AGLI Recortes de Prensa   Sábado 13 Abril 2013

Más déficit es el problema, no la solución
EDITORIAL Libertad Digital  13 Abril 2013

El Gobierno avanzó este viernes que ya ha pactado con la Comisión Europea elevar el objetivo de déficit del 4,5% del PIB previsto inicialmente a cerca del 6% en 2013. De este modo, el calendario para recortar el descuadre presupuestario hasta el 3% se alargaría finalmente hasta 2016, frente al 6,9% registrado en 2012 (10,6% del PIB si se incluyen las ayudas bancarias). Este margen extra será aprovechado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para suavizar el ritmo y el volumen de recortes públicos, al tiempo que permitirá ofrecer un nuevo balón de oxígeno a las comunidades autónomas, aumentando igualmente su objetivo de déficit desde el 0,7% actual.

Así pues, el PP mantiene intacta su particular estrategia económica, consistente en pregonar las bondades de la austeridad pública, pero tan sólo de boquilla, ya que su principal tarea en Bruselas se centra, casi exclusivamente, en presionar a sus socios comunitarios para retrasar los ajustes o recabar nuevas ayudas en forma de dinero público o masivas inyecciones monetarias sin necesidad de condiciones extra. Elevar el objetivo de déficit comprometido con la UE fue lo primero que hizo Rajoy al llegar al Gobierno, tras su inesperada subida de impuestos, y ahora, apenas un año después, vuelve a repetir la operación. No en vano, cabe recordar que primero Zapatero y después Rajoy afirmaron por activa y por pasiva que España reduciría el déficit al 4,5% del PIB en 2012 para, de este modo, alcanzar en 2013 el límite máximo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad. Nuevas promesas incumplidas que, pese a constituir ya una costumbre propia de la clase política española, acaban quitando credibilidad al conjunto del país.

Retrasar la reducción del abultado déficit público que sigue registrando el conjunto de las administraciones públicas no es ningún respiro, y aún menos la solución, para la grave crisis económica sino, muy al contrario, el principal obstáculo para lograr la ansiada recuperación y creación de empleo a corto y medio plazo. La austeridad –entendida como recortes del gasto y no como subida de impuestos– no sólo no está reñida con el crecimiento, sino que es la condición necesaria para que éste se produzca, tal y como afirman una y otra vez Angela Merkel o el propio BCE. Sin una drástica reestructuración del sector público y una firme política de reformas estructurales encaminada a liberalizar el anquilosado sector productivo, España seguirá dependiendo, de una u otra forma, de la asistencia financiera de las autoridades comunitarias, sin que ello evite caer en un prolongado estancamiento económico.

En este sentido, el informe de la Comisión Europea publicado esta misma semana vuelve a advertir a Mariano Rajoy que aún queda mucho por hacer para sanear la economía y las finanzas públicas españolas. No es tiempo, pues, para relajarse en materia de ajustes presupuestarios. Sin embargo, por desgracia, todo indica que la flexibilización del déficit público por parte del Bruselas permitirá al Gobierno y a las CCAA tomarse un inmerecido, indeseado y contraproducente respiro.

La Patria no tiene precio
Rafael López-Diéguez www.gaceta.es  13 Abril 2013

Lo que de verdad urge es cambiar el equivocado modelo no centralizado.

No son pocos, y entre ellos me encuentro, los que han planteado la necesidad de abordar la reforma constitucional en sentido contrario al que comúnmente se anuncia. Uno de los errores de 1978 fue el título VIII de la Constitución, que puso en marcha el proceso de desvertebración nacional que ha acabado en puro secesionismo, además de haber creado un auténtico agujero negro en las cuentas públicas. La debilidad y tibieza del actual Gobierno, así como la connivencia para no cambiar la ley electoral, ha dado un inusitado valor a quienes aspiran a desgajar, para beneficio propio, partes consustanciales de España amparándose en un ilegítimo “derecho a decidir”. La Patria, como afirma el Papa Francisco, no es propiedad de esta generación, “es lo recibido de los padres y lo que has de entregar a los hijos, la Patria o mantiene su ser o muere… la Patria debe ser entregada acrecentada pero no adulterada”.

Aunque parezca un contrasentido, los elementos de autodestrucción que ha generado el sistema autonómico, muy acusados en aquellos lugares en los que el separatismo, gracias a la abdicación del Estado, ha hecho presa, está dando al Gobierno una oportunidad única para invertir la situación. Sin embargo, resulta evidente que el gobierno, en vez de iniciar un proceso de restauración y regeneración nacional, acorde con el amor a la Patria –deber de razón y de Credo– prefiere contemporizar comprando tiempo a precio de Euro y nuevas concesiones económicas. Todo ello cuando lo que de verdad urge es cambiar el equivocado modelo de descentralización. Ese que está haciendo posible que los españoles seamos desiguales en derechos y que muchos miren hoy con recelo los elementos que nos identifican, nos cohesionan y nos integran como nación.

Izquierda Unida dirige la orquesta, con el PSOE del ramal
Antonio Pérez Henares Periodista Digital  13 Abril 2013

Rubalcaba no se entera o se ve impotente para reaccionar, pero el PSOE se le esta pasando a IU, que es quien marca pauta y estrategia, en la calle, en el gobierno andaluz y en el Parlamento español. La formación que dirige Cayo Lara, coherente con su ADN, heredera del PCE y ahora trufada con diversos y mas extremos radicalismo, anclada y firme en sus viejos y resucitados principios nacionalizadotes, expropiadores y estatalistas, anticapitalistas claro, y enemigos de la propiedad privada, también, está en un tris de alcanzar su viejo sueño, acariciado por Anguita, del “sorpasso” y revancha sobre la social-democracia. De entrada lo que ha logrado es imponer táctica y estrategia, convertir en hegemónica su línea ideológica, situarse en vanguardia y vertebración de los movimientos sociales y callejeros y arrastrar del ronzal a un derrotado, dividido y confuso PSOE que complacientemente participa y sigue dócilmente su senda y doble juego donde compagina con toda soltura y sin rubor el agitprop y la consigna antisistema con la presencia, representación y utilización en y de las instituciones democráticas de las que abjura. Nada nuevo, pura seña de identidad, quizás larvada, pero nunca perdida .

El PSOE ha sido hegemónico en las urnas desde el inicio de nuestra naciente democracia. Con justicia o sin ella, tras sus clamorosas vacaciones antifranquistas, se impuso, de la mano de González y Guerra, como referente casi exclusivo de la izquierda tras arrumbar a los otrora poderosos comunistas de la clandestinidad a un papel de báculo y comparsa del triunfante hermano mayor. Y eso es lo que está cambiando. Quien antes era tan solo la muleta y el sostén es ahora, aunque no lo acaben de ver, el conductor del carro y quien lo lleva por su rodada, su vereda y a sus metas. Las diferentes consultas electorales han ido esbozando, con humildad por ahora, esta tendencia, las encuestas la agudizan y la observación la confirma. La base electoral socialista se diluye y se dispersa. Puede que el rumbo cambie, puede que se reconduzca, pero hoy la deriva es esa y ,para muestra ahí está el dato, de que en “intencion directa” de voto se produce ya incluso ese desbordamiento. El antecedente clarísimo de Grecia está ahí para quien simplemente no se tape los ojos. Los ejemplos se suceden y hasta contienen ecos del pasado, como esas juventudes socialistas, que un día republicano se marcharon con sus camaradas comunistas, Carrillo fue el artífice, y formaron la JSU y aparecen como síntoma a cada paso y en cada recodo de la actualidad. La nueva ley andaluza sobre desahucios ofrece poca duda de su inspiración, métodos e intenciones.

Son necesarios, para que la amalgama fructifique, dos elementos imprescindibles: una interesada y perfecta desmemoria de lo reciente y la identificación del enemigo exterior, la corporeizacion de la perversión y maldad intrinseca y original. Lo segundo lo tienen fácil: la derecha, el PP, los fachas. Lo primero es algo más complicado pero con el concurso de la demagogia y la propaganda no deja de estar al alcance de la mano. Por ejemplo, esos desahucios, que ayer se agilizaban y se hicieron express, Chacón cantaba sus virtudes, y que todos ellos y los sindicalistas del reparto aprobaban en los consejos de las cajas, la propia consejera andaluza en Cajasur y que ahora corriendo hacia el otro costado, cuando el actual gobierno es quien en verdad ha intentado hacer algo y poner cierto remedio sin crear males mayores e irreparables, pretenden convertir en la pieza maestra de su campaña y la insignia de su labor. Por cierto que la propuesta, dejando la expropiación aparte, en cuanto a no permitir o llegar a una moratoria del deshaucio para primeras viviendas y familias que han perdido trabajo e ingresos es desde luego digna de estudiar aunque esa segunda parte de multar a bancos o empresas que tengan pisos vacios es un verdadero disparato. Si así sucede, y mal que les pese, por eso lo llevan al banco malo, es porque no los pueden vender, que más quisieran, o alquilar.

Otrosi sucede con las preferentes. Estafa, porque lo es en muchos casos, que proviene del una practicas bancarias y una supervisión inexistente del gobierno anterior y que ahora se cargan, en insultos y ataques, a quien intenta aliviar el problema y ha de comerse el marrón. La escena de los algunos parlamentarios socialistas aplaudiendo que se insultara a los diputados populares resulta esclarecedora. Y la reacción de Chaves y de Guerra, en el hemiciclo de las Cortes, como la de Felipe ante el acoso, la amenaza, el insulto y la coacción que asi se llama sin camuflajes eso que quiere colar como “escrache” el reflejo del disgusto con que los veteranos lideres perciben que esos comportamientos son sencillamente autodestructivos y que lo único que consiguen es entregar señas y votos al rival del mismo campo. González lo tiene meridianamente claro en su memoria y pasado, pero los actuales dirigentes perdieron el oremus cuando empezaron a darse arrimones con el 15-M, siguieron “comprendiendo” a quienes quería ocupar el Congreso y acaban por darse abrazos con quienes violan derechos y libertades fundamentales de las personas y representantes elegidos por el pueblo coaccionándolos a ellos y a sus familias en sus propios hogares.

La ruta, que es la de Izquierda Unida, es ,sin duda, muy sabrosa para esa formación y para otros colectivos aún más extremistas, pero para la izquierda en su conjunto y para el PSOE en particular puede resultar letal.¿ Cree alguien que la sociedad española, a pesar de su enfado y su angustia, puede optar por esas “soluciones” como salida de la actual situación? ¿De verdad que la mayoría va a aceptar aquellos postulados bolcheviques, recuerden que los mencheviques fueron primeros arrasados, y las nostalgias soviéticas como vía de futuro? Más alla, ¿van a permitir que al voto se imponga la “democracia directa, popular y asamblearia como algunos pretenden hacer?. ¿Esos serán los principios de esa nueva Constitución no basada en el consenso y la búsqueda de punto común de entendimiento y aceptación sino de el “tragala” de una parte sobre otra?.

Para mí que es que no. Que puede engordar mucho Izquierda Unida, que puede el PSOE ir cayendo hacía donde jamás pensó que podía caer, pero por ahí no va la historia, ni la sociedad, ni España, ni Europa ni el mundo. Esto es el siglo XXI, no hay delante zares ni Palacios de Invierno que asaltar. Lo que si hay son seis millones de parados ¿pero son ellos quienes van a crear riqueza y que puedan trabajar?. Quia!

Teoría del bastardo
Alfonso Basallo www.gaceta.es  13 Abril 2013

El socialista es paradigma del franquismo sociológico y a veces del biológico.

Tanto despotricar de los 40 años de Franco y ya vemos en qué consiste la alternancia: Cándido Méndez va a por su sexto mandato, y el dinosaurio Alfredo todavía estaba allí cuando los votantes del PSOE despertaron. Felipe González marcó la pauta, con sus casi tres lustros de inmovilismo. Y los socialistas, en general, han resultado ser en eso, el paradigma del franquismo sociológico, cuyos rasgos distintivos son el autoritarismo, y el aferrarse al puesto per secula. El sociológico y en muchos casos el biológico (los consejos de ministros estaban llenos de hijos de... desde De la Vega a Bono).

Primero le cogieron gusto al poder, luego temieron perderlo, sobre todo los que se parapetaron tras el fuero para eludir sus cuentas con la Justicia, confundiendo hemiciclos y consistorios con patios de Monipodio. Generaron además redes clientelares y tejieron una maraña tan impenetrable que sólo alguna Juana de Arco togada, como la señora Alaya, se ha atrevido a remover la cloaca.

Centrales y partidos son ahora la reencarnación de la Secretaría General del Movimiento; y las autonomías, los cortijos personales de aquellos berlanguianos gobernadores civiles de bigotito y montería. El personaje de Antonio Ferrándiz ha transmigrado a Chaves, y el señorito Juan Diego de Los santos inocentes adopta ahora los rasgos del señorito Griñán. Carentes de democracia interna, los partidos son células herméticamente cerradas donde la disidencia es anatema, y donde nadie osa levantar la voz a quien le debe el puesto y el sueldo. En las carreras políticas se penaliza el mérito y cotizan en cambio las inquebrentables muestras de adhesión.

En el filme Los profesionales, Lee Marvin nos instruía sobre las clases de bastardos. Los de nacimiento, como él mismo, y, los peores, que se habían hecho a sí mismos. Los franquistas del pasado lo eran de nacimiento, los disfrazados de demócratas son autodidactas.

Izquierda
Acoso a la libertad
José Bastida Libertad Digital  13 Abril 2013

El acoso social, mal llamado escrache (un préstamo austral innecesario y cacófono), se ha convertido en la gran estrategia de la izquierda para recuperar el poder oficial, porque el real y efectivo lo tiene desde siempre en los medios de comunicación y la escuela. Todo el espectro izquierdista, desde los eréticos sindicatos (Andalucía es su gran laboratorio de infamias laborales) hasta los antisistema de toda condición (nacionalistas, anarcos, proetarras, comunistas, chavistas...) se han conjurado, con el beneplácito oportunista de los socialistas e Izquierda Unida, para debilitar lo más posible al gobierno de Rajoy, que es ahora el encargado de mantener un sistema político débil y corrupto, producto de decenios de incompetencia y malversación económica y tutelado (es un eufemismo) por una Jefatura del Estado incapaz de estabilizar la situación; aunque ahora las plañideras mediáticas de turno intenten salvar lo insalvable; como si no hubiese otra salida a la que agarrarse que el clavo ardiente de la monarquía borbónica. No hace falta vindicar caóticas terceras repúblicas sino debatir, a la luz de la razón histórica democrática y la tradición constitucionalista liberal, proyectos presidencialistas y parlamentarios que recuperen el prestigio de las instituciones y el imprescindible protagonismo de la sociedad civil para dar, así, una auténtica estabilidad a un país desangrado por banderías, corruptelas y castas políticas de toda laya y condición.

Esta sangría de la libertad y la democracia la viene soportando España desde la misma concepción constitucional al crear un Estado elefantiásico, manejado por los partidos y dotado de macroestructuras burocráticas territoriales. Sin liderazgo y con un grado de politización extremo, alentado por los grandes grupos mediáticos audiovisuales, auténticas máquinas cínicas de polarización informativa que glorifican la agresividad del discurso progre y hacen virtud de la ignorancia, la nación se encuentra en un punto de no retorno, acuciada por la izquierda y el nacionalismo. Ésta prepara una primavera caliente en todos los sectores pero especialmente en el educativo porque ahí es donde tiene su fuerza y modus vivendi, y aquél anuncia sus proyectos separatistas tanto en Cataluña (territorio en quiebra social y política) como en Vascongadas (zona franca tanto para el terrorismo como para el pufo fiscal). En ambas regiones, las libertades fundamentales están amenazadas desde siempre: tanto la integridad de la vida humana como el derecho inalienable a la enseñanza en la lengua materna y cooficial (este último también se quebranta en Galicia, Valencia y Baleares). Si el ciudadano no pertenece a la casta o secta dominante está perdido, sin protección legal. Entonces, si esta lamentable situación ha sido y es contumaz ¿por qué el jefe del Estado y los sucesivos Gobiernos no han actuado para preservar las leyes y la democracia? Una pregunta sin respuesta. Lo que demuestra que no funcionan las instituciones.

Ahora, la taifa andaluza dominada por el socialcomunismo ha perpetrado un decreto contra la propiedad, un derecho inalienable en democracia porque va unido a la libertad individual: razón y primer principio de nuestra próspera y humanística sociedad occidental, basada en la cultura grecolatina.

En definitiva, el dramático acoso a las libertades se ha convertido en España en un vulgar trending topic de las redes sociales porque la sociedad civil, que debería denunciarlo, no existe: se la cargado un sistema político preocupado únicamente de sus privilegios. La izquierda y el nacionalismo preparan el funeral de la nación más vieja de Europa mientras la derecha (con once millones de votos) demuestra día a día su inepcia intelectual y política.

Canadá, Estados Unidos y las crisis financieras
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital  13 Abril 2013

La siguiente gráfica toma el periodo 1790-2012 y compara el número de crisis financieras que han sufrido a lo largo de su historia Estados Unidos y Canadá:

OB-WZ795_USCAN_E_20130409170920La comparación es de lo más llamativa. Mientras que EEUU ha vivido una docena de “shocks” en su sistema financiero, Canadá se ha mantenido indemne a este tipo de turbulencias. ¿A qué se debe semejante discrepancia? Esa es la pregunta que ha intentado responder Charles Calomiris, economista de la Universidad de Columbia.

Si quieren consultar sus hallazgos al detalle, pueden hacer click aquí. Si prefieren una síntesis del trabajo, quédense con mi resumen del reportaje que ha publicado el Wall Street Journal sobre esta cuestión.

Cuando Canadá se convirtió en una colonia británica, la mayoría de la población tenía orígenes franceses y recelaba de sus nuevos gobernantes. Para asegurarse el control del territorio, los británicos orientaron la estructura política de la colonia hacia un paradigma basado en la limitación de poderes.

El resultado fue un sistema de gobierno que reduce los aspectos de la economía que están abiertos a la regulación y la consideración política. Hablamos, por tanto, de un sistema anti-populista, algo característico de los grandes modelos de democracia liberal. Bajo semejante régimen, ni siquiera las mayorías lo tienen fácil para tomar el control de la política económica con ánimo de orientarla hacia sus preferencias.

Este escenario habría conseguido una separación mucho más efectiva de las decisiones financieras y los intereses políticos, algo que no ocurre en Estados Unidos, donde los intereses especiales conducen la regulación y el funcionamiento del ámbito bancario hacia consecuencias anti-económicas.

En Estados Unidos, Calomiris interpreta que las alianzas entre políticos y grupos de interés convierten a la banca en una herramienta de acción política. Esto permite responder a determinadas reivindicaciones sociales… pero con el coste de una mayor inestabilidad. Por otro lado, el economista subraya que los países que se acercan más al ideal canadiense son Australia y Nueva Zelanda.

¿Qué ha fallado en Estados Unidos? Según Calomiris, desde 1990, existe una coalición entre colectivos sociales, grandes bancos y políticos que viene cebando la burbuja inmobiliaria. Los cambios regulatorios destrozaron a las entidades financieras pequeñas y medianas, consolidando a la gran banca. Y esa banca que quedó no es libre, sino que tiene que actuar de acuerdo con esos intereses anti-económicos que crearon primero una burbuja y luego, como consecuencia, una crisis.

Cabría apuntar que esta tendencia viene de mucho antes. Ya en los años de Roosevelt se relajaron muchas de las normas que ahora han llevado a la crisis a Estados Unidos. No obstante, el argumento volvería a ser lo mismo para aquellos casos: el error vino de distorsionar el mercado financiero para ponerlo al servicio de la política.

La La República española
Francisco Rodríguez Adrados. La Razón  13 Abril 2013

Vivimos en un país en el que las esperanzas de libertad, Constitución, simple normalidad, que no hace tanto crecieron, se tornan en pesimismo cuando leemos los periódicos por la mañana. Ganar unas elecciones por mayoría absoluta parece que no significa nada. Los que perdieron parecen contentos con su detestable política anterior, que les trajo el desastre, y aún con su alianza, tácita o explícita, con los enemigos declarados de la nación y del Estado. Los vencedores se muestran acobardados ante los energúmenos, ceden y ceden para evitar males mayores. La corrupción parece igualarnos a todos, aunque a veces no sea otra cosa que mera sospecha calculada. Hay como un molino de viento de desgracias que sopla, parece, sobre todos. Con notable injusticia. Como mucho, tratamos de cerrar los ojos y de pensar que ya pasará. Apenas si una fe en el hombre a la larga, muy a la larga, nos tranquiliza un poco. Pensamos que esas provocaciones y ese pesimismo ya pasarán. Siempre pasan.

Entre esos mitos que se airean, tales como la bondad de la demolición del Estado y la quiebra de la nación, así como los valores disolventes como el aborto (esa cultura de la muerte, definición exacta) o la degradación de la enseñanza, esos engañosos paraísos que se siguen aireando vestidos de alegres colores, hay uno que muy especialmente me inquieta estos días: el de la famosa República española, la de la bandera con la franja morada, a la virulé. ¿Por qué la promocionan los que no saben nada?

No hablo aquí en abstracto, hablo de la República española, esa supuesta panacea o curalotodo, que exhiben ante nuestros indefensos ojos y oídos sus supuestos (supuestos por ellos) herederos. Pues no hablo de la República en abstracto, sistema que funciona o ha funcionado aproximadamente bien, para lo que son las cosas humanas, en varios lugares, ahora mismo. Hablo de ese mito, ese esperpento de la República española, tantas veces fracasada. ¿Por qué no miran a los hechos, estudian la Historia? Parece que en España los más la desconocen, la citan sólo, falsificándola, con esperanzas vanas (ya saben, la reconquista y la europeización de América están entre nuestros pecados). Pero yo y muchos hemos estudiado esa República española, peor todavía, la hemos padecido. Y también hemos vivido esta monarquía, directamente y sin tópicos.

La monarquía puede haber tenido, a más de sus logros, aspectos criticables hoy. Pero ya no existen, es otro mito. En España ha permitido vivir a todos, respetarnos todos a todos. O lo ha intentado, por lo menos.

En el XIX sufrimos regímenes tiránicos, tras asonadas revolucionarias como la del trienio liberal (de liberal nada) de 1821, la revolución de 1868, un golpe militar que expulsó a Isabel II, y la horrible I República de 1873. Sólo la monarquía de Isabel, antes de esto, y la de María Cristina, antes todavía, habían dado un respiro al país, épocas de progreso. Fue la última la de la Restauración de Cánovas, desde 1874. Y luego siguieron extremismos suicidas y violencias extremas, la última la huelga socialista de 1917. Hubo de llegar, como último recurso, el parche de la Dictadura de 1921.Y luego, todavía, hubimos de padecer la II República, la de 1931, de implantación ilegal con pretexto de unas elecciones municipales, con el golpe de Jaca, con la coalición de las fuerzas republicanas y las nacionalistas, es decir, en el fondo separatistas. No voy a narrar esa República, que expulsó a su Presidente legítimo, Alcalá Zamora, sufrió una revolución socialista y separatista en el 34, y luego luchas civiles en la calle, y todavía luego a unos socialistas encabezados por el Lenin Español. Nada menos. Luego fue ya la pura guerra civil. Ese fue el resultado del mito de la República española.

Trabajo inmenso costó a nuestra España recuperarse, votar una Constitución y traer una monarquía pacífica, la de don Juan Carlos. Ahora quieren cargárselo con distintos pretextos. Nuestro Rey mató a un elefante, vaya por Dios, vaya traspiés, cualquier detalle en su vida o en la de sus hijas, juzgada por estos nuevos moralistas carentes de razones, es suficiente para sembrar dudas. Meros pretextos para saciar odios irracionales, tienen pura impotencia por la vía recta. Están amargando la vida del Rey y su familia y amargando la de muchos de nosotros.

Y enfrente están los reticentes, no se mojan, pero se ponen a ver si algún día les cae alguna breva, y los fanáticos de la irracionalidad, el odio puro no se sabe por qué, basado en falsos, miserables mitos. Tras este Rey y su heredero esperan cargarse ya directamente la Monarquía. Éste es su elefante. Y luego ¡a ver quién es elegido Presidente!

Yo no soy nadie en la política, he estudiado y pensado, simplemente, con don Juan Carlos no he hablado sino unos minutos en algún acto oficial. Pero es un hombre que se expresa llana y directamente, con inteligencia además. Pocos de nuestros hombres políticos serían capaces de decir a un tirano aquello de «¿no vas a callarte?» O de hablar directamente de la unidad de España. O de enfrentarse a los del golpe del 23 de Febrero. Para mí es suficiente. Para otros, quizá, sea un motivo más para inculparle. No por él, sino por ver si así se entra en el camino de derrumbarlo todo. La Monarquía es el obstáculo que intentan vencer. Que nadie se engañe.

El concurso
Nota del Editor  13 Abril 2013

Las experiencias republicanas españolas son mas que deplorables lo mismo que las monárquicas. Pero está claro que la monarquía no tiene razón de ser, lo mismo que los profesionales de la política. Así que no le demos mas vueltas, instauremos un concurso televisivo para elegir entre todos al personaje que asuma la jefatura del estado, y hagámoslo con cuidado porque no podremos revocarlo ni a su sucesor que será sus elegido, algo así como Rajoy. La ventaja del concurso es que quienes controlan la TV, además de perdurar en idiotizar a la ciudadania y facturar por la publicidad, serían los encargados de mover los hilos del guiñol, y al percatarse de que si no hay trabajo, no hay publicidad y no hay negocio, podrían comenzar a proponer soluciones, y por ello les recomendamos las nuestras.

De paso podemos tambien conseguir una nueva constitución, y para ello tenemos dos opciones, bien hacemos una constitución plural, es decir, hacemos una constitución para cada uno de los ciudadanos, aunque resultará difícil establecer el límite entre ellas, o bien conseguimos un acuerdo constitucional de mínimos que quepa en un folio: idioma común, España.

Repunte del republicanismo 82 años después
José Antonio Zarzalejos El Confidencial  13 Abril 2013

Tal día como mañana cumple la proclamación de la II República ochenta y dos años. No es el único aniversario: el 14 de abril del pasado año, Don Juan Carlos sufrió en Botsuana una fractura de cadera en unas circunstancias que derivaron en una seria polémica y en las disculpas públicas del Rey por su inadecuada conducta. A nadie le puede sorprender que la crisis por la que atraviesa la credibilidad del monarca y de la propia institución que encarna -debido a acontecimientos archisabidos- retroalimente ese desiderátum que para determinados sectores de ciudadanos españoles ha sido y sigue siendo el régimen constitucional republicano. Los términos del debate actual están mayoritariamente circunscritos a la continuidad de Don Juan Carlos y a la conveniencia o no de que abdique en su hijo, el Príncipe de Asturias. Sin embargo, el aniversario de la proclamación de la República -precisamente en la presente coyuntura española- ha hecho que comience a tomar volumen un debate paralelo y simultáneo sobre cuál sería la mejor forma de Estado para España, si la monarquía constitucional o el regreso a un república.

Los términos de la cuestión -desde el punto de vista del republicanismo- los planteaba el catedrático Javier Pérez Royo (El Periódico de Catalunya) el pasado miércoles: “Ahora mismo la monarquía se encuentra en un momento difícil y se empieza especular con la posibilidad de una transición hacia la república. ¿Es razonable pensar en un desenlace de esta naturaleza? ¿Está dispuesta la sociedad española a prescindir de la institución monárquica, lo que supondría la apertura de un proceso constituyen sin más límites que los que supone nuestra pertenencia a la Unión Europea? Las condiciones para dar el paso están presentes. La sociedad española de esta segunda década del siglo XXI está incomparablemente mejor preparada que la de 1931 para liberarse de inercias del pasado y ser protagonista con razonables expectativas de éxito de un auténtico proceso constituyente. Un proceso constituyente que sea expresión política de la España democrática, que hasta ahora no hemos conocido en nuestra historia.”

La Monarquía requiere de una sucesión acompañada de cambios que sustituyan el carisma por la norma y el afán ejemplarizante por el imperativo de la responsabilidad. Si así se hace, la legítima aspiración republicana -minoritaria pero potente desde el punto de vista argumental- no germinará con fuerza en la conciencia de la sociedad española

Ese mismo día, el filósofo Manuel Cruz (El País) firmaba un texto exactísimo bajo el título de “El fin de la monarquía prepolítica” y cuya tesis central es tan sencilla como lógica: “Duró mucho el empecinamiento en el error como para que sirvieran de algo tardíos intentos, retóricos, de enderezar el rumbo. Las dos afirmaciones mayores del discurso de Navidad de 2011, la necesidad de ejemplaridad de quienes ocupan cargos públicos y la de la igualdad de todos ante la ley, han terminado volviéndose, en dos momentos diferentes (el del accidente de Botsuana y de la imputación de la Infanta), como un demoledor bumerang contra quien las pronunció. Nunca debió plantearse -alguien lo dijo- en términos de ejemplaridad lo que era una cuestión de responsabilidad, imposible de resolver con meras excusas, por más que fuera de agradecer el detalle. Por todo ello se impone cambiar el rumbo y abordar de forma abierta y decidida la empresa del desarrollo y reforma de los títulos de la Constitución que hacen referencia a la Corona con el objeto de someter su funcionamiento a control democrático. No le faltaba razón al secretario general del PSC, Pere Navarro, al introducir en el debate político de este momento la cuestión de la sucesión en la Jefatura del Estado aunque se equivocara por completo en la elección del momento de plantearla. Pero inyectar en nuestra más alta magistratura la política que le hace falta a fin de que salga de una vez por todas del limbo prepolítico en el que ha vivido instalada hasta hoy implica necesariamente anudar el relevo sucesorio con el resto de las ineludibles reformas constitucionales que tiene pendiente este país”.

Pérez Royo, por el republicanismo, y Manuel Cruz, desde el reformismo y la sucesión en la Jefatura del Estado, ofrecen dos referencias del debate nacional. Por razones obvias el planteamiento de Cruz -uno de los filósofos más importantes en el panorama español, con una obra reconocida recientemente por la mayoría de sus colegas- es el que más encaja, no sólo por criterios de viabilidad, sino también de pragmatismo. Y seguramente es coherente con una amplia mayoría social que desea reformas incisivas y cambios radicales, pero no rupturas ni vacíos. Migrar a una forma republicana del Estado no deja de ser tan legítimo como arriesgado y mayoritariamente indeseado.

El fracaso de la II República
¿Está dispuesta la sociedad española a prescindir de la institución monárquica, lo que supondría la apertura de un proceso constituyen sin más límites que los que supone nuestra pertenencia a la Unión Europea?

La República -tanto la primera como la segunda- fracasaron y lo hicieron por connotarla con facultades resolutorias de naturaleza casi místicas. Lo explica a la perfección en su último ensayo -tan brillante como los anteriores- el profesor José Varela Ortega, presidente de la fundación Ortega-Marañón y nieto del gran pensador madrileño. En “Los señores del poder” (Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores) el historiador constata que a la República “se le exigió más de lo que ningún sistema político puede razonablemente proporcionar” y añade que “sucumbió asfixiada por las desmedidas expectativas que el cambio había despertado en una sociedad transformada, impaciente, rejuvenecida y radicalizada.”

El prologuista de este ensayo -el israelí Shlomo Ben-Ami- es tan nítido en su explicación sobre el mismo asunto que merece la pena transcribirla: “El fracaso de la República no estuvo irreversiblemente condicionado por motivos estructurales ni por la supuesta incapacidad intrínseca de los españoles para gobernarse, sino que vino dado por malas decisiones de dirigentes políticos obsesionados en imponer doctrinas inaplicables a la realidad sociopolítica de España. La República acabó siendo derrotada por la propia exaltación milenarista y el mito mesiánico que le acompañó en su bautizo; sucumbió por las desmedidas expectativas que había despertado, perdió su rumbo por programas basado -tanto en la izquierda como en la derecha- en verdades reveladas, no en un pragmatismo ilustrado, y cayó por haber traicionado lo mejor del legado canovista. No hay democracia que pueda sobrevivir mucho tiempo al empeño de importante sectores de la sociedad -tanto de derecha como de izquierda- en sustituir una política de participación por una de exclusión que desembocó finalmente en la política del retraimiento y la conjura.”

Es detectable en el republicanismo actual -moderado por la experiencia histórica- el mismo encantamiento milenarista sobre las capacidades terapéuticas de un cambio de forma de Estado para España. La propuesta que tenemos encima de la mesa -si acaso nuestros gobernantes se deciden a pasar a los hechos como reclama la urgencia del país- es la de reformar sobre una base sólida -la Constitución de 1978- esa Monarquía que Cruz denomina “prepolítica” y que, siéndolo, requiere de una sucesión acompañada de cambios que sustituyan el carisma por la norma y el afán ejemplarizante por el imperativo de la responsabilidad. Si así se hace, la legítima aspiración republicana -minoritaria pero potente desde el punto de vista argumental- no germinará con fuerza en la conciencia de la sociedad española. Quienes deban, que lo tengan en cuenta.

Escrache al castellanohablante
Pepe Albert de Paco www.vozbcn.com  13 Abril 2013

Una de las razones que, históricamente, han pretextado los sucesivos gobiernos de la Generalidad de Cataluña para pasarse por el forro las sentencias en favor del bilingüismo, es la llamada cohesión social. La creación de dos líneas de enseñanza, arguyen, una para el catalán y otra para el castellano, supondría separar a los niños por razón de lengua. Y eso sí que no.

Uno se imagina entonces a dos comunidades de escolares separadas por un muro rebozado en alambre de espino, o ve las Ramblas convertidas en una especie de Little Belfast (que es lo que parecerán, me temo, el día en que el Madrid pierda la Liga definitivamente).

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), gran valedora de esa cohesión social, sabe perfectamente que en Quebec, por ejemplo, esa región de tintes cuasi míticos, hay escuelas públicas en inglés y escuelas públicas en francés. Y no pasa nada. Sí, de acuerdo, los centros anglófonos están reservados a los hijos de progenitores, nacidos en Canadá, que hayan recibido a su vez su enseñanza básica en inglés; y es que, por imposible que parezca, también los quebequeses cometen errores.

Pero lo que sorprende cada vez más de las continuas apelaciones a la cohesión, así, sin matices, es la doblez, cuando no la desfachatez. En el afán de saltarse la ley, Rigau se sacó de la manga la atención personalizada, que es, por emplear una palabra de moda, una suerte de escrache institucional a los castellanohablantes.

Para empezar, porque supone segregar al alumno del grupo y concederle el mismo trato, digámoslo sin ambages, que se concede a los cortos de entendederas. Pero sobre todo, porque implica significarse, y no creo que, a esas edades, haya un sólo niño que guste de hacerlo, y menos aún para ser el raro, el anómalo, el castellano. Eso, consejera, sí que equivale a quebrar la cohesión social, esa que a usted, en el fondo, le trae sin cuidado.

Pepe Albert de Paco es periodista

Sociedad / Educación
El Plan de Infancia evitará «la exclusión» lingüística en el aula
La medida secunda la reforma de Wert para no discriminar «por desconocimiento de la lengua vehicular de cada comunidad»
P. Rodríguez. MADRID. La Razón  13 Abril 2013

Los padres tendrán derecho a que sus hijos estudien en castellano. Así lo indica el proyecto de ley de reforma de la Ley de Educación (Lomce) y lo refrenda el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. Dentro del apartado Educación de Calidad, Sanidad hizo públicos ayer los 19 objetivos en esta materia, entre los que figura «facilitar el acceso a los diferentes idiomas oficiales en el territorio nacional, así como a otros idiomas, asignando recursos que eviten la exclusión por desconocimiento de la lengua vehicular de cada comunidad autónoma». De esta manera, se asegura el interés superior del menor, punto básico del plan, para que puedan elegir el idioma en el que quieren cursar sus estudios.

Esta propuesta, consensuada con el Ministerio de Educación, sigue la línea del anteproyecto de la Lomce, que establece que los padres podrán exigir una educación en castellano para sus hijos y las comunidades autónomas deberán velar por ello. En el caso de que no lo cumplan, la reforma establece que deberán sufragar los gastos ocasionados si los padres deben recurrir a la enseñanza privada para poder exigir su derecho. El anteproyecto de ley se ha sometido a estudio del Consejo de Estado, que emitirá una serie de recomendaciones a lo largo de este mes. Una vez que esto se produzca, el Consejo de Ministros lo aprobará como proyecto de ley e iniciará su tramitación parlamentaria. Tras la inclusión de las aportaciones de los grupos políticos se aprobará la reforma, probablemente el próximo otoño, y se comenzará a adaptar los currículos (horarios de cada materia, contenidos), un proceso que se prolongará durante 10 meses y que permitirá que la nueva norma entre en vigor en el curso escolar 2014-2015.

Esta noticia llega en medio de la polémica surgida en Cataluña tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que el pasado martes emitió diez autos que obligan a las escuelas catalanas a impartir clases también en castellano a todos los alumnos si hay uno sólo que lo pide. La decisión cayó como un jarro de agua fría en la Generalitat, que se niega a cumplirlos. La consejera de Educación, Irene Rigau, reiteró que los autos del TSJC no serán cumplidos mientras se tramitan los recursos y que está dispuesta a asumir el riego de que la inhabiliten por ese hecho. Rigau argumentó que hace años que se aplica la atención individualizada en la escuela y «siempre ha funcionado bien», por lo que «nunca ha habido que separar a un alumno por razón de lengua» e insistió en alertar de que determinadas resoluciones puedan «buscar romper la convivencia» en la escuela catalana.

Las palabras de Rigau no cayeron en saco roto y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, le recordó que «la Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas», por lo que «no es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer».

Ante esta situación, Wert consideró que la única manera de lograr una solución es «aclararla normativamente» y eso es lo que intenta su ministerio con la reforma educativa a través de un artículo en el que se trata de aplicar lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado.

Otras medidas previstas en el plan de infancia impulsarán la gratuidad total de la educación infantil desde los tres años y la atención temprana a menores con discapacidad. Además, combatirá el fracaso y el absentismo escolar, fomentará una educación en valores, reforzará la autoridad del profesor, mantendrá un número adecuado de becas y ayudas al estudio y favorecerá la ampliación del número de alumnos que cursan la educación no obligatoria, con el objetivo de alcanzar el objetivo del 85% de jóvenes que completen el Bachillerato o la Formación Profesional. Dentro de la educación en valores, se potenciará la igualdad, el buen uso de las nuevas tecnologías, la prevención del consumo de drogas, la detección del maltrato infantil, la educación sexual y el apoyo a las madres adolescentes.

Sociedad
¿Un modelo de éxito?
Francisco Caja. La Razón  13 Abril 2013

¿Por qué es necesario el bilingüismo en las aulas?
–En comunidades como Cataluña es la única manera de no discriminar. Los castellanohablantes obtienen peores resultados académicos si reciben la educación en catalán, y a los catalanohablantes se les priva del conocimiento de una nueva lengua, que al fin y al cabo es cultura.

¿Hablamos entonces de un problema educativo o político?
–Es un problema educativo porque perjudica gravemente a los escolares y es una cuestión política porque las directrices educativas están establecidas bajo criterios políticos, no pedagógicos. Están imponiendo la ideologías por encima del interés de los niños y de sus derechos fundamentales.

¿En qué se basan los políticos para defender el éxito de la inmersión lingüística?
–Es un gran fraude, pero la clase política catalana insiste en que es un modelo de éxito avalado por Europa. Todo es mentira. Lo único que hacen es defender el catalán para mantenerse en el poder y no existe ni un solo texto que avale el éxito del modelo del que hablan. Lo que hay son documentos que indican que Cataluña es el único caso en Europa en el que se impone el monolingüismo.

¿Es factible el cambio de modelo?
–Es muy sencillo. Lo que ahora se da en catalán, pasa a darse en castellano. Sólo hace falta que el Gobierno catalán cambie el chip y asuma las decisiones judiciales.

Cataluña
La insumisión de Rigau, un pésimo ejemplo para los alumnos de Cataluña
No hay precedentes del desacato a los tribunales anunciado por la máxima responsable de la educación en Cataluña, cuyo cargo agrava su postura. Rigau insiste en rechazar la separación de los alumnos por razón de lengua, pese a que las sentencias no instan a ello, sino que ordenan reintroducir una educación bilingüe en las escuelas.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com  13 Abril 2013

Desde que, a principios de los años 90, la Generalidad acabó de implantar en toda Cataluña el modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, han sido muchas las veces en las que los tribunales han analizado el modelo y se han pronunciado al respecto. Nunca, ni una sola vez, lo han avalado. Siempre han sentenciado que el castellano también ha de ser lengua vehicular en las escuelas de Cataluña, junto con el catalán.

En los últimos años, la perseverancia de algunos padres para exigir el cumplimiento efectivo los derechos de sus hijos (con un alto coste personal y económico), apoyados por algunas entidades cívicas, ha supuesto que estas sentencias se hayan multiplicado, como ha ocurrido con los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocidos este miércoles, que reiteran la obligatoriedad de restablecer el bilingüismo escolar en aquellas clases en que un alumno lo solicite.

Hasta ahora, la Generalidad siempre había incumplido todas la sentencias en este ámbito, pero los responsables educativos autonómicos de cada momento alegaban que, según su interpretación, el modelo actual se ajustaba a lo ordenado por los tribunales, u ofrecían una atención individualizada a los alumnos demandantes -esto es, traducirle algunas frases al español durante las clases-.

Sin embargo, la claridad, brevedad y precisión con la que han sido redactados los últimos autos judiciales no dejan lugar a dudas: el castellano ha de ser lengua vehicular junto al catalán en los grupos en que haya algún alumno lo solicite, y la atención individualizada no es legal.

Ante esta realidad implacable, ya no caben las excusas habituales, y la Generalidad ha optado por declarar abiertamente la insumisión frente a los tribunales. “No contemplamos la posibilidad de ejecutar esta resolución en sus propios términos”, anunció la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), tras conocerse las interlocutorias. Es la primera vez que un responsable educativo de la Generalidad defiende de forma tan directa e inequívoca el incumplimiento de una orden judicial.

La actitud de Rigau, un referente para los alumnos
Todos los partidos nacionalistas y los sindicatos se han apresurado a apoyar a la consejera. “No acataremos la sentencia”, se ha atrevido a asegurar la directora de una escuela pública ante las cámaras de TV3, sin dudarlo un momento. La mayoría de las asociaciones de padres de alumnos han hecho lo mismo. Solo la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) se ha desmarcado del resto, y se ha atrevido a criticar la insumisión de Rigau.

Así lo recoge en un comunicado hecho público este viernes:
‘CONCAPA critica la postura de la consejera de Educación catalana, Irene Rigau, y pide su dimisión porque, en lugar de ser un ejemplo para los alumnos, opta por transmitirles el pésimo ejemplo de desobedecer la ley y las decisiones de los tribunales, que son de obligado cumplimiento para todos en un Estado democrático de derecho. CONCAPA exige al Gobierno que haga cumplir la ley (Constitución Española) y las decisiones judiciales para que las familias que desean que sus hijos estudien en castellano no sean discriminadas, ni se les someta a imposiciones gravemente perjudiciales para el desarrollo escolar del alumno’.

Exigir un derecho es “generar un problema”
En cuanto se conocieron los últimos autos judiciales, los partidos nacionalistas y sus entidades y medios satélites -todos ellos, generosamente subvencionados por la Generalidad- han reiterado los argumentos habituales para intentar justificar su incumplimiento.

La propia Rigau ha calificado las instrucciones para restablecer el bilingüismo escolar como un “atentado a la convivencia” y ha reiterado su rechazo a separar a los alumnos por razón de lengua, pese a que ninguna sentencia insta a ello. La vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega (UDC), ha acusado a los tribunales de “poner sobre la mesa problemas que no existen” y de querer “dividir al país [por Cataluña] en un tema que lo que ha hecho siempre es cohesionar”. Un razonamiento que suscribe el ex presidente de la Generalidad José Montilla (PSC), quien ha considerado que acudir a los tribunales para pedir el cumplimiento del bilingüismo escolar es “generar un problema donde no hay ninguno”.

Algunos opinadores, teóricos conocedores de la situación, también han contribuido a generar confusión mediante lecturas erróneas de las sentencias. Este es el caso del profesor Albert Brachadell, quien este viernes, desde las páginas de El País, enfrentaba ‘el derecho a recibir (toda) la enseñanza en catalán’ con ‘el derecho a recibirla (toda) en castellano’, algo que en ningún momento han planteado ni los padres ni los tribunales. Al contrario, los autos establecen -o recuerdan- el derecho a recibir educación bilingüe, no educación exclusiva en castellano, por lo que todos los compañeros del alumno que solicite educación bilingüe recibirán algunas clases en catalán y otras en español.

‘Interpretación desviada y malintencionada’
En este sentido, Convivencia Cívica Catalana, entidad que ha asesorado a los padres de los alumnos que han dado lugar a los últimos autos del TSJC, ha salido al paso de la ‘interpretación desviada y malintenciada’ que algunos están haciendo de ellos ‘con el objetivo de desinformar a la opinión pública y hacer creer que se impone en las clases afectadas el uso exclusivo del castellano si lo pide un alumno, algo que es absolutamente falso’, subraya la asociación.

‘Los autos establecen en las clases afectadas de los diez centros escolares el uso conjunto de los dos idiomas oficiales, que es lo que habían solicitado los padres y no la enseñanza solo en castellano. Convivencia Cívica Catalana siempre ha defendido el uso conjunto y equilibrado de los dos idiomas oficiales en el sistema educativo’, ha aclarado la entidad presidida por Francisco Caja, que también recuerda que, según los tribunales, ‘no existe el derecho de un padre a solicitar la enseñanza en una sola de las dos lenguas oficiales, sea esta el catalán o el castellano’.

Sin embargo, más allá de los argumentos equívocos planteados por los defensores de la inmersión obligatoria, destaca la contradicción en que incurre la propia Rigau cuando, por una parte, rechaza acatar los autos del TSJC, mostrando su más absoluto desprecio por el Estado de derecho, mientras por otra parte, los ha recurrido ante el Tribunal Supremo, acogiéndose de esta forma a los instrumentos que el mismo Estado de derecho pone a su disposición.

Cataluña
¿Sirve el sistema de Quebec para celebrar un referendo en Cataluña?
El quebequense Dion pasa por Barcelona explicando la Ley de Claridad de Canadá y la sentencia de la Corte Suprema del país americano que regula la organización de un posible referendo secesionista para Quebec. Las diferencias con España son múltiples, pero también entre Cataluña y la provincia canadiense.
Daniel Tercero www.vozbcn.com  13 Abril 2013

“La unidad de España concierne a los españoles, como la unidad canadiense es cosa de los canadienses. Por ello, con respecto a la unidad de España, me limitaré a decir que Canadá tiene en gran estima su relación de amistad con una España unida y que todo lo demás se sitúa en el ámbito de la política interior española”.

Con estas palabras, Stéphane Dion, miembro del Consejo Privado de Canadá y diputado federal en la Cámara de los Comunes de este país, ha abierto la conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), este jueves. Y con ellas ha dado por concluida cualquier referencia al nacionalismo catalán, salvo una cita al artículo 2 de la Constitución española y otra a la base identitaria del nacionalismo quebequense.

Dion es el hombre clave de la Ley de Claridad de Canadá (del año 2000) que establece las condiciones previas legales y políticas para la celebración de un referendo secesionista en el país americano, y marca el camino al Gobierno canadiense para entablar posibles negociaciones con el poder provincial (lo que en España sería el autonómico) del Quebec.

“Canadá es un país divisible”
El que fuera líder del Partido Liberal de Canadá -de tendencia social liberal o liberal progresista-, quebequense y partidario de la unión de todos los canadienses, ha pasado por Madrid y Barcelona con más pena que gloria. Se entiende, pues la lección magistral pronunciada en el patio de columnas del ICAB queda lejos de poder entenderse en España.

Sin embargo, se comprende menos que los partidos nacionalistas, en especial CiU y ERC, no hayan paseado a Dion por televisiones, radios y foros públicos con los que cuentan en Cataluña, que no son pocos. Dion defiende la celebración de un referendo secesionista, al fin y al cabo. El PSC sí lo hizo, y en el acto del ICAB tan solo había representantes políticos de Ciudadanos.

Pero Dion ha recordado que cualquier paralelismo de la aplicación de la Ley de Claridad canadiense con España finaliza en cuanto se analiza la legalidad de uno y otro país. El caso del Quebec es una anomalía (democrática, pero anomalía), un caso único. La Constitución española tiene un artículo, antes citado, que no deja lugar a dudas:

‘La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas’.

O se cambia, o no hay posibilidad legal de celebrar un referendo secesionista en cualquier parte de España. En Canadá no existe una cita similar en su Carta Magna, es decir, en palabras de Dion: “Canadá es un país divisible”. Directa o indirectamente, lo mismo que recoge el texto constitucional español queda fijado en los de Francia, Estados Unidos, Italia o Asutralia. “Estos estados democráticos consideran que el país no puede ser dividido, ya que cada parcela del territorio nacional pertenece al conjunto de los ciudadanos, y garantizan a todos sus ciudadanos que la pertenencia al conjunto del país es un legado que podrán transmitir a sus descendientes”. En el Reino Unido ni siquiera existe una constitución.

También podría hacerse un paralelismo entre los nacionalismos catalán (o vasco) y el quebequense en materia identitaria. Si bien, tal y como ha recordado Dion, los contextos europeo y americano no se parecen en nada, ni desde el punto de vista social ni en cuanto a la religión. Y aquí, sí, finalizan las comparaciones entre Canadá y España.

No existe el derecho a separarse
Dion, que se opone a que si los quebequeses deciden de “una manera clara” y por “amplia mayoría” no querer seguir siendo canadienses, el Quebec se mantenga con el resto de Canadá, ha advertido que en su país no existe el derecho a la secesión. Menos, aún, el derecho a la posibilidad de que una provincia se declare un Estado nuevo unilaterlamente.

“La secesión se admite como una posibilidad, no como un derecho. El gobierno de una provincia no tiene derecho a autoproclamarse gobierno de un Estado independiente. Conforme al derecho, no puede realizar la secesión unilateralmente sin un acuerdo negociado con el Estado canadiense. Ni el derecho internacional ni el canadiense le otorgan este derecho”.

Sin embargo, el gobierno de Quebec o el de cualquiera de las otras nueve provincias y tres territorios que conforman el país americano sí tiene derecho a celebrar un referendo “sobre cualquier cuestión y decidir el enunciado de la pregunta”. Eso sí, el resultado no es vinculante. De todos modos, la respuesta no puede dejar de ser escuchada por parte del Gobierno siempre que la pregunta sea clara, “sin ambigüedades” (como por ejemplo, la pregunta que se plantea en Escocia y no la que planteó el PNV o la que se propuso en 1995 en Quebec). Una pregunta que debe ser validada, antes de la celebración del referendo, por la Cámara de los Comunes.

“Por lo tanto, hay negociación si el apoyo a la secesión es claro; pero si este apoyo no es claro, no hay negociación; y sin negociación, no hay secesión. Aquel es el dictamen emitido por la Corte Suprema en 1998?, que sirvió para aprobar dos años después la Ley de Claridad.

Mayorías, y fin sin acuerdo
También está regulado (aunque no definido) lo que significa “una mayoría clara” y si, tras el referendo y un posterior sí contundente, las negociaciones deben desembocar obligatoriamente en la secesión de una provincia canadiense.

Dion ha recordado que la Ley de Claridad y la Corte Suprema dejan abierta la puerta a los porcentajes de participación y a fijar los límites de las amplias mayorías. Parece lógico, ha asegurado, pues las situaciones políticas pueden variar, una vez se aprobó la norma hace ya trece años. En otras palabras, son los “actores políticos” los que deben establecer en cada caso los porcentajes, las mayorías de participación y ratificación.

En este tema, como en el resto, la opinión del político está bien argumentada:
“Existen dos razones fundamentales por las que la negociación de una secesión debería llevarse a cabo sobre la base de una mayoría clara. La primera es que, cuanto más pone en tela de juicio una decisión los derechos de los ciudadanos, más irreversible resulta, más compromete a las generaciones futuras, y más exigente debe ser la democracia con respecto al procedimiento a seguir para adoptar dicha decisión. Es indudable que la secesión es un acto grave y probablemente irreversible. Se trata de un gesto que compromete a las generaciones futuras y tiene consecuencias importantes para todos los ciudadanos del país dividido. La segunda razón es que la negociación de la escisión de un Estado moderno sería, inevitablemente y a pesar de la mejor voluntad del mundo, una tarea difícil y llena de obstáculos. No debería ocurrir que, mientras los negociadores tratan de llegar a un acuerdo de separación, la mayoría cambie de opinión y se oponga a la secesión. Sería una situación insostenible”.

Pero, además, la Corte Suprema recuerda que tras el referendo, aun con un sí mayoritario, las negociaciones pueden acabar sin acuerdo. Es decir, sin secesión. “El gobierno de Quebec no podría decidir por sí solo lo que sería negociable y lo que no”, ha recordado Dion, que ha citado el párrafo 91 de la sentencia canadiense: “[Quebec] no podría tratar de invocar un derecho a la autodeterminación para dictar a las otras partes las condiciones de la secesión”.

Canadá, otro planeta distinto a España; Quebec, otra galaxia distinta a Cataluña
Finalmente, el alma máter de la norma canadiense ha recordado que nunca, en ningún momento, un territorio de un país democrático sería reconocido a nivel internacional si optase por la secesión unilateral:

“Ningún Estado creado mediante secesión unilateral ha sido admitido en las Naciones Unidas contra la voluntad manifiesta del gobierno del Estado anterior. La práctica de los estados demuestra una reticencia extrema a reconocer las secesiones unilaterales fuera del contexto colonial. Un intento de secesión unilateral de Quebec con respecto a Canadá sería un gesto irresponsable y la comunidad internacional lo percibiría como tal”.

Por lo tanto, la receta de Dion tiene tres ingredientes imprescindibles: negociar, negociar y más negociación; pero dentro de las normas establecidas porque fuera de ellas no cabe nada. Nada óptimo: “Para realizar la secesión se necesitaría no sólo el consentimiento sino también la participación activa del Gobierno de Canadá, aunque sólo sea por consideraciones prácticas. Habría que encontrar la forma de transferir miles de funcionarios de los ministerios y organismos federales a la función pública quebequense, así como toneladas de leyes y reglamentos, millones de declaraciones de rentas, etc. La escisión de un Estado moderno como Canadá podría convertirse en un caos administrativo. Es obvio que sólo podría efectuarse con el asentimiento y la participación del gobierno de Canadá”.

Así, un buen resumen de la Ley de Claridad sería: todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Dion ha venido a decir (con todo lo que esto significa, pero sin voluntad de gresca) que la cultura política canadiense está lejos de la española; y, sobre todo, que la lealtad democrática del movimiento quebequense secesionista está a años luz del nacionalismo catalán que, sin ir muy lejos, se niega a aplicar algunas sentencias judiciales. Canadá es otro planeta distinto a España. El Quebec es otra galaxia distinta a Cataluña.

Dion ha concluido su intervención en el ICAB con estas palabras:
“El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de las consideraciones de lengua, raza, religión o pertenencia regional. En cambio, la secesión pide a los ciudadanos que rompan este lazo de solidaridad que los une y que procedan así, casi siempre, sobre la base de pertenencias específicas a una lengua o a una etnia. La secesión es un ejercicio, raro e inusitado en la democracia, por el que se elige a los conciudadanos que se desea conservar y los que se desea convertir en extranjeros. Una filosofía de la democracia basada en la lógica de la secesión no podría funcionar, ya que incitaría a los grupos a separarse en vez de entenderse y acercarse. La secesión automática impediría a la democracia absorber las tensiones propias de las diferencias. El reconocimiento del derecho a la secesión cuando se solicite invitaría a la ruptura desde el momento en el que se planteen las primeras dificultades, según divergencias que podrían crearse en función de atributos colectivos, como la religión, la lengua o la etnia”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

No podemos seguir así
Fermín Bocos Periodista Digital  13 Abril 2013

El río de la política baja muy revuelto; en las encuestas, los ciudadanos suspenden a la mayor parte de los políticos. No me extraña. Ver como están las cosas: seis millones de parados, 65.000 procedimientos de desahucio iniciados, recortes de salarios, subida de impuestos... y constatar a qué dedican sus afanes nuestros dirigentes, en algunos casos, es causa de desazón y en otros de indignación. Un ejemplo. En Cataluña, más de seiscientas mil personas están en el paro. La "Generalitat" está entrampada y atrapada en una deuda que supera los 40.000 millones de euros. No le llega el dinero ni para pagar a quienes compraron los famosos "bonos patrióticos".

Lo que ocupa y preocupa al señor Mas, a Homs, su portavoz, y al resto de los "consellers" es... ¡el "proceso soberanista"!

La Sanidad y la Enseñanza han sido los sectores que más recortes presupuestarios han sufrido; también los funcionarios han visto jivarizados sus salarios. Está pendiente el cumplimiento de la reciente sentencia del TSJC sobre la enseñanza del castellano en condiciones de igualdad con el catalán y, por no añadir más que otro dato, anoto que el año pasado, en Cataluña, los bancos iniciaron 6.905 expedientes de desahucio. Detrás de cada una de estas anotaciones hay miles de ciudadanos que tienen un problema cuya solución o paliación está en manos de la "Generalitat".

¿Está en ello el gobierno autonómico que preside Artur Mas? Los problemas económicos, el drama social, ¿quitan el sueño al "president" y a sus "consellers"? No lo parece. A los hechos me remito. Lo que ocupa y preocupa al señor Mas, a Homs, su portavoz, y al resto de los "consellers" es... ¡el "proceso soberanista"! Deben lo que no está escrito pero han creado un nuevo artefacto político-burocrático: el Consejo Asesor para la Transición Nacional. ¿Cuál es la misión imposible que se le ha encomendado a esta célula que preside Carles Viver Pi Sunyer exmagistrado del Tribunal Constitucional? Pues, un juego de política ficción: diseñar las bases de un futuro "Estado catalán".

Un Estado, con todo: Justicia, Defensa, el reparto entre "España y Cataluña" de los activos y los pasivos, los impuestos, tratados de reciprocidad y doble nacionalidad, etc, etc... ¿Es serio que, vistos los problemas reales que tienen los ciudadanos, el primer representante del Estado en Cataluña, que lo es el presidente de la Generalidad, se entretenga impulsando este globo y creando semejante tensión institucional?

No me extraña que las encuestas digan lo que dicen de los políticos y que -unos más que otros, pero pocos son los que se escapan- hayan pasado a ser uno de los grandes problemas que tiene España.

Esperpentos lingüísticos

Xavier Pericay ABC  13 Abril 2013

El esperpento protagonizado el pasado jueves en el Congreso de los Diputados por los Laurel y Hardy de Esquerra Republicana, con el apoyo de una secundaria correligionaria, da idea del grado de perversión y embrutecimiento a que ha llegado la política lingüística practicada por el nacionalismo catalán. Y no por el esperpento en sí, que al fin y al cabo cuenta ya con más de un precedente en el mismo escenario y a cargo de los mismos cómicos. Ni siquiera por el burdo paralelismo establecido en sus efímeras intervenciones entre los centros de enseñanza de una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, por un lado, y una institución representativa de la soberanía nacional donde no rige, como es natural, otra lengua oficial que la del Estado, por otro.

No, lo que en verdad resulta llamativo de la reacción del catalanismo ejerciente y latente ante los distintos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligan a escolarizar en castellano a los alumnos cuyos padres así lo hayan solicitado, y no en solitario, como unos apestados, sino junto al resto del grupo, es la facilidad con que se implanta la impostura. Cuando gran parte de los partidos políticos y el conjunto de los medios de comunicación públicos o semipúblicos catalanes se preguntan —retóricamente, no hace falta decirlo— si es justo que una clase entera deba cambiar de idioma porque la familia de uno de los alumnos así lo solicita, no sólo están falseando el sentido de los autos del TSJC, sino que convierten la ilegalidad —esto es, el modelo educativo catalán— en el marco de referencia. En otras palabras: no se preguntan si es justo que la clase entera haya sido escolarizada durante más de dos décadas y sin apelación posible en catalán y nada más que en catalán. Es más, ni se les ocurre planteárselo.

Así las cosas, el anuncio de que la Fiscalía piensa actuar contra la consejera Rigau si esta no acata el fallo del Tribunal es una excelente noticia. O la ley vuelve a ser el marco de referencia en España o este país se convertirá —por esa y por otras razones— en un verdadero esperpento.

La lamentable farsa
Francesc de Carreras La Vanguardia  13 Abril 2013

¿Por qué debemos los ciudadanos cumplir las leyes si los gobernantes no las cumplen y alardean de ello?

Si los jueces deben aplicar la ley y sólo la ley, el auto del Tribunal Superior de Justicia Catalunya sobre las lenguas en la enseñanza es impecable. Nadie, tras leerlo, puede ponerlo en duda aunque no sepa derecho, sólo basta que sepa razonar. Si dos más dos son cuatro, cuatro más cuatro son ocho. ¿Verdad que no hace falta ser matemático para sostener que este razonamiento es impecable?

La cuestión en litigio es si la enseñanza primaria y secundaria debe impartirse sólo en catalán o también debe utilizarse el castellano. La resolución judicial no dice, como han manipulado los medios de comunicación, que si un alumno lo pide toda la clase debe ser impartirse en castellano. Lo que dice, simplemente, es que deben usarse ambas lenguas: lo dice el auto porque lo dice la ley.

La ley catalana de 1983 que regulaba el uso de las lenguas establecía que tanto catalán como castellano debían ser utilizadas en las aulas. Era una buena ley, hecha con sensatez. Pero inmediatamente fue incumplida por la Generalitat. Hace casi veinte años, en 1994, el Tribunal Constitucional advirtió que, si bien por razones históricas (es decir, los cuarenta años de franquismo) el catalán podía ser considerado como el "centro de gravedad" del sistema lingüístico de la escuela, el castellano también debía ser utilizado como lengua de uso habitual.

Esta razonable posición, favorable al predominio del catalán, no sólo se incumplió sino que fue interpretada interesadamente como una autorización para que el catalán fuera única lengua de uso en la escuela. Así lo establecieron la ley de política lingüística de 1998 y el nuevo Estatut de Catalunya. En la sentencia famosa sobre éste, el Constitucional reiteró lo que ya había dicho en 1994, nada nuevo. Ahora los tribunales ordinarios se limitan a aplicar, como es su obligación, esta doctrina.

Por esto digo que el auto es impecable: el juez es independiente de todo excepto de la ley, a la que está absolutamente sometido. Pero también están sometidos los demás poderes públicos, empezando por el Govern, que de forma reiterada no cumple las resoluciones judiciales y dice que no piensa cumplirlas. No sé si son conscientes que ello puede ser constitutivo de delito, quizás de varios, esperemos que la Fiscalía actúe. En otro caso, ¿por qué debemos los ciudadanos cumplir las leyes si nuestros gobernantes no las cumplen y, además, alardean de ello?

Por último, todo el asunto es una lamentable farsa. Acudan ustedes a la página web de la Escola Aula, en la que han estudiado el president Artur Mas y sus hijos, y comprobarán que allí se cumple la doctrina que aplican los tribunales y que rechaza el Govern: se enseña en catalán y en castellano. Una escuela privada, claro, pero igualmente sometida la ley. En Catalunya la ley no es igual para todos.

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional

Claridad canadiense
Juan-José López Burniol. La Vanguardia  13 Abril 2013

Hace años, al trabajar sobre la opción entre Estado federal y autodeterminación –que defendía y defiendo como única fórmula para encauzar el problema de la relación entre España y Catalunya–, me pregunté: ¿cómo racionalizar tal disyuntiva? Hallé una respuesta en el libro de Stéphane Dion La política de la claridad. Dion, profesor de ciencia política de la Universidad de Montreal, inició en 1996 una carrera política fulgurante, que culminó como ministro de Relaciones Intergubernamentales, sin abdicar –como dice el profesor López Basaguren en el prólogo del libro– “de su profundo sentimiento québécois, que el mismo (Dion) llega a calificar de nacionalista”. Dion fue el impulsor decisivo de la ley de la claridad –del 2000–, según la cual la pregunta en un referéndum de secesión debe ser clara y precisa, desbaratando la ambigüedad del “soberanismo asociado” en la que suelen moverse las posiciones nacionalistas. Así resumí entonces su pensamiento (las ideas útiles son suyas; los errores, míos):

1. El problema canadiense tenía dos aspectos: el distanciamiento creciente entre Quebec y el resto de Canadá, por un lado, y la fractura interna de la sociedad quebequesa por otro. Pero los soberanistas de Quebec tuvieron la habilidad de presentarlo como una cuestión de divorcio entre el Quebec francófono y el Canadá anglófono.

2. Dion sostuvo que la pretensión soberanista quebequesa debe ser ponderada ante todo desde la perspectiva de los ciudadanos de Quebec, quienes deben responder esta pregunta: ¿conviene a nuestros intereses la secesión de Canadá?, o, dicho de otra forma, ¿cómo viviremos mejor, formando parte de Canadá o siendo independientes? Así, la opción federalista dejaba de ser una opción exclusiva del Canadá anglófono, pasando a ser también una opción quebequesa: la de quienes piensan que vivirán mejor federados con Canadá. Según López Basaguren, “Dion recupera para los francófonos de Quebec la capacidad de ser federalistas, el orgullo de serlo, rompiendo la evolución aparentemente imparable hacia la verificación de la ecuación que identificaba québécois francófono y soberanista”.

3. Este planteamiento quiebra uno de los elementos básicos de la estrategia soberanista: el uso de la amenaza secesionista como presión para lograr concesiones singulares. Así, para evitar la secesión hay que aceptar la integración en los términos que satisfagan a Quebec y hay que darle un tratamiento singular dentro de Canadá. Es usar la amenaza secesionista como señuelo para lograr un estatus diferenciado y privilegiado. Esto explica que el soberanismo quebequés quisiese la secesión pero propusiese la asociación económica y política con Canadá, determinando sus condiciones para seguir formando parte de la federación.

4. Por eso, la estrategia de Dion persigue hablar claro y jugar limpio. Ello implica que el electorado de Quebec decida sin ambages si seguir formando parte de Canadá o, por el contrario, separarse de la federación canadiense. Pero debe decidirlo sin subterfugios y asumiendo las consecuencias de su decisión, sin confiar su juego a las concesiones que el resto de Canadá estará dispuesto a hacer para que Quebec se mantenga dentro de la federación.

5. Esto significa que Quebec puede decidir sobre su secesión o permanencia en Canadá, pero no sobre las condiciones de su permanencia, pues este es un asunto que concierne a todos los canadienses y que deberá ser decidido por todos, incluido Quebec, pero no unilateralmente por esta provincia. Y comporta que puede realizarse la secesión, pero no de modo unilateral, sino negociado, pues en una sociedad democrática un divorcio entre dos partes de un Estado no puede hacerse cogiendo las maletas y marchándose por las buenas una de ellas.

6. Así, se logra dejar la pelota en el tejado quebequés, enfrentándose a la exitosa estrategia soberanista que había logrado situarla, hasta este momento, en el tejado de la federación canadiense.

7. Esta opción por la claridad exige romper el tabú de la secesión. No todo Estado es capaz de quebrarlo, pero el que se atreve a hacerlo se torna más fuerte, pues deja de ser víctima del chantaje secesionista.

8. Todo lo cual no significa que deba eludirse el problema del encaje de Quebec en Canadá, que Dion define como el temor a la pérdida de su identidad por los francófonos en un Canadá anglófono. Lo que exige dotar a Quebec de los instrumentos precisos para garantizar su personalidad.

Así como no hay dos personas iguales, tampoco existen dos situaciones históricas idénticas. Sería burdo coger este relato y escribir Catalunya, País Vasco, Galicia o Navarra, en lugar de Quebec, y España en lugar de la federación canadiense. Pero alguna luz puede hallarse en estas ideas, pues resulta indiscutible que –a estos efectos– España está afortunadamente más cerca de Canadá que de los Balcanes.

VERDADES Y MENTIRAS DE UN DEBATE QUE AFECTA A 1.300.000 NIÑOS
Las leyes catalanas no amparan la inmersión lingüística en las escuelas del Gobierno de Mas
Antonio Fernández El Confidencial  13 Abril 2013

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir enseñanza bilingüe a toda una clase si un alumno la pide ha levantado en esta comunidad la mayor polvareda política de los últimos años. Tanto que el Gobierno catalán está dispuesto a no cumplirla sentencia por cuestiones ideológicas o políticas. Un hecho gravísimo que pone en tela de juicio todo el sistema y que afecta a 1.300.000 niños que están escolarizados en la comunidad. Y eso porque, de hecho, lo que cuestionael auto es el modelo lingüístico catalán, alabado y defendido con uñas y dientes por los nacionalistas y denostado por los no nacionalistas. La razón de fondo es sencilla: la lengua (o sea, el idioma) es la principal herramienta para reivindicar un Estado propio para Cataluña.

De ahí que los nacionalistas preserven la lengua como uno de sus principales argumentos a la hora de reclamar determinados privilegios. En nombre del “país”o de la “nación”, se han aprobado durante las últimas décadas leyes y normas sobre el catalán tan proteccionistas que rayan la inconstitucionalidad y que han ido siendo anuladas por los tribunales paulatinamente.

Algunas instituciones (ayuntamientos y diputaciones),por ejemplo, obligaban a atender al público en catalán, pero diversas sentencias derogaron esa norma y determinaron que también pueden atender el público en castellano y que el catalán no es exclusivo. El Código de Consumo obliga también a que los comercios estén rotulados, al menos, en catalán. De lo contrario, se exponen a sanciones pecuniarias.

Pero la ley más impactante que afecta a la colectividad es la Ley de Educación. Cataluña tiene dos lenguas oficiales, pero el sistema educativo prevé sólo la inmersión lingüística en catalán. Dicho de otro modo: las clases se dan en catalán y existe una asignatura de castellano,como si fuese lengua extranjera. Los nacionalistas lo tienen claro: la lengua castellana siempre ha estado sobreprotegida.

Explican fuentes nacionalistas a El Confidencial que “la población es bilingüe y los estudiantes no tienen problemas para expresarse en castellano. La mayoría de las comunicaciones se hacen en castellano y la mayoría de los medios de comunicación son en castellano. Pero con el catalán sí que hay problemas. Y, al ser la lengua propia de Cataluña, es preciso que el Gobierno catalán la proteja”. Y, además, las familias que han pedido “ser excluidas del sistema de inmersión lingüística son una cantidad ínfima. No llegan a una quincena ante el millón muy largo de alumnos que no le encuentran ninguna pega al sistema. Pero por unos pocos no han de fastidiarse todos y renunciar a un sistema que ha sido elogiado y puesto como modelo internacional en Europa", dicen. Porque los niños salen de las escuelas catalanas conociendo perfectamente el catalán, pero también el castellano. Y esperemos que dentro de un periodo de tiempo también puedan salir conociendo otro idioma más”.

Según los nacionalistas, el sistema educacional catalán ha sido convalidado por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y por las instituciones europeas. Pero todo es según el color del cristal con que se mire. Tras las primeras sentencias del Supremo, la consejería de Educación de Cataluña decidió segregar a los pocos alumnos que reclamaban la enseñanza en castellano, poniéndoles un profesor para ellos solos. De hecho, sin embargo, esa es la primera manipulación: los escasos pleitos interpuestos en los tribunales no exigen una enseñanza en castellano, sino la enseñanza bilingüe, es decir, ponderada entre las dos lenguas de la comunidad: el catalán y el castellano.

Además,consideran que las sucesivas sentencias que ha habido del Supremo en los últimos dos años les han dado la razón, ya que imparten enseñanza en castellano a quien la pide. Pero todo es una cortina de humo.ElConstitucional,en su sentencia 31/2010, obligaba a la Generalitat a reintroducir el castellano como lengua vehicular. Y el Supremo ha abundado en esa línea. Es más: considera que la segregación y la impartición de una enseñanza individualizada no es la solución, sino que las clases han de darse en las dos lenguas del Estado.

Un “ejercicio de escapismo”
Artur Mas dijo que los niños catalanes hablan mejor el castellano que los andaluces. Que lo demuestre

María José García, diputada del PP en el Parlamento autonómico asegura a El Confidencial que “hasta ahora, el Gobierno catalán ha buscado triquiñuelas para no aplicar las sentencias y aprovecharse del sistema judicial. Ha realizado un ejercicio de escapismo permanente. Contrariamente a lo que proclaman los nacionalistas, el Tribunal Constitucional nunca avaló la inmersión lingüística de Cataluña, ya que a la hora de comentar el fallo de ese tribunal sólo dicen que el sistema es válido y está bien pero obvian la frase de que el catalán ha de ser utilizado "sin excluir al castellano", recuerda. Pero, "además, el modelo lingüístico tampoco está amparado por la legislación propia catalana, ya que ni el Estatuto ni la Ley de Normalización Lingüística del 83 ni la Ley de Política Lingüística del 98 prevén un predominio del catalán sobre el castellano, sino que exigen el bilingüismo. Es decir, el sistema que aplican es contrario a la propia legislación de Cataluña”, denuncia.

La diputada popular replica que, igualmente, las instituciones europeas tampoco han avalado la inmersión catalana. “La Carta Europea dice que lal ey protege a las lenguas minoritarias y que en España estas lenguas se protegen más que en otros sitios. Por tanto, los nacionalistas mienten cuando dicen que las instituciones comunitarias les apoyan. O, por lo menos, no dicen toda la verdad”, subraya.

Los fallos de un sistema
Para los no nacionalistas, el modelo de inmersión lingüística "no es de éxito ni es la base de la cohesión social”. Para ello, se basan en que los colegios privados, que no están sometidos a la inmersión de los públicos, obtienen mejores resultados. Lo que tendría que hacer Cataluña, aseguran, es un sistema como el vasco, que permite escoger entre la inmersión en euskera, en castellano o una bilingüe. “Pero la inmersión obligatoria en una sola lengua es contraria a la Constitución, al Estatuto y a todas las leyes en vigor”, subraya García. Lo que pasa, advierte la diputada del PP, es que “en aras de ese proyecto político de que Cataluña es un país diferente, se implantó un sistema que no tiene el aval de la legislación, ni siquiera de la legislación propia catalana”.

“Además, Artur Mas dijo que los niños catalanes hablan mejor el castellano que los andaluces. Que lo demuestre. En primer lugar, no hay posibilidad de hacer comparaciones. Las pruebas PISA, en Cataluña se hacen en catalán, por lo que ese informe no nos sirve. Ahora, el ministro Wert quiere introducir en la Lomce una prueba obligatoria de castellano a todos los alumnos de España a final de la primaria, a final de ESO y a final de Bachillerato. Además, se permitirá hacer a las comunidades con lengua propia otro examen, también obligatorio,para que lo hagan en su idioma. Si tuviésemos esa prueba,podríamos saber si los alumnos catalanes están a la altura delos de otras comunidades en castellano.Pero de momento no podemos afirmar nada porque no hay ninguna prueba comparatoria”, señala García.

La polémica está servida. Sobre la cabeza de la consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, pende la amenaza de que pueda ser inhabilitada por desacato a una sentencia judicial. El Gobierno catalán, según ha podido conocer este diario, mantendrá el pulso y la inmersión lingüística. Pese a quien pese, aunque la Justicia acecha.

Sociedad
El TC cuestiona el plan para «catalanizar» las guarderías
esther armora / barcelona ABC Cataluña  13 Abril 2013

Una sentencia del Constitucional advierte a la Generalitat de que la etapa de preescolar es competencia del Estado

Nuevo varapalo judicial a la política lingüística de la Generalitat en el ámbito educativo. Tras los diez autos de la Justicia catalana que obligan al Ejecutivo regional a ampliar el bilingüismo, ahora una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) advierte a la administración autonómica de que la etapa de preescolar (niños de entre 0 y 3 años) es mayoritariamente competencia del Estado, desactivando así su plan de extender la inmersión a las guarderías.

La Generalitat pretendía hacerlo a través de unas recomendaciones que obligan a los maestros a hablar a los pequeños en catalán. Según la sentencia del TC, consultada por ABC, el gobierno catalán no tiene competencias para determinar los contenidos básicos de esta etapa ni establecer el perfil del profesorado.

El fallo, de 28 de febrero de 2013, rechaza los argumentos de un conflicto de competencias contra el Real Decreto 828/2003 emprendido por el gobierno catalán.

La Generalitat arguyó que dado que la etapa no forma parte del sistema educativo obligatorio es de «carácter asistencial» y es de su competencia, pero el alto tribunal dice que es educativa y compete al Gobierno.

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