerse.

Pasado mañana la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo fallará un recurso del Gobierno español contra una sentencia del mismo órgano, favorable a la etarra Inés del Río, que supondría la voladura definitiva de esta doctrina Parot de la que nos hemos valido durante unos años a modo de parapeto contra la iniquidad. Un parche, un remiendo de emergencia puesto por un Ejecutivo con coraje en una legislación terriblemente laxa, cuya desaparición, de producirse, supondrá la excarcelación de un centenar de auténticos monstruos sanguinarios no arrepentidos, no rehabilitados y desde luego no dispuestos a reconocer ni reparar el daño causado. Bestias terroristas pero también violadores multirreincidentes, pedófilos asesinos de niños? gentuza de la peor calaña que andará suelta por las calles y transmitirá el mensaje de que cometer esas atrocidades en este país sale muy barato.

Y es que a pesar de las promesas electorales, a pesar de las palabras destinadas a ganar votos, este PP, el de ahora, no ha movido un dedo por cambiar la legislación que hace posibles estas situaciones. Fue uno de los caballos de batalla de Gallardón durante la campaña. Se desgañitó asegurando que instauraría la cadena perpetua revisable para determinados delitos, sabiendo perfectamente que existe un verdadero clamor social en demanda de ese compromiso y que el hecho de contraerlo le facilitaría la carrera hacia el Consejo de Ministros. Aseguró igualmente que despolitizaría la Justicia y que derogaría la Ley del Aborto. No ha dado un paso en ninguna de las tres direcciones. Ni para salvar vidas de criaturas indefensas en el vientre de sus madres, ni para devolver al Poder Judicial su independencia perdida, ni tampoco para impedir que un degenerado como el profesor de judo recientemente condenado por más de 35 abusos sexuales a menores pueda ser recluido por un periodo superior a veinte años. Todo sigue igual.

La doctrina Parot fue el remiendo, no la solución. El problema seguirá estando ahí, diga lo que diga Estrasburgo, mientras nadie tenga el valor de coger ciertos toros por los cuernos.
 

Doctrina Parot, sí. Terroristas y violadores, no.
http://juanjulioalfaya.blogspot.com.es  17 Marzo 2013

El fin de la doctrina Parot excarcelaría a 54 etarras. Además, como la doctrina Parot se aplicó a delincuentes que acumulaban tres o más condenas cuya suma aritmética fuera mayor que la pena más grave, también podrían beneficiarse de su derogación criminales como Miguel Ricart, uno de los autores del asesinato de las tres niñas de Alcácer en 1992. O Pablo Manuel García Ribado, condenado a más de 1.700 años de prisión por 74 violaciones entre 1990 y 1993, conocido junto a Antonio Barroso como los "violadores del portal" porque agredían a las mujeres cuando entraban en sus domicilios.

Las fuentes consultadas defienden que el recurso de España es "impecable" en sus argumentos jurídicos. En él se recuerda a la Gran Sala que su aplicación no solo respeta la Constitución española, sino también el convenio de derechos humanos, y que es un instrumento contra la delincuencia más grave.

La Abogacía del Estado hace hincapié en que desestimar el recurso de España supondrá apartarse de la doctrina del tribunal europeo, que hasta ahora había defendido que los beneficios penitenciarios no forman parte de las condenas y, por lo tanto, no están protegidos por el principio de "irretroactividad". Apela también a la "excepcional repercusión social" que tendría derogar esta doctrina, con la consiguiente "alarma social", que provocaría que no solo más de medio centenar de presos etarras salieran de prisión, sino también la posible excarcelación de criminales como violadores o asesinos en serie, concluyen las fuentes consultadas.

Henri Parot
Henri Parot
, alias Unai (Argel, Argelia francesa, 6 de enero de 1958) es un miembro de la organización terrorista ETA. Formó parte del comando itinerante de ETA o comando "Argala" y fue capturado en abril de 1990. Recibió 26 sentencias condenatorias con las que sumó casi 4.800 años de prisión, siéndole imputados 82 asesinatos. Él y muchos asesinos y violadores de su misma calaña, pueden quedar en libertad si los ciudadanos nos cruzamos de brazos ante la injusta sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por el bien de todos y por una democracia merecedora de tal nombre, te pido a ti personalmente que firmes la Petición dirigida a: Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo creada por la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Doctrina Parot
La doctrina Parot es el nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 (resolución a un recurso presentado por Henri Parot, miembro de la organización terrorista ETA) por la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,...) se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años.1 Esta doctrina fue modificada en 2008 sólo parcialmente por el Tribunal Constitucional de España en la conocida como doctrina del doble cómputo penal.2

El martes 10 de julio de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo sentenció que la llamada doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo español en 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional, viola los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que insta al gobierno español a poner en libertad a Inés del Río Prada, miembro de ETA condenada a más 3.000 años de cárcel por varios atentados terroristas y que, después de 18 años de cárcel, tenía que haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973 (redención de penas de hasta 12 años por trabajo o por estudios). La sentencia puede afectar a más de 50 de miembros de ETA condenados por terrorismo a los que también se les había aplicado la doctrina Parot y que han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir su puesta en libertad. La respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido discrepar "severamente" de la sentencia y anunciar que la recurrirá ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo y que, mientras tanto, no pondrá en libertad a la condenada porque existe riesgo de fuga "sin ningún género de dudas"3 4 .

Referencias
1.   Noticia de la sentencia en el diario digital 20 minutos.
2.   Dos doctrinas contradictorias, El País, 16 de mayo de 2011.
3.   «Estrasburgo sentencia que la 'doctrina Parot' vulnera derechos humanos», El País, 11 de julio de 2012.
4.   Condena a España El Tribunal de Estrasburgo condena a España por aplicar la doctrina Parot, 10 de julio de 2012.

Mintegui, el diálogo y la muerte
Charo Zarzalejos www.estrelladigital.com 17 Marzo 2013

En febrero de hace ya trece años su cuerpo quedó hecho una bola. Se convirtió en una masa informe. El destrozo fue absoluto ,incluido su pelo canoso chamuscado por la bomba que le esperaba a la salida de su casa cuando se dirigía al Parlamento. Así, con un coche bomba ETA asesinó al socialista Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez. Con este mismo método y otros diferentes -ametrallamientos, secuestro seguido de tiro en la nuca, etc.- la organización terrorista se ha llevado por delante más de 800 personas.

Hace unos días, el etarra Txeroki pedía "disculpas" por las víctimas ajenas al conflicto, es decir, por los que pasaban por ahí cuando ETA asesinó a implicados o responsables del "conflicto político". Para estos, para Buesa, Casas, Ordóñez, Blanco y muchos otros ni disculpas ni nada. Eran el "conflicto".

La organización terrorista se ha llevado por delante más de 800 personas
Ahora, esa izquierda abertzale que, cuando menos, calló, nos dice por boca de Laura Mintegui, portavoz de Bildu en el Parlamento vasco y refiriéndose en concreto al asesinato del socialista alavés que fue "una muerte por causa política" que podía haber sido "evitable" mediante el "diálogo". El nacionalista Eguibar estuvo atinado: "Muerte es muerte y asesinato es asesinato".

Esto ocurrió en el Parlamento vasco en la sesión del jueves en donde además se debatió sobre la doctrina Parot y se pretendía poner en marcha la denominada "ponencia de paz y convivencia" a la que tanto UPyD como el PP no tenían previsto asistir mientras Bildu no condenara a ETA. Los avalistas de la iniciativa son el PNV y el PSE y Bildu se ha sumado con entusiasmo en la medida que creen que todo lo que sea hablar de paz y convivencia puede significar diluir responsabilidades para concluir que todos tenemos culpa de los asesinatos de ETA.

El debate sobre el concepto de "presos políticos" fue encendido pero nos equivocaríamos si atribuyéramos las palabras de Mintegui al fragor del debate. Lo que dijo Laura Mintegui es lo que está interiorizado en la izquierda abertzale: hay un conflicto político y las muertes, que no asesinatos, se deben a causas políticas. Así las cosas, Buesa "murió" por ser socialista y Gregorio Ordoñez "murió" -según Mintegui nadie les mató- por ser del PP. Ambos, juntos con otros, eran el conflicto porque no reconocían los derechos del pueblo vasco y además no había "diálogo".

Ante la corrupción, los pactos inexplicables, los abusos de todo orden, la sociedad española, y con toda razón, está indignada y pide justicia y responsabilidades y dimisiones. Ni un solo ciudadano español estaría por algo distinto que no fuera la acción de la justicia, por la asunción de responsabilidades políticas y nadie entendería que los políticos limpios y honrados, que son la mayoría, mostraran la menor debilidad ante los comportamientos indignos. Si esto es así, ¿por qué tanta preocupación, tanto esfuerzo por la convivencia en el País Vasco que es tanto como decir que hay que hacer esfuerzos para una reconciliación entre dos bandos inexistentes?

La izquierda abertzale de hoy es la de siempre
Si en algún lugar de España se ha convivido ha sido precisamente en el País Vasco en donde víctimas y verdugos han llegado a vivir en el mismo edificio; en donde nadie se ha tomado la justicia por su mano y en donde quienes han alentado a ETA hoy tienen cargos oficiales. ¿Cabe mayor convivencia? ¿Qué diálogo quiere Mintegui?

Que nadie se equivoque. La izquierda abertzale de hoy es la de siempre. Lo de Mintegui no fue un lapsus, es una convicción. Que nadie espere que ETA se disuelva, que nadie espere que Bildu o Sortu condenen la acción terrorista de ETA. Que nadie espere más de lo que ya se ha visto y oído. Quienes piden que el Gobierno dé pasos para "ayudar a que ETA deje las armas", ¿qué opinarían si otros pidieran que, por ejemplo, el Congreso creara una comisión para "escuchar" a los corruptos? Sería un error histórico conceder a quienes no condenan a ETA una honorabilidad que no se merecen. Mi admirado Gregorio Ordóñez, mi amigo Fernando Buesa no murieron. Les asesinaron vilmente aunque Laura Mintegui quiera hacer creer lo contrario.

Sí a la «doctrina Parot»
Editorial La Razón 17 Marzo 2013

Si bien es cierto que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no suele revocar las sentencias dictadas por las distintas secciones, también lo es que mantiene una práctica muy restrictiva a la hora de aceptar recursos de apelación. De hecho, sólo un cinco por ciento de las demandas presentadas han tenido el visto bueno del alto tribunal, exiguo porcentaje en el que, sin embargo, se incluye el recurso del Gobierno de España contra la decisión de la Sección Tercera del TEDH, que, presidida por el juez andorrano, nacido en Gerona, Josep Casadevall, y de la que formaba parte el ex secretario de Estado de Justicia en el último Gobierno socialista, Luis López Guerra, había condenado al Estado español por vulneración de derechos en el caso de la etarra Inés del Río.

Quiere decirse que hay muchas probabilidades de que la Gran Sala case la sentencia anterior, anulándola, dado que existe una larga jurisprudencia europea que otorga a los estados la competencia exclusiva de la interpretación de las normas penales en lo que se refiere a la ejecución de los beneficios penitenciarios. Sin necesidad de extenderse en los precedentes, cabe citar el del sicario chipriota Kafkaris, condenado a reclusión perpetua «hasta la extinción de la vida», aunque cuando cometió sus crímenes la pena máxima prevista era de 20 años de cárcel. Su recurso ante el Tribunal de Estrasburgo fue desestimado con el argumento de que «las cuestiones relativas a las modalidades de ejecución de la pena corresponden al poder que tienen los estados miembros de decidir su política criminal». Entendía el tribunal que una cuestión es la pena misma y otra muy diferente, la aplicación de los beneficios penitenciarios.

En el caso de la etarra Inés del Río, condenada a 3.000 años de prisión, no estamos ante una aplicación retroactiva del Código Penal, puesto que en ningún caso cumplirá más de los 30 años previstos por la legislación española de entonces, sino ante un cambio de criterio en el sistema de cómputo para la redención de penas.

Pero, junto a la argumentación jurídica, la representación española debería hacer llegar a la Gran Sala el convencimiento de que la llamada «doctrina Parot», avalada por el Tribunal Supremo y el Constitucional, y ya incorporada al corpus legislativo, no responde a una motivación coyuntural –la lucha contra el terrorismo etarra–, como han tratado de vender en Europa –al parecer con cierto éxito– los distintos sectores proetarras. No es, pues, objeto de negociación para el final del terrorismo, ni condiciona absolutamente la política penitenciaria. Es decir, que la supuesta anulación de la «doctrina Parot» no cambiará nada en relación con las exigencias de disolución de la banda y la entrega de las armas, aunque sí perjudica gravemente a la sociedad española, que tendría que admitir la puesta en libertad de los más indeseables asesinos.
 



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