AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 20  Marzo 2013

La falacia del bilingüismo
Juan Vte. Santacreu – Movimiento Masby   20 Marzo 2013

Dicen que cuando una mentira se repite muchas veces es para convertirla en verdad, pero no es del todo cierto, sólo se persigue que los ciudadanos la asuman como verdad incuestionable o lo acepten como dogma de fe. Llegados a este punto y una vez instaurado el engaño en la sociedad, muy pocos osarán rebatirla para no sentirse “bichos raros” o por miedo al ridículo social.

Después de 35 años de oír repetidamente una y otra vez los mismos mensajes estúpidos, los ciudadanos asumen y defienden el “plurilingüísmo” como si del traje invisible del emperador se tratara. La falacia duró hasta que un niño o un borracho –no recuerdo bien- empezó a “partirse” al ver al emperador en “pelotas”. Y aquí empieza la polémica. Unos siguen defendiendo la mentira porque no aceptan haber hecho el imbécil durante tanto tiempo, otros porque después de tantos años siguen viendo al emperador vestido, y muchos lo defienden porque han sido los sastres del timo.

¡¡Ciudadanos!! Los políticos os podrán someter, pero no perdáis la dignidad aceptando lo que no es, el bilingüismo es una falacia y no existe en ningún país del mundo. El bilingüismo es incompatible con la evolución natural de cualquier sociedad.

A continuación respondo algunas cuestiones –FAQ- que diversos grupos y/o ciudadanos nos hecho llegar Masby.

El Bilingüismo en Bélgica. No existe el bilingüismo en Bélgica. El 60% de belgas habla el flamenco y el 40% habla francés. Aunque aproximadamente del 80 % entienden las dos lenguas, -entender una lengua no es bilingüismo- ambos grupos se niegan hablarlas incluso a entenderlas como defensa a su propia identidad. La única salida política que tiene Bélgica es una segregación física por culpa de las lenguas.

El plurilingüísmo en Suiza. A diferencia de España, Suiza nunca ha tenido un idioma en común y por más que insistan los cavernícolas españoles en citar a Suiza como ejemplo del plurilingüísmo no es comparable a España.

Suiza nunca ha tenido una sola lengua. Ha aprendido a convivir con las tres por intereses políticos y económicos.

El plurilingüísmo no existe en Suiza, los ciudadanos tienen una sola lengua materna y conocen las otras, pero eso –insisto una  vez más- no es plurilingüísmo.

Las lenguas que conviven en Suiza y estudian los escolares no son lenguas muertas ya que fuera de Suiza tienen una utilidad práctica: Alemán, Francés, Italiano.

Con el estatus económico-social que tienen los Suizos por la cantidad de divisas que recibe el país por ser un paraíso fiscal, ningún suizo está interesado en cambiar la política lingüística. Yo tampoco lo estaría.

El Bilingüismo en Canadá. No existe el bilingüismo en Canadá. El idioma oficial es el inglés y en algunas zonas también el francés. La mayoría entiende los dos idiomas, pero ello no los convierte en bilingües. Ellos tienen que asumir esos dos idiomas porque históricamente han existido en esas respectivas regiones. Es el mismo ejemplo que tenemos en Europa, varios países conviviendo con varios idiomas vivos. La diferencia respecto a España, es que nuestro país históricamente ha estado configurado como un sólo territorio y con una sola lengua común. Evidentemente sin menospreciar los dialectos locales o lenguas muertas que se han hablado históricamente en ciertas regiones de España.

Diferencia entre lenguas vivas y muertas. Las lenguas vivas son aquellas que se enriquecen con nuevas palabras y modismos que la sociedad va incluyendo en las conversaciones coloquiales diarias. Al cabo de 5 años de utilización en la calle, la Real Academia Castellana, perdón, Española, las incluye como palabras de la lengua Castellana. Perdón, Española.

En cambio las lenguas muertas son aquellas que son incapaces de generar nuevas palabras por si mismas y son los organismos tribales los que las tienen que “fabricar” para posteriormente imponerlas a la sociedad tribal. Estas lenguas sólo tienen un interés político para legitimar a las Reinonas y separar a los lacayos en distintos feudos y así poderlos controlar mejor.

Bilingüismo. El bilingüismo no existe, sólo podemos encontrar en la práctica casos individualmente excepcionales. Todas las personas que hablan varios idiomas tienen uno sólo como idioma “maestro”. Es el idioma con el que sueñas o con el que sueltas un “taco” o exclamación, por ejemplo, cuando te haces daño. También es el idioma con el que tenemos mayor fluidez para redactar y expresar nuestros sentimientos.

Las lenguas son una riqueza cultural. Eso es cierto y como toda obra cultural deben estar en los museos para su estudio pero no para imponer su uso. Sería impensable imponer hoy en día la utilización de cuchillos de silex, ruedas de madera o hacer la colada en el lavadero municipal del pueblo. Eso pertenece a nuestro pasado cultural.

Las distintas lenguas enriquecen. Eso es mentira, si ello fuera así, la mayoría de pueblos africanos serían millonarios.

Las lenguas unen a las personas. Cierto, siempre que hablen la misma lengua.

Efecto del bilingüismo en los estudiantes catalanes. Hago referencia a Cataluña porque es la región de España que lleva más tiempo persiguiendo el español e imponiendo el catalán. Los jóvenes catalanes entienden español pero no lo comprenden. El 80 % de jóvenes de 20 años no tienen comprensión lectora de textos sencillos en español. Además son incapaces de expresarse correctamente en español y tampoco lo saben escribir. En contrapartida no mejoran mucho los resultados en catalán habiendo convertido este sistema educativo en analfabetos funcionales a varias generaciones de jóvenes catalanes.

Normalización lingüística. Creo que está todo dicho, si se quiere normalizar algo es porque no es normal. Cuando a los niños en la primera infancia se les imponen varios idiomas artificialmente se les pueden crear problemas de aprendizaje para toda la etapa escolar mutilando el desarrollo normal de su cerebro.

Véase el ejemplo de la política llevada a cabo con la asignatura del Conocimiento del Medio en Galicia, Vascongadas, Valencia, Baleares, Cataluña donde el fracaso de esta asignatura es alarmante por ser impartida en la lengua tribal. Un dato bien conocido por todos los profesores independientes del servilismo político.

Aprender un segundo idioma ayuda a aprender otros. Es cierto, pero si en lugar de utilizar los recursos, el tiempo y el dinero en una segunda lengua se utiliza para aprender un dialecto muerto se están perdiendo los recursos, el tiempo y el dinero.

Mensaje para los periodistas. Mi mensaje no necesita de cómplices villanos para defenderlo porque "La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad". Además, los que defendéis intereses políticos en lugar de defender la racionalidad y la unidad nacional estáis condenando a miles de compañeros vuestros, incluso a vosotros mismos a no poder trabajar en un tercio del territorio nacional por culpa de los dialectos tribales. La mentira del bilingüismo durará hasta que la verdad racional florezca.

El bilingüismo como germen del separatismo. Cuando a una región determinada se someten a los niños escolares durante dos o más generaciones a una identidad peculiar y una inmersión lingüista, la semilla del separatismo estará sembrada y germinará en el momento que esos niños sean adultos y puedan votar.

Por qué muchos padres eligen la línea educativa en la lengua local.  Los argumentos más conocidos que utilizan los equipos directivos son:

No hay plazas en lengua en castellano.
Las clases en lengua local tienen un ratio menor de alumnos.
Las clases en lengua local están mejor equipadas.
En la línea educativa en lengua local no hay gitanos ni inmigrantes.
El nivel educativo en la lengua local es mayor.
Los padres que eligen línea local son padres más preocupados por la educación de los hijos.
Aprender la lengua local facilita encontrar trabajo en el futuro.

Por cierto, si tanta riqueza son los dialectos tribales de España, ¿porque ningún hijo de político estudia en Catalán, Vasco y Gallego en lugar de estudiar Inglés, Francés o Alemán?. Y puedo añadir más, si tanto defienden los políticos la enseñanza pública, ¿por qué llevan a sus hijos a la enseñanza privada?.

Cuando en la educación priman los intereses políticos en lugar del conocimiento universal, el fracaso y abandono escolar está garantizado.

En Masby queremos afirmar una vez más que no estamos en contra de que existan lenguas locales para uso y disfrute de los ciudadanos, lo que estamos en contra es que se impongan políticamente creando barreras políticas y laborales a los 45 millones de españoles.

Masby denuncia "la falacia del bilingüismo en España"
El movimiento ciudadano rechaza la instauración "del bilingüismo que es una falacia y no existe en ningún país del mundo"
Redacción Estrella Digital 20 Marzo 2013

El movimiento ciudadano Masby denuncia una vez más los problemas con el bilingüismo y los dialectos en España. Además, Masby alerta de que en Galicia, País Vasco, Baleares, Cataluña y Valencia se "siguen gastando millones de euros de los ciudadanos en fomentar e imponer unas lenguas que sólo están al servicio de los intereses políticos".

Desde el movimiento ciudadano rechazan la instauración "del bilingüismo que es una falacia y no existe en ningún país del mundo. El bilingüismo es incompatible con la evolución natural de cualquier sociedad".

Denuncia y FAQ sobre el bilinguismo?
masby@reds?at.net 20 Marzo 2013

Este es un mensaje enviado a todos los Medios Comunicación y miembros del Movimento Masby

Hola, les adjuntamos tres archivos. Uno sobre las FAQ y dudas que muchos ciudadanos y grupos nos han hecho llegar a Masby sobre el bilingüismo y los dialectos en España. Damos respuestas breves y argumentos para que los profesionales de los Medios, periodistas y ciudadanos se planteen con objetividad el problema lingüístico que los políticos nos están sometiendo a todos los españoles, directa o indirectamente.

Los otros dos archivos son copia en distintos formatos sobre algunas de las subvenciones de la Generalidad Valenciana 2013 para el fomento e imposición del Catalán en Valencia.

Haciéndonos eco en Masby de diversos grupos de Galicia, Vascongadas, Baleares, Cataluña y Valencia denunciamos que todas estas Autonomías siguen gastando millones de euros de los ciudadanos en fomentar e imponer unas lenguas que sólo están al servicio de los intereses políticos.

Y por último denunciamos una vez más que en Galicia, Baleares y Valencia donde gobierna el PP “NO se pueden estudiar todas las asignaturas en español”. ¿Qué parte de esta frase no entienden los periodistas, ciudadanos y políticos?

Pueden utilizar toda esta información libremente como mejor les convenga.

Muchas gracias por su atención.

Juan Vte. Santacreu – Coordinador Movimiento Masby
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Déficit de ideas y de autoridad en Europa

Primo González www.republica.com 20 Marzo 2013

No está quedando claro en esta crisis de Chipre qué es lo que ha sufrido más, si la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los bancos o en las instancias de poder a la hora de resolver crisis de ámbito europeo o incluso simplemente nacional. Más que el temor al efecto contagio desde un país con muy escasa relevancia económica cuando se mide con respecto al conjunto de la UE, lo que ha sorprendido primero e irritado después a muchos ciudadanos es la reacción de las autoridades europeas ante la hipótesis de una incautación parcial de los depósitos bancarios para destinar el dinero a sanear las finanzas públicas del país. La gestión de la crisis, en suma, ha dejado al descubierto un importante déficit de ideas y de autoridad ejecutiva. Europa no está preparada todavía para hacer frente a crisis pequeñas. Para las grandes, mejor ni pensarlo.

Saltándose a la torera el respeto a un principio del que la UE presumía con razón desde hace unos año (la plena garantía y seguridad sobre los primeros 100.000 euros de dinero que todos los particulares puedan tener en los bancos), Europa ha convertido en papel mojado sus propias resoluciones. Esta era, además, una de las piezas emblemáticas de la cohesión financiera y bancaria europea. Mal vamos a esperar que el ambicioso objetivo de crear una unión bancaria pueda ser una realidad próxima, como se pretendía desde algunas instancias.

No se entiende bien cómo es posible que por una nimiedad de 6.000 millones de euros, las autoridades de la zona euro hayan admitido aplicar una disciplina que puede tener, y posiblemente las tenga, serias repercusiones en la actitud de los ciudadanos hacia los entidades financieras. Dentro del simbolismo que puede atribuirse a esta apropiación de dinero de los particulares depositado en los bancos, la posibilidad de que este mecanismo para financiar rescates de países acabe por aplicarse a otras crisis, ha convertido en peligroso precedente lo que no tendría que haber sido más que un uso improcedente del dinero de la población, con el agravante de que se ha intentado disponer del dinero sin distingo, en principio, entre los diversos niveles de renta.

Este amago de decisión va a quedar inscrito con letra indeleble en la historia de la Eurozona y desde luego no va a contribuir a mejorar la estima que los europeos tenemos hacia los dirigentes de la zona euro. Es cierto que las discrepancias internas entre las diversas instituciones comunitarias han sido bastante agudas. La forma en la que a partir de un momento dado todos los protagonistas del drama han pretendido endosarle la idea al vecino muestra la patética imagen de una organización en la que no existe una autoridad definida y capaz de proponer e impulsar decisiones susceptibles de inspirar confianza entre los europeos.

No hay abundancia de países en Europa en los que se puedan reproducir las circunstancias en las que se ha desarrollado el drama chipriota. Tampoco es habitual que un país cuente con un sistema bancario con un desarrollo superlativo, muy superior al tamaño del propio país. Tampoco se explica cómo es posible que Chipre se haya convertido en la encrucijada de los movimientos de capitales oscuros que se mueven por Europa, con la particularidad de que el país se ha convertido en una especie de paraíso fiscal a la medida de los intereses de un importante segmento de la clase dominante en Rusia, cuyos capitales han sido sorprendidos en posiciones poco ortodoxas.

Pero el hecho de que Chipre sea un caso inédito e insólito no ha dejado de provocar seria congoja en muchos ciudadanos, incluso en la élite gobernante y en el mundo de los negocios y en el sector financiero. La comunidad financiera e inversora europea ha reaccionado con cierta alarma. Los mercados han dejado bien claro que el desarrollo de los acontecimientos y la forma en la que los Gobiernos y las instancias comunitarias han actuado, les han preocupado mucho más que las consecuencias directas e inmediatas que la operación rescate ha suscitado. Muchos se han preguntado cómo reaccionará Europa cuando se produzca una crisis de cierta envergadura.

El alarmante corralito de Chipre pone las barbas de España a remojar
La quita decidida por la UE sienta un peligroso precedente, además de que pasará factura en los mercados. España no es Chipre, ni Grecia, ni Portugal, ni Irlanda ni…. ¿cuántos nos quedan?
Miguel Ángel González www.elsemanaldigital.com  18 Marzo 2013

A pesar de las negativas de los gobiernos de distintos colores sobre la imposibilidad de que en Europa pudiera llegar a producirse un "corralito", lo cierto es que ya lo tenemos aquí. Por más que se diga que el término corralito no es aplicable a la situación que se producirá en Chipre a partir de este miércoles, cuando se abran de nuevo los bancos, lo cierto es que habrá un intento de los ahorradores por retirar sus depósitos y una incapacidad real de hacerlo, como consecuencia de las medidas tomadas por el Eurogrupo al aprobar el rescate de 10.000 millones de euros para la banca chipriota.

La medida de mayor impacto, recordemos, se refiere al "impuesto" sobre los depósitos que, en un primer momento, se fija en el 6,75% para depósitos inferiores a 100.000 euros, y de un 9,9% para depósitos superiores a esa cantidad. Al objeto de "dulcificar" de alguna manera esta medida, y poder conseguir su aprobación en el Parlamento, se negocia un cambio en estos tipos aplicables, de manera que el 6,75% pasaría a ser del 3% y el 9,9% pasaría al 12,5%. El motivo de este posible cambio, desde la óptica interna, es claro: en los importes menores los afectados serán mayoritariamente ciudadanos chipriotas, en los importes mayores lo serán en mayor medida los extranjeros, especialmente los oligarcas rusos; de manera que, para consumo interno, se puede vender que una buena parte del coste del rescate lo asumen los extranjeros.

Lo que ha ocurrido con la banca chipriota, cuyo volumen es absolutamente desproporcionado en relación a su PIB, ya empezó a dar signos de alarma hace meses, y la pregunta es ¿por qué en este caso, a diferencia de otros rescates, se ha optado por penalizar al depositante? Adicionalmente cabría preguntarse qué consecuencias puede tener esta decisión para el resto de los países de la UE.

Resulta sorprendente, en cualquier caso, ver ciertos posicionamientos de algunos analistas, que en su día decían que la ayuda pública a los bancos no debió producirse y que los problemas de cada entidad tendrían que resolverlos ellos solos o dejar caer a los que no pudieran seguir adelante. Digamos que si lo que se ha hecho en este caso es hacer pagar a los propios clientes de los bancos, podríamos decir que nos acercamos a la postura de quienes defendían aquello de que no podemos pagar todos con dinero público los desmanes de algunos.

Sin embargo, ni los posicionamientos ni las explicaciones pueden ser tan simples. Por una parte, además de pagar los depositantes, la UE inyecta 10.000 millones de euros como rescate, lo cual, para una economía como la de Chipre, no es una cifra menor. Pero, por otra parte, aquellos que entienden que los bancos deben asumir sus propios problemas, sin recurrir a la ayuda pública, lo último que pueden esperar es que se salte la lógica y la norma en las situaciones de quiebra, y concretamente el orden de prelación de los pasivos bancarios.

Según este orden, y en sentido inverso, los primeros que pagan los platos rotos son los accionistas, en segundo lugar los titulares de acciones o participaciones preferentes, le siguen la deuda subordinada, la deuda junior, la senior, los pagarés, las cédulas hipotecarias y, por fin, y en último lugar, los depósitos. Con una particularidad importante, son precisamente los depósitos los que, supuestamente, están garantizados a nivel nacional, por los Fondos de Garantía de Depósitos, hasta 100.000 euros por titular. Muchos se acordarán en estos días del lento caminar que lleva la futura Unión Bancaria, que podría propiciar, entre otras cosas, la existencia de un fondo de garantía común.

La trascendencia del caso chipriota tiene que ver con la inseguridad jurídica que queda para el resto de los países: si resulta que los ahorradores confían en que sus depósitos están garantizados y, de la noche a la mañana, descubren que no es así, lo menos que pueden percibir, además de una gran indignación, es un fuerte temor sobre la seguridad de sus ahorros.

Por esta circunstancia los "genios" del Eurogrupo han ocultado la realidad de lo que se está haciendo, que es simple y llanamente una quita, y lo disimulan bajo el paraguas de un impuesto "temporal"; o sea dando ideas a Montoro. Y luego, para decir que no estamos ante un corralito, lo que aseguran es que lo de cerrar los bancos el martes (este lunes era festivo en Chipre) es para evitar aglomeraciones y clarificar la propuesta en el Parlamento, y lo de no poder retirar todo el dinero es solo para preservar que se mantiene el importe previsto para el citado impuesto... Luego dicen que a los depositantes les darán acciones de los bancos: menudo chollo.

En estas circunstancias, al menos en el corto plazo y hasta que las aguas se calmen, está claro que la situación chipriota pasará factura en los mercados, con lo cual, y de rebote, todos nos veremos afectados, incluso con el encarecimiento de nuestra deuda, para próximas emisiones, por incremento de la prima de riesgo.

Capítulo aparte merecen los oportunistas, que ahora dicen que eso pasa por tener el dinero en depósitos, que hay productos que no se ven afectados, que si los fondos de inversión… como si los demás estuvieran exentos de riesgos. Recuerdo aquí el decálogo para inversores no expertos que publiqué en este mismo blog. En momentos de indecisión es conveniente tener en cuenta algunos principios básicos.

Volvemos a los comentarios de algunos analistas. En su día alabaron la salida a la crisis del sector financiero que se produjo en Islandia, donde llegó a producirse un referéndum para evitar que el coste del ajuste no fuera contra las cuentas públicas y que los bancos soportaran los quebrantos. Gran decisión la que se tomó entonces, pero con un matiz que no se suele explicar, y es que la mayor parte de los "paganinis" de aquel desajuste que, como ahora en Chipre, afectó a los ahorradores, fueron británicos, holandeses y alemanes. Lo de decidir que cada palo aguante su vela, sabiendo de antemano que a ti te toca bien poco, no es una decisión difícil.

Probablemente en el caso de Chipre, si se confirma la penalización a los importes mayores, se pretenda también, según comentaba arriba, que paguen los rusos. Pero la realidad es que, con independencia de quien pague la factura, lo cierto es que el tipo de medidas que se han decidido en este caso suponen un peligroso precedente que dará lugar, ya lo veremos, a continuos desmentidos de nuestros políticos: España no es Chipre, ni Grecia, ni Portugal, ni Irlanda ni…. ¿cuántos nos quedan en la lista?

En fin, la situación en Chipre, según su presidente, es que solo se pudo elegir entre la quiebra y la quita; vamos, como aquello de entre el susto y la muerte. Pero las quitas no se han hecho sobre otros intereses más poderosos que los de simples ahorradores, así que es seguro que había otras alternativas: pues haber elegido susto.

Chipre, o por qué la economía actual se basa en la credulidad
Antonio España El Confidencial 20 Marzo 2013

Probablemente, les suene a ustedes un personaje muy conocido en el mundo anglosajón, llamado Humpty Dumpty. Con forma de huevo y rasgos humanos, protagoniza una rima infantil inglesa que, en apenas cuatro versos, nos cuenta cómo, tras caer desde lo alto de un muro, “ni todos los caballos, ni todos los hombre del rey” pudieron recomponerlo. Tratándose originalmente de una adivinanza, en la actualidad suele emplearse para transmitir la idea de que hay cosas que no se pueden reconstruir una vez que se han roto. Pues bien, con su intervención en el rescate a Chipre, los eurócratas y el FMI parece que han destruido la confianza de los europeos en la seguridad de los depósitos bancarios. A ver ahora cómo la recomponen.

Porque, por mucho que quieran disfrazarlo de impuesto a la riqueza e intentar venderlo con otro nombre, lo que se ha establecido en Chipre es un corralito en toda regla. Imagínense que tienen en su casa a unos ladrones rebuscando entre sus cosas a placer, mientras ustedes esperan en el descansillo, sin poder entrar a su hogar y sabiendo que dentro los están desplumando. ¿Cómo se sentirían? Pues así deben de sentirse los depositantes chipriotas, que no pueden acceder a sus ahorros en el banco desde el pasado viernes y aún no saben cuánto les van a requisar.

Aunque parece que ha quedado abierta la veda contra los depositantes, se antoja muy improbable que en España se imponga una medida similar a corto plazo. Tres son los motivos fundamentales: (1) el rescate a Chipre, con la clientela rusa de su sector bancario y las sospechas que penden sobre la isla como centro de blanqueo de dinero, tiene unas connotaciones geopolíticas que no se dan en el resto de países de la Eurozona; (2) el tamaño del sistema financiero de la isla permite ciertos experimentos, aunque sean con nitroglicerina, que no son planteables en el caso de España, que puede acabar con el euro en cuestión de horas; y, además, (3) hay importantes diferencias cualitativas en la estructura de los balances de los bancos españoles y chipriotas que condicionan las medidas para su recapitalización.

Ahora bien, aun cuando no es necesario que vayamos todos corriendo a sacar el dinero del banco, la experiencia de Chipre nos enseña unas lecciones que bien haríamos en no olvidar en el futuro.

La primera es que, con políticos de por medio, nunca hay nada garantizado. En efecto, recuerden que la deuda soberana era segura, hasta que dejó de serlo con el rescate a Grecia y el haircut forzoso a los tenedores privados de bonos helenos -que es lo que se ha llevado por delante a los bancos chipriotas, por cierto-. De igual forma, nos han venido repitiendo hasta la saciedad que, por debajo de 100.000 euros, los depósitos estaban asegurados en toda la Eurozona. Hasta que han dejado de estarlo este fin de semana con el rescate a Chipre.

Es decir, los políticos son especialistas en dibujar líneas rojas para posteriormente traspasarlas. Han acabado con la confianza -y a punto están de hacerlo con la paciencia- de los ciudadanos.

La segunda lección es la tremenda fragilidad de la propiedad privada. Nos levantamos cada mañana para ir a trabajar -los que tenemos la suerte de tener aún un empleo-, nos dejamos media vida en la oficina, en la fábrica, en la carretera, en el campo, etc. para acumular algo de ahorro con que proveer el futuro nuestro y el de nuestros hijos y, de repente, ¡zas! de un plumazo los políticos nos requisan el fruto de nuestro esfuerzo para cubrir los agujeros que han provocado con su gestión.

¿En qué momento acordamos concederles esa cantidad tan enorme de poder? ¿Pensábamos que estábamos libres del ¡Exprópiese! chavista? Pues es eso lo que han hecho en Chipre.

Y la tercera enseñanza que debemos extraer es la inestabilidad intrínseca del sistema económico que políticos, ingenieros sociales y economistas han diseñado, alterando los cauces naturales del proceso de mercado. En un mundo de políticos poco fiables, y a cuya merced nos encontramos sobre la base de una supuesta legitimidad democrática, toda la estructura productiva se asienta en un dinero que es ficticio y en un sistema financiero que es insolvente, ambos al albur del capricho político y de los juegos de alquimia de los economistas que le ofrecen el sustento teórico (Monetae Mutatione, "¡Por favor, dejen de manipular la moneda!", 20/9/2011 y "Acabemos con la reserva fraccionaria", 4/10/2011).

Seguramente, han oído más de una vez que la economía se basa en la confianza. Que la crisis es un problema de falta de esta, que en cuanto se recupere el crédito comenzará a fluir de nuevo, los empresarios volverán a invertir y crear empresas y los consumidores retomaremos nuestras ansias de comprar como si no hubiera un mañana. Pues bien, ¿saben qué les digo? Que más que en la confianza, la economía moderna se basa en la credulidad. Y episodios como el de Chipre nos enfrentan cruelmente a la realidad -al igual que los venezolanos sufrieron recientemente en sus carnes la realidad de una devaluación-.

Las transacciones comerciales hoy en día las realizamos porque creemos que el dinero que recibimos a cambio de nuestros bienes y servicios va a mantener su valor en el futuro cercano. Ahorramos en el colchón porque creemos que el dinero atesorado tiene un valor, aunque no sean más que papeles o bytes sin ninguna contrapartida material. Dejamos nuestro dinero depositado en el banco porque creemos que, vayamos cuando vayamos, vamos a poder recuperarlo y nadie va a negarnos lo que es nuestro.

Un sistema de libre mercado claro que requiere confianza. Es esencial tener la certeza de que se va a respetar la propiedad privada, de que no se van a cambiar las reglas del juego a medio partido y que los contratos, voluntariamente acordados, van a ser cumplidos por ambas partes. Y, por ello, son esenciales las instituciones que velan por que se cumplan estos requisitos.

Pero en el sistema intervencionista actual, no sólo hay que tener confianza; por lo que hemos visto, hay que tener además una fe infinita en el Estado. Y la cuestión no es que, una vez rota, “ni todos los caballos, ni todos los hombre del rey” puedan restaurar la confianza: la cuestión es que son precisamente los hombres del rey, esto es, los políticos y eurócratas, los que se empeñan una y otra vez en quebrarla.

Lo que me maravilla es que aún haya quien pida más Estado, más intervención, más impuestos, más impresión de moneda, etc. En definitiva, más fe en los políticos y en un sistema económico diseñado a su conveniencia.

La Europa de los ladrones
Francisco Rubiales Periodista Digital 20 Marzo 2013

Vergüenza debería darle a los actuales dirigentes europeos que Vladimir Putin, un antiguo KGB mal reciclado en demócrata, critique el rescate de Chipre y lo califique de “peligroso, injusto y no profesional”, demostrando ser más demócrata que la Merkel, Hollande, Rajoy y los demás sátrapas que han metido la mano en el bolsillo de los chipiotras para robarles sus ahorros, violando así la seguridad jurídica y las leyes de la Unión.

Tiene razón el primer ministro ruso Medvédev cuando afirma que la quita "se asemeja a una simple confiscación de dinero ajeno", una forma elegante de llamar "ladrones" a los políticos de la Unión Europea. Que Rusia, un país que convive fácilmente con la corrupción en todas sus vertientes, de lecciones de honradez política y ética financiera a los actuales líderes europeos es un síntoma alarmante de que la Unión Europea es ya una verdadera pocilga.

El paso dado por Europa en Chipre es peligroso y mas propio de delincuentes que de políticos democráticos. La "confiscación" de parte de los ahorros depositados en los bancos viola la normativa europea, que protege los depósitos bancarios, y genera dos males terribles: inseguridad ante el sistema financiero y desconfianza en unos políticos que cada día se asemejan más a los cuatreros del viejo Far West.

El primer ministro de Luxemburgo, Jean Claude Juncker, resume perfectamente la situación creada tras el robo de Chipre: "Tengo una gran preocupación de que se produzca un derrumbe de la confianza, no solo entre los bancos, sino también entre los ciudadanos". Juncker fue hasta enero jefe del Eurogrupo.

La Unión Europea ha cometido un error grave al ordenar el robo del dinero de los ahorradores chipiotras. Tal vez sin pretenderlo, Bruselas, bajo el liderazgo de Alemania, ha descubierto su alma de pirata y su sucio patrocinio de la injusticia. Lo justo sería que pagaran los gestores y no los ahorradores, los políticos que deciden y no los ciudadanos que obedecen. Cuando esas leyes básicas no se respetan, se viola la legalidad, los mandatarios actúan como canallas y se pierde la legitimidad. A partir de ahí todo es injusto. El PP, en España, ha demostrado la suciedad de su alma al justificar el atraco al ciudadano en Chipre, lo que aconseja esperar que cualquier día también ellos nos roben aquí. Cuando se gobierna desde la injusticia, la respuesta debe ser la lucha, nunca la sumisión. Europa puede y debe rectificar, si no quiere verse envuelta en la ignominia y provocar el desprecio y la rebelión ciudadana contra sus inicuas élites dirigentes.

Primero se habló de la Europa de los Estados; después de la Europa de los Pueblos; mas tarde de la Europa de los Ciudadanos; después parecía que se imponía la Europa de los Gobiernos; Finalmente empezó a hablarse de la Europa de los Mercados; hoy, después del robo perpetrado en Chipre, donde, por orden de Bruselas, han robado dinero a los ciudadanos que depositaron sus ahorros en los bancos, habrá que hablar de la Europa verdadera: la "Europa de los Carteristas".

Voto en Blanco

La gallina, mamífero LOGSE
Javier Orrico Periodista Digital 20 Marzo 2013

Aquellos grandes maestros de mi infancia, que sabían de todo y eran capaces de meter la Enciclopedia Álvarez en unos caletres, los nuestros, que sólo pensaban en el partido de fútbol del recreo, se encontrarán hoy arrebatados de vergüenza al comprobar lo que ha sido de su antigua y noble profesión. La Comunidad de Madrid, al dar a conocer los resultados de las oposiciones –nombre simulado, se trata de procesos amañados para regularizar interinos- para maestros del 2011, ha hecho público lo que sabíamos: que los cuerpos de profesores en España, desde la universidad a las escuelas, pasando por los institutos, han sido corroídos por el nepotismo, la estupidez (socialista) y la cobardía (popular), y, sobre todo, por las teorías pedabobas, que, emitidas como plagas desde las facultades de Educación y Psicología, han destruido la figura y la competencia de los profesores. Para lo cual acabaron, vía complicidad de sindicatos y políticos, con oposiciones y exámenes, empezando por la propia universidad.

Para quienes no lo sepan, el sistema de oposiciones desapareció ne la práctica de las universidades españolas hace treinta años, para ser sustituido por un simulacro que siempre gana el candidato del departamento de turno. En la Primaria y las Enseñanzas Medias aún existen procesos con ese nombre, pero los cierres de listas autonómicas (el que está dentro se queda para siempre, aunque saque un cero en el examen), con la excusa de eliminar a los candidatos de otras comunidades, ha llevado a su absoluta corrupción.

Es cierto que esta es otra de las consecuencias de los privilegios nacionalistas (un maestro mallorquín o catalán o vasco o valenciano o gallego, se puede presentar en toda España, pero un español no puede presentarse en sus ‘países’, con la lengua como requisito filtrante) y el resto de comunidades se vio obligada a defenderse. Lo grave es que se ha acabado defendiendo a unos interinos que se perpetuaban en las listas sin hacer nada, impidiendo el acceso de los mejores estudiantes de sus territorios. Hasta el punto de que, para los interinos, ha sido eliminada la prueba antaño esencial llamada ‘encerrona’: la defensa de un tema ante el tribunal, sustituida por un ‘informe’ del centro donde han ejercido, sorprendentemente favorable siempre.

El caso de los maestros es el más sangrante de todos, cuando es el trabajo esencial de un sistema educativo: los cimientos. Además de lo dicho, es que las leves pruebas de conocimientos para maestros (no eliminatorias, hasta que Madrid las cambió) no versan sobre verdaderos conocimientos, sino sobre pedagogías y didácticas, valoraciones sobre lo que llaman áreas (asignaturas), pero ninguna comprobación verdadera de si saben algo sobre lo que tienen que enseñar, y no sólo cómo enseñarlo. La tarea de los pedagogos, que nada conocen (sólo saben de ‘cómos’, dicen, pero no de ‘qués’), ha sido eficacísima para encumbrarse como comisarios de toda la educación española. Hoy ya son, vía plan Bolonia, hasta los nuevos amos de la Universidad.

No se extrañen, pues, de que los maestros no sepan. Nadie les enseña más que didácticas vacuas. El profesor ya no es el que sabe y transmite, porque la bobogogía estableció desde la LOGSE que el profesor ya no ha de ser culto, ni saber demasiado, pues que ya no es otra cosa que “el acompañante implementador de estrategias para la adquisición autónoma del conocimiento por el joven y la jóvena”. Hablan así, de capacidades y competencias, y en eso adoctrinan a los pobres magistriles. Hace 22 años que publiqué “La LOSA que viene”, sobre la reforma socialista, uno de los primeros artículos de lo que luego sería mi libro “La enseñanza destruida”. La losa ya ha venido. La mediocridad general de España, de los políticos, de los periodistas, de los jueces… está resumida en esa prueba para maestros que ha escandalizado a un país de hipócritas y avestruces en el que hay mucha gente que conocía la situación, y ninguna, salvo la Comunidad de Madrid, que no parece del PP, dispuesta a hacerle frente. Sólo el 13% de los opositores superó un examen concebido para niños de 12 años. Pero eso no es lo más grande. Lo grande es que 3.800 de los que escribieron “bolcán” o definieron escrúpulo como “salida del sol” o “atardecer” (no negaré que me he divertido mucho con algunas de las respuestas), se quedaron en la lista de interinos por encima de los que aprobaron, y ese año pudieron enseñar que “la gallina es un mamífero”.

Rajoy se crece frente a Mas
Pablo Sebastián www.republica.com 20 Marzo 2013

Artur Mas, cegado por el espejismo de la manifestación de la Diada (los mismos que pocos meses después le dieron la espalda en las urnas) se lanzó al vacío y sin paracaídas sobre el pantano de la independencia catalana, enfrentándose a varios enemigos poderosos a la vez: la crisis económica, el sentido común, el Estado español, la UE y la verdad. Y ahora empieza a darse cuenta de su inmenso error y está acorralado en el bunker de su locura y desmedida ambición. A su principal adversario, Mariano Rajoy, al menos en esta porfía le van las cosas mucho mejor y está sentado y a la espera de la claudicación o de la rendición de CiU y de Artur Mas.

A la vista de como marcha este fallido proceso catalán se puede decir que al presidente Rajoy en algunos casos le ha funcionado bien su inmovilismo frente a los grandes problemas del país. En realidad sólo el ajuste del déficit y la petición del rescate bancario a la UE han sido sus dos movimientos o decisiones más importantes e ineludibles porque corría el riesgo de la quiebra del Estado y del rescate de la deuda pública española por parte de la UE. Pero de momento Rajoy se ha salvado del peligro y ahora -con más ajustes en pensiones y en jubilaciones- está a la espera de encontrar brotes verdes a finales del presento año, o en 2014, lo que supondría alcanzar la orilla de su salvación.

Sin embargo, en el resto de cuestiones económicas y políticas, el “no hacer nada” habitual de Rajoy” no le ha pasado factura política al presidente del Gobierno. Al contrario, parece que su inmovilismo daña más a sus adversarios que a él. Basta ver la lamentable situación de Rubalcaba en el PSOE, o la de Artur Mas en Cataluña con graves problemas para su estabilidad política, aprobar los Presupuestos de 2013, pagar las facturas y mantener vivos sus planes para la independencia catalana que por ahora parecen encallados por las tensiones con sus socios de ERC y también por la crisis abierta en la dirección de Convergencia, tras la reciente dimisión de Oriol Pujol. Hasta los variados problemas del monarca han beneficiado a Rajoy.

Sin embargo, en Cataluña es la insostenible crisis financiera, la que sirvió de argumento a Mas para jalear la independencia al grito de “España nos roba”, la que se convirtió en la aliada de Rajoy y la que está provocando un ruidoso final de la aventura secesionista de Mas y su gobierno que ya tienen una deuda superior a 50.000 millones de euros, que no pueden pagar sus facturas ni aprobar sus Presupuestos, lo que tarde o temprano le acabará costando la cabeza a Mas. El que además perdió su relación privilegiada con los poderes económicos de Cataluña, tras firmar un pacto con ERC, que veremos lo que dura.

Naturalmente, el regreso de Artur Mas al redil de la legalidad y al diálogo con Rajoy -público o secreto- tiene un precio para el catalán: dinero. Los políticos catalanes todo lo arreglan con dinero, previa amenaza de independencia y una exhibición de deslealtad a España. Pero esta vez fueron demasiado lejos y el presidente Rajoy debería enseñar ahora sus propias facturas, empezando por la inconstitucional declaración de soberanía aprobada por el parlamento catalán y siguiendo por el famoso referéndum ilegal de autodeterminación, al que se subió el PSC, regalando a Rajoy la ruptura con el PSOE de Rubalcaba.

Lo que no puede ocurrir es que Rajoy le conceda a Mas las ayudas fiscales y financieras que solicita y una vez que su gobierno salga del brocal del precipicio los nacionalistas de CiU regresen al independentismo. Bastante han financiado ya los ciudadanos españoles -a través de entidades financieras y empresas catalanas- el independentismo catalán como para que ahora sea el gobierno de la nación el que les de un plus de crédito y ayudas para que pueda reanudar ese camino.

De manera que mucho cuidado con el próximo encuentro, a la vista o en secreto, de Rajoy y Mas en el que ambos tienen más que ganar que perder, empezando por el gobierno de Madrid al que una quiebra catalana le provocaría un grave problema en la UE y frente a los mercados, ya bastante excitados con la crisis de Chipre que ha dejado en paños menores a la UE. No obstante los peligros de la deuda española no están acabados, como tampoco los están los problemas de Rajoy con Bárcenas en el seno del PP, aunque el presidente confía en la lentitud de la Justicia y en el convencimiento de que si su ex tesorero le ataca tendrá poco que ganar (salvo el placer de la venganza) y si mucho que perder, ante la agresividad del ministerio fiscal.

Por el momento a Rajoy las cosas no le van mal a la vista de cómo le van a todos los demás, aunque eso no es liderazgo ni mucho menos triunfar. Porque España sigue sumida en un mar de problemas que no parecen tener final.

La normalización radical por inmersión
Manuel I. Cabezas González www.vozbcn.com 20 Marzo 2013

El menú de la normalización lingüística flexible, racional y razonable, que presentamos en nuestra última entrega, no sació el hambre ni satisfizo las expectativas y las previsiones de los nacionalistas de CiU, en el poder, en Cataluña, desde el principio de la Transición. En efecto, como dijimos, para los nacionalistas de derechas, de centro o de izquierdas, el ritmo de la normalización fue considerado demasiado lento y, además, los resultados no fueron los esperados.

Por eso, se impuso la receta del café para todos, contenida en los decretos de bilingüismo (1992), modificados, actualizados y consolidados con tres textos legales, de rango superior y de la máxima importancia: la autonómica Ley de Política Lingüística (1998), el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006) y la autonómica Ley de Educación de Cataluña (2009). Esta fórmula del café para todos provocó un cambio radical de paradigma metodológico: de la normalización lingüística flexible (triunfo de las tesis de Rosa Sensat), pensada en función de los padres y alumnos, se pasó a la normalización radical por inmersión lingüística para todos (victoria de las tesis de Òmnium Cultural), adoptada en función de los intereses y las urgencias de los políticos nacionalistas y no para satisfacer las necesidades de los padres y de los alumnos. Así, como ha escrito certeramente Xavier Pericay, ‘la Administración autonómica compensaba a fuerza de ley y de decreto lo que la realidad imponía, por hache o por be, con su propia lógica’.

Esta normalización radical por inmersión representa una discriminación en toda regla del español en el sistema educativo de Cataluña. En 1992, en efecto, con los decretos de bilingüismo, de la mentira según la cual la lengua propia de Cataluña es el catalán, se dedujo que el catalán es la única lengua vehicular de la enseñanza no universitaria. Ahora bien, esto implicaba la eliminación de toda enseñanza en español, ya muy minoritaria en 1992. Sin embrago, se reconoce que se respetarán los derechos lingüísticos individuales de los alumnos que, en realidad, al no ser respetados, provocaron protestas, manifestaciones, denuncias, etc. por parte de los padres de los alumnos cuya lengua propia era el español.

En 1998, con la autonómica Ley de Política Lingüística, se reitera la mentira según la cual el catalán es la lengua propia de Cataluña; y, por lo tanto, es la lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria. Además, se vuelve a reconocer que los alumnos tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, sea ésta el catalán o el español, pero los padres no pueden indicarlo al haber sido suprimida la casilla correspondiente, en los impresos de inscripción. Este derecho se sustancia, para los alumnos hispanohablantes, en la fórmula de la atención individualizada, como sucedáneo a la enseñanza en español o a una enseñanza bilingüe. Esta alternativa provocó nuevas protestas, manifestaciones, debates mediáticos, reclamaciones y denuncias ante el Defensor del Pueblo, y demandas judiciales. Sin embargo, con esta ley se consolida la privación del estatus de lengua vehicular para el español, al tiempo que se convierte en una asignatura más y con menos dedicación horaria (2 horas a la semana) que la lengua extranjera (3 horas a las semana).

En 2006, el nuevo Estatuto de Autonomía recoge y reitera todo lo conseguido en materia lingüística, al tiempo que hace aportaciones nuevas para preparar y fundamentar futuros desarrollos legales y nuevas exigencias e imposiciones lingüísticas. Así, por ejemplo, los ciudadanos de Cataluña tienen no sólo el derecho sino también, por primera vez, el deber de conocer el catalán; y, por lo tanto, el derecho a recibir la enseñanza sólo en catalán y no en español. A pesar de esto, al final de la escolaridad, los alumnos tienen también el derecho y el deber de conocer, con suficiencia oral y escrita, el catalán y el español. Para ello, el catalán y el español deben tener una presencia adecuada en los planes de estudio; y se debe prever un apoyo lingüístico especial, si no se consigue con normalidad la enseñanza en catalán.

Ante estas previsiones estatutarias, surgen muchas preguntas: ¿Cómo compaginarlas con el derecho a no ser discriminado por razones lingüísticas, si los alumnos hispanohablantes lo son? ¿Por qué, en otros ámbitos, existe el derecho de opción lingüística, pero no en el ámbito de la enseñanza no universitaria? Si existe una competencia compartida entre la Generalidad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en materia de enseñanza, ¿por qué la oposición enconada de la Generalidad a la tercera hora de castellano? ¿Cómo conseguir un nivel de competencia adecuado en español, al final de la enseñanza, si la dedicación en el horario al español es inferior a la de la lengua extranjera y si ha perdido el estatus de lengua vehicular de la enseñanza?

En 2009, la autonómica Ley de Educación de Cataluña (LEC) desarrolla las previsiones estatutarias y ofrece una síntesis acumulativa de las discriminaciones contra el español. Ahora bien, se añaden otras nuevas y se consolidan las viejas. Por un lado, la Generalidad se arroga el derecho exclusivo de determinar el currículo de la enseñanza de las lenguas, en contradicción con la legislación de ámbito estatal; esto ha provocado la discriminación positiva del catalán y la marginación del español. Por otro lado, se prevé que, al final de la ESO (16 años), los alumnos deben tener el pleno dominio de las dos lenguas oficiales (catalán y español); ahora bien, como hemos verbalizado ut supra, ¿cómo conseguir esto en español, si éste ha sido eliminado como lengua vehicular y si su horario ha sido reducido a sólo 2 horas semanales? Se continúa hablando de atención individualizada para los alumnos que tienen el español como lengua propia; sin embargo, se deja de hablar de que los niños tengan derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual; discriminación al canto de los niños hispanohablantes.

Se discrimina también positivamente la lengua extranjera, al atribuirle carácter de lengua vehicular y al dotarla de 3 horas semanales de clase; estatus y horario que se niegan al español. Por lo que respecta a la formación continua del profesorado de catalán, la Generalidad debe actualizar sus competencias lingüísticas y proporcionar las herramientas didácticas que faciliten la enseñanza del y en catalán; del reciclaje de los profesores del español no se habla, lo que constituye una nueva discriminación. Al referirse al proyecto lingüístico de centro, la LEC se refiere al catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, a la enseñanza de y en lengua extrajera y sólo a la enseñanza-aprendizaje del español; aquí, también se discrimina al español. En la LEC, se utiliza, por primera vez, la expresión ‘programas de inmersión lingüística’ -aunque se venían aplicando desde 1992, referidos sólo al catalán- programas a los que deben estar subordinados los horarios para asegurar su éxito; de nuevo, una flagrante discriminación del español.

A pesar de que todo debe ser realizado en catalán (enseñanza-aprendizaje y gestión de los centros), en la LEC se recoge que las lenguas no oficiales pueden ser también utilizadas en las comunicaciones de acogida de los recién llegados; esto implica una nueva discriminación del español, lengua oficial de los recién llegados de otras regiones de España. Una nueva discriminación del español se sustancia cuando la LEC habla de los acuerdos de colaboración entre los centros escolares y el entorno para conseguir coherencia y continuidad entre la enseñanza y el uso del catalán. Finalmente y sin ánimo de ser exhaustivo, en Bachillerato se atribuye a la lengua extranjera el carácter de lengua vehicular para algunas materias no lingüísticas, mientas que el español queda reducido a una simple asignatura de 2 horas semanales. De discriminación a discriminación y tiro porque me toca.

Para materializar los preceptos de los textos legales precitados, que preconizan una inmersión precoz, total y obligatoria, los responsables de la política educativa y lingüística de Cataluña importaron, sin la preventiva y salutífera cuarentena, sólo uno de los programas canadienses de inmersión: la inmersión precoz y total. Ahora bien, los responsables políticos y sus cooperadores necesarios, los asesores técnicos, no se han dado cuenta o, más bien, no han querido ver que las condiciones de Quebec y de Cataluña son totalmente diferentes e incluso, podríamos decir, antagónicas. Por eso, podemos aseverar que, en Cataluña, se han desvirtuado dichos programas y se han utilizado con fines políticos y no pedagógicos, ni altruistas.

Coda: “Je ne demande pas à être approuvé, mais à être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire”, (Charles Nodier).
Manuel I. Cabezas González es profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

Los verdaderos motivos
Convergència busca un acuerdo con Madrid para tapar sus vergüenzas
J. J. E. www.gaceta.es 20 Marzo 2013

Las investigaciones policiales sobre el clan Pujol ponen contra las cuerdas a Mas y su proyecto separatista. Los Pujol ofrecen, entre otras cosas, retirar las querellas contra periodistas de ‘El Mundo’.

El súbito interés del Gobierno catalán por buscar un acuerdo con Madrid no es inocente. Según ha podido saber LA GACETA, detrás de él está, muy en primer lugar, el horizonte judicial de la familia Pujol, que pinta más bien complicado. La imputación de Oriol Pujol por el caso ITV no ha hecho sino acelerar las cosas. Sobre el papel, Mas está ahora proponiendo a Rajoy una “relajación” en sus aspiraciones secesionistas a cambio de ayuda financiera para salvar a Cataluña del naufragio. Pero por debajo de la mesa hay otras dos piezas: una, las investigaciones policiales sobre la fortuna de la familia Pujol; la otra, en contrapartida, la retirada de las querellas que los Pujol han planteado (y van a plantear) contra periodistas del diario El Mundo.

La pista la dio hace pocos días el ministro del Interior, Jorge Fernández, al asegurar que tiene en sus manos “una investigación del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales relacionada con la empresa Europraxis Group”, empresa que estuvo gestionada por Josep Pujol, uno de los hijos del ex presidente de la Generalitat, hasta que la vendió en 2003. Obra también en poder del ministro del Interior “la investigación realizada en el seno de las diligencias previas 3.761/12 de las que conoce el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo así como otras investigaciones relacionadas con la empresa Alta Partners y otras sociedades”. El Juzgado de Lugo es el que investiga la trama de las ITV, que le valía ayer a Oriol Pujol -otro hijo de don Jordi- la imputación como “colaborador necesario”. Alta Partners es una empresa vinculada directamente al propio Oriol; de hecho, su esposa aún trabaja ahí.

Jorge Fernández tiene más cosas en sus manos. Tiene, por ejemplo, “información de testigos protegidos relacionados con las titularidades de cuentas en la entidad HSBC en Suiza que por razones obvias no puede ser objeto de mayor concreción en estos momentos por estar en avanzado estado de judicialización”. Esos testigos son en realidad el informático de la HSBC Falciani, que está entregando al Gobierno español abundante información sobre titulares españoles de cuentas en Suiza. Y por si esto fuera poco, a finales del pasado mes de noviembre Jorge Fernández recibía un informe sobre “las líneas investigación abiertas como consecuencia de declaraciones de testigos y otras fuentes sobre comisiones financieras en diferentes entidades bancarias y su relación con el cobro de comisiones ilegales en el blanqueo de capitales”. El ministro añade que esta información “se encuentra en estos momentos judicializada”.

Todas estas cosas se las dijo en el Congreso la semana pasada el ministro Fernández al portavoz de CiU, Jordi Jané. La mayor parte de la prensa sólo ha recogido las noticias según las cuales a la banca suiza Lombard & Odier no le consta que ni los Mas ni los Pujol hayan tenido cuentas allí en los últimos diez años. Pero eso, en realidad, es lo menos importante de todo. Y lo más significativo es esto otro: toda la información recogida por la UDEF aglutina indicios más que suficientes para poner contra las cuerdas a los Pujol en particular y al nacionalismo catalán en general.

La complicada situación del clan
Ahora mismo la situación de los hijos de Jordi Pujol es bastante complicada. Jordi Pujol jr. ha visto delatadas en sede judicial sus cuentas millonarias por su ex amante Victoria Álvarez, y el origen de su fortuna personal en Argentina y México está bajo la lupa de la policía. Otro hermano Pujol, Josep, está siendo investigado por la venta de la compañía Europraxis. De Oriol Pujol, recién imputado por el caso ITV, se espera saber si tenía cuentas en el HSBC y qué ramificaciones afectan a la consultora Alta Partners. En cuanto al cuarto hermano, Oleguer, permanece la sospecha sobre su papel en Drago Capital.

Razones más que suficientes, en fin, para pedir árnica al Gobierno. Y para que el ministro Fernández enseñara músculo ante el portavoz de Convergencia.

Cataluña
El TSJC tumba el uso ‘preferente’ del catalán en los reglamentos lingüísticos de las diputaciones de Lérida y Gerona
El tribunal autonómico deja sin efecto los artículos que establecían una preferencia del uso del catalán por encima del uso del español. El TSJC fundamenta sus resoluciones en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre todo los argumentos utilizados por el Alto Tribunal en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Daniel Tercero www.vozbcn.com 20 Marzo 2013

La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en dos sentencias de 6 de marzo, ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por Convivencia Cívica Catalana sobre los reglamentos lingüísticos de las diputaciones de Lérida y Gerona.

El TSJC ha declarado nulos los artículos 2, 5.2, 5.3, 7, 8 y 14 del Reglamento para el uso de las lenguas catalana y occitana aranesa en la Diputación de Lérida, aprobado en 2010. En el artículo 2 la nulidad corresponde al inciso ‘y preferente’, que establecía una discriminación del uso del español respecto al catalán, y en el artículo 8, lo que se refiere a la carga del ciudadano de explicitar su opción lingüística mediante una petición formal expresa.

El tribunal autonómico también ha anulado los artículos 2, 5.2, 6.1, 6.2, 7 y 13 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en la Diputación de Gerona -que estaba suspendido cautelarmente-. De la misma manera, en el artículo 2 queda eliminado el inciso ‘y preferente’, y en el artículo 7, igualmente, lo que se refiere a la carga del ciudadano de explicitar su opción lingüística mediante una petición formal expresa.

Argumento constitucional
Los argumentos del TSJC se han basado, sobre todo, en la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dejó meridianamente claro que es ilegal dar un trato preferente al catalán sobre el español por parte de las administraciones públicas.

En concreto, el fundamento jurídico 14 de la citada sentencia -recordado ahora por el TSJC- decretó lo siguiente:
‘La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña’.

Además, la sentencia cita los fundamentos jurídicos 21, 22 y 23 de la sentencia del TC, que, entre otros aspectos, recuerda que las administraciones públicas de ámbito autonómico deben hacer efectivo ‘el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en castellano’ sin que se necesiten ‘formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación’.

Estas sentencias se unen a la que se conoció en mayo de 2012, también del TSJC, que dejó sin efecto el reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona en aquellos puntos en los que se daba preferencia al uso del catalán, por encima del español, ya que las dos lenguas son oficiales en Cataluña, y por lo tanto, en Barcelona. El consistorio barcelonés no recurrió la decisión del TSJC. El reglamento lingüístico del Ayuntamiento de San Pol de Mar (Barcelona) también se vio afectado por incluir la exclusividad de uso de una de los dos lenguas oficiales en Cataluña.

Convivencia recurrirá una parte de los autos
Los dos autos del TSJC pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo en un plazo de diez días. En este sentido, Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, ha confirmado a LA VOZ DE BARCELONA que la entidad recurrirá ante el Alto Tribunal la decisión de no haber reconocido la legitimación de esta asociación para impugnar varios artículos de los reglamentos de las dos diputaciones.

Esta parte de los reglamentos lingüísticos es la que hace referencia a determinados colectivos, como los funcionarios, o las empresas que contratan con las entidades provinciales. Caja ha asegurado que el recurso ya está preparado y se ha mostrado seguro de que el Supremo les dará la razón porque “no tiene sentido” que el TSJC les dé la razón en el fondo pero que lo limite.

Finalmente, Caja ha exigido a las administraciones públicas el ejercicio de “un bilingüismo real y efectivo”, en la línea de lo expuesto tanto en estas sentencias del TSJC como en otras del Supremo y el Constitucional, que no hacen más que interpretar “la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña”.

«Alumna de pasillo» por el catalán
ESTHER ARMORA / barcelona ABC Cataluña 20 Marzo 2013
Sandra llegó a Cataluña con la ilusión de aprender una lengua pero topó con un modelo lingüístico que la aisló, le cambió el carácter y hundió sus notas

A pie de aula, ajenas a las refriegas políticas y judiciales, se encuentran las auténticas víctimas de la inmersión lingüística en Cataluña, las que sufren en sus carnes los efectos colaterales de una guerra que se libra en las altas instancias pero que impacta en los colegios e institutos.

Sandra E. M., una joven tinerfeña de 16 años, se reconoce como uno de esos damnificados. También lo son su madre Amaya y su padre Carlos, que durante tres intensos años han visto el «calvario» que ha vivido su hija para adaptarse a una nueva realidad educativa marcada por la imposición de una lengua totalmente desconocida para ella. Su historia no es la de todos los alumnos que recalan en esta Comunidad pero sí define las imperfecciones de un sistema de adaptación lingüística «abrupto» y, como ella define, «sin término medio».

Sandra llegó a Corbera de Llobregat (Barcelona), junto a sus padres y su hermana Carla, en agosto de 2009, un mes antes de que comenzara el curso 2009-2010. Tenía 13 años, era una joven extrovertida y buena estudiante. Había también viajado y estaba ilusionada con aprender una nueva lengua. El expediente de sexto curso de Primaria en el colegio Luther King de Tenerife, consultado por este diario, repleto de notables y excelentes, corrobora su impecable

Amaya, auxiliar de vuelo, y Carlos, que trabajaba en el sector de la automoción, se decidieron a afincarse en Cataluña porque él, de ascendencia catalana, se quedó en el paro y optó por irse a Barcelona. Amaya, auxiliar de vuelo, reclamó el traslado a la capital catalana para poder ver crecer juntos a sus hijas sin distancia de por medio.
Acostumbrada a adaptarse

«Elegimos colegio y una casa fantástica con terreno. Nunca pensamos que tendríamos problemas», explica la madre, acostumbrada a adaptarse a nuevos entornos y nuevas lenguas. «Estuve viviendo dos años en Inglaterra y aprendí el idioma sin imposiciones. Por eso pensé que sería una experiencia enriquecedora para mis hijas», dice Amaya, quien reconoce, sin embargo, que ya le advirtieron de que no sería fácil. «Una profesora amiga mía de Tenerife me advirtió de que aterrizar en Cataluña sería complicado sobre todo para Sandra, aunque no le creí», recuerda. Los problemas no aparecieron de inmediato. Sandra estrenó primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el instituto de Corbera. Como a todos los recién llegados que no conocen la lengua autonómica le asignaron, además del aula que le corresponde por su curso, un «aula de acogida» (espacio dedicado a enseñar el catalán a los recién llegados). Combinaba algunas horas en el aula de acogida con el horario lectivo. Ese fue, según su madre, «el origen de sus problemas». «Un día de puertas abiertas decidí visitar esa aula y me cayó el alma al suelo», comenta Amaya. «Había alumnos de todas las edades y origen mezclados sin tener en cuenta el ritmo de aprendizaje ni el curso», dice.
Perdió el ritmo de su curso

«Mi hija pasaba allí varias horas durante la semana, horas que dejaba de hacer clase con su grupo y empezó a sentirse segregada de sus coetáneos de curso. Perdió el rimo escolar», añade la tinerfeña, quien matiza que «no estoy en contra de que aprendan catalán pero sí en las formas».

Denuncia, asimismo, que el progreso de Sandra durante los dos años del aula de acogida fue nulo. «Sus notas no eran las de antes pero no suspendía todo eran suficientes. Daba la sensación de que no la evaluaban en serio», apunta. Refuerza esta impresión en las palabras de su hija. «Mamá, me han dicho que no me preocupe que los del aula de acogida aprobamos todos», le dijo. La hecatombe se produjo cuando, pasados los dos años de adaptación, la adolescente se inmersionó en el aula de su curso. La experiencia fue tan «desastrosa», según su padre Carlos, que antes de que acabara el curso tomaron la drástica decisión de mandarla primero a Tenerife y después a un colegio privado de Madrid (en Barcelona no encontraron ninguno de pago que escolarizaran en castellano) para «reconducir la situación». «Suspendió casi todo», apunta Carlos. También hubo un giro en su actitud, incluso en la manera de expresarse y de vestir, dice la pareja, que ha tenido que llevar a su hija al psicólogo. «Tenía dolores de cabeza, no quería ir a clase y fue entonces cuando nos dijo como la trataban allí», relata la pareja.
«La echaban del aula»

«Me confesó que se pasaba días en el pasillo porque, cuando se le escapaba alguna pregunta en castellano en clase el profesor la echaba del aula. Me pareció terrible pero entendí muchas cosas», dice Amaya afectada. Al conocer la situación, fue a hablar con los responsables del instituto pero no halló ninguna comprensión. «Si la madre no habla catalán, vaya ejemplo para la menor» le espetaron. Atribuyeron el comportamiento de su hija a su «falta de interés por adaptarse».

La actual responsable del instituto de Corbera, Teresa Arias, consultada por ABC, dijo que «desconocía esta situación» porque llevaba en el cargo desde julio, pocos meses después de irse Sandra. «De todos modos me extraña que se haya producido este comportamiento», añadió. Este diario reclamó contactar, sin éxito, con los profesores que asignaron a Sandra.

«Hay privados en inglés y alemán pero ni uno en español»
Antes de enviar a Sandra a un internado en Madrid, Amaya y Carlos intentaron buscar una solución para su hija en Cataluña pero no encontraron ningún centro, ni siquiera privado, dónde poder escolarizarla en castellano.

«Podía aprender en inglés y alemán pero no en español, es inaudito», dice Amaya. Tras la experiencia traumática en Corbera, la pareja se trasladó a Castelldefels, localidad a la que esperan traer a Sandra el próximo curso.

Tienen diferentes percepciones respecto a su anclaje en el centro. «De momento, el director del instituto mediterránea al que la hemos preinscrito ya se ha comprometido a no sancionarla si habla español; eso ya es un triunfo, aunque las clases sean en catalán», concluye la pareja.

EL ANÁLISIS DE SINTETIA
No habrá paz para los ahorradores, ni en Chipre ni en Europa
Andrés Alonso. Abel Fernández El Confidencial 20 Marzo 2013

La historia de Chipre es, por encima de los detalles concretos, la historia de un precedente. Así como Grecia era “un caso especial”, Chipre recibe ahora la misma descripción desde los máximos dirigentes europeos -es decir, desde Alemania-.

En la raíz de toda crisis financiera planea siempre el fantasma de los bank runs, huidas de depósitos debidas a quiebras de bancos que cierran sus ventanillas de noche para no abrir nunca más. Sirvan como ejemplo las colas en las oficinas de Banesto o, más recientemente, Northern Rock. El miedo a este tipo de pánicos hizo que la primera medida tomada en Europa al inicio de la crisis fuese elevar coordinadamente en los estados miembros de la zona euro el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta los 100.000 euros por cuenta y persona. Con esto se daba un importante paso al frente, una señal hacia los ahorradores, para que el capital en dicha zona no volara de un país a otro en búsqueda de refugios. El mensaje al ciudadano era limpio y ordenado: pase lo que pase, su dinero -hasta 100.000 euros- está a salvo en su banco.

Quebró Grecia (varias veces), se rescató a Irlanda, Portugal, e incluso España recibió ayuda para sus bancos. Se crearon fondos de rescate para ello y se hizo lo necesario para que los bancos no cayeran y para que los depositantes no se asustaran y retiraran todo su dinero de los bancos. En España, el Fondo de Garantía de Depósitos se utilizó para capitalizar al FROB ¡como señal de promesa de que el banco está soportado por una garantía pública! De esta manera, el FROB aporta una garantía pública a un capital privado (a través de las aportaciones del FGD) elevando el aseguramiento de los depósitos a tal nivel. Esta debería ser hoy en día la filosofía del aseguramiento de los depósitos.

Pero el debate, las dudas y la forma con la que la Unión Europa y el Gobierno chipriota han tensado la cuerda durante horas pueden suponer un antes y un después en nuestra historia financiera. ¿Cuál es la principal conclusión de nuestra particular 'crisis de los misiles'? Con Chipre hemos aprendido que se puede poner en tela de juicio e incluso ignorar lo que hasta ahora parecía imposible: la garantía inquebrantable de los depósitos. Después del episodio vivido, todo ahorrador hará bien en preguntarse: “¿Estoy realmente protegido por el FGD, incluso aunque tenga menos de 100.000 euros ahorrados?”. Si las cosas bien mal dadas, la garantía podría romperse, o al menos hay alguien, Europa, dispuesto a permitirlo. En ese sentido, no habrá paz para los ahorradores. Aunque la filosofía sobre el FGD y su efecto sobre el incentivo de los ahorradores respecto a su aseguramiento público sea la deseable, el formato legal actual del mismo es inútil o insuficiente.

El FGD es un 'fondo común' aportado por los propios bancos para cubrirse solidariamente de sus impagos y salvaguardar el dinero de los pequeños depositarios. La crisis financiera ha dejado claro que los bancos no van a quebrar nunca (Lehman Brothers – entidad no depositaria – de por medio) sin una intervención estatal previa. Es decir, una entidad financiera nunca va a quebrar o impagar sus depósitos debido a un descuadre básico de su balance. Algo así ocurrió con Northern Rock (financiación a corto, inversión a largo en un momento de restricción súbita de la financiación) y el Banco de Inglaterra intervino para asegurar los depósitos.

Con Chipre hemos aprendido que se puede poner en tela de juicio e incluso ignorar lo que hasta ahora parecía imposible: la garantía inquebrantable de los depósitosCuando un ahorrador deposita un euro en su banco, este último debe retener un 2 por mil de ese importe y aportarlo al FGD. Dicho coste se repercute al ahorrador en concepto de aseguramiento por valor de hasta 100.000 euros. Lo que la legislación nos obliga al ahorrar es, ni más ni menos, a comprarnos un seguro. Pero ¿qué valor tiene ese seguro? Por un lado, los depósitos tienen la garantía del FDG, pero, por otro, estos tienen también el respaldo implícito del Estado a los bancos –lo que ha salvado a los depositantes de Bankia no ha sido el FGD, sino el rescate público de la entidad-. Pero la crisis de Chipre abre un nuevo riesgo no cubierto: la posibilidad de que tu banco no quiebre y, aun así, puedas perder el dinero de tu cuenta corriente. Pues bien, si consideramos que la garantía sobre los depósitos es deseable para un sistema financiero, ¡la protección debería también cubrir dicho riesgo! De no ser así, podrían producirse 'pánicos bancarios', incluso cuando una entidad no esté en peligro.

Las reglas del juego han cambiado, o nos han dicho que pueden cambiar cuando así estimen, y están dispuestos a hacerlo: los depósitos bajo ley nacional nunca más serán seguros. Si un Estado pone la ley y hace la trampa, todo empieza a parecerse un poco más a Argentina. Acontecimientos como el de Chipre hacen que el ahorrador se plantee si existe la seguridad financiera; tras la primera fase de asombro, se pasa a la de enfado y a la depresión, aceptando el hecho por frustración.

Lo que están viviendo los depositarios chipriotas no es nada nuevo: un impuesto confiscatorio del que todo bonista quiere cubrirse cuando invierte en deuda soberana de otro país. Todo bono soberano incluye cláusulas de protección contra los cambios legislativos: un impago para un bonista no es sólo una quiebra teórica (pasivo superior al activo). Supone una reestructuración, una pérdida de garantía, impagos en otras obligaciones ajenas tu bono, etc.

Del mismo modo, todos estos bonos contienen cláusulas de “amortización anticipada por causas impositivas”: los inversores desean cubrirse de los cambios legislativos, con especial atención a los impositivos, como la introducción de una tasa recaudatoria, cambios en el impuesto de sociedades o de ganancias de capital. Todo inversor en bonos soberanos conoce estos peligros y, por ello, los emisores se comprometen a resarcir al inversor en cualquiera de estos eventos. La necesidad de garantías legales hace que los bonos soberanos más demandados sean los emitidos bajo legislación extranjera (normalmente inglesa).

Así, no es este el momento de justificar barbaridades por mucho que exista algún resquicio legal por el que colar un expolio a los ahorradores: la introducción de una tasa a los depósitos inferiores a 100.000 euros es un movimiento cobarde de los gobernantes. Se podría discutir si la peculiaridad de Chipre hace que el fin justifique a los medios -el 55% de sus depósitos son de más de 100.000 euros, un claro indicio de cómo las fortunas rusas blanquean su dinero a través de la isla-, e incluso podría entenderse la voluntad de hacer cargar a ciertas fortunas extranjeras con los costes del rescate, pero el instrumento para perseguir este fin hace saltar por los aires el pilar básico sobre el que pivotaba el nuevo proyecto de integración financiera europea: un fondo de garantía de depósitos europeo. Este movimiento arruina todo el proyecto.

La distribución de la financiación bancaria en Chipre indica por qué es tan importante para el país el poder 'usar' los depósitos en el rescate. El incremento de los mismos ha sido exponencial, y son su principal fuente de financiación.

 

La propuesta de cambiar los depósitos por acciones del propio banco chipriota (certificados de depósito) es en realidad una estructura de debt-to-equity swaps. Convertir a los acreedores senior (depositarios en este caso) en acreedores junior (accionistas). Esta estructura es potente e interesante para rescates financieros, pero ¿por qué obligar a ello al pequeño ahorrador? Máxime cuando ni siquiera hemos oído hablar de diluir aún más a los accionistas actuales o de implementar la conversión de deuda a acciones a los otros deudores senior: los bonistas.

Como no hay mal que por bien no venga, la lección de esta nueva crisis es que debemos comenzar a diseñar el FGD del futuro. Un fondo que cuente con garantía pública que cubra tanto los eventos de quiebra como los cambios legislativos típicos que incluye cualquier emisión de deuda soberana.

Una posible solución puede encontrarse en el FROB. Podemos aprovechar dicha estructura para contar con un soporte público (backstop) del riesgo bancario. Esta vía implica pasar de un FGD capitalizado por bancos a un FGD que nos da derecho a participar a todos del activo del FROB por el importe de nuestros depósitos y por un máximo de hasta 100.000 euros

La finalidad del FGD con un importe máximo es limar la asimetría informativa sin crear riesgo moral. Incentivamos a los inversores a controlar el estado de sus bancos, pero asumimos que no todos los ahorradores tienen dicha capacidad (los pequeños inversores están asimétricamente desfavorecidos). Así, la fracción que cubra el FGD debería cubrir de las contingencias verdaderas y realistas de impago del depósito.

Una posible solución a escala europea puede encontrarse en el caso español del FROB. Podemos aprovechar dicha estructura para contar con un soporte público (backstop) del riesgo bancario. Esta vía implica pasar de un FGD capitalizado por bancos (y cajas y cooperativas) a un FGD que nos da derecho a participar a todos del activo del FROB por el importe de nuestros depósitos y por un máximo de hasta 100.000 euros. Dicha participación podría estructurarse a través de participaciones o certificados que llevaran las cláusulas de protectorado contra cambios legislativos o eventos de quiebra (en su sentido amplio) que afectasen a nuestra inversión objeto de cobertura: los depósitos.

Breves conclusiones
La seguridad financiera existe: no nos dejemos engañar y reclamémosla. Si Chipre nos ha enseñado la debilidad del FGD, es hora de pensar en el FGD 2.0 sin dejar pasar un solo minuto. El riesgo soberano y el riesgo financiero se solapan, y lo que estamos aprendiendo con Chipre es algo que Europa debería haber considerado mucho antes. 

Por último, no podemos dejar pasar la ocasión de recordar nuestros conocidos y queridos 'cisnes negros'. A finales de 2012 hicimos una lista de candidatos para 2013, pero, como buen cisne negro, esta ave chipriota estaba oculta. ¿Cómo puede algo tan pequeño influir en el resto de Europa? Una imagen vale más que mil palabras: Grecia es el país con más intereses en los bancos chipriotas. Y ya conocemos la sensibilidad de Europa hacia la situación financiera de Grecia. A menudo, los casos extremos son los que determinan la senda que seguirá luego la realidad, los que nos harán cambiar de rumbo y encontrar otro camino aparentemente más seguro hasta la aparición de un nuevo cisne. Nuestra particular 'crisis de los misiles chipriotas' puede modificar, sin duda, el camino de la integración financiera europea.


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Terrorismo
Muerte política
Mikel Buesa Libertad Digital 20 Marzo 2013

Laura Mintegi, la portavoz en el Parlamento vasco de EH Bildu –el partido preferido de ETA, a cuya campaña electoral contribuyó esta organización terrorista–, proclamó hace unos días que la de mi hermano –Fernando Buesa– fue una "muerte por causa política", como si ésta fuera una nueva categoría a añadir a la lista de los noventa y nueve diagnósticos con los que del doctor Jacques Bertillon clasificó en 1893 los diferentes tipos de enfermedades, dando lugar a la primera codificación internacional de las causas de defunción. Pero no nos engañemos, no fue ésta la intención de la escritora y lingüista, ahora metida a política, que da voz, en la Cámara de Vitoria, al Movimiento de Liberación Nacional Vasco –esa organización que, al decir del Colectivo J. Agirre, reúne a "grupos, movimientos populares, sujetos individuales y nacionales cuya pertenencia al múltiple [o sea, al MLNV] se deriva de la fidelidad al acontecimiento fundador [que no es otro que el de la constitución de ETA el día de San Ignacio de Loyola de 1959]" o, si se prefiere, de la comunión ideológica con ETA–. No, lo suyo fue simplemente un nuevo ensayo de legitimación del terrorismo, pues inmediatamente aclaró que, según su particular visión, las muertes políticas son "todas evitables" porque tienen "un origen político que depende de la sociedad, de las personas y de los políticos", para añadir que la receta contra ellas no es otra que el "diálogo" –palabra ésta que, en el singular lenguaje acuñado por el MLNV, no tiene otro significado que el de darle la razón a ETA–. Mintegi dijo así, en resumen, que el asesinato de mi hermano no fue culpa de ETA sino de los políticos españoles –entre ellos, él mismo, pues Fernando Buesa era un dirigente socialista–, por no haber hecho las concesiones que reclamaba, y sigue reclamando, ETA.

La apelación a la política para justificar el crimen, tal como ha hecho Laura Mintegi, forma parte de la tradición inveterada de los partidarios de ETA. Lo ha recordado este mismo fin de semana Pernando Barrena –el otrora dirigente de Batasuna ahora travestido, gracias a la prostitución de los principios democráticos propiciada por el Tribunal Constitucional, en portavoz de Sortu– al declarar que los cometidos por ETA son "delitos de clara motivación política". No seré yo el que le niegue su naturaleza política al terrorismo; pero inmediatamente añadiré que ésta en nada atenúa la gravedad de los crímenes que se han cometido en su nombre. Un asesinato no lo es menos por el hecho de que su autor quiera apoyarse sobre él para lograr sus fines políticos. Esto ya lo dejó claro en 1554, en su Contra libellum Calvini, Sebastián Castellio cuando, para condenar la ejecución en Ginebra de Miguel Servet, acusado de herejía, le espetó a Juan Calvino: "Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre". Y de la misma manera, cuando Diego Ugarte, Asier Carrera y Luis Mariñelarena, siguiendo las órdenes recibidas de Francisco Javier García Gaztelu, asesinaron a Fernando Buesa, no apoyaron una aspiración política sino que sacrificaron a un hombre.

Por ello, cuando Laura Mintegi sostiene el concepto de muerte política, lo que hace es establecer que el asesinato es un valor, un procedimiento aceptable en la arena política, que legitima el pasado de ETA y hace de sus crímenes acontecimientos inevitables cuya responsabilidad se transfiere a quienes no quisieron acordar con esta organización terrorista la manera de dar paso a sus pretensiones independentistas y socialistas. Laura Mintegi se ha presentado así como una colaboracionista y sus palabras debieran, por eso, ser estudiadas por el fiscal general del Estado, pues sigue vigente la figura penal del enaltecimiento del terrorismo –ese delito cuyo reconocimiento mi recordado Antonio Beristain, en la que fue la última de sus obras, consideró como "in tenebris, lux: la esperanza (que) emerge de la victimación"– y los diputados autonómicos, aunque cuenten con una cierta inmunidad, no gozan de impunidad.

La proclama de Mintegi suscitó variadas reacciones de los portavoces políticos. Los del PP reaccionaron desde su bancada con expresiones de protesta que Arantza Quiroga resumió sentenciando que "siguen justificando los asesinatos". Más comedida, pero no menos contundente, la vicepresidenta del Gobierno la calificó de "intolerable" e "inaceptable", para seguidamente apelar a la actuación de la Fiscalía del Estado. En el PNV se recurrió a la claridad –Joseba Egibar sentenció: "Cuando es muerte es muerte, pero cuando es asesinato es asesinato"– y al pragmatismo –y en su virtud la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, suspendió sine die la constitución de la Ponencia de Paz y Convivencia, a la vez que recordaba que la Cámara es "el lugar para el debate y para el encuentro" y llamaba a los grupos políticos a hacer "un esfuerzo de respeto mutuo"–. Pero en el PSE-EE, lejos de toda cordura, se justificó a la portavoz bildutarra; y de esta manera José Antonio Pastor se limitó a comentar, como si fuera el entomólogo que pacientemente clasifica sus insectos: "Este tipo de reflexiones forman parte aún del subconsciente de la izquierda abertzale". No exigió ninguna rectificación ni amenazó con romper los ya numerosos lazos que políticamente unen a los socialistas con los herederos de Batasuna. No, simplemente los dirigentes del PSOE vasco se reunieron discretamente con los de Bildu y Sortu para seguir hablando de sus cosas, vislumbrando ya el futuro en el que puedan gobernar juntos como si la historia de violencia que envuelve a sus interlocutores careciera de la menor importancia. Este olvido deliberado ya lo practicaron el mes pasado cuando extendieron la alfombra roja para que se paseara sobre ella Laura Mintegi en el vergonzoso homenaje que organizaron, en los salones del Parlamento vasco, a Fernando Buesa Parece como si dijeran, mientras pisotean la memoria del muerto: "¡Pelillos a la mar!".

El incierto futuro de la doctrina Parot
José Luis Manzanares www.republica.com 20 Marzo 2013

La doctrina Parot ha sido declarada contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos por la Pequeña Sala del Tribunal de Estrasburgo. A partir de hoy, miércoles veinte de marzo, la Gran Sala estudiará el recurso del Gobierno de España contra aquella primera resolución que, no se olvide, fue adoptada por unanimidad. Actuó de ponente el ahora juez internacional Luis López Guerra que había sido Secretario de Estado de Justicia, en el Ministerio de la calle de San Bernardo, durante una etapa de gobierno socialista. Las posibilidades de que el recurso prospere son, desde esta perspectiva, más bien escasas.

La descalificación definitiva de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sólo sería un duro golpe para los jueces españoles, desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el Tribunal Supremo, sino también un mazazo para buen parte de la población española y en particular para las víctimas directas del terrorismo etarra. Habría que excarcelar de inmediato a numerosos asesinos que serían desagraviados por los suyos con homenajes próximos a la apología del terrorismo. Por ejemplo, con una declaración en el Parlamento Vasco lamentando la persecución de esas personas más allá de lo permitido por la ley. La sentencia de Estrasburgo habría sido la constatación del emparejamiento, tantas veces denunciado por la izquierda abertzale, y no sólo por ella, entre los políticos y los jueces del Reino de España. Luego vendría la petición de indemnizaciones. Y el lector puede imaginarse algunos otros efectos.

Se comprenden la preocupación de las víctimas y de los españoles en general. También las presiones que probablemente se están ejerciendo sobre la Gran Sala para que revoque la sentencia. Nadie debe salir de la cárcel a los quince o dieciséis años cuando ha sido condenado a varios centenares como asesino múltiple. Pero las cosas no son, desgraciadamente, tan sencillas. Si la doctrina Parot fuese rechazada conforme a los principios del Derecho penal y el respeto a los derechos fundamentales de la persona, ello no sería responsabilidad del Tribunal de Estrasburgo, sino de los políticos españoles que dejaron pasar los años sin hacer por vía legislativa lo que tardíamente pretendió conseguir la doctrina Parot en sede judicial. No busquemos culpable fuera de casa. Habríamos sido nosotros mismos –es decir, nuestros dirigentes políticos- quienes por acción u omisión deberían responder de que el terrorismo etarra no se castigase como merece.

El autor de estas líneas se cuenta entre los pocos juristas que pronto llamaran la atención –también en este diario- sobre la escasa consistencia de aquella doctrina. Espero la decisión última de Estrasburgo con sentimientos encontrados. Creo, como jurista, que la doctrina Parot es errónea, pero me alegraría, como español, que los jueces internacionales opinaran de otra forma, dando por bueno el polémico cambio jurisprudencial.

El Código Penal de 1973, al igual que los anteriores y que el nuevo Código Penal de 1995, el de la Democracia, disponía que ningún reo, por muchas que fueran sus penas de prisión, cumpliera más de veinte años. Y con la redención de penas por el trabajo, dos días de trabajo equivalían a un día de cumplimiento, por no hablar de las redenciones extraordinarias. Pues bien, hasta el Código Penal de 1995 no se suprimió ese beneficio penitenciario del que, sin embargo, seguirían disfrutando los condenados por delitos anteriores. Las leyes penales no son retroactivas en contra del reo. Se mantuvo, además, el límite máximo de los veinte años. Cualquier jurista o ciudadano medianamente interesado en la cuestión sabía que los asesinos múltiples cumplirían sus penas demasiado pronto, pero triunfó el “muy largo me lo fiais”.

Lo malo es que, siguiendo con la literatura, “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”. Y un día estalló el escándalo, sin remedio ya por vía legislativa. Y entonces algunos jueces creyeron encontrar la solución interpretando -¡por primera vez!- que los beneficios penitenciarios, en general, y la redención de penas por el trabajo, en particular, debían aplicarse sobre la suma aritmética de todas las penas y no sobre aquella pena conjunta para el cumplimiento efectivo. O sea, que los terroristas etarras por delitos anteriores a 1995 habían podido disfrutar de la redención de penas por el trabajo, y seguirían haciéndolo, pero ahora resultaba que no les había servido de nada. Por mucho que se redima sobre una suma de, por ejemplo, trescientos años, nunca se obtendría la libertad sin haber cumplido veinte.

El cambio jurisprudencial no tuvo otro objeto que eludir la irretroactividad de las leyes penales. Algún preso podría quejarse ahora de que trabajó porque le engañaron. Y en eso estamos. Los efectos de la desautorización de la doctrina Parot serían muy graves pero, si así ocurriera, no habría que buscar a los culpables en Estrasburgo sino en Madrid, en las Cortes Generales, que es donde se hacen o dejan de hacer las leyes. La elevación de la pena conjunta hasta los cuarenta años en casos excepcionales llegó también demasiado tarde, porque hubo que esperar, de nuevo sin retroactividad, hasta la Ley Orgánica 7/2003. Con un poquito más de previsión en la materia nos habríamos evitado la preocupación de estos días. Ocurra lo que ocurra con la doctrina Parot, es evidente que con la prisión perpetua revisable, aceptada en toda Europa, habríamos resuelto el problema. Es este discutible atajo el que nos ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Declaraciones de la presidenta del Foro Ermua acerca de la "Doctrina Parot"?
Foro de Ermua 20 Marzo 2013

“Contradecir al Tribunal Supremo y al Constitucional de España es una intromisión improcedente del TEDH en competencias de los Estados miembros”
“La doctrina Parot es una de las pocas medidas que han impedido la descarada impunidad de la que ha venido gozando ETA, por la debilidad de nuestro Código Penal”

“ Es inevitable pensar que todo esto no son más que un eslabón de la soterrada y prolongada negociación del PSOE con ETA elevando a Europa un problema tan nuestro como ETA e implicando a “mediadores Internacionales” en un proceso del fin de ETA que intercambia impunidad por “dejar de matar”.

¿No es sorprendente que todo concurra para satisfacer las pretensiones de ETA?

En el Foro Ermua esperamos que el Gobierno de España gane el recurso y sea capaz de informar en instancias internacionales de la injusticia y afrenta contra los ciudadanos y las instituciones españolas que supondría la derogación de “la Doctrina Parot”.

Si el TEDH fallara en contra de la “doctrina Parot” supondría la puesta en libertad de 54 etarras. En julio la Corte Europea avaló incomprensiblemente excarcelar e indemnizar a la etarra Inés del Rio, con 23 asesinatos a sus espaldas y la consiguiente condena de 3.000 años. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) en 2006 conocida como doctrina Parot es una de las pocas medidas que han impedido la descarada impunidad de la que ha venido gozando ETA, con casos tan inolvidables como el de Iñaki de Juana Chaos.

Con la “Doctrina Parot” se exige computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, impidiendo que miles de años de condena quedan reducidos a 8 ó a 6 –como tantas veces hemos presenciado los ciudadanos con estupor-.

A la debilidad de nuestro Código Penal, se le añade ahora la intromisión improcedente del TEDH, que contradice al Tribunal Supremo y al Constitucional de España. ¿Acaso la doctrina Parot se deriva de una modificación legislativa?, como bien dice la Abogacía del Estado se trata de un criterio jurisprudencial sobre el sistema de ejecución de las penas del que nunca antes se ha pronunciado el TEDH porque es competencia de los estados miembros.

Sería indignante en extremo derogar la doctrina Parot, porque supondría admitir que el TEDH se atreve a censurar que nuestro insuficiente sistema penitenciario vulnera los “derechos humanos” de los terroristas. Es inevitable pensar que todo esto no son más que un eslabón de la soterrada y prolongada negociación del PSOE con ETA elevando a Europa un problema tan nuestro como ETA e implicando a “mediadores Internacionales” en un proceso del fin de ETA que intercambia impunidad por “dejar de matar”. ¿No es sorprendente que todo concurra para satisfacer las pretensiones de ETA?

La derogación de la Doctrina Parot estaba prevista en las negociaciones con ETA y el partido socialista “de la reconciliación” (es decir, de aliarse con el diablo para sobrevivir), pero sería un error abominable y denota una absoluta desinformación por parte de los miembros de TEDH.

Educación
La izquierda profesoral
José Bastida Libertad Digital 20 Marzo 2013

El mariscal Petain, héroe de la Primera Guerra Mundial y supuesto villano en la Segunda, dejó escrito que las guerras las ganan los maestros de escuela. El aserto es de una clarividencia absoluta. Aunque este militar se refería a la guerra como enfrentamiento armado, hoy lo podemos adoptar como argumento central de la guerra ideológica que sufre España desde el advenimiento de la II República hasta nuestros días. En todos estos decenios la escuela y la universidad han sido un constante campo de batalla ideológico-político, en vez de un deseable crisol de ideas y conocimientos.

Huelga decir que la guerra de la ideología siempre la ha ganado la izquierda liberticida y profesoral, una casta que se reproduce generación tras generación gracias a la desidia de un Estado irresponsable que la ha dejado crecer dentro de sí, lo que le ha servido para crear una sólida estructura de poder simbólico y fáctico. Los resultados del triunfo de esta izquierda profesoral se vienen sufriendo desde hace décadas, sin que ningún Gobierno sea capaz de desmantelar este sistema educativo estatalista y doctrinario, que sólo favorece a la casta profesoral con su inmovilismo y un sueldo vitalicio a cargo de los sufridos contribuyentes. Las constantes huelgas "por la educación pública" que soporta la nación no son más que una vindicación del estatus vitalicio del profesorado, apoyado por una vanguardia estudiantil que esgrime como sólido argumento para manifestarse el "franquismo" del Gobierno. Este es el nivel de la educación española: radicalismo ideológico comunistoide (no hace falta más que ver cómo en las algaradas callejeras se agitan banderas de sociópatas tipo Lenin o el Che); planes de estudio obsoletos, ideologizados y ajenos a la realidad económica y empresarial; profesorado endogámico, donde domina y predomina el perfil progre; universidades por doquier que duplican carreras y funcionarios; fracaso escolar vergonzante... Todo este escenario no es un síntoma de la decadencia académica y social, sino la causa primera de la crisis estructural que sufre España.

Las barbaridades académicas que han salido a la luz estos días en las pruebas de acceso al magisterio no son más que la consecuencia de este Estado dentro del Estado que es el lobby profesoral. Es grave que un maestro aspirante a funcionario educativo califique una gallina como mamífero pero es terrible que una profesora de la Universidad del País Vasco, líder del partido parlamentario que no condena el terrorismo etarra, Laura Mintegui, hable de "asesinatos políticos". No son anécdotas, son ejemplos categóricos. La educación tiene que liberalizarse y abandonar el patético monopolio público, tan del agrado de la izquierda, que lo pastorea y lo tiene en propiedad.


Cataluña
Oriol Pujol, in memoriam
José García Domínguez Libertad Digital 20 Marzo 2013

La carrera de Oriol Pujol Ferrusola se ha acabado. A estas horas el hereu no es más que un cadáver insepulto, otro, en el armario de CiU. Lo de menos habrá de ser que la Justicia verifique los cargos que se le imputan. Políticamente, ya está condenado. Como sus iguales, los también difuntos Camps y Blanco, Pujol junior cometió algo mucho peor que un crimen: un error de bulto al elegir a sus amiguitos del alma. Y eso en política se paga. Siempre. Descanse en paz, pues. En otro orden de contrariedades, el deceso del imprudente Oriol acaso adelante la crónica de un obituario igualmente anunciado. El del propio Artur Mas, que al modo de las latas de mejillones lleva la fecha de caducidad estampada en el dorso: 2014.

Y es que si Napoleón era un loco que se creía Napoleón, Mas es un pobre hombre que se cree Garibaldi. Un extravío, ese suyo, que ha agotado su recorrido. Si cumple la palabra dada a la Esquerra, quedará inhabilitado para ejercer cargo público alguno en aplicación de lo dispuesto en la sentencia del Constitucional sobre su cuate Ibarretxe. Si no cumple, su propia gente lo desautorizará tras haber faltado por segunda ocasión a sus compromisos. La política es oficio de profesionales y Mas se ha conducido como un simple aficionado dejándose llevar por las emociones. El espejismo de la Diada, con sus masas ardientes y su vistoso ondear de esteladas, lo cegó.

Sin la ambigüedad calculada que tan bien supo administrar el viejo Pujol, el catalanismo siempre acaba siendo un juguete en manos de la Esquerra. Y precisamente eso es lo que ha provocado Mas con su tosco, atrabiliario maximalismo de salón. ERC, un partido de profesores de instituto, va a ser beneficiario único de los brotes de acné juvenil que padece el President, airadas radicalidades más propias de un adolescente en trance de maduración tardía. Pero en estos tiempos de mudanzas el Dinero (con mayúscula) catalán no está para bromas. Y pese a que sus jefes parecen haberlo olvidado, Convergencia es el partido del Dinero. Cuando la asonada de Companys en el 34, culparon a un iluminado, Dencàs, aquel general de opereta. Sin Oriol, ¿quién pagará ahora la factura del atribulado Artur?

Preocupación soberanista por la imputación de Oriol Pujol
José Oneto www.republica.com  20 Marzo 2013

Oriol Pujol Ferrusola, el único hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que se dedica a la política, le ha dado un golpe decisivo al plan soberanista de Convergencia i Unió, al ser imputado por tráfico de influencias, en el caso de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), y negarse a abandonar el escaño en el Parlamento de Cataluña, como había anunciado en una Ejecutiva del partido, limitándose a delegar sus cargos políticos de presidente del grupo parlamentario de CiU y secretario general de Convergencia Democrática.

La decisión del señor Pujol ha causado un notable malestar en su principal aliado político en ese proceso soberanista que culminará con un Referéndum para la escisión de Cataluña y España, y su intento de incorporación a Europa como un Estado más de la Unión en el año 2014. En este sentido ese socio, Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) que en estos momentos está preocupado por el acercamiento de Artur Mas a los socialistas del PSC, le ha pedido a su aliado y socio de Gobierno, una “reflexión” sobre cómo los presuntos casos de corrupción que le afectan pueden repercutir, negativamente, en el proceso soberanista, y en concreto, en la consulta de autodeterminación que pretenden celebrar en 2014. “Asuntos como este pueden atrasar y manchar procesos necesarios como consulta. No se tiene que dar ni herramientas ni motivos a los que quieren frenar este proceso”, ha sentenciado la portavoz republicana Anna Simó. “Si el primer partido del Gobierno está manchado, el proceso también queda manchado”, ha sentenciado Simó, que ha recordado que el propio presidente Artur Mas admitió esta cuestión la semana pasada en una comparecencia pública.

En efecto, tras la gran polémica sobre la existencia de cuentas en Suiza del padre de Artur Mas y de algunos hijos del expresidente Pujol y de las irregularidades en muchos de sus negocios, el caso de Oriol, complica aún más el enrarecido ambiente político catalán, sumido en la gran contradicción de cuál es, en estos momentos, la pérdida progresiva del estado de bienestar o la lucha por el Referéndum independentista el año que viene, cuando los servicios públicos estén ya en un grado de deterioro que dentro de poco habrá que empezar a reconstruirlos desde el principio. De ahí el acercamiento de Artur Mas, para preocupación de Ezquerra, al gobierno de Rajoy, y a los socialistas.

La decisión del TSJC de imputar a Oriol Pujol llega después de haber recibido un informe del fiscal y una exposición razonada de la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que investiga el caso. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada, pidió su imputación al entender que existen indicios de un delito de “tráfico de influencias” y participación en la trama, junto con los otros imputados en el caso: el subdirector de Seguridad Industrial, y tres empresarios del sector de las ITV. La petición de la Fiscalía se produjo después de que un informe de la Agencia Tributaria, que forma parte del sumario, situase al hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como “colaborador necesario” de la trama de las ITV.

Según consta en el sumario, Oriol Pujol era “el hombre encargado de aportar influencia política” y de mediar para conseguir beneficios a este grupo de empresarios. Un tal Alsina y la esposa de Pujol, habían trabajado en la misma empresa, la consultora industrial Alta Partners, y los investigadores sospechan que ella pudo haber emitido presuntamente facturas falsas por conceptos genéricos.

El TSJC considera que Oriol Pujol usó presuntamente su “peso político” en CDC y en su grupo parlamentario para conseguir un “beneficio económico para él y/o sus amigos”, El magistrado Enric Anglada, señala indicios de que Oriol Pujol, gracias a su peso político como secretario general de CDC y como presidente de su grupo en el Parlamento, llevó a cabo varias operaciones destinadas a conseguir la adjudicación de un lote de ITV, “con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores”.

En opinión del magistrado del TSJC, el líder convergente buscaba adjudicar un lote de estaciones de ITV, “vulnerando el derecho a la libre concurrencia pública, de tal manera que su actuación coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política al resto de implicados” en el asunto.

Habrá que esperar que Pujol hijo, no pretenda envolverse en la bandera catalana para hacer frente a esta imputación que tiene todos los visos de terminar en juicio oral… si el Parlamento catalán concede el correspondiente suplicatorio.

Estrasburgo examina la doctrina Parot
La defensa de la etarra Inés del Río utiliza una expresión de Fernández Díaz
Ha contado en esRadio cómo ha sido la vista sobre la doctrina Parot. Cree que le han dado "la vuelta a la tortilla
libertad digital / esradio  20 Marzo 2013

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha contado en EsNoticia de esRadio sus sensaciones tras la vista celebrada en el Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Portero ha explicado que la Abogacía del Estado ha defendido con contundencia la normativa española, explicando que podrían salir a la calle "una serie de asesinos múltiples que no son sólo terroristas". "Eso ha sido realmente lo que les ha preocupado", ha explicado.

La "impresión" que se llevan de la vista es que en el tribunal "ha podido calar la exposición de la Abogacía del Estado", que ha sido "muy superior a la de la defensa de Inés del Río", la etarra que llevó ante el tribunal al Estado español. El bufete escocés que le contrató Sortu "tiene cierta experiencia pero no en casos tan graves como este".

Portero también ha destacado que la defensa de Inés del Río ha utilizado "la expresión del ministro del Interior" lanzada esta mañana, cuando ha hablado de la "ingeniería jurídica" con la que el Ejecutivo trataría de combatir un fallo en contra. Lo ha empleado en una segunda vuelta, ha dicho Portero, para intentar hacer ver que "el Estado siempre va a ser represor".

Pontevedra
El Concello de Pontevedra, «orgulloso e decidido» a mantener las señales de tráfico solo en gallego
Mosquera ve en la sentencia, «que é do 2010 e curiosamente sae agora», un ataque al idioma
Serxio Barral La Voz 20 Marzo 2013 20 Marzo 2013

El Concello de Pontevedra mantendrá las señalizaciones tráfico exclusivamente en gallego, pese a una sentencia que invalida una multa por no estar también rotuladas en castellano.

El concejal de Infraestruturas, César Mosquera (BNG), afirmó que el gobierno local está «orgulloso do feito ata o de agora» (rotular las señales exclusivamente en gallego) y que así seguirá haciéndolo. Si la sentencia, que es del año 2010 pero no trascendió hasta ahora, diera pie a una avalancha de reclamaciones, «intentaremos resolvelo», señaló el concejal.

Mosquera ve en la trascendencia que se está dando a esta sentencia «unha guerra contra o idioma galego», ya que hay «moitísimas máis reclamacións por otro tipo de causas, e desas ninguén fala».

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