AGLI Recortes de Prensa   Martes 26  Marzo 2013

El papel de la transparencia en el rescate de la democracia
http://carlosmartinezgorriaran.net 26 Marzo 2013

Quizás suene raro hablar de “rescate de la democracia”, pero cada día que pasa se trata de un rescate más urgente. La democracia podría no sobrevivir a una crisis que no sólo parece inacabable, sino que se recrudece de vez en cuando por las decisiones de instituciones que, siendo formalmente democráticas, prescinden de las reglas de la democracia a la hora de tomar decisiones. Me refiero, por ejemplo, al desgraciado y estúpido modo en que las instituciones europeas, más el FMI, han llevado el fallido rescate de Chipre.

Para la mayoría de la gente, la democracia es un do ut des. El contrato social democrático consiste en que los ciudadanos pagan sus impuestos, eligen a sus representantes y respetan las leyes (todo ello en grado variable de cumplimiento) a cambio de que el Estado garantice seguridad, prosperidad y tranquilidad. Si estas tres cosas fallan durante mucho tiempo, aparecen mesías más o menos peligrosos que se ofrecen a restaurar esa sagrada trilogía: seguridad, prosperidad y tranquilidad.

Pasó en muchos países europeos entre 1918 y 1945; en ese periodo, en Europa la democracia sólo sobrevivió, con enormes dificultades, en Gran Bretaña, Suecia, Suiza e Irlanda. Conviene recordar que la democracia es muy frágil, y que las crisis económicas y políticas prolongadas le sientan tan mal como bien a sus enemigos, algo que sin ir más lejos ya se ha ido viendo en Grecia e Italia (y en Venezuela)

Debido a su fragilidad, la democracia está condenada a reinventarse sin cesar. Por eso la breve historia de la democracia moderna es una sucesión de cambios incesantes: reformas de la constitución política, ampliación de derechos y creación de otros nuevos, invención de nuevas instituciones. El acceso a la información y la transparencia son de los últimos derechos e instituciones incorporados al elenco. Pero en España todavía no hemos aprobado siquiera una Ley de Transparencia (estamos en las primeras fases de la tramitación), mientras Ruanda estrenaba hace poco una muy avanzada. Y eso explica por otra parte la profunda institucionalización de la corrupción en nuestro sistema político: la transparencia es su antídoto.

El retraso español en política de transparencia, caso único en la Europa democrática, puede explicarse por muchas razones, desde la herencia de pactos de opacidad del régimen de la Transición (la amnesia política tendida sobre la dictadura es decididamente poco transparente) a la debilidad de una sociedad civil poco exigente. Porque la transparencia es básicamente una reclamación cívica surgida en las sociedades democráticas más maduras. Nace del principio de que toda la información que concierne a las personas, en poder de las administraciones del Estado, debe ser de libre acceso, salvo aquella, tasada, que afecte a la seguridad y al derecho a la privacidad. Y ello por dos razones: porque es una información de todos, propiedad de los ciudadanos, que el Estado sólo custodia, y porque cualquiera tiene derecho a saber en qué y cómo se gastan sus impuestos o lo que una administración guarda sobre él y sus bienes.

El concepto ha ido ampliando su radio: del derecho a saber cómo se administran los bienes públicos que salen de nuestro bolsillo, lo que implica conocer cómo se ejecuta un presupuesto, cómo se contraen deudas, cuánto se paga a los representantes públicos, que organismos reciben subvenciones públicas, etcétera, se ha pasado a considerar que el acceso a la información es un derecho básico que debería estar reconocido expresamente en la Constitución (no lo está en la española, por ejemplo), y que la política de transparencia debe ir mucho más lejos que la mera publicación pasiva, parcial y a petición, de datos en poder de la administración.

Ya se debate si la obligación de transparencia no debe incluir no sólo ya a quienes reciben subvenciones públicas sin excepción (eso ni se discute, como aquí pretenden hacerlo PP, PSOE, CIU o PNV), sino a cualquier organismo o entidad privada cuya influencia (poder) en la economía, la seguridad o la política del país sea tanta que pueda condicionarlas. Eso significaría que también bancos y grandes empresas estratégicas -por ejemplo, las energéticas, grandes corporaciones industriales y grandes grupos de comunicación- estarían obligadas a hacer públicas informaciones que ahora se consideran privadas.

La transparencia está muy vinculada a otra institución poco desarrollada entre nosotros: la dación de cuentas. Es la cara activa de la transparencia y el gran antídoto contra la opacidad: la obligación de los cargos públicos, administraciones e instituciones políticas de dar cuenta pública de sus actos y responder a cualquier cuestión pertinente sobre los mismos.

Veamos ahora en qué modo transparencia y dación de cuentas mejoran la democracia y pueden rescatarla de sus males degenerativos. Pondré dos ejemplos: la ruina de la mayoría de las Cajas de Ahorro españolas, y el rescate de Chipre por la Trokia (UE, BCE y FMI).

La ruina de las Cajas (51% del sector financiero español) fue consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, pero esta burbuja no se infló sola: fue cebada a conciencia por decisiones políticas y también por la credulidad de la gente (favorecida por la poca o nula crítica de la burbuja en los grandes medios de comunicación). De haber habido políticas exigentes de transparencia y dación de cuentas de los responsables de las Cajas, nombrados por partidos políticos, sindicatos y patronales, es obvio que la verdadera situación financiera de las Cajas se habría conocido mucho antes de que fuera irremediable elegir entre rescate del Estado (que ha resultado muy erróneo y dañino para el interés general) o la quiebra ordenada. Pero además se habría sabido a tiempo que los gestores de esas Cajas eran una mezcla de ineptos y saqueadores, y se podría haber desmontado a tiempo esa bomba de relojería financiera que eran esas Cajas al servicio del poder político, sindical y empresarial.

Lo mismo cabe decir del fallido y chapucero rescate de Chipre. La Unión Europea está demostrando un enorme déficit de transparencia y dación de cuentas compatible con altos niveles de exigencia en ambas cosas en algunos de sus Estados miembros. Obviamente, porque la UE no es un Estado aunque se vea obligada a tomar decisiones propias de uno. Pero lo hace con total opacidad y sin responder ante nadie, pues el Parlamento Europeo no tiene la capacidad de obligar a la Comisión a responder de sus insensateces en los rescates, ni al BCE de su política de salvación de la banca y abandono de los Estados. La consecuencia es que nos enteramos de decisiones tan graves como el rescate de Chipre cuando ya están tomadas y no pueden corregirse.

Transparencia y dación de cuentas no son la panacea, que desgraciadamente no existe. Pero sí poderosas instituciones para el desarrollo de la democracia, su mejora y la preservación de su eterno peligro, el secuestro del interés general por el de poderosos grupos de interés particular, sean partidos políticos descarriados o corruptos, o poderes financieros y económicos. Para ser eficaces y no mero papel mojado en el BOE, necesitan actuar en sinérgica combinación con una justicia independiente y con reguladores independientes con capacidad sancionadora. Y por supuesto, con ciudadanos responsables, activos y exigentes. Pero de esto último hablaremos otro día.

Reducción de entes autonómicos: ¿dónde está la bolita?
Luis del Pino Libertad Digital  26 Marzo 2013

Hace unos días, el Gobierno difundía informaciones a los medios que afirmaban que se había cumplido ya el 90% de los objetivos en cuanto a reducción de entes públicos dependientes de las autonomías.

¿Suena bien, verdad? El único problema es... que es mentira.

A 1 de julio de 2010 existían en España 2.404 entes públicos dependientes de las autonomías, como pueden Vds comprobar en la segunda columna del Cuadro I (página 5) de este informe del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas.

Dos años después, el 1 de julio de 2012, seguían quedando 2.206 entes públicos dependientes de las autonomías, como pueden Vds comprobar en la sexta columna de ese mismo cuadro del informe.

A 1 de octubre de 2012 (última fecha para la que existen datos), las comunidades autonómas seguían contando con 2.175 entes públicos, como pueden Vds comprobar en la sexta columna del Cuadro II (página 6) de este otro informe del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas.

A la luz de los datos contenidos en esos dos informes, cabe extraer las siguientes conclusiones:

1) Las Comunidades Autónomas sólo han reducido 229 entes sobre el total de 2.404 que tenían en julio de 2010. Es decir, se ha reducido un 9,5% del total de entes.

2) Los objetivos iniciales previstos eran reducir 525 entes (como pueden comprobar en el Cuadro II del primero de los dos informes citados). Por tanto, sólo se ha reducido el 44% de los entes previstos. Y eso después de dos años y tres meses.

3) En el segundo de los informes citados, el Ministerio recurre al artificio de decir que, además de los 229 entes efectivamente cerrados a 1 de octubre, hay otros 91 cerrados posteriormente (¿por qué no se han consolidado entonces los datos para otra fecha posterior al 1 de octubre?) más otros 157 que estarían inactivos o en proceso de cierre. Y es sumando todo eso (es decir, haciéndose trampas al solitario) como se obtiene ese propagandístico 90% sobre los objetivos del que hablaba el Ministerio.

4) Pero es que, además, si analizan Vds los cuadros por autonomía proporcionados en los dos informes del Ministerio, verán que esos supuestos cierres de entes se han producido, en muchos casos, por integración o fusión, con lo que el "ente" solo desaparece a efectos jurídicos, pero continúa operando como "subente" de otro ente. Pueden Vds ver un ejemplo en la página 30 del segundo informe, donde se ve cómo dos entes han desaparecido, pero solo porque se han fundido en otro ente de mayor tamaño. ¿Esa fusión reduce en algo el sector público?

5) No solo eso: en el caso de los entes consorciados (en los que participa más de una administración pública), hay numerosos casos, en los dos informes, de entes que "desaparecen" del listado de entes de las CCAA, pero solo porque la CCAA se ha retirado de ese ente: el ente en sí sigue existiendo, porque hay administraciones locales que forman parte de él y aún no han acordado cerrarlo (ver, por ejemplo, la nota 2 en la página 41 del segundo informe, referida a multitud de los entes supuestamente "eliminados" en la comunidad autónoma andaluza). Es decir, entes que se dan por cerrados, siguen en realidad abiertos, a expensas de la decisión de administraciones no autonómicas.

6) A este respecto, conviene recordar que además de los entes autonómicos existen otros 1.100 entes dependientes del estado y 5.400 dependientes de administraciones locales. Solo un informe consolidado de entes para todas las administraciones permitiría conocer cuántos entes se han cerrado de manera efectiva en toda España.

La pregunta, entonces, es: ¿cuánto se ha reducido efectivamente la administración con esa supuesta eliminación de entes autonómicos de la que nos habla el Ministerio? Y la respuesta la da el cuadro de la página 12 del segundo de esos informes ministeriales: una reducción de 5.863 personas.

La pregunta que cabría hacerse es si se ha producido una recolocación de algunas de esas personas en otros puestos dentro del entramado público. Pero dando por buena esa reducción de 5.863 personas, querría decir que, en un país con más de 2.600.000 empleados públicos, el proceso de "reducción" de entes autonómicos ha conseguido eliminar... un 0,2% de los empleados públicos a lo largo de los últimos dos años y tres meses.

Impresionante proceso de reducción, ¿eh?

Caos político en la UE por la crisis de Chipre
Pablo Sebastián www.republica.com 26 Marzo 2013

No sabemos qué es peor, si la quiebra del sistema financiero de Chipre o la incapacidad política de la UE para afrontar la crisis que aún está lejos de haber terminado ante el cruce y desastre de declaraciones de los primeros dirigentes europeos, empezando por el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, que ha desatado la furia de los mercados contra la zona euro después de afirmar que el rescate aplicado en Chipre -incluidos cierres de bancos y quitas de depósitos de más del 20%- podría ser aplicado a otro país de la UE con problemas similares a los de Chipre. Un disparate mayúsculo que luego ha tenido que rectificar.

No es la primera metedura de pata de gran alcance del nuevo ministro de economía de Holanda y presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, porque ya presidió la reunión en la que se propuso penalizar con quitas del 7% a los depósitos bancarios chipriotas inferiores a 100.000 euros, lo que está prohibido por la normativa europea. Y lo que al final obligó a una rectificación de urgencia a la UE y a buscar un nuevo acuerdo como el último alcanzado por la UE con las autoridades de Chipre.

Acuerdo este último que ha festejado la canciller Merkel y que ha levantado las sospechas en los mercados y muy duras protestas en Rusia que se considera el país más castigado por las quitas de la banca de Chipre, porque la mayoría de depositarios son rusos, lo que puede abrir una tensión de dimensiones imprevisibles entre Moscú y la capitales europeas. Y no olvidar que Rusia es uno de los primeros proveedores de gas y petróleo en la UE.

Por si algo faltara en este caso, el presidente de la Comisión, Durao Barroso, declaró que Chipre corre el riesgo de sufrir un “shock” en su economía, lo que también alarmó los mercados que ayer han tumbado las primeras Bolsas de la UE (la española cayó un 2,2 %, y la prima de riesgo llegó a los 362 puntos).

Al final y por “sólo” 5.800 millones de euros que la UE exigía a Chipre para completar el rescate de su sistema financiero, la Unión Europea espoleada por Merkel y secundada por Draghi desde el BCE y Lagarde desde el FMI, ante la pasividad de la Comisión Europea, ha creado una nueva crisis financiera en el seno de la UE que ya ha costado mucho más dinero de lo que se pedía a Chipre. Y todo ello con comportamientos políticos nada democráticos, gran descoordinación y un exceso de locuacidad imprudente como la del mencionado ministro holandés.

La principal culpable de todo ello ha sido Merkel que ha querido dar en Chipre un aviso y un castigo ejemplar para obligar a otros países de la UE a ser estrictos en su política de control del déficit y del sistema financiero. Pero la gobernanta de la UE se equivocó creando problemas que veremos a dónde nos conducen.

En cuanto a España, uno de los países más débiles y expuestos a la furia de los mercados, habrá que estar atentos porque el peligro de contagio existe, como lo reconoció el ministro De Guindos en contra de unas demenciales (otra más) declaraciones de Cospedal que había dicho horas antes que la buena gestión de Rajoy ponía a España a salvo de la crisis chipriota lo que no es verdad.

A salvo no está nadie porque estamos en manos de unos políticos europeos que han dañado la democracia, no han luchado contra el paro y los graves problemas sociales de la Unión y para colmo se han mostrado incapaces de cortar el ataque de los mercados al euro, por causa de una política restrictiva en los ajustes, tipos de interés muy altos y falta de fluidez del dinero del BCE.

Y todo ello y entre otras cosas para cubrir las espaldas a la banca de Alemania y a Merkel de cara a sus elecciones generales del otoño que viene. Algo que nos ha salido a todos muy caro y que el resto de las naciones de la UE, empezando por Francia, han de rectificar poniendo coto a la pretendida hegemonía de Merkel en la Unión, que hasta el momento ha causado más problemas que los beneficios que nos había prometido y no acaban de llegar.

Socialismo español
Francisco Rodríguez Adrados. La Razón  26 Marzo 2013

He escrito muchas veces en libros y periódicos sobre el socialismo o, mejor dicho, sobre el camino que el socialismo ha tomado en España. Me he cansado de predicar en el vacío. Lo mismo que me sucedió cuando expliqué aquí, en LA RAZÓN, que el mal llamado derecho a decidir no es un derecho democrático. Una ola de irracionalidad envuelve al país. Recuerdo aquello de Protágoras de que como los hombres todos poseen logos, son capaces de convencerse unos a otros: este sería el fundamento de la democracia. Mal profeta Protágoras. Más bien escuchamos una confusa algarabía que nos deja perplejos. Da la impresión de que todos somos corruptos, lo que no es verdad: la masa de la información contradictoria y a veces tendenciosa aplasta a la verdad con supuestas verdades. ¿Por qué no esperan a que haya un juicio justo?

Pero paso al socialismo español, que en estos días ha recibido la sentencia que merecía su comportamiento irracional: como no recoge votos suficientes, se ha unido, desde hace muchos años, a todos los movimientos subversivos y escorados bien a la izquierda profunda, bien a la disolución de la nación. ¿El resultado? Su propio hundimiento. Los marginales, tras verse aupados por ellos, ahora los abandonan. Como era previsible. El partido socialista catalán se ha separado. Todas sus maniobras a favor de los sucesivos estatutos de autonomía han acabado en esto: los socialistas catalanes se han pasado al catalanismo radical. Los han dejado tirados. En el País Vasco les espera igual destino. Se convirtieron en los salvadores de una ETA que estaba a punto de ser derrotada, la introdujeron en las instituciones del Estado, ¡y todavía, hoy cuando escribo, votan a favor de sus propuestas,:sacar de la cárcel a los terroristas que a ellos mismos los asesinaban! El futuro está escrito: los dejarán tirados, igual que en Cataluña.

Pero volvamos al pasado. Aquí hay, por lo menos, una cosa clara. El socialismo razonable era una contribución justa para quitar virulencia a problemas sociales y económicos. Pero desde el principio mismo, los socialistas estaban escindidos y siguen estándolo. Había y hay sin duda los que buscaban la democracia, la tendencia Lassalle, y los de la vía revolucionaria, la del mismo Marx. La primera tendencia es la de diversos partidos socialistas, así ocurre en Alemania desde 1959 (Congreso de Bad Godesberg), casi siempre en el laborismo inglés, con frecuencia en Francia, raras veces en España. Porque la vía revolucionaria, la de Marx, ha triunfado las más veces entre los socialistas españoles: primero con Iglesias, luego con la revolución del 17, más tarde con la del 34, después, en la Guerra Civil, en que defenestraron a los socialistas razonables como de los Ríos y Besteiro y se unieron a Largo y los comunistas. Así les fue. Pues ahora, igual. Se han unido a esa algarabía antiespañola y antidemocrática y no han aceptado su derrota en las elecciones generales. Al día siguiente comenzaron a unirse a todos los que alborotan y rompen la paz en España. Quieren hacer caer al Gobierno a base de disturbios y de insultos, de cercos al Congreso, de apoyo a todos los subversivos, a supuestos sindicatos (como el llamado «de estudiantes»: ni sindicato ni estudiantes, ¿por qué les dan dinero?), de arremeter contra cualquier idea que no sea la suya.

Señores socialistas: Vds. han sido formalmente derrotados por la vía política, no acudan a la de la subversión y los insultos. Ya ven a dónde les ha llevado su política tolerante con ETA y con el separatismo catalán. Y no se dan cuenta de que si perdieron, y volverían a perder ahora mismo, no es tanto por mérito del PP como para huir de Vds. Muchos votaron, simplemente, contra el Sr. Zapatero y muchos de sus ministros y ministras. La coalición entre el Socialismo actual o quienes lo dirigen y el sector contestatario-independentista ha fracasado. Para decir esto no hace falta apoyar al ciento por ciento al Sr. Rajoy ni a su partido. Podemos diferir en mil cosas o dudar del éxito de su intento de imponer a los hechos la lentitud de su ritmo. Pero no merece ese trato, que no viene de argumentos racionales, sino de hambre de poder y del irracionalismo.

La situación económica y otras varias situaciones han forzado medidas sin duda impopulares. Pero ellos hicieron concesiones que muchos no aprobaríamos, como, por ejemplo, aquellos pasos que han metido a ETA en las instituciones; de ellos los socialistas y sus aliados son los responsables.

Ésta es la situación del socialismo: su ala radical y ansiosa de poder le ha llevado a decisiones que más de la mitad de los españoles han condenado. Siguen sosteniendo la política de Zapatero y de los que están más allá de él. Y han recogido los frutos, sobre todo en Cataluña y el País Vasco. Dos lugares sensibles que habría que tratar con sabiduría. Por no atender al interés general los socialistas están hundiendo su propio tinglado. Lo menos que puede decirse es que allí y en todas partes recogen vidrios rotos. Y se comprende fácilmente. Es otra política la que habría ayudado a ellos y a España.

Cataluña como problema democrático
La actual legalidad se basa en los ideales de solidaridad e integración que representa Europa
José Tudela Aranda El Pais 26 MAR 2013 -

Poco a poco, parece extenderse la creencia de que el debate sobre el derecho a una eventual secesión de Cataluña es un debate entre legalidad y democracia. También, de alguna manera, una disputa ideológica entre, pretendidamente, fuerzas de progreso, aquellas que defienden, al menos, la posibilidad de ejercer un denominado derecho a decidir, y fuerzas conservadoras, sino directamente reaccionarias, que defienden el mantenimiento de la unidad del Estado y, en todo caso, el respeto a la legalidad. Como es natural, quienes propugnan las tesis secesionistas subrayan la plena legitimidad de su posición. Una legitimidad que, de forma más o menos expresa, se niega a la posición contraria. Contrastemos estas posiciones.

Aquellos que defienden el llamado derecho a decidir, y la independencia como eventual consecuencia, argumentan que la tesis secesionista tiene un plus de legitimidad por apoyarse en valores como la libertad, la democracia o la justicia. Legitimidad fuerte frente a una legitimidad débil. Son muchas las ideas que podrían usarse para rebatir esta posición. Baste decir que en una democracia se exigen argumentos muy poderosos para convertir en extranjero a un conciudadano. Parece cuestionable hacer elegir ciudadanía al catalán que vive en otra comunidad española y a aquel que desea seguir viviendo en Cataluña, pero no entiende de forma excluyente su condición identitaria, especialmente cuando no se da, ni remotamente, ninguno de los motivos que justifican en derecho internacional y filosofía política el ejercicio de la secesión.

Y no se dan porque el presente nivel de autogobierno garantiza de forma incuestionable el ejercicio de derechos individuales y de las expresiones culturales del ser catalán. Más aún, todo lo que se aduce como justificación de la apuesta independentista, identidad, autogobierno, financiación, tiene solución en un marco jurídico y político común. Por todo ello, puede sostenerse que defender la consecución de un marco compartido que de satisfacción a todos es más acorde con los valores que sustentan la legitimidad en una sociedad democrática que la posición contraria.

No se puede debatir sobre la celebración de un referéndum si no se han establecido las reglas de juego

Por otra parte, el principio democrático parece monopolizado por aquellos que defienden la independencia. La única exigencia de este principio sería la celebración de un referéndum para ejercer el derecho a decidir. Desde luego, es una parte del debate. Pero las exigencias democráticas no se limitan al hecho de votar, pues la democracia supone exigencias adicionales para los poderes públicos. Así en el supuesto que se comenta, la celebración de un referéndum, y el conjunto del debate sobre la independencia, plantean exigencias ineludibles y previas a cualquier decisión sobre una eventual votación. Entre las mismas, un funcionamiento equilibrado de los medios de comunicación públicos, la garantía de igualdad de oportunidades para todas las opiniones o, por supuesto, una información amplia y fidedigna sobre las condiciones y consecuencias de la independencia. También unos tiempos y un procedimiento que respondan perfectamente a las exigencias de un asunto de tanta trascendencia. No es posible debatir sobre la eventual celebración del referéndum si las reglas esenciales del juego no se han establecido. O, más bien, se han establecido unilateralmente.

Pero, antes de nada, se encuentra el propio respeto a la legalidad. En una sociedad democrática, la legalidad es expresión de la voluntad del pueblo y cualquier opción política, para respetar el propio principio democrático, debe encauzarse a través de la misma. En ocasiones, como es el caso, el ordenamiento no da satisfacción a una voluntad política determinada, pues la independencia de Cataluña no es posible en el presente marco jurídico, por lo que la consecución de tal objetivo obliga a reformar nuestro ordenamiento. No se trata de un mero formalismo jurídico, pues el gobierno de las leyes sigue siendo la forma más virtuosa de la democracia.

Finalmente, parece ganar posiciones la idea de que apoyar la posibilidad de la independencia de Cataluña o, al menos, ser equidistante respecto de la misma, es sinónimo de progreso mientras que la tesis contraria sería manifestación de un españolismo rancio. Semejante consideración, al menos, sorprende. En una visión conjunta del Estado, única posible desde fuera de Cataluña, identidad y financiación, principales argumentos del soberanismo, particularmente el segundo, pueden definirse como regresivos. Así, será necesario que se expliquen las consecuencias financieras sobre otras comunidades autónomas de materializarse esa independencia. O el ejemplo que se proyecta sobre el proceso de construcción europea, particularmente en el actual contexto de crisis. Renunciar a esta dimensión de la solidaridad tiene consecuencias inevitables sobre la idea y praxis de justicia.

Se ha dicho que no es posible entender España sin Cataluña. Como no es posible entender Cataluña sin España, pues no son dos realidades separadas. Es mucho más lo que une que lo que separa. Ninguna de las cuestiones que se aducen para defender el proceso de secesión son irresolubles si existe voluntad de resolverlas. Así, es plausible pensar en modelos jurídicos y políticos que encuentren acomodo en un Estado común a posibles déficits en materia identitaria y de financiación. La opción por ese Estado no se sostiene en una legalidad anacrónica. Está sostenida por la legalidad y por la legitimidad. Por el principio democrático y por una comprensión del Estado como instrumento de justicia redistributiva. Por los ideales de solidaridad e integración que representa Europa. Es el momento de convencer: desde el derecho, pero, ante todo, desde la razón.

José Tudela Aranda es letrado de las Cortes de Aragón.

Cuestión de supervivencia
RAFAEL NÚÑEZ HUESCA / Responsable de comunicación de Fundación DENAES, ABC  26 Marzo 2013

«Cada vez son más los españoles que reclaman, por una cuestión de estricta supervivencia nacional, una gran reforma constitucional llevada a cabo por los dos grandes partidos».

inguno de las grandes logros de la Humanidad fueron fruto de un hombre solo; todos lo fueron de empresas colectivas: Grecia, Roma, los avances médicos, la conquista del espacio, la democracia, el Descubrimiento, la Revolución Industrial o Científica. Incluso Einstein tuvo maestros y se sirvió de libros escritos por otros.

La colaboración entre los hombres, la suma, ha sido y sigue siendo la fórmula universal del éxito. En todos los órdenes de la vida. Desde lo deportivo hasta lo empresarial. La asistencia mutua, la contribución desde la pluralidad, las sinergias, las aportaciones desde diferentes perspectivas; todo genera un resultado mucho mayor que la simple suma de sus partes. Se trata de la renuncia magnánima de los intereses particulares en favor del interés general. No otra cosa es una nación.

Y es por eso que la voluntad de algunos reyezuelos autonómicos de separar a su región de la matriz española se antoja de todo punto inconcebible. Renunciar al acervo cultural común que compartimos todos los españoles y que supone sentir como propios la Torre de Hércules, La Alhambra, El Sardinero, Las Ramblas, la cocina vasca, la lengua española o ElQuijote, desafía, ya no a la historia o los lazos y afectos mutuos, también el más elemental sentido común.

Una Cataluña escindida de España supondría una abrupta alteración en todo los órdenes. Para el todo y, aún más, para la parte.

Muchos de los genios creativos que España ha ofrecido al mundo nacieron en Cataluña. El Principado constituyó siempre un lugar de vanguardia cultural, económica y empresarial que despertó la admiración del resto de España, y acogió con generosidad a otros compatriotas que llegaron allí con la ilusión de empezar una nueva vida. Cualquier español vería con pesadumbre cómo una tierra que siempre sintió como propia, pasaría a convertirse en un lugar ajeno, extraño. Y la misma cosa, en una dimensión colosal, sería privar a los catalanes de España. Un drama recíproco que algunos, en su locura, ya creen estar acariciando.

Para llegar a esto se ha tenido que sembrar previamente la semilla de la discordia. Y la semilla ha germinado. El nacionalismo catalán ha hecho bien su trabajo. Una labor metódica, por fases, sin las estridencias del nacionalismo vasco, que en Barcelona siempre juzgaron contraproducentes. Una calculada operación de ingeniería social, reconocida por la propia CiU en aquel documento de 1990 en el que proyectaba la «infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales» como herramienta para alcanzar el ansiado objetivo final. Nada nuevo. Prat de la Riba, el ideólogo de todo esto, trazó el camino a seguir hace más de un siglo: «Tanto como exaltamos lo nuestro, rebajamos y

Nmenospreciamos todo lo castellano (español), a tuertas y a derechas, sin medida». Y eso han hecho. Con notable éxito. Y con el beneplácito, cuando no la colaboración suicida, del propio Estado. Una estrategia que ha pivotado sobre tres ejes: narcisismo, victimismo y aversión al resto de España. Deleznable pero exitoso. Ahí están los hechos. Y ya con la tierra suficientemente empapada de rencor, es el momento de encarar la última y definitiva fase del plan.

Desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Denaes, tenemos la absoluta seguridad que el proceso de fraccionamiento es reversible. Hará falta coraje político y una férrea voluntad de cambio de modelo. Habrán de tomarse medidas drásticas. Todas las que no se tomaron antes. La primera de ellas, dotar al Estado de la consistencia y viabilidad de las que ahora carece. El Estado Autonómico se ha convertido en el Estado del bienestar de los partidos políticos, no de los españoles. Es inviable y la crisis económica ha destapado definitivamente todas sus carencias. La llamada partitocracia ha colonizado hasta el último estamento, justicia incluida, al punto de instalarse en un estado de corrupción sistémica y transversal, insoportable para el ciudadano, que empieza a mostrarse escéptico del actual modelo en su conjunto.

Es una necesidad imperiosa ahondar en el proyecto común de España, dotar al Estado de una coherencia acorde con la historia, la cultura y los afectos comunes entre los españoles. Las reformas que hoy necesita España no son sólo las orientadas a lo económico, ésas son sólo algunas, y ni siquiera las más importantes. Es necesario recuperar para el conjunto las competencias en Educación, Justicia, Protección Civil, Interior y Medio Ambiente.

Cada vez son más los españoles que reclaman, por una cuestión de estricta supervivencia nacional, una gran reforma constitucional llevada a cabo por los dos grandes partidos que sólo será posible a través de un ejercicio de patriotismo que dé prioridad al interés general por encima del interés particular, incluido el de los partidos, y siente las bases de la refundación del propio sistema. La reforma irremediablemente se hará; así lo exige la desesperada sociedad civil española. Nos conviene a todos que esta se produzca con la anuencia y colaboración de los grandes partidos políticos.

Griñán, el cajero de los ERE
Javier Caraballo El Confidencial 26 Marzo 2013

El miércoles pasado, la misma mañana en la que agentes de la Guardia Civil entraban en los despachos y domicilios de una veintena de nuevos imputados por el caso de los ERE fraudulentos repartidos por siete provincias españolas, la agenda política andaluza transcurría ajena a aquella convulsión de detenciones con un ampuloso acto en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Una de las crónicas publicadas sobre aquel acto decía así: “El Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, firmado este miércoles por sindicatos, patronal y Gobierno, carece de concreciones y no tiene dotación presupuestaria, pero incluye una declaración política de exigencias al Gobierno de la nación. (…) El documento se firmó en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, el lugar reservado para los grandes acontecimientos”.

Es decir, que allí, en la estancia palaciega más distinguida, se congregaron todos para firmar nada, ni medidas ni propuestas, con un presupuesto inexistente, en lógica correspondencia con la nada, pero con una declaración política de confrontación con el Gobierno central. Con menos palabras no se podría resumir de una forma más gráfica la política propagandística en la que ha sustentado su hegemonía el PSOE en Andalucía durante las tres últimas décadas; este pomposo “Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía” sirve para explicar fuera de esta Comunidad lo que en otras regiones o en otros países, sencillamente, no se puede concebir.

¿Cómo va a ser posible esta unanimidad en torno a la nada, que sólo sirve a un Gobierno para dar apariencia de actividad y para apuntalar su estrategia de confrontación con su principal adversario, el Ejecutivo del Partido Popular? Pues sí, es posible y, de hecho, ocurre. En Andalucía, y a pesar de que la región ya se acerca al 36% de paro. Acuerdo para el bla, bla, bla…

Claro que si existe esa unanimidad tan beneficiosa para el Gobierno andaluz, porque lo aísla de críticas y censuras de los llamados ‘agentes sociales’ por penosa que sea la realidad económica y laboral de Andalucía, es porque todos los que intervienen en la farsa, UGT, CCOO y Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), reciben contraprestaciones sustanciosas, decenas de millones de euros a través de la Concertación Social. Ahí, en el reparto, es donde de allanan todas las diferencias, económicas o ideológicas. Con tal de no descolgarse de la periódica lluvia de millones en subvenciones que aprueba la Junta de Andalucía, ni la patronal ni los sindicatos llevarán jamás sus críticas más allá de la mera apariencia.

Todos los que estaban en la foto de aquel acto pomposo, han debido conocer, necesariamente, cómo se gestionaban los ERE en la Junta de Andalucía y nadie dijo nadaY ahora volvemos a la foto, al extraordinario paralelismo que se dio aquel miércoles de detenciones por los ERE. Porque ese silencio cómplice es con el que, ahora, podemos explicarnos también cómo ha sido posible que dicha trama haya funcionado durante tanto tiempo en Andalucía sin que nadie, nunca, hubiera tenido la más mínima sospecha, la más leve discrepancia con la forma de repartir esos fondos. Todos los que estaban en la foto de aquel acto pomposo, han debido conocer, necesariamente, cómo se gestionaban los ERE en la Junta de Andalucía, y nadie dijo nada.

Tenían que saberlo, sí, porque no son otros los actores que intervienen en todas las negociaciones de los ERE, la Administración, los sindicatos y los empresarios. Sobre todo los dos primeros, porque a la patronal le cabe la disculpa de que no participa como organización en la negociación de una empresa con sus trabajadores, aunque es difícil de entender que no tuviera noticia alguna de cómo se estaban haciendo las cosas.

Los sindicatos, por ejemplo, como se ha podido saber en los últimos autos de la juez Alaya, no es que supieran algo de la trama, es que algunos de sus dirigentes, como el encarcelado Juan Lanzas, figura como uno de los principales imputados, y además participaban del reparto millonario de las comisiones que se erogaban con otros intermediarios. Un “verdadero negocio”, según las palabras utilizadas por la juez, en el que los sindicatos buscaban “nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio”.

¿De verdad que nadie en UGT ni en CCOO, nunca, en los diez años que duró el ‘fondo de reptiles’ de los ERE, sospechó nada de lo que ocurría? ¿Ni siquiera, como expertos en legislación laboral, apreciaron que se concedían subvenciones de forma discrecional y que se pagaban comisiones abusivas?

Y Griñán… Cómo no iba a saber el actual presidente de la Junta de Andalucía que el modo de repartir esas ayudas millonarias era ilegal si era él, como consejero de Economía y Hacienda, quien controlaba y ordenaba los presupuestos y las transferencias con las que se nutría el fondo de reptiles. “El cajero de los ERE”, como lo llama el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido.

Era a su Consejería, además, a la que llegaban las advertencias de la Intervención General de la Junta de Andalucía, en las que se alertaba de que el procedimiento utilizado para financiar los ERE “ignora los más elementales principios de objetividad, publicidad, transparencia y rigor financiero que deben presidir el actuar de la Administración". Es verdad que Griñán no ideó el sistema, pero, por los motivos que sean, lo consintió y nunca hizo nada para legalizarlo. Optó, como en la foto del otro día, por acomodarse a lo que ya existía. Esa farsa de la unanimidad que tanto calla, que tanto esconde.

Cómplices
858 razones
Rafael Dávila www.gaceta.es 26 Marzo 2013

Si arrastran de por vida el dolor, de por vida deben arrastrar su condena.

Menos de veinte minutos han sido suficientes para nombrar a los 858 asesinados por ETA. Lo ha hecho con firmeza y oportunidad en el Parlamento Vasco el presidente del PP, Antonio Basagoiti. Todavía se oiría su voz si hubiese nombrado también a los afectados por las secuelas físicas, psíquicas y morales.
Mientras, en Estrasburgo y ante el Tribunal de Derechos Humanos, las víctimas del terrorismo exigían que se las mirase a los ojos, los ojos de la dignidad que dan vida a las ausencias más queridas. Un asesinato no es igual que 132, decía brillantemente el abogado. Suficiente para sonrojar al Tribunal que delibera sobre la doctrina Parot. En buena ley, la única doctrina posible es que si unos arrastran de por vida el dolor, de por vida debe arrastrar su condena el que intencionadamente y sin arrepentimiento lo provocó. Lo contrario es perverso y sólo fruto de interpretaciones o de no haber legislado en su momento con la contundencia debida.

Por cierto, Parot es una de las peores alimañas de la ETA, especialista en asesinar a niños y militares y su única doctrina era la bomba y el tiro en la nuca. La situación es de profunda indignación. Veinte minutos para arrojar sobre la conciencia de Bildu, ETA, que ahora se sienta en el Parlamento, los 858 nombres de los asesinados.

Mientras tanto, un Tribunal de Derechos Humanos que puede poner en libertad a los asesinos y el presidente del más alto tribunal de justicia de España que dice que dejemos que el tema de ETA se diluya en el tiempo. Así estamos. Sobran tribunales y faltan voluntades, pero ya se sabe que una cosa es la ley y otra la vida y que mientras aquella puede poner a los asesinos en la calle no hay ley que devuelva a los asesinados a la vida. Las 858 razones que se oían en el Parlamento vasco, deberían resonar en los Tribunales.

*Rafael Dávila es General de División (R).

La presión nacionalista
Editorial Estrella 26 Marzo 2013

Como en un mal presagio, la gobernabilidad de Cataluña se le escapa de las manos a CiU. El último en intervenir, Oriol Junqueras, ha puesto de manifiesto la debilidad estructural del proyecto político instalado en la Generalidad. Desde fuera, es decir, desde la distancia necesaria para condicionar y no sufrir las consecuencias de las decisiones condicionadas, ERC se ha apresurado a reivindicar fecha y pregunta para que los ciudadanos se expresen mediante el formulismo del 'derecho a decidir'.

Oriol Junqueras ha puesto de manifiesto la debilidad estructural del proyecto político instalado en la Generalidad

La inestabilidad es un hecho, y lo es, precisamente, como consecuencia de esta vía de escape a las dificultades de gobierno con que se enfrentaba Mas. Ante la situación crítica de la institución de autogobierno catalana, los dirigentes de CiU decidieron establecer el máximo en su relación dialéctica con Madrid: estamos mal, es un hecho; y si estamos mal es por el sistema de financiación, que también es un hecho; y el sistema de financiación es una injusticia porque Cataluña tiene una identidad nacional que no encaja con una Constitución que la limita a la hora de decidir... su financiación.

Con esa clave se inició el proceso soberanista, y con ese inicio se culminó el desastre de CiU, electoral primero y de gobierno después, a cuyo apuntalamiento por ERC asistimos por episodios. Desde entonces, es bien conocido por todos, no se ha resuelto la situación económica de la Generalidad y además, ahora, se navega sin rumbo fijo: los compromisos con Esquerra obligan a la demagogia de disimular el coste de los recortes, pero sin dejar de hacerlos, culpando, eso sí, al gobierno central de ellos.

La situación además de desproporcionada se acerca ahora a la ridiculez. Los socialistas, hasta hace bien poco una fuerza decisiva que sentaba bases de entendimiento y equilibrio, se han difuminado en una confusa desorientación estratégica que los coloca al vaivén de las circunstancias, por más que pretendan hacer pasar sus actos por decisiones meditadas. Es más, el PSC se limita, para tener plano en la actualidad, a atacar al PSOE porque eso le facilita mayor visibilidad que insistir en Cataluña en racionalizar un debate imposible; se deja llevar por la peor de las mareas políticas: la de la indolencia y el oportunismo tacticista.

El gobierno, enrocado por sus problemas con la corrupción, parece ausente del verdadero problema que se guisa a fuego lento en Cataluña. Y debería actuar.

El 'no rescate'
Chipre se hace un islandés
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 26 Marzo 2013

Tanto reclamó la izquierda que la solución para Chipre era dejar quebrar a los bancos, como supuestamente se hizo en Islandia, que al final la Troika parece haberle hecho caso. Así, en el acuerdo de no rescate cerrado ayer por la noche, se pactó que los accionistas de los bancos lo pierdan todo, los bonistas también, y que finalmente los depositantes de más de 100.000 euros sufran una quita cercana al 40%, que les será compensada con nuevas acciones de las entidades financieras (con lo que se convirtirán en los dueños de los bancos chipriotas).

Imagino que a estas alturas todos los indignados patrios estarán aplaudiendo a Alemania por, finalmente, aplicar la medicina islandesa en Chipre. ¿O qué otra cosa pensábamos que significaba aquello de "¡Dejemos quebrar a los bancos!"? Pues simplemente que las pérdidas de sus carteras de inversiones y préstamos (el activo) se trasladan íntegras, y según los órdenes de prelación preestablecidos, a sus financiadores: accionistas, bonistas júnior, bonistas sénior y depositantes. Acaso algunos descubran hoy que "dejar quebrar a los bancos" no es un procedimiento que le salga gratis al ciudadano de a pie.

En cualquier economía, los principales agentes que proporcionan financiación a los bancos son gente como usted, estimado lector; como sus vecinos, sus familiares y sus amigos. Es decir, los depositantes. En el caso de Chipre, los depositantes no es que fueran los principales inversores en la banca, es que eran prácticamente los únicos. Motivo por el cual una vez el Gobierno griego impagó su deuda pública (tal como los syrizófilos nacionales y extranjeros le imploraban) los bancos chipriotas, que la habían adquirido en grandes cantidades, se toparon con un monumental agujero que trasladaron a sus acreedores, entre ellos y de manera destacada los depositantes.

Claro que tal vez a estas alturas de la película los mismos que habían tomado las calles protestando contra la socialización de pérdidas intrínseca al rescate de la banca española sacralicen una análoga socialización de pérdidas para la isla mediterránea: a saber, que el parado soriano o malagueño paguen, a través de ese monstruoso 21% de IVA, las pérdidas de los oligarcas rusos con depósitos en Chipre. Desde luego, no parecería lo más coherente, pero cuando se trata de protestar indignadamente tanto valen una privatización o una socialización de pérdidas.

Es verdad que a nadie le gustaría estar en la posición de los depositantes chipriotas con más de 100.000 euros. De hecho, a nadie debería gustarle vivir en un sistema bancario tan poco respetuoso con la propiedad privada como el actual. Pero una privatización de las pérdidas derivadas de ese perverso esquema financiero siempre será más justa que una socialización de las mismas. Mejor Chipre que Irlanda, por mucho que ello deje al ciudadano con una fuerte sensación de incertidumbre. Y es que la única forma de proteger nuestros ahorros no pasa por confiar nuestra hacienda y nuestra libertad a los políticos: la principal responsabilidad sobre cómo manejar nuestro patrimonio es nuestra. Chipre nos ha mostrado que los supervisores no son infalibles (a decir verdad, esto ya lo habíamos descubierto con nuestro Banco de España) y que el Estado no va a ser capaz siempre de cubrir nuestros errores con dinero ajeno. Quien tiene un patrimonio no puede aspirar a que el Estado se lo blinde frente a cualquier contingencia; y si lo espera, si hace dejación de sus responsabilidades y abraza una fe ciega en los gobernantes de turno, que luego no proteste cuando los descubiertos en cuenta hagan su aparición. La integridad personal se demuestra asumiendo los errores propios, no cargando el muerto a los demás.

En suma, si hay alguna lección que asimilar en el caso de Chipre es ésta: aprenda a cuidar sus ahorros y no encomiende su protección ni a rescates estatales ("pagará el contribuyente") ni a quiebras a lo islandés ("pagarán los capitalistas extranjeros"). La demagogia sale gratis; las malas inversiones personales, no.

Cataluña
“En lugar de ver la lengua española como una enemiga del catalán, la ha de ver como una aliada sin la cual será difícil tirar adelante”
Redacción www.vozbcn.com 26 Marzo 2013

Javier Cercas, escritor, en declaraciones a la agencia ACN, durante el Salón del Libro de París, este lunes:

“[...] Empecé escribiendo artículos en catalán, pero mi lengua materna es el castellano, y la literatura la he escrito en castellano. Pero si se acabase la literatura en castellano escribiría en catalán, porque mi patria no es la lengua sino el lenguaje. [...] El catalán no es de Artur Mas, ni mío, como el castellano no es de [Mariano] Rajoy. Las lenguas son de todo el mundo, incluso de los que no las hablan. La utilización política de las lenguas es una catástrofe. [...] En lugar de ver la [lengua] grande como una enemiga [de la lengua pequeña], la ha de ver como una aliada sin la cual será difícil tirar adelante. [...] Las lenguas no son enemigas, no sé quién ha dicho esto; es un disparate. Las lenguas son amigas, y más lenguas como estas. [...] No existe una literatura nacional con unos rasgos específicos en Cataluña, pero Francia tampoco la tiene”.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Incendiar la calle
EDITORIAL Libertad Digital 26 Marzo 2013

Aunque la denominación escrache es de reciente implantación en nuestro país, la violencia con fines políticos no es por desgracia una novedad: durante muchos años la sociedad española ha sufrido la peor de esas violencias, el zarpazo asesino del terrorismo.

Obviamente, insultar a un político, asaltar su vivienda o intentar agredirle en la calle no es lo mismo que asesinarle, pero tampoco conviene olvidar que buena parte de la violencia de ETA revestía una forma muy similar a la que ahora se puede ver con la excusa de los desahucios: los insultos, la intimidación o el acoso eran el pan nuestro de cada día para muchos en el País Vasco, y ese estado de cosas obligó a miles de ciudadanos, muchos de ellos políticos en activo y otros no, a dejar esa región y buscar un ambiente respirable en cualquier otro lugar de España.

Durante el Gobierno de Aznar y a raíz de sucesos como el desastre del Prestige o la Guerra de Irak también pudimos ver cómo desde organizaciones y partidos de izquierda, y con el silencio, cuando no la complicidad, del PSOE se atacaron más de 300 sedes del PP. Los insultos y los intentos de agresión fueron un ingrediente habitual de la política española. Finalmente, se llegó al uso abyecto de la calle en la jornada de reflexión de las elecciones de 2004.

Lamentablemente, hemos visto cómo la violencia ha dado buenos réditos a quienes la han practicado: en el País Vasco la franquicia etarra de turno ocupa el poder en Guipúzcoa, San Sebastián y decenas de ayuntamientos, tras obtener elevados porcentajes de voto en las elecciones e incluso amenazar la hegemonía del PNV; en cuanto a lo ocurrido en las elecciones de 2004, todos sabemos lo que pasó y a dónde nos ha llevado.

No es extraño, por tanto, que, ante el éxito que la violencia política reporta en España, personajes sin muchos escrúpulos y dotados del habitual complejo de superioridad moral de la izquierda se planteen recurrir a ella.

La violencia política nunca está justificada, y menos aún en una democracia como la nuestra, por muy imperfecta que sea. Ninguna causa es tan justa como para pasar por encima de los derechos básicos de los individuos, sean políticos o no; ningún drama social debe llevar a nadie tomarse la justicia por propia mano; ninguna situación es tan desesperada como para sancionar la intimidación y la fuerza contra quienes son vistos como obstáculos.

La práctica del escrache es no sólo absolutamente inmoral, también extremadamente peligrosa: en una sociedad como la nuestra, que atraviesa graves dificultades, un movimiento populista que incite a la agresión es una verdadera bomba de relojería.

Rechazar el uso de la violencia en política es una labor de todos, empezando por el Gobierno, que debe usar la ley sin titubeos para frenar a los que no la cumplen, y por supuesto de los partidos políticos, que han de mantener una posición tan clara y contundente como la de la acertadísima Rosa Díez. Pero también los ciudadanos deben ser beligerantes contra la violencia; y sobre todo es fundamental el papel de los medios de comunicación, que en no pocas ocasiones mantienen una actitud extremadamente complaciente con todo lo que viene de la calle, jaleando a cualquier desaprensivo que se presente como revolucionario y que, en el fondo, solo se aprovecha de aquellos necesitados a los que dice defender.

PP vasco
Las incoherencias de Basagoiti
Cayetano González Libertad Digital 26 Marzo 2013

Hizo muy bien el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, en leer el pasado viernes en el Parlamento autonómico la lista con los nombres de las 857 personas que han sido asesinadas por ETA a lo largo de sus mas de cincuenta años de macabra existencia. Días antes, la portavoz de la marca de ETA en esa Cámara, Laura Mintegi, había cometido la inmoralidad de decir, refiriéndose al asesinato del socialista Fernando Buesa, que esa fue una muerte que se podía haber evitado porque tenía un "origen político". Al menos, Basagoiti consiguió que tanto Mintegi como el resto de parlamentarios de EH-Bildu tuvieran que escuchar durante más de diecisiete minutos la interminable lista de los crímenes de ETA, que ni han condenado ni condenarán; ni han pedido ni pedirán perdón a las víctimas por el dolor causado.

Reconocido el acierto del líder de los populares vascos por esa intervención parlamentaria, que sirvió también para rendir un homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo, habría que decir que en política, como en el resto de órdenes de la vida, conviene ser coherente siempre, o al menos intentarlo. Y en este intento, a Basagoiti y al resto de dirigentes del actual PP vasco se les ha pillado en diferentes ocasiones en unas flagrantes incoherencias.

Por ejemplo, uno echó en falta que Basagoiti cesara o al menos desautorizara públicamente a su compañero de filas y presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, cuando hace tres meses dijo aquello de que "el futuro de Euskadi se tiene que construir también con Bildu". Lo mismo con el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que se ha jactado en diversas ocasiones de la buena relación que mantiene con los concejales de Bildu, con los que además es muy agradable irse de potes.

Por ejemplo, uno echó en falta que Basagoiti no se opusiera, más bien hay que pensar que en su momento dio su beneplácito, a la decisión política que tomó el pasado verano el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de conceder el tercer grado penitenciario al torturador-secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga, lo que derivó en su puesta en libertad y en que desde entonces pueda pasearse tranquilamente por las calles de Mondragón, la misma localidad guipuzcoana donde mantuvo secuestrado 532 días al citado Ortega Lara.

Por ejemplo, uno echó en falta que Basagoiti le dijera algo a su número dos en el PP vasco, Iñaki Oyarzabal, cuando calificó de "extrema derecha" a las asociaciones de víctimas del terrorismo que osaban discrepar de la política antiterrorista seguida por el actual Gobierno del PP.

Estos son sólo tres ejemplos que ponen de manifiesto no sólo la incoherencia, sino la falta de autoridad y de liderazgo que en algunos momentos ha demostrado el actual presidente de los populares vascos. Quizá no esté de más recordar que Basagoiti llegó a ese puesto tras la salida traumática de María San Gil, en el verano del 2008, haciendo excesivas concesiones al clan alavés, compuesto por Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzabal y Javier Maroto.

Pero Basagoiti va tener todavía una oportunidad, una auténtica prueba de fuego, para medir su coherencia, antes de que dentro de unos meses deje –según anunció él mismo tras el batacazo electoral de las autonómicas– la presidencia del PP vasco. Me refiero a la decisión de participar o no en la denominada ponencia de paz que el lehendakari Urkullu quiere poner en marcha en el Parlamento vasco, y en la que estaría EH-Bildu.

Hasta ahora el PP se ha resistido a compartir mesa con quien, reitero, ni ha condenado los crímenes de ETA ni ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo, y además quiere escribir un relato de lo sucedido en clave de conflicto político equiparando a las víctimas con sus verdugos. Seguramente Basagoiti esté en contra de participar en esa ponencia. Pero hay otros en su partido –Oyarzabal, Semper, Maroto y alguna vizcaína trepadora– que no piensan lo mismo y son partidarios de "normalizar" las relaciones con EH-Bildu. Si el PP quiere seguir haciéndose irreconocible para su electorado y avanzar un poco mas hacia la marginalidad en la vida política vasca no tiene más que acudir a esa ponencia y sentarse a debatir sobre la "pacificación y normalización" con los amigos de ETA.

Si al final esto es lo que ocurre, Basagoiti se podría haber ahorrado la lectura de los nombres de las 857 personas asesinadas por la banda terrorista. Si consigue evitarlo, habrá prestado, antes de irse, un importante servicio no tanto a su partido como a los valores y principios que el PP vasco ha defendido durante muchos años, bajo el liderazgo de personas como Jaime Mayor Oreja, María San Gil o Carlos Iturgaiz, y por los que fueron asesinados un buen número de concejales y cargos públicos populares. Y de paso habrá conseguido ser coherente con su buena actuación de la pasada semana en el Parlamento regional.

Justificar el pasado
FLORENCIO DOMÍNGUEZ. EL CORREO  26 Marzo 2013

El discurso de la izquierda abertzale, antaño Batasuna, ahora Sortu, era antes mucho más fácil de articular. Lo único que tenían que hacer era respaldar a ETA de manera incondicional y colaborar con la organización terrorista en sus objetivos políticos. Estaba claro por dónde pasaba la línea divisoria entre los suyos y los otros. Bastaba con no cruzar la raya y sostener la ortodoxia contra viento y marea.

Forzada por la necesidad de salir de la ilegalidad, Batasuna tuvo que desarrollar un nuevo discurso proclamando que renunciaba a la estrategia terrorista. Pero ese viaje lo hizo sin una revisión de su pasado, sin distanciarse del mismo.

La izquierda abertzale hizo juegos malabares para presentar la estrategia actual como la continuidad natural de su historia pasada, no como un corte brusco. El argumento implícito era que si ahora se volvían hacia la política sin armas era precisamente gracias a la violencia que habían empleado hasta entonces. Han querido presentar la nueva orientación como fruto del éxito de décadas de terrorismo en lugar de reconocer que cambiaban porque estaban en un callejón sin salida.

La falta de una revisión crítica de su pasado, a corto plazo, ha podido ser una medida eficaz en el ámbito interno para mantener la cohesión y la unidad en su base social, evitando posibles fracturas al pasar de la noche a la mañana de respaldar el terrorismo de manera incondicional a sostener que su única apuesta es la política. Pero de puertas afuera le está provocando situaciones difíciles, como se ha visto en el Parlamento vasco la pasada semana.

Ante una demanda mayoritaria de la sociedad vasca para que haga un reconocimiento de sus responsabilidades en la violencia pasada, la izquierda abertzale responde haciendo equilibrios en el alambre. Su discurso busca evitar que tanto ETA como Batasuna-Sortu tengan que asumir responsabilidad política alguna y siguen tratando de generalizar culpas para no asumir las propias. El discurso dominante en la izquierda abertzale sigue siendo un discurso justificador de la violencia cometida, aunque en vez de aplaudir con descaro se diga que sólo se pretende contextualizar lo ocurrido.

Es una cabriola pretender que se está con las víctimas y, al mismo tiempo, organizar en los pueblos homenajes a cada preso que sale de la cárcel, como se está haciendo sin que, por cierto, ni las autoridades políticas, las policiales o las judiciales tomen cartas en el asunto. No puede haber un reconocimiento sincero de las víctimas si, al mismo tiempo, se protesta cada vez que se detiene a un miembro de ETA y se aplaude a cada preso, como si los miembros de la banda no fueran

Discurso de Rosell a los gentiles
Javier Orrico Periodista Digital 26 Marzo 2013

Crónica de las palabras de Sandro Rosell a niños de doce años de un IES del Barrio del Carmelo, en Barcelona. El instituto se llama Ferran Tallada, nombre muy apropiado para El Carmelo, donde todos son lo que siempre se llamó ‘mursianus’, los pijoapartes de Marsé, los inmigrantes que venían a trabajarles a los señoritos catalanohablantes, y a los que hace pocos años les hundieron el barrio. ¡Ah!, sin embargo, ahora el catalanismo les ofrece una patria futbolingüística, al menos según el diario Sport:

"Pues ahora os explicaré algo (…): Que vosotros lo habléis (el catalán ), lo entendáis y que seáis del Barcelona en Cataluña en catalán es exactamente lo que se debe hacer. Porque -añadió- será la gran demostración de que sentís el club, de que sois del Barça, estáis en Barcelona, vivís en Cataluña y compartís los valores que todos los catalanes queremos tener (…)’, afirmó.

Así, Rosell insistió en que ‘vengáis de donde vengáis, del norte o del sur, nos integremos todos y hagamos una gran familia, la familia culé y la barcelonista. Quiero reiteraros que penséis que nuestra lengua oficial es el catalán y, por lo tanto, es muy importante que compartáis la lengua del club con todos los niños que convivís en este país’, dijo por último Rosell a los escolares, entre los que había multitud de inmigrantes, precisamente en uno de los barrios con mayor tasa de inmigración del resto de España y extranjera.”

¿Qué os ha parecido, queridos barcelonistas de les Espanyes? Si algo similar lo dice Florentino, se le hubiera expulsado de Espanya al grito de ‘facha’. La pena es que el discurso es del ‘president’ del club del separatismo y de la izquierda humilde y qatarí de los golpes de pecho, Barcelona F.C. Esta es, la de arma de propaganda y conversión al catalanismo, arráncándoles a los niños su lengua materna (en la Cataluña nacionalista la lengua sólo es materna si es el catalán); mintiéndoles, al ocultarles que el español también es lengua oficial; imponiendo la hermosa idea totalitaria de un club, una familia, un pueblo, una lengua, una nación, con sus aromas germánicos; esta es, decía, la verdadera dimensión del Barcelona F.C. y de lo que está pasando hoy en Cataluña con el apoyo de la izquierda española y el mercadeo culpable de la derecha. Eso es el Barça, más que un club, una religión, ahora que también el Papa es blaugrana. En catalán, por supuesto.

Cataluña
Señalados por etiquetar en español
Plataforma per la Llengua, entidad generosamente premiada y subvencionada por la Generalidad, insiste en difundir listados de empresas que no utilizan el catalán en el etiquetado de sus productos con el objetivo de promover el boicot lingüístico.
Andreu Caballero www.vozbcn.com 26 Marzo 2013

Mucho se ha escrito sobre supuestos boicots a productos catalanes desde el resto de España, o viceversa. Sin embargo, más allá de las informaciones que tratan de relacionar las caídas de las ventas con las declaraciones de ciertos políticos, o de elevar a categoría algunos casos particulares, no hay pruebas fehacientes de que estos boicots hayan tenido éxito y, menos aún, de que se hayan promocionado este tipo de acciones desde las instituciones o desde entidades próximas a estas.

Con una excepción: el caso de Plataforma per la Llengua.
El InformeCat 2013 hecho público este lunes por la entidad lo deja muy claro. Con la excusa de ofrecer ‘una panorámica de la salud del catalán’, Plataforma per la Llengua presenta un significativo cuadro gráfico en el que marca con una cruz roja a las empresas privadas que no etiquetan sus productos en catalán y sí lo hacen en español, y señala con una marca de visto en color verde aquellas que sí lo hacen.

Lista de las empresas que etiquetan sus productos en catalán y las que no lo hacen (cuadro: Plataforma per la Llengua).
Lista de las principales empresas que etiquetan sus productos en catalán y las que no lo hacen (cuadro: Plataforma per la Llengua).

El objetivo del cuadro -que ya fue publicado hace unos meses- no es otro que el de instar a los consumidores a comprar únicamente productos de las empresas que utilicen el catalán en las etiquetas de sus productos, es decir, no comprar aquellos que están etiquetados únicamente en español.

La ley no obliga a etiquetar en catalán
La entidad justifica su listado de empresas señaladas por el hecho de que estas presuntamente incumplen la autonómica Ley del Código de Consumo, que, según su criterio, ‘obliga a etiquetar en catalán los datos obligatorios de los productos’. Pero la realidad es otra.

En su artículo 128.1, la citada ley indica que los consumidores ‘tienen derecho a recibir en catalán las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad’. Pero en ningún caso establece que esta información deba aparecer en la etiqueta, cuestión que se regula con otras leyes.

La propia Agencia Catalana de Consumo de la Generalidad explica que ‘la información en catalán podrá constar en cualquier soporte de acuerdo con la normativa reguladora del bien en cuestión: en el mismo producto, en una etiqueta adherida o colgada, en el propio embalaje, o bien en un folleto aparte cuando sea conveniente’. Es decir, el Código de Consumo afecta en este punto a los comerciantes -a la tiendas- pero no a las empresas que fabrican los productos, pese a que así lo pretende Plataforma per la Llengua.

De hecho, esta obligación de utilizar una lengua determinada que impone el Código de Consumo tampoco es legal. Así lo estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de junio de 2010, donde dejó muy claro que ‘el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

Una entidad acostumbrada a los boicots
En cualquier caso, para Plataforma per la Llengua los boicots no son una novedad. Hace varios años, la entidad promovió un boicot masivo contra Telecinco por posicionarse a favor del Manifiesto por la lengua común, un documento promovido por múltiples personalidades en defensa de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en las CCAA con más de una lengua oficial.

También son conocidos sus chantajes comerciales (contra medios de comunicación -incluido el propio grupo Godó-, aerolíneas, cines o pequeños negocios), así como sus campañas para que las escuelas públicas desobedezcan las múltiples sentencias de los tribunales que obligan a restablecer el bilingüismo escolar -todo ello con el aval del Gobierno autonómico-, y para desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Más recientemente ha lanzado, en colaboración con el F.C. Barcelona, una guía para niños que sitúa el español como una lengua extranjera y que insta a utilizar siempre y únicamente el catalán.

Pese a todo, Plataforma per la Llengua se presenta como una entidad que trabaja para ‘promover la lengua catalana como herramienta de cohesión social’, y en los últimos años ha sido generosamente premiada y subvencionada por la Generalidad y por las administraciones locales.

Carrefour de Puigcerdà margina el español
Sólo utiliza el catalán y el francés en sus carteles informativos
 www.lavozlibre.com 26 Marzo 2013

Barcelona.- El supermercado Carrefour del municipio gerundense de Puigcerdà no incluye el castellano en sus carteles informativos y, sin embargo, prefiere el catalán y el francés para sus rótulos.

Como se puede observar en la imagen superior, la cadena de distribución de origen francés informa a sus clientes del horario de apertura y cierre en catalán y en francés, sin que haya ni rastro de español en el anuncio en cuestión. Lo mismo ocurre en este supermercado con el resto de rótulos, como los situados en las cajas de pago.

Precisamente, Carrefour se vio envuelto hace un año en una polémica lingüística, pero en este caso en la Comunidad Valenciana. Después de las quejas de los clientes, la cadena gala decidió dejar de rotular en catalán sus carteles, como hacía hasta ese momento, y los cambió al castellano.


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